El presidente Alberto Fernández firmó este miércoles el decreto de una asignación no remunerativa para los trabajadores que cumplen tareas en relación de dependencia en el sector privado de 60.000 pesos, en dos cuotas de 30.000 pesos con "los salarios devengados en los meses de agosto y septiembre" próximos. Según el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial 438/2023, la asignación será otorgada "por única vez" para trabajadores en relación de dependencia del sector privado, en Jurisdicciones y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional y en el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

El decreto firmado por todo el Gabinete nacional establece que la partida será abonada por los sujetos empleadores en dos cuotas de $ 30.000 con los salarios devengados en los meses de agosto y septiembre próximos.

También se suma una asignación no remunerativa para los trabajadores del Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares de 25.000 pesos, que será abonada por los sujetos empleadores en 12.500 pesos con los salarios devengados en agosto y septiembre próximos.

La asignación no remunerativa dispuesta se aplicará a los trabajadores que perciben salarios netos, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos, inferiores a $400.000 o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador o de la trabajadora fuere inferior a la jornada legal o convencional.

La asignación no remunerativa dispuesta en los artículos se aplicará a los trabajadores que perciben "salarios netos, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos, correspondientes al devengado en agosto último, inferiores a $ 400.000 o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador fuere inferior a la jornada legal o convencional".

Es decir, el monto mensual de la asignación no remunerativa dispuesta será equivalente a $30.000 para los trabajadores que perciben salarios netos, correspondientes al devengado en el mes de agosto de 2023, menores o iguales a $ 370.000; o la diferencia entre $ 400.000 y los salarios netos superiores a $ 370.000 correspondientes al devengado en el este mes.

Fue por 16.222 votos contra 15.307. El incremento consiste en un 46 % de aumento en cuatro tramos, y una suma adicional de 6 mil pesos en marzo. Continúan en estado de “alerta y movilización” y reclaman una revisión permanente.

Los docentes de escuelas públicas santafesinas resolvieron aceptar la oferta salarial del gobierno provincial, y no llevar a cabo nuevas medidas de fuerza. Tras el rechazo de la propuesta inicial, la Provincia formuló otra consistente en un 46% de incremento a pagar en cuatro tramos. La aceptación en asamblea dejó de lado otras mociones que postulaban un nuevo rechazo y la continuidad del plan de lucha.

La votación se resolvió por 16.222 votos a favor contra 15.307. En tanto, desde Amsafe aclararon que continúan en estado de “alerta y movilización” y reclaman una revisión permanente.

Docentes de Santa Fe recibieron una mejora oferta salarial

La oferta del gobierno provincial presenta un esquema salarial similar al que ya aceptaron los gremios de la administración central y los docentes privados. Esto es un primer aumento del 22% en marzo, otro del 8 en mayo, y dos de 8% cada uno, en agosto y setiembre, más el compromiso de revisión en ese último mes.

Paritarias: los docentes santafesinos recibirán la misma propuesta salarial que la administración central

En el caso de los maestros, también contarán con una suma adicional de seis mil pesos por docente en concepto de “material didáctico” a cobrarse en marzo por única vez. Con los nuevos valores, y sin tener en cuenta la suma de seis mil pesos, el salario de un docente inicial ascendería en marzo a 79 mil pesos, y llegaría a 94 mil en setiembre.

La Inspección General de Personas Jurídicas informa que “conforme Decreto 1374/2021, se dispone en todo el territorio provincial, que a partir del día 1 de septiembre de 2021, se autorizan la realización en forma presencial de las asambleas y actos eleccionarios de las personas jurídicas públicas y privadas, inducidos los colegios y consejos profesionales; los que podrán concretarse cumplimentando las medidas de prevención sanitarias dispuestas por la Resolución General 8/2020 por IGPJ”.

Podrán concretarse cumplimentando las medidas de prevención sanitarias dispuestas por la Resolución General 8/2020 de la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y las demás condiciones específicas que en su caso establezcan el Ministerio de Salud, la Inspección general de Personas Jurídicas, o las autoridades municipales o comunales donde las actividades se realicen.

La misma dispone que, el órgano de administración de cada persona jurídica deberá establecer las condiciones de la reunión a fin de respetar las pautas sanitarias, previéndose como condiciones necesarias las siguientes:

a) Las actividades previstas en la presente sólo podrán tener lugar dentro de la franja horaria comprendida entre la hora 8 y la hora 20.

b) Antes de que cada asistente ingrese al lugar se deberá tomar su temperatura corporal.

c) Se exigirá a los asistentes la previa higienización de calzado y de las manos, aportando los elementos a tal fin.

d) Se exigirá a los asistentes la utilización de barbijo que cubra nariz, boca y mentón durante todo el tiempo que permanezcan en el lugar.

e) Si el lugar de realización de la reunión es cerrado, se mantendrá la ventilación permanente del mismo.

f) Se controlará la densidad de ocupación, de cada dos metros cuadrados de espacio circulable por cada asistente, tanto al aire libre como en lugares cerrados y controlar el distanciamiento entre los asistentes.

g) Se preverán lugares de ingreso y egreso independientes.

Luego de que el gobierno nacional publicara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que buscará agilizar las negociaciones con Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, fue la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien se refirió en profundidad a esta decisión y a las metas que deben alcanzarse en el corto plazo.

En diálogo con Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre, destacó que ahora el objetivo será armar el “marco legal con el laboratorio que dona y con el país que dona. Y en función de la disponibilidad se avanzará. Tanto Moderna como Pfizer tienen ensayos clínicos para menores de 12 años y refuerzos”.

En relación al proyecto de ley que buscaba legitimar esta negociación, la funcionaria respondió: “Sacar la palabra negligencia de la ley no solucionaba el problema. Se cambió esa mirada, también otras palabras y las garantías líquidas. Esa confidencialidad de la negociación hace que el gobierno nacional tenga el compromiso de la negociación y la dificultad de difundirlo”.

El DNU que se anunció ayer por la tarde y fue publicado esta mañana también creará el Fondo de Reparación COVID-19 para afrontar posibles indemnizaciones por eventuales daños derivados de las vacunas. Otro de los motivos que movilizó al gobierno a avanzar con este decreto radica en la imperiosa necesidad de inmunizar a los menores de 18 años. Vizzotti remarcó que “Rusia también está evaluando a menores y los refuerzos. No estamos pensando solo en lo inmediato sino a mediano y largo plazo”.

Respecto al segundo componente de la Sputnik V, la ministra sostuvo: “Esperamos se vaya resolviendo, estamos trabajando mucho para eso. Hay que completar los esquemas. No son seis millones de personas que necesitan la segunda dosis ahora, sino que deben llegar a la segunda dosis unas 350 mil personas, que la van a recibir”. Y continuó: “El gobierno ruso está priorizando a la Argentina y va a cumplir con el contrato”.

Vizzotti hizo hincapié en que el gobierno de Alberto Fernández “nunca rechazó vacunas de Pfizer” y manifestó que “en los tres laboratorios se requiere un acuerdo bilateral, que es en lo que se está trabajando para que sea lo antes posible”.

Hasta el momento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no dio la aprobación para el uso de emergencia de la vacuna de Moderna ni la Johnson & Johnson. Solo fueron permitidas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y -aunque nunca entraron dosis al país- Pfizer.

“La decisión fue acortar los tiempos con un DNU. La negociación con los laboratorios excede por mucho la palabra negligencia por eso se hizo por decreto”, enfatizó Vizzotti.

Y completó: “Desde que está la ley vigente las provincias pueden comprar vacunas. Tanto Pfizer como otros laboratorios primero cumplen los contratos con los estados nacionales, por eso ningún distrito pudo traer dosis todavía”.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero afirmó que “las provincias, la ciudad de Buenos Aires y los privados pueden comprar vacunas por su cuenta” y precisó que “no está prohibido y no es el gobierno nacional el único que puede comprar dosis” contra el coronavirus, según la Ley 27.563, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada en noviembre pasado.

“Hay un error que se está magnificando y por ahí uno no se detiene a explicar todo. Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también; no está prohibido en la Argentina”, remarcó el jefe de Gabinete anoche durante una entrevista.

En este sentido, continuó: “En la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro; no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar vacunas”.

No obstante, Cafiero consideró que, “con el nivel de escasez que hay, estas son las vacunas que se están consiguiendo” y sostuvo que “cualquiera que salga al mercado a comprar las va a conseguir para vaya a saber qué mes”.

En sus declaraciones de anoche a la señal C5N, Cafiero se refirió a la Ley 27.573., promulgada en noviembre pasado, que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad.

Esa norma, que fue sancionada el 29 de octubre por el Senado, facultó al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a realizar los trámites para la adquisición de las vacunas contra el coronavirus.

A su vez, exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud.

Ya se puso en marcha un relevamiento entre las instituciones de la ciudad con una mirada “de la democracia paritaria”. Clubes, sindicatos y organizaciones territoriales son parte de la encuesta. colaborativa que busca tener en cuenta a la población LGBTIQ+ y sumar al ámbito privado al debate paritario.

Con una mirada amplia de la paridad, la municipalidad busca realizar un mapeo que permita avanzar en un diagnóstico más certero de la situación disparidad en que se encuentran las mujeres en la ciudad. Y para eso, se lanzó una convocatoria abierta a organizaciones sociales, sindicatos, colegios profesionales, vecinales, cooperativas y clubes que a través de una encuesta participarán de este Relevamiento de Paridad en Rosario. La propuesta se enmarca en el trabajo del Observatorio de la Dirección de Mujeres e Igualdad, que se propone estudiar y visibilizar las diferencias y discriminaciones en relación al género, pero sobre todo avanzar en acciones que posibiliten la promoción de derechos, la erradicación de todo tipo de vulneraciones y la prevención en violencia.

Para la secretaria de Género y de Derechos Humanos de la Municipalidad, Mariana Caminotti, el proyecto busca tener “una mirada amplia a la hora de pensar y avanzar hacia una democracia paritaria”, sosteniendo la idea de sumar a la mayor cantidad de actores posibles de la ciudad a este mapeo que ya se puso en marcha y tuvo su presentación oficial esta semana.

Con esa amplitud, la funcionaria explicó una de la primeras acciones que inicia la Dirección de Mujeres e Igualdad (ex Instituto de la Mujer) que busca no sólo difundir informes técnicos sobre las situaciones actuales de desigualdad, sino convocar a las organizaciones “como actores fundamentales y poner en debate cuestiones centrales de la agenda, evaluar necesidades, y avanzar en acciones integradas con estos espacios”.

“Cuando hablamos de paridad hoy es un tema que está en el debate público, que en general ha venido muy circunscripto a los niveles políticos, pero desde esta idea más amplia de democracia paritaria nos interesa abrir otra agenda de trabajo, que tenga que ver con la participación equilibrada en términos de género en todos los espacios sociales y políticos”, explicó Caminotti.

Población LGTBIQ+ y los privados

A esa amplitud también se busca sumar a las personas que integran la población LGTBIQ+. “Más allá de las mujeres cis, hay además universo de datos sobre esta población que no tenemos, que no están reflejadas en las estadísticas oficiales que aún se piensan en términos binarios y que también debemos tener en cuenta a la hora de producir esta información para poder visibilizarlos”, señaló la responsable de Género.

Con el relevamiento que dará sus primeros resultados en el próximo mes, se busca también sumar al debate de la paridad a los ámbitos privados, que la mayoría de las veces quedan por fuera de esa discusión centrada en los organismos de representación política.

En ese sentido la directora de Mujeres e Igualdad, Sofia Botto, señaló que “no solo se trata de corregir la ausencia de mujeres en los órganos de representación, sino avanzar hacia la democracia paritaria y para eso, es necesario que mujeres y varones puedan gozar de una igualdad real en relación a derechos y responsabilidades tanto en el ámbito público como el privado”.

Coser acciones

Estos primeros pasos de la Dirección de Mujeres e Igualdad se vinculan además, señaló la secretaría de Género, con otras iniciativas que están proyectadas desde el municipio, como es la de poder ofrecer espacios de formación y capacitación para la sociedad civil.

En el marco de la aplicación de la ley Micaela que el municipio viene llevando adelante en la formación en perspectiva de género tanto para funcionarios y trabajadores del Ejecutivo Municipal como para personal administrativos del Concejo Municipal, Caminotti se propone avanzar también en la formación de toda la ciudadanía. “Información, sensibilización y formación son acciones centrales”, puntualizó Caminotti.

En ese contexto, planteó que el relevamiento iniciado con las organizaciones sociales permitirá también poder “tener una idea de las necesidades y herramientas que se puedan ofrecer en esos espacios e instituciones de la ciudad, de modo de coser la información que vamos obteniendo con las herramientas que podemos brindar y que las acciones que llevamos adelante no queden como líneas sueltas”.

Se espera que la cobertura del ATP -que incluye el pago de hasta el 50% del salario de trabajadores de empresas cuyas actividades se hayan visto afectadas por la pandemia del coronavirus- podría alcanzar finalmente a unos 2 millones de personas.

Esto es así porque, según explicaron a Télam desde la AFIP, resta procesar la información referida a los listados de las actividades con subsidios que fueron incorporadas al ATP a mediados de mayo, como la enseñanza privada, jardines maternales, transporte de pasajeros y clubes deportivos, entre otras.

Es decir que las empresas anotadas hayan cumplido con los requisitos y que cada Clave Bancaria Uniforme (CBU) sea válida y coincida con el CUIL del trabajador afectado, de modo que una vez que eso está verificado, la AFIP envíe a la Anses el listado con toda la información procesada para que realice el pago.

La inversión del Estado para este mes es de $ 37.000 millones y se espera que, entre los primeros dos meses, la inversión se acerque a poco menos de $ 100.000 millones, según cálculos de la AFIP.

El promedio de dinero depositado en la cuenta de cada trabajador incorporado en el ATP será de $ 20.556, con un mínimo de $ 16.875 -correspondientes a un salario mínimo vital y móvil- y un máximo de $ 33.750, lo que cubrirá hasta el 50% de un salario neto de $ 67.500.

Para dar mayor certidumbre a los trabajadores que reciben el ATP la Anses habilitó en su página web (www.anses.gob.ar) una sección especial de consulta nominada “Accesos rápidos”, en la que habrá que seleccionar la pestaña “Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP)” e ingresar el CUIL para conocer el estado en el que se encuentra la liquidación de sueldo.

En el caso de que figure la leyenda “usted NO está registrado, consulte a su empleador” no quiere decir, necesariamente, que el empleador no haya solicitado el beneficio sino que puede ser por motivos de demora en la carga de información o un error en la carga de la CBU, por lo que hay que aguardar que se actualice la información del sistema.

Las empresas incluidas en el programa ATP son aquellas que acreditaron una sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020.

En caso de haber accedido, no podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar sus acciones y comprar dólares a través del mercado de bonos o acciones (CCL y/o Dólar MEP) por uno o dos años posteriores a su ejercicio contable actual.

Las empresas beneficiarias contarán con la postergación de los vencimientos y una reducción del 95% para las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En abril, el 93,4% de las empresas aprobadas en el ATP para el pago de salarios fueron pymes de hasta 25 empleados, mientras que apenas 0,1% del total correspondieron a compañías de más de 800 trabajadores.

Así surge de un informe elaborado por el Gobierno nacional según informó oportunamente Télam, que indica además que las empresas que cuentan con una plantilla de entre 25 y 100 empleados representan el 5,3% del total de beneficiadas por la ATP, en tanto sus trabajadores corresponden al 23,3% del total comprendido en los beneficios.

Por último, las firmas de entre 100 y 800 empleados son el 1,2% del total y el 24,4% de los empleados registrados en el Programa.

La Anses depositará en la cuenta de cada trabajador incluido en el programa un promedio de $ 20.556, con un mínimo de $ 16.875 -correspondientes a un salario mínimo vital y móvil- y un máximo de $ 33.750, lo que cubrirá hasta el 50% de un salario neto de $ 67.500.

“El objetivo del Programa ATP es sostener los salarios de los trabajadores y asistir a las empresas afectadas por la pandemia. Es un programa inédito en la historia argentina”, indicó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, al destacar que la mayoría de las empresas beneficiadas son pymes.

En total serán 194 mil las empresas beneficiadas este mes por el Programa ATP, que podrán consultar desde mañana los montos que serán depositados por el Estado en las cuentas bancarias de cada uno de los trabajadores alcanzados por el salario complementario.

Si bien la AFIP procesó los datos de más de 300 mil empresas que se anotaron en al ATP hasta el 26 de mayo -fecha límite la inscripción- se espera que finalmente sean 2 millones los trabajadores que accedan al beneficio.

Esto es así ya que aún falta procesar la información de las instituciones educativas de nivel terciario, prestadores de salud y empresas de logística, entre otros rubros, que fueron incorporados el 18 de mayo al ATP a través de la decisión administrativa 817/2020 publicada en el Boletín Oficial.

Para poder ingresar al programa es necesario acreditar una sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020 y el monto de la ayuda que se considerará como salario neto será equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada correspondiente a febrero de 2020, de acuerdo con las declaraciones juradas presentadas por el empleador.

Las empresas que cumplan con el requisito de facturación no podrán: distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar sus acciones y/o comprar dólares a través del mercado de bonos o acciones (CCL y/o Dólar MEP) por uno o dos años posteriores a su ejercicio contable actual, dependiendo de si tienen más o menos de 800 empleados a cargo.

Por último, las empresas beneficiarias contarán con la postergación de los vencimiento y una reducción del 95% para las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En abril pasado, el 93,4% de las empresas aprobadas en el ATP para el pago de salarios fueron pymes de hasta 25 empleados, mientras que apenas 0,1% del total correspondieron a compañías de más de 800 trabajadores.

Así surge de un informe elaborado por el Gobierno nacional. al que tuvo acceso Télam, que indica además que las empresas que cuentan con una plantilla de entre 25 y 100 empleados representan el 5,3% del total de beneficiadas por la ATP, en tanto sus trabajadores corresponden al 23,3% del total comprendido en los beneficios.

Por último, las firmas de entre 100 y 800 empleados son el 1,2% del total y el 24,4% de los empleados registrados en el Programa.

Las cuotas de los colegios privados quedarán congeladas, según el punto saliente de un acuerdo al que llegaron hoy la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires con las asociaciones que agrupan a las instituciones de enseñanza privada.

Fuentes del Ministerio de Educación dijeron a Télam que el acuerdo consta de nueve puntos, entre los cuales figura también el diferimiento del pago de un porcentaje de esos aranceles.

Según informó el Ministerio de Educación, los acuerdos alcanzados comprenden la preservación de las fuentes de trabajo de docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo, el congelamiento del valor de la cuotas y la suspensión de la facturación o la aplicación de descuentos en los cargos accesorios o adicionales al arancel.

Además, se resolvió diferir a pedido de las familias el pago de un porcentaje del arancel facturado y flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de los vencimientos de pago de cuotas o aranceles, así como restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses).

Por otra parte, se selló el compromiso de abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles, atender situaciones familiares especiales y analizar la estructura de costos y los ahorros posibles sosteniendo las erogaciones esenciales.

Según las fuentes del Ministerio, estas medidas se implementarán “durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y, una vez concluido, por un plazo idéntico al transcurrido en tal situación”.

El documento fue firmado esta tarde por el ministro Nicolás Trotta, los titulares de las carteras de Educación de las 24 jurisdicciones, el Consejo Federal de Educación; y los representantes Rodolfo de Vincenci, por la cámara CAIEP; Norberto Baloira, por COORDIEP; José Álvarez, por CONSUDEC; y Martín Zurita por AIEPBA/JUNEP.

salario de enero en febrero, de $3.000

salario de febrero en marzo, de $1.000

La suba tendrá carácter “remunerativo”, es decir que formará parte de la base de cálculo de conceptos como aguinaldo y salario básico y de los aportes de empleadores y empleados al sistema previsional, aunque tendrá excepciones para el sector pyme.

Cabe aclarar que no es un bono, sino que se integra al salario y deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

Este aumento no regirá para:

Si bien estos no están incluidos en este decreto, el Gobierno ya estableció qué pasará con los estatales: recibirán dos pagos de $ 3.000 y $ 1.000, a cobrar en marzo y abril, destinados a los sueldos de hasta $60 mil.