La fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, pidió que el exnovio de Lourdes Fernández sea llevado a juicio por diversos episodios de violencia de género ocurridos entre enero y octubre contra la cantante.

En su requerimiento de elevación a juicio ante el juez Diego Slupski, Russi solicitó que Leandro Esteban García Gómez, de 46 años, sea juzgado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el caso avance hacia la etapa del debate, pese a que Lourdes no instó la acción contra el acusado. Sin embargo, la fiscal entendió que esto es un indicador del sometimiento y del “círculo de violencia” en el que la víctima estaba inmersa.

El caso se inició con una denuncia de la madre de la cantante y con un allanamiento en un departamento de Palermo, donde la mujer fue puesta a resguardo y el imputado fue detenido luego de ser encontrado escondido en un armario.

“Leandro Esteban García Gómez y Cecilia Lourdes Fernández mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios del año 2020 hasta octubre de 2025, la cual estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó a través de distintas formas de agresión física y psicológica, conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y por un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo”, describió la fiscal en la pieza acusatoria.

La víctima fue evaluada por los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su informe interdisciplinario concluyeron que se trata de un caso de “entrampamiento vincular”.

Russi explicó que en ese marco “el miedo a las eventuales represalias, la manipulación emocional, la dependencia afectiva y la expectativa al cambio por parte de su pareja condicionaron su accionar y explican la permanencia de Fernández en ese vínculo disfuncional”.

Frente a este escenario, la fiscal subrayó que se trató de “un proceso continuo y ascendente de violencia”, por lo que “la intervención del órgano jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal resultó indispensable para garantizar su tutela judicial efectiva y para prevenir la reiteración de conductas de similar naturaleza que pudieron afectar su integridad física o psíquica”.

Asimismo, la fiscal consideró acreditado que “Leandro Esteban García Gómez ejerció de manera sostenida y reiterada a lo largo de los años violencia física y psicológica en perjuicio de quien fuera su pareja, restringiendo su libertad y generando un contexto de sometimiento y temor; a la vez que intimidó y amenazó a personas de su entorno cercano”, con el propósito de mantener el dominio sobre la víctima y reforzar su aislamiento y dependencia emocional.

Russi también señaló que “teniendo en cuenta las circunstancias expuestas y lo solicitado por la madre de la víctima”, la fiscalía decidió “darle intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC)” del Ministerio Público Fiscal a fin de que le brinde a Fernández “acompañamiento para afrontar la próxima etapa de juicio oral y público”.

También, la fiscal afirmó que “el caso debe ser analizado a la luz de las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará)” -aprobada por la Ley N°24.632-,y “la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que imponen el deber de actuar con la debida diligencia en la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos perpetrados en el marco de violencia de género”.

Por el caso, García Gómez se encuentra procesado con prisión preventiva desde el 4 de noviembre, decisión que luego fue confirmada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Leandro García Gómez, empresario y pareja de Lowrdez Fernández, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

Luego de un gran operativo en la calle Ravignani al 2100, en Palermo, el acusado fue detenido y la artista, integrante del grupo Bandana, fue rescatada y trasladada por el SAME hasta el Hospital Fernández, donde este viernes por la madrugada recibió el alta.

Ahora, la situación del empresario es cada vez más complicada debido a que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, lo imputó por “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que será indagado.

Un dramático episodio sacudió a Cañada de Gómez en la madrugada del domingo, cuando una mujer fue retirada por la fuerza de su vivienda por su expareja y sometida a una serie de agresiones durante un violento trayecto en automóvil por la autopista Rosario–Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando L. A. M., de 53 años, llegó hasta la casa de la víctima y, mediante amenazas y golpes, la obligó a subir a un Ford Focus gris. De acuerdo a la denuncia, mientras circulaban por la traza nacional la mujer fue víctima de amenazas, golpes y un abuso sexual con acceso carnal.

El alerta se activó de inmediato y un rápido despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género del departamento Iriondo, con apoyo del Comando Radioeléctrico, permitió interceptar el vehículo en el acceso a la autopista.

Allí constataron la presencia de la víctima, que se encontraba en estado de shock y con visibles signos de violencia.

El hombre fue reducido en el lugar y trasladado bajo arresto. El Ford Focus fue secuestrado como parte de la investigación.

La Fiscalía  de la Dra. Beatriz Favret ordenó que el detenido quedara alojado en la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional X, a la espera de la audiencia imputativa prevista para mañana. Interviene también el Juzgado de Familia del Distrito Judicial Nº 6, bajo la órbita del Dr. Juan Pablo Baños.

La mujer dijo que el sospechoso la sometió durante una semana bajo amenazas de muerte en un contexto de violencia de género

Un vecino de la zona sudoeste rosarina fue detenido este miércoles a la noche tras una denuncia de abuso sexual. Cuando la policía fue a inspeccionar la casa, su pareja advirtió que había estado atada en la cama y que llevaba varios días sin poder irse del lugar.

La mujer de 33 años declaró ante las autoridades después de un tenso operativo en Cisnero al 4100. El sospechoso evitó identificarse, respondió con nombres diferentes cuando lo entrevistaron e incluso trató de agredir físicamente al personal de las fuerzas de seguridad provinciales.

Durante el procedimiento en Vía Honda, los agentes secuestraron una soga colgada del techo de la habitación. También hallaron un machete con una hoja de 27 centímetros. Según el relato de la víctima, el presunto agresor se recostó con el arma a su lado para evitar que ella escapara después de una semana cautiva.

Abuso sexual y amenazas de muerte

El primer pedido de ayuda a las autoridades fue de la cuñada del sospechoso, que había ido a ver a su hermana a las 11 de la mañana. La madre de ambas mujeres también visitó el domicilio la noche anterior y el detenido reaccionó con una serie de amenazas de muerte para impedir nuevos contactos.

De acuerdo al relato de la víctima, el sospechoso golpeó a su pareja luego de la retirada de su suegra. A continuación la ató con una soga de cinco metros que estaba atada a los tirantes de madera sobre la cama.

El acusado por privación ilegal de la libertad se durmió con el machete a su lado. Mientras tanto, la mujer se quedó despierta y consiguió escapar al amanecer para buscar refugio en la casa de su hermana.

Cuando se enfrentó a la policía, el detenido le tiró varios puñetazos a los uniformados, pero no se reportaron lesiones. Finalmente quedó bajo custodia en la comisaría 32ª.

Luego del arresto, la víctima se quebró en llanto mientras estaba con una mujer policía y denunció abusos sexuales reiterados. En ese contexto de violencia de género remarcó que su pareja solía envolverle las muñecas con un trapo cuando la agredía.

En la noche del 5 de enero, en la intersección de Perú y Gaboto (barrio Barranquitas) la Seccional 6ta fue alertada sobre un presunto caso de privación de libertad de dos jovencitas, de 15 y 13 años.

El relato inicial indicaba que las menores, atraídas por un mensaje de un tal José (un hombre de 44 años), se dirigieron a la plaza del barrio a altas horas de la noche, motivadas por la promesa de recibir una bolsa con mercaderías varias.

Pero una vez en el lugar mencionado, un hombre mayor, calvo, las habría subido a un automóvil, de color gris, del que apenas recuerdan detalles.

Las jóvenes afirmaron haber perdido la conciencia después de ingerir un jugo que les fue proporcionado.

Horas después despertaron aterradas en una precaria habitación, de la cual lograron escapar, siendo perseguidas por el tal José en su vehículo, quien las forzó a subir de nuevo al automóvil.

Durante este incidente, tres amigos de las menores, de nombres Juan Carlos, Josemir y Brian, también fueron presuntamente víctimas de este individuo.

El desenlace parcial de este incidente fue la localización de las chicas en la intersección de Avenida Freyre y Catamarca, gracias a la intervención de la policía tras recibir información radial sobre el suceso. La madre de las menores, una mujer de 36 años, presentó la denuncia correspondiente en la Seccional 6ta.

En un giro de los acontecimientos, el vehículo descrito por la progenitora fue interceptado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) en Ruta 11, a 300 metros del cruce con Ruta 5. El Peugeot 307 gris, con patente HRP-678, coincidía con la descripción proporcionada. Allí el  presunto responsable del hecho, fue detenido, y el vehículo, incautado para investigaciones posteriores.

En tanto las menores fueron entregadas a la unidad de Trata de Personas, bajo el cuidado del fiscal en turno,  mientras que el procedimiento y el detenido fueron trasladados a la Dirección de Trata de Personas y Violencia de Género para continuar con las diligencias pertinentes.

Las fuerzas de seguridad misioneras buscan intensamente este lunes al recluso identificado como Julián Abel Fernández (22), quien logró evadirse del Hospital «Dr. Pedro Baliña» en Posadas, donde se encontraba bajo custodia.

La búsqueda está en marcha para localizar al evadido, cuya peligrosidad se ve agravada por padecer tuberculosis, una enfermedad infectocontagiosa.

Fernández, de contextura física delgada, 1,60 metros de altura, tez trigueña y cabello negro, se encontraba internado en el mencionado centro de salud cuando logró escapar en circunstancias aún no esclarecidas.

Las autoridades recalcan la importancia de mantener distancia y precaución al acercarse a él, considerando su condición de portador de tuberculosis.

El prófugo ostenta diversos tatuajes que podrían ayudar en su identificación: letras «CJS» en la mano derecha, una hoja de marihuana en la mano izquierda a la altura del pulgar y un tatuaje de forma circular. Sin embargo, se desconoce la vestimenta que portaba al momento de la fuga.

Tras la fuga, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda intensiva en la ciudad y zonas circundantes. La colaboración ciudadana se vuelve vital en este momento, por lo que se insta a quien tenga información sobre el paradero de Fernández a comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.

El prófugo está por enfrentar un juicio oral, acusado de “abuso sexual con privación ilegal de la libertad coercitiva”, y estaba recluido en instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), pero fue trasladado el sábado por la noche al mencionado centro médico para someterse a un control, ya que se le diagnosticó tuberculosis en su fase contagiosa.

Este jueves personal de la Agencia de Investigación Criminal procedió al diligenciamiento de tres órdenes allanamientos en la localidad de Carcaraña. La investigación fue encabezada por la fiscal Marianela Luna del MPA Casilda, por una causa que quedó caratulada como robo y privación ilegítima de la libertad. Como resultado del operativo, tres individuos fueron detenidos e incomunicados.

Según lo informado por el denunciante, el mismo fue sorprendido en el interior de su domicilio por un sujeto, quien al ser descubierto lo encierra en la habitación y huye rápidamente. Asimismo, se llevaron a cabo diversas tareas investigativas, incluyendo la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, entre otras medidas. Además, se tuvo conocimiento que estos individuos podrían ocultar los objetos robados en la vivienda de un familiar. Ante esta información, se procedió a verificar los inmuebles de los implicados. Una vez informado a la Unidad Fiscal, se solicitó la orden de allanamiento para las residencias, las cuales fueron concedidas.

En tanto, el primer allanamiento arrojó resultados positivos con la aprehensión de uno de los investigados, se trataría de un joven de 28 años de edad. Luego, en el segundo allanamiento fue detenido un hombre de 29, al que se le secuestró un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

El tercer allanamiento también arrojó resultados positivos y se logró apresar a una mujer de 35 años, a la que se le secuestró un teléfono celular, una garrafa, un secarropa, un tendedero, un televisor, una procesadora y una cámara de fotos.

Cabe destacar que los elementos decomisados en las viviendas resultaron relevantes para el esclarecimiento de otros hechos relacionados con estos individuos. Como resultado, se esclarecieron un total de cinco hechos delictivos. En virtud de eso, el Ministerio Público de la Acusación emitió órdenes de detención para las tres personas en cuestión.

Las medidas se llevaron a cabo de manera conjunta con el personal de la Comisaría 3ra Carcarañá, así como con el personal de CRE San Lorenzo, CRE Roldán, Comisaría 6ta de Roldán, Comisaría 8va San Jerónimo, todos pertenecientes a la UR XVII - San Lorenzo.

L-Gante quedará en libertad tras haber estado preso 100 días en la DDI de Quilmes, donde estaba alojado desde el pasado 6 de junio. La información fue confirmada por su abogado, Juan Pablo Merlo, en comunicación con TN Show.

El cantante de Cumbia 420 enfrentaba una situación procesal por “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas” en relación a una denuncia, así como por “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples” y “tenencia simple de estupefacientes”.

Los jueces hicieron lugar al pedido de la defensa y el músico dejará la DDI de Quilmes en las próximas horas. De acuerdo a lo informado por a Ángel de Brito, la Justicia ordenó que Elián Valenzuela sea puesto en libertad.

El artista compartió un mensaje profundo en su cuenta de Instagram, expresando sus sentimientos y esperanzas mientras aguarda su liberación.

En su publicación, L-Gante compartió imágenes de su viaje a Berlín, recordando su gira por Europa antes de su detención. Comenzó su mensaje con la palabra “Esperando”, insinuando su deseo de ser liberado. Luego, expresó sus pensamientos sobre su situación actual y su relación con la justicia.

“Saben que estoy tranquilo. Todos se preguntan ¿por qué estoy acá? ¿Qué delito cometí? ¿Dónde está la Justicia?”, preguntó a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram. L-Gante defendió su caso y destacó que, para algunos, su encarcelamiento se considera justicia, mientras que otros creen lo contrario.

El cantante también reflexionó sobre las diferentes formas de esperar, haciendo referencia a las personas que esperan justicia, curas para enfermedades o incluso una comida en la mesa. Hizo hincapié en la incertidumbre que enfrenta y recordó su último viaje a Alemania antes de ser arrestado.

“Vivencias. Experiencias. Hoy estamos así, mañana quizás no estamos”, concluyó, haciendo referencia a una de las estrofas de su canción “El día más feliz”. A pesar de su situación, L-Gante continúa conectando con su público y compartiendo sus pensamientos y sentimientos.

No es la primera vez que L-Gante se comunica con sus seguidores desde la prisión. Recientemente, compartió cartas escritas a mano, expresando su agradecimiento por el apoyo y su enfoque en el futuro, incluyendo la preparación de un nuevo álbum.

A pesar de su situación, L-Gante demuestra su resiliencia y su determinación para seguir adelante, manteniendo su creatividad y conectando con sus fanáticos desde la celda 4 donde se encuentra actualmente.

Se trata de Carlos Joel Bruno, a quien la fiscal Gioria le atribuyó la autoría de dos “tentativas de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego” y “portación indebida de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas en concurso ideal con resistencia a la autoridad (en dos oportunidades)”, mientras que el fiscal Nessier le imputó “lesiones leves dolosas calificadas” y “privación ilegítima de la libertad calificada”.

Este lunes, el juez Lisandro Aguirre dispuso la prisión preventiva para un hombre que pasó un año y medio prófugo. Tras ser capturado, fue imputado por dos tentativas de homicidio y por haber golpeado y privado de su libertad a su expareja, hechos cometidos durante el período en el que debería haber estado tras las rejas.

Dos condenados a prisión perpetua por el abuso sexual y brutal homicidio de Rocío Vera

Se trata de Carlos Joel Bruno (28), a quien la fiscal Ana Laura Gioria le atribuyó la autoría de dos “tentativas de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego” y “portación indebida de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas en concurso ideal con resistencia a la autoridad (en dos oportunidades)”, mientras que el fiscal Marcelo Nessier le imputó “lesiones leves dolosas calificadas” y “privación ilegítima de la libertad calificada”.

La defensa de Bruno, a cargo de la Dra. Betina Dongo -del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) no realizó ningún planteo respecto de la materialidad de los hechos ni las calificaciones legales seleccionadas. Sí sostuvo que creía innecesaria la cautelar, debido a que tras su arresto Bruno volvió al Penal para continuar cumpliendo condena.

Bruno egresó de la cárcel en octubre de 2021 en una salida transitoria de la que no regresó. Se ordenó su detención, la cual recién se pudo efectivizar el 1 de junio de 2023, cerca de las 10.

El prófugo caminaba por Pasaje Gobernador J.M. Cullen y la vía, en barrio Villa del Parque, portando una pistola calibre 22 largo, cargada con 9 cartuchos. Fue avistado por la policía, que tras chequearlo le encontró 15 cartuchos calibre 22 en el bolsillo derecho.

Cuando intentaron arrestarlo, Bruno se resistió, apuntando el arma hacia los uniformados, manifestándole a uno de ellos: “Milico te voy a hacer boleta”. Los efectivos lograron reducirlo y lo trasladaron hasta la dependencia policial.

Asesinaron a una persona en situación de calle en barrio Candioti

Bruno volvió a cumplir con su condena, y fue imputado por dos hechos ocurridos en el período en el que se mantuvo prófugo. El primero de ellos, y el más grave, ocurrió a los pocos días de que se escapara.

Según lo atribuido por la fiscal Gioria, el 27 de octubre de 2021 alrededor de las 21 Bruno intentó asesinar a dos hombres que se encontraban hablando en la vereda, en la zona de Pasaje Barreto al 2500 de Santa Fe. El agresor se trasladó allí a bordo de una moto blanca de alta cilindrada que era conducida por una mujer (aún no identificada), y comenzó a efectuar disparos hacia las víctimas.

Uno de los sujetos recibió un disparo en el abdomen, y el otro sufrió una contusión en el pómulo izquierdo y una lesión en la sien, producto del roce de una bala. Bruno se dio a la fuga, y la rápida intervención de los vecinos, que socorrieron a los heridos, evitó un desenlace fatal.

El otro hecho imputado ocurrió el 25 de marzo de este año, en el interior de la provincia. Alrededor de las 23, Bruno se presentó en el domicilio de su expareja en calle Nazareno Rossi al 900 de la ciudad de Gálvez.

El fiscal Nessier le atribuyó que, en el marco de una discusión con la mujer, junto a quien tiene dos hijos, la golpeó, lesionando el rostro y la mano y provocándole un traumatismo de cráneo. Además, la tomó del pelo y obligó a subirse al Chevrolet Agile que era de su propiedad, mientras la amenazaba con un arma de fuego.

El funcionario indicó que posteriormente Bruno trasladó a la mujer, en contra de su voluntad, por la Ruta Nacional 11 hasta llegar a Sauce Viejo, donde la dejó bajar y se fue en el automotor.

Tras la atribución de los nuevos delitos, los fiscales solicitaron al juez Aguirre que ordenara la prisión preventiva de Bruno en el marco de estas investigaciones, más allá de que el hombre actualmente se encuentre cumpliendo condena por otro hecho, el cual no dieron a conocer. La defensa se opuso, pero el magistrado entendió necesario el pedido fiscal, verificando la existencia de los riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio en caso de que Bruno termine de cumplir su pena antes de llegar al juicio por los nuevos delitos.

Apareció un video que podría demostrar que la persona que denunció a L-Gante por privación ilegal de la libertad, en realidad no fue secuestrado por el cantante. Mirá aquí cómo habrían sucedido los hechos

Luego que L-Gante fuera detenido por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de drogas, desde su defensa obtuvieron un video que van a incorporar a la causa y con el que intentarían probar su inocencia.

L-Gante emitió una nueva carta desde la cárcel: “Preparándome para cuando salga”

“No hay secuestro, ni amenaza, ni arma”, aseguró el abogado del cantante, Alejandro Cipolla, quien sostiene que en el video se observa que el denunciante Gastón Torres subió al auto del músico por su voluntad.

“Dónde se ve a L-Gante obligando a subir a punta de arma!!!! Justicia corrupta”, escribió el abogado del músico en sus redes sociales junto a la filmación.

Cabe recordar que Elián Valenzuela está acusado y detenido por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de drogas.

L-Gante sigue en problemas y su causa se complica. Tras ser denunciado por privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de armas, la imputación en su contra se amplió por tenencia de drogas.

En uno de los allanamientos en sus domicilios, la policía encontró 40 gramos de marihuana. “La marihuana secuestrada no es mía”, dijo hoy el músico en su declaración indagatoria

L-Gante sigue detenido y será indagado este jueves: su mamá aseguró que le “secuestraron dos armas de juguete de Jamaica”

“Declaró durante una hora y media. No respondió preguntas. Dijo que el estuvo arriba del auto y reconoce que estuvo en la Ciudad de Buenos Aires y que vino a General Rodríguez. Dijo que la víctima, Gastón Daniel Torres, subió por voluntad propia junto a la otra persona arriba de su vehículo”, informaron fuentes periodísticas

Sobre la tenencia de armas: “L-Gante dijo que no había armas de fuego y que también todo esto se trata de una cuestión política y que lo quieren perjudicar a él” informó el periodista Carlos Alegre

“Le preguntaron por 40,4 gramos de marihuana hallados en su casa en el country Banco Provincia. Le ampliaron la imputación por una tenencia simple de drogas y dijo que la marihuana no era de él”, amplió el comunicador.

Detuvieron a L-Gante por amenazar con una pistola a dos vecinos

Sobre la causa, añadió: “Estamos hablando de una privación ilegítima de la libertad, pero agravada por ser funcionario público (la víctima), lo cual le cambia y le agrava más la figura penal. Eleva el mínimo y eleva el máximo. Veníamos hablando de privación ilegítima de la libertad simple, que va de 5 a 15 años de prisión, pero el Ministerio Público Fiscal pone que a la persona que secuestraron es funcionario del municipio de General Rodríguez. Por eso se agrava, porque la víctima es empleado de la administración pública. Esto le sube la escala penal de un piso de 10 a un máximo de 25 años de prisión para L-Gante”.

LA PALABRA DE ALEJANDRO CIPOLLA, ABOGADO DE L-GANTE

Sobre la presunta víctima, el defensor de Elián Valenzuela expresó: “Esta persona es un empleado municipal. La que es considerada la segunda víctima se encontró pidiendo hoy en la fiscalía pidiendo por la libertad de L-Gante, y que es la madre del mejor amigo y lo adora a Elián, su jefe sería Gastón Torres. Por eso el trasfondo político, porque a Elián esta persona le había pedido en varias oportunidades que apoyara tanto la campaña de él, como que lo ayudara con la campaña del intendente. Y después aparecer en actos públicos, tanto en Reyes como en ollas populares, cuestiones que Elián se venía negando rotundamente ya que no quiere tener ninguna vinculación con ninguna área política”.

Tras el aviso de un vecino, la Policía rescató a dos hermanas de un verdadero calvario: L., de 25 años, y J., de 23, llevaban años encerradas en una habitación de su casa, en el barrio Monseñor Di Pasquo, en el norte de la capital de San Luis.

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El comisario inspector Guillermo Gil informó que ambas chicas tienen un retraso madurativo y que presentaban un grave cuadro de desnutrición.

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La denuncia fue realizada por un vecino que dio aviso a la Comisaría 2ª este jueves, cuando se encontró con L., que fue a pedirle comida, según informó El Diario de la República.

La policía llegó a la vivienda y pudo constatar a simple vista que sufrían desnutrición, por ello dieron intervención al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1, a través del procedimiento denominado “comunica situación”, declaró el comisario inspector Gil.

Informaron además que, si bien las jóvenes viven con su padre, “se notaba que tenían un grave estado de abandono, ambas tienen algún retraso madurativo y [el padre] las mantenía encerradas en una habitación de la casa”.

Una información que encendió alarmas entre el personal policial fue que “algunos vecinos contaron que hacía nueve años que no las veían” por el barrio.

Además, Gil dijo que el padre “en ningún momento entendió que la situación era muy grave; sino que creía que era totalmente normal lo que estaban viviendo”.

El comisario inspector señaló que le llamó la atención que una de las chicas “estuviera pidiendo comida y que no quería volver por ningún motivo a su casa”.

Por intermedio de una prima, los policías supieron de la existencia de la otra hermana, menor. Al darle intervención al Juzgado, se investigó qué familiar podía hacerse cargo de la tenencia de L.. Se contactaron entonces con una prima de las chicas, que colaboró mucho para encontrar una solución y es quien quedó a cargo de ellas con una custodia provisoria, contó el comisario inspector Gil.

Luego de constatar que J. estaba en condiciones similares a las de su hermana, las mujeres fueron revisadas por un médico que constató el grado de desnutrición crónico que padecían ambas jóvenes.

Luego de hablar con los padres, los investigadores confirmaron que tienen otros siete hijos, aunque ninguno estaba en la vivienda al momento de la intervención policial.

Pudieron saber además que la madre tampoco vive en esa casa y que ella también tiene una discapacidad.

La investigación quedó a cargo de la jueza Natalia Giunta, quien debe resolver la situación procesal del padre, que por el momento está en libertad.

La mujer, que hoy tiene 44, logró escapar tras 23 años de esclavitud y volvió a Rosario para el juicio contra el hombre que la sometió.

María Eugenia vuelve hoy a Rosario. Hace más de dos años que espera el juicio contra Oscar Racco, que la privó de su libertad, la golpeó y la violentó de maneras inimaginables durante 23 años. “Los primeros años estuve encadenada, rapada, violada, fue muy difícil. Cuando a esta persona se le enferma su mamá de un cáncer, logré empezar a salir, con él, a hacer un mandado, a llevarla al médico”, cuenta María Eugenia. No le permitía ir sola ni siquiera a votar. “Tuvo a la madre internada, y ahí él decía que yo era la hija, me quedaba 20 horas en un sanatorio y él se metía adentro de un ropero, armado, porque no estaba permitido que hubiera dos personas. Y siempre con ese miedo; si iba a hacer un mandado iba con él, cualquier cosa que tuviera que hacer, hasta ir a votar, él iba a la escuela con mi documento, le preguntaba al gendarme. En veintipico de años nunca tuve el documento en mi poder. Él guardaba mi DNI, el suyo y los papeles del auto”, cuenta hoy, que recuperó su libertad.

En 2019 vio la oportunidad: él la mandó a guardar los DNI en una carpeta, ella escondió el propio debajo de la plantilla de su zapatilla, con terror de que él advirtiera la falta. “No te puedo explicar el grado de miedo que una siente cuando vive con una persona así”, enfatiza.

El 8 de mayo de 2019 salieron a limpiar la vereda de Santiago al 3500, como todos los días. María Eugenia barría, él la vigilaba. La puerta de la casa de pasillo tenía dos candados, y la única copia de las llaves estaban en poder de él. Racco se descompuso. “Apurate que me cago”, le dijo y entró rápido, sin cerrar. María Eugenia tenía que quedarse sentada en el patio mientras él estaba en el baño. Era otra orden. Ella escuchó que él prendía la ducha, tomó su DNI, 640 pesos y dos fotos de su hijo, al que no había podido ver más que una vez en todos esos años.

Corrió desesperada durante varias cuadras, con miedo a que los vecinos la delataran. En el barrio creían que se llamaba Lucía, así le decían las pocas veces que salía a la calle. “Me agaché atrás de un volquete y con la cabeza asomada, paré un taxi. No tenía ni noción de lo que podía salir. Fui hasta Pellegrini e Italia, entré descompuesta. Mi sensación era que iba a entrar un taxista que lo conociera y le iba a avisar. Tenía un teléfono que él me dejaba sin crédito, para llamarme. En el surtidor, con la plata que me quedaba, con una guía de teléfono, empecé a buscar conocidos, gente del barrio, de la escuela de mi mamá, a ver a quién podía llamar para que me pudiera socorrer”, relata. Llamó a la escuela donde su mamá había sido maestra, pero ya estaba jubilada, a vecinas de su familia. Ahí supo que su mamá y su hermana ya no vivían en Rosario.

“Me tomé otro taxi, me estaba esperando mi primo”, allí empezó el camino de salida. Su hermana le dijo que la ayudaría, con una sola condición. Que se sobrepusiera al miedo y denunciara a su agresor. “Tenía un miedo irracional. Terminé viviendo en un refugio en Rosario, estuve 20 días”, cuenta María Eugenia.

Pudo viajar para vivir cerca de su mamá, y empezó a recuperarse, de a poco. Su mayor miedo es que Racco cumpla todas las amenazas que le hizo a lo largo de 23 años y la castigue a través de su hijo, que hoy tiene 27 años y vive en Rosario. Por eso ruega que no salga pronto de prisión.

“Yo pude aguantar todos estos años, pero mi compromiso es que no caiga otra persona y termine muerta al lado de él”, dice ahora, mientras cuenta su historia.

María Eugenia tenía 19 años y un hijo de dos cuando conoció a este hombre, que le lleva 16 años. Él le dijo que era ex combatiente de Malvinas, pero no era verdad. En realidad, había estado detenido, pero eso ella lo supo mucho después. Empezaron a salir en diciembre de 1995. “Creo que en un momento uno se confunde los celos con el cariño. Yo trabajaba en un jardín maternal en esa época, era jovencita. Nunca había salido con una persona tan grande, lo veía como muy caballero, yo pensaba que era atento. No te tomes el colectivo, te paso a buscar, te llevo, te traigo. Empezó con los episodios de celos”, sigue el relato de María Eugenia, como un aluvión contenido. La perseguía, la espiaba. “Un día, yo salgo del trabajo, me cruzo con un muchacho que era repartidor de Arcor, me quedo hablando, me tomo el colectivo, llego a mi casa y a los 5 minutos me llama por teléfono, era una costumbre que tenía”. Allí comenzó la pesadilla.

Ella quería terminar la relación, pero él no la dejaba en paz. “Él sabía los horarios de mi familia, qué hacían mis amigos, me amenazaba. Me decía que yo le tenía que decir a mi papá que era una puta, y que salía con un primo”, cuenta sobre el prólogo del cautiverio. Él la presionaba. La tenía toda la madrugada al teléfono con esos requisitos. “Se me derrumbó el mundo, y en ese momento vivía con nosotros mi abuela, que tenía 80 y pico de años. No sabía cómo afrontar la situación, me tomé una caja de pastillas y terminé internada”. No alcanzó para evitar lo que vendría. “Este hombre (Racco) nunca se movió del hospital. En forma de extorsión, me obligó a firmar el alta médica y me fui a mi casa. Y al otro día me vuelve a llamar por teléfono. No entendía que yo no podía decir lo que no era y tampoco quería seguir saliendo con él. Ese día me llama, me dice que va a hablar con mi papá”. Ella tenía terror sobre lo que Racco pudiera decirle.

Cuando Racco le dijo que iba a su casa para hablar con el padre, María Eugenia se desesperó y fue a buscarlo a la esquina “para que no se arme tanto problema”. Ese día había fallecido un familiar y había mucha gente en su casa. “Él me trajo a puñetes desde la esquina”, cuenta María Eugenia. Su familia llamó a la policía. Terminaron los dos en la comisaría. “Nunca entendí por qué quedé detenida con él. A los dos nos ficharon. Él le dio 50 pesos al policía y el corrupto nos tomó las huellas dactilares al revés, le dijo que no se haga problema”, cuenta María Eugenia. La fiscalía buscó las actas de la comisaría, todo esto ocurrió en mayo de 1996.

“Este hombre que nos ficha, le dice delante de mi cara que va a hacer desaparecer la denuncia. El policía le dice ‘llevátela con vos, y cuando la familia levante la denuncia no hay más drama’. Me fui con él porque ya veía que ni la policía podía ayudarme. Estuve viviendo en un cuartito que estaba arriba de la casa de sus padres”, sigue el relato. La mamá de María Eugenia puso un abogado, que luego dejó de representarla porque recibió amenazas.

En mayo de 1996, Carlos Menem era presidente de la Nación. Los teléfonos celulares eran una rareza. Era el siglo pasado. “Él me insistía con que llamara a mi familia, me escribía un papelito con lo que tenía que decir. Decile a tu mamá que te pase con tu papá, para que le digas tal cosa. Yo le pedía ‘papi levantá la denuncia y yo vuelvo’ y mi papá me decía ‘yo no voy a levantar la denuncia’. Cuando la conversación tenía muchos sentimientos, yo lloraba, mi papá lloraba, ahí él cortaba el teléfono y empezaban los golpes”, sigue contando.

“Pasaron quince días y al ver que mi familia no levantaba la denuncia, me rapó, me recontra golpeó y me rapó. Me prendió fuego la ropa, me obligó a vestirme con ropa de él, para que, si me buscaban, no me reconocieran. Todos los días me golpeaba, estaba encerrada en una pieza, empapeló todas las ventanas. Yo tenía miedo hasta de asomarme. Un día había visto un papel roto, trajo una cadena, me empezó a encadenar de un pie a la pata de la cama. Así estuve prácticamente un año con un pijama, porque no salía ni a la calle”. Pensó que se estaba volviendo loca. “Llegué a pesar 54 kilos, soy una persona de contextura grandota. Me fue muy difícil todo esto. En un momento te acostumbrás a hacer lo que los otros quieren, para que no te peguen”, sigue el relato.

Racco la manipulaba con información sobre su hijo: saber todos los movimientos del niño era su forma de tenerla en vilo. “Así se fueron consumiendo los 23 años. No sabía qué estaba pagando. Aprendí a hacer todo lo que la otra persona esperaba de mí. Tuve dos embarazos, a uno lo perdí a los dos meses, por las golpizas de él. El segundo embarazo llegué casi a los 4 meses y lo perdí. El conocía a un enfermero, así que me llevó a (Villa Gobernador) Gálvez. Me hicieron un raspaje. Nunca pude ir a un médico a hacerme atender, a hacerme ver”, cuenta.

María Eugenia vivía sometida. “Creo que tenía un miedo extremo. Me golpeaba y me decía: ‘llamá al 144 a ver si te pueden socorrer’. Cuando mi mamá me mandaba a buscar, él conocía al juez de la causa. Según él, había salido con la jueza (Liliana) Puccio. Él tenía un taller de motos y venía la policía a hacer las reparaciones”.

Tanto la madre como el padre de Racco fueron cómplices del sometimiento. Los primeros tiempos, cuando María Eugenia estaba atada a la cama, tenía que golpear el piso cuando quería ir al baño, y era la madre del agresor quien la llevaba. La mujer murió antes de la fuga de María Eugenia. El padre de Racco estuvo imputado como partícipe, pero falleció durante la investigación.

En 23 años pasan muchas cosas. “Un día me tiré arriba de un techo porque me estaba golpeando. Me tiré de un techo pensando que desde el pasillo podía saltar a una puerta bajita. Caí, me golpeé la cabeza, quedé bastante inconsciente. Al ver cómo estaba, con la madre decidieron que me tenían que llevar al HECA”, sigue contando. Fueron a la vieja construcción de Mitre y Rueda. “Me cosieron la cabeza, yo también pensaba que cuando me llevara al HECA iba a poder pedir socorro, pero él conocía al hombre de seguridad. Tuve que decir que me había caído de una escalera”, sigue el relato.

Una vez, cuando tuvo que ir a Tribunales a firmar los papeles del divorcio del padre de su hijo, pidió ayuda. Le permitieron salir por otra puerta y pudo escapar. Era 1997 o 1998. “Logré salir por Balcarce, logré tomar un taxi, ir a la casa de una compañera de la secundaria y ahí pude reencontrarme con mi familia. Pude ver a mi hijo. Pero volví con él, por las amenazas, porque él sabía días, horarios, movimientos de uno, de otro, y yo veía que no podía hacer nada, que era la vida que me había tocado”, sigue María Eugenia. Eran más que amenazas: “Él vivía con el arma debajo de la almohada, me ponía el arma en la cabeza. Yo vivía siempre temblando”, rememora.

Los golpes, las amenazas, la manipulación. “Yo soy creyente, pero no puedo orar porque este hombre me tenía horas arrodillada diciendo padrenuestros, avemaría y glorias por ser tan prostituta y mala persona”, cuenta.

La violencia horada la subjetividad. “Siempre me decía, cuando me pegaba porque yo hacía algo mal, o mejor dicho, algo que no le parecía, que el hombre es un animal de costumbres. Fui un perrito adiestrado durante 20 años de mi vida, aprendí a comer lo que al otro le gusta, vestirme como al otro le gusta”, dice ahora.

Un día pudo salir, aunque desandar tantos años de terror sea otro camino. “Valoro lo que hizo fiscalía, lo que hizo la Secretaría de Género de Rosario y también del lugar donde estoy viviendo”, dice. Casa Amiga se llama la casa de amparo donde pasó ese primer tiempo. “Me gustaría que las mujeres que pasan lo mismo que yo sepan que es verdad que te ayudan y es verdad que se sale”, dice.

Lo primero que cuenta de su paso por la casa de amparo en Rosario podría parecer un detalle. “Vinieron a preguntarme qué quería comer, algo que en 23 años no me pasó nunca. Me acompañó una señora que se llama Mechi, que para mí fue un ángel de la guarda. Todas las personas, Sandra la directora de la casa, la gente que está donde me presenté a declarar la primera vez. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, son los que me ayudaron a salir de este infierno”, reconoce. Le agradeció también a Valeria, su psicóloga que la trata desde que llegó al lugar donde vive ahora. Mechi es Mercedes Simoncini, una trabajadora social hoy jubilada y también histórica militante feminista de la ciudad.

En la ciudad en la que vive ahora la “ayudaron mucho” cuando llegó. Vendía gorras. “Mi mamá tiene una máquina de coser así que hacía eso, pero no me iba tan bien. Conseguimos alquilar una casa, empecé a trabajar en un geriátrico, entré doblando ropa y lavando, terminé de auxiliar, levantando gente. Pero empezó la pandemia y perdí el trabajo. Me recibí de masajista terapéutica, pero no hay trabajo por la pandemia. En este momento estoy vendiendo alfajores por la calle”, relata cómo reconstruyó su vida. “Viste que no hay trabajo. Una cosa que también influye es la edad. Cuando me sale, limpio casas, cuido gente en forma particular y estoy estudiando mandatario del automotor, que si dios quiere este año me recibo. Siempre estoy tratando de buscar una salida. Un sueño”, dice a los 44 años.

Mientras cuenta esto, María Eugenia se prepara para volver a la ciudad, adonde el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria la acompañará, y la fiscal Luciana Vallarella ya tiene todo preparado para el juicio que empieza mañana, a las 14, en el Centro de Justicia Penal.

“Hace dos años y pico que estoy esperando el juicio, espero que la condena sean los 18 años que me prometieron”, implora. “Tendría menos miedo si él permaneciera preso. Los 23 años no me los paga nadie. Por el daño que nos hizo como familia, mi hijo creció y no pude estar con él. Se murió mi papá y no llegué a abrazarlo. Son dolores que no te paga nadie. El último abrazo con mi viejo no me los devuelve nadie”, expresa. Explica cuál es su principal expectativa con el juicio que inicia mañana: “Necesito que la verdad se sepa, que se termine todo esto de una vez por todas y que se haga justicia”. 

La policía de Suecia ha detenido a una mujer de unos 70 años por supuestamente haber mantenido encerrado contra su voluntad a su hijo durante 28 años en un piso al sur de Estocolmo, informó este miércoles la televisión pública SVT.

La mujer, que niega los cargos, es sospechosa de privación ilegal de libertad y de provocar daños corporales graves al hombre, de 41 años.

Fue un familiar suyo quien el domingo, aprovechando que la mujer estaba en el hospital, acudió al piso familiar en la localidad de Haninge y encontró al hombre acurrucado en la cocina y con heridas en las piernas y otras partes del cuerpo. “Fue como entrar en una pesadilla. Había orina y suciedad, olía como a podrido. Apenas podía caminar”, declaró la mujer a Expressen.

El hombre fue trasladado al hospital Nuevo Karolinska de Estocolmo y operado de varias lesiones, según varios medios suecos.

De acuerdo con la versión de su pariente, la madre perdió a un niño a temprana edad y decidió luego ponerle el mismo nombre a su siguiente hijo, que vivió aparentemente una vida normal hasta que lo sacaron de la escuela en séptimo curso.

Los servicios sociales fueron avisados pero no hicieron nada y el resto de la familia trató de restar importancia al caso, según declaró a Expressen la mujer, que ya entonces se interesó por su pariente. “Yo era joven y acabé desistiendo. Le robó la vida y manipuló a todos sus contactos para mantener su secreto”, aseguró la mujer, que calificó a la familia de “disfuncional”.

La policía ha acordonado el piso y según informó la Fiscalía, la tarea principal ahora será aclarar la situación del joven, para lo que se entrevistará a un gran número de testigos.

La pareja fue acusada de estafas y privación ilegítima de la libertad de dos mujeres mayores, a las que habrían forzado a alojarse en geriátricos para robarles sus viviendas y pertenencias. Crónica de la causa.

Un matrimonio fue detenido este miércoles en su domicilio de la zona oeste, acusado de estafas y privación ilegítima de la libertad de dos mujeres mayores a las que habrían forzado a alojarse en geriátricos para quedarse con sus casas.

La Agencia de Investigación Criminal, por orden de Fiscalía, allanó una vivienda en calle Ecuador al 1100 y arrestó a Beatriz Noemí B., de 63 años, y José Alberto R., 59 años. Además se secuestró documentación de interés para la causa.

La causa se inició el pasado 24 de junio, cuando una persona denunció que su tía de 82 años de edad, domiciliada en calle Ocampo al 1300, fue llevada hasta una escribanía por una mujer que trabajaba como su acompañante, supuestamente contra su voluntad para firmar un poder notarial, lo que finalmente no se concretó ante la negativa de la apoderada.

Pero al salir de esa oficina, siempre de acuerdo a la denuncia, la mujer llevó a la anciana al geriátrico sito en calle Mendoza al 6900 y la dejó internada allí, también sin su consentimiento.

Además, con las llaves del domicilio, la acusada habría sustraído un perro caniche, un teléfono celular marca Huawei, la suma de 40.000 pesos y otros elementos a verificar, según consta en el reporte policial.

La policía arrestó preventivamente a Beatriz Noemí B. mientras se libraron órdenes de allanamiento en dos domicilios: la casa de la acusada y otra dirección (en San Luis al 2800) que ésta registró cuando ingresó a la mujer mayor en el geriátrico.