El juez Alejandro Solís dictó en la audiencia de control de detención seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michel González por el homicidio de Ángel López en Comodoro Rivadavia. Dicha medida fue dispuesta ante los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Luego de dos horas de audiencia, el magistrado sostuvo que se puede “afirmar con la certeza que requiere esta instancia, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que a cargo del cuidado estaban González y Altamirano”.

En este sentido, según confirmaron el padrastro fue acusado del delito de homicidio simple, mientras que la mujer, por homicidio agravado por la condición de madre y omisión.

Facundo Oribones, fiscal a cargo de la causa, habló con la prensa luego de la audiencia y allí contó un extracto de la polémica testimonial de la defensora de los acusados: “Mencionó que los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones”.

En este sentido, se indicó que se trata de determinar si es verídico que, según los primeros testimonios, Michel practicaba artes marciales.

“Tenemos el objetivo de culminar la investigación en estos seis meses de plazo que impuso el juez”, señaló Oribones.

Durante la audiencia, González declaró y dijo que con Mariela son “inocentes” y que “también queremos saber qué pasó”.

En el cierre, Luis López, padre de Ángel, les gritó a los detenidos que eran “asesinos”.

En las últimas horas, la Justicia dictó la prisión preventiva para N.M.S., la adolescente de 16 años imputada por el crimen de su novio, Santiago Nahuel López Montes, de 21, asesinado a puñaladas en una vivienda de Lanús.

La joven, que fue capturada tras varios días prófuga, deberá permanecer detenida en el Complejo Penitenciario de San Martín, luego de que le fuera negado el beneficio de la prisión domiciliaria solicitado por su defensa.

La decisión fue tomada tras la audiencia llevada a cabo el martes 2 de diciembre, donde la acusada declaró ante el fiscal Juan Ignacio Colazo y ofreció su versión de los hechos.

Según trascendió de la declaración ante la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, N.M.S. dio detalles de la relación que mantenía con Santiago y sobre la secuencia que culminó en el fatal ataque.

Según la declaración de la menor, Santiago estuvo en su casa desde el mediodía y volvió en moto cerca de las 20. Contó que ambos se quedaron dormidos y que, al despertar, la tensión fue en aumento. “Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dijo ‘dejame de joder’”, relató según publicó Infobae.

La joven aseguró que quiso salir a comprar comida, pero que Santiago se negó. “Discutimos, yo le decía que me quería ir… y él en todo momento me decía que no me iba a ir a ningún lado”, explicó. Fue entonces cuando decidió terminar la relación: “Le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya”.

En ese momento, según su testimonio, se produjo un forcejeo por las llaves de la casa y de la moto. Al caerse, se rompió el asiento del vehículo de Santiago. “Me mira enojado porque amaba a su moto, y me dice ‘hija de p..., ¿qué hiciste? Te voy a matar’”, contó la adolescente.

La menor afirmó que corrió hacia el interior de la casa, pero que Santiago la siguió. “Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía que me iba a matar, que ya lo tenía cansado”, detalló.

Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con su versión, tomó un cuchillo de la cocina. “Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”, declaró. La reacción fue inmediata: “En eso me dice ‘me diste en el corazón’. Se levanta la remera y de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre”.

N.M.S. estuvo prófuga de la Justicia durante varios días hasta que fue detenida el pasado 28 de noviembre en la casa de su tío en La Matanza. Según fuentes de la investigación, un allanamiento en una unidad penitenciaria donde está detenido el padre de la adolescente, donde se secuestró un teléfono, fue clave para dar con su paradero.

La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva impuesta a la pareja imputada por el crimen de Damián Strada, el joven empleado municipal de María Luisa asesinado en septiembre.

La jueza Martha Feijoó presidió la audiencia realizada el lunes, solicitada por las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada, quienes pretendían conseguir la excarcelación de Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts.

Ambos fueron imputados por el fiscal Alejandro Benítez como coautores del “homicidio triplemente agravado” de Strada. Ante la Alzada, el fiscal Carlos Arietti representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y pidió que las prisiones preventivas fueran confirmadas.

En la misma línea estuvo el planteo del Dr. Iván Carrión, que representó a Víctor Strada, el padre de la víctima, quien se constituyó como querellante en la causa y participó de la audiencia. Ante la jueza, manifestó que teme por su familia, que “si les da la libertad a los imputados pueden irse y no van a llegar a juicio” y exigió: “Quiero que se haga justicia por mi hijo”.

La desaparición de Strada fue denunciada el 14 de septiembre de este año. Dos días después, el 16, fuerzas de seguridad hallaron su cuerpo en una zona de monte junto a la ruta provincial 2, cerca de Laguna Paiva. El cadáver tenía un cinturón en el cuello y presentaba signos de haber sido incinerado. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.

Por disposición de la fiscalía fueron detenidos la expareja de Strada, Tacundo, y la actual pareja de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Carrión sostuvieron que existió un plan común y que ambos imputados participaron activamente para concretarlo.

Según la acusación, Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a pedir transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Esas llamadas, en las que la madre de la víctima advirtió su voz de desesperación, se realizaron desde el sitio donde luego fue asesinado.

La fiscalía sostiene que, al no lograr las transferencias de dinero y no poder consumar la extorsión, los acusados lo ahorcaron y posteriormente incineraron el cuerpo para ocultar el hecho y procurar impunidad.

Entre las pruebas presentadas se incluyó el análisis de antenas de telefonía celular, que ubicó el teléfono de la víctima en la zona del crimen, y el hallazgo de que Roberts colocó su chip en el aparato de Strada después del homicidio.

También se incorporaron registros de cámaras de seguridad que muestran a los imputados circulando con la víctima en la motocicleta hacia el lugar donde fue asesinada, y regresando luego sin él.

Los argumentos de las abogadas del Ministerio Público de la Defensa (MPD) giraron en torno a las agravantes del delito imputado, el principio de inocencia y los riesgos procesales.

Señalaron que, a su entender, cuando el juez Sebastián Szeifert dispuso la prisión preventiva no respetó la excepcionalidad del encarcelamiento, sobre todo teniendo en cuenta que para ellas no existirían riesgos procesales.

Otro de los agravios de la apelación se enfocó en el agravante “criminis causa”, ya que para las defensoras no se logró acreditar que Tacundo y Roberts hubieran amenazado a Strada con un cuchillo para exigirle dinero. Por ende, no se podría probar que el motivo del crimen fuera el ocultamiento del delito previo.

Balanda sostuvo que Tacundo vive en Laguna Paiva, por lo que su libertad no supondría riesgos para la familia de la víctima, que reside en otra localidad. Lo mismo planteó Estrada sobre Roberts. Por eso, solicitaron la libertad bajo medidas alternativas. Subsidiariamente, Balanda propuso la aplicación de la prisión domiciliaria.

A su turno, Arietti defendió la resolución de Szeifert, detalló los pormenores del caso y recordó que hay registros fílmicos de los imputados llevando a la víctima en moto, entre ellos dos, hasta el lugar del crimen y luego regresando solos.

El querellante Carrión sostuvo que a Strada lo mataron porque no pudo darles más dinero, y para ocultar la extorsión. Para él, los riesgos procesales existentes son “altísimos”, y en esa línea indicó que “si estando libres hicieron lo que hicieron para ocultar el hecho, sabiendo Tacundo dónde vive la familia de Strada, sería capaz de ir allí”, lo que supondría un gran riesgo para la familia.

La camarista Feijoó analizó los agravios defensivos y decidió confirmar la prisión preventiva de ambos imputados, que continuarán tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.

Dispusieron la prisión preventiva para Juan Francisco Trigatti, el profesor de educación física condenado por haber abusado de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe.

El tribunal conformado por los Dres. Lisandro Aguirre, Sergio Carraro y Pablo Spekuljak resolvió por unanimidad, ordenando que Trigatti quedara preso. Los jueces consideraron necesario cautelar el proceso penal, debido a la existencia del peligro de fuga. También impusieron un embargo de 50 millones de pesos.

La audiencia de medidas cautelares se realizó a puertas cerradas, con presencia de representantes de amicus curiae y familiares de las víctimas.

Trigatti fue condenado como autor de "abuso sexual gravemente ultrajante” en perjuicio de cuatro niñas y "abuso sexual simple" en perjuicio de una quinta alumna, agravados por tratarse del encargado de la educación de las menores. Recientemente, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena.

El tribunal dio sus fundamentos de forma oral. El primero fue Aguirre, quien señaló que “si bien la regla es la libertad y la prisión preventiva es excepcional e instrumental, la situación procesal cambió radicalmente tras el segundo pronunciamiento condenatorio”.

Este hecho constituye un "elemento nuevo" que, según el criterio de la Corte Suprema, permite valorar la prisión preventiva como medida cautelar indispensable y proporcional.

La existencia de una condena no supone la evaluación de una "pena abstracta" o posible, sino de una pena concreta. En este caso, a 12 años de prisión. El magistrado sostuvo que el doble conforme supone que las vías de revisión ordinarias se agotaron, y esto proyecta un mayor riesgo de fuga debido a la inminencia de la ejecución efectiva de la condena.

Además del riesgo procesal, Aguirre hizo hincapié en la especial gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las cinco víctimas, de escasa edad. En esa línea, invocó la Convención de Belém do Pará, que exige un deber de diligencia debida y reforzada por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El Dr. Spekuljak adhirió a los argumentos de su colega y destacó que ya son seis los jueces que han confirmado la existencia de los abusos y la autoría por parte de Trigatti.

Una de las controversias durante la audiencia giró en torno a la existencia del riesgo de fuga, y para responder el juez citó doctrina y jurisprudencia. Esta le permitió sostener que el doble conforme es un elemento de riesgo procesal suficiente, ya que la superación de etapas procesales proyecta una mayor probabilidad de evasión.

Además, en sus fundamentos el magistrado recordó que en el devenir del proceso judicial intervinieron 3 tribunales de juicio, 19 jueces penales, “el imputado ha gozado del ejercicio de sus derechos y ha tenido una defensa”.

El tercer interviniente fue el juez Carraro, quien confirmó que el segundo pronunciamiento de un tribunal de Alzada que confirma la condena de 12 años justifica las solicitud y aplicación de la prisión preventiva.

Los magistrados coincidieron en que el proceso avanzó, y que durante los últimos cuatro años Trigatti contó con amplias garantías. Carraro explicó que la garantía del principio de inocencia "va cediendo" frente a los pronunciamientos adversos, que fueron confirmados en doble instancia.

Por lo tanto, concluyeron que, al encontrarse agotadas las vías ordinarias y existir un incentivo claro para que Trigatti pueda darse a la fuga ante la inminente ejecución de una pena severa, la única opción es la prisión preventiva.

La fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, según supo la agencia Noticias Argentinas, y su abogado pedirá la inimputabilidad.

En la jornada del miércoles Laurta fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir que lo mató para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio.

Luego de la audiencia, José Luis Legarrate, abogado del acusado, habló con la prensa para dar detalles de cómo seguirá la defensa de aquí en adelante: "Laurta en la audiencia se mostró colaborativo, no nos opusimos a la cautelar de la prisión preventiva".

Al ser consultado sobre cómo es su situación procesal, Legarrate expuso que es "muy compleja" pero que todavía "hay evidencias por incorporar y analizar", por lo que "es temprano para dar a conocer fundamentos, hay que trabajar de manera profesional".

"Por el momento se le imputó hechos en Entre Ríos y lo que pasó en Córdoba es de esa jurisdicción, pero ya tomamos contacto con la defensa oficial de allá para coordinar a futuro las distintas acciones", sumó.

En este sentido, conforme a la información a la que accedió NA, Laurta será trasladado este jueves por la tarde hasta dicha provincia.

Por último, algo que se esperaba como defensa, señaló que no descartan que el acusado haya sufrido "un proceso vivido de psicosis", por lo que podrían plantear su inimputabilidad.

"El objetivo de la defensa es garantizarle el debido proceso penal", concluyó. 

En una audiencia de medida cautelar realizada en los Tribunales de Reconquista, el juez Gonzalo Basualdo dispuso la prisión preventiva de una mujer imputada por los delitos de promoción a la prostitución y corrupción de menores.

La medida dictada sin plazos recayó sobre Ivana Soledad Ramírez, domiciliada en el periférico barrio Luján, a quien la fiscal Georgina Díaz atribuyó el delito de promoción de la prostitución de una menor de 18 años de edad, agravado por amenazas y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la misma.

De acuerdo a la acusación, los hechos habrían ocurrido en dos viviendas de Reconquista, donde la imputada pactaba las entrevistas con hombres.

Además de restringirle la libertad, el magistrado autorizó el pedido de la fiscal para la realización de una Cámara Gesell. Actuó como defensora pública de Ramírez la Dra. María Noel Severo.

Altamente vulnerable

Al finalizar, la fiscal Díaz dijo que «en realidad, la audiencia tuvo cuatro objetivos. El primero de ellos fue el control de legalidad de la detención que dispuse durante el fin de semana. Después, la audiencia imputativa a los fines de informarle que había una investigación en trámite, cuáles eran los hechos que se le endilgaban, su calificación legal, las evidencias y sus derechos, por supuesto».

«Luego solicité autorización, a través del dispositivo de Cámara Gesell y como anticipo jurisdiccional de prueba, la declaración de la persona que reviste la calidad de víctima en esta causa, por cuanto es una mujer menor de edad y altamente vulnerable por todo un contexto de vida, un contexto socioeconómico y cultural que nos rodea», completó.

En cuanto a la prisión preventiva como medida cautelar, sostuvo que «es a los efectos de cautelar los riesgos del proceso. Entiendo, y así lo expuse, que aquí existen dos riesgos: el entorpecimiento probatorio, no solamente por la situación de la víctima, sino también por el tipo penal que estamos investigando».

Con relación a los hechos, precisó que «acá hablamos del contacto con otros masculinos no conocidos hasta el momento, no individualizados, y que tendrían contactos de contenido sexual con la menor de manera coactiva, por así decirlo, obligada la víctima por el accionar de la imputada. Además, no tenemos un arraigo laboral, no tenemos un arraigo familiar».

Oposición

Díaz indicó que se opuso al planteo de la defensa referido a un domicilio y a un posible guardador: «Por supuesto que nos opusimos y nos vamos a seguir oponiendo con respecto al guardador propuesto. Entendemos que no es apto para tales fines».

Por último, recordó la calificación penal atribuida a la acusada: promoción a la prostitución de menor de edad, calificada por conocer la vulnerabilidad de la víctima y también por la edad, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por las mismas circunstancias.

En un procedimiento realizado por personal de Prefectura de Reconquista el martes pasado en Loteo Nardelli de la ciudad de Reconquista, habían sido detenidos ambos por microtráfico.

Cabe mencionar que la fuerza federal realizó tres allanamientos, que les permitió secuestrar 900 gramos de cocaína, envoltorios con 73 gramos de cocaína. Además la requisa permitió el secuestro de una escopeta calibre 28. Se procedió al decomiso de seis celulares, dinero en efectivo y el secuestro de una motocicleta.

Fueron imputados Ángel Ramón R. y Vanina Noemí R., con domicilio en el Loteo Nardelli de la ciudad de Reconquista. Ambos bajo la figura de Comercialización de Estupefaciente y Tenencia de Estupefaciente con fines de comercialización y en el caso de la mujer se le suma la figura de tenencia de arma de fuego.

El fiscal Dr. Sebastián Marichal y el defensor Dr. Matías Daruich acordaron la prisión preventiva sin plazos y con la posibilidad de que la defensa pueda pedir una revisión en 60 días. El acuerdo fue avalado por la jueza Dra. Claudia Bressan.

La opinión del fiscal

«Se hizo una audiencia por la detención el día 7 de octubre de 2025. Es una investigación que viene desde mayo, que realizó tanto la Dirección de Microtráfico como la Prefectura Naval», reveló el Dr. Sebastián Marichal. Indicó que se trataba de varios domicilios que los implicados utilizaban, «y en algunos lo investigaba una fuerza y en otros otras», aclaró.

Reiteró que se investigó y se allanó tres tres domicilios, «dos vinculados a la familia de los imputados, con la sospecha de que se guardaba estupefacientes en uno de estos domicilios», consignó. No obstante quiso aclarar que también se realizó otro allanamiento en la casa de otra mujer. En cuanto al domicilio de la ahora imputada dijo que se encontró un ladrillo de cocaína con un peso de 900 gramos, «otro también de alrededor de 73 gramos», explicó.

Recordó que la imputada fue aprendida, luego detenida tanto por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como por comercio de estupefacientes, «a su padre le adjudicamos haber vendido él y guardado la droga en la casa de su hija», desarrolló el representante del MPA.

Comentó además el fiscal de la causa que se dispuso a la prisión preventiva con la posibilidad de revisión recién a partir del día 60, «y también sujeta las pericias y demás evidencia que hay que hacer todavía», remarcó.

En la audiencia la defensa pública planteó la competencia. «Es un tema que no se discutió, que se va a hacer a futuro, que lo planteó que a futuro el defensor que le toque va a plantear la competencia», dijo al respecto el fiscal actuante.

Manifestó además que la droga se encontró en ladrillo, no fraccionada para terceros. En cuanto al hombre ahora imputado y en prisión el fiscal recordó que tiene una condena previa a dos años de ejecución condicional por tenencia simple, «que todavía habría que revocarla y unificarla», concluyó.

Un insólito episodio ocurrió este jueves durante una audiencia judicial en Villa Regina, Río Negro: Facundo Ángel Plos, un hombre condenado a seis años por abuso sexual con acceso carnal, rompió su tobillera electrónica cuando le confirmaban la prisión preventiva y se escapó de su domicilio, desde donde se había conectado a la sesión virtual.

Fuentes judiciales detallaron a Infobae que el hecho ocurrió en el último minuto de la jornada, justo después de que los jueces ordenaran su detención y dieran por finalizada la cita. Fue entonces que el imputado apagó su cámara rápidamente.

En la grabación de la audiencia a la que accedió este medio, se ve el momento exacto en el que el imputado se va. “¿Al señor Plos se lo puede ver?”, pidió uno de los jueces cuando desapareció de la reunión.

No obstante, nadie sospechó de su accionar, porque ya todos iban a desconectarse a la brevedad. “De todas formas ya está notificado doctor”, le respondió otro magistrado a su colega.

Sin embargo, unos tres minutos después llegó una notificación de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico de la provincia que alertaba que el dispositivo del condenado se había desconectado y que se había dado a la fuga.

Plos tenía la tobillera por una medida cautelar que había dispuesto la Justicia en diciembre de 2024, cuando lo hallaron responsable del delito por un hecho ocurrido en enero de 2023. Como su defensa apeló a la sentencia y el fallo no quedó firme, se dispusieron algunas medidas cautelares como la prohibición de abandonar el municipio y acercarse a más de 500 metros de su víctima. El dispositivo electrónico era para velar por el cumplimiento de esta norma.

Este jueves era el día en el que se iba a definir su futuro: tras agotar todas las instancias recursivas provinciales, la fiscalía descentralizada de Villa Regina solicitó al Tribunal que se aplicara el Artículo 109 bis que habilita a las partes acusadoras a “requerir fundadamente la prisión preventiva de la persona condenada a pena de cumplimiento efectivo, cuando la sentencia con denatoria haya agotado la vía recursiva local”.

En este sentido, los fiscales alegaron que había “peligro procesal de fuga” y destacaron que Plos “cuenta además con otra condena – por homicidio culposo - en la misma instancia procesal, es que la fiscalía insistió en la aplicación de la preventiva".

En la audiencia del escándalo participó el imputado desde su domicilio, representantes del Ministerio Público Fiscal, la defensa particular del imputado y los tres magistrados encargados del caso. Tras la decisión del tribunal, se libró el oficio para la inmediata detención de Plos por parte del personal policial e iba a ser trasladado a la Unidad de Ejecución Penal correspondiente.

La audiencia ya había finalizado y todos eventualmente iban a apagar sus cámaras. Plos lo hizo rápidamente y antes que todos, pero nadie pensó que era para fugarse. A los tres minutos, cuando ya todos se habían desconectado, llegó el alerta.

Las verificaciones confirmaron que Plos se arrancó la tobillera, incumplió con la orden de detención y se fugó de su domicilio sin autorización. Las actuaciones derivadas de la evasión fueron inmediatas: el Ministerio Público Fiscal de Villa Regina ordenó la detención urgente del prófugo y puso en marcha un operativo de búsqueda a cargo de personal policial, que incluyó un gran despliegue en la localidad y alrededores.

Previo a la confirmación de la prisión preventiva, Facundo Ángel Plos se encontraba bajo numerosas restricciones impuestas por el tribunal para garantizar la seguridad de la víctima y el cumplimiento del proceso judicial. Esas mismas medidas fueron parte de las condiciones evaluadas por los magistrados al momento de analizar el riesgo concreto de fuga.

Hasta el día del escape, Facundo Ángel Plos debía acatar un conjunto de normas destinadas a restringir sus movimientos y contactos, dictadas en diciembre de 2024. Entre ellas, se le prohibió todo tipo de interacción —personal, gestual, telefónica o a través de redes sociales— con la víctima del caso, así como con la madre y el padre de la joven.

Esta restricción se extendía tanto de manera directa como indirecta y fijaba un radio de prohibición de acercamiento no inferior a 50 metros de la víctima y de al menos 100 metros del domicilio de la familia afectada.

También pesaba sobre Plos la prohibición de salir del país y de abandonar el ejido municipal de Villa Regina. Como recurso de control, la Justicia había dispuesto el monitoreo mediante la tobillera electrónica. Junto con esto, Plos debía cumplimentar presentaciones diarias dos veces al día, de lunes a viernes por la mañana ante la fiscalía y por la tarde en la comisaría 5ª local; los fines de semana y feriados, estaba obligado a presentarse en la seccional policial. Todas estas disposiciones regían hasta alcanzar la firmeza definitiva de la sentencia.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 33 años al que se investiga como autor de agresiones cometidas en perjuicio de otra persona en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Jesus Leonardo Emanuel Lemos, quien permanecerá tras las rejas por orden de la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Susana Luna, en una audiencia que se realizó en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Eric Fernández está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial detenido. “La defensa no propuso alternativas y la magistrada consideró que estaban acreditadas las circunstancias necesarias para ordenar la preventiva”, indicó el funcionario del MPA.

A Lemos se le atribuyó la autoría del delito de “lesiones leves dolosas”.

Fernández sostuvo que “el hecho ilícito fue cometido minutos antes de la 1 de la madrugada del jueves 10 de abril, en inmediaciones de la esquina de Urquiza y La Rioja”, y destacó que “tanto el imputado como la persona a la que atacó están en situación de calle”.

“De forma violenta, el investigado arrojó piedras hacia un hombre que dormía en la vereda”, planteó el fiscal. “Como consecuencia, la víctima resultó herida en diferentes partes de su cuerpo”, especificó.

El representante del MPA señaló que “minutos más tarde, el imputado fue aprehendido por agentes policiales que llegaron al lugar a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911”.

Paulo Kablan informó en A la Barbarossa que el juez Sebastián Casanello dictó prisión preventiva a Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, acusado de organizar un operativo falso con la complicidad de policías contra un empresario al que le debía una importante suma de dinero.

“Está acusado de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos agravados por la participación de tres o más personas, portación ilegítima de arma de fuego y de tenencia de estupefacientes”, detalló el periodista.

Por su parte, Pía Shaw sumó datos: “Hasta el juicio va a estar adentro, no puede salir. Él pidió hablar con su abogado y ampliar la indagatoria, cuando se enteró de la resolución del juez Sebastián Casanello lo mandaron al hospital de la cárcel de Ezeiza”.

“No tiene acceso a televisores ni radios, está sentado tomando un té con un pan llorando, pidiendo hablar con su abogado”, agregó la panelista y sobre la modelo contó: “Jésica está a disposición de la Justicia”.

REVELAN CÓMO ES LA CONDUCTA DE ELÍAS PICCIRILLO EN LA CÁRCEL

Pía Shaw reveló en el programa matutino de Georgina Barbarossa cómo es la conducta de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, en la cárcel.

“Me cuentan que él es muy educado, pero tiene una personalidad como de agrandado, como de canchero, está re tranquilo, se lleva bien con sus compañeros y tiene muy buena conducta”, aseguró la panelista.

Piccirillo se enteró de la resolución mediante su abogado e instantáneamente se descompensó y tuvo que ser asistido por un médico, dentro del penal de Ezeiza, donde pasa sus días.

Su abogado, había contado que, desde antes de quedar preso, Piccirillo ya estaba presentando reiterados ataques de pánico y problemas de salud. “Está muy bajoneado. Él pensaba que le iban a dar la excarcelación”, había asegurado Fernando Sicilia, el abogado del ex de Cirio.

Piccirillo, un comisario de la Policía de la Ciudad y un ex policía federal, están acusados de ser autores de los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Estas acusaciones surgen de la denuncia que realizó Francisco Hauque contra Piccirillo donde menciona que en la noche del 17 de enero de este año ambos se encontraron para dialogar sobre una estafa y en el auto el acusado le plantó un arma y droga.

Además, el ex marido de Jésica Cirio, fue embargado por 100 millones de pesos.

La Justicia ordenó la prisión preventiva por 180 días para el joven de 17 años acusado del crimen de Kim Gómez. La jueza Carmen Ibarra, de la UFI número tres de Menores de La Plata, dictaminó esta medida tras la declaración del menor de 14 años, quien se ubicó en el lugar del hecho pero negó participación en el delito.

El menor de 14 años permanecerá con medidas de seguridad hasta la próxima audiencia, programada para dentro de una semana, donde se analizarán nuevas pruebas. Mientras tanto, la familia de Kim Gómez continúa exigiendo justicia.

Este viernes, se realizó una nueva marcha para pedir justicia por Kim, y sus padres, Marcos y Florencia, expresaron su dolor y rabia. "Justicia es que los detenidos paguen", manifestaron.

Florencia, madre de Kim, se refirió públicamente al caso por primera vez y expresó su deseo de que su hija sea la última víctima de este tipo de delitos. "Kim no es la primera, pero quiero que sea la última", dijo entre lágrimas.

Ambos padres sostienen que es necesario implementar cambios profundos para evitar que se repitan estos hechos. "Hoy me encuentro vacío, siento que tengo que hacer algo por mi hija, para que no quede en vano", agregó Marcos.

Cuatro hombres y una mujer quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación que tramita en la Fiscalía Regional 4 por la venta de droga al menudo en distintas viviendas del barrio Cooperación de la ciudad de Avellaneda (departamento General Obligado).

Las medidas cautelares fueron impuestas por el juez Gonzalo Basualdo a raíz del pedido formulado por el fiscal Sebastián Marichal en una audiencia que se llevó a cabo ayer en los tribunales de Reconquista.

La detención de los imputados se realizaron el viernes pasado en el marco de 11 allanamientos solicitados por Marichal, quien tiene a su cargo el legajo penal. En tal sentido, la investigación se inició de forma proactiva por focalización territorial conjunta entre el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y el equipo de la Fiscalía Regional 4 que brinda apoyo a las investigaciones priorizadas por el MPA.

Los procedimientos en los domicilios de los sospechosos fueron practicados el viernes pasado por personal de la Policía de Investigaciones, personal de la Unidad Regional IX y de a Guardia Rural Los Pumas.

“Los cuatro hombres tienen entre 37 y 51 años, y la mujer tiene 25”, informó el fiscal, y agregó que “contamos con evidencia de que se vendía droga al menudeo en las cinco viviendas en las que fueron detenidas estas personas”.

Marichal explicó que “en los 11 allanamientos que se hicieron en total se secuestraron estupefacientes fraccionados para la venta directa a consumidores”. Además, puntualizó que “se secuestró dinero en efectivo; teléfonos celulares; balanzas de precisión; computadoras; pendrive y tarjetas de memoria; papel engomado y anotaciones de interés para la investigación”.

“En unas de las viviendas allanadas también fueron encontrados dos aires comprimidos, mientras que en otra se secuestró una carabina”, informó el fiscal y concluyó que “en otro domicilio se encontraron 21 plantas de marihuana con fines de producir estupefacientes”.

A las cinco personas investigadas se les atribuyó la autoría del delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, a uno de los hombres también se le endilgó la autoría del delito de cultivo de plantas para producir estupefacientes.

El juez penal Gonzalo Basualdo dispuso la prisión preventiva sin plazos para los cinco detenidos por microtráfico y la realización de peritajes de los celulares secuestrados.

En la audiencia celebrada el lunes, el magistrado ordenó la detención preventiva sin plazos Gimena Agustina Oviedo, Gustavo Osvaldo Romegio, Martín Darío Carrizo y Gustavo Cuevas, y de esta manera no hizo lugar a los argumentos de la defensora pública regional Dra. Valeria Lapissonde, que alegó que lo secuestrado la droga secuestrada en las pesquisas era para consumo personal de los imputados y requirió prisión domiciliaria para cada uno de los detenidos en razón de tener hijos menores a cargo.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 65 años que es investigado como autor de abusos sexuales cometidos en perjuicio de nueve niñas de su entorno familiar, a lo largo de más de dos décadas. Los ilícitos tuvieron lugar en Tostado, ciudad del departamento santafesino 9 de Julio.

La fiscal Shirli Tomasso solicitó la medida cautelar en una audiencia que se desarrolló este miércoles en los tribunales de San Cristóbal, ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta.

Tomasso señaló que "en la audiencia presentamos los elementos probatorios que sustentan la atribución delictiva que realizamos y el magistrado consideró acreditadas tanto la materialidad de los hechos como la posible autoría, con el grado de probabilidad que demanda esta etapa del proceso penal".

Explicó que "la mayoría de los hechos delictivos que le endilgamos al imputado son abusos sexuales cometidos en un lapso de 21 años contra diferentes familiares". Al respecto, indicó que "en todos los casos, las víctimas fueron obligadas a realizar prácticas sexuales durante su infancia", y aclaró que "actualmente, todas son mayores de edad".

En tanto, la fiscal valoró que "aunque el defensor omitió analizar las evidencias de los ilícitos y pidió que se declarara la prescripción de la acción penal en relación a los abusos, el magistrado rechazó su requerimiento".

Tomasso informó que "desde el MPA (Ministerio Público de la Acusación), hicimos referencia a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como a precedentes de las circunscripciones judiciales números 1 y 2 de la provincia en los que se resolvió lo contrario a lo solicitado por el abogado del imputado".

Por otro lado, puntualizó que "para disponer la privación de la libertad del hombre investigado (cuyas iniciales son CSB), el juez contempló que la pena en expectativa es a prisión efectiva y que los riesgos procesales estaban latentes". En tal sentido, precisó que "la preventiva era necesaria para resguardar a las víctimas, quienes están en una situación de especial vulnerabilidad".

La fiscal precisó que "el imputado atentó contra la integridad sexual de nueve integrantes de su familia entre 1989 y 2010", y aseveró que "los ilícitos fueron en una casa en la que él residía, en otras dos viviendas y en las instalaciones de una industria en la que él trabajaba".

"Por el contexto y las características de los abusos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para alterar el libre y progresivo desarrollo sexual de las nueve personas a las que el hombre de 65 años vulneró", subrayó.

Tomasso afirmó que "el imputado también es investigado por la tenencia de material de abuso sexual infantil". Explicitó que "a raíz de un allanamiento realizado en su domicilio, se encontró una computadora de escritorio que contenía 12 videos y 24 fotografías con connotación sexual en los que aparecen niñas, niños y adolescentes".

La justicia dictó este miércoles la prisión preventiva contra Néstor Aguilar Soto por el asesinato de la joven Catalina Gutiérrez, perpetrado el mes pasado en la ciudad de Córdoba.

El fiscal de Instrucción del Distrito 1, Turno 3 perteneciente al Ministerio Público Fiscal de Córdoba, José Mana, firmó el decreto de sentencia, tras considerar que existen indicios de Peligrosidad Procesal, tanto de fuga como entorpecimiento.

Soto está acusado por el homicidio calificado por alevosía y mediando violencia de género en contra de la estudiante de arquitectura e influencer, de 21 años.  

Según la fiscalía, "es clara la posición de superioridad que ejercía Aguilar Soto sobre su víctima, como así también la violencia psicológica y simbólica que aplicó hasta el momento mismo de quitarle la vida a su amiga por despecho".

La relación se dio en un contexto de violencia de género, marcado por una fuerte discriminación hacia ella por su condición de mujer y ubicándose el imputado en una posición superior con respecto a la chica.

El asesinato de la mujer se produjo la noche del 17 de julio de este año, en el departamento del joven en la ciudad de Córdoba, donde Soto estranguló a la chica, luego subió el cuerpo a su auto, un Renault Clio, y lo incendió.

Tres hombres fueron procesados hoy en San Juan con prisión preventiva por el delito de trata de personas, al estar involucrados en la explotación sexual de 21 mujeres en estudios webcam a través de la empresa "Belle Argentina". La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de San Juan, a cargo de Leonardo Rago Gallo, quien también dictó embargos por 10 millones de pesos para dos de los acusados, considerados coautores, y de 3 millones para el tercero, señalado como partícipe necesario.

La resolución judicial siguió la línea solicitada por el fiscal general Francisco Maldonado, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la fiscal Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación reveló que los dos principales implicados eran los propietarios de la empresa y de varias propiedades en la capital sanjuanina, donde habrían acogido y explotado sexualmente a las víctimas.

El tercer involucrado era el encargado de supervisar a las mujeres, de entre 19 y 30 años, mientras realizaban los streamings eróticos. Según las estimaciones del magistrado, la banda habría generado ganancias netas de 141 millones de pesos en dos años, lo que equivale a ingresos mensuales de aproximadamente 6 millones.

Durante los allanamientos en cinco viviendas, las autoridades confiscaron diversos elementos, incluidos monitores, webcams, celulares, preservativos y cocaína, además de otros documentos clave para la causa. La investigación del Ministerio Público de San Juan reveló que los tres hombres captaban a las mujeres mediante anuncios laborales engañosos en redes sociales, dirigidos a aquellas que buscaban "dar un giro en sus vidas".

Las mujeres que cumplían con los requisitos eran entrevistadas por los principales imputados y descubrían que el trabajo consistía en realizar streamings eróticos para usuarios de distintos países, quedándose con el 50% de las ganancias en dólares. Sin embargo, a menudo solo recibían el 20% de lo prometido. Los pagos se realizaban semanal o quincenalmente, mientras que los "clientes" pagaban a través de tokens o criptoactivos mediante billeteras virtuales.

A los imputados se les secuestraron cocaína y marihuana, 1.038.190 pesos, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al fraccionamiento de drogas.

Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Lazzarini, en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó las preventivas es Agustín Nigro. "La Defensa propuso medidas alternativas a la privación de la libertad de las tres personas, pero nos opusimos y el magistrado coincidió en que eran insuficientes para mitigar los riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento", valoró.

El funcionario del MPA sostuvo que "en función de la evidencia que presentamos, se consideraron acreditadas la materialidad de los ilícitos y la participación de cada uno de los imputados", y señaló que "el juez contempló que las penas en expectativa previstas en los delitos atribuidos son de cumplimiento efectivo".

Asimismo, el fiscal planteó que "el entorpecimiento probatorio estaba latente porque una mujer que tiene un pedido de detención vigente aún está prófuga", y agregó que "no se descarta que pueda haber otras personas involucradas en los hechos ilícitos".

A su vez, remarcó que "para ubicar a los imputados, debieron realizarse 11 allanamientos en los barrios Barranquitas y Las Flores". En tal sentido, explicó que "en la audiencia pedimos que no recuperen su libertad para que no tengan la posibilidad de fugarse y evadir el proceso judicial".

Por otro lado, Nigro adelantó que "en los próximos días, requeriremos que sean derribados dos inmuebles en los que, a partir de las tareas investigativas desplegadas en torno a este caso, se detectaron actividades de venta ilegal de drogas".

Cocaína y marihuana

El representante del MPA expuso que "los hombres que quedaron en preventiva fueron detenidos como resultado de operativos policiales que se concretaron el viernes de la semana pasada".

"En una vivienda ubicada en Juan Díaz de Solís al 4.100, se constató que el imputado de 45 años y la mujer que está prófuga tenían 252 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada en 645 envoltorios", detalló Nigro. "Las dosis estaban escondidas en un mismo lugar y su destino era la venta al menudeo", manifestó.

"En la alacena de un departamento localizado en Jesús Misericordioso y Florencio Sánchez, el hombre de iniciales CM además contaba con 12 gramos de clorhidrato de cocaína que pretendía comercializar", afirmó. "La sustancia estupefaciente estaba distribuida en pequeños envoltorios que fueron encontrados junto a una balanza de precisión y billetes de baja denominación", indicó.

Por otra parte, especificó que "en Cochabamba al 4.100, al imputado de 23 años se le secuestraron 176 dosis de clorhidrato de cocaína, por un peso total de 71 gramos, papeles satinados y otros elementos relacionados al negocio ilícito". Al respecto, apuntó que "el sitio había sido acondicionado exclusivamente para la venta al menudeo de estupefacientes".

En tanto, Nigro refirió que "en un inmueble lindero al de calle Cochabamba, el hombre de iniciales JRS tenía en su poder 63 gramos de cannabis sativa destinados a la comercialización". Precisó que "la marihuana estaba dentro de 49 envoltorios", y añadió que "el autor del delito también poseía una balanza, recortes de nylon y papeles de colores similares a los utilizados para distribuir la droga".

"En total, los uniformados que realizaron los allanamientos hallaron 1.038.190 pesos", subrayó Nigro. "Además, se secuestraron 17 teléfonos celulares y dos chips de líneas telefónicas que estaban fuera de los dispositivos", explicitó.

Tras ser detenidas durante un allanamiento el domingo, dictaron prisión preventiva por el lapso de 45 días para dos personas acusadas de causar “Lesiones graves agravadas” a una criatura.

La víctima es una nena de un año y diez meses, quien ingresó el viernes al hospital Masvernat de Concordia, donde permanece internada. De acuerdo con lo constatado por personal médico, tenía golpes varios en la cabeza, quemaduras y una fractura en uno de sus brazos.

La medida restrictiva para ambos implicados fue dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de Mariano Caprarulo, tras el pedido formulado por la fiscal de la causa, Daniela Montagie.

Se trata de la madre de la menor, Luciana Cabrera, y su actual pareja, Exequiel Altamirano, quienes prestaron declaración indagatoria y fueron imputados.

Este jueves 2 de mayo, por la tarde, desde el nosocomio en el que se encuentra internada la menor dieron a conocer detalles sobre su estado de salud, que mejoró luego de que permaneciera al menos 72 horas en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica.

Según informaron en un parte oficial desde el hospital Delicia Concepción Masvernat, la menor “se encuentra evolucionando favorablemente, estable, sin asistencia respiratoria mecánica, evolucionando de sus lesiones abdominales y en cráneo. Inmovilizada con yeso en la fractura de húmero. Lúcida, vigil y alimentándose correctamente”.

Quedaron en prisión preventiva un hombre y una mujer de 46 y 39 años, respectivamente, a los que se investiga por la comercialización de marihuana y por la tenencia ilegítima de armas de fuego en la ciudad de Santa Fe. Se trata de Sevedo Ocampo Mondaque y Silvia Soledad Zeballos. Así lo ordenó este martes el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Urdiales, en una audiencia desarrollada ayer en los tribunales de la capital provincial.

La investigación está a cargo de la fiscal María Laura Urquiza, quien imputó a las dos personas –que son pareja y viven en la misma casa– y luego solicitó las medidas cautelares privativas de la libertad.

"A partir de un acuerdo previo, la Defensa de las personas imputadas no propuso medidas alternativas al requerimiento que hicimos desde el MPA", informó Urquiza. "El juez Urdiales analizó las circunstancias del caso y consideró acreditadas las condiciones necesarias para imponer las preventivas", valoró la funcionaria judicial.

Urquiza indicó que "el hombre y la mujer imputados llevaron a cabo sus conductas delictivas en una vivienda ubicada en el asentamiento Nueva Esperanza, a la vera de la ruta nacional número 168".

Precisó que "en un allanamiento, se les secuestraron cinco cajas que contenían plantas de cannabis, tres balanzas de precisión, casi 225.000 pesos en efectivo y un pistolón calibre 24 cargado y apto para efectuar disparos", y aclaró que "ninguna de las dos personas contaba con la habilitación correspondiente para tener armas de fuego".

Las amenazas a Ángel Di María y su familia ocurrida hace algunas semanas en uno de los accesos exclusivos del barrio privado de Miraflores, ubicado en Funes, cerca de Rosario, continúan siendo materia de investigación.

El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de marzo y los acusados de este acto intimidatorio fueron identificados como Pablo Ezequiel Acotto y Belén Gutiérrez.

A las 14 horas comenzó la audiencia contra ambos. Luego de dos horas la Justicia determinó que los dos continúen con prisión preventiva. Además, se dispuso la apertura de los celulares.

Por su parte, también se conoció que ambos detenidos fueron contratados a cambio de cuatro millones de pesos para realizar las amenazas a la familia de Di María.

Al momento de la detención, Acotto tenía en su posesión dos teléfonos celulares y $11.700 pesos argentinos mientras que, durante el registro de su domicilio, se encontró una pistola calibre 22 Bersa con tres municiones del mismo calibre, un pen drive, otros dos celulares, 13,5 gramos de cocaína, un reloj y una llave de auto.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron: “Una banda satélite de Los Monos, responsable de las amenazas a Di María, fue desarticulada”. Y sobre la autora intelectual, agregaron: “Fue en el marco de una importante investigación que se lleva a cabo en causas vinculadas al tráfico y venta de estupefacientes. Gracias a las escuchas telefónicas, confirmamos que la detenida contrató a Pablo Acotto, detenido el día de ayer, para amenazar al futbolista”.

Por otra parte, informaron que el vínculo era más profundo: “Tamara es líder de una banda narco que comercializaba droga en la localidad de Pérez, Santa Fe, y tendría vinculaciones con “Dylan” Cantero, el líder más joven de la banda de Los Monos”.

Un hombre de 35, cuyas iniciales son H. U., fue detenido acusado de abuso sexual con acceso carnal siendo la víctima la hija de su pareja. El hecho se registró en la localidad de Teodelina y en una audiencia desarrollada en la jornada del miércoles desde el poder judicial definieron la prisión preventiva ordinaria sin plazo.

La fiscal que lleva adelante la investigación es Mayra Vuletic, quien confirmó el hecho a Notife.

La joven es menor de edad y habría sufrido el abuso hace aproximadamente un año. En los últimos meses pudo quebrar la barrera del silencio y contarle a su madre lo padecido. Fue en ese momento que radicaron formalmente la denuncia y se abrió la correspondiente causa judicial.

La víctima declaró en Cámara Gesell al igual que un niño, y finalmente en la jornada del miércoles se llevó adelante la audiencia imputativa y cautelar en donde H. U. fue imputado bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal.