El Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto solicitó una pena de nueve años de prisión efectiva para dos hombres acusados de integrar una banda delictiva que en noviembre de 2022 perpetró un robo millonario en una vivienda de esta ciudad.

Los imputados, Agustín Damián A. y David Sebastián S., son oriundos de la provincia de Buenos Aires y enfrentarán el juicio oral a partir de este martes 16 de diciembre. La acusación es llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, con el acompañamiento de la fiscal adjunta Débora Valentín.

El violento asalto ocurrió el sábado 12 de noviembre de 2022, en una casa ubicada en calle Colón de Venado Tuerto, propiedad de un matrimonio de jubilados. Según la investigación, ese día la pareja salió de su domicilio alrededor de las 16.30 y, al regresar cerca de las 20, notaron las luces encendidas, signos de violencia en las aberturas y la casa completamente revuelta.

Al revisar las habitaciones, la víctima descubrió que habían sido sustraídos 2 millones de pesos en efectivo, 64.000 dólares, 7.000 euros y joyas de alto valor sentimental y económico, entre ellas relojes de oro, cadenas y anillos con iniciales grabadas.

Los delincuentes forzaron una reja, ingresaron por el patio trasero y revolvieron cada ambiente del hogar en busca del botín. Finalmente, encontraron los ahorros de toda una vida escondidos en un hueco de la claraboya del baño.

De acuerdo al relato de la Fiscalía, Damián Agustín A. fue el encargado de la logística. Condujo un vehículo Ford Focus azul con el que la banda se trasladó desde Buenos Aires a Venado Tuerto. Una vez en la ciudad, siguieron a las víctimas cuando salían rumbo a su comercio habitual, y confirmaron que la vivienda quedaba deshabitada.

Luego, Damián Agustín A. dejó a David y a un tercer cómplice aún no identificado a pocas cuadras del domicilio. Ambos saltaron las rejas del frente, subieron al techo y descendieron al patio trasero. Desde allí forzaron una reja y una puerta para ingresar al interior del inmueble.

Mientras los autores materiales del robo saqueaban la vivienda, Damián coordinaba las acciones por teléfono desde una esquina cercana, según surge de los registros de comunicaciones. Tras el golpe, los recogió con el vehículo y los tres huyeron rumbo a Buenos Aires.

El fiscal Raposo imputó a ambos sujetos por el delito de "robo calificado por ser cometido en lugar poblado y en banda, con escalamiento y efracción", y solicitó nueve años de prisión efectiva para cada uno.

El juicio oral comenzará este martes 16 de diciembre y será clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados y el posible avance en la identificación del tercer integrante de la banda.

La Justicia condenó a 10 años de prisión a Marina Jiménez, fundadora y directora del Ballet Salta, por abusar sexualmente de su nieto desde los 10 hasta los 17 años.

La sentencia fue confirmada por su hijo Aníbal Jiménez, señala El Tribuno, quien actuó como denunciante en la causa. En declaraciones posteriores a conocerse el fallo, expresó: “Se hizo justicia”.

Emanuel, la víctima, dio su testimonio en 2022 acompañado de sus padres y su hermano. Hoy tiene 31 años y recuerda lo difícil que fue para él contar que fue víctima de abuso: “Es muy doloroso, me costó mucho poder hablarlo, sentí mucha vergüenza por mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo”, contó a TN.

Con la primera persona que lo pudo hablar fue con un amigo, en el 2021. “Trabajo y lo sigo trabajando con mi terapeuta. Es algo que voy a llevar por siempre”, añadió.

Sobre los episodios que denunció en la Justicia, recordó: “Fue muy fuerte. Ella empezó con manoseos y lo naturalicé por mucho tiempo. Me decía que no lo tenía que contar porque íbamos a tener un problema”.

Aníbal Jiménez, hijo de Marina Jiménez, de 73 años, acompañó a su hijo en todo el proceso y también en el dolor. “Mi papá está destruido”, señaló Emanuel.

Finalmente, el joven de 31 años quiso dejar un mensaje para todos aquellos que atravesaron por lo mismo, pero que aún no lo contaron ni denunciaron. “Que hablen, sé que es muy difícil y muchas veces no están acompañados por las familias”.

Sobre la sentencia -que establece una pena de 10 años de prisión- aún resta que la Justicia determine si será de cumplimiento efectivo o bajo arresto domiciliario, decisión que suele tomar en cuenta la edad y el estado de salud de la persona condenada, consignó El Tribuno.

La defensa del profesor de educación física Juan Francisco Trigatti, condenado por abuso sexual infantil, intentará que la Cámara de Apelaciones revoque el fallo lo dejó en prisión preventiva. La audiencia ya fue agendada.

El docente permanece tras las rejas desde el 1 de noviembre, por orden de los jueces Lisandro Aguirre, Pablo Spekuljak y Sergio Carraro, quienes al momento de resolver tuvieron en cuenta que la Alzada había confirmado la condena a 12 años de prisión impuesta a Tigatti por haber abusado de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá.

El tribunal de segunda instancia que revisará la decisión estará conformado por los jueces Oscar Burtnik, Sergio Alvira y Matías Drivet. El primero es el único de los diez jueces de la primera circunscripción judicial (Santa Fe) que aún no actuó en la causa, razón por la cual intervendrán los camaristas de Rafaela

La audiencia fue fijada para el jueves 11 de diciembre a las 8.45, y se realizará en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los jueces que ordenaron la prisión de Trigatti resolvieron de forma unánime. Además, embargó al docente por 50 millones de pesos. La cautelar fue solicitada por los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, y la querellante Carolina Walker Torres.

El abogado Marcos Barceló, quien está a cargo de la defensa del docente desde la denuncia radicada en 2021, había pedido que se mantuviera la libertad con restricciones en la que Trigatti pasó la mayor parte del proceso judicial. Tras el fallo adverso, decidió apelar.

En el recurso que presentó, Barceló cuestionó al tribunal de primera instancia y sostuvo que éste convirtió la cautelar en una medida de cumplimiento de una condena que no está firme. En esa línea, solicitará que se revoque la prisión preventiva, disponiendo la inmediata libertad de su cliente, y que se deje sin efecto el embargo.

Trigatti fue condenado como autor de "abuso sexual gravemente ultrajante" en perjuicio de cuatro niñas y "abuso sexual simple" en perjuicio de una quinta alumna, agravados por tratarse del encargado de la educación de las menores.

La investigación comenzó en 2021 y llegó a juicio el año pasado. El docente fue absuelto por los jueces de primera instancia Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres. Dicha resolución hizo referencias a la existencia de "inoculación" del relato de las víctimas y la ocurrencia de una "histeria colectiva" entre los familiares de las mismas.

Los seis camaristas -primero Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus; luego Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri- que analizaron el caso en instancias superiores criticaron la aplicación de dicho razonamiento, calificándola los últimos como la "clara exposición de un estereotipo que busca responsabilizar a las víctimas por lo sucedido".

En el fallo confirmatorio de la condena, la Alzada señaló la "contundencia y abundancia de las pruebas" para corroborar los abusos, y sostuvo que la evaluación de las declaraciones de las víctimas se realizó de forma conglobada con el conjunto de pruebas producidas en el debate, con la necesaria aplicación de la perspectiva de vulnerabilidad, género y niñez.

Un kinesiólogo fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión e inhabilitado a ejercer la profesión de manera perpetua por abusar sexualmente de tres pacientes.

La jueza Claudia Greco, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 4 de La Plata, consideró acreditados tres hechos de abuso sexual simple cometidos por Matías Adrián Blanco entre marzo de 2019 y abril de 2021.

Según consta en el fallo, las víctimas presentaron “relatos creíbles y verosímiles”, calificados por la propia magistrada como “ricos en detalles, coherentes y sin contradicciones” durante sus declaraciones orales.

La jueza también remarcó que ninguna de las mujeres tenía relación previa entre sí, descartando que existiera algún motivo detrás como el odio, la venganza o el interés económico que pudiera impulsar denuncias falsas.

Los hechos fueron fortalecidos por las declaraciones de familiares y amigos, quienes evidenciaron cambios notorios en el comportamiento de las víctimas después de los hechos denunciados.

Los informes psicológicos, elaborados por peritos oficiales y de parte, concluyeron que las tres víctimas no presentaban indicadores de invención ni trastornos que afectaran la percepción de la realidad, y atribuyeron el daño sufrido a cuadros compatibles con trauma por abuso sexual.

Durante el juicio se pudo comprobar que existió un patrón de conducta reiterado: para el tribunal, el condenado utilizó de forma sistemática su rol de profesional para generar confianza, aislar a las pacientes en el box y realizar maniobras con abusos. Luego se comportaba con normalidad.

Durante la audiencia, Blanco negó todas las acusaciones. Representado por su defensor, sostuvo como argumento que era imposible que los hechos hayan sucedido, debido a la distribución física del consultorio.

Según sus dichos, siempre había circulación de otros pacientes y personal. De esta manera, alegó que los “roces” pudieron producirse en el contexto de maniobras profesionales y fueron malinterpretados por las denunciantes.

La defensa presentó como testigos a otros pacientes, colegas y a su secretaria, quienes dieron cuenta de la reputación profesional del acusado y afirmaron no haber presenciado ni escuchado situaciones irregulares.

Sin embargo, la jueza aclaró que el buen concepto que puedan tener de él los testigos refuerza una imagen profesional, pero no resulta suficiente para desvirtuar la prueba de cargo producida por la acusación.

Al analizar las circunstancias agravantes, la jueza hizo especial énfasis en el “abuso de confianza propio de la relación de salud”, la cantidad de víctimas, la corta edad de una de ellas (18 años al momento de los hechos) y el comprobado daño psicológico sufrido por las tres mujeres, diagnóstico que quedó reflejado en los informes periciales presentados durante el debate.

Pese a que la fiscal Victoria Huergo solicitó la inmediata detención de Blanco, Greco decidió que el acusado permanezca en libertad hasta que la condena quede firme.

En este punto, alegó que Blanco siempre compareció al proceso, posee domicilio estable y arraigo en la comunidad de Cañuelas. Aun así, de confirmarse la sentencia en instancias superiores, deberá cumplir la pena de prisión efectiva.

En cuanto a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la kinesiología, la magistrada hizo lugar a los pedidos de la Fiscalía y de las querellas, considerando la utilización de la profesión como medio para abordar y cometer los delitos.

Fue confirmada la condena impuesta al profesor de educación física Juan Francisco Trigatti por haber abusado sexualmente de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá, ubicado en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.

El docente fue juzgado y absuelto en primera instancia, y condenado por la Cámara de Apelaciones.

 Su defensa realizó una apelación horizontal, y este viernes el tribunal integrado por los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri decidió confirmar la condena a 12 años de prisión.

La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio de prisión para un hombre identificado como Marcelo, acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante casi diez años en Villa Cañás.

Según consta en la acusación, el imputado se habría aprovechado de la convivencia con la menor para someterla sexualmente de forma reiterada. Los hechos comenzaron cuando la niña tenía tan solo 8 años y se prolongaron hasta que, ya adolescente, pudo abandonar el domicilio que compartían en diciembre de 2024.

Detalles de los delitos imputados

La fiscal Cavallero describió que el acusado habría cometido múltiples abusos de carácter sexual: tocamientos en partes íntimas, acceso carnal y obligarla a realizar distintas prácticas. Todo esto ocurrió en reiteradas oportunidades y durante un período extenso, lo que agrava la imputación.

La denuncia fue radicada por la joven en enero de 2025, apenas semanas después de haberse ido de la vivienda. A partir de allí, se inició una investigación que derivó en la detención de Marcelo en febrero. Desde entonces, permanece con prisión preventiva ordinaria.

Rechazo al pedido de prisión domiciliaria

Durante una audiencia celebrada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, la defensa del imputado, a cargo del abogado Mauro Blanco, solicitó que se le conceda el arresto domiciliario por supuestos problemas de salud.

Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a este pedido, y el juez Mauricio Clavero terminó rechazándolo. En su resolución, el magistrado sostuvo que el acusado puede continuar con el tratamiento médico pertinente bajo la atención del servicio penitenciario.

Camino al juicio oral

Días atrás, la fiscal Cavallero presentó la acusación formal contra Marcelo y solicitó una pena de 18 años y medio de prisión. La audiencia preliminar fue programada para el próximo 26 de noviembre, paso necesario antes del inicio del juicio oral y público.

De avanzar el proceso, el caso podría convertirse en un nuevo ejemplo de la creciente visibilización de delitos sexuales en contextos familiares, especialmente cuando las víctimas logran romper el silencio tras años de padecimientos.

Condenaron a Francisco Mario Sánchez por haber atropellado y asesinado al joven Luciano Nicola la mañana del 25 de diciembre de 2020 sobre la ruta nacional 168, a la salida de una fiesta.

El veredicto fue dado a conocer este lunes por la mañana por el juez penal Lisandro Aguirre, quien halló a Sánchez responsable de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por darse a la fuga y no intentar socorrer a la víctima".

El magistrado impuso una pena de 3 años de prisión en suspenso para el condenado y una inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el plazo de 6 años. Además, Sánchez deberá realizar tareas comunitarias vinculadas a la educación y prevención vial por un total de 150 horas, y cumplir con las reglas de conducta establecidas.

El condenado contó con la representación de los abogados Martín Montegrosso y Mariano Herrera, quienes habían solicitado su absolución.

El choque que provocó la muerte de Luciano ocurrió la mañana del 25 de diciembre de 2020. Esa madrugada, la policía desarticuló varias fiestas “clandestinas” que se realizaban en casas quintas de Colastiné Sur y alrededores, debido a que las reuniones multitudinarias estaban prohibidas por la pandemia de coronavirus.

Luciano había ido a una fiesta junto a su novia y tres amigos. Salieron de la ciudad de Santa Fe en un transporte, pero cuando el evento fue suspendido no tenían cómo regresar. Por eso, como tantos otros jóvenes, comenzaron a caminar a la vera de la ruta.

Lo mismo sucedió en la fiesta en la que se encontraba el acusado, Sánchez, quien estaba usando el auto de su madre. Alrededor de las 5.45, mientras circulaba camino a Santa Fe, chocó a Nicola.

Testigos, tanto allegados a la víctima como al acusado, dijeron que había mucha gente caminando a la vera de la ruta. A esto se suma que Sánchez manejaba a alrededor de 100 kilómetros por hora y, según los análisis de sangre, estaba alcoholizado.

La causa llegó a juicio impulsada por la familia de Luciano, que se constituyó como querellante y contó con la representación de los abogados Juan José Patiño, Martín Scurato y Sergio Fabbro. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) desestimó la investigación, pero la querella privada acusó, llegó a juicio y logró probar que lo que ocurrió fue un homicidio culposo.

“Es una condena a medias, pero bueno, algo logramos”, comentó Rodrigo, el papá de Luciano, “es muy difícil ir contra todo un equipo de fiscales que está en contra, contra gente poderosa, contra los hijos del poder, que tienen plata. Tuvieron el abogado desde el primer momento. Nosotros tuvimos apoyo legal quince o veinte días después”.

“Los fiscales actuaron de una manera realmente horrible, porque nunca estuvieron de nuestro lado. Nosotros pedimos pruebas que nunca las hicieron”, aseguró.

"Yo pienso que las cosas tienen que empezar a cambiar. Conducir un vehículo que pesa mil, dos mil kilogramos, imprudentemente.. el auto bien usado es un vehículo para transportarse y mal usado, bajo los efectos del alcohol y por gente imprudente, es un arma”, sentenció.

“Hay cosas que yo siempre le dije a Francisco Mario Sánchez, hubiese sido distinto si él se hubiese bajado y hubiese intentado auxiliar a mi hijo”, dijo Rodrigo. “Él es un cobarde y no es gente valiosa para la sociedad. Tendría que estar detenido”, cuestionó.

“Luciano descansa en paz, se conoce la verdad de que a Luciano lo mataron”, señaló el Dr. Patiño tras la lectura del veredicto. “Sánchez venía alcoholizado, a una velocidad que no era la apropiada para el momento” cuando atropelló al joven de 19 años.

“La fiscalía, en esos momentos iniciales de investigación, tuvo en cuenta otros elementos que, por lo que se vio, no eran los correctos”, explicó el abogado.

Respecto a la condena, “entendemos que para la pena que se pidió, seis años de cumplimiento efectivo, están todos los agravantes. Incluso se reconoció el agravante de que se fugó”, por lo que aguardarán a conocer los fundamentos para definir “si apelamos o no”.

“Ante el tribunal se trajo no solamente lo que ocurrió en el momento del hecho, sino posteriormente, que fueron con todas estas diligencias a los fines de extraerle sangre” para determinar si Sánchez estaba bajo los efectos del alcohol y las pericias que determinaron a qué velocidad circulaba.

“Con respecto de los homicidios en ocasión de la conducción, hay un proyecto de reforma, pero lo más trascendente para Santa Fe es que esta conversión -en querella privada-, estos particulares, la víctima, pudo llevar adelante esta persecución penal. Es un antecedente, creo que el único”, aseguró Patiño.

Este martes 28 de octubre se llevó a cabo la audiencia de cesura en el juicio por jurados contra Pedro David Medina, quien fue hallado culpable del crimen de Norma Alegre, cometido en mayo de 2024, en Concordia.

Medina fue declarado por el jurado autor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causa y robo por escalamiento, en una investigación que llevó adelante la fiscal Julio Rivoira.

Durante la instancia, la fiscal y el abogado querellante, Carlos Conti, solicitaron la pena de prisión perpetua, mientras que el defensor Carlos Medina pidió una condena de 25 años de prisión para su defendido.

Tras escuchar a las partes, el vocal del Tribunal de Concordia, Dr. Germán Dri, fijó para el próximo 5 de noviembre la audiencia en la que dará a conocer la pena que recaerá sobre el acusado.

El joven fue acusado del brutal asesinato de Norma Alegre, ocurrido en mayo de 2024 en la esquina de Misiones y Liniers, del barrio Nebel. También se le atribuye haber prendido fuego la vivienda para ocultar el crimen y haber provocado graves heridas al padre de la víctima, un hombre de 97 años que logró sobrevivir tras ser rescatado por los bomberos.

El crimen se registró alrededor de las 7.30 de la mañana del martes 7 de mayo, cuando Norma Alegre, de 65 años, fue asesinada de al menos ocho puñaladas. Según la investigación, Medina ingresó a la vivienda tras escalar un impedimento físico con la intención de robar, y luego de cometer el homicidio prendió fuego la casa en un intento por borrar evidencias, sin advertir que en el interior se encontraba el padre de la víctima.

El hombre mayor fue rescatado en grave estado, con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo, y trasladado de inmediato al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva durante varias semanas.

La Justicia impuso penas de 23 años de prisión para Mariano Alberto Caridad (23) y Agustín Nicolás Coria (24), considerados coautores de la ejecución a mano armada de Gastón Nazareno Copes (25), ocurrida la mañana del domingo 23 de octubre de 2022, en la ciudad de Santo Tomé.

“En nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal, por unanimidad, resuelve: condenar a Caridad Alberto Mariano y Coria Agustín Nicolás, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a cumplir la pena de 23 años de prisión”.

El veredicto fue leído este lunes por la presidenta del tribunal de juicio oral, la jueza Susana Luna, en voto unánime con sus pares, los Dres. Pablo Busaniche y Pablo Ruiz Staiger, este último por videoconferencia.

Los imputados Coria y Caridad, que presenciaron el juicio en la sala durante toda la semana pasada, estuvieron presentes en forma remota desde su lugar de detención, para la lectura del veredicto.

La imposición de la dura condena contra los agresores motivaron un sentido abrazo entre los familiares de Copes, con su madre a la cabeza, como querellante durante el proceso. Representada por el abogado particular, Martín Peón, habían solicitado 25 años de prisión para la dupla de agresores, no obstante se mostraron conformes con el fallo final.

“Es una condena ejemplar, se ha hecho justicia”, destacó el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Estanislao Giavedoni, junto con su colega de la Unidad de Delitos Complejos, Laura Urquiza.

Los representantes del MPA habían solicitado 23 años para Caridad y Coria por considerar que fue “una situación muy grave, ante una víctima que no tuvo posibilidad de defenderse, a la que apartaron del grupo de gente en la que estaba, e hicieron correr peligro a un montón de personas”.

El Dr. Giavedoni remarcó que “al momento de mensurar el monto de la pena” debe tenerse en cuenta que “el tipo penal seleccionado tiene una pena que va desde los 10 años y 8 meses a los 33 años de prisión y el monto de pena que nosotros pedimos está ubicado dentro del segundo tercio de esa escala penal en la parte máxima”. Por eso “creemos que es una buena interpretación de parte del tribunal”.

En cuanto a las defensas de los condenados, a cargo de los abogados Raúl Sartori -por Caridad-, y Elsa Tracy Dunigan y Raúl Sánchez Lecumberri -por Coria-, habían propuesto penas de 15 años para sus pupilos.

A propósito de ello, la Fiscalía recordó que en la primera jornada del juicio -audiencia de cesura- las partes acordaron “tener por probados los hechos”, con lo cuál el debate giró en torno al monto de la pena únicamente.

“Esto en base a que había muy buena calidad de prueba obtenida. Además de las cámaras (públicas y privadas), teníamos testigos presenciales que logran reconocer a los acusados”, explicó el Dr. Giavedoni. “Es decir, una seguidilla de información que daba muy buena calidad de prueba para tener por acreditado el hecho y la participación de los acusados en el hecho”.

El juicio oral y público por el crimen de Copes comenzó el lunes 20 de octubre pasado y se extendió durante la jornada del miércoles, cuando se exhibieron los videos de las cámaras de seguridad del 911 y privadas y se tomaron declaraciones testimoniales. El viernes fueron los alegatos de clausura, que fueron la antesala de este veredicto.

A diferencia de otros homicidios ocurridos en la jurisdicción, el de Copes tuvo la particularidad de que varias cámaras registraron la cruenta ejecución, lo que permitió ver con claridad la crudeza del ataque por parte del tribunal.

Copes había ido a bailar con amigos a la ciudad de Esperanza, donde mantuvo una pelea con otros jóvenes de Santo Tomé. Al regresar a su ciudad, estacionó el auto VW Passat que conducía delante de la heladería Veneto que está en Las Cinco Esquinas y los ocupantes descendieron del vehículo.

Instantes después, una cámara detecta un Chevrolet Cruze que pasa por la Avenida 27 de Marzo en dirección oeste-este y al ver el auto de Copes gira en “U” y se estaciona detrás. Luego, descienden los dos ocupantes, con un arma cada uno y tras separarlo del grupo comienzan a gatillarle a corta distancia.

sperados. Tras la estampida, los agresores sacaron las patentes del auto en el que circulaban y escaparon del lugar. Gastón Copes fue trasladado al hospital Cullen de Santa Fe, donde permaneció internado hasta su fallecimiento, el 5 de noviembre de 2022.

Caridad fue detenido el mismo domingo de la ejecución y Coria se entregó en fiscalía días más tarde. Desde entonces, ambos permanecían en prisión preventiva aguardando el juicio por el que ahora deberán cumplir condena.

El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó este martes a la prisión de La Santé, en París, para comenzar a cumplir una condena de cinco años de cárcel, dictada por el Tribunal Penal de la capital francesa el pasado 25 de septiembre.

El dirigente conservador, de 70 años, fue declarado culpable de haber participado en una conspiración criminal vinculada con la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi. La justicia francesa determinó que existieron movimientos financieros irregulares y contactos políticos encubiertos que vulneraron la legislación sobre financiamiento electoral.

Antes de presentarse en prisión, Sarkozy calificó el fallo como un “escándalo judicial”, y aseguró en la red social X que “no es un expresidente quien está encarcelado, sino un hombre inocente”. Su abogado, Christophe Ingrain, confirmó que presentaron un pedido de liberación, aunque la ejecución de la pena fue ordenada de manera inmediata.

Los magistrados fundamentaron su decisión en la “excepcional gravedad” de los hechos, argumentando que el caso atenta contra la integridad del sistema democrático y pone en cuestión la independencia del Poder Judicial. La sentencia marca un hecho sin precedentes: Sarkozy es el primer expresidente francés en cumplir prisión efectiva en la historia moderna del país.

La investigación sobre la presunta financiación libia lleva más de una década y expuso una compleja red de corrupción, tráfico de influencias y desvío de fondos públicos, un entramado que sacudió a las más altas esferas políticas de Francia y dejó en evidencia los riesgos de la connivencia entre poder político y dinero extranjero.

Un joven de 25 años fue condenado a seis años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de una adolescente de 13 años en Venado Tuerto, luego de contactarla por redes sociales. El hecho ocurrió en enero de 2023 y fue denunciado dos meses después por la propia víctima.

El sentenciado fue identificado como Briant Ezequiel Valdez Machuca, oriundo de Goya (Corrientes), quien trabajaba como changarín y residía en una pensión ubicada detrás de una verdulería, en la zona oeste de la ciudad.

De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Fiscal Mayra Vuletic, Valdez Machuca se contactó con la menor a través de Instagram, mintiéndole sobre su edad (le dijo que tenía 22 años). La citó en su habitación alquilada, donde ocurrieron los hechos.

Según el relato de la víctima, que fue clave en la causa, al llegar al lugar el hombre la hizo sentarse en la cama y comenzó a tocarla sin su consentimiento. Pese a sus intentos por resistirse, la abusó sexualmente y luego intentó minimizar lo ocurrido asegurando que era estéril. Días más tarde, al no obtener respuesta del acusado por WhatsApp, la adolescente decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde otras jóvenes relataron haber sido acosadas por el mismo individuo.

La denuncia fue radicada el 11 de marzo de 2023 a través del sistema online "Iris", y tras la recolección de pruebas, se ordenó su detención, efectuada el 13 de agosto de 2024 en la ciudad de La Paz, Entre Ríos.

En el marco de la causa judicial, las partes acordaron un procedimiento abreviado. La defensa estuvo a cargo de la Defensora, Silvia Couselo.

La calificación legal fue la de grooming y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real.

El tribunal consideró como atenuantes la juventud del acusado, su arrepentimiento y la admisión de responsabilidad, pero valoró la gravedad del delito y el daño causado a la víctima. Por lo tanto, se dictó una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, además de las accesorias legales y costas del proceso.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de redes sociales por parte de adultos para contactar a menores con fines abusivos. La figura del grooming —captación de menores a través de medios digitales con fines sexuales— es una modalidad que crece preocupantemente en nuestro país.

De las tres personas presas por haber cometido una entradera y herido a una vecina de barrio Fomento 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe, una de ellas reconoció haber participado del violento hecho.

Este viernes, Gisela Natalia Fessia firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó ser condenada como coautora de “robo agravado por provocar lesiones dolosas graves” en la víctima. El escrito supone el cumplimiento de 5 años de prisión.

La fiscal Lucila Nuzzo y el defensor particular Iván Leguiza presentaron el acuerdo ante el juez penal Pablo Busaniche, quien admitió el procedimiento y resolverá en el plazo de ley. Mientras tanto, Fessia continuará en prisión preventiva, bajo la modalidad domiciliaria.

La investigación de la entradera, ocurrida el 21 de julio, identificó a tres personas como las principales sospechosas. Además de Fessia, fueron imputados Damián Armando Flores y Sofía Ramírez. Él como coautor del robo; ella por el delito de encubrimiento, ya que intentó vender los objetos robados.

La fiscalía señaló a Fessia como quien contactó a la víctima y luego ingresó a la vivienda a perpetrar el robo, mientras su cómplice reducía a la mujer. Fue la propia víctima quien reconoció a la ladrona mediante una fotografía publicada en redes sociales.

A Flores le atribuyeron haber golpeado a la mujer durante el robo. Ramírez es su pareja, y dieron con ella cuando intentó vender los elementos robados.

La entradera ocurrió el lunes 21 de julio, alrededor de las 19, en una casa de calle 1 de Mayo al 4900. Ese día, Fessia arribó al lugar tras contactar a la dueña de casa, quien había publicado ropa a la venta en el Marketplace de Facebook.

Aprovechándose de la confianza de la víctima, cuando la puerta se abrió la “compradora” la empujó e ingresó violentamente a la vivienda, permitiendo también que entrara Flores.

Él redujo a la víctima a golpes, para luego maniatarla con una cinta de embalar y también cubrir su boca, evitando así que gritara para pedir auxilio. Mientras, su cómplice se metía en todas las habitaciones del domicilio, recolectando el botín. Se llevaron $150.000, relojes, varias cadenas de plata y oro, dijes y dos perfumes importados.

Cuando los ladrones se dieron a la fuga, dejaron a la víctima herida y maniatada en el interior de su hogar. La mujer sufrió una serie de contusiones en cabeza, rostro, torso, brazos y en la pierna izquierda, además de fisuras en dos dedos y la perforación del tímpano de su oído izquierdo.

Un tribunal federal de Nueva York sentenció a 25 años de cárcel a Sandy Carazas-Pinez, una maestra de 36 años, por abusar sexualmente de un alumno de 16 años en una escuela para chicos con necesidades especiales. La resolución, dictada el viernes por el juez John P. Cronan, incluye además cinco años de libertad supervisada tras cumplir la condena.

La fiscalía reveló que la mujer convencía al menor para que abandonara la escuela con permisos especiales y se encontrara con ella en distintos puntos de Bronx, Yonkers y Staten Island, donde mantenían encuentros sexuales en el interior de su vehículo. Además, le enviaba fotos y mensajes subidos de tono, exigiéndole luego que los eliminara.

En uno de los mensajes recuperados por las autoridades, Carazas-Pinez escribió: “Sé que para mí no va a ser fácil, voy a extrañar tus besos, abrazos y todo”, en una conversación donde debatían si debían poner fin a la relación. La Justicia calificó los encuentros sexuales como “regalos” según los términos usados por la docente para manipular al menor.

El fiscal federal Jay Clayton no escatimó en críticas: “La explotación sexual por parte de docentes es un delito que repugna a la sociedad. Carazas-Pinez abusó de su posición de autoridad para coaccionar a un menor de 16 años y mantener una relación sexual. Este tipo de conductas, especialmente de alguien en quien se confía, no tienen lugar en nuestra comunidad”.

La condena busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de los delitos cometidos por quienes abusan de su posición de poder, especialmente en entornos educativos. El caso sigue generando conmoción en Nueva York y refuerza la necesidad de proteger a los menores en espacios escolares.

La Justicia condenó a prisión perpetua a Carlos Costa, el hermano del defensor de Boca Ayrton Costa, por el femicidio de su exnovia Agustina Belén Aguilar, de 21 años.

Costa había sido imputado por “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”.

El miércoles 11 de octubre de 2023 la policía lo detuvo en su casa de Bernal, donde ya cumplía arresto domiciliario por una causa por robo y secuestro. Al momento de la detención, los policías descubrieron que tenía rasguños en el cuello, compatibles con heridas de defensa y las manos lesionadas.

La víctima

Agustina Belén Aguilar tenía 21 años y era madre de dos nenes, ambos hijos de Carlos Costa. De acuerdo a las pericias, la víctima recibió una golpiza en el interior de la casa de dos plantas en la que convivía con el acusado el domingo 8 de octubre.

Por aquel entonces, los testigos declararon que la pareja tuvo una discusión que derivó en una escena de brutal violencia por parte de Carlos Costa. Ambos estaban en la planta alta de la vivienda, mientras que en la parte de abajo se encontraba el resto de la familia del acusado, entre ellos el jugador de Boca Ayton Costa, que fue señalado por Jorge Aguilar, padre de la mujer asesinada.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue sentenciado hoy a cinco años de cárcel con un período de prisión aplazado tras ser hallado culpable de conspiración criminal por la supuesta financiación libia de su campaña presidencial en 2007, según informaciones del canal francés BFM TV.

La corte también multó a Sarkozy con 100.000 euros (117.000 dólares) y le inhabilitó para un cargo público o concurrir a las elecciones durante cinco años.

Sarkozy insistió en su inocencia y prometió apelar el veredicto, informa un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Dos de sus aliados más estrechos, el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Gueant, junto con el exministro Brice Hortefeu, fueron condenados a seis y dos años de cárcel, respectivamente.

Según los medios franceses, la corte condenó a Sarkozy por asociación criminal, pero le absolvió de corrupción y financiación ilegal de la campaña.

El caso se remonta a 2012, cuando la web de investigación Mediapart publicó un documento acusando que el régimen del entonces líder libio, Muammar Gaddafi, acordó contribuir a financiar la campaña presidencial de Sarkozy en 2007.

Los fiscales franceses abrieron una investigación formal el año siguiente por presunta corrupción y financiación ilegal de la campaña vinculada a Libia.

Dado que la pena conlleva una ejecución provisional, Nicolas Sarkozy debería ser encarcelado en el plazo de un mes, informó este jueves el sitio RFI.

El ex mandatario conservador de 70 años reiteró que es “inocente” y anunció que recurrirá la condena, que consideró de “extrema gravedad para el Estado de derecho”.

“Dormiré en prisión con la cabeza alta”, aseguró y anunció que recurrirá la condena, un recurso no le librará de la cárcel, según el medio francés.

Un argentino de 63 años que planeaba autodeportarse de Estados Unidos fue detenido el tres de julio en el centro migratorio “Alligator Alcatraz” de Florida, informaron fuentes diplomáticas. Se trata de Fernando Artese, quien vivía en ese estado junto a su esposa e hija.

La embajada argentina en Washington y la italiana (Fernando cuanta con doble nacionalidad) confirmaron la detención de Artese en el centro erigido en los Everglades. Más tarde, la agencia ANSA reportó que lo trasladaron al centro de Krome, también en Florida.

Artese llevaba una década en EE. UU. y planeaba regresar a Argentina con su familia a bordo de un motorhome. Proyectaba documentar el trayecto en su canal de YouTube, Argentinomades, según CNN en Español. El viaje quedó trunco cuando una patrulla detuvo la casa rodante en un control de Jupiter Beach (Florida). Al revisar sus papeles, hallaron su licencia vencida y su estatus migratorio irregular.

“Fue duro tomar la decisión, porque llevamos muchos años y se habían logrado muchas cosas. Pero veíamos que la proyección para la familia era mala”, dijo su esposa, Mónica Riviera, a CNN en Español. Tanto ella como su hija tenían estatus legal con visa de estudiante.

Artese había llegado a EE. UU. desde las Islas Canarias en 2015 con un pasaporte italiano. Había emigrado a España tras la crisis del dos mil uno y vivió una década en Madrid. Allí nació su hija, Carla, antes de que la familia se mudara a las Canarias.

Estatus migratorio

Ingresó como turista a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), permitido a ciudadanos italianos por noventa días. Después de ese plazo, su residencia quedó en situación irregular.

En Florida, montó una empresa de cámaras de seguridad y alarmas con ayuda de su cuñado. Poco después, su esposa e hija se instalaron con una visa de estudios.

El 25 de junio, una patrulla local detuvo al grupo en un puesto de control. “Están buscando gente que puedan ser trabajadores y asocian que pueden ser latinos. Mi hija vio por los espejos cómo se lo llevaban esposado, fue una película de terror”, relató Riviera.

Tras su detención inicial en el condado de Martin, el caso de Artese pasó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Lo enviaron primero a “Alligator Alcatraz” y luego lo derivaron al centro de Krome.

La familia esperaba completar su periplo por América y retornar a su país natal. “Nosotros queríamos irnos y así como queremos hacerlo ahora”, señaló Riviera. Hasta el momento, las embajadas siguen gestionando asistencia consular y buscan resolver su situación migratoria.

A pesar de haber recibido la condena, todavía el fallo no está firme, ya que el actor tiene la instancia de apelación. Además, tampoco iría preso si no comete otro delito durante el tiempo en el que se ejecute el plazo de la sentencia.

La situación que complicó a Halit Ergenç ocurrió en junio de 2013, cuando miles de personas salieron a la calle a protestar por la tala de árboles en el Parque Taksim Gezi de Estambul.

En ese momento, las multitudinarias marchas tuvieron la presencia de decenas de artistas, cantantes y actores que apoyaron el reclamo. Con el correr de los años hubo varias investigaciones de la justicia turca que dictaminaron que la agencia de prensa ID İletişim promovió que sus artistas representados vayan a esas protestas.

El escándalo creció judicialmente hasta el punto que la dueña de esta compañía, Ayşe Barım, fue arrestada y condenada a 30 años. Hay sectores de la prensa turca que aseguran que todo podría ser parte de una persecución política de grupos ligados al presidente Recep Tayyip Erdoğan.

La Fiscalía General de Estambul acusó a Ayşe Barım de ser una de las planificadoras de las protestas del Parque Gezi en 2013. De acuerdo a esta entidad, la profesional de la comunicación ordenó a los artistas afiliados a su empresa a que participen de las marchas entre el 29 de mayo y el 2 de junio de aquel año.

¿Cómo entra el actor conocido como Onur en esta historia? Cuando fueron las primeras audiencias por las distintas investigaciones que hubo se le preguntó a Ergenç, como testigo, si había sido obligado a ir a lo que él respondió que fue por voluntad propia.

En la condena se expusieron presuntas pruebas en contra de ese testimonio y del de otras figuras turcas que también fueron condenadas por lo mismo.

Durante la definición del caso, Ergenç negó que todo fuera como dijo el juez que lo condenó. “Mi declaración como testigo fue tomada y no mentí. (...) Solicito mi absolución porque no se conocieron los elementos legales del delito”, expuso el actor durante la audiencia en la que se lo condenó.

Este martes, Ergenç participó de la entrega de los Premios del Teatro Bedia Muvahhit. Se lo vio sonriente y sin preocucación, pero no se refirió al tema en ningún momento.

Un hombre de 55 años identificado como Daniel Iván Favilla fue condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja en Venado Tuerto. Así fue resuelto por unanimidad por la jueza Mariana Vidal y los jueces y Leandro Martín y Aldo Baravalle en el marco de un juicio oral que finalizó este miércoles a la mediodía en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y también fue la encargada de representar al MPA en el debate.

“Valoramos la decisión del tribunal no sólo porque resolvió condenar al acusado, sino también porque lo hizo por unanimidad, por la misma calificación penal que planteamos en nuestros alegatos y por el mismo monto de pena”, subrayó la fiscal.

En relación con el debate, la funcionaria del MPA sostuvo que “fue complejo y tuvimos que sortear distintos obstáculos, pero lo hicimos y pudimos demostrar que el acusado cometió los ilícitos tal como lo sostuvimos desde el inicio de la investigación”.

Por otra parte, Vuletic destacó que “tras conocer el veredicto, pedimos que se revocara la modalidad domiciliaria de la prisión preventiva que el condenado cumplió durante el proceso judicial”, y valoró que “el tribunal hizo lugar a nuestro requerimiento”.

En tal sentido, explicó que “hasta que el fallo adquiera firmeza, permanecerá detenido en un establecimiento penitenciario como medida cautelar”.

Vuletic indicó que “Favilla llevó a cabo su accionar delictivo en reiteradas oportunidades entre 2017 y 2021”, y agregó que “en aquel momento, la víctima transitaba su escolaridad secundaria”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en una casa en la que convivían el condenado junto con su pareja, la adolescente y sus hermanos menores”.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “Favilla abusaba de la víctima y además la obligaba a ver videos con contenido sexual”. A su vez, la fiscal planteó que “por el contexto intrafamiliar y las características de las vulneraciones, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar y corromper el normal desarrollo psicosexual de la adolescente y le generó un grave daño en la salud mental”.

Por otro lado, Vuletic mencionó que “la víctima pudo develar lo sucedido en 2020 a una amiga”, y agregó que “en 2022, cuando ya era mayor de edad, realizó la denuncia penal en la Fiscalía”.

Favilla fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en cantidad reiteradas de veces, agravado (por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por resultar un grave daño a la salud mental de la misma) y corrupción de menores agravada.

Valentin Giordano, el joven de 19 años que embistió y mató a un matrimonio la noche del 24 de noviembre en la Costanera de la ciudad de Santa Fe, volverá a prisión.

El tribunal de la Cámara de Apelaciones, integrado por el juez Roberto Prieu Mántaras, declaró la nulidad parcial del fallo de primera instancia. En el mismo, la jueza Cecilia Labanca le había concedido la libertad bajo medidas alternativas a Giordano.

El recurso ante la Alzada fue interpuesto por la fiscal al frente de la investigación, Rosana Marcolín, quien entendía que la jueza no dio fundamentos a su decisión.

Familiares de las víctimas se manifestaron este lunes en Plaza 25 de Mayo. Foto: Flavio Raina

De la audiencia participaron familiares de las víctimas, Marcos Arias y Norma López. Su hija, constituida recientemente como querellante, declaró que tanto ella como su hermano de 16 años -quien presenció el hecho- recibieron amenazas, que el chico "no hay noche que no tenga crisis" y que "lo mejor que nos podría pasar dentro de esta situación es que -Giordano- espere la condena en la cárcel".

A su turno, el imputado, quien se mantuvo cabizbajo durante toda la audiencia, sostuvo: "No me va a alcanzar la vida para pedir perdón, nunca pensé que esto podría pasar". Su defensa está en manos de los abogados Agustín Márquez y Esteban Yossen.

Pasada la 1 de la tarde, a más de tres horas desde que inició la audiencia en la Sala 5 de los tribunales santafesinos, el Dr. Prieu Mántaras resolvió declarar parcialmente la nulidad del fallo de la jueza Labanca.

La Alzada dio razón a la fiscalía en torno a que "la decisión de la jueza carece de motivación suficiente, incumpliéndose así con la obligación de fundamentación de las decisiones judiciales", la cual está dispuesta tanto en la Constitución nacional, en la provincial, y en el Código Procesal Penal de Santa Fe.

Prieu Mántaras dispuso la inmediata detención de Giordano. Foto: Flavio Raina

"La sola expresión por parte de la jueza de que las medidas alternativas resultaban suficientes para cautelar debidamente los riesgos procesales resulta en una decisión fácticamente arbitraria, y supone una fundamentación meramente aparente", concluyó el camarista.

"Surge palmaria y evidente la omisión de la jueza de explicitar las razones por las cuales entendía que las alternativas podrían mitigar los riesgos procesales que ella misma estaba declarando", subrayó, "no se requieren desarrollos minuciosos y exhaustivos, pero sí al menos una fundamentación que permita entender por qué la jueza resolvió de la forma en que lo hizo".

Además, en su fallo Labanca "omitió el tratamiento de planteos fiscales que resultaban decisivos para la resolución del conflicto. En particular la conducta asumida por Giordano luego el hecho, y cómo ésta impactaba respecto de las alternativas que concedía".

Respecto a la situación procesal de Giordano, Prieu Mántaras consideró que "corresponde la imposición de la prisión preventiva, por entender que las alternativas propuestas por la defensa no resultan, al menos en este estadío del proceso, suficientes para neutralizar el riesgo procesal de fuga".

Esto, debido a la "flexibilidad de las medidas impuestas, cuya observancia quedaría sólo sujeta a la voluntad" del imputado.

Para el magistrado, no puede esperarse la sujeción a las alternativas por parte de una persona que "habiendo protagonizado semejante conducta, con plena representación de la probabilidad de producción del resultado que a la postre produjo, en lugar de quedarse donde ocurrieron los hechos para asumir las consecuencias de su obrar, intentó escapar".

La pena en expectativa, y el hecho de que esa será de cumplimiento efectivo, sumando a que Giordano "falseó su domicilio, estableciéndolo en Corrientes" y a que "conoce todas las evidencias en su contra", también fueron tenidos en cuenta por la Cámara de Apelaciones a la hora de resolver sobre la cautelar.

El juez dispuso la inmediata detención de Giordano, que fue retirado de la sala de audiencias esposado.

Tras conocer el fallo, la fiscal Marcolín explicó que "el juez entendió exactamente lo mismo que entendimos desde la fiscalía en el momento que salimos de la audiencia -de primera instancia-, no podíamos creer lo que había pasado".

"La jueza nos había dado la razón en todo el panteón de la fiscalía, en cuanto a que se daban todos los requisitos para la imposición de la prisión preventiva, y después de una manera totalmente inesperada varió su fallo y le dio la libertad" a Giordano, recordó.

Esta "es una cuestión constitucional, los fallos tienen que estar fundados y se tiene que explicar el porqué de la decisión", por eso la funcionaria del MPA decidió recurrir la resolución de Labanca.

Respecto a la investigación, aseguró que "continuamos sin pausa", que ya se realizaron diversas pericias y que se pudo establecer que la velocidad del automóvil conducido por Giordano era de 136 kilómetros por hora (en un rango de entre 110 y 162) cuando embistió a las víctimas.

Por el hecho también fue imputado otro hombre, Nicolás L., que habría estado corriendo picadas con Giordano la noche del 24 de noviembre de 2024.

La fiscalía cree que el VW Bora de Giordano y el BMW de Nicolás L. corrían una picada que se dividió en dos tramos: el primero entre calle Calcena -pasando el faro hacia el norte- y el semáforo de Almirante Brown y Salvador del Carril, y el segundo, entre ésta última arteria y el lugar donde se produjo el siniestro, unos 300 metros de distancia, pasando las instalaciones del Lawn Tenis Club.

Distintos análisis de planimetría, cámaras de seguridad cuadro por cuadro y la disposición de los cuerpos luego del impacto, permitieron a Marcolín inferir que el VW Bora viajaba a una velocidad que superaba los 100 km/h en una zona en la que la velocidad permitida es de 60 km/h.

La fiscal señaló durante la audiencia de prisión preventiva que los automóviles de los dos imputados estaban "tocados" para correr carreras. Según un informe técnico, el VW Bora tenía reprogramada la computadora, un escape de alto rendimiento y bajados los amortiguadores. El BMW tenía intervenciones similares.

La fiscalía que investiga a L-Gante por presunta privación ilegítima de la libertad, solicitó que el cantante de cumbia 420 y RKT sea condenado a siete años de prisión por amenazas agravadas y daños.

Durante esta jornada, los fiscales, la querella y la defensa de Elián Valenzuela leyeron sus alegatos en el Tribunal en lo Criminal número tres del partido bonaerense de Mercedes.

Los abogados patrocinantes de Darío Gastón Torres, Pablo Becerra, Leonardo Sigal y Rodrigo Aveldaño, el damnificado que denunció al intérprete, solicitaron ocho años cárcel efectiva al "entender la carencia de antecedentes penales por parte del acusado y sumar los agravantes correspondientes".

En tanto, Luciano Locatelli, defensor de L-Gante, pidió la absolución para su cliente, quien se encuentra imputado por los delitos de "amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado" en perjuicio de Torres y una mujer.  

El fiscal Adrián Landini señaló: "El señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas".

El veredicto se dará a conocer el lunes 28 de octubre a las 12.  

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Bezerra, representante de Torres, consideró que L-Gante será condenado, al tiempo que reveló: "Durante la investigación fuimos amenazados de muerte".  

Las últimas palabras de L-Gante  

El cantante reiteró su inocencia ante el juez Ignacio Racca y consignó que hoy "estaba en la audiencia porque no quiso poner dinero", a la vez que apuntó elogió al fiscal y criticó a los querellantes: "Tienen una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso".

En este sentido, cerró: "No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia".