El Gobierno de Santa Fe detectó en los dos últimos meses un 25% de infracciones al programa de Precios Máximos en 81 fiscalizaciones realizadas en comercios de la provincia, mientras termina el proceso de 140 “sanciones millonarias” labradas el año pasado, informaron hoy fuentes oficiales.

Las subas indebidas registradas llegaron, en algunos casos, al 115% por encima de lo establecido en la normativa de Precios Máximos, informó la Secretaría de Comercio Interior santafesina.

Entre marzo y lo que va de abril, la dependencia provincial realizó 81 fiscalizaciones en los tres niveles de comercios con los que trabajó los acuerdos de precios: cadenas nacionales de supermercados, mayoristas y supermercados locales.

“Estamos terminando un trabajo que iniciamos en marzo y ya queremos cerrarlo, porque con más de 80 inspecciones tenemos al 25% de los comercios con supuestos incumplimientos en los topes de precios que pueden aplicar en la canasta familiar básica”, dijo el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano.

El funcionario puntualizó que “estamos en un momento de complejidad tanto a nivel comercial como de consumo”.

“Las ventas no repuntan –agregó-, los precios no encuentran referencia y necesitamos del esfuerzo y la confluencia en el diálogo de los sectores privados y público, tanto a nivel nacional como provincial”.

Aviano explicó que con los tres niveles comerciales de la provincia “articulamos acuerdos de precios, trabajamos con Billetera Santa Fe (un programa de descuentos del 30% en compras que busca impulsar las ventas locales), pero también monitoreamos juntos los movimientos de precios que se puedan generar”.

En esa línea, dijo que “si necesitamos actuar para corregir, lo hacemos”, y detalló que se registraron un 25% de infracciones por incumplimiento a los acuerdos de precios.

Por su parte, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, detalló que “en 2020 el consumidor fue más activo en el reclamo por precios y abastecimiento”.

“Recibimos más de 9 mil denuncias, con un pico en abril, mayo y junio, lo que nos llevó a realizar más de 1.500 acciones de inspección a lo largo y ancho de la provincia en 43 ciudades y pueblos de Santa Fe”, dijo la funcionaria, según un comunicado del área difundido hoy.

En ese sentido, Albrecht destacó: “Tenemos más de 140 sanciones para aplicar en minoristas, mayoristas y fabricantes, y la mayoría de ellas fueron anticipadas, informadas y con expectativas de que se solucionen en estos meses”.

Por último, manifestó: “Al no ocurrir ello, vamos a disponer las sanciones económicas correspondientes, y en los próximos días serán notificadas”.

La Secretaría de Comercio Interior formalizó la extensión hasta el 15 de mayo próximo de la vigencia del programa Precios Máximos, con los mismos valores y productos alcanzados en la última actualización, a comienzos de febrero de este año.

A través de la resolución 281/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la dependencia que conduce Paula Español prorrogó por 45 días el programa sin cambios en las condiciones, ya que ni se autorizan nuevos aumentos, ni se deslistan productos.

Además, volvió a intimar a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de dicha resolución.

La última actualización del programa se realizó el 4 de febrero, cuando Comercio Interior postergó hasta este miércoles los efectos de la resolución 100/2020, que en marzo del año pasado congeló los precios de 18 categorías de productos para evitar el impacto sobre precios en el marco de la pandemia de coronavirus.

El programa incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las mipymes y establecimientos mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten con salón de ventas

En esa oportunidad se exceptuaron del programa vinos, espumantes, miel y un grupo de productos regionales, estos últimos elaborados principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

También se excluyeron algunos productos lácteos, pastas secas, masas, golosinas, milanesas de soja, azúcares premium y productos sin TACC, entre otros, fabricados por mipymes.

Al fundamentar la medida, la Secretaría señaló que se trataba de productos que “no forman parte de los que tienen relevancia en la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores y usuarios”.

En total, Comercio Interior desafectó productos de Precios Máximos en tres oportunidades, luego de haberlo hecho el 12 de noviembre y el 12 enero último para determinados rubros.

El programa incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las mipymes y establecimientos mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten con salón de ventas.

También rige para todos los distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.

La Secretaría de Comercio Interior y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron operativos conjuntos de control de precios y abastecimiento en supermercados y comercios de proximidad, informó hoy el organismo recaudador.

En un comunicado, la AFIP detalló que “la tarea de los inspectores tiene como fin garantizar el acceso a productos de la canasta familiar y controlar el cumplimiento de la resolución de Precios Máximos”.

Durante el viernes pasado, en que se retomó la acción coordinada, se realizaron 53 inspecciones en el área metropolitana.

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Como resultado de la primera jornada de control, se elaboraron 14 actas por infracciones a la normativa de Precios Máximos y se verificaron algunos faltantes de productos incluidos en el programa Precios Cuidados.

“En el caso de que las infracciones involucren a más de 10 productos, los inspectores tienen la potestad de realizar una clausura preventiva del comercio por 24 horas, durante las cuales los comerciantes deberán corregir los valores de góndola”, explicó la AFIP.

Sin embargo, es la Secretaría de Comercio la autoridad de aplicación para la efectiva aplicación de las sanciones y multas.

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El control conjunto busca que se cumplan de manera efectiva, entre otras, la Ley 20.680 de Abastecimiento, la 24.440 de Defensa del Consumidor y la 22.802 de Lealtad Comercial.

Los operativos conjuntos reiniciados, que comenzaron el 30 de marzo de 2020 ante la falta, por el inicio de la pandemia, de alcohol en gel, guantes y barbijos, continuarán por todo el país.

Durante 2020, se llevaron a cabo unas 3.000 inspecciones conjuntas en industrias, distribuidoras y comercios de diversa magnitud en distintos puntos de todo el país.

La decisión se tomó por medio de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, publicada este viernes en el Boletín Oficial y que entrará en vigencia el domingo próximo.

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de enero de 2021 la vigencia del Programa Precios Máximos, que incluye alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza.

Según lo dispuesto, los productos incluidos “no podrán superar los precios que resulten de aplicar los porcentuales fijados sobre los precios vigentes al 6 de marzo de 2020 para cada producto, conforme las categorías a las que pertenecen”.

El Poder Ejecutivo aclaró que ese plazo podrá ser prorrogado en atención a la evolución de la situación epidemiológica del Coronavirus COVID-19.

Al mismo tiempo, intimó a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos que forman parte del Programa, a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia” de Precios Máximos.

Cuando se inició el Programa, los precios de numerosos artículos de primera necesidad se retrotrajeron a los valores del 6 de marzo último, pero a mediados de julio se autorizaron aumentos de 2% a 5% y a principios de este mes se aplicaron nuevas subas, entre 2% y 6%. Los comercios deberán continuar exhibiendo un listado con los precios de venta de cada uno de los productos alcanzados por este Programa, en el cual deberá consignarse: el precio vigente al 6 de marzo, el precio resultante del incremento establecido por la Disposición N° 13 del 14 de julio y el valor resultante del incremento establecido por la Disposición N° 14 del 7 de octubre.

El titular de la Cámara de Supermercados de Rosario, Sergio López, señaló que ya empezaron a darse aumentos encubiertos en algunos de los productos incluidos en el programa.

El Gobierno se encuentra ultimando detalles en torno a los aumentos autorizados tanto para el programa de Precios Cuidados, como para el Precios Máximos y se espera que los mismos se den a conocer en las próximas horas. En el primero de los casos, se trata de un aumento de entre 4 y el 6%, mientras que para el segundo se espera una actualización cercana al 3%, cifra muy alejada del 18% que piden las industrias alimenticias.

Los representantes de las diversas empresas de alimentos vienen reclamando desde hace semanas al Gobierno la necesidad de incrementar los precios para los 2300 productos que incluye el programa Precios Máximos. Entre sus argumentos se encuentran el encarecimiento en los costos de logística para su traslado y la creciente devaluación que, según sostienen, hizo perder rentabilidad al sector desde que se autorizó el último aumento, en julio pasado.

Días atrás, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, señaló que se encontraban trabajando en dicho pedido y que buscarían generar “un equilibrio entre los requerimientos de los empresarios y la posibilidad de los ingresos de los consumidores”. Pero lo cierto es que la supuesta cifra que manejan está muy lejos de contentar a las industrias y desde los supermercados ya auguran que habrá desabastecimiento de productos.

Ecos365 se comunicó con Sergio Lopez, titular de la Cámara de Supermercados de Rosario, para conocer cuál será el impacto que tendrá el anuncio en el mercado local. Según Lopez, aunque todavía aguardan la confirmación oficial, desde el rubro se maneja la misma información en torno a un aumento del 3% o 3,5% que, apenas se dictamine sobre fines de octubre, deberá ser replicado por los supermercados y mayoristas de la ciudad.

Lopez señaló que los negocios continúan vendiendo productos a precios desactualizados, que son los que quedaron fijados desde julio. Sin embargo, señaló que en la mayoría de los comercios sigue habiendo faltantes de artículos y que el desabastecimiento continuaría de darse el porcentaje de aumento que ya trascendió

“Las industrias ya nos adelantaron que, de darles este porcentaje de aumento, no nos van a entregar mercaderías. Ellas piden una recomposición en torno al 20%, muy alejada de lo que va a haber y alegan que con ese aumento es imposible abastecer al mercado, entonces nos terminan entregando para cumplir con el precio, pero no con las cantidades. Del 100% de una compra nos dan un 20%”, afirmó Lopez.

El referente comercial indicó que otro fenómeno que viene sucediendo por parte de las industrias es que están empezando a aparecer aumentos encubiertos “hay artículos con la misma denominación, pero con la etiqueta o inclusive el código de barra cambiado. De esta forma, las alimenticias logran acceder a un precio diferenciado y más caro. Ejemplo, un aceite al que el cambian el código y le ponen “blem”, un tipo de agregado que según ellos es mejorado y ahí se da el aumento”.

Por último, consideró que de no solucionarse el problema y arribar a un acuerdo, la situación de los supermercados y consumidores empeorará. “Estamos en una encrucijada en donde, a pesar de cumplir con lo que dictamina la secretaría de Comercio Interior, no podemos recibir mercadería, dependemos de lo que vendemos y tenemos faltante en las góndolas, lo cual repercute en nuestras ventas y en las posibilidades de los consumidores de acceder al programa”, concluyó.

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de octubre próximo la vigencia de los precios máximos para 2.300 productos que incluyen alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, cuyos valores deben ser los que regían al 6 de marzo último, en el marco de las medidas para paliar la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

La resolución 854/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada hoy en el Boletín Oficial, extiende los alcances de la resolución 100/2020 de la misma dependencia.

La medida incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas.

Estos deben mantener para 2.300 productos como precios máximos de venta al consumidor final aquellos efectivamente informados por cada comercializadora al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) vigentes al 6 de marzo de 2020.

Lo mismo rige para todos los distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones, que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.

En este caso deben mantener los precios vigentes al 6 de marzo último para venta a consumidores, hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas y supermercados mayoristas.

Además, Comercio Interior intimó a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización “a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”.

Nación habilitó la actualizaciones de entre 2,5 y 4,5 por ciento en los precios de venta de ciertos productos.

Funcionarios de la Secretaría Provincial de Comercio Interior y Servicios perteneciente al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, mantuvieron una videoconferencia junto a cincuenta representantes de los gobiernos municipales y comunales santafesinos. Allí coordinaron acciones para continuar con el control de la aplicación de la Resolución 100 de la Secretaría Nacional de Comercio Interior que establece la obligatoriedad de mantener los precios de venta de bienes esenciales a valores del 6 de marzo, considerando la Disposición 13 publicada el pasado 14 de julio que habilitó aumentos de entre un 2,5 y un 4,5 por ciento, según el rubro.

La directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, Maria Betania Albrecht, afirmó que “a partir del decreto 319 del gobernador Omar Perotti, la Provincia delegó en los municipios y comunas las facultades de control de precios y aplicación de normativas de comercialización y defensa del consumidor. Por eso es muy importante trabajar coordinados en todo el territorio santafesino para ser eficientes en la fiscalización y proteger el bolsillo de los consumidores”.

“Cuando se detecta un aumento que viene del sector mayorista, los gobiernos locales remiten las actuaciones a la Provincia para que podamos escalar en la cadena de comercialización. Es la primera vez que desde Comercio Interior se fiscalizan industrias y proveedores. Se está trabajando con toda la cadena”, agregó la funcionaria.

Según la Disposición 13 publicada por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se habilitan los siguientes márgenes de aumento según rubro: Lácteos y Frescos: 3%; Harinas, fideos, galletitas y panificados: 4%; Limpieza del hogar, Cocina y Bazar: 2,5%; Cuidado personal: 3,5%; Bebidas: 4%; Aceites: 4%; Infusiones: 4,5%; Arroz y legumbres: 4%; Conservas, dulces, endulzantes y encurtidos: 3%; Sopas, caldos, puré, aderezos, condimentos y snacks: 2%; Alimentos Congelados: 2,5%; Alimentos para mascotas: 2%.

Si bien existe una nómina de precios de referencia publicada por Nación, la normativa establece la obligatoriedad de mantener como máximo el precio que cada comercializador tuviera al 6 de marzo de 2020, aceptándose a partir del 14 de julio sólo las actualizaciones antes mencionadas.

Para establecer reclamos por aumentos desmedidos de precios o desabastecimiento de bienes esenciales, sigue disponible la línea del Gobierno de Santa Fe: 0800 555 6768 (opción 3). También pueden radicarse en las 25 oficinas municipales de información al consumidor que existen en la provincia.

La extensión del congelamiento fue muy resistida por la industria alimenticia. Varias empresas líderes habían mandado las nuevas listas con aumentos para julio.

El programa de Precios Máximos será prorrogado por 60 días, es decir, regirá hasta finales de agosto. La decisión de la Secretaría de Comercio, a cargo de Paula Español, se publica este miércoles en el Boletín Oficial. La extensión del congelamiento de precios fue muy resistida por parte de la industria alimenticia, que había mandado listas de aumentos para aplicar en julio y ahora deberá mantener cajoneadas. La novedad de esta prórroga es que la Secretaría de Comercio autorizará subas puntuales en función del análisis de la estructura de costos de las empresas.

Precios Máximos fue lanzado junto con el comienzo de la cuarentena, el 19 de marzo. Tuvo un primer plazo de vigencia de treinta días y se fue extendiendo en la medida en que lo hizo el aislamiento social obligatorio. El congelamiento de precios se prorrogó primero hasta el 20 de mayo y luego hasta el 30 de junio, es decir, hasta este martes. El programa obliga a los supermercados y los grandes mayoristas a vender a precios del 6 de marzo. Por fuera de ese universo, los comercios de barrio y supermercados chinos tienen un margen para aumentar. Si bien allí hay subas, el congelamiento en las grandes cadenas pone un techo a la inflación del rubro.

De cara a un julio muy duro en el área metropolitana de Buenos Aires, a raíz del endurecimiento de la cuarentena y las consecuencias que ello trae en materia de trabajo e ingresos para millones de personas, la secretaría de Comercio, Paula Español, decidió una nueva prórroga de Precios Máximos, esta vez por sesenta días.

Hay tres argumentos principales que usa el gobierno para justificar la extensión del programa. El primero es que hay un fuerte deterioro de las condiciones sociales a causa del derrumbe de la actividad económica y que, en este contexto, es prioritario tomar las medidas necesarias para moderar lo más posible la baja del poder adquisitivo de los hogares. El segundo argumento consiste en que la cuarentena impide a los consumidores circular libremente para comparar precios. Más bien, obliga a comprar lo necesario lo más cerca posible. Esta dinámica se presta a los abusos de precios.

En tercer lugar, las autoridades advierten que el actual nivel de consumo popular se explica en una parte en el propio gasto del Estado, que paga parte de los salarios a través del ATP y transfiere dinero con el IFE. Y que la idea es que esos recursos públicos permitan sostener ingresos de los hogares, no que terminen yendo hacia las empresas.

El congelamiento de los bienes básicos permitió moderar la suba de precios al consumidor. En alimentos y bebidas, la inflación de mayo fue de apenas el 0,7 por ciento mensual y esta tendencia habría continuado en junio.

A pesar de la delicada situación social, las empresas proveedoras y supermercados presentan cada vez más resistencia al congelamiento. “En los últimos días recibimos más de 50 listas de precios de los proveedores con aumentos para aplicar en julio”, indican desde un mayorista. Arcor, Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Aceitera General Deheza (AGD) y las yerbateras son algunas de las empresas que presionaron para que se relaje el congelamiento de precios. Por ahora, el gobierno les anticipó que irá analizando posibles subas en función de la evaluación de los costos.

Los supermercados se quejan que muchos proveedores pueden descargar aumentos de costos sobre los canales tradicionales (comercios de barrio y supermercados chinos) mientras que las grandes cadenas no pueden aumentar porque informan precios directamente a la Secretaría de Comercio. También advierten que las alimenticias quitaron las bonificaciones del estilo “2 por 1”. Hay proveedores que plantean un atraso del 20 por ciento por subas de costos por contratación de empleados eventuales ante las licencias, gastos en transporte, insumos sanitarios y seguridad. Mencionan subas de costos de paritarias y tipo de cambio.

Clausuraron un súper chino por no respetar los precios máximos. Está ubicado en Fisherton. Si retrotrae los valores podrá volver a abrir, pero tendrá que pagar una multa.

Después de comprobar por segunda vez que tenía varios precios muy por encima de los máximos fijados por el gobierno nacional, la provincia y la Municipalidad clausuraron un supermercado chino ubicado en la zona de Fisherton.

El operativo conjunto de la Secretaría de la Producción de la provincia y la Secretaría de Control de la Municipalidad se realizó en un local de Wilde al 500. Allí llegaron por denuncias de los vecinos.

Según explicó Carolina Labayrú, secretaria de Control de la Municipalidad, si el comercio retrotrae esos precios que están por encima de los máximos establecidos podría reabrir hoy mismo.

De lo que no podrá zafar, agregó es de una multa, que puede ir de los 20 mil a los 5 millones de pesos, según la evaluación que realice la Secretaría de Comercio provincial.