Está acusado de integrar una asociación ilícita de juego clandestino en Rosario. Seguirá detenido -al menos- hasta el 13 de abril.

El ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, detenido desde agosto del año pasado acusado de cobrar coimas a un empresario de juego para brindarle protección judicial, seguirá tras las rejas al menos hasta el próximo 13 de abril luego de que ayer se prorrogara la prisión preventiva. Si bien los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada habían pedido extender la medida cautelar 90 días, el juez Carlos Leiva la dictó por 70 días. En ese lapso los fiscales podrían presentar la acusación para llevar a juicio al ex funcionario judicial.

Ponce Asahad está preso desde agosto pasado, cuando el capitalista de juego _tanto legal como clandestino_ Leonardo Peiti denunció que le había pagado entre cuatro y cinco mil dólares por mes a cambio de que el fiscal lo mantuviera a salvo de posibles investigaciones en su contra. La acusación del empresario incluyó al entonces fiscal regional Patricio Serjal, que fue destituido y también se encuentra detenido.

La investigación que puso tras las rejas a los ex fiscales se desprendió de otra que seguía los movimientos de una red que combinaba juego clandestino con extorsiones, un emprendimiento atribuido un sector de Los Monos que entre sus acciones incluyó la fatal balacera contra el casino City Center que le costó la vida a un apostador que había salido a un balcón de fumadores. Esa pesquisa condujo a Peiti y éste, antes de ponerse a disposición de los fiscales, pidió revelar la relación que mantenía con Serjal y Ponce Asahad.

Los dichos de Peiti sobre los pagos que le hacía a Ponce Asahad al menos desde diciembre de 2018 fueron corroborados por los fiscales con evidencia que sirvió para imputar al ex fiscal por cohecho pasivo agravado, transmisión de datos reservados e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que el dinero que cobraba tenía como fin obstaculizar investigaciones sobre casinos clandestinos.

En ese contexto, el avance de la investigación terminó ampliando la imputación contra Ponce Asahad _también contra Serjal_ como miembros de la asociación ilícita que en principio protegían, junto con Serjal, Peiti, el empleado judicial Nelson Ugolini, el ex comisario _ya condenado en proceso abreviado_ Alejandro Torrisi y el recientemente fallecido capitalista de juego de la zona de Rafaela David Perona.

Según la acusación, la asociación ilícita fue creada por Peiti y Serjal para obtener dinero ilícito de casinos clandestinos y apuestas electrónicas en Rosario, Gálvez, Rafaela y Villa Gobernador Galvez. En tanto, el resto de los imputados participaban como integrantes con roles establecidos. Al respecto, se puntualizó que el rol de Ponce Asahad consistió en “haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto aprovechando ese cargo para recibir dinero de Peiti a cambio de transmitirle directa o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que lo pudieran tener como sospechoso o cualquier otro dato referido al juego ilegal”.

En el marco de esta investigación los fiscales llegaron a pedir el desafuero del senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri para poder imputarlo como miembro de la misma asociación ilícita. Sin embargo, el requerimiento no fue aceptado por la Cámara alta santafesina.

El presidente de la Cámara se reunió con los jefes de los distintos espacios políticos. Mañana se reunirá la comisión especial que sigue el caso de la investigación a los ex fiscales.

En forma virtual, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, encabezó durante noventa minutos la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que había convocado el sábado cuando la jueza rosarina Eleonora Verón resolvió enviar a “Legislatura” y a la Corte Suprema de Justicia copia de la declaración del destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad y que involucra a funcionarios de los dos poderes. En la Corte se informó que la copia de la declaración llegó este miércoles en la reanudación de actividades tras el fin de semana largo.

Lifschitz puso a disposición de cada uno de los bloques una copia de la extensa declaración de Ponce Asahad. Se hizo un análisis sobre el cuadro de situación generado a partir de esa declaración y se aclaró que -en principio- la Cámara de Diputados no tiene ningún miembro implicado en esa presentación ante fiscales. Hubo alguna queja -especialmente desde el justicialismo- por la difusión de partes del video de Ponce Asahad durante el fin de semana largo. “La jueza debió haberse ocupado de preservar la grabación” señaló uno de los presentes según supo El Litoral. También hubo pedidos para que se siga remitiendo a la Cámara la información que produce la fiscalía.

Además, la Cámara de Diputados tiene conformada desde agosto la Comisión de Seguimiento e Información de la causa que investiga la participación de los ex fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad en la presunta extorsión y cobro de coimas a personas vinculadas al juego clandestino. Este cuerpo especial que preside el socialista Joaquín Blanco se reunirá nuevamente el viernes, desde las 11, para analizar los últimos sucesos derivados de la declaración de Ponce Asahad. “Acompañaremos los pasos de las investigaciones y aportaremos todos los elementos disponibles para dotar de la mayor transparencia e información sobre el proceso a la ciudadanía”, expresó en Twitter el legislador al confirmar la reunión del viernes. Blanco es secundado en el grupo de trabajo por Mónica Peralta (Gen) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) como vicepresidentes. El radical Juan Cruz Cándido es secretario. También forman de la comisión Lionella Cattalini (PS), Maximiliano Pullaro (UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Matilde Bruera (PJ), Gabriel Real (PDP), Julián Galdeano (Juntos por el Cambio-UCR), Amalia Granata (Somos Vida) y Oscar Martínez (Frente Renovador-100% Santafesino). La comisión ya se reunió con los fiscales del caso e incluso con el ex jefe de Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia.

También en Twitter, Blanco dijo que ayer durante la reunión con Lifschtiz “expresamos nuestro apoyo institucional a los fiscales que investigan esta causa para que se pueda conocer toda la verdad. Debe ser un proceso ejemplar basado en pruebas, y no ser objeto de presiones u operaciones políticas”.

¿Veto?

En Casa Gris existe fuerte hermetismo ante el vencimiento que se producirá este viernes del plazo para vetar total o parcialmente la ley sancionada en noviembre que establece el control del Tribunal de Cuentas sobre los fondos reservados del Ministerio de Seguridad. El expediente está en manos de áreas jurídicas del Poder Ejecutivo y la decisión final la adoptará el gobernador Omar Perotti.

El tema se inició en un proyecto del Senado aprobado esa misma tarde por la Cámara de Diputados y que motivó un fuerte cruce con el Poder Ejecutivo. En tanto, el lunes vencerá el plazo para observar o promulgar la otra sancionada esa jornada y que refiere a los cambios en el sistema de incompatibilidades para funcionarios del MPA.

El jefe de los diputados justicialistas, Leandro Busatto, dijo en el recinto al rechazar ambos proyectos que esas leyes tenían como objetivo quitarle poder al ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Postergación en una semana de nervios

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa decidió que sea la semana próxima la sesión especial conjunta de ambas Cámaras para definir la situación del fiscal Adrián Spelta, y otros integrantes del Ministerio Público de la Acusación.

Así lo definieron los diputados y senadores provinciales que componen esa comisión, luego de un panorama confuso, en el que durante este 9 de diciembre -por una parte- se indicaba incluso de forma oficial que para este jueves 10 estaba convocada esa reunión conjunta, mientras que -por otra- no había sido firmado por la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, en los plazos correspondientes, el necesario decreto de convocatoria.

La curiosa (y desprolija) circunstancia parece vinculada con la tensión política desatada en los últimos días, a raíz de las declaraciones en sede judicial del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, preso por cobrar coimas del juego ilegal, y quien ha acusado a altas figuras de los tres Poderes del Estado de hacer lo mismo y formar parte de una red de protección para esa actividad ilícita.

El ex fiscal rosarino, militante del justicialismo ha dicho que “históricamente” el PJ santafesino se ha “financiado” con el juego ilegal, entre otros conceptos que generaron un clima tenso en el oficialismo.

Precisamente, Ponce Asahad fue removido por la última sesión conjunta (celebrada en octubre) por unanimidad.

Volviendo al tema Spelta, El Litoral pudo saber que el recurso judicial presentado por el fiscal para que su conducta no sea juzgada por la Legislatura se encuentra en la Corte Suprema de Justicia a fallo definitivo.

Conectividad

Por tercera vez, dos funcionarios del Poder Ejecutivo pidieron postergar su participación ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de Diputados para considerar los mensajes sobre proyectos de conectividad.  Se trata del secretario de Tecnología, Sergio Bleynat y el presidente de ENERFE, Juan D Angelosante.

La comisión que preside la socialista Clara García intentó ya tres veces conocer la postura del Poder Ejecutivo en los dos proyectos que fueron incluidos para el tratamiento en Extraordinarias. “Es la tercera vez que son invitados por la @CamaraDipSF   funcionarios provinciales a que expliquen el proyecto de conectividad del @GobSantaFe y no asisten. Lamentable. Poca predisposición al diálogo” señaló el radical Alejandro Boscarol, integrante de la comisión.

El fiscal destituido por cobrar coimas dice que de su conducta estaban al tanto altos funcionarios de los tres poderes del Estado. Con su declaración ante la justicia el ex integrante del MPA agravó su situación procesal, al describirse como una de las piezas de una asociación ilícita, pero obtuvo un mejor lugar de detención.

En el bloque de senadores del PJ se espera contar, en las próximas horas, con información oficial sobre las imputaciones que el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad formuló sobre muy altos integrantes de los tres Poderes, al declarar en el juicio en su contra, por haber cobrado coimas a un empresario del juego ilegal.

Como se sabe, en el marco de la causa judicial sobre el ex integrante del MPA, Ponce Asahad ha mencionado presuntos vínculos de legisladores y otros altos funcionarios de los otros poderes en una asociación ilícita cuyo objetivo era -según su declaración judicial- dar protección política a una red de juego ilegal a cambio de dinero. Ponce Asahad declaró en sede judicial que las coimas del juego clandestino no alcanzaban sólo al MPA y disparó muy hacia arriba.

En tanto, el jefe de la bancada justicialista, Armando Traferri ha dicho a sus pares que para fijar una posición públicamente se debe espera tener una copia oficial de las expresiones del otrora fiscal. En rigor, en el bloque de doce integrantes del oficialismo, tanto entre los 6 senadores del Nuevo Espacio Santafesino (Nes) que lidera también Traferri, como entre otros cuatro legisladores más cercanos a la Casa Gris, así como en los dos restantes, había un profundo malestar por la falta de información oficial para con el Senado (de parte del juzgado).

Queja

Uno de los legisladores se quejó ante El Litoral: “¿Cómo es que desde la justicia se lleva la información al jefe de la oposición y no a cada uno de los legisladores, por los canales institucionales que corresponden? Eso es hoy lo que más me preocupa”, bramó. Hablaba de la grabación de las dos horas y media de la declaración judicial de Ponce Asahad, que están en poder de la presidencia de la Cámara de Diputados.

Como se recordará, el ex gobernador Miguel Lifschitz, como titular de la cámara baja, ha convocado a una reunión de consulta con los jefes de las distintas bancadas del cuerpo para analizar la situación, este miércoles 9. Y también para ese día, como es habitual a esa altura de la semana cada vez que hay actividad legislativa, está prevista la reunión del bloque de senadores del oficialismo.

Prudencia

De acuerdo con lo que este diario pudo conversar con integrantes de la bancada justicialista en ambos grupos manda la prudencia. No hay ninguna palabra de más, de las que no se puede dar marcha atrás y está en un evidente segundo plano la situación interna de la bancada.

Tanto entre los más afines al gobernador Omar Perotti como entre aquellos que pregonan su rol legislativo de”oficialismo responsable”, se piensa que lo primero es tener información de primera mano, y seguir con atención la causa. Es que además de las acusaciones del fiscal sorprendido cobrando coimas (ésa es la fuente del escándalo) sobre uno de los senadores hay más imputaciones en las más altas esferas.

Detalle

Un senador que también esperaba tener cuanto antes la copia oficial de la declaración de Ponce Asahad señaló a El Litoral un detalle hasta ahora inadvertido: es bastante curioso que el ex fiscal bajo prisión preventiva haya agravado su propia situación procesal, al reconocerse parte de una supuesta asociación ilícita avalada según sus dichos por la “corporación política”. También evaluó que con su declaración el ex fiscal tiene ahora unas condiciones de encierro algo mejores.

Ponce Asahad fue grabado en medio de un pedido de coimas y luego admitió haberlas cobrado, en complicidad con su ex jefe, el ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, quien optó por renunciar a su cargo para evitarse el escarnio de la destitución por la Legislatura.

El denunciante -que ha causado un fuerte revuelo político- fue removido de su cargo por unanimidad en una asamblea conjunta de ambas Cámaras: no hubo ningún voto en su favor, ni abstenciones.

El funcionario judicial pidió declarar este viernes para dar detalles de la investigación sobre juego clandestino. Solicitó ser “relocalizado” fuera del Servicio Penitenciario por seguridad. La jueza ordenó elevar una copia a la Legislatura y a la Corte Suprema provincial.

El fiscal Gustavo Ponce Asahad pidió declarar este viernes y reconoció haber cobrado coimas de un empresario involucrado en el juego clandestino e involucró a más personas de “otros estamentos del Estado”.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dieron una conferencia de prensa para explicar los alcances de la declaración de su ex par, detenido y acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados.

Si bien los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada no detallaron las nuevas acusaciones y tampoco dieron nombres, un dato permite adelantar algo del peso de lo ocurrido esta tarde: la jueza Eleonora Verón ordenó remitir copias de la declaración a la Legislatura y a la Corte Suprema provincial.

“En la audiencia se reimputó al fiscal Ponce Asahad por los hechos imputados y reconoció haber recibido dinero de Peiti, también de la función que cumplió (el fiscal regional y jefe) Patricio Serjal en la organización y brindó detalles”, dijeron Schiappa Pietra y Edery.

En concreto, hablaron de “personas de otros estamentos del Estado” involucradas en la causa y se excusaron de dar más precisiones o roles específicos porque la declaración fue “muy larga y todavía no analizamos toda la información”.

“Ahora preferimos resguardar estas cuestiones para preservar estas informaciones”, se excusaron. “Seguro que sí”, respondieron en la rueda de prensa en el Centro de Justicia Penal sobre la ampliación de la investigación a raíz de estos dichos y adelantaron: “Van a ser más las personas involucradas”.

Ponce Asahad, quien debería continuar detenido en un establecimiento penitenciario hasta el 2 de febrero de 2021, pidió declarar él mismo y sigue siendo imputado (no es por ahora un “arrepentido”, como Leonardo Peiti, el capitalista del juego que denunció haber pagado coimas).

“Nosotros también hemos tenidos algunos episodios y hemos tomando medidas al respecto”, denunciaron los investigadores de la causa de juego clandestino que salpicaría a sectores de la política. Dijeron que hubo “amedrentamientos” pero, otra vez, señalaron que “los detalles vamos a resguardarlos”.

Sí confirmaron que “se han formado investigaciones paralelas de esas situaciones para resguardar la seguridad”.

En Sesión Especial Conjunta y con la mayoría de los legisladores en sistema de videoconferencia, los diputados y los senadores le inician un proceso de acusación para quitarle el cargo, mientras sigue en prisión domiciliaria.

Desde las 14 horas del viernes 7 de agosto, ha quedado suspendido por tres meses el fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, acusado de cobrar coimas a empresarios del juego y colaborar con integrantes de la banda narcocriminal “Los Monos”.

La suspensión es “preventiva” y “temporal”. Se extiende por 180 días y conlleva según lo que les permite la ley una reducción en su salario del 50% en el ejercicio de su funciones de fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación con sede en Rosario.

La Asamblea no tuvo debate y la vicegobernadora Alejandra Rodenas contó 15 votos afirmativos de la Cámara de Senadores (que tiene 19 miembros) y 48 del mismo tenor de Diputados (de las 50 bancas), sin abstenciones, ni expresiones por la negativa.

Lo más importante, es que con el acto cumplido a una semana de que estallar el caso de Ponce Asahad, se inicia el proceso de remoción “del encausado”, según el término que usó el presidente de la Comisión de Acuerdos, Josaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) que además de presentar el dictamen que firmaron todos los integrantes, fundamentó a favor de la potestad constitucional de la Legislatura santafesina de ejercer un control directo sobre fiscales y defensores, a partir de la reforma sobre las leyes que rigen los órganos de la Acusación y la Defensa en el fuero penal de la Justicia de Santa Fe.

Ponce Asahad será acusado bajo las figuras de “mal desempeño y comisión de delito” por las que enfrenta graves cargos en tribunales y está detenido con prisión preventiva por 90 días.

En la Legislatura será el diputado radical Fabián Bastía (UCR) quien lleve adelante la acusación.

Durante el lapso de 180 días, el fiscal suspendido tiene prohibido ingresar al ámbito físico del MPA, un detalle relevante, porque sus oficinas –en el marco de la causa judicial en su contra- fueron allanadas.

Gramajo fue el único orador de la sesión conjunta. Destacó la labor de la comisión que preside, de sus empleados y de la auditora del MPA María Cecilia Vranicich.

Subrayó que el fiscal general del MPA, Jorge Baclini, expuso el caso el martes 4 de agosto y “fue contundente” respecto de los elementos en contra de su subordinado.

El proceso que le sigue la legislatura se sustanciará en la Comisión de Acuerdos y allí Ponce Asahad podrá ejercer su derecho a la defensa.

Los diputados y senadores de la provincia serán convocados para la sesión especial conjunta de ambas Cámaras, este viernes 7 de agosto, a las 13 horas, para tratar la suspensión por 180 días del fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad.

La vicegobernadora Alejandra Rodenas confirmó la fecha, hora y las características de la convocatoria que tendrá un carácter mixto, ya que contará con la presencia de un reducido número de legisladores y la participación mayoritaria de los demás de manera virtual, por sistema de teleconferencia.

La presidenta del Senado optó por utilizar el recinto de la Cámara que preside, porque confía en que el personal tiene una experiencia algo mayor en realizar las telesesiones, ya que –de hecho- el Senado de Santa Fe fue el primero en llevarlas a cabo en el país.

Rodenas informó que se ha invitado especialmente a formar parte de los presentes al presidente de la Cámara de Diputados, el ex gobernador Miguel Lifschitz, así como al presidente provisional del Senado, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y al presidente y el vicepresidente de la Comisión de Acuerdos, Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) y Pablo Farías (FPCyS), respectivamente.

La sesión especial conjunta de ambas Cámaras requiere de mayorías más exigentes que la Asamblea Legislativa. En el primer caso sesionan los dos cuerpos a un mismo tiempo, mientras que en el segundo simplemente se suman sus integrantes. Para la reunión -virtual y presencial- del viernes se requiere entonces que cada Cámara tenga los números necesarios para sesionar. La Comisión de Acuerdos emitió un dictamen por unanimidad, el martes 4 aproximadamente a las 20 horas, que recomienda a la Legislatura la suspensión de Ponce Asahad, a quien unas horas antes la Justicia le dictó la prisión preventiva, acusado de haber tener vínculos con bandas delictivas vinculadas al narcotráfico y el juego clandestino, con ramificaciones con “Los Monos”. La pronta convocatoria de la vicegobernadora muestra el fuerte consenso que ha existido en la Legislatura para tomar una medida -cuanto antes- sobre el fiscal.

El martes, en tan solo unas horas, la Comisión de Acuerdos abocarse a investigar, designó a un acusador, pidió la convocatoria a una sesión especial conjunta de ambas Cámaras y emitió el dictamen respectivo, por unanimidad para avanzar. Y en menos de 24 horas la vicegobernadora produjo el anuncio de la convocatoria. El dato del tiempo es clave: la legislación vigente le otorga a esa comisión un cómodo plazo de diez días hábiles para dar el primero de todos esos pasos, es decir, definir si tomará o no el caso en sus manos (en forma paralela a la actuación de la justicia). Y del mismo modo, Rodenas pudo haber demorado incluso más de una semana ese llamado.

En el Poder Legislativo se decidió mostrar una reacción inmediata, -muy veloz en términos parlamentarios- que es también una respuesta política a una situación institucional grave: las hipotéticas complicidades entre narcotraficantes y delincuentes vinculados al juego ilegal con quienes deberían haberlos perseguido, es decir, los fiscales. Acuerdos había pedido la convocatoria con carácter de urgente. “Cuanto antes”, según la expresión que usó su presidente, el senador Gramajo, que dialogó con los periodistas, junto a legisladores del oficialismo y de la oposición que forman ese cuerpo en las escalinatas de la Legislatura el martes por la noche.

Todo indica que se aprobará este viernes el dictamen que recomienda la suspensión Ponce Asahad, y la rebaja de su salario como fiscal al 50%. De esto último, cada senador y diputado que ayer dialogó con la prensa se encargó de aclarar que así está dispuesto por la Ley y que si fuese por ellos, el fiscal a suspender no debería seguir cobrando. (En rigor, se trata de una normativa relativamente reciente en la que algunos de los que así opinan participaron activamente cuando se gestó la reforma procesal penal y al establecerse el control directo de fiscales y defensores por parte del Legislativo).

Un debate general

El panorama se completa con la renuncia a la Fiscalía Regional de Rosario de Patricio Serjal. Y, por ahora, se trata de un problema con fiscales del sur. Sin embargo, la mirada de los legisladores, como de la Casa Gris, ahora involucra a los mecanismos de control, internos y externos, del MPA.

Se observan tanto la labor de esas instancias de control (en parte las que se reservó el Poder Legislativo respecto de las llamadas faltas graves) como las que posee la auditoría de ese órgano del sistema penal, e incluso su conducción. Hay legisladores con dudas al respecto. Habrá que ver si esas consideraciones llegan a establecer un debate formal, con alguna propuesta concreta de modificación legislativa.

Otro debate muy particular

Tan pronto como comenzaron a ser revisadas las fojas de servicios de los fiscales del sur, fueron dividiéndose las aguas en la Legislatura entre quienes señalaban “a ése lo propusieron ustedes” y aquellos que les respondieron con la retórica pregunta: “¿y de quién era mayoría cuando se lo votó? El proceso por el que Santa Fe designa a fiscales y defensores es motivo de debates, no pocas veces, cuando se tratan pliegos en la Asamblea Legislativa. Hay quienes cuestionan los concursos, por su metodología para calificar y otros que siempre advierten que esa instancia no es obligatoria para el Poder Ejecutivo, que se ha autolimitado en su potestad constitucional de enviar a quien desee, siempre que tenga las condiciones exigidas.

Los reproches (cambian según se esté en la oposición o en el oficialismo) también incluyen los apoyos o no para tomar medidas contra fiscales cuyos procesos en la Legislatura no avanzaron. Es el caso de Serjal, sólo que cuando se revisó su actuación al comprar dos coches, a un empresario encausado en su jurisdicción, el debate era otro: había dudas respecto de si se trataba de una falta ética o algo peor. Ahora, en cambio, ya nadie menciona esa palabra. En esa danza de nombres de fiscales del sur en Acuerdos, que comenzó en 2019, se dijo ayer que hay nuevas acusaciones sobre uno de los ingregantes del MPA que “no le hace honor a la claridad de su apellido”, que bien vendría que otros fiscales que llegaron a una instancia parecida hagan lo que hizo Serjal y que “den un paso al costado” en devolución de favores al sector político (o a los consensos entre distintos sectores) que los cobijó cuando se los nombró, y también se mencionan más nombres para ir a esa comisión.

Es verdad que por ahora son unos pocos, pero son casos tan resonantes por la gravedad de los hechos por los que están imputados, tanto ante la Justicia Federal como por la auditora general del MPA, Marcía Cecilia Vranicich, que la Legislatura y los acuerdos que la gobiernan vive un momento complejo. Unos esperan que la carrera de tortugas tenga como claro ganador a la Justicia y que en sus estrados avancen las causas antes que las medidas a votar en la Legislatura. Otros, en cambio, que con su propios pasitos -el de este martes 4 de agosto fue importante y se consolidará muy pronto el viernes 7- se llegue antes a la bandera a cuadros, con trancos cortos pero seguros.