Un grave caso de corrupción sacude a la Policía de Tucumán tras la detención del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, acusado de utilizar presos y personal policial para realizar trabajos de albañilería en su casa particular, ubicada en la zona del dique El Cadillal.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima y derivó en la intervención de la Fiscalía de Delitos Complejos, que comprobó en el lugar la presencia de dos detenidos y un agente policial realizando tareas en la obra privada del comisario.

Ante la gravedad del caso, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, comunicó de inmediato la situación al gobernador Osvaldo Jaldo, quien ordenó la separación preventiva de los implicados y la intervención judicial. “Las medidas investigativas arrojaron como resultado la detención de dos personas privadas de la libertad y de dos efectivos policiales, acompañados por un móvil oficial”, precisó Agüero Gamboa.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, también expresó su repudio y garantizó una investigación interna: “No podemos tolerar ninguna de estas situaciones que dañan la institución. Vamos a colaborar con la Justicia y realizar una auditoría exhaustiva”.

El comisario Beltrán fue trasladado al Departamento de Personal antes de confirmarse oficialmente su imputación y aprehensión por orden de la fiscal María Rivadeneira. En paralelo, el gobernador dispuso la baja inmediata del primero y segundo jefe de la Regional Norte, mientras los presos implicados fueron trasladados nuevamente al penal de Benjamín Paz.

El llamado “caso El Cadillal” desató un fuerte escándalo en la cúpula policial tucumana, al quedar expuesto el presunto uso irregular de recursos públicos para beneficio personal. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Seguridad, que mantienen el caso bajo estricta reserva.

En las últimas horas fue hallado en la zona oeste de Rosario en Renault Megane color gris utilizado para amenazar a la familia Di María en el country Funes Hills Miraflores.

Mientras continúa la investigación del hecho, el fiscal a cargo de la causa, Pablo Socca, dispuso una serie de medidas por entender que la difusión de los videos de las cámaras de seguridad entorpeció las tareas de indagación.

En efecto, Socca ordenó la detención de los policías involucrados, el jefe del Comando Radioeléctrico de Funes y el jefe del Centro de Monitoreo de Funes (aún no trascendió si es funcionario político o policial). A todos los apuntó por la filtración de los videos.

El vehículo, a través de los difundidos videos, puede verse atravesando la ruta 9 y la salida de Funes, tras la concreción de la amenaza al exjugador de Rosario Central.

La Procuraduría General de la Nación de Colombia inició una investigación contra dos agentes de la Policía Metropolitana de Soacha, tras ser acusados de extorsión a un comerciante del municipio. El hecho, que ha circulado ampliamente en redes sociales, refleja una preocupante situación de corrupción dentro de la Policía Nacional.

Los incidentes sucedieron después de que los uniformados presuntamente retuvieran al comerciante por dos horas en una estación, exigiéndole dinero a cambio de favorecimiento en un proceso penal por abuso sexual. La suma demandada ascendía a dos millones de pesos, más pagos semanales, bajo la amenaza de arresto.

Al ser sorprendidos en flagrancia durante uno de estos pagos, los policías se negaron a identificarse y uno de ellos se tragó los billetes que pretendía esconder. La acción tuvo consecuencias médicas para el agente, quien terminó necesitando atención hospitalaria. 

Posteriormente, fueron detenidos y enfrentan ahora cargos por secuestro extorsivo y extorsión agravada.

El caso de extorsión fue reportado por la esposa del hombre extorsionado quienes lograron capturar en video el momento en que los agentes recibían el dinero.

Dos agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) fueron detenidos en la mañana del lunes acusados de golpear a un joven y provocarle lesiones en el marco de un confuso episodio que se registró en Venado Tuerto hace poco más de una semana.

Lo cierto es que en la jornada de este martes se llevará adelante la audiencia imputativa y cautelar, en donde el fiscal Eduardo Lago solicitará la prisión preventiva de ambos uniformados oriundos de la ciudad de Rosario, bajo la carátula “coautores de lesiones dolosas leves agravadas por abuso funcional como integrante de la fuerza policial de los coautores en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Los hechos

En diálogo con Notife Eduardo Lago indicó que “es un hecho que tiene una semana. A través de la Agencia de Control Policial tomamos conocimiento que se había producido un hecho de violencia institucional contra un adolescente, por lo tanto, comenzamos una investigación”.

De esta manera “pudimos acreditar el hecho. Concretamente, dos agentes de la PAT iban a cargar combustible y observan a un joven (con el cual habían tenido una discusión anterior) que iba caminando junto a una chica, lo interceptan, se producen insultos, amenazas y lo golpean. Le producen contusiones, y obviamente el susto que significa para el chico”, agregó el fiscal. 

Al parecer todo había comenzado con una discusión de tránsito, tras un roce entre el móvil policial y la motocicleta en que se movilizaba el joven. En ese contexto se dio la primera discusión en donde los agentes le incautaron el birrodado y lo trasladaron al corralón municipal.

Días más tarde se da el segundo episodio, donde el accionar de los uniformados quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Lago considera que es conveniente que “el personal de calle, sea personal radicado en Venado Tuerto. sabemos que es difícil, pero estas son malas prácticas importadas de grandes ciudades, como Santa Fe y Rosario, pero acá son inadmisibles”. 

El fiscal está convencido que se trató de “un abuso de autoridad contra un muchacho muy joven, de 16 años. Entendemos que la gente que en este tipo de situaciones viene a descargar sus malos impulsos, no tiene que ser policía. Una cosa es la severidad cuando se actúa contra el delito, pero acá no hubo delito”. 

Lago dejó en claro que va a pedir la prisión preventiva de ambos agentes, más allá de “que la pena en expectativa es baja, pero estamos ante un hecho grave. Sabemos que la función policías es difícil y hay que bancar a la buena policía. Pero acá, no hay nada de eso, hay abuso de la fuerza”.

Por último, el fiscal admitió que “hay registros fílmicos de la agresión. Venado Tuerto cuenta con una cantidad de cámaras importantes, y hay que apuntar a tener más, porque son de una ayuda invaluable tanto para la policía, como para la fiscalía”.

Ambos efectivos fueron imputados en una causa por malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes y encubrimiento.

El jefe de la Brigada Antinarcóticos de la ciudad de Esperanza fue detenido en el marco de una investigación por presuntos vínculos con un narcotraficante. Además del comisario fue detenido otro miembro de la misma dependencia, ambos imputados en una causa por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento triplemente agravado, que llevan adelante el fiscal federal Nº1 de Santa Fe Jorge Gustavo Onel y el juez del mismo fuero Reinaldo Rodríguez.

Voceros de la investigación identificaron a los detenidos como el subcomisario Lucas Gabriel N., jefe de la Brigada Antidrogas de la Unidad Regional XI del departamento Las Colonias, y el suboficial Matías C., quien también cumplía funciones desde 2022 en esa dependencia de la localidad situada a 41 kilómetros al noroeste de la capital provincial.

Tras los allanamientos, ambos policías fueron alojados en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) y serán indagados en el transcurso de las próximas horas.

Los voceros dijeron que la investigación se inició en junio de este año tras una denuncia anónima que hacía referencia a los vínculos que funcionarios policiales provinciales mantenían con supuestos narcotraficantes locales. De acuerdo a lo denunciado, los narcos pagarían sumas de dinero a "personal antinarcóticos" para que los dejaran comercializar estupefacientes.

En base a esta información, la fiscalía federal practicó una serie de medidas que llevaron a que se pidiera al juzgado la detención y el llamado a declaración indagatoria de los policías. Hubo una serie de allanamientos, llevados adelante ayer tanto en la casa de uno de los detenidos en Laguna Paiva como en la Brigada de Drogas que tiene su sede en Esperanza. Se secuestraron teléfonos celulares.

La Delegación Santa Fe de la PFA llevó adelante además un procedimiento en la Brigada de Coronda, localidad situada a 55 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe, donde hallaron cinco "bochas" de cocaína, que en principio no están relacionadas con causa alguna que se lleve adelante en la dependencia.

En la investigación se sospecha también sobre la posible participación en el delito de un integrante de esa brigada. En mayo pasado, en el marco de otra investigación, se secuestró en la vivienda del presunto narcotraficante vinculado con los policías material estupefaciente, tres armas de guerra, 500 proyectiles, un fusil y otros objetos de interés para la causa, aunque el hombre continúa prófugo, advirtieron las fuentes.

Una beba de tres meses, que presentaba sarna y estado de abandono, fue asesinada a golpes en la vivienda familiar y por el caso se aprehendió en forma preventiva a su madre, al novio de ésta y a un amigo. Ambos hombres son efectivos policiales. Este suceso ocurrió el viernes en el sur del Conurbano bonaerense y ahora se investiga si los sospechosos habrían agredido a la niña en una pelea y luego de consumir drogas.

Los voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se descubrió cuando la progenitora de la criatura, una mujer de 29 años, avisó a un servicio de emergencias de que había observado que la niña no respiraba. El hecho ocurrió en su domicilio, situado en Intendente Arreghini al 600, casi en la esquina con Presidente Castillo.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, los médicos, al arribar a esa casa, certificaron la muerte de la menor y entonces los pesquisas de la comisaría de Glew comenzaron a investigar el episodio, oportunidad en la que la mujer les dijo que la nena se había desvanecido, tras haberla amamantado, estimándose que habría fallecido al ahogarse con la leche materna.

Trascendió que, en base a testimonios y a videos que aportaron habitantes del barrio, se comprobó que, en horas de la madrugada del viernes, la joven había estado reunida en la finca con su pareja y con un amigo, y que los hombres eran oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes se encontraban destinados en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.), presumiéndose que el grupo habría consumido sustancias estupefacientes. 

En la tarde del domingo, la fiscal Carla Cerliani ordenó la detención de dos policías que se encontraban realizando adicionales en la plaza donde tuvo lugar un robo y un posterior tiroteo, que resultó en la muerte del presunto ladrón. 

Los agentes involucrados en el incidente fueron identificados como el oficial Félix S., de 38 años, quien fue víctima del robo de su arma reglamentaria, y el suboficial Darío Gabriel A., de 39 años, quien presuntamente disparó los tres tiros mortales.

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La fiscal Cerliani tomará medidas legales contra los dos agentes en la audiencia imputativa que se llevará a cabo el miércoles en el Centro de Justicia Penal. Durante la audiencia, se presentará la evidencia recolectada hasta el momento, que los incrimina en el caso.

En el lugar de los hechos, se encontraron las armas reglamentarias de ambos agentes, así como vainas servidas. Todo este material será sometido a peritaje para su análisis.

Hasta el momento, el presunto ladrón no ha sido identificado, según lo informado por el Ministerio Público de la Acusación.

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De acuerdo con la información recopilada, aproximadamente a las 11:45 del domingo, el sospechoso logró sustraer el arma reglamentaria de Félix S., quien se encontraba realizando horas adicionales en la plaza “A la madre” de Villa Gobernador Gálvez. Durante el forcejeo, el oficial sufrió una herida superficial de bala en el cráneo.

Posteriormente, el suboficial Darío A. se enfrentó al sospechoso y realizó tres disparos que impactaron en el abdomen, un brazo y una pierna del individuo.

Las investigaciones sobre el caso continúan en curso, y se espera que la audiencia imputativa proporcione más detalles sobre las circunstancias que rodearon el enfrentamiento y la muerte del presunto ladrón.

Los procedimientos formaron parte de investigaciones que la Agencia de Control Policial realizó en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, a raíz de las denuncias recibidas en el 0800.

La provincia, a través de la Agencia de Control Policial dependiente del Ministerio de Seguridad, realizó 68 allanamientos y detuvo a 120 policías, personal del Servicio Penitenciario y policías retirados durante el 2022.

Hubo un total de 754 denuncias. También estuvieron involucrados personal del Servicio Penitenciario y policías retirados

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En el último año el organismo recibió 754 denuncias, de las cuales 173 fueron recibidas en la línea gratuita 0800-444-3583, que luego derivaron en allanamientos, detenciones y secuestros de armas de fuego, dispositivos informáticos y documentación.

Entre los delitos más comunes se encuentran los robos calificados, incumplimiento a los deberes de funcionario público, homicidio calificado, exacciones ilegales, entre otros.

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La Agencia cuenta actualmente con dos delegaciones principales radicadas en Santa Fe y Rosario, dos nuevas subdelegaciones en las ciudades de Reconquista y Venado Tuerto y próximamente abrirá una nueva sede en la ciudad de Rafaela.

A través de la mencionada línea 0800-444-3583, se pueden realizar denuncias anónimas y de carácter confidencial. Es gratuita y está al servicio de la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana y es atendido por profesionales de la Agencia de Control Policial, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Allí se puede reclamar o denunciar el accionar policial o reconocer la labor que realiza el personal de la fuerza provincial.

Sucedió esta tarde durante un procedimiento policial en la localidad de Virrey del Pino. Este martes los acusados serán indagados por el fiscal de Homicidios, Gastón Duplaá

Un hombre de 39 años murió este lunes baleado durante un procedimiento policial en el partido bonaerense de La Matanza. Por el hecho detuvieron a once efectivos que ya fueron desafectados de sus funciones.

Todo comenzó en horas de la tarde, en la intersección de las calles Bernardino Escribano y Padre Mújica, en el barrio Vernazza de la localidad de Virrey del Pino donde, en circunstancias que aún se investigan, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaba un operativo para desbaratar un búnker de drogas.

Según se pudo saber, en el lugar se encontraba un hombre de 39 años, que habría ido a comprar estupefacientes. En ese contexto, esta persona resultó baleada por los policías y murió camino a un hospital de la zona.

Ante esta situación intervino el fiscal de Homicidios de La Matanza, Gastón Duplaá, quien se hizo presente en el lugar, donde además se produjeron incidentes ya que algunos vecinos del barrio atacaron un móvil policial y cortaron la Ruta 3. Según los manifestantes, el fallecido no tenía arma de fuego y no se enfrentó a los efectivos, que aparentemente lo confundieron con un sospechoso.

Ante esta situación, de acuerdo con la información de la agencia Télam, se dispuso apartar a la fuerza bonaerense de la investigación: los peritajes lo llevarán a cabo los expertos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

A su vez, el fiscal Duplaá ordenó la aprehensión de once policías de la UTOI por homicidio, el secuestro de sus armas reglamentarias y de tres de los móviles utilizados.

En tanto, el cuerpo de la víctima -según confirmaron más tarde, un empleado de Manaos- fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde se llevará a cabo la autopsia.

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De momento, la fiscalía se encuentra analizando el sistema ABL de los patrulleros involucrados, para determinar su geolocalización y desplazamientos. Hasta esta noche, los investigadores continuaban en la escena del crimen tomando testimoniales y, este martes, los policías aprehendidos serán indagados por el fiscal.

Mientras tanto, desde la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense se dispuso la desafectación de los once efectivos.

#VirreydelPino Detuvieron a 11 Policias Bonaerenses del Grupo UTOi y secueatraron sus armas.Están sospechados de asesinar a un hombre que fue baleado durante un operativo para desbaratar un búnker de drogas.Según los teatigos era inocente y lo habrían confundido con un sospechoso pic.twitter.com/ZVrfmke8vY

— Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) November 1, 2022

Hasta el momento, los peritos no encontraron un arma de fuego no policial que avale la hipótesis de un tiroteo entre el personal y el fallecido.

Personal de la Agencia de Control Policial realizó una serie de allanamientos en Rafaela, Vila y Videla y detuvo a tres efectivos Policiales y un civil por distintos hechos que investiga la Fiscalía de Violencia y Corrupción Institucional a cargo de la fiscal Gabriela Lema de la Ciudad de Rafaela.

Las requisas fueron realizadas por el personal de la Delegación Zona Centro Norte de la Agencia de Control Policial, que secuestraron elementos de interés en la causa (armas, aparatos de telefonía celular y computadoras) y detuvieron a los empleados policiales C. F. M., numerario de la AIC, Región 5, L. E. V. y M. N. B., Pertenecientes a la Comisaría 10° del departamento Castellanos.

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Además, detuvieron a A. J. M. por requerimiento de la fiscalía actuante, investigado por los delitos de cohecho pasivo y encubrimiento agravado en calidad de autores en concurso real en el caso de los empleados policiales, mientras que a A. J. M. por el delito de cohecho activo. Todos quedaron a disposición de la fiscalía.

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Fue tras allanamientos realizados en Rafaela, Videla y Vila. Secuestraron elementos de interés en la causa (armas, aparatos de telefonía celular y computadoras) y detuvieron a los empleados policiales C. F. M., numerario de la AIC, Región 5, L. E. V. y M. N. B., Pertenecientes a la Comisaría 10° del departamento Castellanos.

Un hombre y una mujer que son personal policial (en situación de disponibilidad) resultaron detenidos en el marco de una serie de allanamientos realizados en San José del Rincón. Durante los procedimientos hubo secuestros de cocaína, marihuana y un tercer detenido.

Los operativos de referencia fueron concretados por personal de la Brigada Antinarcóticos I, dependiente de la Región 1, a solicitud de la Fiscalía Federal N° 2 y autorizados por el Juzgado Federal N° 2, en el marco de una investigación por venta de drogas al menudeo.

Como es de rigor para las irrupciones domiciliarias se contó con la colaboración de grupos especializados, tales como Cuerpo Guardia Infantería y Grupo GOE de la Unidad Regional I.

En un domicilio sito en calle Santa Rosa a la altura Catastral del 2800 quedó detenido un masculino (A. S. V) de 40 años de edad.

Pero la sorpresa mayor se produjo tras otro allanamiento sobre la Ruta Provincial 1, intersección con Zapata Goyán, donde quedaron detenidos dos efectivos policiales. Se trata de un hombre de 37 años y una mujer de 40, quienes ya estaban en situación de disponibilidad en la fuerza.

En ambos domicilios se secuestró una importante cantidad de material estupefaciente, “bochas” de marihuana y cocaína, fraccionada para la venta, teléfonos celulares, anotaciones varias, dinero en efectivo y balanzas de precisión.