El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pago de los haberes del mes de febrero, que se percibirán a partir del viernes 1 y hasta el miércoles 6, en el caso de los agentes públicos; y se completará el jueves 7 para las autoridades superiores de los tres poderes.

> Viernes 1 de marzo * Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 450.000* Escalafón Policial

> Lunes 4 de marzo* Activos a los que le corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 428.000* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

> Martes 5 de marzo * Resto de activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 428.000* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

> Miércoles 6 de marzo * Resto de pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 450.000

> Jueves 7 de marzo* Autoridades Superiores Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno prorrogó hasta el 25 de octubre la vigencia del dólar soja 4, con el fin de "fortalecer las reservas" del Banco Central.

"Prorrogase, hasta el 25 de octubre de 2023, inclusive, el Programa de Incremento Exportador creado por el decreto Nº 576 del 4 de septiembre de 2022 y restablecido en último término por el decreto Nº 443 del 4 de septiembre de 2023", según el decreto decreto 492/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

De este modo, el 75% del contravalor de la exportación de las mercaderías deberá ingresarse al país en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios, debiendo el exportador, por 25% restante, concretar operaciones de compraventa con valores negociables adquiridos con liquidación en moneda extranjera y vendidos con liquidación en moneda local, de acuerdo con el texto oficial.

La fecha de liquidación de las divisas y el pago de la suma en concepto de adelanto de los derechos de exportación deberán efectuarse en un plazo que no podrá superar el 20 de octubre de 2023, inclusive, aclaró el Poder Ejecutivo.

Además, se amplió el dólar soja "de manera extraordinaria y transitoria" a quienes hayan exportado, en algún momento de los 18 meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de este decreto, las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR que, a estos efectos, determine el Ministerio de Economía.

Por su parte, el Banco Central deberá instrumentar "los mecanismos necesarios para que el resultado de toda liquidación de divisas que se concrete en el marco de lo dispuesto", puntualizó el Gobierno.

El Programa de Incremento Exportador se creó el año pasado, fue prorrogado varias veces y contempla una serie de medidas relacionadas con las exportaciones de las manufacturas de soja y con la liquidación de las divisas en el mercado de cambios.

La Casa Rosada justificó la nueva extensión del programa al sostener que "es necesario continuar la implementación de políticas que tiendan al fortalecimiento de las reservas del Banco Central, estimulando la generación de ingresos genuinos del Estado Nacional, producto de la exportación de mercaderías con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional".

Desde que se puso en marcha el tipo de cambio diferencial para la soja el 5 de septiembre último, se negociaron 4.514.983 toneladas, de los cuales 3.059.600 correspondieron a contratos nuevos, mientras que los restantes 1.455.583 toneladas fueron fijaciones de precios de operaciones concretadas antes de la medida.

En el documento se destacan los números de participación de mujeres en las distintas jerarquías del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También se informa la participación en los distintos sectores de la economía, los cuidados y el mercado laboral.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, presentó un informe donde se expone el Índice de Participación de las Mujeres (IPM) en los distintos sectores de la sociedad santafesina.

En primera instancia, este documento aborda la participación en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En adición, se incorpora el índice de inclusión de las mujeres en el mercado laboral, en las tareas de cuidado, en la dirección de unidades productivas y en general en el empleo formal de acuerdo a cada rama productiva de la provincia. Los datos fueron relevados por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades de Género, que se encuentra en el ámbito de dicho Ministerio y que fue creado por la ley 13348 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la Subsecretaría de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Políticas de Igualdad.

8M: el boleto del colectivo será gratuito para las mujeres en Santa Fe

“El objetivo de este informe es demostrar las desigualdades que existen en los distintos sectores donde se toman decisiones, así como también en la economía y la política. Este 8 de marzo queremos hacer foco en ello y en las acciones que podemos llevar adelante no solo desde el Estado si no también desde los sectores productivos y empresarios para cerrar estas brechas de desigualdad que se intensifican en momentos de crisis económicas o, como ya vimos en la pandemia, en momentos donde se requiere que las mujeres estén más abocadas a los cuidados como sucedió en ese momento. Conocer estos números es clave para obtener la foto de donde estamos como provincia en la inclusión y mirar para adelante para cerrar brechas de desigualdad” , sostuvo la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.

En este documento hay algunos puntos a destacar como el porcentaje de personas que hoy por hoy no participan en el mercado laboral y que únicamente se encuentran realizando tareas de cuidado dentro del hogar. En este sentido, el indicador visibiliza que el 93% de las personas que cumplen esta condición son mujeres, demostrando nuevamente que existe una sobrecarga al hablar de cuidados.

Día Internacional de la Mujer: las brechas existentes para alcanzar la igualdad de género

Además el informe consigna, entre otros puntos, el crecimiento del IPM en los cargos del Ejecutivo Provincial en lo que va de la gestión actual, considerando que,si tenemos en cuenta los espacios que incluyen desde direcciones hasta ministerios, observamos un incremento positivo de 25,6 puntos porcentuales para el índice de general, comparado con el año 2019.

El informe completo se encuentra disponible en este link: https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/247776/(subtema)/235841

La actualización autorizada plantea una suba del 20% a partir del 27 de febrero, y de otro escalón idéntico a partir del 27 de marzo.

Ivana Fux

El Poder Ejecutivo autorizó un nuevo incremento para la tarifa del transporte interurbano de pasajeros en la provincia. La suba será escalonada y redundará en un 20% de aumento a partir del próximo 27 de febrero; y otro 20% desde el 27 de marzo. De todos modos, para los distritos que tienen instrumentado el sistema de tarjetas SUBE, el nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia algunas semanas después de las fechas señaladas.

La actualización fue concedida mediante el decreto Nro. 233 con fecha 15 de febrero, y lleva las firmas del gobernador Omar Perotti y del ministro de al Producción, Daniel Costamagna. En los considerandos se repara en la variación de costos que ha tenido el sector, y en que el último aumento concedido data de septiembre del año pasado.

Asimismo, recoge el texto las solicitudes que había recibido la Secretaría de Transporte de la provincia de las cámaras representativas del sector con sede en Santa Fe y Rosario, para la revisión de los costos de explotación. Y se repara en “la necesidad de analizar la incidencia de los mayores costos que se han producido a efectos de mantener en buenas condiciones la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros, por constituir éste un servicio público esencial para la comunidad”.

Golpe al bolsillo: cuánto costará el boleto de colectivo urbano en la ciudad de Santa Fe

Variaciones

El decreto menciona que desde el dictado del último estudio de costos hasta la actualidad “se verificaron variaciones en los costos de explotación, afectándose significativamente todos los rubros como chasis, carrocerías, lubricantes, cubiertas, repuestos, salarios, lo cual dificulta a las empresas del sector afrontar estos incrementos con el actual cuadro tarifario”.

Finalmente, se plantea que “las áreas técnicas de la Secretaria de Transporte efectuaron un estudio de costos actualizado a la fecha, tomando en consideración para la fijación de los aumentos tarifarios propuestos los mayores costos producidos en los rubros citados”. Dicho estudio, se asevera, “demuestra que las líneas de transporte de larga distancia, al igual que las líneas urbanas — interjurisdiccionales que prestan servicios de corta distancia- , vieron incrementados sus costos en un promedio de 95,40%”. Frente a ello se concluye en que “resulta necesario adoptar medidas que coadyuven a compensar el desfasaje resultante, viabilizando la continuidad de las empresas prestadoras y, en consecuencia, la prestación de los servicios a los usuarios”.

ATE lleva su queja a la legislatura

Con fuerte predominio del verde de las pecheras de la Asociación Trabajadores del Estado en la poca sombra que ofrecen la plaza y la playa de Estacionamiento dela Legislatura se desarrolló un acto en el que se reclamó la aprobación de la ley de presupuesto, que incluye nuevos cargos para regularizar históricas situaciones ilegales de contratados en el sector público provincial.

Uno a uno los oradores expusieron la precarización laboral a la que, según plantean, son sometidos empleados que desde hace años debieron ser parte de la planta permanente.

También en color naranja, protegidos por sombrillas, se manifiestan empleados el sector salud con idéntico reclamo: regularizar la situación de no menos de 6.000 empleados contratados de esa cartera. “Nos aplaudieron y felicitaron durante la pandemia, ahora necesitamos ser reconocidos en nuestros derechos laborales”, dijo uno de los manifestantes desde el micrófono que amplifican enormes parlantes.

Bombos, redoblantes, cánticos y consignas a favor de los trabajadores que desde hace tiempo no se ven en la Plaza de Mayo, están ahora a las puertas del palacio legislativo para expresar su reclamo de una pronta aprobación del presupuesto que ingresar en tiempo y forma desde el Poder Ejecutivo provincial.

El proyecto de Ley Tributaria 2021 del Poder Ejecutivo elimina un inciso del Código Fiscal vigente. Hoy obliga a darles a los productores audiovisuales santafesinos el 25% de lo recaudado por ingresos brutos sobre las mega plataformas multinacionales y el juego on line.  

La intención del gobierno santafesino de cobrarle ingresos brutos a plataformas de contenidos audiovisuales de consumo masivo, como Netflix, Amazon y otros, así como al juego on line, -algo que no llevó a cabo la gestión anterior- contiene una sorpresa: elimina el inciso f) del Código Fiscal vigente que dispone que “el 25% de lo recaudado será destinado al desarrollo de las industrias de base cultural de la Provincia”.

Con ese cambio, el gobernador Omar Perotti busca quitar uno de los objetivos centrales con los que nació la ley que, desde 2017 con su promulgación, podría haberse puesto en práctica: el intento de cobrarle ingresos brutos a megaplataformas de internet que, en muchos casos, no tienen sus centrales operativas en el país.

Más allá de las dificultades que otros distritos han tenido para la percepción de este tributo, debe decirse que hoy -además de procurarse por primera vez cobrarlo- también hay una modificación de fondo que daña las chances de desarrollo de los productores audiovisuales santafesinos.

La discusión sobre el tema será pública cuando el Poder Ejecutivo habilite el tratamiento, en el actual período de sesiones extraordinarias, de su mensaje para la aprobación de una ley tributaria 2021. El texto está en las comisiones del Senado y por ahora son sus asesores técnicos los que hacen una lectura, que más adelante será también política.

F-177, ¿hundido?

La norma contiene actualizaciones impositivas de las que ya ha hablado El Litoral. Entre otros cambios, su artículo 9 dice: “elimínese el inciso f) del artículo 177 del Código Fiscal”. Es el que obliga a que lo recaudado por este nuevo tributo, en una cuarta parte, vaya a producciones de base cultural propia.

De los nueve incisos con que nació en 2016 el nuevo impuesto (que hasta ahora no se supo o pudo aplicar) la Casa Gris le apunta únicamente al F-177, que contiene la palabra cultura. ¿Podrá hundirlo?

Para describir completa esta partida de batalla naval entre la gestión anterior y la actual, que torpedea cuanto proyecto heredado pueda, debe decirse que es mucho más fácil hundir una nave amarrada que otra en movimiento. En otras palabras, si la llamada “ley de impuesto a Netflix” ya hubiera estado operativa y otorgado recursos al sector audiovisual, hoy sería más difícil cantar desde la Casa Gris “F-177”.

Aquel debate; esta realidad

La reforma al Código Fiscal para la sanción del “nuevo impuesto a Netflix” fue debatida por la Legislatura santafesina en 2016 y promulgada la ley modificatoria (N°13.617) al año siguiente.

Por aquellos años se estimaba que en toda la bota santafesina habría unas 300 mil cuentas de abonados a estas plataformas, cuyas estrellas son las series, además del cine. Pandemia de por medio, ¿Por cuánto habrá que multiplicar hoy aquel cálculo?

Buena parte de la justificación política para la sanción del nuevo tributo, además de una elemental razón de equidad- fue la idea de tomar recursos que cada mes migran de Santa Fe a cuentas bancarias distantes para que -en un 25%- apoyen en cambio a la producción local de los contenidos audiovisuales y de base cultural local.

Por entonces, como ahora, no pocos tributaristas señalaron que sería difícil poder hacer efectivo el cobro de ingresos brutos a esas poderosas multinacionales. No tanto porque crean en teorías sobre las conjuras del imperialismo, sino porque resulta difícil identificar al agente para su cobro. Ahora, se busca que gracias a los registros bancarios eso sea posible. De todas formas, la experiencia de otras provincias que ya cobran ingresos brutos a las mega plataformas audiovisuales y del juego on line demuestra que ha sido todo más fácil cuando esas empresas tienen en el país uno de sus centros operativos.

Por eso, se teme que al impuesto lo terminen pagando los usuarios del entretenimiento, el cine y la cultura audiovisual (que en su mayoría no se produce en el país, y mucho menos en Santa Fe).

F-177 es igual X

¿Cuánto dinero para los productores locales de bienes audiovisuales podría generar la aplicación de ingresos brutos a las plataformas audiovisuales y del juego on line?

En 2016 era difícil saberlo. Incluso quienes trabajaron con el entonces diputado provincial Rubén Galassi, el autor de la iniciativa, recuerdan que Prisma (la administradora de las tarjetas de crédito para contratar esos servicios) no daba ni siquiera los datos más básicos.

Sin embargo, algunas proyecciones -a mano alzada- dicen que hay para cobrar por todo el nuevo impuesto entre $ 16 y $ 20 millones por mes.

Como el fondo de fomento audiovisual local se constituye con un 25% del monto recaudado habría de $ 4 a $ 5 millones por mes. Si se piensa en el largo plazo, no es una cifra menor, sobre todo, porque es evidente que habrá cada vez más suscriptores santafesinos para esas plataformas.

Se trata de la niciativa elaborada en base al trabajo de una comisión mixta. Comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

El Poder Ejecutivo envió anoche al Senado el proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y que comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

Noticia en desarrollo…

El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley 27.567, que autorizó la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para la realización de una serie de ejercicios militares.

Así lo hizo a través de la publicación del Decreto 824/2020, en el Boletín Oficial, que promulga una norma sancionada por el Congreso Nacional el pasado 7 de octubre.

El decreto detalla que la autorización para el ingreso de tropas tiene como objetivo el de “participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1º de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021”.

Los ejercicios combinados autorizados que detalla el Anexo 1 del decreto son: “Acrux X”, II: “Atlasur”, III: “Fraterno”, IV: “Ibsmar”, V: “Inalaf”, VI: “Integración”, VII: “Passex”, VIII: “Sarex”, IX: “Unitas Anfibio”, X: “Unitas Atlántico”, XI: “Exponaval”, XII: “Viekaren”, XIII: “Arandú”, XIV: “Tangue”, XV: “Río”, XVI: “Arpa” y XVII: “Árbol”

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El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley 27.567, que autorizó la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nac...]]>

Plantea adherir a la normativa nacional, y reserva para la reglamentación algunas particularidades inherentes a la provincia. Meses atrás, la cámara baja había votado por unanimidad otro proyecto impulsado por Joaquín Blanco.

El Poder Ejecutivo remitirá en las próximas horas su propio proyecto de Ley de Góndolas a la Legislatura. En rigor, plantea básicamente una adhesión a la normativa nacional, cuya reglamentación aún está pendiente. El mensaje que ya firmó el gobernador Omar Perotti ingresará por la Cámara de Senadores.

Según adelantó el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, la iniciativa oficial planteará la adhesión a la ley nacional y contemplará en su posterior reglamentación algunos aspectos particulares vinculados a la realidad de la provincia de Santa Fe.

“El proyecto de ley plantea adherir a la normativa nacional. Pero la intención es, sancionado el proyecto, incorporar en la reglamentación cuestiones que tienen que ver con la realidad de la provincia y con la importancia que tiene el supermercadismo en Santa Fe”, planteó. El funcionario consideró que es necesario “contextualizar” el tema. Y en ese afán, recordó que “en 2006, se sancionó la ley de superficies comerciales que permitió el desarrollo de un empresariado provincial supermercadista muy importante y evitó la llegada de nuevas superficies de las grandes cadenas de supermercados”. En el mismo sentido, enfatizó que el sentido de la ley nacional es “garantizar que no haya oligopolios o grandes jugadores (económicos) que se lleven la mayoría de los supermercados. Eso -advirtió- es lo que queremos trasladar al ámbito de la provincia, defendiendo y tratando de que todos tengan la misma posibilidad de participar en las góndolas de los súper”.

Media sanción

La ley de Góndolas implicó particularmente en la provincia de Santa Fe un amplio debate que derivó en una media sanción votada por unanimidad hace cuatro meses, sobre la base de un proyecto que impulsó el diputado socialista Joaquín Blanco (ver aparte). La iniciativa incluía una serie de ítems específicos destinados a dar prioridad en la góndola a productos elaborados en la provincia de Santa Fe.

Consultado sobre si la iniciativa del Ejecutivo colisiona o neutraliza el proyecto de Blanco, Aviano interpretó que “lo complementa”. “Son proyectos complementarios -consideró-, en el sentido de que las pautas y cuestiones incluidas en el proyecto votado en Diputados, van a ser tenidas en cuenta en la reglamentación de la ley”. En la práctica, esto haría que el proyecto de Blanco prácticamente termine siendo absorbido por el mensaje del Ejecutivo.

“Inexplicable”

 La decisión del Ejecutivo generó malestar en la oposición parlamentaria. Blanco, a través de las redes sociales, expresó su disgusto. “Sinceramente es difícil de comprender la actitud del gobernador de negar los avances realizados, y retrasar esta Ley que cuida el bolsillo de la ciudadanía y genera empleo local. Estamos para aportar soluciones, sobre la base del respeto entre oficialismo y oposición”, escribió.

El legislador acotó que “la media sanción de diputados es fruto de un año de trabajo que incluyó reuniones con entidades del sector, opiniones de la ciudadanía y avances en consensos políticos; y propone sobre la base de la ley nacional, condiciones para cuidar y favorecer a las pymes locales”. A su criterio, se trata de una situación “inexplicable”, teniendo en cuenta que la ley había sido votada por unanimidad”. “Pasamos de eso a sólo ‘adherir’ a la Ley Nacional, negando los acuerdos entre los diferentes bloques de Diputados”, concluyó.

La legisladora socialista pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre el endeudamiento asumido por la empresa con la proveedora mayorista Cammesa. “Se está poniendo en riesgo la prestación del servicio”, advirtió.

La diputada Clara García, junto a legisladoras y legisladores del Frente Progresista, Cívico y Social, pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre el endeudamiento asumido por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que según confirmó el propio jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en su último informe de gestión, supera los 10 mil millones de pesos.

“La EPE no solo distribuye un recurso tan esencial como la energía –remarcó García-, sino que es una prestadora estratégica e indispensable entre los servicios públicos y a seis meses del inicio de la actual gestión, vemos con preocupación la situación de una EPE injustificadamente intervenida, inexplicablemente endeudada, casi sin inversiones ni mantenimiento y cediendo su remanente financiero al Tesoro provincial para otros fines”.

Al respecto, la legisladora socialista mencionó que en el informe de cobranzas de Cammesa al 29/11/2019, la EPE no tenía deuda alguna por la energía consumida. Sin embargo, del último informe de gestión presentado por Cafiero en el Senado de la Nación el pasado 17 de junio, se constata que al 31/5/2020 la deuda de la empresa pública santafesina asciende a $10.173.888.902, equivalente a 3,5 períodos pendientes respecto del último mes facturado.

“La EPE es la empresa pública más importante de Santa Fe”, sostuvo García, poniendo de relieve la cantidad de personal, el volumen de su facturación, la diversidad geográfica de su cobertura, la complejidad técnica de sus equipamientos, y la histórica defensa de su identidad pública. “Por eso solicitamos al Poder Ejecutivo información relativa a este endeudamiento, que debe regularizarse para no poner en riesgo la solvencia de la empresa ni la prestación de este esencial servicio”, afirmó.

Específicamente, la diputada solicitó que el Ejecutivo informe a través de qué actos administrativos del interventor, Mauricio Caussi, se ordenó a las gerencias General y de Administración de la EPE incumplir los vencimientos contractuales, y los fundamentos para hacerlo, que quiebran un estricto historial de cumplimiento de la empresa.

También requirió el detalle de los intereses generados por estos incumplimientos, que acarrean un costo financiero innecesario a afrontar implícitamente por los usuarios del servicio; y de los acuerdos de pago realizados o en instancia de tramitación con Cammesa para evitar la judicialización de dicha deuda, que podrían llevar a la empresa a una virtual cesación de pagos.

Asimismo, García pidió conocer la evolución de ingresos y egresos del corriente año y el saldo en bancos al 31/5/2020, que forma parte del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), “ya que, al no haberse utilizado los recursos para cancelar las deudas citadas, el remanente financiero de la EPE estaría siendo utilizado por el Tesoro Provincial para otros fines, poniendo en riesgo la liquidez de la empresa y su capacidad de prestar este servicio público esencial”.

El plan incluye deudas tributarias devengadas desde el 1 de diciembre de 2019 al 31 de mayo de 2020.

En el marco de la Emergencia Sanitaria, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe firmó el Decreto No 484/2020 disponiendo un Plan Especial de Pago para deudas tributarias devengadas desde el 1 de Diciembre de 2019 al 31 de Mayo de 2020 el cual fue reglamentado por la Resolución General No 34/2020 de la Administración Provincial de Impuestos.

Vigencia: desde el 18 de Junio de 2020 al 15 de Setiembre de 2020.

Alcance: Los siguientes impuestos y tasas provinciales sus intereses y multas:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Régimen General:

Régimen Simplificado:

Impuesto Inmobiliario

Urbano y Suburbano:

1) Cuota 6/2019;

2) Cuotas 1/2020 al 2/2020

Rural:

 1) Cuotas 1/2020, 2/2020 y 3/2020

Impuesto de Sellos:

Tasas Retributivas de Servicios:

Actuaciones administrativas o judiciales, promovidas sin la intervención de los Agentes de Retención y/o Percepción, cuyo pago debió realizarse entre el 15/12/2019 y hasta el 31/052020

Aportes al Instituto Becario:

1) Quincenas 23 y 24/2019;

2) Quincenas desde 01/2020 hasta 10/2020

Beneficios y Formas de Pago:

-Tasa de Interés Resarcitorios: El interés resarcitorio será del cero por ciento (0 %) durante la vigencia del plan.

– Forma de pagos:

1) Contado: Sin intereses resarcitorios.

2) Convenios de Pagos:

Hasta 6 cuotas sin interés de financiación

Hasta 12 cuotas con una tasa de financiación del 0.5% mensual

Cuota igual o superior a $ 300

Vencimiento de las cuotas: el día 10 de cada mes o el primer día hábil siguiente si es feriado o no laborable

La atención al Público en la Administración Provincial de Impuestos, en toda la Provincia de Santa Fe, se realizará pidiendo turno, en las ciudades de Santa Fe y Rosario a través del Servicio TURNOS WEB PARA TRAMITES, ingresando a http://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/

Líneas de contacto por consultas

Administración Regional Santa Fe: 0800 888 3722

Administración Regional Rosario: 0800 555 6672

El Poder Ejecutivo evalúa establecer una serie de restricciones en la circulación y vida social de las personas que, por razones laborales, deben desplazarse de manera frecuente a las regiones con circulación comunitaria del virus, como Chaco y Buenos Aires.

El Poder Ejecutivo analiza profundizar mecanismos de control en los límites interprovinciales para minimizar los riesgos de contagio a partir del fluyo de personas que se da entre Santa Fe y las regiones en las que se registra circulación comunitaria del virus. Se trata, esencialmente, de algunas ciudades de Chaco, Córdoba y Buenos Aires.

Como se sabe, los últimos casos registrados a nivel local se dieron, precisamente, por personas que viajaron y tuvieron contacto con los principales focos de contagio. Así se dio el brote de Villa Ocampo, a partir del verdulero que había viajado a Resistencia; también los que se registraron en Ceres, y finalmente los que se confirmaron en Rosario y Carreras, por contactos con Capital Federal. Las propias autoridades sanitarias admiten, asimismo, que los nuevos enfermos de Covid-19 que se puedan dar en la provincia de Santa Fe serán como consecuencia de los contactos con esas zonas limítrofes.

La problemática fue analizada en la reunión que este miércoles mantuvo el Comité Central de Crisis. En ese ámbito, se evaluaron una serie de medidas a adoptar y que pasarán por un protocolo específico para los transportistas, una modificación en la app de la provincia que será de instrumentación obligatoria, y una especie de aislamiento parcial para la persona que viaje.

Las medidas

Según comentó el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, se establecerá “cierta limitación para la circulación de las personas que habitualmente tienen que entrar y salir de la provincia”. “También -acotó-, estamos pensando en un protocolo particular para los transportistas de modo tal que se genere una norma que establezca los criterios que se tienen que respetar para la circulación. Se va a trabajar en una modificación a la aplicación de la provincia y el uso de esa app será obligatorio para quienes transitan la provincia o ingresan y egresan del territorio provincial. La intención es tener un registro de esa persona y en caso de que hubiera algún brote, podamos nosotros identificar en qué grupo se manejaba o encontraba”, planteó.

– ¿Cuando hablamos de limitación a la circulación, de qué hablamos?

– Básicamente de que algunas de las actividades que hoy están permitidas, ya no las puedan hacer esas personas que viajaron. Por ejemplo, quien vuelva de una provincia limítrofe no podrá participar de reuniones sociales o actividades deportivas.

– ¿Una especie de aislamiento para esa persona?

– Sí, la idea que se está desarrollando es la de generar un aislamiento parcial; que la persona tenga la posibilidad de volver a trabajar, que no limite esto la actividad laboral, pero sí que queden restringidas para esa persona las actividades sociales y deportivas para no exponer al resto de la comunidad con el riesgo que corre a partir de estar en regiones con circulación comunitaria del virus.

– ¿Se piensa más en medidas de este tipo antes que en incrementar los controles con fuerzas de seguridad?

– Eso ya se está haciendo, pero genera mucha dificultad. Además, tenemos el caso de los asintomáticos que por más que se hagan los controles, no se detectan. Eso se ha profundizado y ha generado muchas colas y problemas sobre todo en el sur de la provincia. De todos modos, seguirá, pero tiene un límite. Porque por diferentes circunstancias se pone la mirada sobre el transporte de carga y se escapan otras personas con otras actividades. La idea es que el control sea más general, pero más limitada la vida social de esa persona. Se trata de generar la condición para procurar que sólo se movilicen quienes tienen un motivo valedero para hacerlo.

El presidente del bloque de senadores de la UCR, Felipe Michlig, solicitó al Poder Ejecutivo Provincial que realice gestiones ante el gobierno nacional para que las empresas de turismo y el transporte de la provincia reciban las asignaciones compensatorias establecidas en el decreto 332/2020, por el cual el Estado absorbe el pago del 50% del salario de los trabajadores del sector, ya que al presente no han recibido el monto correspondiente al mes de abril y mayo.

Esto genera una desesperante situación que afecta la continuidad de las empresas y los trabajadores del área.

Posibilitar la subsistencia El legislador explicó que “en el marco de la pandemia el objeto del referido DNU es posibilitar la subsistencia y continuidad de las actividades empresarias, como asimismo el mantenimiento de las fuentes laborales, apoyando económicamente con el pago de parte de la masa salarial del personal”.

“Sin embargo -sigue Michlig- la ayuda aún no llegó a este sector por lo cual es necesario arbitrar los medios para su pronta efectivización, pues se trata de cuestiones alimentarias”.

La iniciativa también fue acompañada por todos los senadores que integran el Bloque de la UCR: su presidente Felipe Michlig (San Cristóbal), Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio Marcón (General Obligado) y Germán Giacomino (Constitución).

Pedido por los trabajadores de salud El senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, a través de un proyecto de comunicación solicitó al Poder Ejecutivo que se concrete -en forma urgente- “el pago de la asignación estímulo de $ 5000 por la efectiva prestación de servicios, en forma presencial, a todos los trabajadores del sistema público y privado que cumplen funciones en el marco de la pandemia del Covid-19.

Por otra parte -a través de un pedido de informes- solicitó “conocer las vacantes existentes en el sistema de salud pública de la provincia, en vista de regularizar situaciones laborales del personal de todas las área que se encuentran informalizados o bajo modalidades no convencionales”, explicó el senador Michlig.

En los fundamentos del proyecto se sostiene que “en el marco de los decretos regulatorios, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, formalizaron y reglamentaron una bonificación de $5.000 para los trabajadores y trabajadoras de la salud que se sumará a sus salarios de abril, mayo, junio y julio en el marco de las medidas tomadas en la emergencia sanitaria.

La medida alcanza a “los trabajadores/as, profesionales, técnicos/as, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia de todo el sistema de salud, en instituciones asistenciales públicas, privadas y de la seguridad social, abocados a la pandemia del Covid-19″, conforme lo dispuesto por el presidente de la Nación en el decreto 315/20”.

Pese a las críticas de la oposición y algunas quejas de intendentes, el Poder Ejecutivo aclaró que está vigente la herramienta legal. Se trata de la disposición que condiciona el envío de partidas a los gobiernos locales siempre que éstos se ajusten a la normativa sanitaria vigente, y ejerzan su rol de fiscalización.

El gobierno provincial ratificó en todos sus términos el decreto 420 firmado por Omar Perotti el pasado 13 de mayo. La decisión administrativa, que causó controversia y críticas de la oposición, supedita el envío de fondos provinciales a municipios y comunas para la pandemia, a que éstos se ajusten a las normativas vigentes y ejerzan su rol de fiscalización.

Uno de los detonantes de la medida había sido que un puñado de comunas había comenzado a autorizar unilateralmente las salidas recreativas, que recién este miércoles fueron convalidadas por el gobierno provincial en todo el territorio, excepto en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Precisamente, esa habilitación provincial en las últimas horas hizo presumir a muchos que se daba marcha atrás con el mencionado decreto. Pero no fue así.

“El decreto está ratificado”, dijo a El Litoral el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri. El funcionario insistió en advertir que dicho instrumento jurídico “es mucho más abarcativo”, y trasciende la autorización o fiscalización de las caminatas.

Va por más

En efecto, el texto alude a todas las disposiciones vigentes en materia sanitaria tanto a nivel nacional como provincial que los gobiernos locales deberán respetar; y a las tareas de control que dichas administraciones deberán ejercer. Es allí donde se inscribe la tarea de fiscalización para hacer respetar el aislamiento social obligatorio, pero también para la verificación de precios en los comercios, y para el cumplimiento de los protocolos en los rubros y actividades habilitadas.

Fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por este diario reiteraron que así como en algunas localidades se autorizaron las salidas recreativas antes de tiempo, en otras se habilitaron actividades económicas sin que estuviesen permitidas por los respectivos decretos provinciales.

Látigo

Como informara El Litoral, el decreto 420 fue objetado por la oposición. Tanto los diputados de la UCR como de Cambiemos lo tildaron de “desatino jurídico”, y adelantaron que reclamarán su derogación.

También el bloque de diputados socialistas se manifestó sobre el tema, y rechazó acusaciones vinculadas con un supuesto trato discrecional hacia los municipios durante los gobiernos del Frente Progresista. “El Frente Progresista nunca necesitó de un decreto extorsivo para acordar políticas con intendentes y presidentes comunales”, afirmaron. Y exigieron “más diálogo y menos látigo a la hora de la tomar decisiones”. “En momentos de crisis y emergencias como los que estamos atravesando es cuando más deberían funcionar las instituciones de la provincia, mantener diálogo permanente con intendentes y presidentes comunales, explicar y consensuar medidas, y no pretender someter a las autoridades locales a través del látigo y la billetera cuando están haciendo un esfuerzo enorme en este contexto”, señalaron.

Marco jurídico

Se aguarda para las próximas horas el decreto del Poder Ejecutivo para respaldar jurídicamente las salidas recreativas que ayer verbalmente anunciaron las autoridades provinciales. Como se sabe, las caminatas estarán permitidas en todo el territorio, excepto en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Allí, se terminan de acordar los detalles operativos con los intendentes respectivos -Emilio Jatón y Pablo Javkin- para poder habilitarlas el fin de semana próximo.

La difusión de las nuevas habilitaciones generó confusión, porque a la par de que los ministros del Ejecutivo enfatizaban que sólo quedaban fuera de las caminatas las dos principales urbes de la provincia, las placas y comunicados que hacían circular desde la Secretaría de Comunicación Social daban cuenta de que la excepción regía para el Gran Santa Fe y el Gran Rosario. Ésa fue la información oficial que comenzó a llegar a los intendentes de ambos conglomerados y que durante varias horas provocó una profunda desorientación. Hasta que se aclaró desde la propia Casa Gris que se había tratado de un error en la redacción de la información.

La vice reemplazará a Alberto Fernández hasta el sábado, por su viaje a Israel.

El presidente Alberto Fernández emprenderá esta tarde su viaje a Israel, el primero al exterior desde su asunción el mes pasado, donde tendrá una breve estadía para participar en Jerusalén del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo y mantener algunas reuniones bilaterales que se tramitaban a último momento.

Con una pequeña comitiva que lo escoltará, Fernández partirá alrededor de las 14 en un vuelo de línea -vía Italia-, y su agenda en Israel comenzará el miércoles con la cena que se ofrecerá a los mandatarios llegados de todo el mundo para participar del Foro.

El viaje del presidente Fernández marcará también el regreso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al ejercicio del Poder Ejecutivo hasta el sábado, cuando está previsto el regreso del jefe del Estado. El primer mandatario estará apenas días en Buenos Aires: el viernes 31 deberá estar en Roma para reunirse con el Papa Francisco.

Gentileza / Presidencia de la Nación El viernes por la mañana, a las 10 de Israel (las 5 en Argentina), el presidente mantendrá una reunión bilateral con su par local, Reuven Rivlin.

Un día antes, el jueves, será el foro central de la visita de Fernández, en el Museo Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, junto a otros líderes internacionales.

Las consecuencias del nazismo y la necesidad de que no se repita una tragedia de esas características será la cuestión central del encuentro, del que tomarán parte, entre otros, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Rusia, Vladimir Putin, entre más de 40 mandatarios y miembros de la realeza.

Ya en noviembre la embajadora de Israel en Buenos Aires, Galit Ronen le hizo llegar a Fernández la invitación del gobierno local para participar de esta cumbre con líderes de todo el mundo.

Mañana se subirán al avión con Fernández, su pareja, Fabiola Yañez; el canciller Felipe Solá; el designado embajador en Tel Aviv, Sergio Urribarri; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi; y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Además de Putin y Macron, participarán del Foro el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, la mayoría de los líderes de Europa, el príncipe de Gales y, claro, el anfitrión Rivlin.

Fernández será el segundo presidente argentino en visitar Israel, tras el viaje realizado por el entonces jefe de Estado Carlos Menem, en octubre de 1991.

Pocos viajes inaugurales de los últimos mandatarios argentinos fueron fuera de la región: Néstor Kirchner eligió en 2002 Brasil, para la firma de un acuerdo de integración; Cristina Fernández fue a Uruguay en 2007 para un encuentro del Mercosur y a Francia en 2011, y Mauricio Macri eligió Paraguay, también para una reunión del bloque regional del cono sur.

El viaje de Fernández será, además, apenas días después de que Buenos Aires respaldara, junto a representantes de otros 34 países, la llamada Declaración Ministerial IHRA2020, que reafirma el compromiso a nivel mundial para garantizar el recuerdo del Holocausto y aborda nuevas responsabilidades ante los desafíos contemporáneos del creciente antisemitismo y la discriminación.

En ese encuentro, en Bruselas, estuvo el designado embajador argentino ante la Unión Europea, Pablo Grinspun. Argentina es el único miembro pleno de América Latina que integra la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) desde 2002.

“Este documento es muy importante para ratificar la lucha contra el antisemitismo a nivel mundial. Para nuestro país es una nueva oportunidad de confirmar que ‘Memoria, Verdad y Justicia’ es una política de Estado, en sintonía con el firme compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos, como así también, con el respeto a las minorías, la diversidad cultural y la libertad religiosa”, afirmó el canciller Felipe Solá, a través de un comunicado.

Solá remarcó también que Argentina mantuvo “una firme y sostenida política de lucha contra la discriminación en todas sus formas”, y puso de relieve las condenas “al terrorismo y al extremismo violento también en todas sus formas y manifestaciones”.

La Declaración de la reunión ministerial IHRA2020, adoptada por unanimidad por 35 países, expresa la firme voluntad de combatir la negación al Holocausto y trabajar para contribuir a un mundo sin genocidios.