Se trata de uno de los años con más cortes en todo el país, con meses que tuvieron números récord. La Provincia de Buenos Aires y CABA concentraron la gran mayoría.

En medio de una crisis económica con una inflación galopante que puede alcanzar las tres cifras en 2022, uno de los grandes enfrentamientos que tuvo el Gobierno fue con los piquetes que se organizaron en todo el país. De esta manera, se encamina a superar al 2009 como el año que más marchas y ya superó el 2014.

En septiembre se registraron un total de 948 cortes de la vía pública, teniendo un 62,2% más de lo que pasó durante el mismo mes de 2021. Además, otro dato que se informó es que tres de cada diez de estos piquetes se realizaron en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Las organizaciones sociales son las que mayor cantidad de piquetes encabezaron durante el noveno mes del año, pero con la conflictividad social que fue creciendo después de la pandemia, también se sumaron otros sectores de la sociedad.

Relato salvaje en Chaco: iba en moto, quiso cruzar un piquete, se lo impidieron y apuñaló a un manifestante

El dato surge de un estudio que realizó Diagnóstico Político, una consultora que comenzó a revelar los datos de los cortes en la vía pública desde el año 2009. Durante este año señalaron que en septiembre se registró la mayor cantidad de cortes, superando a julio que tenía 966.

De acuerdo con los datos de la consultora, en los primeros nueve meses del año se registraron 7168 cortes de la vía pública en la Argentina, un 62,2% por encima de los 4420 que se organizaron en el mismo período de 2021 e incluso superando a los 6805 de 2014.

Según la proyección, al cierre del año en el país se habrán realizado más de 10.000 piquetes. Si bien las protestas se dispersaron en todo el territorio, el foco está puesto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Video: violento enfrentamiento entre barras de Talleres y piqueteros del Polo Obrero en Chaco

Cuántos fueron los cortes y piquetes en las provincias en septiembre de 2022

Buenos Aires: 146 cortes

Ciudad de Buenos Aires: 134 cortes

Santa Fe: 73 cortes

Río Negro: 62 cortes

Neuquén: 50 cortes

Mendoza: 45 cortes

Misiones: 42 cortes

Chaco: 41 cortes

Córdoba: 35 cortes

Junto a otros 15 diputados, Waldo Wolff de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para suspender planes sociales a quienes cometan delitos o contravenciones durante protestas. “El derecho a manifestarse no puede colisionar con el de circular y trabajar libremente”, argumentó el diputado.

La propuesta llega luego de que el Gobierno nacional afirmara que no quitará los planes sociales a las personas que participaron del acampe en la 9 de Julio la semana pasada.

El Gobierno dispuso un aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar

El ministro de Desarrollo Juan Zabaleta, descartó por completo la posibilidad de restarle la asistencia social a las personas que salen a cortar las calles. “El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita”, aseguró el funcionario.

Encabezados por  Wolff, el texto de los legisladores de la oposición va en línea con lo que pidió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien exigió castigar a los piqueteros con la quita del beneficio estatal no solo por la interrupción del tránsito sino también por la utilización de menores en la protesta.  Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo son otros de los firmantes.

Tendrá un sitio web para seguir los piquetes, conocer los costos económicos e informarán las organizaciones involucradas.

El legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, anunció el lanzamiento de un “movimiento antipiquetero”, una organización que nace en reclamo por la falta de acción del Gobierno contra los cortes de calle y los piquetes que ocurren a diario.

La iniciativa, conlleva la creación de una página web donde se convocará a los interesados a inscribirse para colaborar con una serie de actividades destinadas, según dicen, a “frenar los cortes de calles”. Además, abrieron cuentas en Twitter y en Instagram para desde allí también colaborar “con una movilización que no sea en las calles, sino promoviendo la participación para enfrentar este drama cotidiano que es no poder circular libremente”.

Según relató el legislador del espacio de Javier Milei, “hay mucha gente que acompaña esta iniciativa y quiere resolver el problema de los piqueteros. Como los políticos no pueden solucionarlo hemos decidido agruparnos para hacer lo que sea necesario dentro de la ley para sacar a los piqueteros de la calle. Nosotros no necesitamos usar armas. Los piqueteros, que están realizando actividades ilegales, si. Vamos a utilizar las herramientas que están ya establecidas por la ley y que los políticos no cumplen”.

Milei propone dolarizar la economía para frenar la inflación

El plan de acción del movimiento, según explica en su página web, “no es el de una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital”. Allí se anunciarán los piquetes que se realizarán (se estiman alrededor de 700 por año en CABA), el costo que tienen para los ciudadanos y un registro de los mismos, además de la realización de denuncias a organizaciones delictivas.

MAPA es un movimiento para todos los que estamos cansados de que los piquetes no nos permitan transitar libremente.

Tenemos un plan para hacer lo que los políticos no hacen. Sumate a nuestro equipo en https://t.co/GbxUKdtrFM y decile basta a los atropellos ???

— Movimiento Antipiquetero Argentino (@antipiquetero) March 29, 2022

“Esta agrupación nace en reclamo por la falta de acción del Gobierno contra los cortes de calle y los piquetes que a diario ocurren”, explicaron los promotores de la iniciativa a A24.

Como sustento del reclamo contra los piquetes y los cortes de calle, la organización explica que se basa en los artículos 14 de la Constitución Nacional y 194 del Código Penal, el cual apunta contra aquellos que no respeten la libertad de circulación de terceros.

Según explica en su presentación, esta agrupación nace en reclamo por la falta de acción del Gobierno contra los cortes de calle y los piquetes que a diario ocurren.

Los 10 puntos del movimiento antipiquetero son:

Adherimos al liberalismo y por ende al principio de la no violencia y al respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo.

En nuestra defensa de la libertad, entendemos que el derecho a manifestarse es legal y moralmente válido si, y solo si, no ven afectados los derechos de terceros.

Los derechos básicos de todo individuo son el de la vida, el de la libertad y el de la propiedad. La privación de cualquiera de ellos representa una falta grave contra la comunidad.

Nuestra Constitución y nuestro marco legal es claro con respecto a que la privación del derecho al libre tránsito es un delito, y no comprender esto es ir en contra de la Ley y la Constitución Nacional.

Habiendo infinitos modos de manifestación y formas de expresar demandas, afectar derechos de terceros es inaceptable, y debe caer sobre cada individuo todo el peso de la Ley.

Por sobre la responsabilidad de los individuos en la violación al derecho a la libertad, comprendemos que es aún mayor la de organizaciones cuyo fin único es el de perturbar y generar caos para beneficio privado.

La utilización de individuos a cambio de dinero u otros bienes para engrosar manifestaciones debe ser condenada tanto social como legalmente.

Uno de los delitos más graves que puede cometer un individuo es la utilización y puesta en peligro de menores, perjudicando a terceros para un beneficio privado.

El Estado en sus distintos niveles no puede seguir fomentando la privación de la libertad realizada por piqueteros. Ni piqueteros ni sus asociaciones deben recibir subsidio o ayuda alguna.

El Movimiento Anti Piquetero Argentino ratifica su rechazo a la violencia, a la violación de las libertades y a cualquier otra forma de fascismo camuflado de manifestación legíti

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, advirtió que no admitirá que haya “extorsión” por parte de manifestantes.

Zabaleta advirtió que no admitirá que haya “extorsión” por parte de los manifestantes. El funcionario también remarcó que el objetivo del Gobierno es lograr la vinculación de los programas sociales con empleo genuino.

“Más allá del reclamo, la decisión del ministerio es permitir que cada beneficiario del programa Potenciar Trabajo pueda elegir en qué unidad de gestión desempeñarse. Estamos convencidos de darles la libertad de elegir dónde quieren trabajar, en qué rubro, en qué oficio. Pretendemos darle centralidad al empleo”, detalló.

Un acampe

El ministro insistió en que la decisión está tomada. “No va a haber más altas de planes sociales y tampoco va a haber ajuste -afirmó-. Al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo”, señaló.

El ministro insistió en que la decisión está tomada. “No va a haber más altas de planes sociales y tampoco va a haber ajuste -afirmó-. Al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo”, señaló.

Las manifestaciones se produjeron en medio del estado de excepción que decretó el presidente Lasso. El desencadenante fue por el precio del combustible.

Sindicatos, movimientos sociales y organizaciones indígenas de Ecuador encabezaron una nueva protesta contra el gobierno de Guillermo Lasso, principalmente por el precio de los combustibles.

Mientras rige el estado de excepción decretado por el mandatario, que habilita la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, varias rutas fueron bloqueadas por los manifestantes en cinco de las 24 provincias del país, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito, según informó el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, informó RT en Español.

En ese marco, al menos 37 personas fueron detenidas por los piquetes, según informó por la tarde el ministro de Defensa, Luis Hernández, en una conferencia de prensa conjunta con su par de Gobierno, Alexandra Vela, quien aseguró la jornada de se produjo en general de manera pacífica y con respeto por parte de los manifestantes.

Ecuador: el país con mayor vacunación contra el covid-19 de América Latina

Más temprano, usuarios de redes sociales difundieron imágenes de la represión que se dio en algunos de los puntos donde se desarrolló la protesta.

En la tarde del martes, cuando ya corrían más de 15 horas desde el inicio del paro nacional que comenzó a la medianoche, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que reafirmó su “apertura al diálogo y su compromiso con el cumplimiento de la ley”.

“Estamos saliendo de una crisis económica y una pandemia; por lo que en este momento los ecuatorianos quieren recuperarse”, señaló el portavoz presidencial Carlos Jijón en una rueda de prensa. Además, informó que las movilizaciones se ubicaban en zonas rurales y que son de “baja intensidad”.

La jornada de protesta fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras organizaciones.

La medida de fuerza se produjo tan solo cinco meses después de la asunción de Lasso, cuestionado por varias medidas económicas de ajuste y en medio de las revelaciones de los Papeles de Pandora, que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.

Denuncian a la vicepresidenta del Congreso de Ecuador por recibir sobornos

En un clima convulsionado en el país por problemas económicos, tensiones políticas y un incremento de la inseguridad, Lasso dictó la semana pasada el estado de excepción por 60 días para combatir la “delincuencia y el narcotráfico”. La medida autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía Nacional en el control de la seguridad interna.

El viernes pasado, Lasso dio marcha atrás en los incrementos mensuales de los combustibles, una decisión que había generado un repudio generalizado entre la oposición y buena parte de la sociedad.

Sin embargo, los movimientos sociales, campesinos e indígenas cuestionaron que, antes de retroceder en el aumento, el presidente aplicó un incremento de 21 centavos de dólar por galón en el caso del diésel y de cinco centavos respecto al costo de la gasolina. Así, el precio quedó fijado en 2,55 dólares el galón de la extra y 1,90 el del diesel, un costo considerado elevado por los sectores que están en protesta

Con un “nuevo piquete a la altura de la localidad de San Martín”, en la provincia de Mendoza, se extiende la protesta de los productores de alimentos “autoconvocados” que iniciaron hoy, la cuarta jornada de acampe en los accesos a la provincia de San Luis, por los protocolos de ingreso para prevenir contagios de coronavirus, afirmó a Télam, Hernán Arguindegui, productor asentado en el corte de la localidad de Achiras, provincia de Córdoba.

El vocero de los productores fue más allá al afirmar que el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá “miente” cuando afirma que los protocolos sanitarios de esa provincia son más duros que los de San Luis, porque “acá con la toma de temperatura, un test rápido y una declaración jurada podemos circular con normalidad”.

“No podemos negocias con personas necias que nos ningunean, ni siquiera nos hablan y mandan a negociar a funcionarios de pobre discurso y ningún poder de decisión”, dijo y agregó que la situación se mantiene como “al inicio de la protesta hace cuatro días” y la determinación es “no despejar la ruta”.

Por su parte, el abogado patrocinante de las entidades rurales en protesta, Javier Quiroga Contreras, aclaró a este medio que continúan con los cortes sobre la ruta nacional N° 7 a la altura de Justo Daract, en el Arco de Desaguadero, limite con Mendoza; en la Localidad de La Punilla y sobre el acceso en ruta 148 de la provincia de La Pampa.

El letrado afirmó que “no fueron notificados de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Estado de la provincia de San Luis en el Juzgado Federal de Rio IV y que “la denuncia se trata de una garantía constitucional que cualquier ciudadano puede llevar adelante”.

Sostuvo que la llave del conflicto “la tiene San Luis” y que los que los productores piden “es el cumplimiento del DNU Nacional de libre circulación con declaración Jurada”.

“Es de tal tamaño la prohibición en San Luis –ilustro- que ayer los bomberos de Achiras “no fueron autorizados a ingresar a San Luis para ayudar a combatir el fuego en Villa del Carmen donde la situación es desesperante”.

A través de un comunicado de prensa que se conoció este mediodía, los productores, comerciantes y transportistas autoconvocados, confirmaron los cortes de accesos a San Luis por “tiempo indefinido”, anunciaron la suspensión del diálogo a partir de las 11 horas y afirmaron que la responsabilidad era “del Gobierno de la Provincia de San Luis” por “su total intransigencia respecto de todos los puntos solicitados”.

En la misma comunicación desmintieron las versiones sobre “el impedimento del paso de medicamentos y drogas para el sistema de salud violando así el artículo 42 de la Constitución Nacional”, argumentado por el Fiscal de estado de san luis, Eduardo Allende, en su presentación ante la justicia Federal.

Asimismo, La Unión Industrial Argentina, en coordinación con la Unión Industrial de Mendoza y sus pares de San Juan y San Luis, le pidió al Gobierno nacional que intervenga en el conflicto y advirtieron que las industrias “de toda la región se están viendo gravemente afectadas por la falta de insumos básicos para la producción”, y que esta situación se agrava porque “la ruta nacional 7 es también parte del corredor bioceánico”.