Un importante golpe al narcotráfico se concretó en la provincia de Salta tras un operativo llevado adelante por la Policía Federal Argentina en el marco del Servicio Plan Güemes. El procedimiento culminó con la detención de dos personas oriundas de la ciudad de Orán y el secuestro de una carga de cocaína de gran magnitud.

El procedimiento se desarrolló este sábado en el acceso norte a la localidad de Hipólito Yrigoyen, sobre la Ruta Nacional N° 50. Todo comenzó cuando el conductor de un automóvil de color gris oscuro realizó una frenada repentina a pocos metros de un control vehicular de rutina. Esa maniobra llamó la atención de los efectivos y activó el protocolo de intervención.

Ante la conducta sospechosa, el vehículo fue seguido y controlado, dando inicio a una investigación que apunta a desarticular una estructura delictiva de alcance internacional dedicada al tráfico de estupefacientes.

Al aproximarse al rodado, los agentes detectaron el marcado nerviosismo del conductor, quien intentó justificar su traslado asegurando que transportaba únicamente hojas de coca en el baúl. Sin embargo, la situación generó dudas entre los uniformados, quienes solicitaron autorización judicial para revisar el automóvil.

Con aval de la Fiscalía y en presencia de testigos, se realizó la inspección del vehículo. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron varios bultos cubiertos con lonas negras. Al abrirlos, descubrieron paquetes rectangulares prolijamente envueltos con cinta adhesiva amarilla, lo que dejó sin sustento la versión inicial del sospechoso.

La droga estaba escondida en un doble fondo ubicado en la parte trasera del automóvil, una modalidad habitual utilizada para el transporte ilegal de estupefacientes. El cargamento fue trasladado a la Terminal de Ómnibus de Orán, donde se efectuó el pesaje oficial.

El resultado confirmó la magnitud del operativo: un total de 200 kilos de cocaína de alta pureza, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en millones de dólares, dependiendo del destino final.

La causa quedó a cargo de la fiscal María del Carmen Núñez, quien ordenó el secuestro del vehículo y del estupefaciente para la realización de peritajes, además de disponer nuevas medidas investigativas. El objetivo central es determinar el origen de la droga, que se presume proveniente de Bolivia, y establecer cuál era su destino final.

Las autoridades sostienen que Salta operaba como una provincia de paso hacia grandes centros urbanos del país o incluso hacia mercados internacionales, lo que refuerza la hipótesis de una organización narco criminal altamente estructurada detrás del envío.

Los dos detenidos fueron trasladados para su identificación e indagatoria preliminar, mientras la investigación continúa para esclarecer la totalidad de la red involucrada y sus posibles vínculos con el narcotráfico transnacional.

La Policía Federal allana la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por el delito de lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.

Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos.

En base a la información a la que accedió TN, los investigadores creen se armó un fideicomiso para blanquear dinero vinculado al rol de Urzi como deportista.

En este sentido, según el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador al Fútbol Club Juárez de México.

La fiscalía que lleva adelante la causa indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.

Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.

En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.

De este modo, la fiscalía considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.

Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisión de sus deberes como agente de liquidación.

Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo.

También se analizan movimientos de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol, como los casos de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociación Civil, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación Civil, Club Atlético Defensores de Glew y Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña.

Un hombre de 67 años fue detenido en Entre Ríos, acusado de drogar, abusar sexualmente y fotografiar a mujeres mayores y menores de edad. La investigación comenzó en enero de este año por posibles vínculos con el narcomenudeo. La Policía Federal, bajo la dirección del fiscal Eduardo Santo, llevó a cabo tareas de campo.

Las pesquisas revelaron que el sujeto "suministraba sustancias ilícitas a mujeres mayores y menores, en muchas ocasiones de manera gratuita". Según la Policía Federal, se comprobó que el acusado entregaba estas sustancias en un lugar donde las víctimas quedaban inconscientes. Luego, se "aprovechaba y abusaba sexualmente de ellas en reiteradas oportunidades", y en la mayoría de los casos, les tomaba fotografías desnudas e inconscientes.

Tras reunir pruebas y recibir la denuncia de una víctima, el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, a cargo de Alejandrina Herrero, ordenó tres allanamientos. Durante los procedimientos, se detuvo al hombre y se incautaron dosis de clorhidrato de cocaína. También se encontraron tres cámaras fotográficas, seis computadoras, un monitor, una tablet, varios CDs, DVDs y Blue Rays grabados, doce celulares, una moto y un auto.

El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la justicia por los delitos de abuso sexual agravado e infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Este lunes, un hombre de 37 años fue detenido por amenazar de muerte a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de redes sociales. La causa comenzó el 20 de marzo tras la denuncia del Ministerio, luego de que la funcionaria recibiera amenazas graves.

Entre los mensajes, el agresor escribió “¿No te duele ser tan fascista? Personas como vos merecen morir antes que contratemos un sicario por la Deep Web para mandarte a hacer acá, querida basurita” y “Ya te voy a matar a vos, algún día vas a entrar al Congreso, hija de puta. Antes de que vuelvas a ajustar y a cagar a palos a los jubilados como en el 2001”.

Ante la gravedad de las intimidaciones, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA identificó el domicilio del sospechoso en la calle Luzuriaga al 1700. Con esa información, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Ariel Lijo, y la Secretaría N° 23, dirigida por Paola Yanina Kohen, ordenó el allanamiento.

En el operativo participaron efectivos del GEOF, la División Canes y la Brigada de Explosivos. Allí incautaron un artefacto explosivo casero tipo “Molotov”, un teléfono celular, un CPU, bibliografía con contenido anarquista, panfletos y material con consignas antisistémicas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia federal. Se aguardan las medidas de rigor mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otros grupos extremistas.

Hoy, integrantes de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Rosario” en conjunto con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto a otras Unidades de la Fuerza, dieron cumplimiento a un oficio judicial, emitido por el Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

Se registraron nueve domicilios ubicados en el barrio rosarino de 7 de Septiembre, a fines de desarticular una organización criminal ligada a distintos delitos conexos al narcotráfico. Se secuestró cocaína, marihuana, plantas de “cannabis sativa”, rodados, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Rosario: secuestraron gran cantidad de pastillas de éxtasis y drogas de diseño

Como resultado de los allanamientos, los funcionarios decomisaron 30 gramos de cocaína (fraccionada en 132 envoltorios, listos para la venta), 10 gramos de marihuana, 6 plantas de “cannabis sativa” con un peso de 805 gramos, dos automóviles, una motocicleta, dinero en efectivo, 14 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Asimismo, detuvieron a seis miembros de la banda delictiva, todos mayores de edad.

Rosario: una denuncia por amenazas terminó con el secuestro de drogas

El Magistrado interviniente dispuso el secuestro de los elementos hallados en infracción a la Ley 23.737 “Estupefacientes”.

Ocurrió en la localidad bonaerense de Valdés. La policía investiga si tenían una plantación en el establecimiento. La Policía Federal secuestró más de un kilo de marihuana en una escuela del partido bonaerense de 25 de Mayo, que depende de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El procedimiento fue realizado en el Colegio Nacional María Cruz y Manuel L. Inchausti, situado en la localidad de Valdés, donde el director del establecimiento encontró el material estupefaciente.

El caso quedó a cargo de la fiscal María Laura Recchini, titular de la UFI Nº8 de menores en Mercedes, quien ordenó a la Policía Federal que fuera a incautar la marihuana.

Alumnos quemaron su escuela porque no pasaron de grado

En la escuela, los uniformados secuestraron un envoltorio de gran tamaño que contenía marihuana por un peso total de 1,032 kilos, además de porros armados.

La sustancia incautada había sido descubierta por el Director del establecimiento en el interior de un casillero perteneciente a un alumno del establecimiento.

A raíz de ello, fueron identificados dos estudiantes, ambos menores de edad y de nacionalidad argentina. Los chicos fueron reintegrados a sus padres y por ahora no se adoptó otro temperamento legal para con ellos.

La escuela Inchausti depende de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, ofrece una tecnicatura en Ciencias Agropecuarias y funciona en el predio del partido de 25 de Mayo desde 1934.

Se llevó a cabo un operativo conjunto de fiscalización entre la ANMaC y la PFA por instrucción de la UFI-ARM motivada por una denuncia, en establecimientos comerciales dedicados a la venta de pirotecnia. Se secuestraron más de 19.000 kilos de pirotecnia, representando el más cuantioso en los últimos 5 años.

En el marco de una denuncia por venta de pirotecnia en una serie de establecimientos comerciales en el partido bonaerense de Tres de Febrero, recibida por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos Relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM), se dio intervención a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y la Policía Federal Argentina (PFA) a los fines de fiscalizar las relativas instalaciones y sus capacidades de almacenamiento.

Secuestraron diez kilos de pirotecnia en Santa Fe capital

El operativo se realizó por 8 inspectores de la ANMaC y 20 integrantes del Departamento de Armas y Explosivos de la PFA. Como resultado fueron secuestrados 1.251 bultos, equivalentes a un aproximado de más de 19.000 kilos de pirotecnia. Las cantidades secuestradas representan las más importantes desde el año 2016.

VIDEOS. Explotó una vivienda en donde fabricaban pirotecnia clandestina

Cabe mencionar que los materiales explosivos incautados se encontraban en infracción debido a que superaban las cantidades de stock permitidas y no satisfacían las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente, representando un riesgo para la seguridad pública de la ciudadanía.

Una red mundial de estafadores se alzó con unos 200 millones de pesos sustraídos a víctimas en Argentina en los últimos años, sobre todo desde el inicio de la pandemia.

Con acceso a información de los damnificados y llamados telefónicos, lograban engañarlos para obtener pagos de cuotas de deudas y también se hacían de los datos personales de las cuentas bancarias y así les transferían montos millonarios que terminaban en el exterior. La organización transnacional fue desarticulada en las últimas horas con allanamientos en distintos lugares del país, entre ellos en Entre Ríos, según se informó desde la Policía Federal.

Una cajera de supermercado estafaba a los clientes a través de Mercado Pago

Desde la fuerza que se encargó de la investigación, se informó a UNO que la investigación duró dos años, por parte de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de PFA, bajo instrucciones del juez Manuel de Campo. Se buscó desbaratar la banda criminal. Se indicó que la complejidad del modus operandi de esta organización criminal, con ramificaciones fuera del país, requirió de la fuerza federal vincular tipos de estafas que se iniciaban fuera de la Argentina para luego concretarse en el país.

Tres acusados de estafas con tarjetas de créditos se negaron a declarar

Concretamente, se informó que la provincia de Entre Ríos el allanamiento fue en un domicilio de calle Gobernador Cresto al 2100 de Concordia.

En primer lugar, el grupo de estafadores, mediante el uso de bases y la adulteración de datos informáticos que extraían de manera ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que poseían algún tipo de deuda monetaria. Establecida la identidad de las y los deudores, la organización les ofrecía, mediante engaños convincentes (como alterar de manera casi imperceptible el correo electrónico de la empresa acreedora), formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total.

De ese modo, al ofrecerles estos modos de condonación, brindarles un número de cuenta bancaria y haciéndose pasar por sus acreedores, la organización lograba hacerse del dinero de sus víctimas, quienes creían estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas engañadas, además de continuar con sus deudas originales, perdían el monto que habían depositado.

En segundo lugar, se logró comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada “Estafa del Soldado Americano”. La misma se iniciaba a partir de entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura víctima. El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misión fuera del país, sostenía la relación durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se veía imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, según explicaba, le habían llegado a la Argentina.

Debido a ello, el miembro de la organización le solicitaba que fuera a la aduana después de hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la víctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas apócrifas.

Las cuentas que recibían el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslabón más bajo de la organización criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando. Finalmente, la organización extraía el grueso del dinero y, a través de una compañía de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ahí que la PFA llegara a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanza a varios países.

Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigación, logró acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detención de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el líder de la banda. Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis.

La red criminal que organizaba las estafas estaba encabezada por quien brindaba los datos de quienes serían luego las víctimas de toda esta operatoria. Hasta donde se logró establecer, la organización delictiva operaba en varios países. De allí que, entre las detenciones, se encuentren personas de diferentes nacionalidades.

Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organización se les secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos con información sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria de interés, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta.

Según indicó Infobae, era un Nigeriano a quien llamaban Bobby, el que dirigía las acciones de la banda en argentina y se comunicaba con sus pares en igbo, su idioma nacional. El esquema era totalmente global: la ruta de dinero comenzaba en aplicaciones de transferencia en Argentina y seguía al resto del mundo por Western Union.Llegaba hasta Perú, Colombia, luego Nigeria y Sudáfrica.

Además, se investiga si los fondos girados al exterior tenían como finalidad el financiamiento de grupos terroristas africanos, publicó UNO.

La destrucción estuvo a cargo de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue convocada por las fiscales que investigan el siniestro, Laura Urquiza y Mariela Jiménez.

Agentes de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detonaron un total de 500 kilos de pirotecnia y materiales explosivos que fueron secuestrados de la Unidad Regional I tras la explosión del último viernes que dejó como saldo dos policías heridos e internados en el Hospital Doctor José María Cullen.

La destrucción tuvo lugar en el predio del ISEP y se llevó a cabo entre el domingo y lunes pasado. Dicha medida contó con la participación de personal de la Policía de Santa Fe y de los Bomberos Zapadores, que prestaron colaboración. En cuanto al resto del material inerte que se encontraba en la Brigada de Explosivos de la URI, fuentes policiales indicaron a AIRE que fue también secuestrado por la PFA y trasladado a la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, en jurisdicción del departamento San Lorenzo, para su posterior análisis.

El caso, que se mantiene bastante hermetismo en la Justicia, se encuentra a cargo de investigadores de Asuntos Internos, bajo las directivas de las fiscales del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez y Laura Urquiza. Dichas funcionarias fueron de hecho quienes convocaron a la Brigada de la Federal para que intervenga en el peritaje que se desarrolló entre la tarde del viernes y mañana del sábado.

La explosión se dio el 13 de agosto pasado dentro de la oficina de la Brigada de Explosivos de la URI y en donde se hallaban 2800 kilos de pirotecnia que había sido secuestrada por agentes del área junto con funcionarios de la Secretaría de Control Municipal durante el 2020. Por causas que aún no están claras, esa pirotecnia estalló en la oficina y provocó que dos policías deban ser trasladados al hospital Cullen e internados en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según explicó el director del efector provincial, Juan Pablo Poletti, uno de los policías se encuentra con “asistencia respiratoria mecánica con neumonía aspirativa y control de las quemaduras por parte de Terapia y Cirugía Plástica, con curaciones locales de las heridas de rostro, cuello, miembros superiores y genitales”. “Se encuentra estable y con buena función renal, más allá que su pronóstico sigue siendo reservado y agregó toda la antibioticoterapia para una neumonía bronco aspirativa», detalló.

En cuanto al otro uniformado, Poletti indicó que su estado es favorable, ya que come por sus propios medios. “Se encuentra también con curaciones locales de las quemaduras en rostro, miembros superiores, genitales y todo lo que es dorso y abdomen. Un paciente que evoluciona favorablemente, pero el pronóstico sigue siendo reservado», explicó. La causa por el momento fue caratulada por “lesiones” y “estrago culposo” y busca determinar, primero, si existió algún tipo de delito. En este sentido, trata de establecer si la Brigada, en donde ocurrió el siniestro, se encontraba apta para almacenar pirotecnia y otro tipo de material explosivo. Además, las fiscales apuntan a determinar si había una resolución interna que ordenara y aprobara el almacenamiento en el lugar y si el personal que oficiaba en la repartición estaba capacitado para manipular tales explosivos.

En el marco del refuerzo y profesionalización de la investigación criminal y su articulación con el Poder Judicial que impulsa la ministra de Seguridad Sabina Frederic para prevenir el delito, la Policía Federal Argentina secuestró gran cantidad de suplementos proteicos falsificados y detuvo a 14 implicados.

El trabajo de la Fuerza que conduce Juan Carlos Hernández fue realizado mediante un operativo que incluyó allanamientos en varias localidades del conurbano bonaerense y en otras jurisdicciones del país.

La investigación fue llevada adelante por las y los agentes federales de la División Delitos contra la Salud Pública y Falsificación de Fármacos, quienes tras sus tareas investigativas, identificaron a una persona que, mediante el uso de redes sociales, publicitaba y vendía productos anabólicos fabricados fuera del país, muchos de ellos prohibidos por la legislación argentina.

Durante los procedimientos, las y los federales detuvieron a 14 personas involucradas en el delito y secuestraron 1057 cajas de anabólicos, 1082 de proteínas, 849 de esteroides, 489 cajas de hormonas “para el crecimiento”, dos frascos de suplemento, 145 paquetes de aminoácidos, 11 frascos de quemadores de grasa, 347 potes de suplemento dietario y 8 frascos de otro producto. Según las y los investigadores, lo incautado tiene un valor de mercado multimillonario.

Las personas detenidas y los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado interventor, bajo la causa por venta de sustancias medicinales sin receta médica e infracción al código aduanero.

A raíz de ello, se realizaron trabajos de investigación criminal y de vigilancia y control que guiaron a las y los investigadores hacia varias viviendas ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones. Dichas locaciones eran utilizadas para la distribución y comercialización de los productos.

Con el total de los elementos probatorios, el Juzgado Federal de Mercedes a cargo del Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, junto con el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del Dr. Carlos Alberto Vera Barros, secretaría a cargo del Dr. Nicolás Franco Feiretti, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Posadas y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Isidro a cargo del Dr. Lino Claudio Mirabelli, Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. Clara D’ Hers, ordenaron 15 allanamientos en las localidades bonaerenses de Villa Adelina, Olivos y Mercedes y en las ciudades de Rosario y Posadas.