Este fin de semana, la policía de la provincia incautó más de 500 pescados de distintas especies en diversos puntos de Santa Fe, algunos ribereños y otros limítrofes.

Agentes del Destacamento Arroyo Leyes, la Sección Nº15 de Bernardo de Irigoyen y el Puesto Fijo de Las Cañas de la Dirección de Seguridad Rural "Los Pumas", con la colaboración de uniformados de la Unidad Regional VII, identificaron y notificaron a ocho personas por transgredir la Ley Provincial Nº 12.212/03 que protege la fauna ictícola.

Los policías lograron incautar alrededor de cuatrocientas cincuenta piezas de diversas especies tales como sábalos, truchas y bagres en intervenciones concretadas en zonas ribereñas y costeras de sus jurisdicciones, tras patrullajes preventivos y de seguridad realizados.

Por su parte, efectivos de la Agrupación Cuerpos y de las Subcomisarías 1ra. y 3ra., todas las dependencias integrantes de la UR VII, hicieron lo propio al incautar más de medio centenar de pescados de la especie de los amarillos, tras un control efectuado en conjunto en el cruce de las Rutas Provinciales Nº 1 y Nº 61, jurisdicción del Paraje Las Cañas.

Los efectivos cumplimentaron sus tareas y procedieron acorde a lo dispuesto en la normativa de la mencionada norma.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, a través de la Dirección de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros, multó a dos personas que cometieron infracciones a la Ley Provincial N.º 12.212 (Ley de Protección de la Fauna Ictícola). 

Los individuos, oriundos de la localidad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba, fueron sancionados tras un procedimiento de oficio, a raíz de la viralización de un video en redes sociales, donde se observaron hechos que ocurrieron en la zona costera de la provincia de Santa Fe. Allí se pudo observar a los infractores luego de una jornada de pesca, mostrando una cantidad de peces muy superior al cupo de captura reglamentario y surubíes fuera de medida, entre otros incumplimientos.

Como sanción se interpuso una multa de 400.000 módulos tributario, a cada uno, equivalente a $1.680.000, por haber cometido tres infracciones a la norma vigente, imputadas de la siguiente manera:

>> Carecer de licencia habilitante para la actividad desarrollada. Infracción a la Ley N.º 12.212 – artículo 21, modificado por la Ley N.º 12.482 artículo 1.

>> Exceder el cupo máximo de capturas por especie a retener, por cada pescador. infracción a la Resolución N.º 207/10 – artículo 4 del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

>> Incumplir con la medida mínima permitida para la captura de ejemplares de surubíes. Infracción a la Ley N.º 12.212 – artículo 10.

Trabajo articulado y regulación 

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó que “todo este procedimiento fue posible a través de un trabajo articulado con la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba y es parte de las políticas de control y regulación de la actividad pesquera por parte del Gobierno de Santa Fe”. 

Cabe señalar que en la provincia de Santa Fe la pesca de surubí está habilitada desde el 1 de enero al 31 de octubre. Las medidas mínimas de captura son 85 cm y las máximas de 120 cm, con un máximo de 1 pieza por cada pescador deportivo con licencia habilitante.  

Vale destacar que para realizar denuncias por pesca ilegal, está habilitado el 0800 555 6768 (opción 3).

Controles

Por otra parte, el fin de semana se realizaron tareas de control y fiscalización desde el área de la Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros, del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, implementándose en ésta oportunidad la modalidad de operativos náuticos.

Los operativos se llevaron a cabo en la zonas de islas de Santa Fe, Monte Vera, San Javier y alrededores, en forma conjunta con la Dirección General de Seguridad Rural.

En ese marco, se labraron 12 actas por incumplimiento sobre regímenes de veda, carecer de licencia habilitante, pescar/transportar especies fuera de medida y utilizar artes no habilitadas. En la oportunidad se secuestraron también un total de 500 metros de redes de pesca y se encontraron especies como dorados, surubíes, amarillos, bogas, mandubíes, moncholos, patíes y armados.

También es importante destacar la función educativa llevada a cabo por el personal que proporciona a los distintos pescadores al momento de las verificaciones. Desde la Secretaría de Biodiversidad se vienen realizando diferentes operativos de control, particularmente del área de Pesca, en frigoríficos, vial ,y como en ésta ocasión en territorio, más precisamente zonas de islas. 

Alrededor de 140 pingüinos murieron en Santa Cruz tras ser capturados por una red de pesca colocada ilegalmente en un área protegida que comparten la provincia y el Estado nacional. Autoridades provinciales indicaron que se trata de la mayor mortandad de ejemplares en la zona y advirtieron que este tipo de actividades pueden afectar a otras especies que pierden densidad poblacional.

A principios de esta semana, se conocieron posteos en redes sociales con imágenes de pingüinos muertos en redes de pesca al lado del Parque Interjurisdiccional Marino Makenke, cercano a Puerto San Julián y en el área marina provincial. El área es gestionada en conjunto por los gobiernos provincial y el nacional.

Lugareños indicaron que las redes eran de tipo trasmallo y que se trata de un tipo de pesca que no distingue ejemplares ya que captura todo a su paso. La actividad con esta metodología debe estar habilitada y las redes deben contar con precintos especiales e identificación. Ninguno de estos elementos estaban al momento del hallazgo en una zona donde ni siquiera se permite la colocación de este tipo de redes.

Por el accionar, se contaron 138 pingüinos muertos y detallaron que se trata de la mortandad más grande de animales registrada en esa zona.

“La investigación policial es nula, en la provincia hay muchísimo abandono ambiental. Estas áreas protegidas dependen de las provincias y faltan recursos para poder cuidarlas como corresponde”, señalaron fuentes consultadas.

A raíz del hecho, el Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz radicó una denuncia en la Secretaría de Pesca provincial y entregó las redes incautadas que extrajeron del agua en conjunto con personal de Parques Nacionales. Todavía no pudieron dar con el dueño de las redes.

“Es la mayor mortandad registrada en la zona”, dijo Amanda Manero, directora general de Fauna del Consejo Agrario. Y agregó: “No tenemos muchos lugares donde la gente pueda poner redes y está prohibido instalarlas en esa área protegida”.

Las poblaciones de pingüinos nidifican en las islas Cormorán y de la Justicia, que están en la bahía de San Julián, y nadan por la zona buscando alimentos. Manero explicó que los ejemplares murieron ahogados tras quedar “enmallados” en las redes mientras intentaban volver a los nidos.

La actividad con redes es algo usual, según detalló la funcionaria: “Junto a la Secretaría de Pesca recorremos y vemos que esto ocurre muchas veces, y sacamos las redes. Los pescadores infringen la ley y se van, como pasó en este caso”.

Si bien aclaró que la población de pingüinos no está en peligro en Santa Cruz (por el contrario, está creciendo) una actividad como esta puede afectar a otras especies que sí tienen un presente más crítico en cuanto a densidad poblacional.

“Le podría haber pasado a otras especies que sí están complicadas, como la tonina overa (conocido también como delfín pío) que es monumento natural provincial”, indicó Manero, para concluir: “El número de pingüinos muertos es muy grande y pasa en un momento crucial porque se están criando”.

El caviar legal que se puede comercializar internacionalmente solo puede proceder de esturiones de piscifactoría y existen estrictas normas para proteger la especie. Sin embargo, un estudio concluye que la mitad de los productos de caviar de Europa examinados son ilegales y algunos ni siquiera lo son.

El trabajo, con 149 muestras, está dirigido por investigadores del Instituto alemán Leibniz para la Investigación Zoológica y la Vida Salvaje, y las conclusiones se publican en la revista Current Biology.

El equipo de expertos, tras realizar análisis genéticos e isotópicos de muestras de caviar de Bulgaria, Rumanía, Serbia y Ucrania, países limítrofes con las poblaciones de esturión salvaje que quedan, halló pruebas de que las normas se están incumpliendo.

Half of tested caviar products from Europe are illegal, and some aren’t even caviar, study finds.Read more in @CurrentBiology: https://t.co/ayaOrAWZif@CITES Arne Ludwig pic.twitter.com/bnPhK8dF8N

La mitad de los productos comerciales de caviar muestreados son ilegales y algunos ni siquiera contienen trazas de esturión, aseguran los investigadores.

En Europa quedan cuatro especies de esturión capaces de producir caviar: beluga, ruso, estrellado y esterlete. Las últimas poblaciones salvajes de estas especies –protegidas– que quedan se encuentran en el río Danubio y el Mar Negro. 

Para averiguar el verdadero origen de los productos de caviar, los investigadores, dirigidos por Arne Ludwig, compraron caviar tanto en línea como en persona en una amplia variedad de fuentes, como mercados locales, tiendas, restaurantes, bares e instalaciones de acuicultura.

También incluyeron cinco muestras incautadas por las autoridades. En total, recogieron y analizaron 149 muestras de caviar y carne de esturión.

Tras analizar el ADN y los patrones isotópicos de cada muestra, el equipo descubrió que el 21% de las muestras procedían de esturiones capturados en el medio natural y que estos peces se vendían en todos los países estudiados.

También constató que el 29 % de las muestras infringían la normativa CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora) y las leyes comerciales, lo que incluía caviar en el que figuraba la especie de esturión equivocada o el país de origen equivocado.

Los investigadores clasificaron otro 32 % de las muestras como "engaño al cliente", como muestras declaradas como productos silvestres que en realidad procedían de la acuicultura.  

"Nuestros resultados indican una demanda continua de productos silvestres de esturión, lo cual es alarmante, ya que estos productos ponen en peligro las poblaciones silvestres", escriben los científicos.

Además, tres de las muestras, servidas en Rumanía en un plato llamado "sopa de esturión", no eran esturión en absoluto. En su lugar, se identificó pescados como siluro europeo y perca del Nilo.

Los autores sugieren que el gran volumen de actividad de pesca furtiva ilegal podría ser un indicador de que los vendedores locales carecen de oportunidades de ingresos adecuadas, lo que podría aumentar la presión para dedicarse a la actividad pesquera ilegal.

También señalan que es probable que en estas regiones no haya una aplicación eficaz de la ley, bien porque detener la pesca furtiva ilegal no sea una prioridad para las autoridades locales, bien porque no dispongan de las herramientas necesarias para demostrar el origen ilegal de un pescado. Pero independientemente de las razones, subrayan la importancia de actuar y rápido. 

El caso se conoció tras la difusión de un video en el que el hombre se jactaba de la pesca que había realizado. “No habrá impunidad”, alertaron las autoridades.

En las últimas horas se difundió en las redes sociales el video en el que se puede observar a un hombre junto a 15 ejemplares de surubíes de distintos tamaños. La Justicia investiga al pescador que ya fue identificado y buscan determinar si la pesca ilegal ocurrió en Goya.

Según denunciaron ambientalistas el hombre fue identificado “como Alexis Fisher de la barra pesquera Surubí Chamarritero”. La Dirección de Recursos Naturales realizó una intervención para investigar el hecho.

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Las imágenes causaron indignación en los distintos usuarios de redes sociales quienes reclamaron “una medida ejemplificadora para que estas cosas no ocurran más”.

Al respecto, el director de Recursos Naturales Agustín Portela, aseguró que el caso es investigado y se tomarán las medidas correspondientes.

“Estamos al tanto de la situación, el video y toda la información recaudada fue presentada a la fiscalía ambiental de Mercedes en donde se lleva a cabo la investigación correspondiente”, aseguró el funcionario.

Portela describió: “es una zona aguas abajo cerca de Santa Fe, no es en Corrientes, tenemos bastante pesca furtiva, es una zona que cuidamos bastante, pero evidentemente necesitamos muchas más presencia y responsabilidad de los pescadores”.

“En Santa Fe y Paraguay no hay sanciones hacia pescadores por eso la gente se relaja y tiene cierto grado de impunidad por la falta de controles”, se quejó.

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“No habrá impunidad acá, la barra pesquera tiene que ser sancionada, la fiscalía de Mercedes los va a citar seguramente y si vienen a participar a Corrientes, no van a poder presentarse”, insistió.

Sobre el caso, también se refirieron diversos ambientalistas correntinos quienes denunciaron el comportamiento del pescador y exigieron que se tomen las medias correspondientes.

“Creemos que es importante que la propia Comupe pueda aclarar la situación y en el caso de haber participado en la Fiesta del Surubí, se pueda tomar medidas ejemplificadoras para que este tipo de prácticas no se repitan y así mismo que Flora y Fauna tomen medidas”, expresaron.

Por el momento se desconoce si Fisher participó de la Fiesta Nacional del Surubí.

La imagen aérea de la milla 200 del mar Argentino genera hipnotismo: entre las nubes, cientos de luces brillantes se asoman y se mecen en las olas del océano Atlántico, que pescan en el límite con la zona económica exclusiva argentina.

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“Estamos comenzando el descenso, estén atentos a las ventanillas que en minutos comenzarán a ver las luces”, dijo por altoparlante Enrique Piñeyro, comandante del vuelo que él mismo organizó a bordo del Boeing 787 de Solidaire, la ONG con la cual realiza acciones humanitarias.

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Antes de que la voz del comandante sonara en el avión, todos los pasajeros sabíamos que estábamos lejos de tierra firme. De hecho, hacia minutos nos encontrábamos sobrevolando una línea imaginaria que recorría la “milla 200″, la distancia desde el continente que delimita la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina en aguas internacionales.

Entonces, ¿de dónde provendrían esas luces que Piñeyro anunció si estábamos a más de 320 kilómetros de la costa? La respuesta estremece: cómo si se tratase de una ciudad en medio del agua, de pronto las tímidas nubes que separaban el avión del mar comenzaron a brillar, una fuerza brutal estaba ahí abajo, depredando con todo lo que encuentra a su paso.

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Se trataba de pequeña flota de pesqueros extranjeros que, como sucede todos los días a lo largo del límite de la ZEE argentina, se ubican en ese punto de los mapas sorteando los escasos controles y cruzando a aguas argentinas para pescar todo lo posible, principalmente los preciados langostinos, merluzas y calamares.

A pesar del impacto de la imagen que producían esas nubes encandiladas desde el mar, el ánimo en el avión comenzó a cambiar, a medida que Piñeyro hacía descender el Boeing, las nubes se iban disipando y descubriendo una flota que era más pequeña de lo esperado.

Pero Piñeyro sabía bien que esos barcos que no estaban allí, a la altura de Puerto Madryn, estarían en otro lugar, siempre en el límite de las aguas internacionales y las argentinas, siempre sobre la “milla 200″.

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Fue así que el avión retomó un poco de altura y se dirigió hacia el sur, a los minutos, la voz del comandante volvió a sonar, todos los periodistas, fotógrafos, activistas, documentalistas y embajadores extranjeros que participamos del vuelo nos apiñamos a las ventanillas para poder ver lo que fuimos a atestiguar.

Uno, dos, tres, cuatro minutos y nada, el negro más puro; hasta que de pronto las exclamaciones y los “clicks” de las cámaras empezaron a sonar. El paisaje cambió, ya no se trataba de una luz que emergía de las nubes, ahora estábamos viendo una “armada” de barcos que cubrían todo el paisaje hasta donde alcanzaban nuestros ojos, y más allá también. Cientos de embarcaciones extranjeras con sus potentes luces estaban sobre la “milla 200″ buscando sacar el mayor provecho posible a la vida marina que se escondía bajo sus quillas.

Las luces, se estima eran más de 700, sirven para atraer a los peces, crustáceos y moluscos. Y debido a su potencia producen un paisaje espectacular que se confunde con una ciudad, aunque la más cercana a nuestra posición era Comodoro Rivadavia, a unas 200 millas aproximadamente.

“Esto está sucediendo desde hace 40 años -contó Piñeyro-, desde que empecé a volar”. La anomalía, sostiene el piloto y cineasta, confunde a los pilotos novicios que cuando se la encuentran empiezan a dudar de su ubicación.

“Uno viene de Ushuaia y levanta la cabeza para ver qué hacen Trelew o Bahía Blanca ahí, ‘estoy mal’ me decía, y después volvía a mirar y entendía que no. No estaba mal, eran las flotas pesqueras”, detalló.

La ciudad flotante que forman los pesqueros ilegales suele confundir a pilotoso nóveles que vuelan por la zona y creen estar viendo Trelew u otras ciudades patagónicas (Jeremías Martínez Maggio)

Nadie controla, nadie sabe cuánto se llevan, pero sí se sabe que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, está prohibido que embarcaciones extranjeras exploten los mares de la ZEE de otro país, en este caso, de los mares argentinos.

Tal como se mencionó, los barcos no se encuentran todo el tiempo dentro de la ZEE argentina, lo que hacen es entrar y salir para así evitar los controles que de todas formas son muy escasos. Una vez que finalizó el avistaje, Piñeyro contó que durante el vuelo el ARA P-53 Almirante Storni, un barco patrullero off shore de la Armada Argentina, se contactó con la aeronave.

“Les agradecimos por la llamada y les informamos que estábamos viendo una cantidad enorme de embarcaciones dentro de la zona económica argentina. El patrullero nos contestó que no, que no había ninguno, que eran pesqueros con licencia”, relató el comandante.

“Pero nosotros en el avión tenemos acceso a internet y monitoreamos los pesqueros a través de aplicaciones que detectan el AIS -Sistema de identificación automática-, que son repetidores que transmite la posición de un barco”, siguió.

“Y lo que vemos hace años es que una gran cantidad de pesqueros apagan sus AIS para no revelar que ingresan a aguas argentinas de forma ilegal, se lo comunicamos a la patrulla y ahí concluyó la conversación”, dijo Piñeyro.

El Boeing 787 de Solidaire, la ONG que fundo Enrique Piñeyro, en el Aeropuerto de Ezeiza

“De todas formas, es imposible que una sola patrulla pueda controlar la enorme cantidad de pesqueros que vienen a nuestras aguas -analizó el comandante-, es hora de plantearse seriamente una política, Argentina y el resto de los países del mundo deben ponerse de acuerdo para evitar esto, porque a futuro hará un daño tremendo e irreversible”.

La pesca ilegal, no declarada y no reglametada (IUU, por sus siglas en inglés), no sólo afecta a la fauna marina sin darle tiempo de volver a reproducirse, también golpea a las economías. Según un estudio de 2022 de la Financial Transparency Coalition (FTC), en Argentina genera pérdidas de entre USD 1.000 millones y USD 2.600 millones cada año.

“Considerando que las exportaciones anuales de vino embotellado fueron de USD 817 millones en 2021, la pesca ilegal es más del doble del tamaño de la industria vitivinícola argentina. La pesca del calamar, el principal objetivo en el país y una especie estratégica en la cadena alimentaria y la biodiversidad, está provocando un colapso a gran escala en los sistemas de vida marina en el Atlántico Sur”, dijo el FTC.

Es decir que Argentina pierde todos los días recursos naturales y económicos en manos de pescadores ilegales del mundo, principalmente provenientes de China, Japón, Corea y España, aunque no exclusivamente.

“En un mercado de Londres he visto que venden ‘langostinos argentinos’ por 20 libras, parece un chiste, esos productos no los vemos ni en dibujos acá, y terminamos comprando los que provienen de Ecuador”, contó Piñeyro.

Piñeyro, quien además de piloto y activista socioambiental es cineasta, empresario gastronómico (dueño de Anchoita, uno de los restaurantes más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires), médico, filántropo y actor, concluyó su invitación con reflexiones en torno a la pesca IUU.

“No hay una autoridad de aplicación en los tratados internacionales que deberían enfocarse en evitar estos estragos porque el impacto será en todo el mundo, las aguas internacionales hoy por hoy son como una alfombra donde se barre todo lo que no queremos ver: la pesca ilegal, la esclavitud, la explotación infantil y todo lo que se les pueda ocurrir”, dijo.

“Las Naciones Unidas, sobre todo, deben tomarse en serio su papel de autoridad, pero no solo en la firma de acuerdos y convenios, sino en aplicaciones concretas, esto no puede seguir así”, concluyó Piñeyro, quien no sólo organizó el vuelo y cargó con todos los costos, sino que además comandó él mismo el Boeing 787 para visibilizar un problema que muchos conocen, pero nadie habla.

La legislatura de Entre Ríos denunció que embarcaciones que pescan ilegalmente en las Islas Malvinas se abastecen en puertos de Uruguay, a pesar de que el Mercosur lo prohíbe.

Los barcos responden al grupo Laskaridis, que opera en puertos uruguayos, maneja buques petroleros en la zona y tiene licencias en Puerto Argentino.

Una red de empresas relacionadas a la naviera de origen noruego Cristophersen maneja y asiste con combustible a embarcaciones que practican pesca ilegal en las Islas Malvinas, denunciaron legisladores de la provincia argentina de Entre Ríos.

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La condena de los legisladores de Entre Ríos se basa en una investigación periodística, que desgrana un entramado de empresas asociadas para permitir que buques que pescan en Malvinas se aprovisionen en puertos uruguayos, a pesar de que el Mercosur resolvió prohibirlo en 2011.

El informe advierte que el Gobierno uruguayo habilitó a una empresa llamada Fewell a proporcionar servicios en los puertos de Montevideo, Nueva Palmira (oeste) y La Paloma (este). La investigación asegura que la firma pertenece al Christophersen Group Marine Organization S.A., una agencia marítima de origen noruego pero con oficinas en Londres y con fuerte presencia en Uruguay y que tiene como una de las actividades el suministro de combustibles para embarcaciones.

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La investigación consigna que Christophersen es propiedad, a su vez, de otro grupo económico, Laskaridis Shipping Co. Ltd., fundada por los hermanos griegos Panos y Thanasis Laskaridis.

El informe consigna que uno de los negocios que el grupo Laskaridis tiene en Uruguay es el de abastecer de combustible a embarcaciones en los puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos. Entre los clientes de este servicio aparecen, de acuerdo al medio argentino, embarcaciones que pescan en el litoral de las Islas Malvinas gracias a permisos de pesca ilegales otorgados por las autoridades de la ocupación británica.

De hecho, el grupo económico también es el socio mayoritario de la empresa Stanley Service Ltd., una firma a la que las autoridades de la ocupación británica le otorgó una licencia para encargarse del suministro de combustibles en la terminal portuaria de Puerto Argentino, en las Malvinas.

Stanley también maneja dos buques petroleros asentados permanentemente en la zona. Según la investigación de Bermúdez, uno de ellos, el Sealion —operado por la subsidiaria Fewell— tiene entre sus tareas habituales viajar desde Montevideo hasta Puerto Williams, puerto chileno en el que, de acuerdo al informe, suelen abastecerse de combustible los barcos que pescan en Malvinas.

Un relevamiento hecho por Bermúdez indica que en los últimos años han sido varios los buques con la bandera de la ocupación británica de las Malvinas que han llegado al Puerto de Montevideo, a pesar de que Uruguay apoya el reclamo de soberanía de Argentina y de que el Mercosur acordó prohibir el ingreso de barcos con esa bandera a puertos de países del Mercosur.

Uno de ellos es el propio Sealion, que el 2 de octubre llegó al Puerto de Montevideo luego de una travesía de más de 13 días desde Puerto Argentino.

Bajo el lema “Salvemos el Paraná”, casi 30.000 pescadores se unieron a una campaña online a través de Changer.org para pedir que se controle la pesca indiscriminada.

La depredación íctica en el río Paraná lleva mucho tiempo generando preocupación entre los pescadores. Para exigir que se le ponga un freno a la cuestión, se acaba de lanzar una campaña web a través de la conocida plataforma Change.org, famosa en las colectas de firmas, con el lema “Salvemos el Paraná”, la cual ya logró conseguir más de 28.000 adherentes.

La campaña tiene una fuerte presencia en redes para virilizar la situación del río, bajo la guía de Gabriela Hojberg, dueña de una reconocida armería chaqueña y referente de la caza y pesca en el NEA, una de las caras visibles de este reclamo que habla por miles de pescadores.

El reclamo apoya la gestión de Marcelo Churín, Director de la Brigada Operativa Ambiental (BOA), y de Marta Soneira en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente del Chaco, quienes lograron una veda que se rige por la altura hidrométrica, que quiere decir que cuando el hidrómetro emplazado en Barranqueras marca una altura inferior a un metro, por cinco días consecutivos automáticamente se entra en veda total, por lo que nadie, ni pescadores deportivos ni comerciales, pueden lanzarse a las aguas del Paraná a pescar.

El petitorio está dirigido al Poder Ejecutivo de Corrientes y otras provincias del Litoral, y fue realizado a través del sitio web Change.org con el lema “Salvemos el Paraná”. Su autor, Raymundo Gómez, indicó que la abundancia de peces que presentaba años atrás el Paraná no se ve en la actualidad. “Es por eso que solicito a las Secretarías de ambiente provinciales y a los Gobernadores de las provincias afectadas (Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos) que prohíban la pesca indiscriminada y remuevan las redes de pesca del río Paraná”, señala Gómez.

El problema data de varios años y se acentuó ahora, con un volumen de la cuenca del Paraná muy disminuido por la construcción de una represa, en Brasil, otra que estaría finalizando en Paraguay y la importante falta de lluvias que hay en nuestro norte y en las altas cuencas del Paraná en Brasil. Esta bajante histórica diezma drásticamente poblaciones de dorados, surubíes, manguruyús, bogas y sábalos, por citar algunas, que pasan a ser presas de una depredación comercial intensa.

En cuanto a este tema, Agencia Nova indica que actualmente el Gobierno de la provincia del Chaco subsidia a los pescadores, pues entiende el contexto económico que acarrea la veda y la pandemia. Lo cierto es que, hoy por hoy, el problema radica en que salen a pescar igual, pese a la veda, maltratando a personal del BOA, cortando canales, y el tránsito del puente Chaco – Corrientes para imponerse y seguir depredando el río.

Los pescadores no se autoabastecen ni abastecen al Chaco con lo que pescan, sino que lo hacen para cumplir con acopiadores de Santa Fe y Entre Ríos, quienes exportarían esto a un precio estimado de 90 dólares el kilogramo. Es decir, están depredando la fauna íctica del Paraná porque pertenecen a un grupo de exportación de otras provincias, por lo que los acopiadores, sea como sea, deben cumplir con un cupo mínimo de pesaje de pescado, cosa que les está resultando entre difícil a imposible por la veda que existe y que ellos desobedecen.

 A causa de esa desobediencia, se realizaron secuestros de piezas en Rosario y otras partes, donde eran llevados los pescados de manera irregular, ya que no lo transportaban en vehículos adecuados para tal fin. Así, los pescadores apelan a la lástima, a que se lanzan al río con sus redes para subsistir, pero por más subsidios que el Gobierno se esfuerce en darles, ellos no van a parar, ya que deben cumplir con los negociados fuera de la provincia, depredando así la fauna íctica del Paraná

El movimiento  busca dar cumplimiento al fallo que reza que “en épocas de veda, no puede haber ni permitirse ningún tipo de pesca, ni deportiva ni comercial”.

La Armada de Chile informó que varios buques ilegales cruzaron el Estrecho de Magallanes. Autoridades argentinas aseguran que están fondeados fuera de los límites. Sin embargo, otros se aproximan de todas las latitudes para el saqueo del calamar.

Un total de 27 barcos pesqueros chinos permanecen en la milla 201 y amenazan por estas horas los recursos naturales del Mar Argentino. Además, parte de esa armada clandestina que saqueó las aguas en las Islas Galápagos, Perú y Chile, ya cruzaron el Estrecho de Magallanes con destino al Océano Atlántico. Pero no sólo del Pacífico se acercan para permanecer agazapados en la milla 201 del Mar Argentino. Otros buques arribarán desde Sudáfrica, de acuerdo a información reunida por Infobae.

Dos de esas naves eran monitoreadas por autoridades argentinas desde hace varias semanas. Son las que finalmente cruzaron por el sur de Chile con dirección Argentina., según confirmó la marina chilena. En esa zona, un número indeterminado permanecen fondeadas a la espera de la orden para navegar hacia el lugar donde se reunirán con las otras naves.

La Prefectura Naval Argentina cuenta con un Sistema de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) que permite obtener desde una única plataforma toda la información disponible de movimientos, datos técnicos y administrativos de los pesqueros que se encuentran navegando por el mundo. Esta herramienta resulta clave para la prevención: los buques ilegales suelen apagar sus radares para no ser monitoreados y poder violar áreas donde está prohibida la pesca. Se las llama embarcaciones “no colaborativas”. A esas trata de localizar el guardacostas GC-28 Prefecto Derbes de esa fuerza de patrullaje marítimo.

Del total de naves identificadas hasta el momento, 26 se mantienen en la milla 201 -lugar en el cual no necesitan permiso-, mientras que otra ya violó la normativa y se encuentra en la zona de las Islas Malvinas. Sumadas a las 10 que navegan desde Sudáfrica, sumarían 37 pesqueros en las próximas semanas. A esas habrá que sumarle las que aguardan en Magallanes. Desplegarán sus redes en esa zona por lo menos hasta marzo, cuando se termina la temporada de pesca de calamar.

Las imágenes satelitales del Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés) son provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Estas permiten ubicar embarcaciones en forma independiente de los sistemas de posicionamiento con los que cuentan a bordo y, así, detectar los buques no colaborativos que intentan eludir las leyes internacionales y los permisos.

La otra armada de Xi Jinping

Las actividades de la flota pesquera del régimen se desarrollan en todo el globo. En total son 17 mil los que navegan en busca de esos recursos. Las noticias en Galápagos –Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo a las Naciones Unidas– comenzaron a conocerse en agosto pasado. Ese lugar cuenta con uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, y China lo puso en peligro. Ahora, algunos de esas embarcaciones están frente a la Argentina.

Para peor, esa voracidad pesquera atenta contra los pobladores locales de aquellas islas y del resto del mundo. Lo mismo se vivió hace pocas semanas en Perú y Chile. Atentan contra sus ya de por sí precarias economías y contra sus platos de comida diarios. Volviendo al ejemplo ecuatoriano, la pesca comercial está permitida en algunas áreas de Galápagos. La langosta, por caso, es una importante fuente de ingresos para la población del lugar. Además, los pescadores de allí viajan regularmente a la zona en busca de dorado, tiburón y atún. A mediados de 2020, si levantaban la vista, podrían divisar un confín de barcos clandestinos.

“El régimen chino actúa como un poder imperial. Explota ilegalmente los recursos naturales a cambio de vender mercadería barata”, se queja un empresario europeo con sede en América Latina que conoce cómo actúan estos grupos ilegales. Teme dar su nombre y hasta el país en el que opera: sabe que su licencia podría verse perjudicada ante la llamada furiosa de un diplomático del Partido Comunista Chino (PCC) a cualquier gobierno.

Liberia, otra nación poco desarrollada, también sufre las consecuencias de la captura descontrolada. A sus costas arribaron “super jabegueros”, unas embarcaciones que arrastran sus redes para cazar en aguas profundas. Su tamaño y capacidad son de una escala previamente desconocida en aquella nación africana. En esas aguas, los marineros de Xi Jinping no tienen competencia: los pescadores autóctonos cuentan con precarios botes de madera, canoas. Eso sí, dependen de ellas para sobrevivir. Allí, el régimen chino consiguió una licencia. La depredación lleva un sello oficial. Al fin.

El IUU Fishing Index -índice que mide la pesca ilegal y la actividad no denunciada y no regulada- es elaborado cada año desde 2013 por Global Initiative, una ONG compuesta por 500 líderes en derechos humanos. Del informe también participó Poseidon Aquatic Resource Management, una firma consultora de pesca y acuicultura. El ranking ayuda a conocer cómo loas naciones se comportan en esta industria y los esfuerzos que hacen para mantenerla bajo regulación internacional. En 2019, Bélgica fue el país mejor calificado; China, el peor.

El régimen de Beijing parece no fijarse en qué aguas pesca: ni se apiada de sus aliados más próximos ni de los más distantes, por más necesitados que estén sus habitantes de algo tan básico como es capturar un pez. O un calamar.

Efectivos de la Guardia Rural Los Pumas secuestraron y desnaturalizaron 600 piezas de dorado y sábalos. Los pescados fueron encontrados en una embarcación de pescadores que intentaron evitar el control en la zona de islas de la localidad de Saladero Cabral, en el departamento Garay.

Los agentes de Los Pumas suelen recorrer las zonas de islas en una embarcación, y en esta ocasión constataron especies fuera de medida (sábalos) y en veda permanente (dorados) en la canoa donde iban dos hombres.

En el caso del primero la veda para la especie es permanente, y en el segundo, no contaban con las medidas exigibles. Les realizaron el acta de infracción a la Ley Provincial Nº 12,212, secuestrando la totalidad de las especies, que después fueron desnaturalizadas. Cuando los consultaron por la autorización de pesca comercial, libreta sanitaria, y demás documentación exigible, afirmaron no tenerla.

Informaron la novedad a la Jefatura de la Guardia Rural Los Pumas, y estos hicieron lo propio con los funcionarios de la oficina de Caza y Pesca del Ministerio de la Producción, que ordenaron la remisión original del acta a los infractores como la desnaturalización de los pescados.

Al respecto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, informó al respecto que “a los efectos de dar una respuesta oficial e inmediata a los acontecimientos denunciados, se dispuso la intervención y puesta en marcha del protocolo de acción preventiva con la Prefectura Naval Argentina y la Armada, para aportar todos los recursos del Estado en el esclarecimiento de esta situación y generar la información oficial necesaria para la aplicación de sanciones”.

Asimismo, Liberman destacó que “es una tarea compleja monitorear el Mar Argentino dada su extensión, es por eso que las acciones de control y protección de nuestros recursos marítimos se enmarcan en un conjunto de elementos estratégicos y tácticos complementarios, que día a día monitoreamos para mantener activa la política de protección y defensa de la soberanía de los recursos argentinos”.

Ayer, los empresarios nucleados en la organización Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina denunciaron la presencia de buques extranjeros que pescan de forma ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional y pidieron al gobierno nacional “un mayor y permanente control” en el área.

La entidad informó, a través de una nota enviada al presidente Alberto Fernández, expuso “la grave situación que se produjo durante el último fin de semana”, cuando fueron detectadas por parte de pesqueros argentinos “un centenar de embarcaciones” extranjeras que operaban de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva.

La nota lleva la firma de las autoridades del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina y la Cámara de Armadores de Poteros de Argentina.

También de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras.