El juicio de Daniel  Sancho se celebra  en el tribunal de la isla de Samui, en el juicio más mediático que se recuerda en el sur de Tailandia. El acusado es hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia lo que originó que de inmediato el asesinato de Arrieta, del que el español confesó ser autor y acaecido el pasado 2 de agosto, se convirtiera en un tema nacional, tanto en España como en Tailandia. En el juicio se analiza si el autor confeso de los hechos actuó de forma premeditada o fue en legítima defensa tras un intento de abuso sexual por parte de Arrieta, con el que Sancho tenia relación sentimental. El cuerpo del colombiano fue descuartizado.

El juicio oral comenzaba con una gran expectación en la calle, con decenas de cámaras y periodistas asediando a los familiares del acusado, así como la expectación sobre la presencia de familiares y defensa de la víctima.

En esta primera sesión, todas las partes han hecho un alegato inicial y han declarado cuatro testigos de la Fiscalía que coincidieron con Sancho en la isla de Phangan, escenario del brutal crimen. En concreto ha declarado la mujer que encontró los primeros restos del fallecido en un vertedero, la que alquiló una moto al chef y los encargados de los dos hoteles en los que se alojó el acusado, uno de ellos en el que tuvo lugar el supuesto asesinato.

Daniel, tal y como ha informado Juan Gonzalo Ospina, ha podido hacer varias preguntas a los testigos. "Hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel, le hemos visto muy seguro de sí mismo, no ha mostrado que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento. La imagen ha sido escalofriante al verle encadenado de pies y manos, pero en relación a las garantías procesales que está teniendo yo creo que son bastante amplias. El tribunal le está permitiendo realizar preguntas a los testigos", ha explicado a la prensa que cubre el caso.

¿Cuándo declarará Daniel Sancho?

El próximo 25 de abril comparecerán Daniel Sancho y su padre, el actor Rodolfo Sancho. Los padres de Edwin Arrieta finalmente no declararán en el juicio al haber rechazado el tribunal su petición de hacerlo por videoconferencia.

El chef se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto tras declararse culpable del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo en declaraciones a Efe cuando fue detenido. Daniel podría enfrentarse a la pena capital por este crimen. 

Suspensión de forma temporal 

La primera sesión del juicio en Tailandia sobre el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta del que está acusado el español Daniel Sancho se ha suspendido nada más comenzar la vista. El juez de la causa ha ordenado suspender el proceso al comprobar que uno de los asistentes habría intentado tomar un vídeo en el interior de la reducida sala donde se van a desarrollar los interrogatorios.

Tras parar el juicio el letrado ha exigido a los presentes que no deben informar de nada de lo que acontezca en la sesiones. La policía comprobó si otros asistentes tenían la intención de sacar documentos gráficos. La vista ha proseguido al cabo de unos minutos.

Los talibanes llevaron a cabo el jueves una doble ejecución pública en un estadio en el sureste de Afganistán, con la presencia de una multitud, mientras los familiares de las víctimas de los condenados disparaban.

La Corte Suprema de los talibanes determinó que ambos eran culpables de la muerte a puñaladas de dos personas en ataques separados. Los individuos fueron identificados como Syed Jamal, de la provincia central de Wardak, y Gul Khan, de Ghazn.

La declaración también indicaba que tres tribunales inferiores y el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, habían ordenado las ejecuciones en represalia por sus supuestos crímenes.

El jueves, la gente se congregó frente al estadio en la zona de Ali Lala de la ciudad de Ghazni, trepando para ingresar, mientras los eruditos religiosos rogaban a los familiares de las víctimas que perdonaran a los convictos, pero estos se negaron.

Abu Abu Khalid Sarhadi, portavoz de la policía de Ghazni, afirmó que los familiares de las víctimas ejecutaron a los dos hombres, aunque no especificó qué tipo de armas utilizaron, según la agencia de noticias Associated Press. Las ejecuciones comenzaron poco antes de las 13:00 horas.

Se realizaron 15 disparos, ocho contra uno de los hombres y siete contra el otro. Luego, las ambulancias se llevaron los cuerpos.

Estos asesinatos representaron la tercera y cuarta ejecuciones públicas desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, durante la retirada caótica de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán.

Las Naciones Unidas han criticado duramente a los talibanes por llevar a cabo ejecuciones públicas, azotes y lapidaciones desde que tomaron el poder, instando a los gobernantes del país a poner fin a tales prácticas, que también han sido condenadas por Amnistía Internacional.

Carolina del Sur quiere reiniciar las ejecuciones de presos con pelotón de fusilamiento, silla eléctrica e inyección letal.

Lo que está en juego son las sentencias de muerte de 33 reclusos que se encuentran en el corredor de la muerte de Carolina del Sur. Si bien no ha habido una moratoria formal, el estado no ha realizado una ejecución en casi trece años después de que los fármacos que usaba para la inyección letal vencieran y las empresas se negaran a vender más a los funcionarios penitenciarios a menos que pudieran ocultar su identidad al público.

Ahora se prevé que los abogados de cuatro condenados a muerte que se han quedado sin apelaciones argumentarán ante la Corte Suprema de Carolina del Sur que la vieja silla eléctrica del estado y el nuevo pelotón de fusilamiento son castigos crueles e inusuales.

Los abogados de los reclusos también planean argumentar este martes que una ley de 2023 destinada a permitir que vuelvan a utilizarse las inyecciones letales mantiene en secreto demasiados detalles sobre el nuevo medicamento y el protocolo aplicado para matar a los presos.

Carolina del Sur afirma que los tres métodos se ajustan a los protocolos existentes. "Los tribunales nunca han sostenido que la muerte tiene que ser instantánea o indolora", escribió Grayson Lambert, abogado de la oficina del gobernador Henry McMaster.

Si los magistrados de la Suprema Corte permiten que se reanuden las ejecuciones y cualquier nueva apelación fracasa, la cámara de ejecución de Carolina del Sur, sin uso desde mayo de 2011, de repente podría estar bastante activa.

Cuatro internos han presentado demandas, pero otros cuatro se han quedado sin recursos, aunque dos de ellos tendrán una audiencia de competencia antes de poder ser ejecutados, según Justice 360, agrupación que se define como defensora de los reclusos, la equidad y la transparencia en casos de pena de muerte y otras causas penales importantes.

El estado pidió a la Corte Suprema que desestimara el fallo de un tribunal inferior después de un juicio de 2022 en el que se dictaminó que la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento son castigos crueles e inusuales. Los jueces de la Corte agregaron a la apelación y a los argumentos del martes algunas preguntas sobre la ley de protección de identidad del año pasado.

La jueza de circuito Jocelyn Newman estuvo del lado de los reclusos cuyos peritos declararon que los prisioneros sentirían un dolor terrible si su cuerpo se "cocinaba" con 2.000 voltios de electricidad en la silla eléctrica, construida en 1912, o si su corazón se detuviera por las balas del pelotón de fusilamiento aún no utilizado, suponiendo que los tres tiradores dieran en el blanco.

La actual ley de ejecución de Carolina del Sur exige que los reclusos sean enviados a la silla eléctrica a menos que elijan un método distinto.

Los legisladores permitieron que se agregara un pelotón de fusilamiento en 2021. En Carolina del Sur no se ha propuesto ninguna ley para agregar gas nitrógeno, que se utilizó por primera vez para ejecutar a un preso el mes pasado en Alabama.

Respecto de la ley de protección de identidad, los abogados de los reclusos argumentan que la ley de Carolina del Sur es más secreta que la de cualquier otro estado. Dijeron que no se debería permitir que los funcionarios penitenciarios oculten la identidad de las compañías farmacéuticas, los nombres de cualquiera que colabore en una ejecución y el procedimiento preciso aplicado.

Muerte con pentobarbital

En septiembre, los funcionarios penitenciarios anunciaron que ahora contaban con el sedante pentobarbital y cambiaron el método de ejecución por inyección letal de tres drogas a sólo una. Publicaron pocos detalles más aparte de decir que el método de Carolina del Sur es similar al protocolo seguido por el gobierno federal y otros seis estados.

Los reclusos argumentan que el pentobarbital, compuesto y mezclado, tiene una vida útil de unos 45 días. Quieren saber si existe un proveedor habitual del medicamento y qué pautas existen para garantizar que la potencia es la adecuada.

Si es demasiado débil, los reclusos pueden sufrir y no morir. Si es demasiado fuerte, las moléculas del fármaco pueden formar pequeños grumos que causarían un dolor intenso al ser inyectados, según documentos judiciales.

“Ningún recluso en el país ha sido ajusticiado con tan poca transparencia sobre cómo sería ejecutado”, escribió Lindsey Vann, abogada de Justice 360.

Los abogados del estado dijeron que los reclusos quieren la información para poder descubrir quién provee las drogas y presionarlo públicamente para que deje de hacerlo.

“Cada nueva información es una pieza de rompecabezas y, con suficientes piezas, los interesados (o cualquier otra persona) pueden juntarlas para identificar a un individuo o una entidad protegida por la ley de protección de la identidad”, escribió Lambert.

Carolina del Sur solía efectuar un promedio de tres ejecuciones por año y tenía más de 60 presos condenados a muerte cuando se llevó a cabo la última ejecución en 2011. Desde entonces, las apelaciones exitosas y las muertes han reducido el número a 33.

Los fiscales sólo han enviado a tres nuevos presos al corredor de la muerte en los últimos trece años. Ante el aumento de los costos, la falta de drogas inyectables letales y defensas más enérgicas, están optando por aceptar declaraciones de culpabilidad y cadena perpetua sin libertad condicional.

Por Jeffrey Collins

Traducción: Elisa Carnelli

El estado de Alabama, situado al sur de Estados Unidos, ejecutó este jueves al preso Kenneth Eugene Smith asfixiándolo con gas nitrógeno, un método nunca antes probado, según notificaron las autoridades.

Smith había sido condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988. Y fue declarado muerto tras haber inhalado nitrógeno a través de una máscara y haberse quedado sin oxígeno. Sus últimas palabras, ya con la máscara puesta, fueron: “Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos”.

Periodistas que fueron testigos de la ejecución contaron que, después de que el gas comenzase a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos y luego se le vio con respiración agitada durante varios minutos más. El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo en rueda de prensa posterior que las sacudidas del reo fueron “involuntarias”, pero nada fuera de lo esperado.

El gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado este mismo jueves por 6 votos a 3, dando así luz verde al inicio del procedimiento.

La progresista Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que votaron por detener la ejecución, argumentó que “al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha elegido como su ‘conejillo de indias’ para probar un método de ejecución nunca antes usado”.

El cruento caso que derivó en la pena de muerte

El estado de Alabama ya había intentado ejecutar a Smith en noviembre de 2022, pero el verdugo fue incapaz de introducirle las vías intravenosas. Como parte de un acuerdo posterior, Alabama se comprometió a no intentar matarlo de nuevo con inyección letal. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comunidad de San Egidio habían pedido en los últimos días a Estados Unidos que no permitiese la ejecución.

Smith estaba condenado a muerte por haber asesinado en 1988 a Elizabeth Sennett, por encargo de su marido, Charles Sennett, que pretendía cobrar una indemnización. Smith y un cómplice, John Forrest Parker, recibieron 1.000 dólares cada uno.

Sennett se suicidó una semana después del asesinato, cuando se dio cuenta de que las autoridades le consideraban sospechoso, mientras que Parker también fue condenado a muerte y fue ejecutado en 2010 con una inyección letal.”A las tres personas implicadas hace años, las hemos perdonado”, aseguró también en rueda de prensa Mike Sennett junto a sus dos hermanos, los hijos de la asesinada, después de presenciar la ejecución del último de los involucrados, una sensación que describieron como “agridulce”.”Los actos malvados tienen consecuencias”, añadieron.

Ahora toda la atención está puesta en Alabama y su nuevo método de ejecución, el primero desarrollado desde que en 1982 se introdujo la inyección letal, que ha sido mayoritario durante las últimas cuatro décadas en el país desplazando a la silla eléctrica.

Con información en EFE

En un caso sin precedentes en Florida (Estados Unidos), Joseph Andrew Giampa, de 36 años, podría convertirse en el primer individuo en enfrentar la pena de muerte por un delito sexual contra un menor. El caso se enmarca en una nueva ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis que permite que los fiscales soliciten la pena capital en casos de abuso sexual a niños menores de 12 años.

La legislación, firmada en abril, establece que un jurado puede recomendar la pena de muerte para la agresión sexual a un niño menor de 12 años con un voto de al menos 8-4. Cuando en abril DeSantis promulgó la norma, afirmó que su gobierno estaba “autorizando la pena de muerte para violadores de niños. Mi punto de vista es que hay algunas personas que serán violadores seriales de niños de seis, siete años. Creo que la pena de muerte es el único castigo apropiado cuando tienes situaciones así”, dijo el candidato presidencial a una estación de radio en Orlando.

La ley, que entró en vigor el 1 de octubre, fue aprobada con apoyo tanto de republicanos como de demócratas y firmada poco después por DeSantis. Es la primera vez en la historia moderna de Florida que un fiscal busca la pena capital por un cargo distinto al asesinato.

“La decisión de perseguir la máxima pena refleja la gravedad de los cargos y el compromiso de la Oficina del Fiscal del Estado en responsabilizar a los criminales por sus acciones”, se lee en la declaración del fiscal. La oficina de Gladson citó cuatro circunstancias agravantes que, en su opinión, califican la muerte como un castigo apropiado para el presunto crimen de Giampa. Los fiscales argumentaron que el crimen se cometió por ganancia pecuniaria y que fue especialmente atroz y cruel.

Giampa fue arrestado en noviembre en el condado de Lake, Florida. Una declaración jurada del arresto indica que el abusador fue interrogado en su casa el 2 de noviembre por los agentes del Sheriff del condado de Lake. El presunto violador mostró a los agentes su computadora portátil, en la cual tenía un video que, según la declaración jurada, muestra a un hombre abusando sexualmente de un niño mientras grababa el acto. Parte del video mostró al hombre colocando la cámara y moviéndose frente a ella, lo que permitió a la policía identificar al sospechoso como Giampa. Ha estado detenido en la cárcel del condado de Lake desde su arresto el mes pasado.

En 1977, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que castigar la violación con la pena de muerte violaba los derechos de la Octava Enmienda de los criminales, que protege a los ciudadanos contra castigos crueles e inusuales. Nuevamente, en 2008, en un fallo de 5-4, la Corte Suprema estadounidense sostuvo que la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales impedía la pena de muerte para violadores de niños.

Sin embargo, DeSantis promulgó la ley como parte de su agenda de mano dura contra el crimen, que ha impulsado a lo largo de su campaña presidencial, en la que el principal candidato republicano es el ex presidente Donald Trump. El gobernador de Florida ha criticado las políticas de “mano blanda contra el crimen” y la “ideología woke” en otros estados mientras promueve su propia visión para Estados Unidos.

Alabama fijó la fecha de ejecución del primer recluso del país que será ejecutado por hipoxia por nitrógeno, una alternativa a la inyección letal, según informó el gobernador.

La ejecución por inyección letal de Kenneth Eugene Smith se canceló abruptamente el 22 de noviembre después de que el estado no pudiera colocar correctamente la vía intravenosa antes de que expirara la orden de ejecución. Smith pidió al estado que se le ejecutara mediante gas nitrógeno en lugar de inyección letal tras lo que calificó de ejecución "chapucera".

La ejecución de Smith está prevista entre el 25 y el 26 de enero del próximo año, según un comunicado de prensa de la gobernadora de Alabama, Kay Ivey.

La muerte por hipoxia nitrogenada priva al cerebro y al cuerpo de oxígeno, por lo que el recluso moriría por asfixia, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin ánimo de lucro que supervisa, analiza y difunde información sobre la pena capital.

Alabama finalizó en agosto los primeros protocolos de ejecución para el nuevo método después de que la legislatura del estado aprobara el método alternativo a la inyección letal, según el centro de información sobre la pena de muerte.

En mayo, el Tribunal Supremo de EE.UU. se mostró de acuerdo con la petición de Smith de morir por gas nitrógeno cuando finalmente sea ejecutado. La decisión del tribunal se produjo después de que los jueces se dividieran por 6-3 a principios de la legislatura para permitir que la ejecución de Smith siguiera adelante mediante inyección letal.

Smith fue condenado por el asesinato en 1988, junto con un cómplice, de Elizabeth Dorlene Sennett en una trama de asesinato por encargo. Ambos fueron contratados por el marido de Sennett, que mantenía una relación amorosa y había suscrito una importante póliza de seguros contra su esposa.

El caso de Smith fue juzgado por un jurado el pasado noviembre, que votó 11-1 a favor de la cadena perpetua. Esa votación fue anulada por la pena de muerte impuesta por el juez. El condenado a muerte fue juzgado por sus crímenes en dos ocasiones, y en ambas fue declarado culpable, según el fiscal general Steve Marshall.

En una declaración a CNN este miércoles, los abogados de Smith dijeron que están "decepcionados" por el hecho de que el gobernador haya fijado "aparentemente" una fecha de ejecución para su cliente.

"Seguiremos persiguiendo el cumplimiento de los derechos del Sr. Smith a través del proceso judicial", dice el comunicado. "Al igual que los once miembros del jurado que no creyeron que el Sr. Smith debiera ser ejecutado, mantenemos la esperanza de que quienes revisen este caso vean que un segundo intento de ejecutar al Sr. Smith —esta vez con un método experimental, nunca antes utilizado y con un protocolo que nunca se ha revelado completamente ni a él ni a su abogado— es injustificado e injusto".

Alabama tiene 165 reclusos en el corredor de la muerte, según el Departamento Correccional del estado.

Los nuevos acontecimientos en el caso de Smith se producen después de que Alabama suspendiera las ejecuciones el pasado otoño y llevara a cabo una revisión de su proceso de ejecución luego de que los problemas con las múltiples inyecciones letales se convirtieran en el centro de atención nacional.

A finales de febrero, Ivey pidió que se reanudaran las ejecuciones en el estado una vez concluida la revisión. En su petición de detener las ejecuciones en Alabama el año pasado, Ivey pidió a Marshall que retirara las dos únicas mociones pendientes del estado para fijar las fechas de ejecución de dos condenados a muerte, entre los que se encontraba Kenneth Smith.

Esta semana ha sido crucial para Daniel Sancho. Además de tener lugar la rueda de prensa en la que la policía tailandesa ha dado por cerrado su caso, el chef ha recibido la primera visita de su madre, Silvia Bronchalo.  En medio de todo el goteo de información, lo cierto es que se ha atrapado al hijo de Rodolfo Sancho en varias mentiras. Ahora, ha salido a la luz otra.

Daniel Sancho tenía un canal de YouTube, llamado 'Puro disfrute', en el que se grababa ante una parrilla para llevar a cabo deliciosas recetas. Con tan solo seis vídeos subidos, el hijo de Rodolfo Sancho acumula más de dos mil suscriptores. Pero ante los fogones también mentía. 

El joven hizo creer a todos que llevaba a cabo las grabaciones de vídeo en su propia vivienda, situada en una de las zonas más exclusivas de Madrid, y con su barbacoa. Pero no es así. Luis, un amigo íntimo del recluso de Koh Samui, ha revelado que no era su casa y que tan solo tomaba prestada la terraza de otro de sus amigos para el rodaje de los vídeos. "Era un amigo de nosotros que filmó un par de episodios del canal de YouTube que tenía porque teníamos una buena parrilla, eso es todo", describía.

Una mentira más que se une a las que se han ido descubriendo en los últimos días. La primera de ellas cayó por su propio peso después de que la prensa desplazada a Tailandia confirmara que Daniel Sancho no había estado cenando con los policías en un hotel de lujo, tal y como él mismo narró en sus primeras palabras tras ser detenido.

El hijo de Rodolfo Sancho también aseguró en un primer momento que no estaba involucrado en la desaparición de su amigo, Edwin Arrieta. Lo hizo con gran nerviosismo, algo que llamó la atención a los agentes de la comisaría en la que fue a denunciar los hechos. Después, él mismo confesó haber matado al médico cirujano colombiano.

Desde el primer momento ha incurrido en varias contradicciones que conforme han pasado las horas se ha podido comprobar que mentía. Daniel Sancho llegó a revelar que todo fue un accidente. Con las pruebas que tenía la policía tailandesa sobre la mesa, se ha dejado claro que aquí también mentía pues el hijo del reputado actor le propinó una puñalada al colombiano. Las autoridades tienen claro que el asesinato fue premeditado, algo que ha provocado que pidan la pena de muerte para el español.

El asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga sigue produciendo la indignación del país por la forma en la que sucedieron los hechos, luego de que su cuerpo fuera encontrado desmembrado el pasado 6 de agosto en el interior de un contenedor de basura en la isla de Koh Phangan, que se encuentra ubicada en Tailandia.

De acuerdo con este hecho, la Policía local confirmó que la muerte de Arrieta no había sido un accidente, como inicialmente quería hacerlo pasar la defensa del confeso asesino, Daniel Sancho, sino que este crimen se hizo de manera premeditada, por lo que la justicia tailandesa podría pedir la pena de muerte en contra del ciudadano español.

Por su parte, Europa Press emitió un informe en el que el chef español, al parecer, ya se habría enterado de que la Policía tailandesa hizo la solicitud formal de la pena capital para él por el asesinato y el posterior descuartizamiento del médico colombiano.

Según la agencia de noticias, todo indica que antes de que su abogado en Tailandia le comunicara personalmente la intención de la Policía, el chef ya se habría enterado por medio de la televisión local, en la que su caso es de alta relevancia.

“Este miércoles, el hijo de Rodolfo Sancho ha vuelto a prestar declaración policial en presencia de su abogado durante más de dos horas en la prisión de Koh Samui y ha sido El programa del verano el que ha revelado cómo se encuentra anímicamente y cómo se ha enterado de que podría ser condenado a la pena de muerte”, dijo el abogado defensor.

Y agregó que “habría sido otro de los presos, que sí habla el idioma del país asiático, el que le habría informado de que la Policía ha dado por cerrada la investigación y ha pedido la pena capital para él. Tiene acceso a la tele y un compañero se lo tradujo”.

El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, anunció el martes que pedirán la pena capital para Sancho, al considerar que se trata de un asesinato premeditado, el cual está castigado con la pena de muerte según el artículo 289 del Código Penal tailandés 3. Sin embargo, el abogado de Sancho dijo que intentará rebajar la acusación a homicidio, que conlleva una pena de entre 15 y 20 años de prisión 4.

A pesar de que Daniel Sancho ya sabe que la Policía tailandesa pidió la pena de muerte, el medio informativo indicó que el hijo del actor Rodolfo Sancho está tranquilo y animado, ya que desde este jueves comenzó a recibir visitas luego de cumplir 10 días de aislamiento por el protocolo que debe seguir por haberse contagiado de covid-19.

El programa del verano, sin embargo, resaltó que Daniel Sancho no podrá abandonar la enfermería para sumarse al resto de los reclusos, quienes están en condiciones mucho peores que las del sindicado del asesinato de Edwin Arrieta.

Además, el abogado señaló que Sancho podría solicitar un indulto al rey de Tailandia, quien tiene la potestad de conmutar la pena de muerte por cadena perpetua. También dijo que Sancho podría pedir ser trasladado a España para cumplir su condena, siempre y cuando cumpla un mínimo en Tailandia.

La familia de Sancho, encabezada por su padre, el actor Rodolfo Sancho, ha expresado su apoyo al joven y ha contratado a una abogada española experta en derecho penal internacional. La jurista Carmen Balfagón dijo que espera que se haga justicia y que confía en que Sancho no sea condenado a la pena máxima.

Son dos las semanas que han pasado desde que se produjera el arresto de Daniel Sancho, quien confesó haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta en Tailandia. Días en los que el hijo de Rodolfo Sancho ya ha pasado su octava noche en la cárcel tailandesa Koh Samui y en la que, como pequeñas píldoras, han ido saliendo a la luz nuevos datos en el caso.

Las informaciones, las filtraciones y las versiones contrapuestas entre el detenido y las autoridades policiales han sido varias y aún existen varias incógnitas que rodean al caso. Todavía no se ha encontrado el móvil de la víctima y, además, se desconoce cómo murió Edwin Arrieta.

Sin embargo, la investigación llevada a cabo por la policía tailandesa ha finalizado. Desde hace varios días, las autoridades de Tailandia habían asegurado que tenían “pruebas suficientes” para acusar de asesinato premeditado a Daniel Sancho. Y es justamente lo que han confirmado este martes los agentes policiales cuando han emitido las conclusiones sobre el crimen a través de una rueda de prensa.

 “Se pide la pena de muerte”

La Policía de Tailandia ha identificado el móvil del crimen del joven chef de 29 años y ha asegurado se trata de un asesinato con premeditación. Un delito llevado a cabo en solitario y que en Tailandia es condenado con la pena capital.

“No ha sido un accidente. Ha sido un asesinato premeditado. Antes de que ocurrieran los acontecimientos, el asesino ya tenía un plan para comprar el material. Antes de que llegase la persona que fue asesinada, ya había comprado material. Es un asesinato con planificación y, por lo general, se pide la pena de muerte“, ha afirmado subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, conocido como Big Joke.

En solitario

Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía tailandesa concluyen que en el asesinato no hubo terceras personas y que, por lo tanto, fue cometido en solitario. “Daniel ha confesado que mató a Edwin porque el quería dejar la relación y el cirujano no”, ha recalcado el subdirector de la policía. Además, han dejado claro que solo se encontraron restos de ADN de Daniel Sancho y Edwin Arrieta en la escena del crimen. “No puede haber otra persona porque tenemos grabaciones de cámaras de seguridad que lo demuestran”.

“Daniel tardó unas tres horas en descuartizar el cuerpo y se quedó una noche más en el lugar para limpiarlo todo”, han manifestado los agentes policiales en la comparecencia y han añadido que “Daniel tiró todas las cosas de Edwin menos el dinero. Se encontraron 9.000 dólares en la caja fuerte de la habitación de Daniel”.

A pesar de que ya se ha dado por cerrado el caso y Daniel Sancho está pendiente del juicio, que quizás se lleve a cabo el próximo mes de septiembre, la Policía ha explicado que aún no han encontrado ciertos objetos personales de la víctima y que podrían aportar información relevante al caso, como el reloj, la tarjeta de crédito o el móvil.

“Es un intento de asesinato”

Algunas de las preguntas sin respuesta que se están estudiando en el caso son en torno a cómo murió Edwin Arrieta. “Hubo una pelea y entonces Daniel apuñaló a Edwin, quien se golpeó la cabeza contra el lavabo”, ha afirmado Big Joke en la rueda de prensa. Sin embargo, aún desconocen el momento exacto en el que murió el cirujano colombiano y, por lo tanto, la causa exacta de muerte. “No se puede confirmar si Edwin murió por la puñalada o por el golpe en la cabeza. También se está investigando si murió al descuartizar el cuerpo”, ha expresado Big Joke.

“Al apuñalarlo en el pecho, en la parte derecha, se desmayó y se golpeó la cabeza en el baño. En la parte derecha de la camisa tenía marcas de apuñalamiento. Hemos visto que en la camisa de Edwin hay marcas de apuñalamiento. Y por esto entendemos que no es un accidente. Es un intento de asesinato”, han expresado en la comparecencia.

El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, durante la rueda de prensa en la que aseguró este martes que el español Daniel Sancho será acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Phangan, por lo que solicitarán la pena de muerte.

El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, durante la rueda de prensa en la que aseguró este martes que el español Daniel Sancho será acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Phangan, por lo que solicitarán la pena de muerte.

En cuanto a los mensajes que se encontraron en el móvil de Daniel Sancho, la policía tailandesa no ha querido entrar en detalles de si entre ambos había un vínculo de amistad o una relación sentimental. Ademas, han afirmado que aún no han hallado el cuchillo con el que Daniel Sancho apuñaló a Edwin Arrieta y que sería por lo tanto la supuesta arma homicida.

Han pasado diez días desde que se produjo la detención de Daniel Sancho en Tailandia tras confesar haber matado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Casi dos semanas en las que han ido saliendo a la luz diferentes detalles del caso, como si de un cuentagotas se tratase, y que daban lugar a un sinfín de incógnitas.

Según los datos conocidos, la víctima y el detenido mantenían una relación sentimental y, de hecho, habían tenido varios encuentros previos, uno de ellos en un picadero de Segovia, España. Además, en el móvil del cocinero también se encontró una amenaza por parte de Edwin Arrieta a Sancho si este daba por finalizada la relación. Un detalle que podría dar un giro en los acontecimientos y que, además, podría confirmar la justificación de Sancho sobre el crimen, quien aseguró que se sentía “rehén” de su amigo.

Con toda la información recabada de la investigación policial, este martes ha tenido lugar una comparecencia en la que policía tailandesa ha desvelado el móvil del crimen del hijo de Rodolfo Sancho y en la que, además, se ha pedido la pena de muerte para el joven chef de 29 años, según informa El Periódico.

En la rueda de prensa, la policía ha asegurado que se trata de un asesinato premeditado por parte de Sancho y, por lo tanto, es un delito que en Tailandia se condena con la pena de muerte. Durante la comparecencia, el propio jefe de investigación del caso Sancho, el agente apodado Big Joke, no ha tenido reparos en pedir la pena capital para el joven de 29 años.

Por otro lado, se ha desvelado que en el juicio, que podría comenzar el próximo mes de septiembre, las amenazas de muerte encontradas en el móvil del joven no servirán como circunstancia atenuante, por lo que estos datos no cambiarán el cauce del caso, ya que la policía sostiene que el móvil del crimen fue que Sancho mató a Arrieta para acabar con la relación sentimental que mantenían.

Los expertos policiales han confirmado que no se encontraron restos de estupefacientes en el detenido y que el hijo de Rodolfo Sancho se ayudó de un cuchillo y una sierra para descuartizar al cirujano. Además, la Policía ha revelado que se encontraron 9.000 dólares en la caja fuerte de la habitación en la que se alojaba Sancho.

La policía de Tailandia ha descartado la posibilidad de que el joven de 29 años haya perpetuado los hechos con ayuda de una tercera persona. En la investigación policial realizada solo se encontraron restos de ADN de Daniel Sancho y Edwin Arrieta en la escena del crimen.

A pesar de que ya se ha hecho público el móvil del crimen, las incógnitas que rodean en el caso se centran en cómo murió Edwin Arrieta. Las dos versiones que aún baraja la Policía es si el cirujano murió de una puñalada en el pecho izquierdo, debido al agujero en la parte izquierda de la camisa de la víctima, o de un golpe en la cabeza contra la bañera por una discusión, tal y como aseguró Daniel Sancho en su primera declaración.

La confesión de Daniel Sancho por el asesinato de un cirujano colombiano en Tailandia abrió una serie de interrogantes respecto a su futuro. El hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho permanece detenido y deberá enfrentarse al rígido sistema penal tailandés cuya pena para este tipo de delitos oscila entre 15 y 20 años de prisión hasta la pena de muerte.

El pasado domingo Sancho, de 29 años, confesó haber matado y descuartizado a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años en medio de una situación confusa en un hotel de la isla de Koh Panghan, con quien había acordado ir a una fiesta.

Luego de que la policía hallara los restos y constatara de que se trataba de Arrieta, todos los indicios apuntaban al hijo del protagonista de "El ministerio del tiempo", quien finalmente Sancho confesó la autoría del crimen. "Quiero colaborar en todo lo que pueda", aseguró este lunes desde la comisaría de Koh Phangan antes de ser trasladado a Koh Sumui, donde verá al juez.

En tanto, el juez del Tribunal Provincial de esa ciudad inició una investigación en la que se lo acusa de asesinato premeditado, ocultamiento y sustracción de partes del cuerpo con fines de encubrimiento. Desde entonces, Sancho permanece bajo prisión provisional a la espera del juicio.

Las penas que enfrenta Daniel Sancho

Según el código penal tailandés, la condena más probable para un caso como el de Daniel Sancho sería la cadena perpetua o una pena de entre 15 y 20 años de prisión. En tanto, la defensa espera que dado que el hijo del actor se declaró culpable y colaboró con la Policía para reconstruir hechos y facilitar pruebas, podría jugarle a favor en el cálculo final de la pena.

También está contemplado en estos casos la pena de muerte que rige en el país del sudeste asiático. Sin embargo, según la legislación, se aplica en casos excepcionales de funcionarios de gobierno o agentes de fuerzas de seguridad, y hasta el momento no trascendieron casos de que se aplique a ciudadanos extranjeros.

Si bien es improbable, en caso de que se diera este último caso Sancho contaría con una carta final: la tradición tailandesa según la que el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, puede indultar o reducir condenas. Esto ocurrió con otro ciudadano español, Artur Segarra, cuya condena a muerte que cambiada por cadena perpetua en 2020.

Con respecto a la extradición, España y Tailandia no tienen tratado por lo que Sancho deberá ser juzgado en Tailandia. No obstante, sí existe un convenio de 1983 que le permitiría ser trasladado a España para cumplir la condena en una cárcel española, un beneficio que podría pedir en caso de que sea condenado a cadena perpetua.

La corbata simboliza la cruz de la religión cristiana, afirmó este miércoles un alto responsable talibán en Afganistán, quien consideró que esta prenda debe quedar proscrita en el país.

“¿Qué es una corbata? Es la cruz. La sharia (ley islámica) ordena romperla y eliminarla”, declaró Mohammad Hashim Shahid Wror, jefe de un servicio gubernamental encargado de dar directrices a la población sobre la observancia de los principios islámicos.

La simbología de la corbata “es evidente para el islam”, añadió este funcionario en una conferencia de prensa retransmitida por el canal Tolo TV, en la que lamentó que, a veces, se encuentra con “un doctor musulmán afgano o un ingeniero con una corbata”.

Desde que volvieron al poder en agosto de 2021, los talibanes afganos no han emitido órdenes sobre cómo deben vestirse los hombres. Las mujeres, en cambio, deben cubrirse integralmente cuando salen de sus casas.

Los responsables talibanes llevan el “shalwar kameez”, un pantalón ancho y una túnica tradicional, con un chaleco por encima y un turbante en la cabeza.

Las prendas occidentales cada vez se ven menos, aunque en algunos círculos profesionales los hombres siguen usando corbata y camisa.

En el pasado, las administraciones de turno intentaron imponer códigos de vestimenta a la población, o al menos a los funcionarios.

Durante la década de ocupación soviética posterior a la invasión de 1979, se animó por ejemplo a los funcionarios a llevar traje, en lugar de la vestimenta tradicional.

El ex presidente Ashraf Ghani, que huyó del país en 2021 cuando los talibanes entraron en Kabul, vestía a la manera occidental cuando estaba en el extranjero, y con ropa tradicional en Afganistán.

Cierre de los salones de belleza

La propuesta de prohibir la corbata llega dos días después de que el grupo fundamentalista ordenara el cierre de los salones de belleza, una nueva prohibición impuesta contra las afganas que se suma a otras como el veto a la educación superior o al trabajo en organizaciones no gubernamentales.

Según los cálculos de la Unión de Salones de Belleza para Mujeres de Afganistán, más de 60.000 mujeres perderán su única fuente de ingresos debido a esta medida. Sólo en Kabul hay más de 3.200 salones de belleza con licencia que empleaba a más de 16.000 trabajadoras que a partir del martes debieron cerrar.

La decisión de prohibir los salones de belleza dificultará la supervivencia de las afganas, así como de miles de familias encabezadas por mujeres en Afganistán.

“Las mujeres ya estaban privadas de muchos campos de sustento. Las dueñas de los salones de belleza son cabezas de familia y la única fuente de ingresos de la familia. Solicitamos al Gobierno de los talibanes que no quite el pan de nuestra mesa, quitarnos el único sustento de supervivencia es quitarnos la vida”, pidió Mahra, un miembro de la asociación.

Desde la llegada al poder de los talibanes hace casi dos años, las mujeres han experimentado un retroceso en materia de derechos, con restricciones como la segregación de sexo en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.

A esta lista de recortes se incluyó el pasado diciembre la prohibición para trabajar en ONG o estudiar en la universidad, una orden que sucede al veto a la educación secundaria femenina impuesto desde que los talibanes llegaron al poder.

El gobernador de Florida y miembro del Partido Republicano, Ron DeSantis, firmó este lunes un proyecto de ley que permite la pena de muerte en condenas por agresión sexual contra niños.

El proyecto de ley firmado por el gobernador Ron DeSantis se contrapone a un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. del 2008, que prohibió la pena capital en tales casos.

Horror en Florida: hallaron el cuerpo de un niño en la boca de un caimán

La rúbrica del proyecto de ley, que fue aprobado por el legislativo estatal, tuvo lugar durante una ceremonia en un museo policial a las afueras de Orlando.

La nueva ley, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre, se contrapone a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del 2008, que prohibió la pena capital en tales casos. La legislación podría ser un instrumento para que el Tribunal Supremo del país, ahora controlado por conservadores, reconsidere su decisión.

Amber McLaughlin es la primera mujer trans ejecutada por pena de muerte en Estados Unidos

El nuevo estatuto legalizaría la aplicación de la pena capital en el estado cuando un adulto sea condenado por abusar sexualmente de un niño menor de 12 años.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, muestra tres proyectos de ley que promulgó en una conferencia de prensa en el Museo y Salón de la Fama de la Policía Estadounidense en Titusville.

El gobernador, que no oculta sus aspiraciones de postularse como candidato a la Presidencia de EE.UU. en el 2024, considera que la decisión de la Corte Suprema fue “incorrecta”.

“Este proyecto de ley establece un procedimiento para poder impugnar ese precedente y poder decir que en Florida creemos que el peor de los peores crímenes merece el peor de los peores castigos “, agregó.

En el inicio de la etapa final del juicio, la fiscal del caso aseguró que el uzbeko Sayfullo Saipov “no se arrepiente y las pruebas demuestran que es peligroso”

Tal como se esperaba, en la última etapa del juicio por el atentado del 2017 en Nueva York, la Fiscalía ratificó el pedido de la pena de muerte para Sayfullo Saipov, el terrorista que atropelló y mató a ocho ciclistas en esta ciudad, entre los cuales estaban cinco argentinos que habían viajado a los Estados Unidos para festejar los 30 años de egresados del Colegio Politécnico de Rosario.

La medida, que es una rareza para este estado, donde nadie ha sido ejecutado desde 1963, se solicitó luego de que el hombre, de 35 años y originario de Uzbekistán, ya fuera declarado culpable del ataque ocurrido en la ciclovía paralela al Río Hudson el 31 de octubre de aquel año.

En aquel episodio murieron Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferrucci, quienes fueron asesinados por Saipov, que les pasó por encima a más de 100 kilómetros por hora con un camión que había alquilado en Home Depot.

Declararon culpable al terrorista que mató a los cinco amigos rosarinos en Nueva York

“No se arrepiente y las pruebas demuestran que es peligroso”, sostuvo este lunes la fiscal Amanda Leigh Houle, según recogen medios locales, al iniciarse formalmente la etapa final del juicio, en la audiencia que comenzó pasadas las 10:30 en la Sala 24B del edificio ubicado en el 500 de la calle Pearl.

Durante su exposición ante el jurado, que es ahora el que deberá decidir si corresponde aplicar esa condena o no, la funcionaria remarcó que es por esa razón que “Estados Unidos busca la pena más severa prevista por la ley, una sentencia de muerte”.

Por su parte, la defensa del terrorista le pidió al jurado que le imponga, en cambio, la cadena perpetua, argumentando que Saipov acabará su vida en la cárcel y que es necesario “detener el ciclo de muertes” en algún momento.

La semana pasada, los abogados del acusado hicieron varios intentos para anular la decisión del gobierno de buscar la pena de muerte, alegando que el pedido de condena era una posible discriminación étnica o religiosa.

La defensa cuestionó además el hecho de que la Fiscalía buscara esta sentencia, a pesar de que rige una moratoria de las ejecuciones federales y que el propio presidente Joe Biden se ha negado a autorizarlas en ataques más letales, como fue el caso del crimen de odio en un Walmart de El Paso, en Texas, en el que fueron asesinadas 23 personas en el año 2019.

De hecho, el caso de Saipov representa la primera vez que la Fiscalía busca la pena capital para un acusado durante la administración de Joe Biden, que durante su campaña electoral prometió eliminar este castigo a nivel federal.

El gobierno de Donald Trump, que retomó las ejecuciones federales en 2020 tras años paralizadas, fue el que autorizó a pedir esa pena en caso de que el terrorista fuese considerado culpable por el jurado y la postura de los fiscales se ha mantenido pese al cambio en la Casa Blanca.

Biden ha impuesto una moratoria a las ejecuciones federales, pero de ser condenado Saipov podría enfrentarse al castigo capital en caso de que esa medida se levante en el futuro, por ejemplo, con un nuevo gobierno.

El terrorista que mató a cinco rosarinos en Nueva York declaró estar “orgulloso” del ataque

Para que se le imponga la pena de muerte debe haber unanimidad entre los doce miembros del jurado, que durante los próximos días escucharán los argumentos de las partes antes de retirarse a deliberar. Basta con que uno solo se oponga para que no pueda dictarse esa sentencia.

El caso es especialmente llamativo por tener lugar en Nueva York, que ha eliminado la pena de muerte a nivel estatal y donde no se lleva a cabo una ejecución desde 1963.

Saipov, que presuntamente se inspiró en las acciones del Estado Islámico (EI), arrolló de forma intencionada con un camión que había alquilado a varias personas que transitaban por un carril bici de la Gran Manzana, dejando ocho víctimas mortales y doce heridos.

Según los fiscales, el hombre -que había emigrado a EE.UU. tras obtener un visado en una lotería- quería ingresar en el EI y en su teléfono móvil se encontraron numerosos videos e imágenes del grupo terrorista y su entonces “emir”.

A Amber McLaughlin, condenada por la violación y el crimen de su exnovia, le administraron una inyección letal. En su pedido de clemencia, los abogados dijeron que había sufrido abusos durante la niñez.

Amber McLaughlin, una mujer trans de 49 años, fue ejecutada este martes por la noche en Estados Unidos por un asesinato de 2003, y se convirtió en la primera persona de este colectivo en enfrentar la pena de muerte en el país.

A McLaughlin, quien comenzó su transición de género hace unos tres años en la prisión, le administraron la inyección letal en Misuri, después de que el gobernador de ese estado, el republicano Mike Parson, rechazara su pedido de clemencia.

McLaughlin fue condenada por la violación y asesinato de su exnovia Beverly Guenther, en el condado St. Louis, y su ejecución también es la primera del año en Estados Unidos.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo que se opone a la pena capital, no hay otro caso documentado de un hombre o mujer trans ejecutados en Estados Unidos.

“McLaughlin acechó, violó y asesinó a Guenther”, añadió el gobernador Parson. “Es una criminal violenta. La familia y los seres queridos de Guenther merecen la paz”, sostuvo.

Dos adolescentes iraníes fueron condenados a muerte por participar de las protestas

Pedido de clemencia

Los abogados de McLaughlin habían solicitado un pedido de clemencia a Parson el 12 de diciembre pasado rogándole que conmutara la sentencia a prisión de por vida, alegando que el jurado que la declaró culpable no logró una decisión acerca de la sentencia.

Misuri e Indiana son los únicos dos estados donde la ley permite que el juez que presidió el proceso imponga la pena de muerte en el caso de un jurado indeciso. De todas formas, el gobernador Parson explicó este martes por la mañana que la condena y sentencia de McLaughlin se mantenían .

Michelle Smith, codirector de Misurianos por Alternativas a la Pena de Muerte, manifestó al diario The Kansas City Star que esta variante hace de Misuri “un caso extremo” que “hiede a injusticia”.

En su pedido de clemencia, los abogados de McLaughlin afirmaron que ella sufrió abusos durante la niñez, y padecía una discapacidad intelectual que nunca se mencionó durante el juicio.

“La investigación reconoció el arrepentimiento sincero de McLaughlin y también lo hicieron todos y cada uno de los expertos que la evaluaron en los años que pasaron desde el juicio”, destacaron sus abogados.

“McLaughlin fue sólidamente diagnosticada con discapacidad intelectual limítrofe y universalmente con daño cerebral, así como síndrome de alcohol fetal”, concluyó la defensa.

Las ONG’S temen que decenas más corran el riesgo de ser ahorcados porque las autoridades utilizan la pena capital como táctica intimidatoria para intentar sofocar las protestas

Dos adolescentes iraníes fueron condenados a morir en la horca por su participación en las protestas que sacuden la República Islámica desde hace meses, denunció el lunes una organización de defensa de los derechos humanos.

Dos hombres de 23 años ya han sido ejecutados por las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que falleció en septiembre tras ser detenida por la policía de moralidad por infringir el estricto código de vestimenta del país.

Las ONG’S temen que decenas más corran el riesgo de ser ahorcados porque las autoridades utilizan la pena capital como táctica intimidatoria para intentar sofocar las protestas.

Clamor mundial por el futbolista iraní: cómo sumarse a la campaña “Frenemos la ejecución de Amir Nasr-Azadani”

Mehdi Mohammadifard, un manifestante de 18 años, fue condenado a muerte acusado de incendiar un quiosco de la policía de tráfico en la ciudad occidental de Nowshahr, en la provincia de Mazandarán, informó la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

La condena a muerte fue dictada por un tribunal revolucionario en Sari, la capital provincial, tras declararlo culpable de los cargos de “corrupción en la tierra” y “enemistad contra Dios”, indicó la organización.

La doble condena significa que se le han impuesto dos penas de muerte.

Por otra parte la agencia de noticias del poder judicial, Mizan Online, afirmó que el tribunal supremo había confirmado en diciembre la condena a muerte de otro manifestante, Mohammad Boroghani, acusado de “enemistad con Dios”.

Islamic regime sentences 18 year old protester Mehdi Mohammadifard to double death sentences (seriously) after kidnapping him. The charge were corruption on earth and Muharaba (waging war against God.)#IranRevolution #mahsaaamini pic.twitter.com/WC2hc8lFno

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 2, 2023

Boroghani habría “herido con un cuchillo a un guardia de seguridad con intención de matarlo”, “sembrado el terror entre los ciudadanos” e “incendiado la sede de la gobernación en la ciudad de Pakdasht”, al sureste de Teherán. Según IHR tiene 19 años.

La ONG’S afirmó la semana pasada que al menos 100 manifestantes corren el riesgo de ser ejecutados tras haber sido condenados a muerte o acusados de delitos punibles con la pena capital.

Los primeros ahorcamientos provocaron una protesta internacional y los grupos de derechos humanos piden que se presione más a Irán para evitar nuevas ejecuciones.

Amir Nasr-Azadani protestó por la continua represión ejercida contra las mujeres iraníes y a continuación el régimen de Teherán respondió que el defensor del club Iranjavan debía morir por su “enemistad con Dios”

El seis de septiembre de 1972, durante los Juegos Olímpicos de Munich, una facción de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) asesinó a once deportistas de Israel. El Comité Olímpico Internacional (COI), tras un día de suspensión por duelo, decidió que continuara el evento en Alemania.

El martes 13 de diciembre de 2022, cuando Argentina derrotaba a Croacia y pasaba a la final, el régimen de los Ayatollahs condenó a muerte al jugador Amir Nasr-Azadani por defender los derechos humanos de las mujeres de Irán. La FIFA y el Emirato de Qatar, que organizan la Copa del Mundo, podrían mejorar la actuación del Comité Olímpico tras la Masacre de Munich.

Amir Nasr-Azadani aún no fue colgado de una grúa, pero ya fueron asesinados Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard. Estas dos víctimas del fundamentalismo iraní pagaron con su vida por protestar por la ejecución de Mahsa Amini, que cayó en manos de la Policía de la Moral por no tener bien puesto el velo islámico.

Es decir: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el jeque de Qatar, emir Tamim bin Hamad Al Thani, podrían coordinar esfuerzos y evitar que el jugador Amir Nasr-Azadani fuera ejecutado por su presunta “enemistad con Dios”, al haber reclamado por los derechos de las mujeres en Irán.

En principio, Infantino y Al Thani no harán nada para que Nasr-Azadani no continúe la zaga de Amini, Shekari y Rahnavard. La FIFA organizó el mundial con Qatar, que tiene una alianza geopolítica con Irán y jamás complicaría sus relaciones con Teherán.

Ambos países comparten el mayor campo de gas del planeta. South Pars del lado iraní, y North Field en territorio de Qatar. Esta casualidad geográfica facilita las relaciones económicas entre Doha y Teherán: durante el embargo de 2017, Qatar acompasó sus flujos de producción de gas y petróleo para no perjudicar a Irán.

Pero además de los negocios globales, Qatar se transformó en un silencioso representante diplomático de Afganistan con la asistencia de Teherán. Y esa alianza regional juega para acotar la influencia de Arabia Saudita que es apoyada por Estados Unidos.

El emirato liderado por Al Thani puede exhibir su rostro más confiable organizando la Copa del Mundo, o financiado equipos de futbol como el PSG en Francia. Sin embargo, esa impactante demostración de softpower recibirá un daño irreparable si Teherán ejecuta a Nasr-Azadani.

Irán: un futbolista será ejecutado por defender los derechos de las mujeres

Aquí, en Doha, explican que la FIFA no tenía pensado solicitar formalmente que Irán anule la sentencia de muerte contra Nasr-Azadani, y menos aún conociendo los vínculos de poder entre el emir Al Thani y el régimen de los Ayatollahs.

Mientras el silencio de Infantino y Al Thani es estruendoso, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFBRO) continúa exigiendo a Irán que levante la condena contra el futbolista que defiende los derechos humanos. “Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, posteó FIFBRO en su cuenta de Twitter.

Asimismo, una solicitud de Change.org que busca frenar la ejecución, ya cuenta con cerca de 500.000 firmas. Una movida pública que intenta penetrar la alianza entre la FIFA y Qatar que, en definitiva, facilita la sistemática violación a los derechos humanos que comete Irán.

El régimen fundamentalista no fijó fecha aún para colgar a Nasr-Azadani de una grúa apostada en las calles de Teherán, pero ese crimen ocurriría después de la final que disputarán Argentina y Francia en Doha. Irán considera que el jugador de futbol cometió la afrenta de iniciar una “guerra contra Dios”, aplicando una interpretación fundamentalista del Islam.

Luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran 12 años de prisión para Cristina Kirchner por la causa de la obra pública, el diputado del PRO de Neuquén Francisco Sánchez solicitó que se la juzgue por “traición a la patria” y aseveró que “merecen la pena de muerte”.

“12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, redactó el legislador en su cuenta de Twitter.

Momentos de tensión e incidentes frente a la casa de Cristina Kirchner

12 años por robar impunemente es casi nada.El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria.

— Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) August 22, 2022

Además, en un video que compartió por la misma red social, agregó: “No todo vale lo mismo. Cualquier persona que roba es un delincuente. Cualquier funcionario público que se vale de su cargo para robarnos a todos es un delincuente más grave todavía”.

Es traición a la Patria. pic.twitter.com/hRNPD4HG8G

— Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) August 22, 2022

“No tengo dudas de que si se comprueba la responsabilidad de Cristina Kirchner y el resto de las personas imputadas en la causa Vialidad y se los encuentra culpable de los delitos que se les haya imputado, son traidores a la Patria. Los traidores a la Patria tienen que ser tratados como lo que son, como personas que nos han vulnerado a todos. No merecen ningún tipo de consideración. 12 años es muy poco. Inhabilitación perpetua para cargos públicos es muy poco también”, consideró.

“Las penas tienen que ser ejemplares. Lamentablemente, en Argentina hace mucho que se ha abolido la pena de muerte. Considero que personas que nos afectan tan gravemente a todos, merecerían esa pena”, concluyó.

El fiscal Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner

Este lunes, los fiscales del caso le pidieron al Tribunal a cargo que encarcelen a CristinaKirchner por 12 años y su inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. La vicepresidenta fue acusada por ambos como jefa de una asociación ilícita y autora del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.

En prisión, Skylar cambió de nombre y de género, desde hace varios años se llama Skylar Preciosa DeLeon

El actor John Julius Jacobson Jr., cuyo nombre artístico es Skylar DeLeon, quien se hizo famoso en la serie de televisión The Mighty Morphin Power Rangers ha tenido una vida turbulenta en la que, después de varios episodios grises en su vida hasta que, finalmente, fue sentenciado a muerte, por robo y asesinato contra los dueños de un yate en 2004.

El cantante R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión por tráfico sexual

Una historia espeluznante para una persona que gozó de una gran fama y fortuna.

El músico Cristian Aldana cumplirá una pena de 25 años por abusar de menores

John Julius Jacobson Jr. nació el 12 de agosto de 1979 en California, Estados Unidos. Dos veces cambió de nombre: la primera fue antes de casarse y emanciparse de su padre. En aquel momento aseguró que abusaba de él. Entonces, llegó la fortuna a su vida con el nombre de Skylar DeLeon.

DeLeon fue condenada a muerte por inyección letalLa Vanguardia

Primero apareció en diferentes series infantiles, tuvo un pequeño papel en Power Rangers donde tuvo un efímero éxito. Sin embargo, a los 20 años se unió a la Marina de Estados Unidos, sin embargo, por una ausencia no autorizada de quince días fue dado de baja.

Skylar DeLeon durante su intervención en “Power Rangers” (Foto: Saban Entertainment)

En 2002 se casó y tuvo dos hijos. Entonces el matrimonio empezó a padecer la falta de dinero y decidieron comenzar a delinquir.

Al principio asaltaron pequeños negocios, pero en 2004 cuando conocieron a una pareja que tenía en venta un yate. Ambas parejas acudieron a hacer una prueba en Newport Beach Harbor y entonces DeLeon, su esposa, acompañados por otros tres cómplices atacaron a los dueños y los obligaron a cederles la propiedad de la embarcación.

Posteriormente los amarraron y los lanzaron al mar. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Varios años después, uno de los cómplices confesó el crimen y comenzó la querella contra Skylar y su esposa.

Él fue sentenciado a la pena de muerte por inyección letal. Sin embargo, debido a la moratoria en California vivirá sus días en el corredor de la muerte. Su esposa recibió una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Una vez en prisión, Skylar cambió de nombre y de género, desde hace varios años se llama Skylar Preciosa DeLeon. También recibe terapia hormonal con el fin de obtener un aspecto más femenino.

Después de tomar el poder el año pasado, la junta militar condenó a muerte a decenas de opositores para reprimir la disidencia. Los cuatro condenadores fueron ejecutados por encabezar “actos de terror brutales e inhumanos”.

La junta militar de Myanmar ejecutó a cuatro personas, entre ellas un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi y un conocido activista prodemocracia, en la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas, informó este lunes la prensa estatal.

Los cuatro fueron ejecutados por encabezar “actos de terror brutales e inhumanos”, indicó el diario estatal Global New Light of Myanmar, que dijo que las ejecuciones se llevaron a cabo “bajo el procedimiento de la prisión”, sin detallar cuándo ni cómo murieron.

Después de tomar el poder el año pasado, la junta militar condenó a muerte a decenas de opositores para reprimir la disidencia.

Myanmar: la población se manifestó a un año del golpe

Uno de los ejecutados, Phyo Zeya Thaw, de 41 años, fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Aung San Suu Kyi, había sido detenido en noviembre y condenado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo.

La junta lo acusó de haber orquestado varios ataques contra el régimen, entre ellos uno contra un tren en el que cinco policías fueron asesinados en agosto pasado en Rangún.

El activista por la democracia Kyaw Min Yu, conocido como “Jimmy”, de 53 años, había recibido la misma sentencia del tribunal militar.

Los otros dos ejecutados habían sido sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.

La última ejecución capital en Myanmar se había llevado a cabo en 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio pasado, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado.

Human Rights Watch calificó las ejecuciones como “un acto de absoluta crueldad”.

La directora para Asia de la ONG, Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional “mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes”.

Después de que el mes pasado anunciara las ejecuciones, el gobierno militar había recibido duras críticas por la decisión.

Myanmar: acusaron a la líder civil Suu Kyi de fraude en las elecciones de 2020

El secretario general de la ONU, António Guterres, la tachó de una “flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas”.

En mayo, un tribunal de la Junta condenó a la derrocada líder civil Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por corrupción, en medio de numerosas acusaciones en su contra.

La Premio Nobel de la Paz, de 77 años, que permanece con prisión domiciliaria en la casa de su familia en Rangun, ya fue condenada a seis años de prisión por incitación contra los militares, violar las reglas anticovid y una ley de telecomunicaciones.

El golpe de Estado que la derrocó el 1 de febrero de 2021 generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron con la fuerza pública.

Desde el golpe, más de 2.000 personas murieron y más de 15.000 fueron detenidas en la represión contra los disidentes, según un grupo local de monitoreo.