Magdalena Espósito Valenti y su novia, Abigail Páez, fueron halladas culpables del delito de homicidio agravado. El nene tenía 5 años

El pasado 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, en La Pampa, halló culpables a Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, y a su novia Abigail Páez del homicidio agravado del niño de 5 años, cuyo crimen ocurrió en noviembre de 2021. Este viernes, a las 12, los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié darán a conocer las penas que recibirán las asesinas: la expectativa se centra en saber si los magistrados aplicarán el “tiempo indeterminado” a la condena a prisión perpetua que ya les cabe por la gravedad del delito que les endilgaron.

Durante la audiencia de cesura del debate oral que se realizó este lunes 13 de febrero, la fiscal Verónica Ferrero pidió que las dos acusadas fueran condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal prevé solamente esa pena.

En tanto, el abogado querellante que representa a la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado, una alternativa que prevé el artículo 52 del Código Penal, en relación con el artículo 80. Sus fundamentos, entre otras razones, se basaron en la extensión del daño provocado a “un chico absolutamente vulnerable”, agregando que el crimen de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil.

Las asesinas de Lucio Dupuy fueron brutalmente golpeadas en la cárcel

Por su parte, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez, le solicitó al tribunal que cuantificara la pena que le correspondería a Páez, por entender que si se aplicase la prisión perpetua —con las normas vigentes hoy en el país— “solo saldrá de la cárcel con su muerte, ya que actualmente la pena perpetua es material y literalmente perpetua”.

Además, la letrada solicitó que esa cuantificación sea la mínima por la carencia de antecedentes penales y la edad de la imputada, que tiene 28 años. También afirmó que la Corte Suprema ya fijó la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado.

Por último, el defensor oficial Pablo De Biasi, al hablar por Espósito Valenti, brindó argumentos similares a su colega Blanco Gómez y requirió que se le fije “una pena en años”, con lo que coincidió en que “la prisión perpetua que establece el Código Penal es inconstitucional”, ya que “los tratados internacionales impiden la aplicación de penas crueles, inhumanas y degradantes”.

En la audiencia de este viernes, entonces, se sabrá finalmente si los jueces aplicarán el “tiempo indeterminado” a la segura condena a prisión perpetua. La decisión se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la Oficina Judicial Penal de Santa Rosa.

En paralelo, está prevista una movilización popular frente a las puertas del centro judicial de la capital pampeana, convocada desde las 10 por la Asociación Civil “Lucio Dupuy”, que fue creada por el abuelo del nene, Ramón, para luchar por los derechos de las infancias, y que tendrá como consigna: “Que se haga justicia. Reclusión perpetua para las asesinas”.

Abigaíl Páez contó, según su versión, lo que pasó el día del homicidio

En el interior de los tribunales, de la audiencia participarán el padre del niño, Christian Dupuy; sus abuelos paternos, Ramón Dupuy y Silvia Gómez; el abogado querellante, José Mario Aguerrido; el equipo del Ministerio Púbico Fiscal, integrado por Máximo Paulucci, Verónica Ferrero, Marcos Sacco y Walter Martos; y las asesoras de Niños, Niñas y Adolescentes, Graciela Massara y Gabriela Manera.

Las acusadas no están obligadas a presenciar la audiencia en Santa Rosa y pueden seguirla desde el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, donde están detenidas. De hecho, el 2 de febrero pasado, cuando se las halló culpables, ni siquiera la siguieron de manera remota: prefirieron continuar con sus rutinas en el penal.

Ese día, Espósito Valenti, la madre del pequeño, fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

A su vez, Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento; en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.

El caso

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2.300 de Santa Rosa, donde vivía junto a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de la mujer, Abigail Páez.

Los movimientos de las asesinas y el niño de 5 años quedaron registrados por una cámara ubicada frente al departamento y, gracias a esas imágenes, se pudo concluir que a las 17.32 se lo vio a Lucio por última vez con vida. Entre ese momento y las 19.40, cuando ambas imputadas salieron solas de la propiedad, el chico fue golpeado brutalmente.

Según los fundamentos del fallo de los jueces, Abigail Páez llevó en moto a su novia al restaurante de un hotel de la capital pampeana, donde trabaja como moza, y regresó sola a las 20.49, cuando intentó reanimar al niño y lo metió bajó la ducha.

A las 21.30, Páez salió con Lucio en brazos para el centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado, por lo que el nene fue derivado al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Salen a la luz chats entre las lesbianas asesinas de Lucio Dupuy: “Estamos planeando descartar al pibe para hacer un trío”

Magdalena Espósito contó cómo se enteró, supuestamente, de la muerte de su hijo, Lucio La Justicia estableció que las dos participaron de la golpiza mortal, entre las 18 y las 19 del 26 de noviembre, y que el niño recibió golpes de puño, patadas y con un palo.

También recibió un pisotón en la espalda por parte de Páez (se pudo determinar por la impronta que dejó su zapatilla), que le provocó lesiones internas, como el desgarro del hígado y, además, fue mordido en sus zonas íntimas y en su brazo izquierdo.

El Tribunal de Audiencia, en la sentencia de 126 fojas, estableció que el niño fue víctima, recurrente, de violencia física, psicológica y sexual y determinó que se pudo advertir un “crescendo de violencia”, a la luz de los chats entre ambas imputadas, ventilados durante el juicio, a partir de mediados del mes de octubre de 2021.

En el dictamen, el fiscal a cargo de la causa, Christian José Fabio, consideró que debe calificarse la conducta atribuida a Contardi, de 52 años, como “constitutiva del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima”,

La Justicia pidió este miércoles la elevación a juicio de la causa que investiga a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, por abuso sexual “con acceso carnal agravado”.

Julieta Prandi habló sobre los rituales umbanda que realizaba su exmarido

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 del Distrito Escobar solicitó este miércoles la elevación a juicio de la causa que investiga a Claudio Contardi, el exmarido de la modelo Julieta Prandi, acusado de abuso sexual “con acceso carnal agravado”, tras la declaración del empresario el pasado lunes, informaron fuentes judiciales.

En el dictamen, el fiscal a cargo de la causa, Christian José Fabio, consideró que debe calificarse la conducta atribuida a Contardi, de 52 años, como “constitutiva del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima”, teniendo en cuenta lo que surge de las pericias realizadas a la modelo.

“Viví un calvario”: el ex de Julieta Prandi, Claudio Contardi, contó su verdad

Además de la elevación a juicio, el fiscal solicitó que se disponga una medida cautelar de prohibición de acercamiento del imputado a la denunciante, como así también la prohibición de ingreso al domicilio que compartían.

Según se describe en el escrito, el imputado “abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la misma, ejerciendo amenazas y violencia física sobre ella”, mientras la víctima “se negaba a ello, ejerciendo el sindicado Contardi violencia psicológica” y hallándose “la víctima Prandi en una relación asimétrica de poder, no pudiendo consentir libremente la acción”.

Los hechos, que ocurrieron en “fecha indeterminada, entre el 28 de julio del año 2015 y el mes de marzo del año 2018”, fueron denunciados penalmente por Prandi el 13 de octubre de 2021 ante la Comisaría de la Mujer y Familia de la localidad de Martínez.

Luego, el 13 de abril último, se le recibió una nueva declaración a la denunciante, en la que “además de ratificar su denuncia efectuada oportunamente realizó un relato detallado de los abusos sexuales reiterados que sufriera por parte de quien fuera su pareja”.

“A esta altura, teniendo en cuenta lo que surge de la pericia psicológica realizada a la víctima, que los hechos traumáticos padecidos por la víctima en forma reiterada en el tiempo, provocaron un grave daño en la salud mental de la misma”, consideró el fiscal, quien solicitó sea juzgado por el Tribunal de Jurados.

Acerca de las declaraciones de Contardi, el dictamen detalla que “presentó un escrito de declaración espontánea donde refiere negar los hechos denunciados por Prandi, manifestando que la misma nunca con anterioridad había efectuado manifestaciones con relación a ello pese a haberse generado durante su separación diversas situaciones judiciales que hubiera dado lugar a efectuar a ese tiempo tales insustentables manifestaciones”. Además, sostiene allí que “tuvieron las relaciones sexuales propias del estado matrimonial”.

En respuesta, el letrado consideró que “denunciar un abuso sexual es un proceso doloroso, complejo y traumático, al que las mujeres difícilmente quieran o puedan someterse por su propia voluntad”.

“Si con anterioridad a la fecha en que se radicó la denuncia Prandi no lo hizo de ningún modo invalida el relato de la misma; advirtiendo entonces del propio relato del imputado un estereotipo discriminatorio en razón de género que no puede ser aceptado”, aseveró Fabio.

Respecto al material probatorio, el escrito cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “reconoció que los dichos de las mujeres víctimas constituyen un elemento probatorio fundamental en esta especie de procesos y que dada la naturaleza de esa forma de violencia no se puede esperar pruebas gráficas o documentales”.

“No basta con exigir que se juzgue con perspectiva de género (…) es necesario que se actúe con la debida diligencia, reforzada por los estándares que imponen los instrumentos internacionales que rigen la materia, concretando una investigación seria, efectiva, sin dilaciones, exhaustiva y que explore todas las líneas posibles”, expresó el fiscal.

La Municipalidad prepara una nueva edición de la Peña del Reencuentro, una iniciativa que tiene como objetivo esencial conformar un espacio de participación social y fortalecimiento de vínculos.

Esta nueva edición del evento será el jueves 25 de agosto, de 14.30 a 16.30, en el Mercado Progreso (Balcarce 1635). Es con entrada libre y gratuita. Las reservas se realizan vía WhatsApp, al 342 6109633.

La peña contará con actividades lúdicas, mateada, baile y dinámicas grupales, y, como ya es habitual, se festejarán los cumpleaños recientes y próximos. Cabe mencionar que habrá una cantina a disposición de los concurrentes pero se puede llevar merienda y equipo de mate. Otras de las sugerencias de la organización es llevar antifaces para el gran baile final.

La cantante santafesina Yanina Ballal será la encargada de musicalizar el encuentro. Vale recordar que Yanina comenzó su carrera en los talleres del Prado Español. Se presentó en programas televisivos de Paraná y Santa Fe, y colaboró con diferentes instituciones benéficas. Actualmente realiza animaciones de todo tipo de eventos en diferentes provincias.

Cristian Aldana está preso desde diciembre de 2016 por siete denuncias por abuso sexual. Esta semana, la condena al líder de El Otro Yo quedó confirmada: pasará 25 años en la cárcel.

En principio le habían dado 22, pero los jueces Gustavo Bruzzone y Jorge Rimondi incluyeron dos denuncias que habían sido consideradas prescriptas anteriormente. Finalmente, la Justicia lo consideró responsable de 6 casos de corrupción de menores.

Tres víctimas de Cristian Aldana contaron en un video los abusos

La condena inicial a Cristian Aldana la dio el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 en julio de 2019: 22 años de prisión por el delito de corrupción de menores.

Pero el mes pasado, la fiscal María Luisa Piqué, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, sugirió que debía rechazarse la apelación que había iniciado la defensa del músico.

“Estimo que la pena de 25 años de prisión resulta proporcional al grado de culpabilidad de Aldana por los hechos objeto de pronunciamiento, al tiempo que resulta adecuada a los fines preventivo­s especiales que deben regir la ejecución de toda pena privativa de la libertad”, resolvió Casación.

“Considerando el plazo de prescripción de diez años señalado correctamente por la defensa, y que llega al 2018, ninguno de los hechos por los que Aldana fue juzgado y condenado se encontraba prescripto a la fecha del primer llamado a indagatoria que se produjo el 21 de diciembre de 2016″, señaló Bruzzone.

En el primer fallo, el relato de las denunciantes fue respaldado por otros elementos de prueba, como informes psicológicos y psiquiátricos, además de coincidir en cómo Aldana solía captar a sus víctimas. El perfil de sus elegidas también coincidían: adolescentes de entre 14 y 16 años, con problemas familiares en sus casas y fanáticas de la banda.

Prorrogaron la prisión preventiva de Cristian Aldana

Como si no fuese suficiente, declararon más de 100 testigos, entre ellos otras jóvenes que decidieron no denunciarlo, aunque hablaron de su experiencia con él ante la justicia.

Cristian Aldana usó el Facebook de El Otro Yo para hacer su descargo tras conocerse su nueva condena. Allí apuntó a la Cámara de Casación N°1: según su testimonio, se niegan a reconocer su “indefensión” por no contar con su abogado de confianza.

Además, aseguró que su causa está siendo manejada “de forma arbitraria e irregular”. “Es inaudito que los jueces de Casación se nieguen a mirar los videos de las audiencias, dado que con solo verlos, se certifica que lo que sostengo es cierto: que no tuve, ni tengo, derecho a la defensa”, dijo, apostando al rol de víctima que adoptó desde que está sentado en el banquillo de los acusados.

“Inevitablemente, tendré que acudir a la Corte Interamericana para reparar esta grotesca y terrible injusticia”, adelantó.

Al mismo tiempo, aseguró que no va a rendirse: “Seguiré luchando y pidiendo un juicio justo hasta mis últimas fuerzas, por mis hijos y por las personas que creen en mí”.

Este domingo 3 de abril se presentará el libro virtual “Nosotras en libertad”, escrito por ex presas políticas de la cárcel de Villa Devoto. Habrá música en vivo, serigrafía, espacios lúdicos y sector gastronómico.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Cultura, invita a la peña “Construyendo memoria”, que tendrá lugar el próximo domingo 3 de abril en La Redonda, Arte y Vida Cotidiana (Salvador del Carril y Belgrano). En la misma se presentará el libro “Nosotras en libertad”, escrito por 200 ex presas políticas de la cárcel de Villa Devoto. En un formato multimedia, 200 mujeres presas políticas durante la noche negra de la dictadura militar, cuentan en “Nosotras en libertad” sus historias de vida, sus testimonios de aquellos años y los que siguieron. El libro fue publicado en septiembre de 2021 y está disponible para ser consultado en www.nosotrasenlibertad.com/libroweb.

El Concejo propone que La Redonda lleve el nombre de Hermes Binner

Durante la jornada, que contará con la conducción de Claudia Cournet, se alternará la lectura de textos extraídos de la publicación leídos por Nora Bisso, Miryan Burgues, Norma Cabrera, Silvia Debona, Lucia Molina y Cintia Clara Romero –trabajadoras de la cultura local– con un repertorio de las canciones que las mujeres cantaban en el coro de la cárcel interpretadas por las músicas Selene Rozycki y Florencia Sandoval.

Además, habrá serigrafía en vivo, para lo cual se invita al público a llevar su pañuelo o remera para estampar con diferentes consignas alusivas a la fecha; un espacio lúdico con dispositivos inspirados en los libros infantiles de la autora Beatriz Doumerc con ilustraciones de su compañero Ayax Barnes y otros que tendrán como objetivo la construcción de la memoria colectiva, inspirados en campañas, símbolos, documentales, libros y relatos. La feria del Parque Federal, en tanto, tendrá a su cargo los puestos gastronómicos.

La Redonda cumple 10 años y lo celebra con un festival al aire libre

La peña se desarrollará dentro de La Redonda, de 16:30 a 19 horas. La actividad es gratuita, con pase sanitario y no se suspende por lluvia.

Tres nuevas condenas a la amputación de la mano por robo, en Irán, han hecho saltar las alarmas de los defensores de derechos humanos locales. Las sentencias, dos de las cuales ya han sido confirmadas por el Tribunal Supremo, se suman a otras cuatro ratificadas el mes pasado. Todas ellas se han pronunciado en la ciudad de Urmía, al noroeste del país. Los activistas temen que se esté recuperando un castigo que, aunque recogido en la legislación penal iraní, había caído en desuso por su carácter inhumano y las críticas que suscita.

“Se trata de cuatro veredictos diferentes, el primero de los cuales se remonta a 2017, pero ha sido a lo largo de este año cuando el Tribunal Supremo los ha ratificado, a excepción del último que está pendiente”, explica a EL PAÍS Rebin Rahmani, de la Kurdistan Human Rights Network (KHRN), la organización no gubernamental que ha difundido el asunto.

Las sentencias disponen que a los reos “se les corten completamente cuatro dedos de la mano derecha, de modo que solo les quede la palma y el pulgar”, de acuerdo con el artículo 278 del Código Penal iraní. La Sharía (ley islámica), en la que se fundamenta ese corpus legal, estipula que el castigo de amputación debe limitarse a delitos graves. En primera instancia, se amputa la mano derecha y en caso de reincidencia, el pie izquierdo.

“La amputación se basa en la jurisprudencia islámica, lo que significa que diferentes jueces pueden aplicarla para diferentes circunstancias; lo que hemos notado es que en los últimos años son sobre todo los tribunales de Azerbaiyán Occidental los que han recurrido a este castigo”, señala Rahmani. Todos los casos denunciados por KHRN, un grupo sin ánimo de lucro que se ocupa de los derechos humanos en las regiones kurdas de Irán, han salido del Juzgado de lo Penal de Urmía, la capital de esa provincia iraní.

Los tres últimos se han conocido a mediados de octubre, cuando trascendió que Arash Ali Akbari, de 32 años, había sido condenado en agosto a que se le amputaran “los cuatro dedos de la mano derecha”. Se supo entonces que, aunque su recurso está pendiente ante el Supremo, este tribunal había desestimado la apelación de los hermanos Shahad y Mehrdad Taimuri contra una pena similar dictada en abril del año pasado.

“Su sentencia puede llevarse a cabo en cualquier momento”, alerta Leili, el pseudónimo de una activista que se muestra convencida de que “la presión de los medios y de las organizaciones de derechos humanos [internacionales] puede frenarla”. Por el contrario, teme que “ignorar este crimen lleve a la normalización de esos castigos”.

Aunque no hay datos oficiales, fuentes de derechos humanos documentaron 215 sentencias de amputación entre 2007 y 2017, de las que se llevaron a cabo 125, incluidas al menos seis en público. No está claro si desde entonces se han hecho más infrecuentes o si las autoridades, que las defienden como la mejor disuasión contra el robo, han evitado que trasciendan para evitarse las críticas que suscitan. Las dos últimas amputaciones conocidas se produjeron en octubre del año pasado en la provincia de Mazandarán y enero de 2018 en la de Jorasán.

Shahad y Mehrdad, de 35 y 30 años, respectivamente, no son los únicos que han agotado todos los recursos. Hace apenas un mes que los activistas alertaron de que el Alto Tribunal había dado su visto bueno a otras cuatro amputaciones. En mayo, confirmó las de Hadi Rostami, de 33 años, Mehdi Sharifian, de 37, y Medhi Shahiwand, de 42, condenados en noviembre de 2019. También refrendó la misma pena impuesta dos años antes a Kasra Karaami, de 40 años.

“Llevar a cabo castigos tan inhumanos no es justicia y subraya la crueldad del sistema penal iraní. La amputación constituye tortura, que es un delito según el derecho internacional, y una abominable agresión a la dignidad humana”, dijo Diana Eltahawy, directora regional adjunta para Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional (AI), al conocerse esos casos en septiembre.

Además de hacer un llamamiento a las autoridades iraníes para que pongan fin a las amputaciones, AI denunció la falta de garantías de los juicios. Según la organización, a los reos “se les negó acceso a un abogado” y sus condenas se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura. Al menos uno de los hombres, Hadi Rostami, se retractó ante el tribunal sin que se considerara su denuncia.