Pedro Sánchez atraviesa el momento más crítico de sus siete años al frente del gobierno español. Un informe de la Guardia Civil vincula a dos figuras clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que él lidera, con una red de cobro de sobornos para adjudicar contratos públicos.

La investigación, realizada por la Unidad Central Operativa (UCO), señala al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como protagonistas de la trama. Ambos habrían participado en el cobro de comisiones ilegales para beneficiar a determinadas empresas con obras públicas en distintas ciudades del país.

La relación personal y política entre Sánchez, Ábalos y Cerdán es estrecha. En 2016, los tres recorrieron juntos España en busca de apoyos para que Sánchez recuperara la jefatura del PSOE. Hoy, esa alianza está en el centro de la tormenta.

Sánchez intentó controlar el daño con una breve intervención desde la sede del partido, donde se mostró visiblemente afectado. Sin embargo, las disculpas no convencieron a sus aliados ni a la oposición.

“Las explicaciones son insuficientes”, afirmó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en televisión. “No es cierto que la corrupción sea inevitable”, advirtió, marcando un claro límite: “Si esto se extiende al Partido Socialista, estamos ante un mecanismo irregular de financiación política. Y eso es gravísimo”.

La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, agregó incertidumbre al declarar: “¿Van a aparecer más nombres? No lo sé”. Esa respuesta alimentó la desconfianza de Sumar, coalición de 15 partidos de izquierda, algunos de los cuales ya barajan abandonar el gobierno.

En señal de protesta, los ministros de Sumar —salvo quienes debían responder preguntas parlamentarias— no asistieron este miércoles a la sesión de control al gobierno en el Congreso.

Sánchez llegó temprano, a las 8:15, para una sesión que comenzaba a las 9. En el exterior del Parlamento, vehículos con carteles lo señalaban directamente como “corrupto”.

Es la tercera aparición pública del presidente en menos de una semana. El próximo 9 de julio volverá al Congreso para una sesión especial dedicada exclusivamente a responder sobre el caso.

Ante los rumores de una posible convocatoria electoral, el presidente fue claro: “El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones. Es el de sentencias, después del verano, contra el Partido Popular”, dijo.

Y defendió la respuesta de su partido: “La corrupción cero no existe. A diferencia de ustedes, nosotros la expulsamos”. Agregó que su gobierno ha actuado frente a este caso, y que la crisis no debe eclipsar “el extraordinario momento económico y social que atraviesa nuestro país”.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desafió a Sánchez en el Congreso: “No me faltan ganas (de presentar una moción de censura). Me faltan cuatro votos”. Añadió: “Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final”.

Feijóo lo acusó directamente: “Usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años”, y emplazó a los socios de Sánchez a decidir si seguirán siendo cómplices: “Tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción”.

La bancada del PP acompañó sus palabras con gritos de “¡Dimisión!”.

Desde Vox, su líder Santiago Abascal lanzó duras acusaciones: “Mientras su entorno robaba, los españoles hacían la declaración de la renta. Es usted un indecente, un corrupto y un traidor”. Luego abandonó el hemiciclo sin escuchar la réplica del presidente.

La crisis ha profundizado las tensiones entre Sánchez y sus socios parlamentarios. Ione Belarra, líder de Podemos, fue contundente: “Políticamente, la legislatura ya está muerta”. Su partido no participará en las reuniones que Sánchez inició con las fuerzas que apoyaron su reelección en 2023.

Tampoco se sumará el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Junts per Catalunya, en cambio, sí se sentará a dialogar, aunque condiciona su apoyo: exige la aplicación efectiva de la ley de amnistía para líderes independentistas catalanes y que el catalán sea reconocido como lengua cooficial en la Unión Europea.

Esquerra Republicana, más moderada, pide eliminar los fueros que protegen a políticos implicados en corrupción y sancionar a las empresas que pagaron sobornos. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, fue directo: “Ustedes actúan contra la corrupción cuando la UCO la detecta”.

Aunque ninguno de estos partidos desea un adelanto electoral —porque aún esperan que se cumplan concesiones pactadas—, la sospecha de que Sánchez conocía o toleraba las prácticas ilícitas inquieta a muchos.

Las críticas también surgen dentro del propio Partido Socialista. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, declaró: “Este es el momento más grave de credibilidad del PSOE en su historia reciente”. Y añadió: “Sánchez nos está metiendo en un laberinto sin salida. Lo dramático es que no hay salida digna”.

El alcalde socialista de Ames, Blas García, pidió elecciones anticipadas antes de que termine 2025: “Debe poner fin a este barullo y a la situación política irrespirable”, escribió en redes sociales.

Es por la supuesta presión que ejerció para designar un funcionario sin perfil técnico, a cambio de prebendas.

El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso 36 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por un caso de corrupción.

Durante una audiencia virtual, Checkley dijo que la medida era “idónea” porque no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad” y explicó que el exmandatario, detenido por 18 meses de prisión preventiva por el autogolpe, ha incurrido en obstaculización de la Justicia mediante el amedrentamiento de testigos, que ha llegado incluso a la misma fiscal general, Patricia Benavides.

Esta nueva medida de prisión preventiva se computará en paralelo a la que se le impuso en diciembre de 2022 por los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración, por el fallido intento de golpe de Estado. El juez Checkley aseguró que existen graves y fundados elementos de convicción contra el expresidente, por lo que se cumplió el primer presupuesto para dictar una orden de prisión preventiva.

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La segunda condición es que la posibilidad de la pena supere los 4 años. Por este caso, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza, representante del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estima que Castillo Terrones podría recibir una pena de 32 años.

“La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo Terrones la comisión de los delitos, tenemos que la sumatoria, conforme al artículo 50, nos permite establecer que la pena a imponerse, en el caso (de) que sea así —en un supuesto—, sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años”, dijo Meza en una audiencia previa.

La causa

La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.

Igualmente, el nombramiento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten “direccionar los proyectos” de infraestructura, a cargo de esa cartera.

De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.

Checkley afirmó que “Castillo tuvo una participación clave” en estas “conductas ilícitas”.

Respecto al peligro de fuga y arraigo de Castillo, el juez supremo precisó que la detención del expresidente, en diciembre pasado, se produjo “cuando pretendía asilarse en la embajada de México”, lo cual fue corroborado por las declaraciones públicas del embajador en Lima y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La esposa y los dos hijos menores de Castillo fueron recibidos por López Obrador y asilados por ese país, horas después del fallido golpe de Estado.

Sobre el arraigo, el magistrado recordó que Castillo no tiene domicilio real actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido desde diciembre, como su domicilio actual, como pidió su abogado.

Castillo lo niega

En la diligencia anterior, del pasado martes, Castillo negó “rotunda y categóricamente” que sea autor y forme parte de una organización criminal conformada durante su Gobierno (2021-2022), tal como lo acusó la Fiscalía al argumentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

“Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, señaló Castillo en una audiencia virtual convocada por el juez Checkley.

“No he cometido ningún delito, señor juez, el Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy en día quienes han hecho la acusación constitucional también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal, porque pasaron en su mayoría en las oficinas del despacho presidencial”, señaló.

Rechazó que la petición fiscal se sustente en un posible peligro de fuga cuando, según dijo, se encuentra “en un penal de alta seguridad” y que no tiene arraigo familiar, ya que su esposa y sus hijos están asilados en México.

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“Acá no hay peligro de fuga, mi arraigo domiciliario hoy es este lugar (la prisión)”, reiteró antes de decirle al juez que “tiene que demostrar que está del lado del pueblo no del lado de los enemigos”.

El Ministerio Público también ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para los exministros de Transportes y Vivienda Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.

Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, es acusado del delito de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.

Hubo protestas en todo el país pidiendo el cierre del Congreso; la salida de Boluarte, la actual mandataria, y llamado a elecciones.

Partidarios de Pedro Castillo, el destituido presidente de Perú, protagonizaron este miércoles una jornada de protesta en todo el país para pedir la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el llamado a elecciones, en medio de un clima de tensión cada vez más exacerbado.

Además, se registraron cortes de rutas en distintos puntos, especialmente en la zona de Puno, al sur del país, de donde es oriundo Castillo, un ex maestro rural. También se interrumpió el tránsito entre Puno y Cusco, donde los seguidores del exmandatario cortaron la ruta, y además quemaron un puesto de peaje.

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De hecho, como prevención, el tren entre Cusco y la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo de Perú, se suspendió indefinidamente para preservar la integridad de los turistas.

En Huancayo, al este de Lima, los manifestantes quemaron ataúdes de cartón con el rostro de Boluarte y además se enfrentaron con la policía, a quienes les arrojaron piedras, botellas y otros elementos contundentes.

En Arequipa, al sur del país, los efectivos policiales lograron desbloqear una ruta arrojando gases lacrimógenos, y también hubo un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en inmediaciones del aeropuerto de esa ciudad.

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Los manifestantes también cerraron rutas con piedras y neumáticos en llamas en las regiones de Junín (centro) y Apurímac (sureste). Asimismo, en Puerto Maldonado, región amazónica de Madre de Dios (sudeste), manifestantes bloquearon un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil.

Las protestas en Perú tras la destitución de Pedro Castillo

Las protestas en el país se iniciaron hace casi un mes, cuando Castillo fue destituido – tras un intento por disolver el Congreso-, y que dejaron un saldo de 22 muertos y más de 600 heridos. Luego de ese episodio, el ahora expresidente fue sentenciado a 18 meses de cárcel, acusado de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.

El país vive otro día de tensión, con una movilización nacional en apoyo al destituido expresidente Pedro Castillo y una audiencia judicial ya en marcha para definir si sigue preso, en medio de protestas que dejaron varios muertos.

El juez Juan Carlos Checkley escuchaba los argumentos de la defensa de Castillo a favor de que sea liberado por haber pasado ya en prisión preventiva los siete días que marca la ley, así como los de la Fiscalía de que extienda su detención por 18 meses.

El fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay dijo al juez que existía peligro de fuga de Castillo, que está acusado de rebelión y conspiración desde su detención por haber intentado disolver el Congreso de manera ilegal, el miércoles pasado.

En una audiencia transmitida en vivo por el canal de TV del Poder Judicial peruano, el fiscal recordó que el exmandatario de izquierda fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México y que ese país manifestó la voluntad de darle asilo si lo pedía.

Perú: 20 muertos durante manifestaciones a favor de Pedro Castillo

Más temprano, la emisora RPP informó de una novena víctima fatal por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y en exigencia de elecciones inmediatas: un manifestante que murió ayer atropellado en un corte de ruta en el norte de Perú.

También hoy, el Congreso tenía previsto reunirse para definir la fecha de las elecciones, luego de que Boluarte especulara con adelantarlas a fines de 2023 después de que una oferta anterior de celebrarlas en 2024 no lograra erosionar las manifestaciones.

El estado de emergencia empezó a regir hoy en todo Perú por 30 días, lo que permite restringir el derecho a la movilización y desplegar al Ejército y la Policía para “mantener el orden y la seguridad”, dijo ayer el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al declararlo.

En tanto, otro aeropuerto, el de la ciudad central de Ayacucho, suspendió sus actividades para hoy luego de que el Ejército advirtiera que manifestantes tenían previsto ingresar en él, informó Aeropuertos Andinos del Perú, la empresa que lo opera.

Los aeropuertos de otras tres ciudades, Cusco (en la región de Cusco), Juliaca (Puno) y Arequipa (Arequipa) se encuentran clausurados por las protestas.

Además, la ciudadela inca de Machu Picchu, en la región de Cusco y una de las principales atracciones turísticas del país, anunció su cierre para los turistas.

Más de 70 personas han sido detenidas y más 200 policías han resultado heridas, en las protestas, según dijo anoche el ministro del Interior, César Cervantes. El Ministerio de Salud dijo que 171 personas fueron atendidas y que una veintena seguían hospitalizadas.

Castillo, un maestro rural y dirigente de izquierda de 53 años, fue detenido luego de que intentara disolver el Congreso antes de que este votara, por tercera vez desde su asunción, en julio de 2021, una moción para destituirlo.

Las Fuerzas Armadas no apoyaron a Castillo, y el Congreso, dominado por la oposición de derecha, votó su destitución. Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió la Presidencia en su lugar.

Las manifestaciones, sin una convocatoria formal y con reclamos disímiles, parecen coincidir en un reclamo de elecciones inmediatas y cierre del Congreso, aunque algunos sectores piden la renuncia de Boluarte o la vuelta de Castillo al poder.

En desafío al estado de sitio, para hoy está anunciada un masiva marcha por el centro histórico de Lima, donde ya llegaban en la mañana representaciones desde diferentes puntos del país a participar, y manifestaciones en numerosas regiones.

Perú: dictaron 18 meses de prisión provisional para Pedro Castillo

Sometida a creciente presión, Boluarte dijo ayer que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023, luego de haber dicho inicialmente que completaría el mandato de Castillo, hasta 2026, y, después, que los comicios se adelantarían a abril de 2024.

El Congreso unicameral está citado a las 10 (las 12 de Argentina) para definir la fecha de elecciones y, consecuentemente, el recorte de los mandatos de la presidenta y los legisladores.

Aunque Boluarte habló de un posible adelantamiento de los comicios a 2023, hasta ahora solo existe el documento con la primera propuesta del Gobierno de que se realicen en abril de 2024.

Como se trata de una reforma constitucional, el cuerpo necesita una mayoría calificada de 87 votos. La medida tiene que ser ratificada por referendo. Está convocado para la sesión el ministro de Justicia, José Tello.

En paralelo, la Justicia postergó para hoy una audiencia en la que evaluará si libera a Castillo, acusado de rebelión y conspiración, o si da lugar a un pedido de la Fiscalía para que siga en prisión preventiva por 18 meses.

Castillo deberá seguir detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales, ubicado al este de Lima, hasta la audiencia, a las 8.30 (10.30 en la Argentina), dijo el juez del caso.

Castillo, que desde hace tiempo denunciaba intentos de destituirlo ilegalmente, ha condenado su detención y afirma que sigue siendo presidente. Los Gobiernos de Argentina, México, Colombia y Bolivia le manifestaron apoyo y han pedido su libertad.

En cuanto a la violencia en las calles, anoche se sumó un nuevo muerto, que sería el noveno desde que comenzaron las protestas en respaldo a Castillo, que sacuden sobre todo el sur del país, que es más rural y donde es mayor el apoyo al exmandatario.

La víctima, el campesino Yoni Rosalino Cárdenas Escobal, de 51 años, murió atropellado en una ruta del norteño departamento La Libertad, como resultado de un choque durante una tregua del bloqueo, dijo RPP.

Pablo Haro, presidente de las Rondas Campesinas de La Libertad, dijo a RPP que el hombre fue golpeado por la parte trasera de un camión que previamente había chocado con otro vehículo.

Su muerte aún no ha sido informada por ninguna autoridad regional o estatal.

Otras seis personas han muerto en el sureño departamento de Apurímac, una en el de Arequipa y otra más en La Libertad, también ayer.

En medio de las protestas, las clases en escuelas primarias y secundarias y los institutos de educación superior se dictarán hoy y mañana de manera remota en Lima y la vecina ciudad de El Callao.

Las víctimas se distribuyen a lo largo del país andino: seis en Apurímac, una en Arequipa, tres en La Libertad, una en Huancavelica, ocho en Ayacucho y una en Junín

Al menos 20 personas han muerto en la última semana durante las protestas que piden la liberación y restitución en el poder de Pedro Castillo, quien fue vacado por el Congreso y sustituido en el cargo por Dina Boluarte.

De acuerdo a los medios locales, las víctimas mortales se reportan en Apurímac (6), Arequipa (1), La Libertad (3), Huancavelica (1), Ayacucho (8) y Junín (1), en medio del toque de queda declarado por Boluarte en 15 provincias de ocho de los 25 departamentos del país.

La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, llamó a investigar las circunstancias de cada una de las muertes, ya que “en un Estado de Emergencia, el uso de las armas letales es la última opción”.

Perú: dictaron 18 meses de prisión provisional para Pedro Castillo

“Un Estado de Emergencia no desprotege el derecho a la vida en sí”, insistió tras explicar las versiones preliminares sobre las muertes acaecidas en Ayacucho, donde las Fuerzas Armadas habrían respondido con munición letal contra los manifestantes que intentaron hacer la toma de la terminal aérea.

Este viernes, la canciller peruana, Ana Gervasi Díaz, hizo un llamado al diálogo pero defendió la acción represiva, mientras persisten las movilizaciones que exigen la salida del Gobierno de Boluarte, la disolución del Congreso y el llamado a una Constituyente.

“Quisiera lamentar el número de fallecidos hasta la fecha y expresar nuestras condolencias a los deudos. Esta situación no debe continuar. Se requiere diálogo, pero también firmeza frente a acciones delincuenciales”, aseveró la ministra de Exteriores.

Perú: dictaron 18 meses de prisión provisional para Pedro Castillo

El expresidente de Perú, detenido hace una semana por el fallido golpe de Estado, seguirá en la cárcel en la que se encuentra Alberto Fujimori

Pedro Castillo sentenció su futuro cuando, por razones que aún son un misterio, intentó un autogolpe improvisado que acabó con su detención ese mismo día. El maestro de escuela rural aún tardará un tiempo en volver a su casa, en las montañas andinas donde decía que era feliz rodeado de vacas y campo. Un juez dictó este jueves 18 meses de prisión provisional para él, que se enfrenta a penas no menores de diez años por el delito de rebelión y conspiración. La decisión acaba también con la idea de viajar a México como asilado político. Ese fue el primer plan que Castillo puso en marcha el miércoles pasado cuando vio que su intentona golpista no conducía a ninguna parte.

Castillo está tan solo ya que hasta sus abogados no se presentaron a la audiencia de este jueves. En su lugar, se le asignó uno de oficio. El juez ha acogido la tesis de la fiscalía, que alertó también del riesgo de fuga. Huir fue lo que trató de hacer al verse acorralado. El Congreso que supuestamente había disuelto con su anuncio televisado a la nación hizo caso omiso a sus palabras. Los parlamentarios continuaron la sesión y en un rato aprobaron su destitución. Todo el mundo le dio la espalda. La policía ordenó su detención y los escoltas que lo llevaban a la embajada de México para ponerse a salvo lo entregaron en una comisaría. Desde ese día duerme en una cárcel.

Perú: al menos 15 muertos por las protestas tras la destitución de Castillo

La prisión provisional durará más que su mandato, una aventura fugaz de 17 meses que terminó de la forma más abrupta y desconcertante de todas. Castillo no fue capaz de tener un Gobierno estable, llegó a nombrar cinco gabinetes, y nunca tomó la iniciativa política. Su mandato fue la historia de una gestión a la deriva, sin ningún objetivo definido. El profesor que ganó la presidencia con la bandera del cambio y la promesa de gobernar para los pobres, como él, acabó inmolándose en la televisión con un golpe de Estado torpe que no tenía ningún apoyo.

La única persona que permaneció fiel al presidente hasta el final fue Aníbal Torres, para el que el juez ha desestimado la petición de la Fiscalía de prisión prosional. Torres fue la persona que se vio en todo momento al lado de Castillo desde su detención, entonces en calidad de abogado. Había sido su cuarto primer ministro, aunque renunció cuando la corrupción ya anegaba los pasillos del Palacio presidencial. Apenas dos días después del autogolpe, Torres anunció por Twitter su paso a la clandestinidad al saberse investigado. Ahora deberá permanecer en Lima y comparecer ante el juez el primer día de cada mes.

Su defensa había alegado esta mañana en la audiencia que su clandestinidad era una forma de hablar, pues el abogado, que ya tiene 79 años, estaba dispuesto a volver a dar clases en la universidad. La Fiscalía lo acusó a él incluso de haber escrito el texto que leyó Castillo. Aunque su defensa niega que supiera que eso iba a suceder. Dice que él llegó al Palacio y Castillo le anunció que iba a dar un mensaje a la nación. Torres, entonces, se retiró a otro lugar “a meditar” mientras el político trataba de convertirse en un autócrata al estilo de Alberto Fujimori.

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Hoy el último dictador de Perú y el último presidente comparten la misma prisión, aunque aún no se han cruzado por los pasillos por la calidad de detenido que tenía hasta ahora Castillo. En los alrededores de la cárcel, durante todo el día se concentraron decenas de seguidores del maestro rural. Para ellos, es solo una víctima de un Congreso corrupto que nunca le dejó gobernar. Mientras el juez leyó su resolución, en una comparecencia que duró toda la tarde, los castillistas exigían su liberación.

En las calles de Lima las protestas también fueron mucho más numerosas que los días anteriores. Desde las regiones andinas del sur han ido llegando caravanas de manifestantes que vienen a la capital a manifestar su rechazo al nuevo Gobierno y la necesidad de un adelanto inmediato de elecciones. Eso da aliento a Castillo, que se sigue proclamando el presidente del país aunque su libertad se ve cada vez más lejana. Las protestas que comenzaron el mismo día de su detención suman ya 10 muertos en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Los dos últimos este mismo jueves, primer día del estado de emergencia que el Ejecutivo decretó en todo el país para tratar de recuperar una seguridad que cada vez parece más lejana.

Sucedió luego de que un grupo de manifestantes intentó ingresar violentamente a el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco

El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de la ciudad peruana de Cusco fue cerrado este martes después de que manifestantes que protestan contra la detención del destituido presidente Pedro Castillo “trataran de ingresar de manera violenta a sus instalaciones”, informa la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial de Perú (Corpac).

De acuerdo con un comunicado oficial de la Corpac, los manifestantes rompieron el cerco perimétrico del aeropuerto, por lo que “con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad” de los pasajeros y personal, se tomó la decisión de “suspender las operaciones aéreas en el terminal cusqueño, ya que no se garantiza su seguridad”.

La corporación solicitó el refuerzo de la Policía Nacional y “el apoyo de las autoridades competentes, ante los posibles actos delictivos que atentan contra la infraestructura aeroportuaria” y otros sistemas “necesarios para las operaciones aéreas”.

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Además, la Corpac “hizo un llamado a la calma y serenidad de la población”, subrayando que, aunque los gremios y asociaciones civiles tienen el derecho de manifestarse, “algunas personas vienen atentando y destruyendo la infraestructura del aeropuerto sin razón aparente”. Asegura que estas acciones “obstaculizan el desarrollo económico del país, afectando el turismo, y ponen en riesgo el traslado por vía aérea ante una emergencia sanitaria”.

Al mismo tiempo, el tránsito de trenes entre la ciudad de Cusco y Machu Picchu, la famosa ciudadela inca, también se suspenderá este martes debido a las protestas.

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“Ante la convocatoria a manifestaciones de protesta de diferentes organizaciones sociales del Cusco, nos vemos en la obligación de suspender este martes, 13 de diciembre, las operaciones de nuestros servicios de tren en la ruta hacia y desde Machu Picchu”, reza un comunicado del operador ferroviario, PeruRail.

La presienta peruana anunció que busca lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para el mes de abril de 2024.

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este lunes en un mensaje a la nación adelantar las elecciones generales en el país para abril de 2024, así como declaró el estado de emergencia en las zonas de protestas. En distintas regiones, grupos de manifestantes expresan su inconformidad con la destitución y encarcelamiento del exmandatario Pedro Castillo, ya que consideran que sigue siendo el presidente de la República y es actualmente un “preso político”.

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“Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción del Gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para el mes de abril de 2024. En los próximos días remitiré un proyecto de ley de adelanto de elecciones para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento”, declaró, señalando que previamente deberían realizarse reformas constitucionales. Asimismo, apuntó que su Gobierno promoverá una serie de reformas del sistema político del país.

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Además, durante su discurso, la mandataria lamentó la muerte de manifestantes en las protestas contra su Gobierno llevadas a cabo en la ciudad de Andahuaylas, ubicada en el departamento de Apurímac, y destacó la disposición de las autoridades de resolver la situación de manera pacífica.

“Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control el orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía”, afirmó.

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Boluarte se convirtió el pasado miércoles en la primera mujer en asumir la presidencia de Perú, después de que el Congreso cesara de sus funciones a Pedro Castillo en una trepidante jornada que incluyó el intento de disolución del Parlamento, la declaratoria de un estado de excepción y denuncias de rupturas al orden democrático.

Castillo, investigado por presuntos delitos de rebelión y conspiración, fue detenido de forma preliminar por un plazo de siete días, luego de que anunciara el pasado miércoles la disolución del Congreso y otra serie de medidas que fueron respondidas por el Parlamento con su destitución a la Jefatura de Estado por “incapacidad moral”.

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Después de que el Congreso peruano aprobara la moción de vacancia, Castillo intentó acudir a la Embajada mexicana en Lima, pero fue capturado en el camino por la Policía. A través de su abogado, Víctor Pérez, el detenido expresidente peruano solicitó asilo a México.

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Por su parte, Boluarte dejó en manos del Gobierno mexicano la posibilidad de asilo a Castillo. “Yo siempre me he mantenido dentro del marco legal. Lo que diga el derecho de asilo para el expresidente y su familia, eso lo tendrá que validar en todo caso ya el Gobierno mexicano”, dijo este viernes a medios locales.

Al menos dos muertos durante las protestas en Perú

Las movilizaciones de los seguidores del depuesto mandatario Pedro Castillo tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día, en rechazo al Congreso y a la nueva presidenta Dina Boluarte.

Dos muertos dejó este domingo un enfrentamiento entre policías y manifestantes que protestan contra el nuevo gobierno de Perú en la remota ciudad de Andahuaylas, anunció el ministro Interior César Cervantes a la radio RPP.

“Lamentamos el fallecimiento ya de dos personas y varios heridos tras los enfrentamientos. Exhorto a la población a la tranquilidad”, dijo el ministro, poco después que la policía ya había anunciado la muerte de un manifestante.

En Perú ?? continúan las manifestaciones… pic.twitter.com/4SGke8MkVV

— #BoicotALosEspeculadores?️?????️ (@williechirinos) December 12, 2022

Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido y detenido el miércoles 7 por el Congreso.

En la ciudad sur andina de Andahuaylas, el ministerio de Interior reportó además cinco personas heridas, entre ellos un policía, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad.

A dicha terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines para contener a los miles de manifestantes en Andahuaylas, en la región Apurímac, cuna de Dina Boluarte, la nueva presidenta peruana.

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Incendio, piedras y gases lacrimógenos

Unos atacaban con hondas y piedras, mientras que las fuerzas de seguridad repelían con gases lacrimógenos, según imágenes de medios en el lugar.

El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado reportó la radio RPP.

Cervantes dijo que por los incidentes se evaluará declarar en emergencia la ciudad de Andahuaylas.

Así la Av. Abancay en estos momentos. La tregua de la Sra. Dina era solo con los golpistas. pic.twitter.com/VgbfDGCVua

— Lucia Alvites (@LuciaAlvites) December 11, 2022

“La vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos. Reitero mi invocación al diálogo y a deponer la violencia”, indicó la presidenta Boluarte en twitter.

En la misma ciudad el sábado las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos.

Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.

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Gremios y campesinos anuncian paro

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.

El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo.

De acuerdo al Frente Agrario, Castillo “no perpetró ningún golpe de Estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.

En Perú, fuerte represión a manifestación en contra del Congreso y que piden la libertad de Pedro Castillo en Plaza San Martín de Lima. Habría una persona fallecida.Se convocan más manifestaciones para hoy.

Vía: @Joxe_Kar#internacional #peru #destitucion pic.twitter.com/KUUfhsagf4

— El Ciudadano (@El_Ciudadano) December 9, 2022

En Lima, la policía disperso la tarde del domingo con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron frontis de Congreso gritando lemas como “Castillo no estás solo, el pueblo te respalda”, o enseñando pancartas  como “Dina y Congreso la misma porquería” ó “Ratas corruptos”.

Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021

El parlamento peruano tuvo una sesión especial en la que se formalizó la asunción de la dirigente como la Jefa de Estado. Horas antes, Pedro Castillo había disuelto el cuerpo y ahora se encuentra detenido.

Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la nueva presidenta de Perú, la primera mujer en ocupar el cargo, después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo, que horas antes había anunciado la disolución del órgano legislativo, en una medida calificada como “golpe de Estado” por diversos sectores del país.

“Como todos conocen, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle”, dijo Boluarte, que ocupaba la vicepresidencia del país desde julio de 2021, al hablar ante el Congreso durante su juramentación.

La abogada, de 60 años, pidió en su discurso una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional, con un “gabinete de todas las sangres”.

Quién es Dina Boluarte, la primera presidenta en la historia del Perú

Poco después ingresó al Palacio del Gobierno, de donde salió más temprano Castillo, que se encontraba por la tarde en la Prefectura de Lima.

Castillo fue arrestado por “el presunto delito de rebelión” y por “quebrantar el orden constitucional”, en un operativo dirigido por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó el Ministerio Público en un comunicado publicado en su sitio web.

“Hay una comisión de un hecho en flagrancia y está en calidad de detenido”, confirmó paralelamente la coordinadora del equipo especial de fiscales anticorrupción, Marita Barreto, horas después de que numerosos medios locales anticiparan la situación del expresidente sin citar fuentes oficiales.

De acuerdo con esos medios, Castillo estaba acompañado y era asesorado legalmente por Aníbal Torres, su hasta hace poco jefe de gabinete.

El Congreso de Perú, dominado por la derecha y enfrentado con el mandatario de izquierda desde su asunción, adelantó este miércoles unas horas la sesión donde tenía previsto tratar la tercera moción de vacancia (destitución) contra Castillo desde que asumió, por “incapacidad moral permanente” derivada de supuestos hechos de corrupción, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.

Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.

La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un “golpe de Estado” por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresiente Alberto Fujimori en 1992.

Por su parte, el procurador general del Estado, Daniel Soria, anunció que interpondrá una denuncia penal contra Castillo, al que acusa de “violar flagrantemente la Constitución”.

La posibilidad de que Castillo, un profesor rural de 53 años sin partido político, decidiera el cierre del Congreso ante la posibilidad de una destitución había sido desestimada por el mismo mandatario la semana pasada.

“Ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución, y rechazo profundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia”, escribió el sábado en Twitter.

Sin embargo, horas antes de que el Congreso se reuniera para debatir el pedido de vacancia, el mandatario dio un mensaje televisado en el que anunció la disolución del órgano legislativo, declaró un “Gobierno de excepción” y un “toque de queda a nivel nacional”.

Castillo convocó “en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará mediante decretos ley”.

El presidente acusó al órgano legislativo de “destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes”.

Alonso Cárdenas, uno de los principales politólogos del país, dijo a Télam que “no hay ninguna figura legal que ampare lo que hizo el presidente. La Constitución es clara en que para disolver el Congreso se necesitan dos negativas a mociones de confianza, como hizo Martín Vizcarra, que en este caso no se da”.

En un comunicado conjunto, las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú emitieron este miércoles un comunicado conjunto en el que hicieron referencia la única causa por la que un mandatario puede disolver el Congreso, que es “si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, lo que no ocurrió en este caso.

“Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”, señalaron.

El anuncio del mandatario motivó inmediatamente una serie de renuncias en el Gabinete.

“En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, indicó César Landa en su cuenta de Twitter.

“Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al reencausamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo”, agregó.

También dimitieron otros funcionarios como los ministros de Economía, Kurt Burneo; de Trabajo, Alejandro Salas; de Educación, Rosendo Serna, así como el embajador del país ante las Naciones Unidas, Manuel Rodríguez Cuadros, e incluso el abogado del presidente, Benji Espinoza, comunicó su “renuncia irrevocable” a continuar al frente de la defensa legal.

La líder opositora peruana Keiko Fujimori acusó a Castillo de dar un “golpe desesperado” e instó al Congreso y a las Fuerzas Armadas a actuar.

“Pedro Castillo da un golpe desesperado porque sabía que le quedaban pocas horas en el poder. El Congreso debe seguir adelante con la vacancia y las Fuerzas Armadas tienen que respaldar el orden constitucional. #NoAlGolpe #VacanciaYA”, tuiteó Fujimori.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también había señalado su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”, y exhortado al mandatario a “respetar la Constitución, el Estado de derecho y la democracia que tanto nos ha costado”.

El Congreso de Perú destituyó a Pedro Castillo y asumirá la vicepresidenta

Boluarte fue ministra de Inclusión Social desde la posesión de Castillo hasta el mes pasado y, a diferencia de la mayoría de los funcionarios de su gobierno, no estuvo involucrada en escándalos ni sembró sospechas de corrupción.

Aún así, la oposición parlamentaria la tuvo en su mira y pretendió destituirla por haber seguido figurando como presidenta de un club privado, a pesar de que por ley eso es incompatible con ser ministra.

Sin embargo, esta semana el Congreso archivó el caso por considerar que no hubo incompatibilidades y de paso dejó sin efecto otra denuncia que sin mayores fundamentos se le había hecho por supuesto nepotismo.

La crisis política en Perú llevó a que Estados Unidos y la mayoría de las naciones de América Latina expresaran su “preocupación” y solicitaran a los poderes peruanos que encuentren una solución por la vía democrática.

A la vez, provocó la suspensión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico que se iba a celebrar la semana próxima en Lima, donde México iba a entregar la presidencia del organismo a Perú.

Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones y será sucedido en el poder por su vicepresidenta Dina Boluarte, a quien se le tomará juramento en las próximas horas.

El Congreso peruano destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo poco después de que éste disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en la mayor crisis política desde que llegó al poder hace poco más de un año.

Pedro Castillo disolvió el Congreso y decretó toque de queda en Perú

La votación se produjo el mismo día en que Castillo disolvió el Parlamento en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios.

Boluarte, una abogada de 60 años, se convertirá en la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de república independiente. Bilingüe en español y quechua, fue elegida vicepresidenta en la boleta que llevó al poder a Castillo el 28 de julio de 2021.

Poco antes Boluarte había rechazado en su cuenta de Twitter la decisión del mandatario porque “agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

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En un mensaje por la televisión pública Castillo había anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que debía elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.

Pero rápidamente perdió el respaldo de varios integrantes del gobierno que poco después renunciaron, entre ellos el jefe del ejército Walter Córdova y cuatro ministros, incluidos el canciller César Landa y el ministro de Economía, Kurt Burneo.

El presidente del Congreso, José Williams, canta el himno nacional junto a otros legisladores dentro del Congreso después de que el presidente peruano Pedro Castillo disolviera el hemiciclo el día en que tenían previsto votar por la destitución del presidente en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre. Castillo también llamó a nuevas elecciones legislativas, antes de que los legisladores pudieran debatir el tercer intento de removerlo del cargo. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

“En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, publicó Landa en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron en un comunicado que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

En tanto, la Defensoría del Pueblo sostuvo en un comunicado que luego de varios años de democracia Perú se enfrentaba a un quiebre constitucional “que no tiene otra denominación que un golpe de Estado”. El organismo demandó la renuncia de Castillo y su puesta a disposición de la justicia por incumplimiento de la constitución “al haberse arrogado el poder que sólo pertenece al pueblo”.

“El señor Castillo debe recordar que no sólo fue elegido como presidente de la república si no que el pueblo también eligió a representantes para la función pública. Los actos de Castillo desconocen la voluntad del pueblo y son nulos”, indicó la Defensoría.

Castillo también había dispuesto que a partir de la fecha se gobernaría mediante decretos ley y ordenado un toque de queda a partir de las 22 hora local (0300 GMT) y hasta las 4 de la mañana (0900 GMT). A su vez exigió la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

“Los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extra constitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”, publicó en Twitter Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en Perú.

Esta es la segunda vez en tres años que un gobierno cierra el Congreso. En 2019 el entonces presidente Martín Vizcarra cerró el Parlamento pero fue removido de su cargo un año después en noviembre de 2020 cuando hubo tres mandatarios en una semana en medio de protestas en las calles que dejaron dos muertos y 200 heridos.

La Fiscalía investiga a Castillo en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que el ahora exmandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. Castillo ha negado las acusaciones.

El primer presidente de origen rural en 200 años de república modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de gobierno.

Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.

En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes y miles de aldeas rurales sufren la falta de lluvias que no permiten el inicio de la siembra de papas. Los pastos naturales han comenzado a agotarse provocando la muerte de ovejas y camélidos. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja de aves que pone en peligro la crianza de pollos y pavos.

Además, desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia han muerto más de 217.000 peruanos y 4,3 millones se han contagiado, según datos oficiales.

El presidente se iba a enfrentar esta tarde a su tercera moción de vacancia en un año y medio el poder

El presidente Pedro Castillo disuelve el Congreso e impone el toque de queda en Perú horas antes de debatirse su destitución. El Congreso de Perú debía votar este miércoles la tercera moción de destitución del presidente en 17 meses.

Pedro Castillo disolvió el Congreso y decretó toque de queda en Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha ordenado este miércoles disolver temporalmente el Congreso, para instaurar un Gobierno de emergencia nacional y convocar nuevas elecciones parlamentarias, horas antes de enfrentar su tercera moción de censura. También ha impuesto un toque de queda en el país, desde las 22.00 horas.

El mandatario peruano ha declarado también que todos aquellos ciudadanos que posean “armamento” ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en un plazo máximo de 72 horas. Además, ha agregado durante su discurso que se reorganizará el sistema de justicia.

El Congreso de Perú debía debatir y votar este miércoles un nuevo pedido de vacancia (destitución) presentado contra el presidente por una “permanente incapacidad moral”.

“A horas de debatirse una nueva moción de vacancia en mi contra me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres”, sostuvo el mandatario en un mensaje televisado.

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El presidente Castillo dijo que lo que pretenden quienes impulsan este juicio político en su contra es “dinamitar la democracia y desconocer el derecho de elegir” de lo peruanos, además que querer “sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó”.

La moción, impulsada la semana pasada por el congresista independiente Edward Málaga, es la tercera presentada cuando apenas han transcurrido 17 meses de gobierno, caracterizado por un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Para desbancarlo hacía falta el voto a favor de, al menos, 87 de los 130 parlamentarios.

El gobernante aseguró en televisión que “a lo largo de los 17 meses de gestión” que lleva “cierto sector del parlamento tuvo como único punto de la agenda” destituirlo del cargo, “porque nunca aceptaron los resultados de una elección” que el año pasado le permitió derrotar en segunda vuelta a la líder derechista Keiko Fujimori.

Castillo sorteó un primer pedido de destitución por “incapacidad moral” en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo, que recibió solo 55 votos a favor.

La prensa peruana habla de un “golpe de estado” del presidente Castillo. Mientras, los ministros del Gobierno empiezan a renunciar a sus cargos en cadena. Los congresistas califican de “dictatorial” el cierre temporal del Congreso previo al debate de destitución.

El ministro de Asuntos Exteriores peruano, César Landa, denunció este miércoles que el presidente Pedro Castillo ha dado “un autogolpe de Estado” e invocó a la comunidad internacional a ayudar al “reencauzamiento democrático en Perú”. También dijo que el mandatario tomó la decisión de disolver el Congreso sin su apoyo.

Otros altos cargos también han informado que dejan sus cargos. Es el caso del representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, quien renunció este miércoles a su cargo ante la decisión del presidente de su país, Pedro Castillo, de disolver el Congreso y convocar un Gobierno de emergencia nacional. “No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos”, dijo en Washington.

#URGENTE | ??GOLPE DE ESTADO EN PERÚ. Pedro Castillo anuncia disolución del Congreso y dicta toque de queda. pic.twitter.com/x8NoUjJZxh

— Diario El Progreso (@elprogresoperu) December 7, 2022

El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue citado por una fiscal a declarar en el contexto de la investigación de un caso de corrupción que involucra a un exsecretario presidencial, a una empresaria y al propio mandatario, informó este domingo la prensa local.

Castillo fue llamado a comparecer el 16 de este mes ante la fiscal especializada en lavado de activos Luz Taquire, según el diario La República y el semanario Caretas.

Perú: Pedro Castillo busca salidas para frenar el descontento popular

Taquire investiga el hallazgo en noviembre pasado de 20.000 dólares en el despacho del entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, así como la organización de la fiesta de cumpleaños de una hija del mandatario.

En esos casos está involucrada la empresaria Karelim López, quien se convirtió en “colaboradora eficaz” de la fiscalía y afirmó que Castillo encabezaba una organización dedicada a conceder obras públicas a cambio de sobornos.

López también involucró en ese caso al entonces ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, así como a funcionarios o exfuncionarios de esas cartera, a sobrinos de Castillo y a ejecutivos de empresas privadas.

?Para la magistrada del TC, hay situaciones más lacerantes en el país y no es momento de discutir una asamblea constituyente. Explica también que la Constitución permite investigar, en funciones, al presidente de la República. https://t.co/W27CZA6zYY pic.twitter.com/S7okmGKLOB

— Diario Perú21 (@peru21noticias) May 8, 2022

El caso es objeto de polémica por cuanto el nuevo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aún no se pronunció sobre si el jefe del Estado debe ser investigado o no.

Su antecesora hasta el 30 de marzo pasado, Zoraida Ávalos, había dispuesto no investigar a Castillo hasta que concluya su mandato.

Perú: el Congreso votó en contra de destituir al presidente Pedro Castillo

La jueza del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma aclaró este domingo al diario Perú 21 que la carta magna impide acusar penalmente a un presidente en funciones pero no investigarlo, e incluso recomendó indagarlo sin demora para evitar que “los testigos y grabaciones ya no estén” cuando haya terminado su período de gobierno.

Paralelamente, otra fiscalía abrió la semana pasada una investigación para determinar la veracidad de denuncias según las cuales Castillo y su esposa, Lilia Paredes, cometieron plagio en sus tesis de maestría en 2011.

El gobierno de Perú enfrenta el momento de mayor tensión en ocho meses, tras una jornada de toque de queda que terminó con violentas protestas.

Las consecuencias son de momento difíciles de calcular para el mediano plazo, coinciden los analistas, mientras el Gobierno busca medidas para enfrentar el aumento del costo de vida, que está en el trasfondo del malestar popular.

El Gobierno de Pedro Castillo enfrentó la mayor tensión en ocho meses, cuando una jornada que incluyó un toque de queda diurno terminó este martes con violentas protestas y actos vandálicos en el centro de la capital peruana, en medio de nuevos pedidos de la oposición para que deje el cargo y una semana después de que el mandatario superara un proceso de destitución en el Congreso. El jefe de gabinete, Aníbal Torres, negó que pensara renunciar.

Las consecuencias de la jornada son de momento difíciles de calcular para el mediano plazo, según coinciden los analistas, mientras el Gobierno busca medidas para enfrentar el aumento del costo de vida, que está en el trasfondo del malestar popular.

Pedro Castillo levantó el polémico toque de queda en Lima y en El Callao

Una acción será exonerar del Impuesto General a las Ventas a los artículos de primera necesidad, según les dijo Castillo a los parlamentarios.

“Es un proyecto que va a tener efecto inmediato en el bolsillo de la gente”, afirmó después la presidenta del Congreso, la opositora Maricarmen Alva.

Sin embargo, Alva se quejó de que Castillo y sus ministros llegaron a una reunión este martes con la Junta de Portavoces del Congreso sin ninguna otra iniciativa, sobre todo para sectores que viven difíciles momentos económicos, como la agricultura y el transporte.

La reunión entre los enfrentados Ejecutivo y Legislativo, que transcurrió sin que se divulgaran detalles, sirvió para que Castillo levantara el toque de queda con siete horas de anticipación, pero no impidió los choques en Lima, que dejaron varios heridos.

Las protestas y las falsas alarmas

La ola de movilizaciones había comenzado la semana pasada en distintos puntos del país, pero se trasladó a la capital después de que el lunes el presidente decretara la inmovilización social, que en la práctica representa un toque de queda, de las 02:00 a las 24:00 horas locales del martes, pero solo en Lima y la aleñada ciudad de Callao.

Hasta ese momento, los problemas se concentraban en departamentos como los costeños Ica y La Libertad y sobre todo en el andino Junín, en los que sectores liderados por agricultores y transportistas se levantaron contra los altos costos y bloquearon diferentes rutas .

En Junín, fortín del partido oficialista Perú Libre (PL), murieron cuatro personas, aunque no directamente por represión policial: dos fueron atropelladas por automóviles en los bloqueos, uno cayó de un puente en medio de los enfrentamientos y un enfermo que trataba de llegar al hospital de emergencia no pudo hacerlo y falleció en la calle.

En Ambo, departamento de Hánuco, un hombre de 18 años murió tras recibir este martes un disparo en medio de choques con la Policía.

En Lima, entre tanto, el lunes fue una jornada intensa por las falsas alarmas. En redes sociales se habló de saqueos que en realidad nunca ocurrieron, aunque sí causaron que las tiendas cerraran sus puertas por seguridad, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad, de nueve millones de habitantes.

Perú: el Congreso votó en contra de destituir al presidente Pedro Castillo

Eso hizo que fuera mayor la sorpresa por el toque de queda, decretado además cuando gran parte de la ciudad dormía.

Según portavoces del Gobierno, informes de inteligencia, de los que no se han dado detalles y que el periodismo de investigación no ha podido rastrear, daban cuenta de que para el martes se estaban organizando desmanes.

El supuesto peligro fue confirmado por algunos portavoces de la oposición de derecha, como el parlamentario Jorge Montoya, principal impulsor de las iniciativas de destitución contra Castillo, quien sostuvo que había planes para tomar la ciudad desde los cerros periféricos.

El presidente peruano anunció en el Congreso que quedaba levantado el toque de queda que decretó hasta este martes a la medianoche en la capital y la ciudad vecina a raíz de informes de inteligencia que alertaron sobre eventuales saqueos y otros desmanes.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, levantó este martes en el Congreso el toque de queda que había impuesto en Lima y la vecina El Callao para casi todo el día, en una reunión con autoridades parlamentarias y jefes de bancada que sucedió a una jornada de enorme tensión política por las múltiples reacciones de oposición a la medida, informó la prensa local.

Sin embargo, tras el anuncio, miles de peruanos salieron a protestar en el centro de la capital y en otras ciudades -como Trujillo, la capital del departamento norteño La Libertad y la tercera mayor localidad del país- donde reclamaron la renuncia del mandatario, según la radio local RPP.

En Lima, algunos manifestantes intentaron sin éxito entrar al parlamento, rompieron vidrios y pintaron paredes en el frente del Ministerio Público, y chocaron con la policía, que les lanzó agua y gases lacrimógenos.

Por la ola de violencia, Perú dispone el toque de queda en Lima y Callao

Las protestas dejaron al menos un muerto y 11 heridos, informó la prensa local. Un joven de 18 años murió en Ambo, en el departamento central Huánuco, tras recibir golpes en la cabeza.

“Debo informar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad (toque de queda), corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano”, dijo Castillo en el recinto de sesiones del parlamento poco antes de las 17.30 (las 19.30 en la Argentina), cuando llevaba cerca de dos horas y media de reunión con los legisladores y varios de sus ministros.

La reunión -a la que el jefe del Estado asistió acompañado por varios de sus ministros- sucedió a una larga jornada de tensión iniciada anoche, cerca de la medianoche, cuando Castillo informó por televisión que había decretado el estado de emergencia (sitio) y el toque de queda desde las 2 hasta las 24 de hoy en Lima y El Callao para “restablecer la paz y el orden interno” y “resguardar la seguridad ciudadana”.

El jefe del gabinete, Aníbal Torres, explicó en el Congreso que la medida fue adoptada debido a informes de inteligencia que alertaron sobre el riesgo de “convulsión social”.

“Se tenía información de fuente reservada de que hoy se iban a producir actos vandálicos, esa es la razón por la que hemos tomado esta medida”, había dicho más temprano el ministro de Defensa, contralmirante retirado José Gavidia.

La decisión fue ampliamente cuestionada desde la madrugada por dirigentes políticos y analistas, e incluso por la Defensoría del Pueblo y el alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, que buscaron derogarla mediante recursos de hábeas corpus interpuestos ante la Justicia.

Por la mañana, Castillo había analizado la situación con su gabinete y, por su lado, las autoridades del parlamento hicieron lo propio con los jefes de todas las bancadas.

El estado de sitio y el toque de queda fueron dispuestos en momentos en que seguían creciendo los disturbios en varias regiones del país, en el contexto de un paro parcial de transportistas de pasajeros y de cargas por el reciente aumento de los precios de combustibles, que había causado tres muertos -según precisó esta tarde el ministro del Interior, coronel Alfonso Chávarry- y daños en algunas regiones.

El mandatario regresó al Congreso una semana después de salir airoso de la segunda moción de vacancia (destitución) que se le formó en ocho meses de gobierno, en los que no logró encauzar una relación armoniosa con el Poder Legislativo.

Esa tensión parecía haberse agudizado este martes, cuando la Junta de Portavoces (jefes de bloques) advirtió en un comunicado emitido tras la reunión con las autoridades del Congreso que exigía al Ejecutivo “derogar este decreto supremo y no recurrir a medidas que restringen derechos fundamentales, como salida para solucionar esta crisis”, según el diario limeño La República.

Más temprano, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva -del partido opositor de centro Acción Popular- había dicho que los legisladores querían ver qué podían hacer para “ayudar al Poder Ejecutivo a que pueda manejar esta crisis lo mejor posible”, pero también había manifestado su rechazo a la inmovilidad al advertir que el parlamento no podía dejar de trabajar.

Entretanto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, agregó presión al pedir por escrito a Castillo que “convoque de forma urgente al Consejo de Estado” para analizar la situación y le advirtió que si no lo hacía, ese órgano sesionaría sin él.

El Consejo de Estado es el nombre no oficial que define a la reunión de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más los de organismos autónomos: el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (consejo de la magistratura), el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la Contraloría General.

Mientras tanto, Lima y El Callao lucían una imagen inusual, con muy pocos civiles y muchos militares y policías en las calles, que estaban desprovistas de medios de transporte público.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) canceló la circulación de colectivos por hoy, el Metro de Lima suspendió su servicio “hasta nuevo aviso” y la Superintendencia de Transporte Terrestre prohibió la salida de ómnibus interurbanos desde la capital.

En cambio, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en El Callao, informó que mantenía sus operaciones “con normalidad”.

Por su parte, el Ministerio de Salud garantizó “la presencia del personal de guardia” para “la atención de urgencias y emergencias” en los hospitales estatales.

Sin embargo, la quietud en las calles se interrumpió luego de que Castillo llegara al Congreso, cuando un grupo de manifestantes antigubernamentales derribó una valla con la intención de llegar hasta el palacio legislativo y la policía le lanzó gases lacrimógenos.

Anoche, Castillo anunció por televisión que había decretado el estado de emergencia (sitio) y el toque de queda para casi toda la jornada de este martes en Lima y El Callao.

“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar la seguridad ciudadana”, dijo.

Perú: el Congreso votó en contra de destituir al presidente Pedro Castillo

En esos momentos seguían creciendo los disturbios en varias regiones del país, en el contexto de un paro parcial de transportistas de pasajeros y de cargas por el reciente aumento de los precios de combustibles.

La medida de fuerza continuaba pese a que el gobierno decretó el domingo la rebaja de los precios al eliminar transitoriamente un impuesto sobre los combustibles, y causó el lunes la suspensión de las clases en las escuelas y algunas universidades.

Asimismo, en las regiones de Ica (en el sur del país) y Junín (en el este) hubo saqueos en comercios, según imágenes difundidas por televisoras locales.

En Ica, además, fueron quemadas algunas casetas de peaje en la ruta Panamericana, una de las principales vías del país.

Pedro Castillo ordenó la inamovilidad total de Lima y Callao tras ola de violencia desatada por el paro de transportistas.

La ola de violencia desatada durante el paro de transporte nacional obligó al gobierno peruano a decretar el toque de queda obligatorio. El Decreto Supremo de emergencia ya fue publicado en las Normas Legales del diario Oficial El Peruano.

Este decreto de urgencia, entre sus justificaciones considera que “el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

“El artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.

Perú: el Congreso votó en contra de destituir al presidente Pedro Castillo

Asimismo, “que, considerando el contexto actual debido a las acciones realizadas durante las medidas de protestas antes indicadas, resulta necesario modificar las disposiciones relacionadas a la suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales, con el fin de proteger el orden público y el orden interno, así como la vida y a la salud de los/as peruanos/as”

“Modificación del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 025-2022-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana de Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao

Modificase el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 025-2022-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana de Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, con el siguiente texto:

Artículo 2. Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

2.1. Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo precedente y en la circunscripción señalada, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

2.2. Desde las 02.00 horas y hasta las 23.59 horas del día martes 05 de abril de 2022, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en los distritos de Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao.

2.3. Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas.

2.4. Durante la inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma de la materia.

2.5. El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. La autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función.

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2.6. También se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos.

2.7. Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia”

Refrendo

El Decreto Supremo es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La norma, publicada en una edición extraordinaria del cuadernillo de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, está firmada por el Presidente de la República, Pedro Castillo, y por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Asimismo, por los ministros José Luis Gavidia Arrascue (Defensa), Alfonso Chávarry Estrada (Interior) y Félix Chero Medina (Justicia y Derechos Humanos).

Tras un debate de más de ocho horas de duración en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio y luego hablaron 95 parlamentarios, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requerían 87 votos para ser aprobada.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, evitó este lunes ser destituido por el Congreso, dominado por la oposición derechista, al cierre de un juicio político que mantuvo al país en vilo.

Tras un debate de más de ocho horas de duración en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio y luego hablaron 95 parlamentarios, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requerían 87 votos para ser aprobada.

“No ha sido aprobada la resolución de declarar la vacancia de la presidencia de la República”, declaró la jefa del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, tras la votación efectuada después de las 23h hora local (las 1 de la madrugada en la Argentina).

Perú: Pedro Castillo afronta un juicio político para tratar se destitución

El resultado de la votación no fue sorpresivo, porque los medios peruanos habían anticipado que los opositores radicales no contaban con los votos necesarios para echar del poder al gobernante, un maestro rural de 52 años, refirió la agencia de noticias AFP.

La oposición acusaba a Castillo de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le criticaron sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cuatro gabinetes en ocho meses, algo inédito en Perú.

Castillo acudió al Congreso ayer por la tarde a presentar sus descargos -aunque no estaba obligado por ley- junto a su abogado, José Félix Palomino.

El mandatario se presentó luciendo la banda presidencial y acompañado por media docena de ministros, dos hechos que fueron resaltados como sin precedentes en debates similares, según la televisora local RPP.

Otra novedad la constituyó la presencia de tres funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para observar el debate, permitida más temprano por las autoridades del Congreso a pedido de la cancillería, según un documento al que tuvo acceso Télam.

La sesión se desarrolló en un contexto de tensión por incidentes dentro del hemiciclo y por la presencia de cientos de manifestantes oficialistas y opositores solo separados por un cordón policial en las inmediaciones del parlamento.

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Esta fue la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021 tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar.

De haber sido cesado, Castillo habría tenido el mismo destino que el de dos de sus predecesores: el centrista Martín Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020, y el derechista Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió en marzo de 2018 cuando se hizo evidente que no sobreviviría a un segundo juicio político.

La oposición derechista lo acusa de corrupción y falta de rumbo desde que asumió hace 8 meses. Se necesitan 87 de los 130 votos para que se logre la solicitada.

A ocho meses de haber asumido, Pedro Castillo afronta un segundo juicio político en Perú para tratar su destitución. La oposición derechista lo acusa de corrupción y falta de rumbo desde su llegada a la presidencia y, para que se logre la solicitada, se necesitan 87 de los 130 votos del congreso.

En el juicio, Castillo estará presente junto a su abogado en la etapa inicial para defenderse de los cargos a los que se lo acusa. Primero, el Presidente comenzará con un discurso y tendrá una hora para responder las acusaciones en su contra. En la etapa siguiente, solo estará su abogado para defenderlo de los pormenores que surjan en el debate.

Pedro Castillo denuncia intentos de golpe de Estado en Perú

Pese a que en el último tiempo muchos de los congresistas se manifestaron a favor de la destitución, los votos no alcanzarían, ya que hasta el momento habría 76 diputados que darían su apoyo, pero no todos dieron una respuesta firme de cual es el destino que elegirán.

Pedro Castillo llegó al poder hace 8 meses, luego de haberle ganado la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori. Si el juicio alcanza los votos necesarios, el presidente será destituido y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte.

Si Boluarte renuncia, el cargo lo ocuparía el segundo vicepresidente, Maricarmen Alva, quién deberá solicitar de manera inmediata nuevas elecciones. “Si Pedro Castillo cae, caemos todos”, expresó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

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Hace una semana, Castillo sostuvo en relación a su disputa que está desde que asumió y fue acusado de fraude: “Estoy seguro de que el Congreso no va a caer”.

El causal sería la “incapacidad moral”, pero el constitucionalista Omar Cairo indicó que los fundamentos son insostenibles, ya que no apuntan a un problema mental del mandatario, que es lo que determina la incapacidad al cual es apuntado.

El presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, denunció que se están orquestando intentos de golpe de Estado en su contra en medio de la grave y nueva crisis política por la que atraviesa el Ejecutivo.

“Ante lo dicho por algunos exfuncionarios, rechazo rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Sus afirmaciones son, en todos sus extremos, falsas”, partió por señalar el mandatario.

Perú: juró el nuevo gabinete de Pedro Castillo

En este sentido denunció “los intentos golpistas que se están orquestando con más fuerza desde esta semana”, algo graficado en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter.

El último viernes, apenas cuatro días después de haberlos designado, el jefe de Estado anunció el cambio de su primer ministro, Héctor Valer, así como de todos los demás miembros del gabinete ministerial.

El nombramiento del gabinete de Valer había sido duramente cuestionado por sectores políticos y de la ciudadanía al descubrirse que el primer ministro tenía denuncias por violencia familiar, además de una investigación fiscal por corrupción.

Aparte de Valer, otros ministros fueron también cuestionados por tener casi nula preparación para estar a cargo de las diversas carteras, teniendo como sola ventaja el formar parte del entorno de Castillo. Todo esto derivó en que finalmente el presidente decida cambiar a todo el gabinete.

Desde el inicio de esta nueva crisis en el Ejecutivo, grupos de la oposición han afirmado que el jefe de Estado debería renunciar al cargo ante una supuesta falta de preparación o por estar incapacitado moralmente para ejercer la máxima jefatura del país.

“Mi compromiso sigue vigente y con más fuerza que nunca hasta el 28 de julio de 2026. Me apena que los grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria vacancia (destitución) presidencial. Si realmente quieren al Perú, convoquen a la unidad y gobernabilidad”, plantea al respecto de esta situación Castillo.

Además, el mandatario afirmó que convocará un nuevo gabinete de “ancha base” que asegura la participación de diversos sectores políticos y ciudadanos.

Perú: Pedro Castillo cambia el gabinete por segunda vez en seis meses

El defensor del Pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, cuestionó duramente a Castillo al asegurar que “no está preparado” para el cargo.

“Queda en evidencia que el presidente no está preparado para conducir la presidencia de la República. No solo debe conocer la Constitución, sino que debe saber que esa facultad que él tiene de designar ministros no es irrestricta, tiene límites. Un presidente tiene como mandato preservar la buena administración”, afirmó Gutiérrez.

El presidente de Perú le tomó juramento este martes al nuevo gabinete, encabezado otra vez por un extrapartidario, el abogado Héctor Valer.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó juramento este martes al nuevo gabinete, encabezado otra vez por un extrapartidario, el abogado Héctor Valer, al cabo de una jornada de tensión política creciente por las renuncias de otros dos altos funcionarios.

La ceremonia se realizó a última hora de la tarde de este martes (la noche en la Argentina), más de 24 horas después de que el mandatario anunciara la decisión de renovar su equipo de ministros tras la dimisión de la anterior primera ministra, la también extrapartidaria Mirtha Vásquez.

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Héctor Valer

La designación de Valer dejó nuevamente lejos de la jefatura del gabinete al partido gobernante Perú Libre (PL), después de que esta madrugada trascendiera el posible nombramiento en ese cargo del jefe de su bancada parlamentaria Waldemar Cerrón, además hermano del líder de la agrupación, Vladimir Cerrón.

Valer, quien también es legislador, había renunciado a principios de enero al bloque del partido de centroderecha Somos Perú, tras haber sido expulsado del partido de extrema derecha Renovación Popular meses antes, cuando ya había sido electo y aún no había asumido su banca.

Hasta 2010 estuvo afiliado al Partido Aprista Peruano que lideraba el entonces presidente Alan García y luego militó en los partidos Unión por el Perú -de izquierda- y Perú Nación -de centroderecha-, por los que se postuló sin éxito a la gobernación regional de Lima en 2014 y 2018, respectivamente.

Saludo al actual gabinete presidido por @HectorValer_PER. Desde el Gobierno ratificamos el compromiso de trabajar por el Perú, priorizando las necesidades de todos los peruanos y las grandes reformas que consolidarán el bienestar nacional.#SiempreConElPueblo pic.twitter.com/sXCWsvbjd9

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) February 2, 2022

Sobre otros nuevos funcionarios

Castillo designó además nuevos funcionarios a cargo de nueve de las 18 carteras, entre ellas las claves de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, e Interior.

El nuevo canciller es el expresidente del Tribunal Constitucional César Landa, quien sucede a Oscar Maúrtua, y el flamante titular de Defensa es el contralmirante retirado José Luis Gavidia, en lugar de Juan Manuel Carrasco.

Asimismo, el economista Oscar Graham reemplaza a Pedro Francke en Economía y Finanzas, y el coronel retirado de la Policía Nacional Alfonso Chávarri, al abogado Avelino Guillén en Interior, según la transmisión en vivo de la televisora RPP.

A su vez, el mandatario confirmó a la vicepresidenta Dina Boluarte al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a Aníbal Torres en Justicia y Derechos Humanos, a Hernando Cevallos en Salud y a Betssy Chávez en Trabajo, entre otros.

La ceremonia de jura sucedió a una jornada cargada de tensión, pues a la renuncia de Vásquez y el anuncio de Castillo de renovar el equipo de ministros, anunciados este lunes, se sumaron este martes las dimisiones de Francke en Economía y Finanzas y, sobre todo, la de Carlos Jaico a la Secretaría General de la Presidencia.

Jaico dimitió de manera “irrevocable”, con una carta que hizo pública a través de Twitter, en la que denunció la existencia de un “gabinete en la sombra” y sugirió posibles hechos de corrupción en el gobierno.

El funcionario saliente se quejó de “la ausencia de un sistema organizado de trabajo” en el Ejecutivo y sostuvo que ello “derivaba en graves errores de gestión y toma de decisiones, que podrían generar espacios para la corrupción”.

También Vásquez señaló en su carta de renuncia, el lunes, “posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel de esta administración”.

Del mismo modo, Francke resaltó en su cuenta de Twitter, al anunciar su dimisión, que había trabajado “comprometido en fortalecer la lucha contra la corrupción”, y la congresista oficialista Katy Ugarte afirmó que “han capturado” a Castillo “personas irresponsables que buscan sus apetitos personales”.

Asimimo, Jaico denunció en su texto “la nociva influencia que en sus decisiones (las de Castillo) tienen algunos asesores de gabinete y funcionarios designados cual gabinete en la sombra”.

Este lunes, Vásquez anunció su dimisión, también “irrevocable”, debido al malestar causado en buena parte del gabinete por la reciente salida del ministro del Interior, Avelino Guillén, disgustado porque el mandatario no le respondió durante dos semanas un pedido para relevar al comandante general de la Policía Nacional.

Ante la probabilidad de perder a más ministros y que ello le significara mayor costo político, Castillo anunció la renovación del gabinete.

El clima se enrareció cuando esta madrugada, Waldemar Cerrón afirmó en Twitter que Castillo le ofreció ser el nuevo jefe del gabinete, pero el mensaje fue borrado un rato después y la bancada de PL sostuvo que la cuenta del legislador había sido hackeada y que se trataba de un mensaje falso.

PL, un partido de izquierda radical al que Castillo se afilió en 2020, pocos meses antes de postularse a la Presidencia, ocupó la jefatura del gabinete desde el comienzo del actual gobierno, el 28 de julio pasado, y hasta el 6 de octubre, cuando ese cargo fue ocupado por el legislador Guido Bellido.

Despedido por Castillo, Bellido fue sucedido por Vásquez, que pertenece al Frente Amplio, de izquierda moderada.

En ese contexto, la cotización del dólar aumentó este martes 1% en el mercado cambiario, hecho que operadores y analistas atribuyeron a la incertidumbre por la situación política, según el diario especializado en finanzas Gestión y la radio RPP.

Por otra parte, el Partido Morado -al que pertenece el antecesor de Castillo, Francisco Sagasti- advirtió en un comunicado que si el mandatario “no resuelve la crisis en este tercer gabinete, tendrá que entender que lo mejor para el país es presentar su renuncia”.

Verónika Mendoza, líder del partido de izquierda moderada Nuevo Perú, aliado de Castillo, replicó que no se sumará “al golpismo de la derecha ahora secundado por sectores de centro”.

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Mientras tanto, la tercera vicepresidenta del Congreso, la opositora de derecha Patricia Chirinos, anunció que presentará ante su bancada una acusación constitucional contra Castillo con el objeto de que sea destituido por sus “permanentes infracciones” a la Constitución y la “evidente corrupción de su gobierno”.

Chirinos fue la principal impulsora de una iniciativa para destituir a Castillo que fracasó en el parlamento a principios de diciembre pasado, por no haber conseguido los votos suficientes.