Veinte establecimientos de la ciudad tienen clausuradas sus instalaciones de gas. Buscan conocer en qué tiempo las autoridades educativas provinciales realizarán las obras para normalizar el servicio.

La concejala Mercedes Benedetti (Frente Progresista) solicitó información a las autoridades educativas de la provincia sobre los veinte establecimientos escolares de la ciudad cuyas instalaciones de gas fueron clausuradas por la empresa Litoral Gas.

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Benedetti sostuvo que “con este pedido buscamos conocer cuál es la situación en las escuelas que cuentan con el servicio de gas natural y que fueron clausuradas por deficiencias en sus instalaciones”. Y agregó: “Queremos saber qué tipo de menú están ofreciendo y en qué tiempo se prevén las readecuaciones para que Litoral Gas vuelva a habilitar el servicio”.

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La concejala explicó que en 2019 ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) pidió a las distribuidoras del país que en el término de dos años inspeccionaran todos los establecimientos educativos del país, lo que fue informado oportunamente a las autoridades de la cartera educativa.

Tras las inspecciones realizadas desde febrero pasado (demoradas por la pandemia), Litoral Gas cortó el servicio en el 47 % de los establecimientos de la provincia: “En la ciudad son veinte las escuelas que no pudieron encender sus cocinas al inicio del ciclo lectivo 2022, luego de dos largos años de no brindar el servicio”, remarcó.

Y concluyó: “Soy docente y sé que para muchos niños, niñas y jóvenes de las escuelas públicas, la comida recibida en el comedor escolar es la única del día. Quien no come, no aprende. Aún cuando se ofrecen viandas frías, sabemos que calman el hambre pero no garantizan una buena nutrición. Urge que esto se resuelva”.

El importe apareció cargado como parte del “Fondo Covid-19”. Legisladoras de la oposición presentaron un pedido de informe que fue archivado.

Un monto de 259 millones de pesos para la adquisición de “semen” figura en un registro de gastos del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Habría sido abonado a través del llamado “Fondo Covid-19”. La oposición presentó un pedido de informe ante la Legislatura.

En las últimas horas, el Portal de Transparencia de la provincia de Córdoba resaltó la compra de cientos de millones de pesos en semen. Según informó el medio La Voz de Córdoba, el listado de comprobantes 2222-21111222, figura junto a “Servicios de Plantación de Cultivos” y “Caseta de Vigilancia”, estos últimos rubros no representan más de 20 millones en gastos. Mientras que el del líquido seminal supera, por lejos, el centenar: es de un total de 259.

Frente a esta situación, referentes de la Coalición Cívica y Encuentro Vecinal elevaron un pedido de informe ante la Legislatura para solicitar que las autoridades del Ministerio de Salud provincial den explicaciones.

“¿Es semen humano o animal? En el último caso ¿de qué animal? ¿Para qué fin se utilizó? ¿Quién lo proveyó? ¿Qué cantidad se compró? ¿Qué enfermedad epidémica se previno y/o se atendió con este producto?”, son las preguntas que se hicieron en el pedido, redactado por la diputada María Rosa Marcone, de Encuentro Vecinal

En su exposición en el recinto, agregó más interrogantes: “¿El fluido masculino ayuda a prevenir o atender alguna enfermedad epidémica? ¿Quién es el verdadero beneficiado de la compra de estos productos?”. Además, se anticipó a la respuesta del oficialismo: “La respuesta hará referencia a un error de un empleado. Se me hace muy difícil pensar que un error así pueda cometerse. ¿Se equivocó un empleado? ¿Inventó una factura? ¿Buscaba quedarse con la plata? ¿O era una factura que correspondía a otro cosas?”, afirmó.

De hecho, eso es lo que, precisamente, terminó ocurriendo. Alejandro Gauto, secretario de Coordinación del Ministerio de Salud provincial, aseguró que se trató de un “error administrativo”, ocurrido el 31 de marzo, y subrayó que ese monto “no se gastó”. Además, y en diálogo con El Doce TV, el funcionario culpó a un “agente del área”. “Sucedió en las últimas horas de su jornada laboral”, argumentó.

“Fue un error de carga. Lo que se maneja en el cupo presupuestario, a veces hacen cargas y esto fue un error, simplemente eso. Esta plata no tiene expediente de respaldo, no se gastó“, insistió Gauto.

Por último, el secretario dijo que los otros dos ítems que aparecen en el registro (servicio de plantación de cultivos y caseta de vigilancia) “son parte del mismo documento” y también los están investigando.

A raíz de la mala administración y abuso por parte de autoridades nacionales y provinciales en cuanto a la distribución de vacunas contra el Covid-19, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Lucila Lehmann, solicitó acceso a información pública para conocer cuál es la cantidad de dosis de vacunas Sputnik–V recibidas en la provincia a la fecha.

La iniciativa surgió ante los sucesivos abusos por parte del gobierno nacional y provincial respecto a la distribución de vacuna. “De ser cierta la información que fue brindada por medios de prensa, en relación a que el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, vacunó a su familia en la ciudad de Rafaela, accionaremos penalmente por el incumplimiento de deberes como funcionario público y abuso de autoridad”, destacó la diputada de la Coalición Cívica.

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También se pide información sobre la totalidad de establecimientos habilitados por la provincia para la aplicación de dichas dosis y la cantidad total de vacunas recibidas en cada uno de ellos; la cantidad total de personas vacunadas en cada uno de los centros habilitados como así también aclaración de la cantidad de aquellos que hayan recibido una segunda dosis de la vacuna.

La diputada solicitó nómina de personas vacunadas para determinar si hubo beneficiarios que no se encontraban dentro de la categoría de “personal esencial”. A su vez, se informe cuáles son las medidas sanitarias y de seguridad adoptadas por la provincia para la conservación y distribución de las vacunas.

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“Enviaremos pedido de acceso a la información pública, para que el Gobierno de Omar Perotti nos informe la lista de vacunados. Por cosas como éstas, presentamos un proyecto para penalizar a los que abusan de poder en la distribución y aplicación de vacunas”, enfatizó Lehmann.

“Anticipamos que haremos pública la información requerida y contestada para la toma de conocimiento de cualquier interesado. De ser cierta la información que fue brindada por medios de prensa, en relación a que el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, vacunó a su familia en la ciudad de Rafaela, accionaremos penalmente por el incumplimiento de deberes como funcionario público y abuso de autoridad”, concluyó la diputada.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Comunicación del diputado Fabián Palo Oliver, por el cual solicita al Poder Ejecutivo que brinde información sobre el funcionamiento de dicha repartición policial, ubicada en la ciudad de Santo Tomé,  en relación a los detenidos alojados en su interior. 

En este sentido, el legislador pide que se informe sobre la cantidad de presos alojados en las dependencias de la Comisaría, cuál es la capacidad de la misma para alojar detenidos, cuál es la situación procesal de las personas que se encuentran privadas de su libertad allí, qué funcionario u organismo ordenó su traslado a ese lugar, con qué cantidad de funcionarios policiales cuenta dicha repartición,  cuántos de ellos portan armas y cuántos están destinados específicamente al cuidado de los detenidos.

Al respecto, Palo Oliver mencionó la preocupación que genera la situación planteada en torno a la Comisaría Distrito N° 12 ya que “ha trascendido que existe una superpoblación de presos. Esto genera una situación de hacinamiento que no sólo constituye detención en condiciones infrahumanas, sino también que es foco de permanente conflictos generados por una convivencia marcada por dicha superpoblación. Esta Comisaría ha adquirido, en los últimos tiempos, la fisonomía y el funcionamiento de un penal, lo que convierte al personal en guardiacárcel cuando debería realizar tareas de prevención. Este personal no  ha sido capacitado ni se ha formado para esa tarea”.

Por último, el diputado provincial manifestó: “hace poco, cinco detenidos en otra dependencia policial de la ciudad, superaron las medidas de seguridad y se fugaron. Esto es porque las comisarías no cuentan con las condiciones de seguridad propias de una unidad del servicio penitenciario, precisamente porque no fueron creadas para tal fin. Por ello, entendemos que las autoridades provinciales deben tomar cartas en el asunto a los efectos de normalizar esta situación”.

Desde el bloque Socialista cuestionan datos que distribuyó el gobierno con información incompleta y comparaciones erróneas.

Diputadas y diputados del bloque Socialista (FPCYS) presentaron un proyecto de comunicación en el que piden detalles al Poder Ejecutivo sobre la distribución de distintos fondos a municipios y comunas de la provincia, a raíz de informes difundidos en la prensa “con contenido incompleto y comparaciones erróneas respecto a la gestión anterior”.

Días pasados circuló información en medios de comunicación de la provincia en la que se afirmaba que “el gobierno provincial destinó en los siete primeros meses del año 165 por ciento más en fondos a municipios y comunas que en todo 2019, un porcentaje incorrecto, basado además en información parcial e imprecisa”, señaló Clara García, autora de la iniciativa.

“Ningún guarismo sustenta tal incremento; en el informe se comparan situaciones que no guardan similitud; se desconocen gran cantidad de rubros de aportes efectuados a los municipios y comunas durante el 2019; se comparan períodos de tiempo heterogéneos y no se registra el impacto de la inflación interanual, que, para el primer semestre de 2020 versus primer semestre de 2019, fue del 46% promedio”, detalló la legisladora.

Clara García indicó que el informe gubernamental realiza la comparación sumando dos fuentes de fondos que recibieron de manera extraordinaria los municipios y comunas en 2020: el Programa de Emergencia COVID-19 y los fondos por Moratoria impositiva, ambos inexistentes en 2019, y que obligatoriamente deben girarse a los gobiernos locales. “Se trata de fondos especiales que no existían el año pasado y que incluso, en el caso de los fondos de Emergencia COVID-19 ($ 418 millones), apenas representan el 14% del total de fondos autorizados ($ 3.000 millones)”, explicó.

Por otra parte, la legisladora socialista indicó que el informe del gobierno “omite, por ejemplo, el impacto del proceso inflacionario (46% interanual para el primer semestre), y contiene errores metodológicos como la comparación de períodos temporales diferentes”. Asimismo, “no contempla una gran cantidad de partidas destinadas a municipios y comunas que se distribuyeron en 2019 por otros conceptos no incluidos en el informe, tales como: Programa de Pavimento Urbano, fondos para Obras Delegadas y por convenio, diversos programas provinciales y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que no se mencionan y que pedimos al Poder Ejecutivo que detalle, ya que en 2019 sumaron $ 2.500 millones”, señaló.

Clara García explicó que los fondos transferidos en 2020 a los municipios y comunas “fueron hechos pura y exclusivamente en función de las leyes que regulan y obligan dicha distribución, es decir, que no fueron concesiones efectuadas por el Poder Ejecutivo. En cambio, los 4.047 millones recibidos por Covid-19 desde el Gobierno nacional sólo engrosaron las arcas provinciales, sin que el Ejecutivo decidiera ninguna participación a gobiernos locales”.

“Entendemos que existe una estrategia comunicacional que busca sustentar supuestos logros respecto de la gestión, en base a información imprecisa o parcial, en detrimento de los aportes realizados por la anterior gestión en favor de los municipios y comunas”, concluyó.