Un control vehicular llevado a cabo por personal de la Guardia Provincial y la Subcomisaría 6ª en la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 7,5, en jurisdicción de La Guardia (zona costera, jurisdicción de la ciudad de Santa Fe), derivó en el traslado de dos hombres y el secuestro de una significativa suma de dinero y lingotes de oro. El procedimiento se desarrolló alrededor de las 12.30, en el marco de un operativo de rutina.

En el marco del operativo, los efectivos interceptaron un automóvil Volkswagen Suran blanco, dominio KXM 134, en el que circulaban dos individuos. Al identificar al conductor, L. S., de 38 años y domiciliado en Villa Libertad, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un dosaje positivo de 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Asimismo, se constató que no poseía licencia de conducir. Por estas infracciones, se labraron las actas correspondientes, conforme al artículo 5020 (alcoholemia) y el artículo 9119 (falta de licencia) de la normativa vigente. El vehículo fue luego remitido al Corralón Municipal de San José del Rincón.

Durante la verificación de antecedentes, los uniformados detectaron que L. S. registraba un pedido de captura vigente, con fecha 23 de octubre de 2024, bajo el registro N° 1.918.853. La orden de captura había sido emitida por el Juzgado Federal de Campana, provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, tanto el conductor como su acompañante, identificado como H. A. N., de 28 años y con domicilio en Hudson, partido de Berazategui, fueron trasladados a sede policial en el marco de lo dispuesto por el artículo 10 Bis de la Ley Orgánica Policial.

Como parte de la requisa efectuada durante el procedimiento, los agentes hallaron entre los elementos personales del conductor dos lingotes de oro de una onza cada uno, además de 1.420.000 pesos argentinos en efectivo y 2.050 dólares estadounidenses. El secuestro de estos elementos fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuentes policiales indicaron que se dio intervención inmediata a la Justicia Federal, la cual deberá definir en las próximas horas la situación procesal de L. S. tanto por el pedido de captura vigente como por la tenencia del dinero y los lingotes de oro, cuyo origen no pudo ser acreditado en el lugar del hecho.

La investigación avanza para establecer la procedencia y el destino de los bienes incautados, en el contexto del requerimiento federal que pesa sobre el imputado. No se descarta que el caso derive en nuevas actuaciones judiciales y medidas complementarias, mientras continúan las verificaciones sobre posibles vínculos con otras causas en trámite fuera de la provincia.

El sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, quien había sido liberado por error en Chile y está vinculado con la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”, fue capturado en Colombia tras un amplio operativo por parte de la Policía y de agentes de Interpol.

El procedimiento ocurrió este último fin de semana en la localidad de Barrancabermeja, en la ciudad de Santander, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, el cual permitió la captura del delincuente venezolano al que le pesaba un alerta roja.

Así fue la detención del sicario del barrio Meiggs en Colombia y liberado por “error” en Chile. Se había teñido el pelo rubio para pasar piola. Muchas Gracias @PoliciaColombia pic.twitter.com/ygisvhmiE8

Así como en otros países, el acusado era intensamente buscado en la Argentina luego de que las autoridades chilenas hayan notificado que había sido liberado por error tras un pedido de excarcelación falsificado.

La imputación contra el acusado, que en su detención había sido identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, ocurrió el pasado 9 de julio por el crimen de José Felipe Reyes Ossa, perpetrado el 19 de junio de este año.

Aun así, al día siguiente, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una resolución firmada electrónicamente donde se solicitaba su excarcelación. Tras la pesquisa se logró constatar que en realidad se trataba de Hernández, uno de los sicarios más peligrosos.

Ahora, se espera que comience el trámite para que el sicario sea extraditado hasta Chile para purgar su detención por el delito de homicidio calificado.

Un operativo de la DDI Quilmes culminó este viernes con la detención de Marcelo Carlos Rojas Flores, alias “El Salvador”, de 63 años, un boliviano, quien era buscado a nivel nacional e internacional con alerta roja de Interpol por su vinculación con el narcotráfico.

El detenido está acusado de ser uno de los líderes de la organización narcocriminal boliviano-argentina “La Banda del Tío Willy”, dedicada al tráfico de estupefacientes desde Bolivia hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando pasos no habilitados y vehículos con doble fondo.

La detención se produjo luego de un trabajo conjunto entre la DDI Quilmes y el Juzgado Federal N°2 de Salta, que permitió determinar que Rojas Flores se encontraba en la ciudad de Quilmes y tenía previsto asistir a una reunión en un estudio jurídico ubicado en Avenida Mitre al 675.

Oficiales encubiertos montaron un operativo de vigilancia en la zona y, tras confirmar la presencia del acusado, aguardaban su salida a la vía pública para proceder a su detención sin resistencia. Actualmente, se encuentra alojado en calidad de detenido e incomunicado, a disposición de la Justicia.

La investigación tiene origen en un operativo realizado el 19 de junio de 2025, cuando agentes de la Unidad de Inteligencia Criminal de Jujuy interceptaron una camioneta Ford F100 en la Ruta Nacional 68 (Salta), escoltada por dos vehículos un VW Surán y un Fiat Cronos.

En la caja de la Ford fueron encontrados 192 ladrillos de cocaína con un peso total de 222,876 kilogramos y las tareas de inteligencia identificaron a Rojas Flores como el destinatario final de la carga.

Las autoridades federales ya iniciaron el trámite de extradición del detenido hacia Salta, donde continuará la investigación por infracción a la Ley 23.737 de drogas.

Un peligroso delincuente de 30 años fue detenido por la policía en Coronda durante la mañana de este lunes. Efectivos del Comando Radioeléctrico, de la Unidad Regional XV, realizaban patrullajes preventivos cuando advirtieron sus actitudes sospechosas.

Al identificarlo, confirmaron que tenía múltiples pedidos de captura: uno por lesiones agravadas, amenazas calificadas y resistencia a la autoridad desde el veintitrés de noviembre de 2018; otro por incumplir medidas restrictivas y prohibición de acercamiento desde el veintisiete de abril de ese mismo año; y un tercer requerimiento judicial del ocho de agosto de 2017, emitido por la Oficina de Gestión Judicial N.° 12 de San Lorenzo.

Tras corroborar su identidad, los agentes lo detuvieron sin incidentes y lo trasladaron a la comisaría local. La detención se concretó en jurisdicción de la Comisaría Primera, que custodió la escena y aportó datos al expediente. El hombre quedó a disposición de la justicia mientras avanzan las diligencias.

Un fatal accidente ocurrido el sábado por la mañana en el kilómetro 50 de la Ruta 2, a la altura de Abasto, dejó como saldo la muerte de cuatro jóvenes que viajaban en una motocicleta con pedido de captura. El siniestro involucró a un camión, una camioneta y la moto en la que se desplazaban las víctimas.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Leandro Tito Alberto Condori (25), Roxana Shakira Choque Benavides (18), Ludmila Alejandra Esquivel (18) y Brenda Galván (17). Según las primeras pericias, el accidente ocurrió pasadas las 6 de la mañana, cuando la motocicleta Rouser 160 gris impactó contra la parte trasera de un camión Scania conducido por un hombre de 30 años, oriundo de Coronel Vidal.

Tres de los jóvenes murieron en el acto y sus cuerpos quedaron tendidos en la ruta, mientras que el cuarto ocupante fue despedido varios metros y hallado debajo de una camioneta Ford Ranger, el tercer vehículo involucrado en el choque.

Tras la llegada de la policía y los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento de los cuatro ocupantes de la moto. Además, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 2 de marzo de 2025 por un caso de hurto agravado de motovehículo en Lanús.

Por el momento, la fiscal María Scarpino, a cargo de la UFI N° 14, ordenó pericias en la escena del accidente y el secuestro de los vehículos involucrados. La investigación busca determinar si las víctimas tenían relación con el robo de la moto y esclarecer las circunstancias del siniestro.

En la tarde del martes, policías motoristas de la Unidad Regional 1 realizaban un patrullaje rutinario en la intersección de Castellano y Pedro Vittori cuando avistaron a un joven de 27 años que mostró actitud sospechosa al notar la presencia policial. Ante esto, los agentes procedieron a detenerlo para poder identificarlo.

Al consultar sus datos filiatorios por frecuencia radial, se descubrió que el joven tenía varios pedidos de captura vigentes. Entre los más relevantes se incluyen:

Tras ser informado de los cargos en su contra, el joven fue trasladado a la Comisaría correspondiente, donde se le notificaron las causas. El fiscal de turno dispuso que se le realicen los trámites correspondientes.

El detenido quedó a disposición de la Justicia para continuar con el proceso judicial.

Durante el mediodía del miércoles se logró detener a un hombre que tenía pedido de captura y que estaba ejerciendo como cuidacoches en la zona de la Terminal de Ómnibus. El patrullaje de la GSI junto a la Policía lo detectó y se actuó inmediatamente.

El patrullaje que realiza la GSI junto a un binomio de Policías para controlar que se cumpla la ordenanza que prohíbe la actividad de los cuidacoches en la ciudad de Santa Fe, logró detener a una persona que tenía pedido de captura.

El hombre, de 32 años, se encontraba ejerciendo como cuidacoches en la zona de la Terminal de Ómnibus, más precisamente en la cuadra de un sanatorio de la capital provincial.

El hecho ocurrió este miércoles cerca del mediodía en calle Belgrano al 3000, mientras la patrulla de la GSI, que lleva a un binomio policial tras un acuerdo firmado entre la Municipalidad y la Provincia, recorría la zona comprendida por las calles San Luis, 4 de Enero, Crespo y Catamarca.

Los trabajadores de la GSI se acercaron al hombre que ejercía como cuidacoches para pedirle que se retire de la zona. La Policía advirtió que era una persona con pedido de captura y fue detenido.

"Por órdenes del intendente Poletti estamos controlando fuertemente que se cumpla la ordenanza. Venimos trabajando muy bien con el binomio policial arriba de las camionetas de la GSI. Es un servicio que venimos desarrollando particularmente en el macrocentro con tres camionetas divididas por cuadriculas", contó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Zapata.

Y detalló: "Hay personas que se presentan reiteradas veces en la zona para ejercer esta actividad que está prohibida. En el caso de esta cuadra del sanatorio, le recomendamos a esta persona que se retire. Algunas veces se alejaba y nunca podíamos dar con él en forma propicia para que le dé a la Policía su identificación con el DNI. Hoy la Policía pudo hacerlo y detectó que tenía pedido de captura". Tras un aviso al 911, la Policía realizó la detención del hombre.

Un joven fue asesinado a balazos durante un enfrentamiento registrado en las últimas horas del domingo en Barrio Lomas del Mirador, jurisdicción de comisaría decimosegunda. La víctima fue identificada como Marcelo Tomás Franco, de 25 años.

La Policía tomó intervención en el hecho de sangre cuando amigos de la víctima lo trasladaron muy descompensado al hospital San Martín, donde falleció a poco de ingresar. Los disparos habían afectado la zona del cuello y el tórax.

La víctima habría tenido una discusión con una persona que ya está identificada.

Franco contaba con un pedido de localización de la Justicia, ya que se encontraba prófugo por incumplir un arresto domiciliario.

El jefe de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel Delavalle indicó a Radio La Voz que el hecho se produjo alrededor de las 11 de la noche de este domingo, en inmediaciones de calles Cesáreo Quirós y Gobernador Crespo. Es que, según repasó, el lugar del enfrentamiento se identificó cuando se localizaron “unos cien metros de río de sangre”.

El comisario confirmó que “hubo un enfrentamiento, hubo disparos de las dos partes”.

Sobre el pedido de captura que pesaba sobre la víctima de homicidio, Delavalle explicó que Franco “estaba cumpliendo un arresto domiciliario y había quedado firme una condena para cumplir en la Unidad Penal”. “Había quebrantado ese arresto domiciliario que tenía”, aclaró el comisario.

Otro hombre que estaba con la víctima huyó herido del lugar. La sombra del ajuste narco, la principal línea de investigación

“Es un hecho muy grave”, indicó una fuente judicial que investiga el homicidio en la localidad bonaerense de General Rodríguez de Luis Osorio Parodi, un ciudadano paraguayo que tenía pedido de captura en su país por un crimen narco. Le dispararon más de 60 tiros con ametralladoras y la principal sospecha es que se trató de un ajuste de cuentas que puso en alerta a las autoridades por la ferocidad inusitada.

El asesinato ocurrió este domingo, a las 19, en las calles Chacabuco y Vélez Sarfield, en la zona Oeste del Conurbano, donde encontraron el cuerpo de la víctima tendido sobre la vereda, a metros de un auto Honda blanco repleto de orificios de bala.

El episodio, que es investigado por la UFI N°9 de General Rodríguez, a cargo de Alejandra Domínguez, es inédito en la zona y, aventuran, en el cordón urbano bonaerense. Sospechan que se trató de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Sucede que a los investigadores les genera preocupación la escena que encontraron en medio del descampado de General Rodríguez: los autores del asesinato descargaron sobre el vehículo de la víctima 66 plomos que, según testigos, salieron de dos ametralladoras.

Cuatro balas alcanzaron a Osorio Parodi, quien murió en el lugar a raíz de las heridas.

De acuerdo a los testigos, en el ataque, también resultó herido por la balacera un segundo hombre que viajaba en el auto junto a la víctima. Se trataría de un hombre de 47 años, también extranjero y titular del vehículo, quien escapó del lugar antes de que llegara la asistencia médica y la Policía.

Los primeros datos en el expediente hablan de una camioneta de color negra, con dos hombres a bordo, que cortaron el paso del Honda en el que iba Parodi y su acompañante y, a unos tres metros de distancia, acribillaron a los dos ocupantes sin mediar palabras.

Más adelante, detectives de la DDI de General Rodríguez hallaron sobre la calle Moreno y Puerto Delicia un auto VW Voyage blanco que podría tener relación con el crimen. Hasta el momento, no hay cámaras de seguridad que hayan registrado a los homicidas, pero los investigadores buscan filmaciones de los alrededores del barrio donde ocurrió el hecho.

La pista paraguaya

No fue solo la violencia del caso que llamó la atención de los investigadores, también la identidad de la víctima, quien tenía pedido de captura en su país por otro homicidio: el de su primo, Alcides Parodi Fernández, quien fue ejecutado a tiros el jueves 2 de febrero de 2023 en el frente de una casa del distrito de San Pedro del Paraná, según Ituapuá Noticias, un territorio dominado por el narcotráfico.

De acuerdo a ese medio local, Luis y su hermano Juan Daniel Osorio Parodi, a bordo de un auto, ejecutaron a balazos a su familiar. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Al mes siguiente, Brigido e Ignacio Parodi, otros dos hermanos de la víctima de General Rodríguez, fueron acribillados en el mismo distrito. El primero de ellos, recibió cinco tiros y murió en el acto; mientras que el segundo, fue baleado en la cabeza y en una pierna, recibió atención y fue derivado a un centro médico.

Días después, desconocidos prendieron fuego las viviendas de los hermanos buscados, Luis y Juan Daniel.

Se sospecha en Paraguay que existe una disputa familiar por drogas detrás de los asesinatos.

Además, la prensa guaraní mencionó que se había ofrecido una recompensa por datos que permitan dar con el paradero de los dos hermanos prófugos. En uno de los allanamientos para dar con ellos, la Policía paraguaya encontró varios contratos de compra venta de armas de fuego. Sospechaban ya, en ese momento, que los Osorio Parodi habían cruzado hacia la Argentina.

Tenía causas por tenencia ilegítima de arma de fuego y encubrimiento. Los investigadores policiales además indican que su hijo está preso en Coronda y sería un presunto integrante de la banda de Los Funes.

Una mujer de 45 años fue asesinada a tiros en la noche de este lunes en Berutti al 2000, en el barrio República de la sexta. Rosalía Fernanda Molina, la víctima, llegó a ser trasladada hasta el hospital Provincial, donde falleció por impactos de bala en el tórax y en una pierna. La causa es investigada por la fiscal Gisela Paolicelli del Ministerio Público de la Acusación.

Molina, de acuerdo a lo apuntado por investigadores policiales, fue detenida dos veces el año pasado, una por encubrimiento agravado y otra por tenencia ilegítima de arma de fuego. Desde el 20 de mayo pasado tenía pedido de captura por no regresar a prisión.

En el registro policial se la conocía a la mujer por ser la madre de Fernando Diego Molina, alias "Costeleta", quien se encuentra preso en Coronda y sería integrante de la banda de Los Funes, de acuerdo a fuentes policiales.

En la mañana de este martes, investigadores buscaban corroborar si Molina también tenía pedido de captura desde el pasado mes. 

El pasado jueves, la Policía Federal Argentina (P.F.A.) detuvo en la ciudad de Bariloche a Manuel Antu Carrera, un hombre de 35 años de edad, acusado de tener vínculos con el terrorismo yihadista, según informó el Ministerio de Seguridad.

El arresto se produjo luego de tareas multidisciplinarias efectuadas por detectives del departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de PFA, incluyendo el análisis de líneas telefónicas y redes sociales del investigado, así como de su círculo íntimo y familiares. Carrera, oriundo de General Roca, Río Negro, fue localizado en Bariloche, donde se allanaron dos viviendas y se procedió a su detención, secuestrando un pasaporte y tres cédulas de identidad de la República Federativa de Brasil a su nombre.

Se determinó que Carrera había ingresado en ómnibus a la Argentina por el paso fronterizo de Paso de los Libres, proveniente de Florianópolis, Brasil, y tenía un requerimiento de la Justicia Federal de Lomas de Zamora por una causa de 2017. Autoridades de Migraciones informaron de la situación el 11 de abril pasado, y el Juzgado actuante ordenó las tareas investigativas.

Se confirmó que Carrera también tenía ciudadanía brasileña y había sido deportado a ese país desde Turquía el 29 de diciembre de 2017, cuando intentaba cruzar ilegalmente a Siria, presumiblemente para unirse a grupos radicales relacionados con el terrorismo.

Al momento de ser expulsado, Carrera habría manifestado trabajar en el rubro de la construcción y ser musulmán, sin frecuentar ninguna mezquita ni centro religioso. Describió haber viajado a Turquía por razones turísticas y tener fecha próxima de regreso a Brasil.

El reporte oficial señala que Carrera figuraba en la base de datos de la Secretaría General de Interpol, registrado con anotación “TSC” por delito relacionado con el terrorismo. Además, poseía domicilios en Londrina o Foz de Iguazú, Brasil, y contaba con una cédula de identidad de ese país, que vence este año. Originalmente, debía ser deportado a Argentina, pero al tener doble nacionalidad, terminó en territorio brasileño.

Durante el fin de semana, la policía detuvo a un hincha de Boca que tenía pedido de captura en Puerto Madryn cuando intentaba ingresar a "La Bombonera" para presenciar el partido contra Racing. 

El hombre, identificado como Juan Pérez, de 32 años, fue interceptado en un control de seguridad antes del encuentro.

Según fuentes policiales, Pérez había sido declarado en rebeldía en una causa por violencia familiar y se había emitido una orden de captura en su contra. Al ser identificado en el control de ingreso al estadio, los agentes procedieron a su detención y lo pusieron a disposición de la Justicia.

El hincha, visiblemente desilusionado, se perdió así el triunfo de su equipo ante Racing por 4 a 2. 

Las autoridades destacaron la importancia de los controles de seguridad en eventos deportivos para prevenir situaciones como esta y garantizar la seguridad de los espectadores.

El gobierno de Rusia ha desatado una intensa búsqueda internacional de Lolita Bogdanova, una modelo ucraniana de OnlyFans también conocida como Lola Bunny, luego de que posara topless dentro del Kremlin.

Η ωραία ρωσία, αφιερωμένο#Lolita_Bogdanova pic.twitter.com/DBeYBtg11L

El incidente, ocurrido en la Plaza Roja en 2021 frente a la Catedral de San Basilio, desató un escándalo y llevó al Ministerio del Interior ruso a incluirla en su lista de buscados.

Aunque Bogdanova se disculpó por ofender a los creyentes religiosos, argumentando que las imágenes fueron grabadas años atrás y subidas por otra persona, el gobierno ruso ha tomado medidas enérgicas.

Se ha lanzado una campaña sin precedentes sobre los valores tradicionales, marcando un cambio significativo en la política de Putin. Bogdanova, originaria de Makiivka, Ucrania, ahora ocupada por Rusia, está siendo buscada bajo cargos no especificados.

Este episodio se suma a una serie de casos en los que la policía y los servicios de seguridad rusos han tomado medidas contra aquellos percibidos como enemigos o desviados de la ortodoxia durante la guerra.

Por ejemplo, Maxim Tesli, líder de la banda Puppies, fue detenido por actuar casi desnudo en un club nocturno en San Petersburgo.

Las reacciones ante estos eventos no se han hecho esperar. Ekaterina Mizulina, jefa de la Liga de Internet Seguro de Rusia, y el activista social Vitaly Borodin, han condenado los actos de Tesli como propaganda LGBT, exigiendo acciones legales contra él.

Además, se destaca la persecución continua del grupo musical y activista Pussy Riot. Maria Alyokhina, líder del grupo, ha enfrentado prisión en varias ocasiones debido a protestas en Rusia, y la mayoría de los miembros del colectivo han huido del país para seguir denunciando la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, las estrictas medidas de Putin contra las manifestaciones hacen que el regreso de Alyokhina y otros miembros sea prácticamente imposible. 

El arresto de Noel R., cuñado de Julio Andrés Rodríguez Granthon, quien tiene tres condenas por narcotráfico, fue realizado por agentes de civil de la División de Homicidios de la PDI.

@De12a14 | Conmoción en Corrientes y Jujuy: disparos y un policía herido. El oficial está herido por un corte de vidrio. "Escuché un disparo y un insulto", expresó un vecino de la zona. El tránsito está cortado. pic.twitter.com/NYvqWh8f9Z

Este miércoles al mediodía se produjo un importante operativo policial en la zona de Corrientes al 100. Durante el incidente, se detuvo a un sospechoso con doble orden de captura, se efectuó un disparo al aire y un policía resultó herido con una cortadura, requiriendo atención médica. 

La persona arrestada es Noel R., cuñado de Julio Andrés Rodríguez Granthon, quien tiene tres condenas por narcotráfico, sumando un total de 21 años de prisión. Los agentes de civil de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones llevaron a cabo tareas de inteligencia que les permitieron localizar a Noel R. en la vía pública. Finalmente, se refugió en un edificio donde fue encontrado por la policía, resultando en la lesión cortante de uno de los agentes durante la intervención, siendo atendido en el lugar.

El individuo detenido tenía dos órdenes de captura, una emitida por el Ministerio Público de la Acusación y otra por el fuero federal. La solicitud provincial provenía de los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone, quienes están investigando la presunta asociación ilícita de Rodríguez Granthon. Este último fue condenado nuevamente a fines de diciembre pasado por tráfico de drogas en un caso donde también el financista Gustavo Shanahan, ex titular de la Terminal Puerto Rosario, recibió una condena de 7 años de prisión.

Según la investigación liderada por los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot sobre la asociación ilícita, al menos hasta fines de 2022, Noel R. desempeñaba el papel de "cadete", encargándose de transportar dinero en efectivo y sustancias estupefacientes de un lugar a otro para entregárselos a diferentes personas.

Este jueves por la tarde se produjo un violento intento de robo en el que le dispararon a un camionero que circulaba por calle Calasanz al 9000. En el lugar del hecho, los peritos observaron una vaina servida y un impacto en el parabrisas del camión. 

Según pudo establecer la policía, los presuntos autores se movilizaban a bordo de un automóvil de color blanco, quienes emprendieron la huida desde calle Tucumán y Colombres hacia el sur, al tiempo que eran detectados por los agentes que patrullaba por la zona.

El operativo siguió su curso y, en la zona (Montevideo al 7800), los agentes observaron que el coche en cuestión había sido abandonado por sus ocupantes. Allí, dieron con un hombre que podría estar vinculado con el episodio. Al ser identificado, confirmaron que sobre él pesaba un pedido de captura activo en la provincia de Córdoba. 

En la requisa, se le secuestró material balístico en el bolsillo. También secuestraron una moto para la averiguación de su procedencia, ya que el detenido no pudo justificar quién era el dueño.

Por si fuera poco, los oficiales dieron con un automóvil que presentaba pedido de secuestro activo por un hecho de robo calificado ocurrido este miércoles 13 en calle Laprida al 3200.

El delincuente de nacionalidad peruana tenía pedido de captura nacional desde el 2021. Personal de investigaciones de Gendarmería Nacional logró individualizarlo, luego de varias jornadas de pesquisas, lo siguieron y finalmente lo detuvieron cuando se acercó al Hospital para acompañar a su novia.

Éste es el quinto detenido del clan narcocriminal perteneciente a Estrada González vinculado al negocio de la distribución de drogas en el AMBA ocurrido en los últimos meses. Si bien no se difundió por estrictas razones de seguridad sus datos filiales, trascendió que se trata de un lugarteniente.

Durante dos años y medio, integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Cinturón Sur”, junto con el apoyo de la Sección de Reunión de Información, realizaron varios operativos vinculados a la investigación sobre la organización narcocriminal que operaba en el AMBA.

Durante ese tiempo, los gendarmes lograron dar con cuatro de los principales miembros del clan y fueron detenidos.

En el marco de la misma causa, los uniformados realizaron distintas búsquedas sobre un ciudadano de nacionalidad peruana que poseía pedido de captura desde agosto de 2021.

Siguiendo con la línea investigativa lograron tener una información importante sobre el desplazamiento del nuevo objetivo. Ayer al mediodía, pudieron dar con el paradero del involucrado alias "Bandido". Se inició un operativo especial realizando bloqueos en las rutas cercanas y posibles de ser elegidas por el delincuente buscado.

Sin advertir la presencia de los investigadores, "Bandido" abuso de su suerte y terminó con su estado de prófugo al ser localizado cerca del Hospital Piñeyro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a donde se acercó para acompañar a su novia.

Inmediatamente, los funcionarios lograron detener al ciudadano y una vez reducido se comunicaron con la justicia para dejarlo a disposición del magistrado.

Por pedido del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, la Interpol emitió una alerta roja para lograr la recaptura de Mauricio Jesús “Caníbal” Laferrara (27 años), el jefe de sicarios de la banda narco de Esteban Lindor Alvarado que desapareció de la cárcel de Devoto el martes de la semana pasada. La Justicia actualmente trabaja el caso ante el hipotético escenario de una fuga del penal porteño de mediana seguridad, aunque no se descarta la posibilidad de que otros reclusos lo hayan matado y luego descartado.

A más de una semana de la desaparición del peligroso interno permanece el misterio sobre qué pasó en el pabellón 11 de Devoto, donde estaba alojado por dos condenas a prisión perpetua por seis homicidios y otra a 5 años de cárcel por narcotráfico que fue dictada por el mismo tribunal federal que ahora pidió la captura internacional.

En paralelo, los abogados de la madre de Laferrara presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Justicia federal ante la falta de información sobre qué ocurrió con el recluso.

Hay varias hipótesis de cómo se pudo haber fugado el jefe de sicarios de Alvarado. Una de ellas es que se escabulló entre la basura que retiró un camión del penal porteño el martes pasado. Otra, que se “esfumó” después de haber recibido una visita.

Según publicó La Nación, por la desaparición del condenado sicario fueron pasados a disponibilidad ocho agentes penitenciarios federales.

La Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo del fiscal Diego Iglesias, coordina un equipo de trabajo integrado por la División de Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal y la Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado de Santa Fe, cuyos agentes fueron los encargados de la detención del gatillero el 18 de octubre de 2019 en Echesortu.

Facundo Alejandro Ortiz, el joven de 23 años que estaba prófugo y hace un mes con pedido de captura acusado de ser uno de los asesinos de Morena Domínguez, la niña de 11 años que el 9 de agosto murió tras ser golpeada y arrastrada por motochorros que le robaron cuando llegaba a su escuela en el partido bonaerense de Lanús, fue detenido hoy en la ciudad de Punta Lara, informaron fuentes policiales y judiciales.

La detención de Ortiz, cuya fotografía había sido difundida por la Justicia hace dos semanas, fue concretada por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 5ta. de Lanús, y su comisario, Javier Paola, quienes viajaron a Punta Lara y lo ataparon esta madrugada.

Fuentes de la investigación revelaron a Télam que hace unos días detectives de las Divisiones Homicidios tanto de la policía bonaerense como de la Ciudad, habían obtenido el dato de que Ortiz estaba refugiado en el Barrio Ricciardelli (ex 1.11.14) del Bajo Flores porteño.

"Lo teníamos acorralado en la 1.11.14 pero logró escapar rumbo a Punta Lara y allí pudimos localizarlo y detenerlo", dijo a Télam un jefe policial que participó de la investigación.

Ortiz ya fue trasladado a los calabozos de la comisaría 5ta. de Lanús, en Villa Diamante, ubicada en la calle Warnes 3077, donde permanece alojado a la espera de ser indagado durante esta jornada por la fiscal a cargo de la causa, Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús.

Para lo investigadores, con la detención de Ortiz, los dos presuntos responsables del homicidio de Morena ya están presos, ya que el otro imputado, Miguel Humberto Madariaga (25), alias 'Miguelito', había sido atrapado poco después del hecho y fue procesado con prisión preventiva.

Ambos están imputados por "homicidio en ocasión de robo", delito que prevé una pena de 10 a 25 años de cárcel.

El 8 de este mes, la Fiscalía General del departamento judicial Avellaneda-Lanús había difundido la foto de Ortiz e informado que estaba prófugo en la causa, luego de liberar a Darío Ángel Madariaga (28), alias 'Lolo', hermano del otro detenido, al determinar que no había participado del hecho.

El crimen de estudiante de tan solo 11 años ocurrió minutos antes de las 7.30 del 9 de agosto pasado, cuando Morena fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte de la calle Molinedo al 3200, de Villa Diamante, partido de Lanús, en el sur del conurbano.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad municipal que se convirtió en una prueba clave de la causa, ya que allí se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia realizada en la morgue judicial de Lomas de Zamora, la niña murió como consecuencia de "un fuerte golpe en la zona abdominal" que le provocó lesiones en el riñón y en el hígado y sufrió una "hemorragia interna".

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia del SAME y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la policía.

El caso causó gran conmoción y a cuatro días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para elegir precandidatos presidenciales, a la gobernación y a cargos legislativos, varios candidatos suspendieron sus actos de cierre de campaña.

Se trata del exparróco Carlos Eduardo José, quien no se presentó a la audiencia final ante la Justicia y tampoco fue hallado en la vivienda donde había fijado domicilio legal.

El exsacerdote Carlos Eduardo José se fugó antes de conocer la sentencia que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Martin le impondría tras haber sido condenado por abuso sexual. El expárroco se ausentó a la audiencia final y no se encontraba en la vivienda de la localidad bonaerense de Caseros donde registró su domicilio legal, por lo que fue declarado en rebeldía y se pidió su captura nacional e internacional.

Después de una postergación de tres meses solicitada por la defensa, el Tribunal de San Martín había convocado para las 9 de este martes a la "audiencia de cesura" en la causa contra el exsacerdote por abuso sexual gravemente ultrajante de una alumna menor de edad, luego de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revirtiera parcialmente su absolución por prescripción en octubre pasado.

La víctima y denunciante, Mailín Gobbo, estuvo presente desde temprano junto a dos de las cuatro primeras denunciantes, quienes no obtuvieron justicia porque los cargos contra José fueron declarados prescriptos por el tiempo transcurrido. También permaneció allí durante las tres horas de espera la abogada defensora del exsacerdote, que les comunicó informalmente a las partes que su cliente no respondía a los mensajes que le había enviado desde primera hora de la mañana.

Según informaron fuentes judiciales, pasadas las 10:30, la policía se hizo presente con una orden de allanamiento en el domicilio Carhué 5273. Sin embargo, nadie respondió a los llamados y "resultaron negativos" todos los esfuerzos por encontrar al acusado.

El 9 de marzo de 2021, el TOC N°2 de San Martín había absuelto al exsacerdote, que había permanecido tres años en prisión, tras considerar que la causa por el "hecho I" (ocurrido entre 2000 y 2001 en el colegio San José Obrero ubicado en Caseros) y del "hecho II" (que tuvo lugar entre 1999 y 2008 en la casa de la misma denunciante) estaba extinta por prescripción.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por los abogados querellantes y el fiscal de juicio Ricardo Romero, quienes habían coincidido en solicitar 20 años de prisión. En ese sentido, a mediados de octubre del año pasado, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revocó parcialmente el fallo por considerar "acreditados" tanto "la materialidad ilícita" como "la autoría responsable" del imputado en relación a los hechos denunciados como ocurridos entre 1999 y 2008 en la casa de la denunciante entre sus 12 y sus 21 años.

Por ese motivo, la causa volvió al mismo tribunal de primera instancia de San Martín cuyo fallo fue parcialmente revocado, donde una nueva conformación debía limitarse a determinar la pena de la sentencia condenatoria, sin posibilidad de volver a revisar los hechos o cambiar el sentido de la decisión judicial.

El fiscal que investiga el homicidio de Fernando Pérez Algaba, el empresario de 41 años hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge en julio pasado, solicitó este martes la captura nacional e internacional de los dos prófugos que admitieron haber estado con la víctima el día que desapareció, mientras que este mediodía indagará a los cuatro detenidos por el crimen, informaron fuentes judiciales.

El pedido de captura nacional e internacional fue solicitado por el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, para Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, las dos últimas personas con las que Pérez Algaba tuvo contacto el 18 de julio último en el predio "Renacer" de General Rodríguez.

Fuentes judiciales confirmaron que el arresto de los dos sospechosos fue dispuesto por el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, aunque cuando la policía fue a buscarlos a sus domicilios ya no los encontró.

En tanto, en los 18 allanamientos simultáneos realizados ayer en distintos domicilios del conurbano bonaerense y la Capital Federal fueron apresados Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo, Luis Alberto Contreras y Flavia Lorena Bomrad, quienes serán indagados este mediodía por el fiscal Domínguez.

Sospechosos de asesinar al empresario Fernando Pérez Algaba

Los cuatro hombres están imputados por homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego, con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de "Lechuga".

Para fundamentar los pedidos de arresto, el fiscal hizo hincapié en pruebas basadas en análisis de las comunicaciones y movimientos de los celulares que utilizaban la víctima y los sospechosos.

Domínguez afirmó que el móvil del crimen del empresario fue una deuda por u$s50.000 y por 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio de General Rodríguez a encontrarse con él.

Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, "Lechuga" reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.

En el mismo escrito -al que tuvo acceso Télam-, el representante del Ministerio Público consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía "una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos", e incluso hace mención a un antecedente en el que el ahora acusado "le había efectuado disparos de arma de fuego" hacia la víctima, aunque sin herirlo, en el mismo campo de General Rodríguez.

En un primer tramo de su acusación, el fiscal sostiene el agravante de un homicidio por "codicia" al entender "que existía una acreencia de la víctima para con Maximiliano Pilepich" y que el crimen ocurrió "luego de suscribir un documento de reconocimiento de deuda en una escribanía".

Durante los operativos de ayer, los efectivos de la Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora incautaron armas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos que serán analizados para determinar si fueron utilizados en el crimen del empresario.

"Los teléfonos de todos los implicados impactan en el predio 'Renacer' de General Rodríguez y se van moviendo desde las 18 del 18 de julio hasta las 3 de la madrugada del día siguiente hasta Ingeniero Budge, donde fueron hallados los restos de Pérez Algaba", confió un investigador al referirse a los elementos que hay contra los acusados.

Además de los prófugos, la policía busca la camioneta Mercedes Benz G500 de Pilepich, con que la se dirigió al predio "Renacer" y que tiene pedido de secuestro por parte de la fiscalía ante la sospecha de que pudo ser empleada para trasladar los restos de Pérez Algaba hasta el arroyo de Ingeniero Budge.