La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Seguridad, realizó este jueves una serie de procedimientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe y en Recreo.

Las medidas, ordenadas en el marco de investigaciones por estafas reiteradas y por un homicidio reciente, terminaron con dos personas detenidas y el secuestro de droga, municiones y otros elementos vinculados a las causas.

En relación a un homicidio calificado ocurrido este mes en la ciudad de Recreo, personal de la PDI concretó cinco allanamientos en viviendas de D’Annunzio al 700.

Las diligencias se realizaron para recolectar información útil para reconstruir la secuencia del ataque y verificar posibles vínculos entre los habitantes de las viviendas y la víctima.

Durante los procedimientos se secuestraron nueve plantas de cannabis, un kilo de marihuana, una balanza de precisión y once municiones calibre .22.

En una de las viviendas detuvieron a un hombre de 34 años, acusado en principio de infringir la Ley 23.737. Su situación procesal quedará sujeta a lo que determine la Fiscalía a cargo del homicidio, que analiza si el material hallado puede estar ligado al caso o si corresponde a una causa paralela.

La segunda línea investigativa se originó en septiembre de 2024, cuando una perfumería de Rosario denunció una serie de compras realizadas con tarjetas adulteradas.

El análisis de los movimientos reveló 54 operaciones en las que los paquetes fueron entregados siempre a la misma persona. Ese dato, aportado por una auditoría interna de la empresa de correo, permitió identificar al posible autor.

Las transacciones generaron un perjuicio económico estimado en 19 millones de pesos, cifra que llamó la atención del Ministerio Público de la Acusación por su continuidad y por el nivel de planificación empleado para recibir cada envío sin levantar sospechas.

Con los elementos reunidos por la Sección Delitos Informáticos, el fiscal Federico Nigro ordenó un allanamiento en una vivienda situada en Quintana al 1100, en el barrio San Roque de la ciudad de Santa Fe.

Allí los agentes detuvieron al principal investigado, a quien le secuestraron un teléfono celular que será peritado para reconstruir las comunicaciones y los movimientos vinculados a las estafas.

Fuentes de la investigación indicaron que el rastreo del dispositivo podría aportar información sobre otras posibles operaciones similares realizadas en la región, ya que no se descarta que el detenido haya participado en maniobras de mayor alcance.

En el caso de Recreo, la Fiscalía continuará evaluando peritajes y testimonios para determinar si la actividad narco detectada en los allanamientos guarda relación directa con el homicidio investigado. La PDI analiza además registros de cámaras y el entorno del detenido para descartar o confirmar su participación en el crimen.

En la causa por estafas, el análisis del teléfono y de los registros de correo permitirá trazar una reconstrucción más clara del circuito utilizado para las compras fraudulentas. Los investigadores no descartan nuevas imputaciones si surgen vínculos con otras maniobras efectuadas en distintos puntos del país.

Durante la jornada de este jueves, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante dos allanamientos simultáneos —uno en el barrio costero Alto Verde de la ciudad de Santa Fe y otro en Villa Constitución— en el marco de una investigación por pornografía infantil con alcance internacional.

El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de reserva y con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según confirmó el Director Provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, se trata de una causa de alta complejidad que forma parte del programa internacional “Escudo Protector”, orientado al combate global de los delitos vinculados con la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

“Se secuestraron elementos informáticos de gran valor para la investigación, que serán peritados en los próximos días. No hay personas detenidas por el momento”, explicó Galfrascoli.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que uno de los domicilios allanados pertenece a un inmueble ubicado en Alto Verde donde residiría el jugador del plantel profesional de futbol Unión de Santa Fe, Cristian Tarragona.

No obstante, desde la PDI aclararon que no se divulgarán nombres ni datos personales, debido a la naturaleza extremadamente sensible del caso y la obligación de preservar la identidad de posibles víctimas menores de edad.

“No corresponde hacer mención a nombres o situaciones particulares. Es un delito complejo que involucra material sensible y cuya persecución se desarrolla también en coordinación con organismos internacionales”, subrayó el funcionario provincial.

El caso se originó a partir de una alerta internacional generada por una dirección IP que fue detectada en territorio santafesino. El rastreo técnico permitió establecer una traza informática que derivó en los dos allanamientos concretados esta mañana.

“Normalmente, este tipo de delitos se detecta a partir de una alerta que llega a los organismos nacionales, quienes trabajan en red. Desde allí se inicia un minucioso trabajo de depuración y geolocalización de la conexión”, explicó Galfrascoli.

El funcionario recordó que estos procesos “pueden demandar semanas o meses de análisis técnico antes de poder identificar un domicilio específico”.

Los fiscales intervinientes en la causa son Matías Broggi (coordinador del MPA Santa Fe) y el Dr. Suasnavar, quienes lideran las diligencias judiciales y el análisis de los dispositivos secuestrados.

Hasta el momento, no hay personas con privación de libertad dispuesta, aunque las computadoras, tablets y teléfonos incautados serán peritados por especialistas del área de Cibercrimen.

El resultado de esos análisis podría abrir nuevas líneas investigativas e incluso vincular otros casos en el país o el extranjero.

“Cuando se secuestra material digital, se analizan los contactos, vínculos y redes de distribución que puedan derivar en nuevas responsabilidades penales”, añadió Galfrascoli.

El funcionario aprovechó la ocasión para remarcar la relación directa entre el delito de pornografía infantil y el grooming, especialmente en el contexto del Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, que se conmemora esta semana.

“El grooming suele ser la primera etapa: el engaño, la seducción o el chantaje a un menor para obtener material íntimo. Ese contenido, lamentablemente, muchas veces termina circulando en redes internacionales de pornografía infantil”, explicó el director de Investigaciones Criminales.

En paralelo, Alejandra Carrizo de la PDI y los ministerios de Justicia, Seguridad, Educación y Salud desarrollaron este jueves una jornada de prevención y concientización destinada a estudiantes secundarios, con el objetivo de advertir sobre las formas de captación digital y los riesgos del ciberacoso.

“Hay que estar a la altura de las circunstancias —dijo—, porque es un delito que crece con la tecnología y solo puede combatirse con educación, investigación y cooperación internacional”. 

“Jony-10”, el jefe de una banda de delincuentes cuya especialidad son los escruches y robo con inhibidores, se encuentra preso en la ciudad de Santa Fe a la espera de audiencia imputativa, luego de que lo atraparan en Córdoba.

Jonatan E. Brizuela, alias “Jony-10”, fue capturado el 29 de octubre último, en la vía pública de la provincia de Córdoba, e identificado como líder de la organización criminal, quien contaba con pedido de captura nacional e internacional.

Posteriormente, y con los recaudos legales del caso, fue extraditado a la ciudad de Santa Fe este martes por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) santafesina; y quedó alojado en la Seccional 7º de la URI, a disposición de la fiscal María Laura Urquiza, quien lo llevará a audiencia imputativa el próximo viernes por delitos contra la propiedad reiterados.

Fue a partir de las tareas de la Sección Inteligencia Táctica de la Policía de Investigaciones Región I que se logró el esclarecimiento de al menos trece robos cometidos entre los meses de octubre y diciembre de 2024, y la desarticulación de dicha organización criminal, con participación de personas provenientes de distintas provincias.

La investigación se inició en octubre de 2024, a raíz de un pedido de colaboración formulado por el fiscal Eric Fernández, en el marco de una causa por abuso de arma de fuego.

De las primeras diligencias surgió como presunto autor del delito un hombre identificado como L.R.N., lo que derivó en una línea de trabajo que permitió descubrir la existencia de una organización delictiva dedicada a cometer robos en viviendas particulares bajo la modalidad de “escruche”.

Mediante análisis de registros fílmicos, tareas de campo y seguimiento en redes sociales, el personal de inteligencia determinó que los investigados integraban una banda organizada que seleccionaba a sus víctimas, les robaban las llaves y documentación de sus vehículos (en su mayoría Toyota Hilux), para luego ingresar a los domicilios y sustraer efectos de valor.

Cabe recordar que durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, se efectuaron múltiples allanamientos y procedimientos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad de Santa Fe, logrando la detención de doce (12) personas, y el secuestro de abundante material probatorio.

Asimismo, se mantuvo coordinación con la Policía de Investigaciones de Mendoza, confirmándose la detención de cuatro integrantes oriundos de Córdoba, quienes fueron posteriormente imputados en los tribunales de Santa Fe.

La Policía de Investigaciones (PDI) con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo este domingo a tres personas en Villa Constitución sospechadas de estar vinculadas a una causa de amenazas calificadas y microtráfico de drogas. Durante el allanamiento efectuado en una vivienda del barrio Las Palmeras, los efectivos secuestraron droga fraccionada tanto para la venta como para fragmentar, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos de interés para la investigación a cargo del fiscal Ramiro Martínez, del Ministerio Público de la Acusación.

A raíz de una denuncia por amenazas calificadas radicada el pasado 11 de septiembre, la PDI llevó adelante una serie de tareas investigativas y logró identificar un domicilio en barrio Las Palmeras vinculado no solo al hecho denunciado, sino también a la presunta comercialización de estupefacientes.

En cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del Distrito Judicial N°14, a cargo de Ignacio Vacca, personal del Departamento Operativo de la PDI – Región II, Distrito Constitución, junto al GOT, llevó adelante el allanamiento en una finca de Cabildo al 0.

Como resultado del procedimiento detuvieron a Walter J. F. (34 años), Agustín C. (22) y María F. C. (20) y secuestraron material estupefaciente que sería cocaína fraccionada en 95 dosis, un trozo compacto con la misma sustancia de 41,1 gramos y una pequeña porción adicional que permite preparar dos dosis más (0,4 g.), $ 593.520 en efectivo, 7 teléfonos celulares de diversas marcas y modelos, elementos de corte y preparación utilizados para el fraccionamiento.

Por disposición del fiscal interviniente, los tres detenidos fueron trasladados al Módulo de Detención Transitoria de la Unidad Regional VI, quedando a disposición de la Justicia.

Los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa, que ahora avanza bajo la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso con amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

El combate al narcomenudeo volvió a mostrar resultados concretos en la capital provincial. En una serie de allanamientos simultáneos realizados en el norte de la ciudad de Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló varios puntos de venta de droga y secuestró cocaína, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

Las intervenciones estuvieron coordinadas por la División Microtráfico, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las medidas fueron ordenadas por el juez Martín Manuel Torres, del Colegio de Jueces de Primera Instancia, y solicitud de la fiscal Rosana Peresín, de la Fiscalía Regional I.

En total, se allanaron cuatro domicilios situados en los barrios Nuevo Horizonte y San José, donde la PDI irrumpió de forma simultánea en una investigación que se venía gestando desde hace semanas.

En una vivienda de calle Jauretche, entre Sarsotti y Pedro Espinosa, los agentes hallaron dos trozos compactos de cocaína (15 gramos), una balanza de precisión, tres cámaras de videovigilancia, una de ellas con tarjeta de memoria, y 98.050 pesos en efectivo.

Todo fue secuestrado por disposición judicial y remitido al área de peritajes de la PDI.

Otro procedimiento, esta vez en una casa de Azcuénaga al 3800, arrojó el secuestro de 26 envoltorios de cocaína, utensilios con restos de la sustancia, papeles satinados, recortes de nylon, una balanza y 162.700 pesos.

En ese domicilio se encontraba una adolescente de 14 años, cuya situación fue puesta en conocimiento de la Subsecretaría de la Niñez y del equipo local de la Municipalidad de Santa Fe.

En otro de los puntos investigados, sobre República Dominicana entre Azcuénaga y Matheu, los policías encontraron pipas y cucharas utilizadas para el consumo, una de ellas con restos de cocaína. Las tres mujeres presentes fueron notificadas en libertad por infracción a la Ley Nacional 23.737.

Finalmente, en una vivienda de calle San José, entre Matheu y Azcuénaga, la PDI detuvo a una joven de 18 años, embarazada, identificada como Milagros Moreno. En su poder se incautaron 49 envoltorios de cocaína, un teléfono celular y 148.900 pesos. La mujer quedó imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron el trabajo conjunto entre la PDI, el MPA y el Poder Judicial, en el marco de la política provincial contra el microtráfico.

Las investigaciones continuarán para determinar si los domicilios allanados formaban parte de una red de distribución local, que abastecía distintos puntos del norte santafesino.

La ciudad de San Justo amaneció este viernes con un fuerte despliegue policial que sorprendió a sus habitantes. Desde muy temprano, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, todos enmarcados en una causa por microtráfico de estupefacientes.

Los procedimientos, producto de una investigación que demandó varias semanas de trabajo, culminaron con la detención de más de 10 personas y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa: material estupefaciente fraccionado y listo para la venta, dinero en efectivo, balanzas de precisión, anotaciones, un arma de fuego, correaje, una pistolera plástica y vehículos.

La magnitud de los allanamientos no pasó desapercibida en la comunidad, ya que varias manzanas quedaron copadas por móviles, agentes y grupos tácticos de la fuerza provincial.

Fuentes oficiales confirmaron que la investigación se orienta a desbaratar distintas bocas de expendio que operaban en la ciudad y que mantenían en vilo a los vecinos con el incesante movimiento de consumidores y vendedores.

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Daniela Montengroso, quien dispuso la detención de los sospechosos y la continuidad de las actuaciones judiciales.

No se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días, mientras se analiza la información incautada.

Un megaoperativo ordenado por la Justicia Federal y realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) dejó al descubierto una red de explotación laboral en la costa santafesina. En total, 42 personas mayores y dos menores de edad fueron rescatados de un establecimiento ubicado sobre la ruta provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 17.500 en Arroyo Leyes.

Las tareas estuvieron supervisadas por el fiscal federal Walter Rodríguez y contaron con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas, Criminalística, UATRE, RENATRE y la Coordinación de Rescate Nacional.

En el marco de la investigación el personal policial procedió a la detención de un joven de 25 años, sindicado como el principal responsable de la maniobra delictiva, y al traslado de otro hombre de 64 años vinculado a la causa.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron un arsenal de armas de fuego y municiones, además de documentación clave que permitirá profundizar la pesquisa. Entre lo secuestrado figuran escopetas, revólveres, pistolas, cargadores y más de 300 cartuchos de distintos calibres. También fueron decomisados teléfonos celulares, computadoras, documentación contable, una camioneta Amarok, más de 10 millones de pesos en efectivo y 4.205 dólares.

Los rescatados fueron asistidos inmediatamente por personal especializado en trata de personas y puestos bajo resguardo. Se sospecha que eran sometidos a jornadas laborales extenuantes, en condiciones indignas y sin las mínimas garantías.

Desde la Justicia se adelantó que la investigación continuará para determinar la magnitud de la red, identificar a posibles cómplices y garantizar la protección integral de las víctimas.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal llevadas adelante por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal.

Con una orden judicial librada por la jueza Claudia Graciela Bressan, personal de la División Microtráfico de la PDI-Región IV realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 99 al 440 del barrio Carmen Luisa, en la ciudad de Reconquista.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 12 envoltorios de cocaína con un peso de entre 0,6 y 0,7 gramos cada uno, además de un trozo compacto de la misma sustancia con un peso de 1.048 gramos. En total, la droga incautada alcanzó los 1.055,4 gramos.

También se confiscaron ocho teléfonos móviles, una computadora portátil, una cámara tipo domo con una tarjeta de memoria de 16 GB y 21.700 pesos en efectivo.

Por disposición del fiscal interviniente, Juan Sebastián Marichal, la mujer fue detenida y trasladada a sede policial, quedando a disposición de la justicia competente.

La búsqueda de Damián Strada, vecino de  María Luisa  reportado como desaparecido el pasado lunes, tuvo un giro dramático en menos de 48 horas. Su cuerpo apareció sin vida en un descampado cercano a Laguna Paiva, con signos de haber sido parcialmente quemado, y por el hecho ya hay dos personas detenidas.

Seguridad, el jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Las Colonias y la secretaria de Seguridad, Virginia Coudannes, ofrecieron detalles del procedimiento que conmueve a toda la región.

Rastreo con drones y perros

Según explicaron, el operativo comenzó con el pedido de paradero y rápidamente derivó en un despliegue coordinado entre la Unidad Regional XI de Las Colonias, encabezada por el jefe Rodrigo Villalba, la Unidad Regional I, Fiscalía y PDI.

El trabajo conjunto incluyó análisis de cámaras de seguridad de Laguna Paiva y Nelson, rastreos con drones, canes detectores y peritajes de telefonía celular. Fue precisamente la geolocalización de la línea del desaparecido la que dio un indicio clave: la zona donde finalmente se produjo el hallazgo.

En el lugar trabajó personal de criminalística, que constató que el cuerpo presentaba quemaduras en el torso y el rostro. Los peritos levantaron material de interés y ahora se aguardan los resultados de la autopsia para establecer si las lesiones fueron provocadas antes o después de la muerte.

Amistades "peligrosas"

En paralelo, la investigación permitió ubicar a dos sospechosos: una mujer y un hombre —supuestamente su pareja— que habrían mantenido una relación de amistad con Strada.

La primera fue aprehendida en allanamientos realizados por la PDI, mientras que el segundo cayó en el barrio Paproski de Monte Vera. Ambos quedaron a disposición del fiscal Alejandro Benítez, quien dispuso el secuestro de diversos elementos para pericia.

La moto de la víctima también apareció abandonada en las inmediaciones, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado. Sin embargo, desde la PDI advirtieron que aún no se puede confirmar el móvil ni la mecánica exacta del hecho.

"Se trata de personas conocidas entre sí, pero todavía no hay certezas sobre los motivos", precisaron desde la investigación. El resultado de la autopsia y los informes periciales serán determinantes para reconstruir la secuencia final que terminó con la vida de Strada.

En una audiencia realizada el martes, un hombre fue imputado en el marco de una investigación por juego clandestino en Venado Tuerto. Según informaron desde Fiscalía, recuperó la libertad bajo fianza y con estrictas reglas de conducta.

La causa se inició a mediados de 2024 tras una denuncia presentada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena. Desde entonces, el fiscal Iván Raposo encabezó múltiples allanamientos en Venado Tuerto y la región, que derivaron en la detención de al menos seis personas vinculadas a la organización ilegal.

El último operativo se concretó el sábado 6 de septiembre en un domicilio de calle Tucumán, entre Rivadavia y J. B. Alberdi, por la Policía de Investigaciones (PDI) Región III. Durante el procedimiento, se secuestraron tres notebooks, tres teléfonos celulares y se detuvo al habitante de la vivienda.

Antecedentes del caso

En septiembre de 2024, la PDI había realizado dos allanamientos que derivaron en la detención del presunto cabecilla de la red y el secuestro de elementos clave para la investigación. Posteriormente, en agosto de este año, se concretaron cuatro allanamientos más, con la detención de cuatro personas y el secuestro de teléfonos, computadoras y documentación vinculada al juego ilegal.

Según explicaron desde Fiscalía, los procedimientos actuales se basaron en el análisis del celular de Matías P., secuestrado en 2024. Allí se determinó que actuaba como “cajero” para al menos tres personas, entre ellas Álvaro R. (ya detenido) y Tomás M. (prófugo), e incluso intentó operar como cajero en la plataforma administrada por Georgina T..

La investigación también identificó comprobantes de pago de fichas y premios, realizados a través de financieras, y el uso de cuentas de terceros y sociedades comerciales para canalizar el dinero del juego ilegal.

Denuncia y coordinación con la Lotería

El caso comenzó en julio de 2024, cuando la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, y Di Lena firmaron un convenio para combatir y prevenir el juego ilegal. Tras la denuncia, se realizaron allanamientos en Venado Tuerto y Carmen, y aunque sin resultados positivos, también en Córdoba y Buenos Aires.

La investigación permitió reconstruir la estructura de la red:

El caso sigue en investigación, con la fiscalía trabajando sobre nuevos elementos que podrían derivar en más imputaciones.

Una investigación judicial por enriquecimiento ilícito en la comuna de Villa Saralegui, ubicada en el departamento San Cristóbal, derivó en la detención este jueves, del ex mandatario comunal, Walter A. Sola.

El caudillo local fue apresado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en una causa que lleva adelante la fiscal de Delitos Complejos del MPA, la Dra. Bárbara Ilera. Además, se encuentra privado de la libertad su hijo Nicolás.

La noticia comenzó a circular a media mañana y este mediodía fuentes del MPA confirmaron sendas detenciones.

Aunque la causa remite al pueblo de VIlla Saralegui, los allanamientos -unos diez en total-, se realizaron este jueves en la ciudad de San Justo, ubicada a 33 km al oeste, por ruta provincial Nº 2.

Una mutual, un hotel, un estudio contable, comercios y viviendas particulares, estaban siendo resguardados esta mañana por la fuerza policial especializada, que contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de distintas unidades regionales de la zona.

Las detenciones se produjeron como resultado de una denuncia iniciada en 2023 y ampliada en 2024, cuando un grupo de productores rurales de la zona pusieron bajo sospecha el destino de los fondos recaudados en concepto de la tasa por hectárea, que desde su asunción tuvo aumentos exorbitantes, alcanzando cifras de hasta el 400%.

En ese entonces se produjo lo que se denominó una “rebelión fiscal” por parte de los productores locales, que ya habían instalado el caso a nivel nacional, luego de un hecho de violencia en octubre de 2022, cuando los Sola -padre e hijo-, golpearon al productor Leonardo González Kees, vecino del lugar y cuñado del diputado nacional José Luis Espert.

Por ese hecho, Walter y Nicolás Sola deberán enfrentar un juicio oral, fijado primeramente para agosto, pero reprogramado para el 17 de octubre próximo, bajo los cargos de "lesiones, daños y amenazas".

Entre tanto, el 7 de marzo de 2024 el nombre de Sola volvió a los medios, cuando fue acusado de instigar una tentativa de homicidio, cuando un ladero suyo -Rodrigo Nicolás Basigaluppo, quien actualmente está detenido- atacó a balazos a Matías Gamboa, quien lo había enfrentado en las últimas elecciones y había salido electo como primera minoría.

En la tarde del domingo, un violento episodio de sangre se registró en la zona noreste de la ciudad de Coronda. Allí, en inmediaciones de bulevar Oroño y las vías del ferrocarril, un joven de 29 años resultó con serias lesiones de arma de fuego.

La víctima fue identificada como A. Z., domiciliado en barrio Guadalupe, quien debió ser trasladado en ambulancia primero al Samco local y luego, en estado crítico, derivado al hospital Cullen de Santa Fe, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Según se supo, Z. recibió impactos de bala en el tórax, abdomen y en un talón, lo que derivó en su inmediato traslado. Al momento de la llegada de los efectivos policiales, el lugar del hecho no se encontraba preservado, lo que dificultó el trabajo de los peritos.

Personal de la División Científica Forense de la PDI realizó un rastrillaje en la zona de viviendas precarias que rodean las vías, aunque la búsqueda de vainas servidas o rastros de interés arrojó resultados negativos.

En tanto, en cercanías al cruce de Oroño y las vías se localizó una motocicleta Gilera Smash 110cc, que sería propiedad de la víctima. La misma fue relevada en el lugar, aunque no se hallaron indicios criminalísticos de importancia.

El caso quedó en manos de la Fiscalía del Departamento San Jerónimo, a cargo del Dr. Gustavo Persello, quien ordenó las medidas de rigor para intentar esclarecer lo sucedido y dar con los autores del brutal ataque.

En el marco de múltiples allanamientos encabezados por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, dos personas mayores de edad y un menor fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Se los investiga por su presunta participación en amenazas y extorsiones cometidas en Villa Gobernador Gálvez.

De acuerdo con la pesquisa, dirigida por el fiscal Pablo Socca, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los implicados estarían relacionados con la denominada “Banda del Gordo Dany”, y tendrían nexos con Héctor Noguera y Gastón Landriel, ambos detenidos en unidades penitenciarias por causas vinculadas a asociación ilícita, abuso de armas y extorsiones ocurridas en el Gran Rosario.

Los procedimientos fueron ordenados por el Equipo de Abordaje para Delitos Cometidos con Armas de Fuego del MPA y ejecutados por personal de la Brigada de Capturas y el Equipo de Microtráfico de la PDI. Se originaron tras un hecho ocurrido el 11 de julio en la avenida San Diego al 400, donde un grupo de personas prendió fuego la entrada de un local comercial y dejó una nota con amenazas y un número telefónico. La línea consignada en el papel estaba registrada a nombre de Landriel.

A partir del análisis de la información recolectada, se desplegaron tareas investigativas para establecer responsabilidades en el hecho. Como resultado, se ordenaron 15 allanamientos que derivaron en la detención de los tres sospechosos, quienes fueron trasladados a la sede de la PDI.

Durante los operativos, los agentes incautaron dos armas de fuego, municiones, cargadores, 18 teléfonos móviles, tres motocicletas, un cuatriciclo, dinero en efectivo, dos pendrives y documentación considerada de interés para la causa.

Las medidas judiciales se enmarcaron dentro del Plan de Persecución Penal Estratégico del MPA y se concretaron en los siguientes domicilios: dos viviendas en Dorrego al 100, cuatro en Thompson al 100, dos en Nogués al 200, una en Thompson y San Juan, otra en Edison al 100, una en San Juan y Córdoba, otra en Roma al 200, una en Campbell al 1600 bis, otra en Platón al 800 y una más en pasaje Capuchino al 2000.

El sujeto se fugó por los techos y se tiró desde una casa. Lo atraparon herido y lo trasladaron al hospital Cullen. También cayó otro prófugo por tentativa de homicidio y a una mujer por encubrimiento.

Durante la mañana de este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) Región I llevó adelante un extenso despliegue en el marco de una causa por tentativa de femicidio. En total, se concretaron nueve allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe y de Recreo, los que habían sido solicitados por la fiscal Luciana Escobar Cello y autorizados por la jueza Cecilia Labanca.

Las irrupciones se concretaron de forma simultánea en domicilios ubicados en Ayacucho al 6200, y Azcuénaga al 1700 (tres procedimientos) en la ciudad de Santa Fe.

En tanto, en Recreo se allanaron viviendas en Venezuela y Rosario; Alberdi al 1800; Sargento Chile al 1300; Mateo Booz y Cayetano Silva; y Carlos Sánchez S/N (zona rural).

La caída de un prófugo

El resultado más importante del procedimiento fue la detención de R.G., de 34 años, quien tenía pedido de captura por intento de femicidio. El hecho que se le atribuye ocurrió el pasado 26 de febrero, cuando una mujer de 24 años ingresó al hospital Cullen con una herida punzocortante en el cuello, tras ser atacada en una vivienda de Recreo.

Del análisis de las lesiones recibidas por la víctima —herida punzocortante en zona cervical—, y del testimonio brindado en Cámara Gesell, se infiere con claridad la intención del acusado de causarle la muerte.

La víctima refiere que tras una discusión, el imputado tomó un cuchillo de cocina y le dijo 'de acá no salís viva'. El accionar fue interrumpido por vecinos que alertaron los gritos y solicitaron auxilio.

R.G. fue localizado en una de las viviendas allanadas de la zona de Venezuela y Rosario, pero al advertir la presencia policial intentó huir por los techos y se arrojó desde lo alto.

Pese a la temeraria maniobra, fue reducido por los agentes de la División Capturas. Debido a posibles lesiones (fractura en la pierna o cadera), se solicitó asistencia médica y fue derivado al hospital Cullen con custodia policial.

Drogas, encubrimiento y más detenidos

Además de la detención de R.G., los allanamientos arrojaron otros resultados positivos. Fue aprehendido otro sujeto que tenía pedido de captura por tentativa de homicidio, y una mujer fue detenida por encubrimiento.

En uno de los inmuebles allanados, los efectivos hallaron material estupefaciente, el cual fue debidamente secuestrado para su análisis e incorporación a la causa.

Del procedimiento participaron agentes de la División Capturas, Brigada de Femicidios, equipos tácticos de distintas Unidades Regionales, y personal especializado en investigaciones de delitos contra la integridad de las personas.

Este jueves, en el marco de una investigación por microtráfico, personal de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en Europa 8400, en la ciudad de Santa Fe, donde secuestró más de 700 panes compactos de marihuana y detuvo a una mujer.

El procedimiento se realizó bajo la coordinación del fiscal Ignacio Páez de la Torre y por orden de Gustavo Urdiales, con intervención de Andrés Marchi. Durante la requisa, los efectivos hallaron 714 ladrillos de marihuana, con un peso total aproximado de 512 kilos.Ante el hallazgo, se solicitó la presencia de personal especializado, que realizó las pruebas de campo correspondientes, confirmando que se trataba de cannabis. En consecuencia, se procedió al secuestro del material y a la detención e incomunicación de M.A.M., de 36 años, domiciliada en el lugar.

El cargamento quedó bajo resguardo en la División Microtráfico de la Región 1, mientras continúan las actuaciones judiciales y se profundiza la investigación sobre el posible destino del material incautado.

Durante la mañana del martes, se llevó a cabo el derribo de un búnker narco en el barrio Villa del Parque, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. La medida fue dispuesta por la Justicia y solicitada por la fiscal Yanina Tolosa, en el marco de una causa por microtráfico priorizada por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

El operativo tuvo lugar en un inmueble precario ubicado en Manuel Leiva sin número, entre Cristo Obrero y el pasaje Unidad. En el lugar no vivía ninguna familia: era utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes.

El subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad, Sebastián Montenotte, explicó que "en el marco de la ley de implementación de la ley de microtráfico está prevista la desafectación de los inmuebles que se usan como puntos de venta de estupefacientes".

"A partir de una audiencia que se llevó adelante el viernes de la semana pasada, a cargo de la fiscal Tolosa, se pidió destruir este inmueble donde se comercializaban drogas. Estamos llevando adelante la medida ahora", confirmó.

Montenotte destacó además: "Volvemos a estar en una zona donde muchas veces hemos venido por situaciones de violencia, y hoy afortunadamente venimos a destruir este punto de venta, que seguramente había generado no solo delitos de comercialización de estupefacientes, sino también otros delitos asociados cometidos por distintas bandas y delitos predatorios".

"La destrucción es exclusivamente de este punto de venta, que tenía fines de comercialización y consumo. No tenía condiciones para habitar, como baño ni cocina. Las veces que estuvimos presentes haciendo el reconocimiento previo, vimos que había sido usado como lugar para venta", cerró.

Por su parte, la fiscal Yanina Tolosa detalló que el inmueble demolido se encontraba en una "zona de hechos donde se dan delitos altamente lesivos, donde hay llamados al 0800 o al 911 denunciando detonaciones de arma de fuego, personas con portación de arma blanca o de fuego, amenazas".

"Entonces es muy propio que se puedan llegar a dar en estos lugares construcciones precarias, donde el objetivo es la compra-venta de estupefacientes", agregó.

La funcionaria judicial reveló que la existencia del búnker fue advertida "a través de un patrullaje de Gendarmería Nacional. Ahí fue que, por un hecho en flagrancia, desde la fiscalía se toman medidas, se inicia la investigación, hay una persona que está investigada al respecto, y dentro de esta pesquisa es donde se advierte uno de los denominados búnkers".

"Surge la medida que solicitamos ante un juez el viernes —en este caso fue el doctor Lazzarini—, que la autorizó, y hoy la estamos llevando a cabo", explicó Tolosa.

Además, la fiscal señaló que se trabajó con distintas fuerzas: "Se hace un relevamiento previo desde División Microtráfico y Criminalística de la PDI, que trabajan para determinar si había una familia viviendo, si el objetivo seguía activo, etc. También se articula con geolocalización, catastro, etc."

Sobre el impacto en la comunidad, Tolosa fue clara: "Esta medida de seguridad impacta directamente en los vecinos que viven acá. Ellos denuncian que sus hijos no pueden ir a la escuela solos, o a la copa de leche; no pueden salir a hacer los mandados o ir a sus trabajos. Gente que se levanta muy temprano, va a tomar el colectivo y cuando sale ve permanentemente personas involucradas en actividades ilícitas".

"Las denuncias pueden hacerse a través de la página web del MPA, de manera online desde la computadora o el celular. También en una comisaría, en los Centros Territoriales de Denuncia, o por supuesto, al 0800 o al 911. El vecino que está en el lugar puede aportar datos clave que son tomados por el operador y comunicados a la policía", concluyó.

En tanto la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, destacó que este operativo "es el cuarto derribo en la ciudad de Santa Fe y ya llevamos más de 60 en toda la provincia".

"Cabe destacar otros puntos en la parte centro-norte de la provincia, como el departamento Castellanos, Frontera; y hace unos días estuvimos en Esperanza", recordó.

"Esto es una política de Estado que tiene que ver con una decisión, un acompañamiento legislativo, pero sobre todo con un trabajo mancomunado entre el MPA, el Ministerio de Seguridad, la PDI y las fuerzas de seguridad. Para nosotros es muy importante todo lo que la gente nos pueda transmitir", subrayó.

"Recién hablábamos del 911: eso es fundamental. Se puede denunciar de manera anónima. Nosotros lo catalogamos como información importante y eso se trabaja articuladamente con el MPA todas las semanas", finalizó Coudannes.

Durante la noche del jueves, un macabro hallazgo sacudió a la ciudad de Santo Tomé. Minutos después de las 21 hs personal de la Policía de Investigaciones (PDI) fue comisionado a una edificación abandonada ubicada en avenida Ejército Argentino al 2800, en el sector oeste de la ciudad, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior del predio.

El sitio en cuestión es una vieja fábrica que, con el paso del tiempo, se convirtió en un lugar sin custodia ni medidas de seguridad, frecuentado por personas en situación de calle y ocupas.

El primero en dar aviso fue un hombre de 72 años que se presenta como cuidador del lugar. Cerca de las 18.30 se acercó a la Comisaría 12da para informar que había sentido un olor nauseabundo proveniente de una de las habitaciones internas del edificio.

Al acercarse a verificar, notó la presencia de un cuerpo humano tendido sobre un colchón y cubierto con una frazada. De inmediato, dio aviso a la policía.

La escena fue relevada por peritos del Departamento Criminalístico y de la División Científica Forense, bajo directivas del fiscal Estanislao Giavedoni. El cadáver se encontraba en una habitación techada, en el piso, sobre un colchón. A su alrededor, había pastizales crecidos y signos de abandono general.

Los investigadores tomaron registros fotográficos y realizaron planimetrías del lugar. En tanto, personal especializado en huellas y rastros efectuó una minuciosa búsqueda de indicios, que arrojó resultado negativo.

El cuerpo —que aún no fue identificado— presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que no fue posible realizar un examen externo detallado. El médico policial, aconsejó realizar una autopsia para establecer las causas precisas del deceso.

El fiscal Giavedoni dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, junto con sus pertenencias, y la continuación de las actuaciones bajo la figura de "investigación de muerte".

Las circunstancias que rodean este hallazgo son materia de investigación. Por el momento, no se pudo confirmar si se trató de una muerte natural, un suicidio o un hecho de violencia. Tampoco se descarta que la víctima haya estado viviendo en ese lugar desde hace un tiempo.

El predio donde ocurrió el hecho permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias judiciales.

Durante la mañana del viernes, alrededor de las 6:30, un hecho delictivo sacudió la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe. Delincuentes ingresaron a las oficinas legislativas del senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, ubicadas en calle 9 de Julio al 1600, junto al Juzgado Federal.

Según se supo, los autores forzaron una ventana, generando daños y desorden en el interior.

Personal de la Brigada Motorizada fue alertado por el sistema de emergencias 911 y llegó al lugar poco después de ocurrido el robo.

Al inspeccionar el inmueble, los agentes constataron una ventana con la persiana levantada y el vidrio roto. Dentro del despacho, encontraron cajones revueltos y papeles desordenados.

A los pocos minutos, arribó al lugar un hombre identificado como Grioglio Andrés, de 35 años, quien indicó que había sido informado del hecho por su jefe y verificó la faltante de diversos elementos.

Entre los objetos robados se encuentran un saco y un traje de vestir negro, resmas de hojas, una central telefónica, una zapatilla adaptable de color blanco, entre otros elementos del legislador provincial.

Efectivos de la Policía Científica y peritos de la PDI se presentaron en la escena para relevar huellas y otras pruebas que permitan dar con los responsables.

Mientras tanto, la causa fue caratulada como "Daño y Robo" y permanece en investigación.

Se espera que en las próximas horas se analicen las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para obtener pistas sobre los autores del hecho. Por el momento, no hay detenidos.

Una joven mujer que había sido secuestrada fue rescatada este miércoles en la ciudad de Santo Tomé, luego de un operativo organizado y ejecutado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

El procedimiento tuvo lugar en la cuadra de Pueyrredón al 4200, donde la víctima era retenida contra su voluntad por un hombre de 33 años que fue aprehendido en el momento.

Según trascendió, este sujeto había salido pocos días atrás de prisión, donde pasó un tiempo como consecuencia de un grave delito.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) había tomado cartas en el asunto cuando la madre de la muchacha denunció su desaparición.

Según contó la mujer, ella recibió algunos mensajes de pedidos de auxilio de su hija, quien días antes salió del hogar y luego se esfumó.

Durante varios días, los familiares de la joven trataron de contactarla por teléfono, pero todos los intentos fueron en vano. También rastrillaron distintas zonas de la ciudad donde estimaban que podía encontrarse pero con el mismo resultado.

La fiscalía solicitó la intervención de detectives de la PDI que en poco tiempo lograron determinar que la muchacha podía estar retenida en un domicilio santotomesino de calle Pueyrredón al 4200.

Con la autorización judicial correspondiente, los uniformados allanaron el inmueble y en el interior hallaron a la víctima. También allí pudieron arrestar al acusado de privarla de su libertad.

Entre los elementos secuestrados durante la irrupción, se destacan cinco teléfonos celulares que iban a ser peritados.

El detenido, cuyas iniciales son S.G.M., quedó alojado en sede policial a disposición del MPA.

En la noche del miércoles, un hombre de 32 años fue hallado sin vida en su domicilio de calle Lavalle al 4800, en el barrio San Roque de la ciudad de Santa Fe, en cercanías de la iglesia del mismo nombre.

El cuerpo presentaba una herida en el pecho causada por un objeto punzante, lo que motivó una exhaustiva investigación por parte de las autoridades para determinar las circunstancias del hecho.

La Policía fue alertada por un amigo de la víctima, quien relató haber recibido un mensaje de texto en el que su compañero, identificado como Julio Vallejos, anunciaba que se quitaría la vida.

De inmediato, el amigo acudió a la vivienda y encontró a Vallejos en el dormitorio, tendido sobre la cama en posición decúbito dorsal, con las piernas tocando el suelo y un hierro, similar a una estaca de carpa, clavado en el tórax.

Personal de la División Científica Forense de la PDI, junto con autoridades de la Comisaría 3ra y el fiscal de Homicidios, Dr. Marchi, se presentaron en el lugar para realizar los peritajes correspondientes.

La vivienda no presentaba signos de violencia ni desorden, y se recolectaron evidencias como hisopados del hierro utilizado, así como el secuestro de un teléfono celular y una computadora de la víctima.

Como es de práctica, los peritos forenses documentaron la escena mediante fotografías y planimetría, y el médico policial diagnosticó una herida cortopunzante en la región torácica, sin otros signos evidentes de violencia física. Además, se ordenó la realización de una autopsia para esclarecer la causa exacta de la muerte.

En tanto, el fiscal Marchi dispuso que la vivienda permanezca preservada bajo custodia policial por 24 horas mientras avanza la investigación.

Asimismo, se analizarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar si hubo alguna actividad sospechosa alrededor del domicilio en las horas previas al trágico hallazgo.

El caso, catalogado preliminarmente como un suicidio, se mantiene bajo estricta investigación para descartar cualquier otra hipótesis.