La pena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos se reduce a la mitad, tal como prevé la figura de imputado colaborador.

La Justicia determinó este martes que el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad reciba una condena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor. La condena fue acordada mediante un procedimiento abreviado en el cual los fiscales solicitaron que la jueza María Isabel Más Varela revise la figura de imputado colaborador y, en caso de aceptarla, reduzca la pena a tres años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer un cargo o empleo público. La magistrada homologó el acuerdo y aceptó reducir la pena.

“El juicio abreviado es por 6 años. Pero como se lo considera imputado colaborador porque aportó datos a la investigación, la fiscalía solicitó una reducción de la pena que la jueza aceptó. Eso implica que convalidó que los datos que aportó a la investigación son veraces”, indicó una fuente judicial, que agregó: “Lo importante es que con esto se convalida las declaraciones y los aportes que dio Ponce a la investigación”.

Los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía le atribuyeron a Ponce Asahad “haber conformado una asociación ilícita integrada además por -al menos- el ex fiscal Patricio Serjal, el empresario Leonardo Peiti, Nelson Ugolini (imputados), David Perona (fallecido) y Alejandro Torrisi, quien ya fuera condenado en septiembre de 2020 en procedimiento abreviado a tres años de prisión condicional y una reparación económica de 270 mil pesos como miembro de asociación ilícita en concurso real con asociación y explotación de salas de juego clandestino y tenencia de arma de fuego de guerra.

El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal.

Traferri se presentó en el Centro de Justicia Penal

La organización se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo que el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se encuentra en la ciudad de Rosario. Los organizadores de esta asociación fueron el empresario de juego Leonardo Peiti y el ex fiscal regional Patricio Serjal, mientras que el resto de las personas antes nombradas participan en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.

De acuerdo a lo que afirman desde Fiscalía, así ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos. Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde mediados de diciembre de 2018 (fecha en la cual afirma Leonadro Peiti haberse encontrado por primera vez con el imputado, en su carácter de Fiscal Adjunto, para ofrecerle información sobre sus causas) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario el abogado de Peiti y Ponce Asahad).

El rol en la asociación ilícita de Ponce Asahad consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto para recibir dinero de Peiti, a cambio de transmitirle directa o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tener a Peiti como sospechoso o aquellas que él le solicite o las referidas a juego ilegal.

A mediados de diciembre de 2018 el imputado se comunicó con Leonardo Peiti a fines de informarle que existían en el ámbito del MPA investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas. El imputado junto a Nelson Ugolini obstaculizó la investigación penal por juego clandestino a cargo del Fiscal de Melincué, Matías Merlo, que llevaba como imputado a Leonardo Peiti y otros, informando al imputado la existencia de la investigación y la solicitud de allanamientos, lo que motivó que el fiscal Merlo desista de su realización a consecuencia de esa filtración de información.

Acusan a Sain de digitar una operación política contra Traferri

A sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, el 5 de diciembre de 2018 Nelson Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Gustavo Ponce Asahad, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el fiscal Merlo. Esto les permitió acceder a información vinculada a las investigaciones del fiscal y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos. A sabiendas que Leonardo Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona, dado que Maximiliano “Cachete” Díaz y sus allegados le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo, se reunió junto a Patricio Serjal y le indicaron que no realice medidas de investigación, que no cite a la víctima, afirmando que se habían comunicado con el abogado y éste había informado que estaba fuera de la ciudad.

Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades con Peiti, al menos desde diciembre de 2018, a los fines de recibir el dinero acordado. El imputado concurrió el 17 de junio de 2020 junto con Serjal al Organismo de Investigaciones del MPA (OI), en calle Moreno 1053 de Rosario, y tomó conocimiento de una investigación en curso sobre una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre las que se encontraban Alejandro Torrisi y Peiti. El imputado le informó a Peiti de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso y le pidió U$S 100.000 dólares para evitar que prospere dicha investigación. Así también se reunió con Peiti. en Bv. Oroño esquina Mendoza en diversas oportunidades y recibió el dinero acordado.

Por su parte en el 2019 y previo a su viaje a Italia, le requirió a Peiti dinero extra y éste le entregó euros y dólares que equivalen a dos de los pagos mensuales que en esa época entregaba. El condenado. concurrió a un encuentro con Peiti el 9 de julio de 2020, a las 12.30, en el Pje. Rosales de Rosario y acordaron que aquél entregaría U$S 10.000 dólares ese mismo día, por la tarde. Esa entrega se concretó a las 18 aproximadamente, en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario o Centro Cultural Árabe, sito en Dorrego 1251 de Rosario. Ponce Asahad se reunió con el abogado defensor de Peiti en una cochera sita en calle Jujuy entre Alvear y Santiago de la ciudad de Rosario, a las 21.40 aproximadamente a los fines de manifestarle que no lo denuncie ni a Patricio Serjal.

Los fiscales sumaron una conversación por Telegram del empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini con la fiscal de San Lorenzo.

La reimputación contra el ex fiscal regional Patricio Serjal por pertenecer a una asociación ilícita de protección del juego ilegal tuvo este lunes a la tarde como arista más novedosa un hecho sin embargo esperado: por primera vez se expuso en una audiencia penal la carga de prueba que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acumularon contra el senador provincial (PJ) Armando Traferri. Los acusadores dijeron allí que el rol del legislador fue haber tenido conocimiento del vínculo del empresario Leonardo Peiti con el juego ilegal en la provincia y que, aprovechando sus influencias como senador de Santa Fe, fue el encargado de vincular al ex fiscal regional Serjal y al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, hoy presos, con el capitalista Peiti, a fin de orquestar una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal.

Los fiscales señalaron que la asociación ilícita que de acuerdo a su teoría integran como organizadores Serjal, Traferri y Peiti también tenía como integrantes al empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini, que filtraba información desde las fiscalías a Peiti; a Maximiliano “Cachete” Díaz, que era un extorsionador en nombre de la banda de Los Monos; al recientemente fallecido David Perona, que era capitalista de juego ilegal en Rafaela, y al ex comisario Alejandro Torrisi, que ya está condenado por haber recibido dinero en casinos clandestinos de Villa Gobernador Gálvez controlados por Peiti.

Lo que siguió fue la descripción de numerosos encuentros de Traferri, con Peiti, con Serjal y con Ponce Asahad. De hecho los fiscales emitieron un audio de la red Telegram que detectaron este lunes a la mañana, de acuerdo a lo que explicaron. En ese audio habla el empleado del MPA Ugolini habla con la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena. En ese audio se escucha que Ugolini le dice: “No creo que un fiscal de San Lorenzo lo pueda tocar a Traferri porque es lo más peligroso que podés hacer (…) Si es acá en Rosario para tocarlo a Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo y por Serjal sí o sí porque si no no lo pueden tocar”. El audio, indicaron los fiscales, estaba guardado en una carpeta de Telegram de un celular de Ugolini del 6 de febrero de 2020.

“En sus declaraciones tanto Ponce como Serjal borraron sus conversaciones con el senador Traferri. También la información del contacto. No obstante eso pudo ser recuperado de sus teléfonos”, dijo el fiscal Schiappa Pietra.

Para los fiscales la duración de la asociación ilícita fue al menos entre el 24 de abril de 2017, tras una reunión entre Traferri y Serjal en la sede del MPA de Rosario de Montevideo 1962, y el 24 de julio de este año, cuando se reunieron en una cochera en Jujuy al 2300 el abogado de Peiti, Luis Rossini, con el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.

Luego de esa reunión en el garaje, Traferri, dicen los fiscales, se reunió con Ponce Asahad para informarle que iban a incriminar a Patricio Serjal. Los fiscales dicen que Peiti se había encontrado un mes antes con el senador para indicarle que Serjal le había reclamado 100 mil dólares a fin de frenar una investigación en su contra. Creen los fiscales que eso indujo a Traferri a despegarse del ex fiscal regional. El 27 de julio Luis Rossini, que es abogado de Peiti, se presentó en el MPA y dijo que tenía elementos para conectar a Serjal con delitos ligados a su cliente. Luego Peiti confesó como imputado arrepentido que pagaba coimas al regional para que no persiguieran penalmente sus negocios de juego ilícito.

A Serjal, sentado en el estrado frente a la jueza Eleonora Verón, los fiscales le adjudicaron haber abusado de su cargo dando directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal.

Les atribuyeron haber mantenido distintos encuentros y reuniones. El primero el 24 de abril de 2017 entre Traferri y Serjal en la sede del MPA de Montevideo 1968 para coordinar una reunión con Leonardo Peiti y de esta forma vincularlo con la fiscalía.

Con igual fin, Traferri se encontró con Peiti en Ricardone el 29 de abril de 2017 a las 19, aproximadamente. A mediados de 2019, Traferri, según los fiscales, se reunió con el ex asesor legislativo Darío Scataglini, Peiti y el abogado José Fernandez Chemes en su oficina de San Lorenzo para hablar sobre juegos de azar. El abogado Fernández Chemes es el esposo de la contadora de Peiti.

El 8 de septiembre del 2017 a las 15 Peiti fue a buscar dólares a una financiera del centro de Rosario y luego se encontró con el senador en un bar de Dorrego y Córdoba. “Los teléfonos de ambos son captados por las antenas de la zona. Esto para nosotros sugiere que se fue a concretar un pago”, dijo Schiappa Pietra.

El 10 de diciembre de 2019, luego de que tomó estado público el caso de que ligaba a Serjal con la compra irregular de dos vehículos Toyota en una causa penal archivada por el propio Serjal al dueño de esa concesionaria, Traferri se reunió con el fiscal Ponce Asahad en el bar de la Librería El ateneo de la peatonal Córdoba.

Entre los indicios colectados hay una conversación que Peiti mantuvo con el ex secretario Legislativo del Senado Ricardo Paulichenco captada en un audio que fue difundido en la reunión. Allí Paulichenco, que falleció en diciembre pasado y fue apoderado del PJ, dijo que Traferri se juntaba a hablar al día siguiente con el ministro de Justicia y el fiscal general “por el tema que me pasaste del 301”, en referencia al artículo del Código Penal que penaliza las variantes de juego ilegal.

Según los fiscales, eso lo que indica es que Traferri se dedicaba a vender influencias en favor de la actividad ilícita de Peiti. En esa misma conversación, Paulichenco, según los fiscales, le dice a Peiti: “Che, para el viernes traeme plata”. La respuesta de Peiti fue: “Dale, madame audio, dejá de hablarme por teléfono que vamos a terminar todos en Cincinatti, demente”, en referencia aparente a la cárcel de máxima seguridad de esa ciudad norteamericana.

La conversación fue captada para la causa penal en la que el fiscal de Melincúe Matías Merlo investigaba a Peiti desde hacía tres años. El día de ese diálogo fue el 23 de agosto de 2017. En esta causa, sostuvo Schiappa Pietra, hay 240 CD de evidencia que aún no terminaron de escucharse.

Schiappa Pietra dijo que la esposa de Paulichenco reconoció que la del audio era la voz de su esposo. También remarcó que el secretario legislativo tenía un fluido intercambio de mensajes telefónicos con Traferri de modo especial.

Respecto de la causa de Melincué, que es de 2017, su valor destaca por las declaraciones recientes de Gustavo Ponce Asahad, donde revela que en esta estructura delictiva del juego clandestino tienen una pata política. “Esta evidencia que encontramos en 2017 Ponce Asahad no la conocía. Su declaración de hace tres semanas pone en contexto el funcionamiento de una organización que podemos escuchar con audios de tres años antes que él no podía conocer. Es el primer fiscal que se autoincrimina por haber cometidos casos de cohecho de esta organización”, dijo Schiappa Pietra.

También destacaron los fiscales que el 9 de julio de este año se encuentran en una cortada cercana a Tribunales Peiti y Ponce Asahad en el Centro Arabe. Por evidencia física se sabe que hubo entrega de dinero. A la noche Peiti le manda un mensaje a su secretaria Brenda Lomello. Le dice: “Estoy contento porque ya dejé todo arreglado. No tengo más problemas con la Justicia de acá. Estoy seco nomás”.

La audiencia terminó, a pedido de la defensa, con un cuarto intermedio sin resolver la situación cautelar de Serjal y Ugolini, sobre quienes los fiscales pedirán prisión preventiva. El trámite se reanudará el miércoles.

El procedimiento es llevado a cabo en Dorrego al 1200 por el Organismo de Investigaciones y la Tropa de Operaciones Especiales. No habrá detenciones, ya que solo se busca secuestrar documentación.

El Centro Cultural Árabe de Rosario, ubicado en Dorrego al 1200, era allanado en la mañana de este miércoles por el Organismo de Investigaciones y la Tropa de Operaciones Especiales. El procedimiento se realiza en el marco de la causa por la que están presos los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad por corrupción ligada al juego clandestino.

El operativo fue solicitado por la Agencia de Criminalidad Organizada. No tenía por finalidad realizar detenciones; solo se busca material y documentación de interés para la investigación. La TOE tuvo que ingresar por la fuerza, ya que no le abrieron las puertas a los uniformados.

Ese lugar ya fue allanado a finales de julio, el mismo día que las fuerzas de seguridad provincial ingresaron en el departamento céntrico de Ponce Asahad, quien por entonces era fiscal.

El Centro Cultural Árabe de Rosario quedó bajo investigación ya que Leonardo Peiti –cuya declaración como “arrepentido” provocó la detención de los ex fiscales– dijo que el 9 de julio pasado pagó a Ponce Asahad unos 10 mil dólares en ese lugar.

Peiti agregó que Ponce Asahad tenía las llaves del Centro Cultura Árabe de Rosario, donde se concretaron encuentros.

La Justicia ordenó el procedimiento en un negocio de venta de vehículos de Eva Perón al 7800 en Rosario. Es por una denuncia contra el titular de esa concesionaria, que fue archivada por el ex fiscal regional. Un mes después, Serjal sacó de allí dos autos marca Toyota.

Este martes hubo novedades respecto de otra causa penal contra el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien fuera destituido luego del escándalo de Fiscalía que también involucró a Gustavo Ponce Asahad. En ese caso, fue allanada una concesionaria de Rosario. Serjal reconoció que archivó una denuncia contra el dueño de ese negocio y un mes después retiró dos autos marca Toyota.

El Organismo de Investigaciones allanó este martes la concesionaria Auto Rosario SA, del empresario Rómulo González. Es por la compra de dos autos tras confirmar el archivo de una causa. El procedimiento fue ordenado por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, donde fue tramitada al denuncia contra Serjal, para sacarla del ámbito de Rosario.

Este es un proceso disciplinario paralelo que se mantenía abierto mientras Patricio Serjal era fiscal regional y mientras la Legislatura debía resolver el pedido de suspensión preventiva que había planteado el diputado Carlos Del Frade.

Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Mariela Jimenez, de Delitos Complejos del MPA de la ciudad de Santa Fe.

Esta causa se originó en noviembre del año pasado, cuando el denunciante perjudicado con el archivo de la causa contra el titular de Auto Rosario, Rómulo González, realizó una presentación penal contra el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, sospechado de corrupción.

El denunciante argumentó su denuncia en una “razonable desconfianza” porque Serjal, quien confirmó el archivo de una denuncia en beneficio de González, compró en la concesionaria de éste dos autos Toyota cero kilómetro 29 días después de haber firmado esa resolución. Son un Corolla y un Etios, ambos versión full, por una erogación que estiman superior a los dos millones de pesos.

Según publicó Rosario3 en ese momento, esta controversia generó que el fiscal general, Jorge Baclini, reabriera la causa por delitos económicos, apartara a Serjal (lo que él mismo solicitó voluntariamente) y enviara las actuaciones para consideración de la Legislatura provincial, bajo advertencia de que los hechos “implicarían” una “violación a la responsabilidad ética y a la transparencia”.

Fue imputado por delitos de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. El ex fiscal negó haberse reunido con el empresario Leonardo Peiti.

El ex fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, Patricio Serjal, llegó este martes cerca de las 14.30 al Centro de Justicia Penal junto a sus abogados para someterse a la audiciencia imputativa. Durante la audiencia, los fiscales que llevan adelante la causa contra el ex jefe de fiscales pidieron la prisión preventiva sin plazo.

Al comienzo de la audiencia, el fiscal Matías Edery imputó a Serjal por transmisión de datos reservados, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivos y peculado de servicios.

Edery acusó a Patricio Serjal de utilizar fondos públicos para viajar a Buenos Aires con el objetivo de reunirse con Leonardo Peiti. Según detalló Edery, el viaje fue realizado con fines recreativos el pasado 13 y 14 de noviembre, en días laborales, en un auto oficial con chófer y con rendición de gastos.

El fiscal afirmó que luego de la balacera realizada contra el edificio donde vivía Peiti en Servando Bayo al 1000, Serjal le pidió al Fiscal de Flagrancia que no avance en la investigación y que no hable con el empresario debido a que él ya se había comunicado.

Tras la imputación, Serjal pidió la palabra, se declaró inocente, despegándose de Ponce Asahad y Ugolini, y sugirió que la acusación podría tratarse de «una cama». El ex Jefe de los Fiscales de Rosario negó haber mantenido un encuentro con Peiti en Buenos Aires, aunque no descartó que se haya hospedado en el mismo hotel.

«Estuve alojado en el hotel. Cené con una persona con la que quería cerrar un convenio para investigar delitos informáticos y fraude de los cajeros. A eso fui a Buenos Aires”, comentó y agregó: «Todo el mundo sabía que me alojaba en ese hotel, nunca lo oculté».

«Eso fue el 14 de noviembre. El 18 de noviembre, el doctor Baclini me dice que tenía que renunciar por la nueva conducción política. Me dijo: «Tenés un problema ético con una causa de autos». Después explotó una campaña mediática. ¿Fue casualidad que estuviera Peiti ahí o me hicieron una cama de verdad? Esto siguió hasta ahora que me volvió a llamar Baclini. Le dije: «Jorge, mi teléfono y mi casa están a disposición»», comentó.

Serjal explicó que nunca tuvo a cargo causas de Peiti. “Me vinculan con que tengo que ver con una organización criminal. Yo como fiscal regional no tenía implicancia en esa causa. Siempre les dije a mis fiscales que no quería saber ni nombres ni domicilios. No es mi función inmiscuirme en las causas», aseveró.

«Se dijo que hice pactos por dinero. Pero el dinero del que hablan, ¿dónde está? Mi familia vive con mi sueldo y lo que ahorramos. Llamamos para rescindir el contrato de alquiler. Mi señora y mis hijas se han ido a la casa de sus padres porque en este momento me encuentro desempleado. Ni siquiera puedo cumplir con mis obligaciones. Allanaron mi casa y la de mi madre. ¿Y dónde está el dinero?«, se preguntó el ex fiscal.

«Se habla, pero en modo alguno están pudiendo probar los hechos que endilgan. Esto es una locura. Quiero transmitir señoría que yo estuve siempre a disposición del proceso. Me podría haber ido, y no me fui. Si tuviera el dinero que dicen cuando Ponce quedó preso me habría ido. Sin embargo, estoy acá frente a ustedes. Lo que hacen los fiscales está muy bien, pero no se compadece con la realidad», alegó para evitar la prisión preventiva.

Tras un cuarto intermedio de varios minutos, los fiscales Matías Edery, Gisela Paolicelli, Luis Schiappa Pietra y María Eugenia Iribarren sostuvieron que Serjal participó de la misma empresa criminal que la semana pasada implicó que el fiscal Gustavo Ponce Asahad, considerado su mano derecha, quedara preso.

La fiscal Gisela Paolicelli aseguró que el Serjal “tenía un claro y directo interés en las causas de juego clandestino que involucraban a Peiti” y ratificó el pedido de prisión preventiva efectiva sin plazo.

“Nada de esto tiene sentido sin la conducción del negocio criminal de parte del Dr. Serjal. Ni Ponce Asahad ni Ugolini se iban a inmiscuir en investigaciones si no tenían el apoyo de quien tenia a su cargo el manejo de las causas”, agregó Schiappa Pietra.

“Se equivoca Serjal cuando dice que no tiene nada que ver con las causas. Todo tiene que ver con la organización de la Fiscalía y con que determinadas causas caigan en Ponce”, argumentó Schiappa Pietra.

“No tuvo ninguna licencia para justiciar su viaje en el que claramente se usaron fondos oficiales. Hubo varios homicidios en el mes de noviembre pasado, cuando se fue según su acompañante a “cortar la semana” a Buenos Aires”, dijo Schiappa Pietra.

Para describir el rol de Serjal en la causa, la fiscal Gisela Paolicelli contó una anécdota que tuvo lugar durante el allanamiento de Ponce Asahad realizado por TOE. “¿Por qué no va a allanar a Serjal”, se había preguntado Ponce en ese momento.

Por su parte, la fiscal María Eugenia Iribarren resaltó que «estos hechos de corrupción son un daño a la fe pública inconmensurable (en referencia a las acusaciones contra Serjal y Ponce Asahad)».

El ex fiscal, sospechado de recibir coimas a cambio de impunidad, negó las acusaciones en su contra.

El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, finalmente rompió el silencio y aseguró ser «inocente» en la causa que lo investiga por recibir coimas a cambio de protección, y en la que también está siendo investigado el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien este martes recibió la prisión preventiva por 90 días.

Serjal sugirió que le «armaron una causa» con el testimonio del arrepentido Leonardo Andrés Peiti, un empresario que cuenta con antecedentes por juego ilegal y que fue imputado por formar parte de una organización dedicada a extorsiones y juego clandestino. «No conozco a Peiti y nunca me reuní con él», indicó Serjal a Telenoche.

Al ser acusado, Peiti admitió que pagó durante aproximadamente 20 meses 4 mil dólares mensuales en concepto de coimas a Serjal y Asahad con el objetivo de que le filtraran información de investigaciones en su contra.

«La causa arranca con un arrepentido, que está imputado. Tomo conocimiento por su abogado que se reunió con el Fiscal General y los fiscales de la causa. Tiró nombres y dijo que se reunió conmigo y esa palabra vale para armar una causa», insistió Serjal.

Y agregó: «Yo no he filtrado información. Alguien lo habrá pasado información puede ser, pero desconozco quien lo haya hecho».

«Capaz que me quieran meter preso, aunque no hay elementos para eso. Yo siempre estuve a disposición para que investiguen», cerró.

La trama del escándalo

Serjal llegó a Rosario para sumarse a las filas del flamante Ministerio Público de la Acusación que se puso en marcha en febrero de 2014. Ingresó a la Unidad de Flagrancia y Turno, una oficina donde los fiscales están en la primera línea de fuego y se ocupan de todo lo que no estaba designado a una unidad especial.

Allí Serjal hizo sus primeras herramientas en el MPA santafesino y coincidió con su par Gustavo Ponce Asahad, que venía del viejo sistema procesal penal. Había sido prosecretario de la cuestionada jueza María Luisa Pérez Vara cuando se produjo el crimen de Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli en diciembre de 2013.

La renuncia que Serjal le presentó a Baclini

Tras asumir hubo un cuestionamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales para ser fiscal, ya que algunos se preguntaron si contaba con el plazo legal necesario en cuanto al cambio de domicilio. Pero dos años despúes, Serjal quedó en la mira de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura cuando archivó una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.

La pesquisa se inició por una denuncia del empresario Omar Santero, de Carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, titular de la concesionaria Auto Rosario por los delitos de retención indebida, fraude y administración infiel. En abril de 2019 los fiscales del caso Natalia Benvenuto y David Carizza desestimaron la denuncia y Serjal confirmó el archivo en junio de ese año. Menos de un mes después del archivo Serjal compró dos autos Toyota cero kilómetro en esa concesionaria.

En noviembre pasado el fiscal general Baclini revocó la decisión de Serjal, reabrió la investigación contra González y emitió una resolución donde dijo que la situaciones expuestas en el caso implicarían una violación a la responsabilidad ética y a la transparencia que se le exige a todos los funcionarios del MPA. Tras esta intervención, Serjal pidió su apartamiento de la causa, cuenta el preinforme. La entonces diputada Alicia Gutierrez pidió una investigación contra el fiscal regional por posible mal desempeño.

Lo determinó la jueza Eleonora Verón. A Nelson Ugolini, empleado de Fiscalía, le otorgaron la libertad con restricciones por el plazo de 90 días y una caución de $4.982 dólares.

La Justicia dictaminó esta noche la prisión preventiva por noventa días para el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien está acusado de haberle exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial a un empresario ligado a una red de juego ilegal y a una organización de extorsionadores. Ponce Asahad seguirá preso mientras avanza la investigación.

Las fiscales Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, hicieron las acusaciones contra Ponce Asahad en su carácter de fiscal adjunto y Nelson Ugolini en carácter de empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Les atribuyen la comisión de delitos contra la administración pública, con la participación del ahora destituido fiscal Patricio Serjal (en carácter de fiscal regional): diseñar y ejecutar un plan cuyo objetivo fue recibir dinero de Leonardo Peiti (ya imputado) a cambio de transmitir información reservada, y no investigar hechos que podrían construir delitos e interferir en las investigaciones en curso, así como retardar u omitir dictámenes propios de su competencia para que no prosperen posibles imputaciones.

A los imputados se les atribuyen diversos hechos:

Desde al menos marzo de 2019, Serjal acordó con Peiti que quién se encargaría de mantener vínculo con él —a fin de cumplir con el pacto— sería Gustavo Ponce Asahad reafirmando su acuerdo. El 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etoile, de la ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar y el aumento de la misma.

Desde al menos marzo de 2019, Patricio Serjal acordó con Leonardo Peiti que quién se encargaría de mantener vínculo con él a los fines de cumplir con el pacto sería Gustavo Ponce Asahad reafirmando su acuerdo. En fecha 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etoile, de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar y el aumento de la misma. En cumplimiento de ese acuerdo, Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante para cumplir dicho convenio. Uno de esos encuentros ocurrió en fecha 9 de julio de 2020, a las 12.25 aproximadamente, cuando Peiti concurrió al Pje. Rosales, de Rosario, y acordaron que serían entregados $10 mil dólares ese día por la tarde.

El hecho se concretó cuando se reunieron Peiti y Ponce Asahad, a las 18 aproximadamente, en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario, de Dorrego al 1251 de Rosario.

En otras oportunidades, Ponce Asahad y Peiti se reunían en Bv. Oroño esquina Mendoza y recibía el dinero acordado. Durante 2019, Ponce Asahad le solicitó dinero para viajar a Italia habiéndole entregado euros y dólares equivalentes a dos de las “cuotas” que mensualmente le entregaba.

Asimismo el 16 de junio de 2020, Serjal concurrió al Organismo de Investigación en el cual pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de investigación que tenía como sospechosa a una asociación ilícita integrada por varias personas entre las que se encontraba Alberto T. y Peiti (ya imputados). Al otro día, el 17 de junio de 2020 concurrieron a ese lugar Ponce Asahad y Serjal y se impusieron ambos ante la investigación y Serjal sugiró reiteradamente que Peiti era una víctima. El 30 de junio de 2020, Ponce Asahad le informa a Peiti de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso y le advierte sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejando que cambiara y rompiera el teléfono lo cual motivo que el empresario dejara de utilizar su línea que se encontraba intervenida desde el 22 de junio de 2020. Ademas le pide 100 mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y que el mismo quedara como víctima. A Nelson Ugolini se le atribuye haber transmitido información al empresario sobre causas en trámite en el MPA que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo. En una oportunidad le informó Peiti sobre una causa que tenía como sospechosos a otras dos personas las cuales habían sido detenidas el 8 de enero de 2020 por portar armas de fuego sin la debida autorización legal.

Lo hizo remitiendo imágenes de pantalla que contenían la información requerida y entregada a Peiti por medio de la aplicación whatsapp. El 18 de febrero de 2020 Ugolini también le remite a Peiti un mensaje en el cual le informa las causas que podrían tenerlo como sospechoso y/o en donde se lo investigue por causas de juego clandestino correspondiente a los distritos judiciales de la 2ª Circunscripción Rosario y en aquellas causas que investigaba el fiscal Edery a esa fecha. Advertisement

El 8 de marzo, Ugolini le remitió información sobre domicilios que serían allanados en los cuales funcionarían salas de juego clandestino. A esa fecha Ponce Asahad tenía a su cargo la oficina de “Trámite de solicitudes jurisdiccionales acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción de ejecución penal del MPA”.

A ambos imputados se les atribuye en cumplimiento del plan común pergeñado, haber omitido actos propios de sus funciones que debían realizar conforme el cargo y la función que ostentaban. A sabiendas de que Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona en los que Maximiliano D. (ya imputado) y/o allegados a él le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo o a su familia, así los imputados no iniciaron una investigación penal y no dieron aviso a las autoridades a cargo de la investigación de los delitos y/o no aseguraron la integridad de víctimas y testigos de delitos conforme la ley lo se los impone. Todos estos hechos se llevaron a cabo a sabiendas y con el objetivo de concretar un único plan tendiente a obtener dinero de forma ilícita de Peiti, señala el parte de la Fiscalía sobre la audiencia imputativa.

La Jueza de Primera Instancia, Eleonora Verón tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó a Nelson Ugolini la libertad con restricciones por el plazo de 90 días; fijar domicilio, firma semanal ante la OGJ y una caución de $4982 dólares a depositar en cuenta judicial; y a Gustavo Ponce Asahad la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.

Mediante el decreto N° 745, el gobernador además de aceptar la renuncia de Serjal establece que no va a poder desempeñar ninguna otra función en el Poder Judicial.

El gobernador Omar Perotti aceptó este lunes la renuncia del fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación, Patricio Serjal, con efecto vinculatorio del MPA y del Poder Judicial en su conjunto; cerrando así toda posibilidad de que desempeñe tarea alguna.

La norma establece en sus considerandos “que analizadas las constancias de lo actuado y teniendo en consideración las circunstancias que motiva la presente renuncia, este Poder Ejecutivo se encuentra en condiciones de aceptar la misma, si bien no con el alcance que pretende darle el renunciante”, quien expresa en el primer párrafo de su renuncia “textualmente que ‘espero poder servir a mi sucesor en aquellas tareas que me sean encomendadas’” .

Asimismo, el decreto del gobernador fundamenta la decisión en “la investigación sobre hechos de corrupción que se está realizando dentro de la Segunda Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, circunstancias que no pueden ser fundamento exclusivo para aceptar la renuncia al cargo de Fiscal Regional, sino que tienen efectos expansivos a los otros cargos que dentro del Poder Judicial podría estar pretendiendo ser designado el ahora renunciante”.

Se lo anticipó al Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini. Está sospechado de dar cobertura de un empresario de juego a cambio de dinero junto a otro fiscal.

El fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, le presentó la renuncia a su cargo como cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la ciudad al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien esta mañana le aceptará la dimisión.

La decisión sobrevino tras la resonante investigación sobre corrupción que lo involucra a él junto con el fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad sobre cobertura institucional a un capitalista de juego ilegal, que salió a la luz a raíz de una trama de extorsiones que se atribuyen a la banda de Los Monos.

Los fiscales representados por esta Asociación solicitamos que el Sr. Patricio Serjal renuncie a su cargo de Fiscal Regional como así también al de Fiscal

— Asociación de Fiscales (@fiscales_mpa) August 3, 2020

“Soy ajeno a las cuestiones que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran. Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se hayan ajustado a derecho durante mi función, hago referencia a mi actuación, desconociendo el modo en que san obrado otras personas y no siendo quién para juzgarlas”, dice Serjal en la misiva que le elevó al fiscal general.

Jamás he realizado actos que no se hayan ajustado a derecho durante mi función

Serjal y Ponce Asahad fueron denunciados por un capitalista del juego que tiene negocios ilegales en la provincia en una audiencia penal en la que se lo imputó. Allí dijo que ambos funcionarios del MPA le exigían entregas de dinero para brindarle cierto nivel de protección par que pudiera seguir delinquiendo.

El escándalo comenzó hace algunos días pero estalló el viernes, con la declaración de este empresario. En principio los fiscales que lo investigan pensaban que sólo salpicarían a Ponce Asahad, a quien ese día la Tropa de Operaciones Especiales le allanó su domicilio, le demoró y le abrió causa penal, pero inesperadamente también mencionaron a Serjal, que es el jefe de los fiscales rosarinos.

Un dato a tener en cuenta es que la renuncia de Serjal es al cargo de la jefatura de la Fiscalía Regional Rosario, pero no a su condición de fiscal de grado.