La diputada nacional del Frente de Todos presentó un proyecto que propone efectuar modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y suspender los plazos procesales por causa de parto, nacimientos y enfermedad de las abogadas y los abogados partes en un juicio.

Una problemática vigente para quienes llevan adelante esta profesión de manera autónoma y que perjudica principalmente a las personas con capacidad de gestar condicionando su labor. En muchas ocasiones deben asistir a las audiencias programadas en fechas muy cercanas al parto poniendo en riesgo la salud de las letradas.

Según indica la diputada nacional “actualmente no se contempla la suspensión de ningún plazo procesal, ni siquiera en el momento de un parto, ni de internación del o de la profesional.” y agrega que “como legisladoras y legisladores, debemos subsanar esta inequidad que coloca a profesionales del derecho en una situación de vulneración de sus derechos a la salud, a la integridad física y laboral.”

La iniciativa se traduce en la necesidad de saldar un vacío legal cuando concurren circunstancias excepcionales de índole personal o familiar. “Es necesario que abogadas y abogados cuenten con el amparo del ordenamiento jurídico que le permita excusarse de la atención de sus obligaciones profesionales” expresa la legisladora. La propuesta de modificación establece situaciones de fuerza mayor que son de gravedad suficiente ya que imposibilitan el ejercicio de la labor del letrado y merecen recibir tratamiento.

Ante esta problemática Patricia Mounier afirma que “es necesario formular una reforma procesal para garantizar la libertad de actuación y asegurar la dignidad de las y los abogados.” y aclara que el objetivo es saldar una deuda principalmente con las mujeres y personas con capacidad de gestar. Además, es una forma de abrir el camino para seguir pensando la formación con perspectiva de género en los ámbitos de la justicia y dar un paso más hacia la equidad de derechos e igualdad de oportunidades.

En una sesión histórica que lleva más de 17 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto del Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia y el de Ley del Manejo del Fuego.

La Diputada Nacional por el Frente de Todos, Patricia Mounier, se refirió al proyecto que prevé recaudar 307 mil millones de sólo 9300 personas con fortunas de más de 200 millones de pesos. “El Aporte Solidario y Extraordinario prevé un 20% para el fortalecimiento de las becas Progresar que acompaña a jóvenes para finalizar la educación obligatoria o para que puedan continuar sus estudios terciarios o universitarios. El alcance y la potencia del Progresar fue devaluado durante la gestión de Cambiemos y hoy se convierte en una herramienta fundamental para afrontar la deserción educativa producto de la pandemia. Este refuerzo económico es un acto de justicia y una garantía del derecho a la educación”, señaló Mounier.

Cabe destacar que la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario será destinada, también, a equipamiento, medicamentos y vacunas para el sistema sanitario; mejoras en la infraestructura de los barrios populares; apoyo a las pymes; aumentar la producción y la distribución de gas.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, también, el proyecto de Ley sobre modificación sobre lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas y, aún continúa con el debate del proyecto de la Ley Yolanda para garantizar la formación integral en ambiente para personas que se desempeñen en la función pública.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La Diputada Nacional por el Frente de Todos y dirigente gremial del SADOP, Patricia Mounier, celebró la iniciativa. “Esta es una conquista del movimiento de mujeres, pero por sobre todo, de la militancia de las mujeres sindicalistas. Tendremos que continuar con esa lucha para que se incluya en los convenios colectivos de trabajo y en las discusiones paritarias”, indicó Mounier.

La violencia en los ámbitos laborales impacta en mayor medida en las mujeres y diversidades. Según la Agencia Contra la Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, casi el 65% de las denuncias por violencia y acoso laboral están realizadas por mujeres. “Este convenio considera que acceder a un trabajo libre de violencias y de acoso es un derecho humano y aplica a todos los sectores, público o privado y también al sector informal”, destacó la legisladora santafesina.

La iniciativa fue un compromiso del presidente Alberto Fernández asumido el 1 de Marzo en la Asamblea Legislativa. Con la adhesión a este tratado, Argentina será el tercer país en contar con este instrumento.

La Diputada Nacional por el Frente de Todos, Patricia Mounier, presentó un proyecto de Ley para incorporar la perspectiva de género a la Ley de Mediación N° 26.589 y actualizarla de acuerdo con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

La iniciativa tiene como fin evitar las dilaciones que viven las mujeres para obtener la cuota alimentaria en el marco de conflictos familiares. Lo que se busca es adecuar la terminología a la codificación vigente, suprimir la obligación de realizar mediación prejudicial obligatoria en caso de alimentos definitivos a niños, niñas y adolescentes y eliminar la prohibición de mediación en caso de existir violencia en el seno familiar.

“Someter obligatoriamente un pedido de alimentos a una mediación implica demoras y que los alimentos no se cumplan. Eso es grave porque tiene consecuencias en las mujeres quienes están, principalmente, al cuidado de los niños, niñas y adolescentes. No sólo por el desgaste emocional que genera estar detrás del reclamo del cumplimiento de alimentos sino, también, por el impacto económico que implica la manutención familiar durante ese tiempo y los honorarios del mediador”, indicó Mounier.

Por otro lado, el proyecto incluye la posibilidad de que la víctima solicite la mediación aún en un contexto de violencia de género. En este sentido, se considera que con apoyo profesional y con los recaudos necesarios, puede decidir el método que considere correcto para lograr acuerdos. “El espíritu del proyecto es darle a las mujeres la posibilidad de decidir si ir o no a mediación para resolver el conflicto en caso de alimentos y de violencia familiar.

Porque la mediación hoy es obligatoria y si bien es valiosa para solucionar de manera inmediata conflictos familiares, en muchos otros no porque complica aún más el tema. Por eso, es importante que la propia víctima decida qué camino tomar es el correcto”, agregó la legisladora nacional por Santa Fe.

Por último, el proyecto plantea la necesidad de que los mediadores y mediadoras accedan a la capacitación en perspectiva de género, como lo exige la Ley Micaela para el abordaje de su tarea.

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La Diputada Nacional por el Frente de Todos, Patricia Mounier, presentó un proyecto de Ley para incorporar la perspectiva de género a la Ley de Mediac...]]>

Las Comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron un dictamen al proyecto de Ley de promoción del empleo formal para personas trans y travestis.

Este dictamen se da en el marco de la discusión de un paquete de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato en favor de las persona trans y travestis e inclusión laboral en el Estado y en el ámbito privado.

_“Es una enorme alegría avanzar en la reparación de derechos para el colectivo travesti trans, históricamente violentado y excluido de la comunidad. Es el resultado de la militancia de las organizaciones activistas y, también, de la decisión política del Frente de Todxs para dar respuesta a este reclamo de tantos años. En el día del 125° aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón, damos un paso más en la reivindicación de más derechos sociales y laborales”, señaló la Diputada Nacional Patricia Mounier, miembro de la Comisión de Legislación laboral.

Además, la dirigente gremial del SADOP afirmó que “desde el sindicalismo tenemos el desafío de acompañar estas luchas, incorporar a la diversidad y ampliar derechos en los espacios gremiales.”

Ante una iniciativa de la Diputada Nacional del Frente de Todos por Santa Fe, Patricia Mounier y Mercedes Meier, Diputada Provincial Mandato Cumplido del Frente Social y Popular, referentes del sindicalismo y legisladores provinciales y nacionales se reunieron en un acto virtual para expresar solidaridad con la huelga de los trabajadores de la empresa del Grupo Vicentín que reclaman por salarios dignos desde hace casi 3 meses.

“Como dirigentes políticos y gremiales tenemos la responsabilidad de bancar y sostener a los trabajadores y trabajadoras de la Algodonera Avellaneda y, de alguna manera, esto pretende hacer algo de fuerza para que pueda allanarse el camino de este conflicto”, señaló la Diputada Nacional y dirigente gremial del SADOP.

“Esta lucha es justa, valiente y es necesaria. Justa porque no puede ser que una de las empresas que más ganó en este país les pague dos pesos a los trabajadores. Valiente porque lo hacen en el corazón del feudo de los Vicentin y de los Paduán, sabiendo que no son solo dueños de empresas sino también son dueños de las tierras, de la ciudad, de la justicia y del poder allí. Necesaria en un momento donde estamos discutiendo si un puñado de millonarios y de empresas van a dirigir los destinos de la Argentina o si es posible revertirlo”, indicó la Diputada Provincial Mandato Cumplido del Frente Social y Popular.

El acto contó con la participación de los diputados nacionales: Josefina González, Alejandra Obeid, María Rosa Martínez, Juan Carlos Alderete y Lia Caliva y los diputados provinciales: Leandro Busatto, Matilde Bruera, Ricardo Olivera, Paola Bravo y Carlos del Frade. También contó con el apoyo de Marcos Cleri, Hugo Yasky, Germán Martínez, Vanesa Siley, Pablo Carro, Claudia Ormachea, Mabel Caparroz y Damaris Pachiotti. Participaron los dirigentes gremiales: Victorio Paulon, Hector Amichetti, José Testoni, Claudio Girardi, Gustavo Teres, Jorge Penayo, Silvio Acosta, Andrea Paz, Martín Lucero, Pedro Bayúgar y Luis Tiscornia. También, envió su adhesión Daniel Yofra.

La pandemia a nivel global producto de la irrupción avasallante del COVID-19 modificó en forma tajante el escenario mundial, generando la necesidad de introducir profundos cambios tanto en la cotidianeidad de las personas, como en las agendas de los Estados.

La urgencia en la toma de decisiones sobre una multiplicidad de cuestiones derivó en que la discusión de problemáticas con resolución a mediano o largo plazo, demandaran un tratamiento inaplazable para brindar respuestas en el tiempo presente.

La regulación de la modalidad de Teletrabajo, viene siendo objeto de estudio y debate en nuestro país desde hace algunos años, pero no ha sido en términos cuantitativos una modalidad muy utilizada sino hasta este año 2020, pandemia y aislamiento social obligatorio mediante. La necesidad y la urgencia en la implementación de un modo de prestación del débito laboral que permita ajustarse a la “nueva normalidad”, con resguardo de la productividad empresarial y el amparo de los derechos de los y las trabajadoras, aceleró el tratamiento legislativo de una norma jurídica que regule el teletrabajo, para tutelar fundamentalmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras, incorporándose de dicho modo el artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Así fue como en el Congreso de la Nación comenzamos a transitar un camino que incluyó la presentación de una veintena de proyectos de ley y la apertura de una ronda de consultas con la participación de las centrales obreras, sindicatos especialmente relacionados con las telecomunicaciones, organizaciones y cámaras comerciales, empresariales e industriales, profesionales del derecho laboral e incluso el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, que incluyó una mirada desde la economía feminista a cargo de Lucía Cirmi Orbón.

Es decir, se escucharon todas las voces: las de quienes están a favor y sostienen la necesidad de regular para tutelar derechos y las de quienes cuestionan o ponen reparos, por considerar que no generará empleo y sí mayores gastos para el empresariado. En este punto es necesario aclarar que la generación de nuevos empleos no es el objetivo fundamental de la ley de teletrabajo, cuyo fin primordial es regular las características de una modalidad de trabajo que hace ya tiempo se viene implementando, pero que fundamentalmente en estos tiempos pandémicos corre riesgo de precarización, flexibilización y pérdida de derechos laborales.

Mucho se habló en todo este tiempo de los derechos que consagra la flamante Ley Nº 27555: la voluntariedad expresada por el trabajador o la trabajadora, la posibilidad de revertir hacia el trabajo presencial, el derecho a desconectarse digitalmente (exigiendo así el cumplimiento de la jornada laboral acordada), la compensación de gastos y provisión de insumos por parte de los empleadores y su obligación de respetar la privacidad y la intimidad de quien teletrabaja. Pero me interesa destacar un hecho sumamente importante que se presenta como histórico en la lucha de las mujeres trabajadoras: el reconocimiento de las tareas de cuidados, que recaen principalmente en las mujeres como un trabajo (aunque no remunerado ni reconocido como tal) y como una situación que genera el derecho a la interrupción de la actividad de teletrabajo para la atención de personas que así lo requieran. ¡Al fin una norma laboral reconoce un reclamo de las mujeres!

Asimismo, esta ley pone en valor un bien preciado para los trabajadores y trabajadoras como son los convenios colectivos de trabajo, ámbito en el que se discutirán y resolverán las particularidades del teletrabajo según las distintas actividades laborales, ya que la ley sancionada recientemente plantea presupuestos legales mínimos que deberán complementarse paritariamente.

Ahora bien, ante este nuevo escenario mundial, con el avance incesante de la tecnología haciéndose cada vez más presente en cada manifestación de la vida humana, incluyendo lógicamente el ámbito laboral, cabe que nos preguntemos: ¿Es el teletrabajo un avance o una amenaza? ¿Es el trabajo del futuro?

Y aquí, a modo de primera aproximación a una respuesta, podemos afirmar que, aunque el volumen de trabajo en ciertas áreas de la actividad pueda trasladarse a la virtualidad, nada hace suponer que el teletrabajo aumentará exponencialmente. No solamente porque muchas actividades no lo permiten por sus características, sino porque muchos

trabajadores y trabajadoras prefieren la labor presencial. Esto es así fundamentalmente en el caso de las mujeres, quienes nos dimos una larga lucha para “salir” de nuestros hogares e ingresar al mundo laboral y reclamar por la igualdad de derechos con los varones: volver a “encerrarnos” en nuestras casas sería para muchas, un retroceso. La excusa que pretenden promover acerca de la conveniencia de compatibilizar “mejor” el trabajo con las tareas de cuidados deja al descubierto el histórico discurso patriarcal acerca del rol de las mujeres: en casa, cuidando a la familia, ocupándonos de las tareas hogareñas.

Asimismo, sabemos que en la actualidad los cambios y avances tecnológicos introducen profundas modificaciones en el mundo laboral, generando cierta incertidumbre acerca del futuro del trabajo. Estos nuevos escenarios y los desafíos que plantean nos exigen ser protagonistas en los debates que necesariamente deben darse, aportando nuestra mirada de trabajadores y trabajadoras, comprometida con la defensa de la dignidad de la persona y la defensa de los derechos laborales y con perspectiva de género.

El progreso y la simplificación y de los procesos productivos y económicos, no debe significar de ningún modo la vulneración de derechos para los trabajadores y trabajadoras. No hay economía que pueda salir adelante, sin preservar, resguardar y proteger a quienes cotidianamente, a través de su trabajo, posibilitan su funcionamiento.

Es hora de pensar en el mundo que viene, pero con la plena convicción del mundo que queremos, que soñamos y que deseamos dejar a nuestros hijos e hijas, porque como ya lo hemos expresado: ¡La economía tiene que cerrar, pero con la gente adentro!

No hay estadísticas concretas pero la violencia laboral ocurre en todos los ámbitos. Sin embargo, en algunos ámbitos privados es mucho más difícil denunciar por temor a la pérdida de trabajo, a la pérdida de las funciones, a las sanciones por parte del empleador. La Cámara de Diputados de la Nación espera que el Senado envíe la ratificación del Convenio 190 de la OIT para confirmarla y comenzar a exigir ambientes laborales libres de violencia de género.

“Denunciar al empleador privado da más miedo, es más difícil, por ejemplo en las mismas escuelas privadas es mucho más difícil denunciar al empleador que denunciar al Estado, sea nacional o provincial: hay mucho temor, muchas situaciones de violencia se naturalizan, se invisibilizan y en esto tiene que ver el temor a la pérdida de trabajo, a la pérdida de las funciones, a las sanciones por parte del empleador, por eso es que muchas de esas cosas se callan”, manifestó la diputada nacional Patricia Mounier.

En tal sentido, la legisladora admitió que aunque no hay estadísticas generales, “hay estadísticas de que los que más denuncian situaciones de violencia y acoso laboral son las mujeres”. “Por suerte, a pesar de que reciben, son las que más denuncian, se animan y por ahí también tiene que ir la capacitación: no solamente con motivo de la violencia laboral en general sino también tener una clara perspectiva de género porque las mujeres somos las que más sufrimos este tipo de situaciones”, manifestó. Por eso, consideró que “tenemos que poner en práctica la prevención en esos ámbitos y para eso fundamentalmente debe haber capacitación”.

Dentro del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla del compromiso de cada uno de los países de luchar contra la violencia y el acoso laboral, se menciona justamente la importancia de la capacitación a la que deben comprometerse los Estados nacionales, provinciales, los trabajadores y obviamente los empleadores, “porque por ese lado, de la prevención, de la formación previa, es donde se comienza con el compromiso previo de generar y auspiciar ambientes laborales libres de violencia y acoso”, opinó Mounier.

“Todos los días -añadió-, vemos situaciones de violencia laboral que no tienen que ver solamente con agresiones físicas, hay muchos tipos de violencia en los ámbitos laborales que tienen que ver con las funciones en general, el maltrato, y en especial las mujeres vemos situaciones que tienen que ver con nuestra condición de género, como la imposibilidad de acceder a mejores cargos, a mejores salarios, además del maltrato que se puede recibir de superiores o los mismos pares”.

El trabajo en los sindicatos

La diputada -con amplia trayectoria sindical en el sector de los docentes particular- informó que “en líneas generales se trabaja en la intersindical laboral contra la violencia laboral y en todos los ámbitos hay distintas situaciones, incluso en ámbitos más feminizados como puede ser la docencia”. “Por eso, me parece que es importante que los gremios y las centrales sindicales empiecen a trabajar también esta cuestión de la formación y la capacitación de sus propios trabajadores, independientemente de que es una obligación también del Estado y de los empleadores, pero me parece que en algún momento tenemos que empezar a charlar y capacitar con esto”, argumentó.

Al respecto, reconoció que “muchos gremios han constituido espacios de contención, pero se necesitan cada vez más”. “Incluso, cuando comenzó la pandemia, la gran preocupación era las situaciones de violencia que vivieran las mujeres no solo en su ámbito familiar -toda vez que implica estar todo el tiempo en la casa- sino también las situaciones de violencia intrafamiliar que viven niños, niñas y adolescentes, porque la escuela es un ámbito en el que se pueden detectar situaciones y se denuncian y ahora estando cada uno en su casa es mucho más difícil”, lamentó la diputada.

“Obviamente – prosiguió- , toda la capacitación que se haga en los ámbitos gremiales de aquí en más tienen que tener perspectiva de género, todos nos tenemos que deconstruir, no solamente varones ni mujeres, en los gremios construimos a la par varones y mujeres y me parece que es el ámbito ideal para la capacitación”. “Los sindicatos tienen ya todas las estrategias de capacitación conformadas hace muchísimos años y por eso yo planteé en la propuesta de ley en el Congreso utilizar los dispositivos de capacitación que tiene cada uno de los sindicatos para capacitar según lo indica la ley”, dijo.

Adhesión al Convenio 190 de la OIT

La legisladora explicó que “en el caso del Congreso, estamos esperando que el Senado envíe la ratificación del Convenio 190 de la OIT que presentó el Poder Ejecutivo Nacional para definitivamente ponerlo en práctica, así en los distintos ámbitos paritarios y de discusión vamos a poder exigir como una condición sine que non dentro de las condiciones de trabajo, un ambiente libre de violencia y acoso laboral”. “Esperemos que sea pronto; además se puede tratar en forma remota, de hecho el Senado lo hizo en forma remoto y solo es ratificar”, agregó.

“Una vez que se ratifique, Argentina tiene que comunicar la notificación a la OIT y empezamos a exigir la implementación del Convenio; todavía no tenemos fecha, pero en realidad todos los gremios lo están esperando”, concluyó.