El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó hoy al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se desarrollaba el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.

En un dictamen entregado al juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, Navas Rial dictaminó a favor de abrir la investigación en base a la denuncia presentada por funcionarios del Gobierno nacional, informaron a Télam fuentes judiciales.

Navas Rial imputó por el posible delito de “contrabando agravado” y pidió medidas de prueba que eran analizadas por el juez a cargo del caso.

Además de Macri, Bullrich y Aguad quedaron imputados y bajo investigación el entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, y tres exmiembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos.

La fiscalía impulsó la pesquisa en lo vinculado a posibles infracciones al Código Aduanero, que es materia de investigación del fuero penal económico.

En cuanto a Macri, quedó imputado en el rol que como presidente le correspondía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por lo cual “no podía desconocer el presunto hecho”, precisaron las fuentes.

Bullrich fue acusada como supuesta autora de la orden para mandar el material represivo y Aguad como responsable del envío del avión militar.

La denuncia alude al envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

En la presentación se mencionaron como posibles delitos “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.

La denuncia llevó la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

En el texto se hace referencia además al “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

El objetivo habría sido “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el Gobierno constitucional de Evo Morales”, agregaron.

“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la presentación.

El material puesto a disposición del gobierno de facto boliviano habría consistido en, por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.

Em declaraciones a AM990, Frederic aseguró hoy que el grupo Alacrán no disparó “un solo tiro” del material represivo enviado por parte del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia en noviembre de 2019 cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Morales y consideró que tanto el exmandatario como su antecesora, Patricia Bullrich, “están dando manotazos de ahogados”.

“Sabemos por toda la información que ha ido surgiendo a lo largo de esta semana que los alacranes no tiraron un solo tiro en Bolivia de ninguna munición y esto nos permite ir corroborando que su destino fue el apoyo al golpe de Estado en Bolivia”, dijo Frederic.

Lo ordenó la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. También confirmó la mayoría de los procesamientos. El ex presidente nunca fue llamado a declarar, como reclamaron varias de las querellas.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó hoy la mayoría de los procesamientos ordenados por la jueza Marta Yañez por el hundimiento del ARA San Juan y ordenó investigar al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, que hasta ahora no fueron citados a declarar, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”, dice la resolución de 177 páginas.

Y agrega: “Estas razones impiden – al menos en este estado del proceso – descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”. Lo mismo plantea sobre el ex Jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur.

En diciembre del año pasado, la jueza Yáñez dispuso el procesamiento de dos contraalmirantes y cuatro capitanes de navío por el siniestro que se llevó la vida de los 44 tripulantes. La magistrada, confirmada ahora por la Cámara al frente de la investigación, acusó como máximo responsable al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien no se asesoró debidamente ni se ocupó personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura.

La lista de oficiales navales procesados en primera instancia incluye al capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Hector Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez (Télam)

Con variantes propias de la jerarquía de cada procesado, la magistrada entendió que todos estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en buenas condiciones y que en mayor o menor medida desoyeron el planteo del extinto comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, que presuntamente habría sido el factor determinante de la tragedia, ocurrida el 15 de noviembre de 2017.

El fallo de primera instancia fue apelado por los abogados querellantes, quienes impugnaron las calificaciones legales y la desvinculación del ex presidente Macri, del ex ministro de Defensa y del entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.

“La Resolución recurrida es nula, toda vez que se expide sobre personas que no fueron imputadas ni tomada su declaración indagatoria. Se trata de una suerte de ‘defensa’ del ex Presidente de la Nacion Ingeniero Mauricio Macri, el ex Ministro de Defensa de la Nación Dr Oscar Aguad y del ex titular de la Armada Almirante Marcelo Srur”, dice la apelación firmada por la abogada Valeria Carreras. en representación de la querella mayoritaria.

Esa misma querella había imputado a Macri, Aguad y diez altos mando de la Armada. “La jueza Yáñez solo citó a siete (seis fueron procesados y uno sobreseído), y dedicó un capítulo para exculpar a Macri y Aguad. Para hacerlo, introduce la imputación nuestra. Ahora es nuestra oportunidad de apelar también ese tramo de la resolución”, dijo Carreras a Infobae antes de la audiencia ante la Cámara.

La audiencia de apelaciones se demoró varios meses por la pandemia del COVID-19 y finalmente se llevó a cabo hace tres semanas con un sistema mixto: varias de las partes estuvieron presentes en Comodoro Rivadavia y otras lo siguieron a la distancia.

En esa audiencia, el fiscal de Cámara Norberto Bellver también pidió la indagatoria del ex presidente y del ex ministro de Defensa.

El tribunal, presidido por Javier Leal de Ibarra e integrada por Aldo E. Suárez y Hebe L. Corchuelo de Huberman, confirmó los procesamientos de López Mazzeo; Villamide, Alonso y Correa por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal. En cambio, revocó los procesamientos de Malchiodi y Sulia, que quedaron con falta de mérito al igual que Alberto Marti Garro.

En un fallo de 177 páginas, la Cámara también ordenó que se lleve adelante una pericia técnico- informática “sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ por parte de la empresa Ocean Infinity” y una pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia convocó para hoy a la audiencia de apelaciones contra el fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de seis altos mandos de la Armada y rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional y de los jefes de esa fuerza en el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en 2017.

La audiencia, que debió ser diferida durante meses como consecuencia del aislamiento social impuesto como medida sanitaria ante el avance del coronavirus, se llevará a cabo a partir de las 10 en el Centro Cultural municipal, en formato mixto: algunas partes estarán presentes en el lugar y otras asistirán por videoconferencia, informaron fuentes judiciales.

Se trata del expediente en el que se investigan las causas y eventuales responsabilidades penales derivadas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el día 15 de noviembre del año 2017, que ocasionó la pérdida de la unidad submarina y costó la vida de sus 44 tripulantes, todos integrantes de la Armada Argentina.

La audiencia será presidida por el camarista federal Javier Leal de Ibarra quien integra el tribunal de apelaciones junto a los magistrados Aldo Suarez y Hebe Corchuelo de Huberman.

En la planificación de la colaboraron las autoridades del Gobierno de Chubut a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), quienes coordinarán las medidas sanitarias de resguardo, necesarias para garantizar el aislamiento social de quienes provengan de otras jurisdicciones, “exigiéndoles un test negativo PCR no mayor a 48 horas previas a su ingreso a la Provincia, además de la prohibición de circulación local”, indicaron a Télam fuentes judiciales.

Por los familiares de las víctimas del hundimiento participarán de la audiencia los abogados Luis Tagliapetra (padre de Alejandro, uno de los tripulantes) y Valeria Carreras; mientras que también serán parte de la audiencia los abogados de los imputados que, según pudo saber esta agencia, se presentarían por videollamada.

Fuentes vinculadas a la causa adelantaron a Télam que los abogados de las querellas de los 44 tripulantes fallecidos durante el hundimiento del submarino ARA San Juan insistirán en reclamar que se investiguen las responsabilidades del entonces presidente Mauricio Macri, el exministro Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur.

En tanto, los defensores públicos y privados de los imputados atacarán la calificación de los delitos que se les atribuyó a los acusados.

En febrero pasado, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis exaltos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del ARA San Juan y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.

Yáñez les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte” a Jorge Sulía, exjefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, exjefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

También los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de $ 2 millones (a Sulia Correa) a $ 3,5 millones (a Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por $ 2,5 millones y Villamide en $ 3 millones.