Un fallo judicial en Neuquén determinó que un padre que no pagaba la cuota alimentaria de sus hijos deberá hacerlo a través de la factura de luz. La cooperativa CALF actuará como agente de retención para que el pago ya no dependa de la voluntad del deudor.

La disposición fue adoptada luego de reiterados intentos fallidos para que el hombre cumpliera con su obligación alimentaria. Desde la Justicia aclararon que la medida se basa en el principio del interés superior del niño y en el deber estatal de garantizar un nivel de vida adecuado para niños, niñas y adolescentes.

La solicitud fue presentada por la madre de los nenes, con el patrocinio de la defensora pública civil N°5, Verónica Berzano. El Ministerio Público de la Defensa informó que el caso se originó ante el incumplimiento sistemático de la sentencia que obligaba al padre a pagar alimentos.

En el expediente consta que el demandado dejó de realizar los pagos y no acreditó ingresos formales, aunque mantiene una actividad económica vinculada a una forrajería. Esta situación dificultaba la ejecución directa de la deuda.

El Ministerio Público de la Defensa respaldó la medida para garantizar el cobro de la cuota alimentaria y dictaminó a favor de la implementación de herramientas para efectivizar el cobro.

Según se explicó en el comunicado oficial, una vez retenido el monto, CALF deberá depositarlo en la cuenta judicial abierta para este fin. Además, la Justicia resolvió que el importe deberá considerarse parte de la deuda del servicio, a los efectos de un eventual corte o ejecución.

En la resolución, el juez señaló que el incumplimiento de la obligación alimentaria “pone en crisis la tutela judicial efectiva” y habilita a emplear todas las herramientas legales para garantizar el cumplimiento cuando están en juego derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, la defensora pública civil N°5, Verónica Berzano, señaló en declaraciones a Canal 7 que el incumplimiento reiterado de la cuota alimentaria es una forma de ejercer violencia, y que “el derecho alimentario de los niños debe ser efectivizado con todas las herramientas disponibles”.

Luego de 12 horas de tensión, Mauro Icardi se retiró este viernes por la noche del Chateau Libertador con sus dos hijas, tras un largo conflicto judicial con Wanda Nara, quien finalmente acató la orden judicial.

Según supo, el delantero del Galatasaray dejó el edificio pasadas las 21, a bordo de su camioneta y acompañado por Francesca e Isabella, luego de que se activara un operativo policial en el lugar ante la negativa inicial de la conductora de entregar a las menores.

🔴 TRAS 10 HORAS DE ESCÁNDALO, MAURO ICARDI SE FUE DEL CHATEAU CON LAS NENASCc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/FRXHfdK618

Durante la jornada, el escándalo escaló con la presencia del SAME, que asistió a Wanda por una crisis nerviosa, y con una orden del juez Adrián Hagopián que habilitaba a las fuerzas policiales a romper la cerradura si la mediática no entregaba a sus hijas. La medida apuntaba a garantizar el cumplimiento del régimen de visitas, tras más de 100 días sin contacto entre el futbolista y las menores.

La situación generó conmoción mediática, con móviles en la puerta del edificio, versiones cruzadas y reclamos por parte de las niñas, quienes, según la abogada Ana Rosenfeld, habían pedido ver a su padre a solas, sin la presencia de terceros, incluida la actual pareja del jugador, Eugenia “La China” Suárez.

A las 11, en el Chateau Libertador de Buenos Aires, la policía llegó al departamento de Wanda Nara para que entregue a sus dos hijas a Mauro Icardi por orden del juez; Nara se negó y exigió garantías por escrito de que las niñas no saldrán del país y podrán comunicarse con ella.

La diligencia judicial fue dispuesta para que las niñas pasen una semana con su padre antes de su regreso a Turquía para sumarse a la pretemporada con el Galatasaray. Icardi acudió con sus abogadas Lara Piro y Elba Marcovecchio, y con la representante del Ministerio Público Tutelar, Fernanda Mattera.

Al llegar, los policías presentaron una intimación que el juez Hagopian había firmado. Exigía la entrega de las menores en media hora o la intervención directa del magistrado. 

En el lugar, Nara sostuvo que las niñas “no querían ir” con su padre ni convivir con la actual pareja de Icardi, China Suárez. “No van a la casa de su padre ni a la de la China”, aseguró la empresaria.

A las 15.46, dos patrulleros con tres oficiales ingresaron y bajaron al primer subsuelo, donde aguardaba Icardi. Se reunieron con la seguridad privada para evitar enfrentamientos.

Algunos testigos afirmaron que las niñas descendieron acompañadas por Mattera, pero se negaron a subir con su padre. Llevaban sus mochilas y bolsas con pertenencias listas para el viaje.

Un periodista leyó el ultimátum en vivo: “Si no entregas en media hora a las nenas, viene el juez”. La noticia provocó tensión entre vecinos y en redes sociales.

Quienes presenciaron el episodio relataron que Wanda “hizo un teatro tremendo”, grabó cada paso y afirmó que todo favorecía a Icardi para la restitución internacional.

Otra versión aseguró que la mayor de las niñas recordó un viaje anterior. “No me sentí cómoda en la casa de mamá de la China”, dijo la niña al negarse a bajar con su padre.

La tensión escaló cuando Nara mencionó que viajaría a Miami. Sostuvo que las niñas solo saldrían con un documento que impida sacarlas del país y un plan de comunicación. 

En Intrusos, una comunicadora explicó que Icardi estaba enojado y ansioso por llevarse a sus hijas. Afirmó que las niñas “están muy ansiosas” por pasar los días con su padre.

La causa quedó a cargo del fuero de familia. Se espera la llegada del juez para zanjar la entrega. Hasta entonces, Icardi permanece en el subsuelo, custodiado por la policía.

Este nuevo capítulo legal sumó otro episodio al conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que reaviva el debate público sobre la protección de los derechos de los menores en procesos de restitución internacional.

En un operativo de alto impacto, la Fiscalía Federal de Rafaela, bajo la dirección del Dr. Gustavo Onel, llevó adelante este jueves la incineración de más de 1.100 kilos de estupefacientes que habían sido secuestrados en distintos procedimientos realizados desde septiembre de 2024 hasta la actualidad.

La medida responde a lo establecido por la Ley de Estupefacientes N.º 23.737, que autoriza a la Justicia a ordenar la destrucción de sustancias ilegales una vez que se han extraído las muestras necesarias para pericias y pruebas judiciales. Esta disposición busca prevenir cualquier posibilidad de desvío o reutilización de la droga incautada, asegurando la cadena de custodia y la integridad del proceso penal.

Sustancias confiscadas

De acuerdo a lo que se pudo saber del operativo, el material fue sido confiscado en los últimos 9 meses en operativos urbanos, controles ruteros, allanamientos y tareas de inteligencia criminal, todos ellos coordinados en el marco de causas instruidas por la Fiscalía Federal de Rafaela.

Durante el procedimiento, se incineraron:

- 12,5 kilos de pasta base de cocaína, una sustancia altamente concentrada y peligrosa que suele utilizarse como precursor en la elaboración de cocaína.

- 47,5 kilos de marihuana, incluyendo tanto producto compactado como plantas en estado natural.

- 1.110 kilos de hojas de coca, que si bien no constituyen droga en sí misma, su tenencia y transporte en grandes cantidades sin autorización puede constituir delito conforme a la legislación vigente.

Desarrollo del procedimiento

La incineración se realizó en un espacio controlado, bajo estrictas medidas de seguridad. El lugar fue custodiado por Gendarmería Nacional Argentina, con la presencia del comandante Sergio Martínez, quien supervisó las acciones junto a los operadores de quema. Por parte del Poder Judicial, participó el secretario Penal del Juzgado Federal, Dr. Silvio Visens, y también el jefe de distrito Rosario del Ministerio Público Fiscal, Javier Arzubi Calvo.

El proceso implicó la verificación del material a destruir, su traslado en vehículos oficiales, la documentación en actas judiciales y la presencia de testigos habilitados, en un marco de transparencia institucional.

La Municipalidad de Salta sigue adelante con las tareas de limpieza y saneamiento en una vivienda ubicada en la calle Mar Arábigo, entre la avenida Ragone y Scalabrini Ortiz, en el barrio Pablo Saravia. 

El operativo se lleva a cabo tras varias denuncias vecinales y por orden judicial, debido a la gran cantidad de residuos acumulados por el propietario de la casa.

Juan Pablo Farfán, director de la Patrulla Ambiental, explicó que el propietario justificó la acumulación de basura asegurando que la comercializaba. Sin embargo, la mayoría de los materiales encontrados estaban en mal estado o en proceso de descomposición. 

Hasta el momento, se han retirado más de 20 camiones llenos de desechos, que incluyen madera, bolsas, botellas de plástico y vidrio, restos de electrodomésticos y vasos rotos, entre otros objetos.

El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, que informe sobre la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales que tiene almacenados y que proceda a su distribución inmediata. Esta medida responde a una solicitud presentada por el dirigente social Juan Grabois, respaldada por comedores sociales que denuncian la falta de suministro de alimentos.

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue revelada por una investigación periodística del sitio web El Destape y fue recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia presentada por Grabois. 

El juez ha instruido al Ministerio de Capital Humano para que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos considerando su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y que lo ejecute de manera inmediata; debiendo informar de manera precisa en un plazo de 72 horas".

Casanello también ha dispuesto "emitir una orden de presentación" para obtener voluntariamente documentación e información detallada sobre el stock actual de alimentos almacenados en los depósitos ubicados en Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán. Este informe debe incluir el tipo de alimento y las fechas de adquisición y vencimiento de la mercadería.

Además, el juez ha solicitado "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos relativos a la adquisición de los alimentos almacenados, junto con cualquier otra documentación relacionada".

La orden debe ser cumplida de inmediato: "será diligenciada por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del presente año a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Av. 9 de Julio 1925 de esta ciudad".

Casanello ha dispuesto que "una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado". Además, subrayó que "dado que la existencia de estos alimentos ha sido reconocida por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al mencionado Ministerio de Capital Humano que, dentro de sus competencias (que incluyen asistir en todo lo relativo a 'la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, especialmente para personas con discapacidad, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores') elabore un plan de distribución de dichos alimentos".

El juez enfatizó que este plan deberá "considerar su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y prever su ejecución de modo inmediato". Finalmente, urgió al Ministerio de Capital Humano a informar de manera precisa al tribunal sobre la ejecución de este plan en un plazo de 72 horas.

Sucedió en Entre Ríos. Debido a una medida judicial por un presunto caso de violencia de género, a un jugador de Deportivo Urdinarrain se le secuestró el teléfono en la cancha, mientras se disputada un partido. Te contamos todo aquí

Luego de ser sustituido en el entretiempo, un jugador de Deportivo Urdinarrain que se encontraba en la banca de suplentes fue llamado a los 14 minutos del segundo tiempo por los funcionarios de la Policía de Entre Ríos que se encontraban en el lugar.

San Jorge: un estudiante de ingeniería y un jugador de fútbol fueron detenidos por violar a una amiga

La policía habría recibido un oficio de la Justicia contra un jugador del club. El hombre fue acompañado por un integrante del cuerpo técnico y por el delegado del club hasta el vestuario visitante.

Finalmente pudo regresar con la delegación luego de comprobar algunos datos y pertenencias que tenía consigo.

Violencia en el fútbol infantil: se desató una batalla campal luego de que un padre golpeara a dos nenes

Se trata de una medida judicial por un presunto caso de violencia de género. Al jugador se le secuestró el teléfono en la cancha. Fuentes consultadas informaron que si el jugador no entregaba el teléfono podría haber quedado detenido.

Consultado el técnico, Javier Lenciza, sobre la situación que se dio en pleno partido con uno de sus jugadores señaló que estaba totalmente ajeno a esta situación: “Sustituí al jugador por cuestiones técnicas y físicas teniendo en cuenta que venimos de una seguidilla importante de partidos. No me corresponde hablar de su vida privada y colaboramos con la Justicia en todo lo que nos pidieron. El jugador volvió con la delegación a Urdinarrain y la Comisión Directiva está al tanto de lo que pasó en la cancha de Central Entrerriano”.

Con la firma del doctor Diego Raúl Aldao, se procedió a la suspensión provisional del acto comicial que se iba a realizar el 10 de abril venidero, a la vez que se citó a una audiencia de conciliación para el 12 de abril a las 11, estableciéndose a las partes el deber inclaudicable de asistir a la misma.

En los últimos días se realizaron varias presentaciones e impugnaciones ante la Junta Electoral y la Justicia ordinaria, fundamentalmente basadas en el Libro de Registro de Socios que no se actualiza desde 2019 y un padrón informático que fue rechazado, fundamentalmente por la agrupación Triunfo Tatengue su lista, denominada Más Unión, que encabeza Leonardo Simonutti.

Copa Sudamericana: Unión entregó la lista de buena fe

En lo que fue un tironeo político entre la actual conducción del Club Atlético Unión y parte de la oposición, con distintas presentaciones judiciales y fuego cruzado en distintas entrevistas públicas, El Litoral accedió en exclusiva a la información que afirma que “es falso que 16 libros de Registro de Asociados fueron secuestrados en el allanamiento realizado en la sede del Club Atlético Unión el miércoles 11 de septiembre de 2019. En tal sentido, fueron solicitados por oficio el lunes 10 de febrero de 2020 y el club los puso a disposición de la Fiscalía”.

Del mismo modo, ante la consulta afirmaron que “también es falso que no haya constancias de estas diligencias. Todos los trámites están debidamente documentados y notificados a los representantes del Club Atlético Unión, a saber:

La Justicia restituyó los libros de Registro de Asociados a Unión

– 1) El lunes 10 de febrero de 2020, la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, remitió un oficio al Club Atlético Unión para que la institución informe si tiene libro o libros de Registro de Asociados. En el mismo oficio, se le pidió a Unión que, en caso de que tuviera esa documentación, remita a la Fiscalía el o los libros por el período comprendido entre el 24 de julio de 2009 y el 11 de septiembre de 2019.

– 2) El oficio enviado el 10 de febrero por la Fiscalía fue contestado por el club tres semanas después (el lunes 2 de marzo de 2020). Unión informó que efectivamente lleva libros de Registro de Asociados y remitió a la Fiscalía la documentación correspondiente al período solicitado.

– 3) El martes 29 de marzo de 2022, y ante el pedido del Club Atlético Unión, la Fiscalía entregó los 16 libros que la institución había remitido al MPA”, aclararon ante la consulta de El Litoral, despejando todas las dudas.

El lujoso hotel Mim Sitges que Lionel Messi adquirió en 2017, y que está ubicado en el sur de Barcelona, será demolido tras la sentencia de un tribunal y por estas horas en España ya se habla de una estafa millonaria.

Así lo presentaron medios españoles como el periódico online “El Confidencial”, que reportó que cuando la adquirió, el argentino no estaba al tanto de que violaba el código de planeamiento urbano, lo que demandaría su demolición.

El empresario Francisco Sánchez Rodríguez le vendió el 5 de mayo de 2017 el hotel al argentino por más de 30 millones de euros.

Según se consignó, el inmueble quedó enmarañado dentro de un terreno legal con un dictamen firme de demolición. De acuerdo al periódico español, la presunta estafa comenzó durante el 2009. Por entonces, el empresario Sánchez Rodríguez le solicitó al Ayuntamiento de Sitges una licencia de obras para construir el hotel.

El 6 de octubre del mismo año, se la otorgaron. Lo que se dice es que sus obras -que arrancaron a inicios de 2011 y culminaron en 2013- no respetaron los límites cedidos por el Ayuntamiento. Se informó que la estructura de los balcones de la fachada estaba enraizada en la construcción general del edificio y que le ordenaron derribarlos.

Pero quien dijo que para eliminarlos había que derribar el hotel entero fue el propio Sánchez Rodríguez, buscando presionar a las autoridades -que habían cambiado conforme cambió el gobierno de turno- a sabiendas de que el proyecto había sido inicialmente aprobado tal como estaba.

Si efectivamente a fin de cuentas se debe modificar la estructura de los balcones, ese dinero saldría de un fondo que Messi en su momento aportó para tratar “futuros problemas” que pudieran presentarse en la edificación.

​El hotel catalán de Messi se llama actualmente MiM Sitges, fue construido durante el 2013 y lo gestiona la cadena Majestic. Está ubicado sobre la avenida Sofía de Sitges, a unos 50 metros de la playa.

Se trata de un hotel cuatro estrellas. Dispone de 77 habitaciones y suites, y 300 metros cuadrados.

Además, cuenta con piscina y gimnasio. Según su propia página web, el precio por fin de semana varía entre los 105 y los 216 euros por noche para dos personas con un régimen solo de alojamiento.

Por razones humanitarias, la Justicia le ordenó al Gobierno que en 24 horas coordine el regreso de dos argentinos varados en EEUULo hizo la Cámara del Crimen. Es para dos hombres con problemas de salud quienes el tribunal dispuso que al regresar deberán cumplir el aislamiento por la pandemia del coronavirus.

La Cámara del Crimen le ordenó hoy al gobierno nacional que en 24 horas coordine el regreso al país de dos argentinos que se encuentran varados en los Estados Unidos por la disposición que limita el ingreso día de 600 personas por la pandemia del coronavirus. El tribunal hizo lugar al pedido por “razones humanitarias” ya que se trata de dos hombres con problemas de salud y en tratamiento.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal dispuso que al llegar al país las dos personas deberán “someterse a los controles -previos y posteriores al viaje- que disponga la autoridad administrativa y, una vez en el país, cumplir con el aislamiento que pudiera corresponder”.

“Se entiende que la necesidad gubernamental de adoptar medidas que, en resguardo de la salud pública, contribuyan a demorar el ingreso de las nuevas cepas del COVID, aunque justifica el dictado de limitaciones de carácter general como las asumidas mediante la Decisión Administrativa 643/2021, no puede ser invocada frente a la urgencia en reingresar al territorio nacional que deriva de un padecimiento grave de salud”, señalaron los jueces de la Sala VII de la Cámara del Crimen, Mauro Divito y Juan Cicciaro.

El tribunal resolvió el habeas corpus que presentaron cuatro argentinos -uno de ellos menor de edad- que debían regresar al país el 3 de julio pero cuyo vuelo fue cancelado. Dos de ellos alegaron problemas de salud. Uno tiene un hematoma cerebral secundario que le requiere un tratamiento neurológico estricto y debe tomar medicación diariamente. El segundo sufre una arritmia supraventricular que le requiere control y tratamiento crónico.

El caso había sido primero rechazado por el juez de primera instancia Martín Carlos del Viso, quien después se declaró incompetente. Ahora lo tomó la Cámara que primero avaló la decisión del gobierno de fijar un cupo de ingreso diario al país -que vence mañana- por la crisis sanitaria y para evitar la llegada de la variante Delta del virus.

El juez Fabián Lorenzini advirtió que la ley de Concursos y Quiebras es “de orden público”, que el objeto del concurso es preservar el derecho de los acreedores y la empresa -para lo cual es imprescindible la venta al exterior- y que las sanciones de Aduana no estaban fundamentadas.

El juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, ordenó a la Afip/DGA que habilite las plantas productivas y el registro de exportación e importación de la firma. El magistrado denegó la solicitud de contracautela que había pedido el organismo nacional, y advirtió que las sanciones fueron tomadas sin el marco legal que las justificaría.

Las deudas fiscales en las que Afip/DGA justificó las sanciones fueron previas al concurso. El magistrado adviertió que “las normas que rigen el desarrollo concursal son de orden público y por lo tanto imperativas. Sobre este particular, no puede exigirse el pago de créditos anteriores a la presentación del concurso sin violentar el artículo 16” de la ley de Concursos y Quiebras.

Dice Lorenzini que “no existe ni resistencia por parte de Afip de que las deudas son pre concursales, ni oposición a la aplicación del artículo 16 LCQ, que prohíbe a la concursada efectuar pagos de deudas originadas con anterioridad a su concurso y que importe alterar la situación de los acreedores.

En atención a ello, entiendo procedente el pedido efectuado en cuanto a eximir de contracautela”

Añade que “haciendo propias las conclusiones de la sindicatura, si el proceso concursal preventivo tiende a evitar la quiebra y el concursado conserva la administración de su patrimonio, es evidente que debe brindársele los elementos necesarios para cumplir tal fin.

“Tal es así -añade- y en respeto al principio de igualdad de los acreedores consagrado en el artículo 16 LCQ, corresponde ordenar a AFIP/DGA que proceda al levantamiento de las suspensiones del registro de importadores y exportadores de Vicentin SAIC y la la habilitación de las platas inhabilitadas como consecuencia de las suspensiones operadas, originadas por deudas anteriores a la presentación del concurso preventivo”.

Siguen los administradores

Por otra parte el magistrado denegó las revocatorias a su resolución del pasado 196 del 19 de junio, por la cual repuso a los administradores de Vicentin al frente de la empresa y se declaró incompetente para entender en la inconstitucionalidad del DNU presidencial que había dispuesto la intervención de la empresa.

La reposición del interventor mediante una nueva figura había sido planteada por la “alternativa Perotti” a partir de una presentación de la Inspección General de Persona Jurídica de la provincia. Una medida similar -también denegada por el juez- solicitó el gobierno nacional a través del ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.

De todas maneras Lorenzini concedió con efecto no suspensivo, los recursos de nulidad y apelación interpuestos a su decisión de reponer a los directores de la empresa. Y también -en este caso con efecto suspensivo- concedió los recursos de nulidad y apelación contra la resolución de fecha 19/06/2020, en la que el juez declaró su incompetencia frente a la pretensión de inconstitucionalidad del DNU 522/2020, que había planteado el directorio de Vicentin.