La intervención está prevista para el 16 de abril en Buenos Aires donde tendrán que permanecer durante un mes. La pequeña, en mayo, podría celebrar sus 4 años comenzando una nueva vida. Su mamá, Ailín, que ya recibió el apta de donante, contó esta historia que sensibilizó al sur provincial.

Por Santiago Balague

Holly Báez, es una niña de Venado Tuerto que necesita un trasplante de riñón, luego de haber padecido Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) por comer carne mal cocida, comprada en un negocio de la ciudad. Su madre, Ailín Moles, hará este verdadero acto de amor, donando uno de sus órganos. La intervención está prevista para el 16 de abril en el Hospital Italiano de Buenos Aires. De no haber inconvenientes, en mayo, la pequeña podrá celebrar sus 4 años de un modo diferente, recuperando su vida normal y dejando atrás las cinco diálisis que debe realizarse diariamente.

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Por estas horas, Holly se encuentra internada y su estado de salud es delicado, ya que su corazón se debilita con cada diálisis. Por el momento deberá permanecer algunos días más en el Hospital Italiano. El objetivo del equipo médico es que la niña llegue de la mejor manera a abril para poder someterse a la intervención y recibir el riñón.

La historia

Ailín contó un poco más sobre esta historia de lucha, pero sobre todo de amor, que comenzó en el 2020. “Era un día jueves y como no tenía demasiado tiempo hasta el horario de ingreso a mi trabajo compré una vianda de comida que tenía carne mal cocida”, contó. A los pocos días, más precisamente el sábado siguiente, Holly terminó internada en el Hospital “Dr. Gutiérrez” de Venado Tuerto, donde le diagnosticaron Síndrome Urémico Hemolítico y fue trasladada al Sanatorio de la Mujer en Rosario, donde permaneció en terapia intensiva por dos meses.

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De forma inmediata, a partir de esta enfermedad, le dejaron de funcionar los riñones y hoy debe hacerse cinco diálisis diarias. “Ella ingresó a terapia ya con diálisis”, recuerda la mamá.

La única alternativa para que Holly pueda salir de este cuadro es recibir un trasplante de riñón. Por ello, desde hacer siete meses “comenzamos a viajar a Buenos Aires, al Hospital Italiano, para poder avanzar. Hoy estamos en la etapa final, ya que nos hicimos todos los estudios para que pueda recibir un riñón”, comentó. La encargada de donar el órgano será su madre, Ailín.

En estos días, Ailín recibió el apta de donante, ya que “siempre papá o mamá son compatibles”, indicó. Y resaltó: “Desde el primer momento nos dijeron que un órgano de una persona viva es mejor, más aún si es de la mamá, porque empieza a funcionar más rápido y es más duradero, sabiendo que en 15 o 20 años va a necesitar un nuevo trasplante”.

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Ante la decisión de ser la donante, Ailín expresó: “Siempre dije que sí, aunque al principio tuve un poco de miedo. Sin embargo, mucha gente conocida que atravesó la misma situación, me trasmitió mucha tranquilidad y el miedo se fue”.

Con este riñón, Holly podrá recuperar una vida normal, ya que la niña, producto de las diálisis “está con las defensas muy bajas, vive enfermándose, se le desgastaron un poco los músculos, está débil”, detalló la madre, precisando que el único cambio en la vida que tendrá la pequeña es que no van a poder comer comidas con sal, ya que tiene el corazón debilitado por la retención de líquido. “Según los profesionales que atienden a la niña, con el mismo trasplante, su corazón mejorará”, señaló.

Holly espera un trasplante urgente – Foto: IG Todos por Holly

La pandemia, sin duda, terminó demorando la posibilidad de que Holly ya pueda tener su órgano y empezar a desandar un camino sin la necesidad de estar frecuentemente con diálisis. “Ella se contagió de Covid-19 y esto nos afectó porque le dieron mal todos los análisis, más allá de haber sido asintomática”, contó.

Intervención reprogramada

“Teníamos fecha para febrero, pero como Holly está anémica, lo tuvimos que reprogramar para el 16 de abril, porque hay muchos chicos que están en la misma situación y que necesitan un trasplante”, detalló Ailín. Esta semana la niña será internada para recibir hierro.

En cuanto a la intervención, comentó que “nos internan juntas y una vez que me sacan el riñón comienza la operación de Holly que durará unas 7 horas y deberá permanecer unos 10 días en terapia. Recién a los cuatro días me la dejan ver. En total vamos a estar un mes en Buenos Aires, con un control diario”.

El comercio

Por otro lado, Ailín resaltó que no iniciaron ninguna demanda contra la casa de comidas donde compraron la vianda que derivó en la enfermedad de Holly. “Nosotros compramos la comida un jueves, eran tres albóndigas chicas con un arroz primavera. Holly se descompone el sábado y la internan de urgencia, allí me preguntaron si había guardado algo de lo que había comido, pero no lo tenía porque el resto se lo dimos a los perros”, relató. Al poco tiempo, la familia de la niña se entera que el local comercial donde habían comprado la carne mal cocida, cambió de dueño y por ello ni siquiera dicen el nombre del negocio.

“Todos por Holly”

La familia de la niña está desarrollando una campaña para poder recaudar fondos que les permitan afrontar los costos de la estadía en Buenos Aires.

“Tenemos obra social y actualmente lo único que nos cubre es la diálisis. Por eso venimos haciendo rifas, venta de pizzas y tenemos una cuenta abierta para quienes quieran ayudarnos. Cada vez que vamos a Buenos Aires nos tenemos que quedar cuatro o cinco días y eso insume un costo importante”, contó Ailín, quien destacó la ayuda de la Municipalidad de Venado Tuerto para los viajes, abonando el remís que los lleva y trae.

“Estamos viendo el tema del trasplante, por lo que nos dijeron un porcentaje lo tenemos que pagar nosotros y el resto la obra social”, señaló.

La familia de Holly lanzó una nueva rifa porque “nos donaron un montón de cosas para poder entregar como premio. Hasta el 16 de abril (fecha del trasplante) vamos a seguir recaudando dinero”. También se colocarán urnas en diferentes lugares de la ciudad para que la gente puedan hacer su aporte.

Cabe señalar que en Instagram hay una página (@todosxHolly) donde pueden ir siguiendo la historia de Holly y conocer cada una de las actividades que van haciendo.

El Gobierno autorizó un pago de $4.500 millones a obras sociales, con el fin de “mantener la continuidad” de los servicios y en el marco de la “profunda crisis económica y financiera” por la que atraviesa el sector.

La decisión se formalizó por medio de la Resolución 2163/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

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“Apruébase el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR), por la suma de $4.500 millones”, según el texto oficial. El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación y aquellas que se presenten en el futuro.

Sin perjuicio de lo dispuesto, no se realizará el pago a cuenta, como así tampoco futuros pagos a cuenta, a los Agentes del Seguro de Salud que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 744/04, con los Estados de Origen y Aplicación de Fondos vencidos hasta agosto de 2021, hasta tanto regularicen dicha situación, aclaró el Gobierno.

Y justificó esta nueva transferencia de fondos a las obras sociales al señalar que “debido a las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se han ido adoptando desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, a la fecha persiste la imposibilidad de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físicos”.

“Sin perjuicio de ello, no caben dudas de que la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”, añadió.

Numerosas obras sociales tienen suspendida la atención oftalmológica

Por este motivo, sostuvo que resulta oportuno “continuar adoptando medidas con el objeto de garantizar, por vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.

Además, la Superintendencia de Servicios de Salud aseguró que “continúa trabajando en la reformulación y reingeniería integral del SUR, con el fin de acortar los plazos de la transitoriedad de las medidas tomadas”.

El Gobierno nacional otorgará “un apoyo financiero de excepción” a las obras sociales que sufrieron una caída en la recaudación entre marzo y diciembre de 2020, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del tratamiento de pacientes durante la vigencia de la pandemia por coronavirus.

Lo hizo mediante la Resolución 163/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial bajo la firma del superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Daniel Zanarini.

“Otorgase un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de diciembre de 2020, con relación al mes de marzo de 2020”, sostiene el texto.

El objetivo es “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de Covid-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.

Las prepagas dicen que está en riesgo la atención de la segunda ola de COVID-19

En tanto, establece que “el monto del apoyo financiero será el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley Nº 23.660 y aportes del artículo 39 de la Ley Nº 24.977 durante el mes de marzo de 2020, y la recaudación percibida durante el mes de diciembre de 2020”.

En este sentido, la Resolución publica un anexo con el detalle de los montos que recibirá cada obra social, acompañados por el detalle del porcentaje de pérdida de recaudación.

La normativa contempla a 46 obras sociales y calcula una diferencia total en la recaudación de las mismas, de 227.705.825 pesos.

Tras la suspensión de los aumentos de las cuotas, las principales empresas del sector aseguran que no podrán garantizar la prestación a sus afiliados. Creen que el Instituto Patria promueve un proyecto al que comparan con la estatización de las AFJP. En medio de la crisis, un funcionario terminó internado

Ginés Mario González García ya había dado por terminado el año. Creía que la firma de la resolución 2987 del Ministerio de Salud que autorizaba a las prepagas a aumentar un 7% las tarifas a partir de febrero y había sido publicada en el Boletín Oficial del 31 de diciembre sería su último acto de Gobierno del 2020. Pero el jueves al mediodía, cuando se aprestaba a preparar los festejos de Año Nuevo junto a su familia, recibió un llamado telefónico que alteró sus planes.

Resignado, el funcionario activó a su equipo y en tiempo récord firmó otra resolución -2988- para dejar sin efecto lo que había dispuesto hacía pocas horas. El argumento para explicar la marcha atrás fue oficializado en un suplemento especial del Boletín Oficial publicado el 31 de diciembre por la tarde e indicaba: “Por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación se procede a suspender los incrementos que fueran autorizados a las entidades de Medicina Prepaga y a los Agentes del Seguro de Salud”. Pero como suele suceder con la mayoría de los actos de gobierno, el fundamento expresado en la norma poco tiene que ver con lo que realmente sucedió.

La historia comenzó los primeros días de diciembre. El Gobierno había habilitado un ajuste en las cuotas que finalmente quedó stand by. Ese traspié habilitó una negociación de varias semanas que tuvo como protagonista no sólo a González García, sino también al superintendente de Servicios de la Salud, Eugenio Daniel Zanarini. El diálogo había sido complejo, principalmente porque se trata de un sector de la economía cuyos ingresos -regulados por el Estado- estuvieron muy por detrás de la inflación en 2020, el año que tuvo a Salud como protagonista por la pandemia de coronavirus. Pese a las diferencias, los funcionarios saben que el 70% de la población del país se atiende en el sistema de salud privado y que la decisión de discontinuar la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y otros subsidios vinculados a la pandemia provocaron un daño en las finanzas deficitarias de las compañías.

Luego de esas discusiones acaloradas, los referentes de las principales compañías tenían una promesa que no los convencía, pero que creían que se cumpliría de acuerdo a lo que les habían adelantado los funcionarios del área: que a partir de febrero podrían aumentar sus cuotas un 7% y luego seguirían negociando para encontrar un punto de entendimiento. El propio presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estaban al tanto de lo que sucedería y habían habilitado la suba. Sin embargo, luego de que se publicara la primera última resolución del año del Ministerio de Salud, algo se quebró en la cúpula del poder político que impulsó al jefe de Estado a suspender sus efectos.

Quienes conocen los entretelones del culebrón, le atribuyen la marcha atrás a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien opuso una resistencia inflexible en una conversación telefónica con el Presidente, que en rigor habría tenido poca conversación. “Fue casi un monólogo que terminó en forma abrupta”, reconocen en el entorno de ambos. Su posición podría tener algún tipo de explicación económica en un 2021 difícil en materia de inflación para el Gobierno: analistas revelados por el Banco Nación pronosticaron una suba de precios superior al 50 por ciento. Pero en realidad, las explicaciones están mucho más cerca de la política que de la economía.

La ex Presidente tiene en la mira a las empresas de la salud y no lo oculta. Recientemente, en un acto organizado por Axel Kicillof en La Plata del que también participó Alberto Fernández, CFK aseguró que uno de los desafíos del 2021 será “repensar” todo el sistema. “Nuestro país debe ser en toda Latinoamérica el que más recursos humanos, tecnológicos e inversiones tenga en materia de salud. Lo que pasa es que lo tenemos dividido en tres sistemas: público, privado y obras sociales. Vamos a tener que repensar un sistema de salud integrado”, señaló. Y agregó: “Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”.

¿Qué significa eso en términos prácticos? Quien seguramente tiene la respuesta es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien trabaja en un proyecto de reforma cuyo borrador ya recorrió las oficinas principales del Instituto Patria. Los empresarios de la salud están convencidos que la iniciativa retoma el espíritu de un decreto de necesidad y urgencia que había promovido el Poder Ejecutivo en el inicio de la pandemia y luego fue desestimado que declaraba de interés público todos los recursos sanitarios del país.

“A nosotros nadie nos ha llamado. Atendemos a más de 30 millones de argentinos y no hemos tenido una sola reunión en la que nos expliquen cuál es su proyecto de reforma. Creemos que tenemos una buena oportunidad para aportar ideas y esperamos que se nos convoque”, aseguraban este fin de semana desde una de las cámaras. Otros empresarios son más escépticos: “Cuando la Vicepresidenta habla de la reforma del sistema de salud, los afiliados a la medicina privada deberían preocuparse”.

Fuentes del mercado estiman que está en juego un negocio que mueve $800 mil millones anuales. Por la magnitud de la cifra, algunos comparan el plan con la estatización de las AFJP dispuesta por Cristina Kirchner durante su presidencia a raíz de una idea de Amado Boudou, hoy condenado por el caso Ciccone.

La movida podría impactar de lleno en las obras sociales, caja de muchos sindicatos. Por eso, algunos comienzan a preguntarse cuál será la reacción de los dirigentes gremiales en caso de que avanzara la creación de un Sistema Único de Salud. Héctor Daer, secretario general de Sanidad, por ahora mira silencio.

La segunda última resolución del Ministerio de Salud del 2020 provocó una crisis sin antecedentes en los cimientos de la salud privada de la Argentina. Algunos no dudan en llamarla “la 125 de la salud”, en alusión a la norma que desató el conflicto con el campo en 2008. Tal fue el tenor del cimbronazo, que el Superintendente Zanarini no pudo festejar el Año Nuevo con su familia porque terminó internado en terapia intensiva con un grave problema de salud. Este fin de semana todavía se recuperaba en una conocida clínica del barrio porteño de Flores.

Zanarini se sumó así a una tradición de los funcionarios argentinos, que suelen elegir el sistema privado cada vez que tienen un problema de salud. Por ejemplo, en mayo de 2020, Ginés González García se atendió en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires por un hematoma subdural. En julio, Luis D’Elía -referente kirchnerista y líder de la Federación de Tierra y Vivienda- dio positivo de coronavirus y se internó en ese mismo sanatorio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El presidente Alberto Fernández también optó por el Sanatorio Otamendi cuando era candidato a presidente y debió ser internado para un control médico, donde se le detectó un cuadro de “inflamación pleural”.

Mauricio Macri recurrió a los servicios del sistema privado de salud en 2017, cuando ejercía como presidente, para una operación de rodilla que se realizó en el Sanatorio Agote.

Cristina Fernández de Kirchner eligió al Hospital Austral de Pilar para su operación de tiroides en enero de 2012 y el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para una intervención por un hematoma subdural crónico en 2013. Un año antes, su hijo, el diputado Máximo Kirchner también se operó en el Hospital Austral por un problema en una de sus rodillas.

En 2004, un año después de asumir como presidente, Néstor Kirchner creó la Unidad de Atención Presidencial (UAP) en el hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, el centro público de mayor complejidad del país situado en el barrio de La Boca. Sin embargo, el ex presidente la utilizó solo una vez. Las dos intervenciones cardiovasculares de Kirchner en febrero y septiembre de 2010 —por la obstrucción de la carótida derecha primero y para la colocarle un stent después— se realizaron en el sanatorio privado Los Arcos.

Un 2021 complicado

A partir de las últimas novedades, se intensificaron las reuniones de las cámaras de la salud privada, integradas a la Unión Argentina de Salud (UAS). En el último encuentro, uno de los directivos se quejó por la falta de un interlocutor válido en el Gobierno e ironizó: “Quizás a partir de ahora tengamos que dejar de ir a Casa de Gobierno y dirigirnos directamente al Instituto Patria”.

Los ejecutivos se apoyan en presunciones: “El 30 de diciembre nos otorgaron un aumento absolutamente insuficiente del 7% con una inflación cercana al 45 por ciento. Horas después, a través de otra resolución y por ‘expresa instrucción del Presidente Alberto Fernández’ se ordenó la suspensión del aumento. Cuando es necesario aclarar que fue por orden del Presidente, uno empieza a dudar quién es el Presidente”, dicen enojados.

Lo concreto es que están convencidos de que será muy difícil enfrentar un rebrote de coronavirus en la Argentina bajo estas circunstancias. Dicen que se encuentran bajo un ahogo financiero y que los rumores de una posible reforma generan mayor incertidumbre. “No todas somos grandes empresas. Primero caeremos los más chicos, después los medianos y, finalmente, también caerán las grandes”, analizan por lo bajo. Los voceros habituales de la Unión Argentina de Salud por ahora evitaron hacer declaraciones públicas a la espera de las reuniones que tienen agendadas para esta semana.

En algunos sectores del Gobierno, la situación también es observada con preocupación. Frente a la amenaza de una nueva ola de COVID y sin margen de maniobra por la irrupción de CFK en la gestión de uno de los temas más sensibles para los argentinos, el debate interno de la coalición comienza a exacerbarse.

El Gobierno nacional otorgará $ 125,2 millones a las obras sociales para compensar, de manera excepcional, las caídas en las recaudaciones de julio respecto de marzo último que hayan tenido los agentes del seguro de salud en el marco de la pandemia.

Así lo resolvió a través de la resolución 995/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud publicada hoy en el Boletín Oficial, que fijó la compensación de la caída de recaudación de julio para 13 obras sociales sindicales, a través de un apoyo financiero de excepción por $ 125.275.810.

Esta decisión se adoptó para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de coronavirus, “así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.

El monto del apoyo financiero establecido será abonado con recursos del Fondo de Emergencia y Asistencia, afectados al Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los Agentes del Seguro de Salud.

El mes pasado el Gobierno otorgó $ 821,8 millones para compensar la caída de recaudación de 97 obras sociales sindicales durante junio.

La reducción de obras sociales asistidas de un mes a otro marca la recuperación en las recaudaciones de las mismas, por la reanudación de mayor cantidad de actividades de la economía.

Las obras sociales atendidas en esta oportunidad son del Personal del Turismo, Hotelero y Gastronómico; de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada; de la Industria del Transporte Automotor de Córdoba; del Personal del Espectáculo Público; del Personal de Peluquerías; y la Asociación de Obras Sociales de Trelew.

También se asistió a las obras sociales del Personal de la Industria Cinematográfica; de Conductores de Remises; del Personal de Empaque Y Expedición de Fruta Fresca y Hortalizas de Cuyo; del Personal de Dirección Y Jerárquico de la Industria del Cigarrillo; del Personal Directivo de la Industria de la Construcción; de Obreros Empacadores de Fruta de Rio Negro Y Neuquén; y del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro.

Los profesionales entienden que se agotaron los esfuerzos para preservar la atención con “calidad” y “justos honorarios”. Los aranceles -dicen- están desactualizados.

Los oftalmólogos nucleados en Servicios Oftalmológicos SA (SOFSA) de la ciudad de Santa Fe informaron sobre el cese de las prestaciones a los afiliados de varias obras sociales y prepagas que no brindaron respuesta favorable a los requerimientos efectuados en numerosas oportunidades.

Los profesionales entienden que se agotaron los esfuerzos realizados para lograr un acuerdo que preserve la atención oftalmológica de calidad con sus justos honorarios y que dada la compleja situación económica con un contexto de inflación y devaluación como el que hemos transitado en 2019/2020, sostener la actual atención a aranceles desactualizados es inviable.

El requerimiento de SOFSA a obras sociales y prepagas tuvo como premisa respetar costos y parámetros y para tal fin, se solicitó un valor de la consulta del 50% de lo establecido como referencia por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), un 30% por debajo del valor mínimo ético de consulta especialista establecida por el Colegio de Médicos de Santa Fe.

Los profesionales vienen solicitando reuniones desde diciembre del 2019 y han anticipado la decisión de corte con 30 días. Al no haber tenido respuesta favorable, suspendieron la atención desde el 4 de agosto pasado a pacientes de obras sociales y sistemas de salud que no acordaron con la entidad.

Las que han acordado y mantienen la atención en estos momentos son las siguientes: Iapos, Pami, ART La Segunda, Amep, Mutual del Clero, Trabajadores de Farmacia, Protección Familiar, Uom, Argus, Ospihmp, Integral Salud, Dasuten, Sadaic, Ospac, Grupo San Nicolás, Andar Visitar, Gerna, Seguros, Confiteros, Asociar ART, Opdea, Osmata, Omint ART, Camioneros Primero, Agua y Energía.

Desde SOFSA ratificaron que se insiste en el principio de bregar por la libre elección del profesional encontrándose la cartilla de todos los prestadores en www.sofsa.com.ar La entidad que nuclea a los profesionales está abierta y predispuesta al diálogo a fin de solucionar la situación a la brevedad, entendiendo que la medida afecta a los pacientes y pone en una situación compleja a los profesionales.

El Gobierno compensará la diferencia de recaudación de los agentes del seguro salud producida en abril respecto de marzo, para lo cual destinará $ 1.280 millones; y además otorgará otros $ 1.864 millones a 255 obras sociales, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la SSS, para que puedan hacer frente al pago de los prestadores privados.

El Gobierno nacional destinará $ 3.150 millones a compensar la caída de recaudación sufrida por los agentes del seguro de salud en abril último, y a adelantar reintegros a las obras sociales, a través de las resoluciones 465 y 466/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud publicadas hoy en el Boletín Oficial.

El Gobierno compensará la diferencia de recaudación de los agentes del seguro salud producida en abril respecto de marzo, para lo cual destinará $ 1.280 millones; y además otorgará otros $ 1.864 millones a 255 obras sociales, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la SSS, para que puedan hacer frente al pago de los prestadores privados.

La primera de las resoluciones, la 465/2020, otorga un apoyo financiero de excepción a los agentes del seguro de salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación en abril en relación con marzo, para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de coronavirus, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores para la continuidad de la atención de los beneficiarios.

Se trata de $ 1.279.818.836,91 que se distribuirán entre 160 obras sociales, como resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones durante abril, y la recaudación percibida en marzo.

En tanto, la segunda resolución, la 466/2020, es una continuación de la 420/2020 que a principios de mes otorgó casi $ 4.000 millones a las obras sociales.

Luego de ese primer desembolso de fondos, la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros de la SSS elaboró un informe técnico en el cual propició el dictado de una resolución para un nuevo pago a cuenta en concepto de adelanto de fondos a los agentes del seguro de salud.

Así, la nueva norma vuelve a aplicar el procedimiento de pago a cuenta a estos agentes, con saldos pendientes, y otorga $ 1.863.965.116 en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR).

El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los agentes, pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se presenten en el futuro.

La Superintendencia destacó que a partir de la emergencia sanitaria “se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo”.

Al respecto, señaló que “la merma en la actividad productiva, consecuencia inevitable del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se ve reflejada asimismo en la recaudación tributaria y, consecuentemente, en los recursos destinados a los agentes del seguro de salud”.

En este marco, afirmó que “la situación descripta amenaza la cadena de pagos del sistema de salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios”.

Remarcó que “la disminución de la recaudación repercute también sobre los recursos que deben ser destinados al Fondo Solidario, necesarios para hacer frente a las prestaciones médicas de baja incidencia y alto impacto económico y las de tratamiento prolongado, incorporadas al SUR, así como a la cobertura directa de las prestaciones básicas para personas con discapacidad”.

En consecuencia, subrayó que “resulta necesario adoptar medidas adecuadas con el objeto de prevenir tales efectos y garantizar el adecuado servicio de los sanatorios, clínicas y demás prestadores de salud que atienden a los beneficiarios de la seguridad social durante la pandemia causada por el coronavirus”.