La iniciativa que pertenece a los diputados provinciales Natalia Armas Belavi y Nicolás Mayoráz, del Bloque Somos Vida y Familia, y que fue aprobada por el Concejo Municipal de Santa Fe.

Busca concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad, a fin de reflexionar y combatir la estigmatización de quienes la padecen.

Por resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, cada 29 de octubre, está dedicado a las personas con psoriasis y artritis psoriásica con el fin de aumentar la concientización de la sociedad y combatir su estigmatización.

De acuerdo con la iniciativa presentada por los diputados provinciales Mayoraz y Armas Belavi, la iniciativa apunta a que el Estado provincial santafesino garantice -mediante la formulación de políticas públicas- la promoción de acciones tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia las personas en situación de calle.

Mediante la promoción de una cultura basada en el respeto y solidaridad entre todos los grupos sociales; así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario y de su inclusión en políticas de vivienda, empleo y educación; acceso a los programas de desintoxicación y tratamientos para condiciones asociadas al abuso de sustancias, la salud mental y las discapacidades de acuerdo a las particularidades del sujeto que requiera el servicio; la orientación de las acciones al desarrollo de la autonomía personal y la reconstrucción de los lazos familiares y comunitarios.

Además, se deberán poner en marcha capacitaciones interdisciplinarias para quienes trabajan – tanto en el sector público coma privado- con las personas en situación de calle y se deberán integrar al presupuesto anual partidas destinadas a la política pública y programas dirigidos a las personas situación de calle.

Programa “Paradores y casas abiertas”

El proyecto presentado por los diputados del bloque Somos Vida y Familia, dispone la creación del Programa “Paradores y Casas Abiertas”, cuyo fin es brindar alojamiento “seguro” a personas mayores de 18 años y grupos familiares en estado de abandono, situación y/o riesgo de situación de calle; contarán con el personal de cocina y maestranza necesario y mecanismos que permitan dar intervención a profesionales y/o funcionario de los gobiernos municipal, comunal o provincial, según la situación lo requiera.

En estos paradores, se brindará cena y desayuno, posibilidades de higienizarse, ropa limpia y de abrigo, y un lugar para dormir; mientras que en las casas abiertas se brindarán servicios de alojamiento transitorio, tanto de día como de noche, alimentación, higiene, ropa de abrigo, así como actividades que contribuyan a la reinserción social y que tengan que ver con la capacitación laboral y la formación en valores.

El Ministerio de Desarrollo Social -en articulación con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Derechos Humanos- será la autoridad de aplicación de esta legislación, debiendo establecer para los paradores y casas abiertas en funcionamiento, un programa de seguimiento y control. Asimismo, se implementará una línea de atención gratuita para recibir demandas relacionadas con emergencias sociales.

Historia del proyecto

Los legisladores recuerdan que “el 30 de Marzo de 2012 el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Santa Fe realizó una visita a la Defensoría del Pueblo, y en una entrevista con el Defensor Adjunto para la Zona Norte, planteó, entre otras inquietudes, la necesidad de gestionar la instalación en la ciudad de un refugio para personas adultas en situación de calle”.

“El entonces Defensor Adjunto, Luciano Leiva, realizó entrevistas con el Secretario General de la Municipalidad, Dr. Carlos Pereira y con la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Mónica Bifarello; ambos aceptaron la posibilidad de que el Estado, en esos niveles, pudiera colaborar con la propuesta que veían positiva y viable”.

“Cáritas Arquidiocesana de Santa Fe siempre había atendido esta problemática. El sacerdote Dante Debiaggi comenzó a trabajar en el área, logrando que en el año 2016, proveniente de Italia, un matrimonio miembro de la Asociación Papa Giovanni desarrollara el rol de caseros para albergar a personas en situación de calle. Luego fueron apareciendo también espacios en las Cáritas Parroquiales de distintos decanatos tales como la cocina solidaria, las duchas solidarias y recorridos nocturnos que distribuyen alimentos, frazadas y otros elementos. Sin embargo, el padre Dante Dabbiaggi al pasar el tiempo, no pudo encontrar una casa para concretar el dormitorio”.

Por eso, en aquel entonces “tanto la Defensoría, por decisión del Dr. Bistoletti, como el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, acordaron interesar a Cáritas a los efectos de contar con su aporte en la gestión del eventual refugio. El Padre Axel Arguinchona -por Cáritas-, aceptó gustoso el desafío de trabajar sobre el proyecto, así como el entonces intendente José Corral, quien comprometió al municipio a seguir avanzando en la misma línea”.

Derechos y alcances

Este derecho -sostienen los autores- encuentra su fundamento y reconocimiento integral de los derechos y garantías consagrados tanto en la Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Argentina sea parte. En este sentido, se hace necesario partir de la premisa que las personas a las que se refiere este texto legal, son sujetos de derecho.

Por esto, agregan, resulta insoslayable considerar como personas en situación de calle a los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de sexo y origen que habiten en la calle o espacios públicos en forma transitoria o permanente en los municipios y comunas del territorio de la Provincia de Santa Fe y como personas en riesgo a la situación de calle a los hombres o mujeres adultos o grupo familiar, sin distinción de género y origen, que padezcan al menos una de las siguientes situaciones: a) Que se encuentren en instituciones de las cuales egresaran en un tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional; b) Que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo; y c) Que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento.

Asimismo, la persona que se encuentra en situación de calle debe manifestar su deseo de vivir en un centro o espacio transitorio de alojamiento. Este alojamiento será por naturaleza excepcional, de última instancia y transitorio, durando hasta que se acredite fehacientemente el hecho que la persona por sus propios medios y/o con el acompañamiento de programas sociales de reinserción laboral consiga los ingresos suficientes como para establecerse en un alojamiento seguro y propio.

La realidad actual

Mayoraz y Armas Belavi destacan que la provincia de Santa Fe, “en la actualidad, cuenta con centros para albergar a personas en situación de calle en la ciudad de Santa Fe y Rosario; como se puede apreciar en la página web de la provincia; pero la legalidad la obtienen al ser programas incluidos en la Ley de Presupuesto, y carecían de una legislación y reglamentación específica. Estos establecimientos conforman el Sistema Proteccional de Asistencia Habitacional Transitoria, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; la mayoría son centros para niños y en la ciudad de Santa Fe, para adultos se cuenta con el pabellón N° 20 del Hospital Sayago, que cuenta solo con 16 plazas”.

Además destacan que “la Municipalidad de Santa Fe y de la ciudad de Rosario presta el servicio, pero el mismo es insuficiente. Hoy en día, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, se encarga del abordaje interdisciplinario de casos puntuales para su correspondiente derivación. La nueva ley, en tanto, propone en su articulado la instrumentación de convenios con distintos actores relacionados a la temática, a través de los cuales se facilite comenzar a solucionar la situación descripta”.

Este miércoles por la mañana se confirmó que un diputado de la provincia de Santa Fe se contagió de coronavirus.

Se trata de Nicolás Mayoraz, rosarino del bloque Somos Vida y Familia , según informaron desde el entorno del legislador. “No tiene síntomas. Se encuentra bien y no siente nada raro. Igualmente, se está cuidando”, explicaron a este medio.

De esta manera, Mayoraz se convierte en el cuarto diputado provincial con diagnóstico positivo a Covid-19. Los otros tres legisladores son Lionela Cattalini, Cesira Arcando y Julián Galdeano, que confirmaron sus contagios días atrás.

Además de los casos de estos legisladores, cabe señalar que una ministra de la gestión de Omar Perotti se encuentra aislada de manera preventiva por ser contacto estrecho de un paciente positivo a coronavirus. Se trata de Silvina Frana (Infraestructura), que informó su situación este martes.

A raíz de la muerte de la joven Solange en Córdoba, se abrió el debate sobre la situación de humanizar los procesos que tienen que ver con la atención de los pacientes en estado terminal y su entorno afectivo.

En tal sentido, la diputada santafesina Natalia Armas Belavi y el diputado Nicolás Mayoraz presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto para que se elabore un protocolo de seguridad sanitaria.

Los legisladores pretenden que, desde el Poder Ejecutivo santafesino, a través del organismo correspondiente, se elabore un protocolo de seguridad sanitaria para que se autorice y se permita acompañar a los enfermos graves y terminales internos en efectores públicos o privados en el contexto de aislamiento social, previa acreditación del vínculo familiar.

En el proyecto presentado se sostiene que la muerte en soledad en el contexto del aislamiento social por coronavirus resulta doblemente dolorosa, dicho de otro modo, “el sufrimiento se hace especialmente lacerante cuando un paciente entra en la fase final de su vida con esa privación afectiva”. Sin quitar mérito al esfuerzo de acompañamiento que están haciendo los profesionales sanitarios, “se debe permitir el acceso de, al menos, un familiar, sobre todo, en los momentos de despedida”, dice el Comité de Bioética de España.

En este sentido, la declaración emitida por este organismo asesor del gobierno español manifiesta que tanto esta acción como la de brindar acompañamiento espiritual o religioso constituyen derechos del paciente proclamados en diferentes regulaciones específicas y que como derechos, reconocidos ya normativamente, debe procurarse siempre que su limitación no solo esté justificada ética y legalmente, sino que, además, no sea de tal intensidad que acabe, de facto, por convertirse en una absoluta privación. Es por ello que los diputados sostienen que nuestro país en general y la provincia de Santa Fe en particular no puede permanecer ajena a las recomendaciones antes mencionadas.

Que dice la ley

En la legislación argentina, la ley N°26.529 “Ley de derechos del paciente” es la que ampara a los pacientes terminales, la misma tiene modificaciones y aplicación en la provincia de Santa Fe. Las mismas son:

– el derecho a la asistencia por el cual el paciente puede solicitar acompañamiento especial de acuerdo a sus ideas y creencias religiosas, resultando inadmisible la negación de las mismas en virtud del principio de atención integral que la práctica sanitaria tiene que brindar;

– el trato digno y respetuoso del paciente de acuerdo a las convicciones personales y morales, cualquiera sea el padecimiento, haciéndose extensivo este derecho a familiares o acompañantes;

– la autonomía de la voluntad en tanto puede adoptar aquellas decisiones relevantes para su estado de salud atendiendo al principio general de la Bioética según el cual cuando ya no se puede curar es necesario cuidar.

Esto último encuentra también sentido en la normativa referida el derecho del paciente a recibir cuidados paliativos integrales durante el proceso de atención de su enfermedad (Artículo 5, inciso h).

Por su parte, el Decreto PEN 1089/12, reglamentario de la mencionada norma legal, establece las condiciones que deberá reunir el familiar que acompañará al paciente durante este desenlace el cual se tendrá fundadamente o de hecho acreditado; a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que a ese único efecto constituirá prueba suficiente por el plazo de cuarenta y ocho ( 48) horas, debiendo acompañarse la documentación acreditante. Las certificaciones podrán ser efectuadas por ante el director del establecimiento público o privado, o quien lo reemplace o quien aquél designe.

En definitiva, la no observancia de esta mínima humanización en el trato al que está a punto de morir tiene consecuencias tanto para él, como para su entorno familiar difícilmente de reparar más en momentos tan sensibles como los actuales.

El diputado provincial Nicolás Mayoraz pidió al Ejecutivo arbitrar medidas urgentes para empezar las clases en las escuelas rurales de forma presencial.

“La infancia rural está de por sí desfavorecida por el sistema. El Coronavirus empeoró la situación sin haber llegado a zonas que casi no tienen conectividad ni clases pero tampoco riesgo de contagio. Se los está privando de muchos derechos”.

Hace 102 días que se suspendieron las clases en toda la Provincia y el 97,5% de los casos reportados se han dado en localidades de más de 2.000 habitantes. El Covid-19, salvo muy contadas excepciones, no está llegando a las zonas rurales. En 14 de los 19 departamentos no hubo casos en los últimos 3 días y en varios ni se registraron contagios desde que comenzó la pandemia.

Mayoraz señala que la suspensión de clases no hizo distinciones territoriales: “Se acostumbra pensar la Educación desde la ciudad pero en las escuelas en contexto de ruralidad el escenario es muy diferente. Hay poca conectividad y escaso acceso a la tecnología. Las clases por videoconferencia o correo electrónico se hacen difíciles o son imposibles”. Advierte además que es una infancia que necesita una atención especial: “De por sí requiere un gran esfuerzo de docentes, familias y alumnos. En estos más de 100 días conocimos muchas historias heroicas. Pero hay evidencias de que el riesgo es nulo o muy bajo en muchas localidades. La escuela rural es un baluarte no sólo para la educación sino también para la contención social. Ya deberíamos estar trabajando para que las clases empiecen cuanto antes extremando las medidas de prevención necesarias”.

En Uruguay ya reabrieron muchas escuelas rurales. Es un sistema de asistencia voluntaria donde docentes y alumnos de riesgo son exceptuados. Implementaron protocolos de sanidad, acondicionaron y desinfectaron los locales y monitorean las condiciones de salud y la movilidad de docentes y alumnos que muchas veces vienen desde lejos. Es un esquema que podría replicarse en Santa Fe y en el país.

En la Provincia hay aproximadamente 5000 escuelas de las cuales 1389 son rurales. Para el diputado “impera la necesidad de redoblar esfuerzos para reducir los daños que la emergencia sanitaria acarreó a la Educación. Hay una deuda histórica con estas instituciones en materia de infraestructura y recursos. No tiene sentido que miles de estudiantes sean privados de sus derechos en regiones donde el problema no llega. Y es también una oportunidad para reducir la brecha entre la educación rural y la urbana”.

“Si se coordinan las acciones entre Educación y Salud del ejecutivo provincial y los distintos departamentos, se pueden implementar acciones y protocolos para lograr que muchos estudiantes retomen las clases de forma segura”, aclara el diputado del bloque Somos Vida y Familia. Y agrega: “la Educación debe ser una prioridad para los santafesinos. Esta es una medida concreta que va a ayudar a la infancia de los sectores rurales, un sector vulnerable cuya contención por parte del Estado Provincial continúa aún pendiente. Es una cuestión de equidad en la que se puede y se debe avanzar”.

Continuando con sus gestiones legislativas en el marco de la pandemia del Covid- 19, el diputado y presidente del bloque Nicolás Mayoraz junto a su compañera Natalia Armas Belavi, estuvieron presentes la última semana en la ciudad de San Justo.

La actividad arrancó por la mañana, a las 9.30, en el Hospital Samco Dr. Juan Lanza, donde se reunieron con su directora, Dra. Cintia Vega, para interiorizarse sobre las diferentes problemáticas que atraviesan en dicho efector, como así también intercambiar información con el objeto de brindar soluciones y apoyo desde su labor como legisladores.

Luego visitaron el Club de Leones, donde tuvieron un breve encuentro con su presidente, Eduardo Dogloli. Seguidamente mantuvieron una reunión con el intendente de la ciudad, Nicolás Cuesta, en la sede del gobierno municipal.

Posteriormente, se reunieron con la secretaria de Cultura Georgina Martínez y más tarde hicieron lo propio en el centro ex combatientes de Malvinas donde fueron recibidos por su presidente Abel Zavala.