Tras confirmarse la muerte de Nemesio O

seguera Cervantes, alias "El Mencho", el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una violenta contraofensiva que mantiene bajo fuego a varios puntos de México. 

Las redes sociales se han inundado de videos captados por ciudadanos que muestran escenas de guerra urbana: ráfagas de armas largas, incendios de vehículos de transporte público y comandos armados tomando el control de arterias principales en una demostración de fuerza coordinada por la organización criminal.

La ofensiva del cartel no se limitó a Puerto Vallarta, sino que se extendió rápidamente a al menos cinco estados. El modus operandi registrado en las grabaciones de los testigos muestra a sujetos encapuchados despojando a particulares de sus autos para utilizarlos como barricadas incendiarias. 

My daughter asked a few weeks ago if she could go to Puerta Vallarta, Mexico for Spring Break with her girlfriends. I am glad I said, “heII no”. pic.twitter.com/azZYLsKKQb

Se han reportado ataques directos a balazos contra la Guardia Nacional en la carretera a Chapala y emboscadas a policías estatales y municipales en puntos estratégicos de Guadalajara, como Calzada del Ejército y Revolución.

Ante la magnitud de los ataques atribuidos al CJNG, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró formalmente el Código Rojo. La medida implica el despliegue total de fuerzas de seguridad y el cese de actividades civiles para proteger a la población, que se encuentra atrapada en medio de los enfrentamientos entre civiles armados y el Ejército. 

Con las rutas paralizadas y eventos masivos cancelados en este agitado domingo de febrero de 2026, el estado permanece en una tensa calma mientras las autoridades intentan retomar el control de los territorios tomados por el cártel.

Tres miembros de una organización narco que operaba en el norte del país recibieron condenas de hasta siete años de prisión por transportar y comercializar cocaína y marihuana. Sin embargo, la atención está puesta en los dos jefes de la banda: Martina Oliva, modelo de 23 años y ex Miss Orán, y su novio Gustavo Tolaba, de 29. La pareja será juzgada en febrero de 2026.

La investigación reveló que Oliva y Tolaba organizaron 31 viajes en apenas cuatro meses para mover droga desde la frontera con Bolivia hasta Salta y Jujuy.

La banda usaba una Toyota Hilux y un Citroën C3, tomaba rutas alternativas y hasta se desviaba del trayecto varias horas para evitar los controles policiales.

El caso salió a la luz el 5 de febrero, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a tres personas tras una persecución a más de 180 kilómetros por hora en Salta. Los oficiales incautaron 15 kilos de marihuana y descubrieron la logística de la banda.

Cuando la PSA interceptó la camioneta de Tolaba, él viajaba junto a Oliva y Ángela Cuenca. A unos 500 metros, los seguían Benjamín Michel Delgado, Roberto Carlos Leiton y Juan Alberto Romero. Al ver el operativo, estos últimos giraron en “U” y escaparon por la ruta 9/34, arrojando paquetes de droga por las ventanillas.

La fuga terminó en una casa de Jujuy, donde abandonaron el auto y la Policía detuvo a Romero. Leiton fue capturado dos semanas después en Orán, mientras que Delgado cayó en octubre tras un accidente en la ruta 50.

Burgos fue arrestado el mismo día del operativo, en una casa donde la banda iba a entregar la droga. Allí, la Policía encontró un bolso con seis millones de pesos destinados al pago del cargamento.

La investigación, que duró cerca de tres meses, permitió reconstruir el funcionamiento de la banda. El grupo se movía en convoy: un “coche puntero” abría camino y otro vehículo llevaba la droga.

Oliva y Cuenca coordinaban los viajes y usaban “coches punteros” para evitar controles: un auto adelante y otro detrás, a pocos metros.

Pero la “narcomodelo” no solo acompañaba a Tolaba en los viajes, sino que también tenía un rol clave en la logística y las finanzas, manejando pagos y transferencias millonarias.

Por su parte, Cuenca, pareja de Delgado, era clave en la comunicación entre los autos. Leiton y Romero se turnaban como choferes y hacían de nexo con los proveedores.

De acuerdo con las pruebas reunidas en la causa, a cargo del fiscal Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, Tolaba era el encargado de negociar la droga con proveedores en la frontera de Aguas Blancas.

Así, entre octubre de 2024 y fines de enero de 2025, la organización realizó al menos 31 viajes con cargamentos de marihuana, la mayoría con destino a la casa de Burgos, quien esperaba con el dinero para cerrar las operaciones.

En septiembre, Romero recibió 6 años de cárcel por transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad. Cuenca recibió la misma pena, pero cumplirá arresto domiciliario por tener tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad.

Burgos fue condenado a 5 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, le decomisaron los seis millones de pesos incautados en el operativo.

El mismo tribunal sentenció a Leiton a 4 años de cárcel por transporte agravado y resistencia a la autoridad. En noviembre, Delgado recibió 7 años por los mismos delitos.

Tolaba y Oliva, los líderes de la banda, decidieron ir a juicio oral y público, que se realizará en febrero de 2026 ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los resultados de una serie de operativos de alto impacto realizados el último fin de semana.

Estas acciones reflejan la política de seguridad activa que la provincia implementa en sus rutas y ciudades para combatir el crimen organizado. Durante los procedimientos, se logró el secuestro de más de 243 millones de pesos en efectivo, la incautación de 14 kilogramos de cocaína y 135 kilogramos de marihuana, además de la desarticulación de una importante banda narco que operaba en la ciudad de Concordia.

En sus declaraciones, el ministro Roncaglia subrayó la efectividad de los trabajos coordinados: «El esfuerzo conjunto, la profesionalización y la capacidad técnica de nuestras unidades está permitiendo golpear de manera efectiva a las redes criminales que operan en el territorio provincial». Los resultados presentados marcan un hito en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Entre Ríos.

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial desempeñó un rol crucial en dos procedimientos destacados llevados a cabo en el Puesto Caminero Paso Cerrito. En el primero de ellos, agentes de la fuerza interceptaron un vehículo Ford Fiesta Kinetic que presentaba anomalías en su estructura. Tras la intervención de un can antinarcóticos y la correspondiente autorización judicial, se descubrieron 14 kilogramos de cocaína, distribuidos en tres paquetes rectangulares, ocultos en un doble fondo del rodado.

Estas acciones permitieron el secuestro de más de 243 millones de pesos en efectivo, 14 kilos de cocaína y 135 de marihuana, además de la desarticulación de una banda narco en Concordia, asestando un fuerte golpe al crimen organizado en la provincia. Foto: Gob. ER

En el mismo puesto de control, se detuvo la marcha de un automóvil Toyota Corolla que provenía de la provincia de Misiones. Los efectivos policiales detectaron un cajón de fabricación casera en el paragolpes trasero del vehículo, donde se ocultaban $243.782.000 pesos en efectivo, sin ningún tipo de aval legal que justificara su procedencia. A raíz de este importante hallazgo, el Juzgado Federal de Concordia inició una causa por lavado de activos, registrándose como uno de los secuestros de dinero en efectivo más grandes en la historia de la provincia.

En una operación coordinada y producto de seis meses de investigación de la Dirección de Drogas Peligrosas, se ejecutaron 21 allanamientos de manera simultánea en los barrios San Agustín, Toronjal y Sol de la ciudad de Concordia.

Estos operativos permitieron desarticular por completo una compleja red dedicada al tráfico de estupefacientes en la zona. Como resultado, se incautaron 16 millones de pesos, cocaína fraccionada lista para la venta, diversos vehículos y teléfonos celulares. La intervención concluyó con la detención de nueve personas vinculadas a esta organización criminal.

La colaboración ciudadana fue fundamental para frustrar una entrega de drogas vía fluvial en la zona costera de Bajada Núñez, en la ciudad de Paraná. Tras recibir el aviso de un vecino que reportó la presencia de una lancha arrojando bultos a la orilla, se desplegó un rápido operativo con la participación de la Comisaría 7°, el Comando de Operaciones Especiales (COE) y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales. La acción conjunta permitió incautar 190 panes de marihuana y dos bolsas con picadura de la misma sustancia, alcanzando un peso total de 135,185 kilogramos.

En la madrugada de este miércoles, residentes del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, trasladaron más de 50 cuerpos a la plaza São Lucas de la comunidad. A primeras horas de la mañana llegó Defensa Civil al lugar para llevarse los cuerpos.

Los cadáveres fueron hallados en la zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado.

Moradores já desceram mais 56 corpos já confirmados no Complexo da Penha e Complexo do Alemão. 64 corpos já foram noticiados. OU SEJA, pelo menos 120 MORTES. A maior chacina da história do Rio de Janeiro do Cláudio Castro e Eduardo Paes. #RJNoAr CLÁUDIO CASTRO CRIMINOSO PEC DA… pic.twitter.com/vj3S29Orev

De acuerdo con las cifras oficiales, la acción dejó al menos 64 muertos y 81 personas detenidas. Entre las víctimas fatales hay cuatro policías.

La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cuerpos, declaró que varios cadáveres presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”.

Organizaciones y defensores de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de DDHH la presencia de interventores y peritos internacionales en Río.

Los cadáveres fueron retirados de la parte trasera de un vehículo con la ayuda de personas en situación de calle. Entre quienes colaboraron en la remoción había menores. Un niño de aproximadamente nueve años asistió en la tarea, informó el periódico Folha de San Pablo.

Uno de los cuerpos no tenía cabeza. La misma fue transportada en una bolsa. En medio de la conmoción, uno de los presentes gritó a los familiares: “Es uno de cabello rojo”. Las manos del cadáver estaban cerradas, apretando césped.

Los cuerpos, alineados en la plaza, estaban rodeados de habitantes del barrio que intentaban identificar a sus familiares y conocidos. Una mujer gritaba: "Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?“. La madre de una de las víctimas, un joven de 20 años, comentó haber encontrado a su hijo con la muñeca atada en la zona boscosa.

La ONU se mostró "horrorizada" por la operación letal contra el crimen organizado en RíoEl activista Raull Santiago informó que la exposición de los cuerpos fue solicitada por los familiares, con el fin de mostrar en qué condiciones fueron hallados. “Una escena que entra para la historia de terror de Brasil”, expresó.

Según Santiago, los cuerpos localizados en la madrugada no figuran en el balance oficial de muertes. El gobierno estatal no ha emitido aún ningún comunicado sobre esta situación.

El mayor operativo de la historia contra el narcotráfico en Río de Janeiro dejó al descubierto el poder de fuego que maneja el grupo criminal Comando Vermelho (CV) y la fuerte interna política entre el gobierno carioca afín al bolsonarismo y el federal del presidente Lula da Silva.

El megaoperativo causó al menos 64 muertos y más de 80 detenidos en los complejos de Penha y Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río ubicados en la zona norte de la turística Cidade Maravilhosa.

Nadie esperaba semejante escenario de guerra aún en una ciudad habituada a escenas de violencia extrema en las barriadas pobres dominadas por el narco. Unos 2500 policías participaron de un plan para concretar el arresto de 100 cabecillas del grupo criminal más poderoso y antiguo de Brasil.

Pero más allá de la seguridad, el operativo tuvo su derivación en la dura lucha política que enfrenta el bolsonarismo con el gobierno de Lula a un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2026 y con el expresidente Jair Bolsonaro preso y condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Por un lado, el gobernador bolsonarista de Rio, Claudio Castro, dijo que su gobierno está solo en la lucha contra el narcotráfico y acusó al Palacio del Planalto de negarle ayuda federal.

“Tuvimos pedidos negados tres veces: para tener vehículos blindados teníamos que tener GLO (Garantía de la Ley y del Orden, una operación prevista por la Constitución que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública en situaciones excepcionales). El presidente está en contra del GLO. Cada día da una razón (nueva) para no colaborar”, dijo Castro.

Pero el ministerio de Justicia federal rechazó esas acusaciones y afirmó que colaboró en numerosos operativos este año. Además, mencionó la presencia de fuerzas nacionales en Río y distintas reuniones con funcionarios locales.

“Creo que el mega-operativo no tenía ese objetivo (de dejar al descubierto al gobierno federal), sino más bien de demostrar servicio público, pero se salió de control. Políticamente, todos pierden“, dijo a TN el analista brasileño de la Fundación Getulio Vargas (FGV) Marco Teixeira.

Las escenas que se vivieron en la zona norte de Río parecían sacadas de un contexto de guerra. Las columnas de humo que salían de distintos puntos de las favelas Penha y Alemão reflejaban la violencia del enfrentamiento.

Los “soldados” del Comando Vermelho demostraron su enorme poder de fuego. No solo practicaron guerrilla urbana con barricadas levantadas con decenas de vehículos y micros secuestrados en la zona. También resistieron con drones artillados el avance de la policía.

Los 2500 agentes tenían órdenes de arrestar a 100 cabecillas del grupo. Pero fueron recibidos por disparos de ametralladoras y bombas lanzadas desde drones. Decenas huyeron en fila india desde la parte alta de la favela.

La policía dijo que 81 sospechosos fueron detenidos.

El Comando Vermelho (Comando Rojo en español), CV) es el grupo criminal más antiguo de Brasil.

Según un informe de Insight Crime, una organizacion estadounidense que investiga el crimen organizado en América Latina, fue conformado en una prisión de Río en los años 70 como grupo de autoprotección de los prisioneros.

“Comenzó con delitos menores, como asaltos y robos a bancos, pero en los años 80 incursionó en el tráfico de cocaína, trabajando con carteles de la droga colombianos y asumiendo un rol de liderazgo social en muchos de los barrios marginados de Río”, indicó.

Río de Janeiro registró este martes escenas de guerra, con al menos 64 muertos en “la mayor operación en la historia” de la ciudad contra el narcotráfico. Lo informó el portal G1.

El megaoperativo contra la organización criminal Comando Vermelho (CV) se realizó en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río, en la zona norte de Río, según la Policía Civil.

La cifra de detenidos ascendió a 81, informó EFE. Las autoridades dijeron que entre las víctimas fatales hay cuatro policías. Según las autoridades, los delincuentes resistieron hasta con drones artillados.

MEGAOPERATIVO EN RÍO DE JANEIRO: 20 MUERTOS Y 56 DETENIDOS EN FAVELA CONTROLADA POR EL NARCOAl menos 20 personas murieron y 56 fueron arrestadas en un operativo contra el Comando Vermelho en los complejos Alemão y Penha, tras un enfrentamiento por el control territorial y el… pic.twitter.com/UFHom1njBa

Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de esa ciudad turística de Brasil, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

Olha os estudantes que foram presos no Complexo do Alemão. pic.twitter.com/3KkFOUxWpd

De los al menos 64 fallecidos contabilizados en la operación de este martes, 60 son civiles, supuestamente sospechosos, y cuatro agentes de las fuerzas de seguridad. Esta es ya la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro.

Unos 2500 uniformados participan de este operativo para “combatir la expansión territorial del Comando Vermelho”, la mayor organización criminal de Río de Janeiro, indicó el gobierno estatal en X.

La población de las favelas vivió momentos de enorme tensión. Cientos dee pobladores debieron evacuar la zona o refugiarse en sus casas.

Según G1, la red criminal montó barricadas con vehículos para enfrentar a la policía en distintos puntos del área donde se llevó a cabo la ofensiva.

El operativo comenzó en la madrugada de este martes con la llegada de al menos 2500 agentes con mandato para arrestar a 100 presuntos delincuentes.

Según la prensa local, los delincuentes contraatacaron a balazos, barricadas y humo producto de algunos incendios de vehículos.

El objetivo de la acción son los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil.

El grupo se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad.

De los al menos 60 fallecidos contabilizados hasta el momento en la operación de este martes, 56 son civiles y cuatro agentes de las fuerzas de seguridad.

El gobernador del estado de Río de Janeiro,Cláudio Castro, calificó la operación como “la mayor” realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil.

Castro aclaró que la operación aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos.

Medios locales informaron que integrantes del Comando Vermelho montaron barricadas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Castro aseguró, y mostró unos videos como prueba, que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos lugares de las favelas. De acuerdo con el primer balance, fue incautado medio centenar de armas de fuego, entre las que había 42 fusiles de asalto.

La ciudad de San Justo amaneció este viernes con un fuerte despliegue policial que sorprendió a sus habitantes. Desde muy temprano, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, todos enmarcados en una causa por microtráfico de estupefacientes.

Los procedimientos, producto de una investigación que demandó varias semanas de trabajo, culminaron con la detención de más de 10 personas y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa: material estupefaciente fraccionado y listo para la venta, dinero en efectivo, balanzas de precisión, anotaciones, un arma de fuego, correaje, una pistolera plástica y vehículos.

La magnitud de los allanamientos no pasó desapercibida en la comunidad, ya que varias manzanas quedaron copadas por móviles, agentes y grupos tácticos de la fuerza provincial.

Fuentes oficiales confirmaron que la investigación se orienta a desbaratar distintas bocas de expendio que operaban en la ciudad y que mantenían en vilo a los vecinos con el incesante movimiento de consumidores y vendedores.

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Daniela Montengroso, quien dispuso la detención de los sospechosos y la continuidad de las actuaciones judiciales.

No se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días, mientras se analiza la información incautada.

Tras ser capturado en Perú en un espectacular operativo, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, rompió el silencio y negó ser el autor del brutal triple crimen de Florencio Varela. Al llegar a Lima, fuertemente custodiado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y se despegó de las acusaciones: "Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie".

Valverde Victoriano fue atrapado mientras intentaba escapar escondido en un camión que se dirigía al sur de la capital peruana. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional por ser considerado el cerebro de la masacre.

En sus breves pero contundentes declaraciones a la prensa local, "Pequeño J" insistió en su inocencia y pidió que la investigación continúe para encontrar a los verdaderos responsables. "Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver", agregó el joven narco, quien es señalado por los investigadores como un sicario "extremadamente sanguinario".

La detención se logró gracias a un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Nacional de Perú, que seguían sus pasos desde que se fugó de Argentina.

Acusado de planear y ordenar la masacre

A pesar de su negativa, "Pequeño J" está acusado de haber planeado y ordenado la tortura y el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los investigadores creen que el triple crimen fue un mensaje mafioso que incluso incluyó la transmisión en vivo de las torturas a través de un grupo cerrado de Instagram.

Según supo Noticias Argentinas, el apodo "Pequeño J" proviene de su padre, Janhzen Valverde, un integrante de una banda criminal que fue asesinado en 2018 en Perú en un ajuste de cuentas. Tony creció en ese entorno de violencia y códigos narco, y es descripto por los investigadores como un delincuente "brutal y sin límites".

Este lunes 29 de septiembre se llevaron a cabo múltiples allanamientos en el marco de una investigación contra 3 organizaciones delictivas asentadas en Villa Gobernador Gálvez y Rosario. 

Hay al menos 33 personas detenidas y se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, armas y numeroso material de interés para la causa.

Voceros judiciales indicaron que los operativos forman parte de una investigación de más de 3 meses de trabajo encabezada por el “Foco Investigativo” creado por el fiscal regional Matías Merlo y está a cargo de los fiscales Pablo Socca (de la unidad fiscal de violencia altamente lesivas) y Brenda Debiasi (del equipo de microtráfico de la fiscalía general).

Se realizaron alrededor de 110 allanamientos, principalmente en Villa Gobernador Gálvez y Rosario; y también en los establecimientos penitenciarios de Piñero (al sudoeste de Rosario), Ezeiza y Marcos Paz (provincia de Buenos Aires). Hay al menos 33 personas detenidas y más de una docena de personas prófugas.

Entre los detenidos están Daniel ‘Zapa’ V., señalado como jefe de una de las facciones de la barra brava de Newell’s y José ‘Yiyo’ M., jefe de la barra del club Coronel Aguirre.

Las tres bandas investigadas tienen como líderes a Nicolás "Pupito" Avalle, Carlos "Toro" Escobar y Gerónimo "Jeringa" Bogado, quienes están detenidos. Intervinieron la Policía de Investigaciones (PDI) y la División Judiciales de la Unidad Regional II y personal de la Policía Federal.

En diálogo con LN+, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió al brutal triple femicidio de Florencio Varela, donde Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron asesinadas tras cinco días de desaparición. El caso conmocionó por la violencia ejercida contra las jóvenes, que incluyó torturas y la transmisión en vivo del crimen.

“Sin duda fue un crimen mafioso perpetrado por una organización que no estaba dentro del radar de las fuerzas de seguridad”, afirmó la funcionaria. En ese sentido, señaló como principal sospechoso a un joven de nacionalidad peruana, conocido como “Pequeño J”, de apenas veinte años. Según remarcó, hasta ahora no había sido detectado ni por la Provincia, ni por la Ciudad, ni por el ámbito nacional.

La ministra también cuestionó al gobernador Axel Kicillof y al titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a quienes acusó de “politizar” el caso para evadir responsabilidades institucionales. “Que ellos lo politicen no significa que uno haga lo mismo. Se trata de asumir la gravedad del hecho”, enfatizó.

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Además, sostuvo que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabajó junto a las autoridades provinciales en la frontera, donde hubo un detenido vinculado al caso. Explicó que se compartieron hipótesis y se alertó a todas las policías del país, destacando la colaboración de la fuerza de Jujuy “con gran profesionalidad”.

Finalmente, la funcionaria reclamó la implementación de la Ley Antimafia en la causa. Consideró que esa herramienta legal permitirá imponer la máxima condena no solo a los responsables directos, sino también a quienes, aun teniendo conocimiento del crimen a través de redes sociales, no dieron aviso a las autoridades.

Un allanamiento se realiza en pleno centro de la ciudad santafesina de Rosario en el marco de una causa por narcotráfico. El procedimiento es llevado a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, este miércoles se realiza un allanamiento en un inmueble ubicado en la calle Santa Fe al 800, el cual era utilizado por personas vinculadas al narcotráfico.

La principal señalada en esta causa es Andrea Ortigala, quien está imputada pero goza de libertad desde abril pasado. Su hermana, Andrea, está detenida acusada de ser testaferro de la banda narcocriminal Los Monos.

El Ministerio de Seguridad ofreció 10 millones de pesos por datos sobre Matías Ignacio Gazzani, prófugo y uno de los líderes de Los Menores que operaba en Santa Fe junto a Mauricio “Mauri” Ayala. La recompensa se formalizó en el Boletín Oficial mediante la Resolución 891/2025 de hoy.

Según el documento, Gazzani delinquía con Ayala al controlar el narcomenudeo en Villa Urquiza y colaboraba con la organización “la Mafilia” y con Pablo Nicolás Camino.

La resolución aclaró: “El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”.

El texto describió a Gazzani como jefe de una banda dedicada al narcotráfico en Rosario, especialmente en el barrio Siete de Septiembre y sus alrededores, y a otros delitos provinciales.

Mauricio Ayala ya había sido capturado en Rosario por su rol en la misma organización.

La medida buscó incentivar denuncias anónimas y proteger la identidad de los informantes.

La provincia de Santa Fe colaboró en la difusión de la recompensa y puso a disposición canales confidenciales para recibir avisos.

Las autoridades nacionales y provinciales quedaron a cargo de verificar los datos y gestionar el pago una vez comprobada la veracidad de la información.

Un operativo conjunto detuvo en Buenos Aires a Pablo Javier Raynaud, señalado como uno de los prófugos más buscados de Santa Fe por su presunta vinculación con una red internacional de narcotráfico. Fue arrestado en un departamento de Blanco Encalada al 1400, muy cerca de la avenida del Libertador.

Raynaud era considerado la mano derecha de Brian Walter Bilbao, supuesto jefe de una organización dedicada al envío clandestino de cocaína desde Bolivia, siendo él piloto de esos vuelos. La banda utilizaba aeronaves para el transporte y luego distribuía la droga por rutas no autorizadas en la región de Rosario. Uno de los puntos neurálgicos de la red era un hangar en el country Campo Timbó, en Oliveros, donde recibían los cargamentos.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) recolectó pruebas que vinculaban a Raynaud con el ingreso de estupefacientes. Según el informe oficial, agendaba vuelos que evadían los controles migratorios y aduaneros y que se desarrollaban en rutas ilegales. Su captura se gestó tras un seguimiento de la División de Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA).

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, definió a Raynaud como un “narcoaviador peligroso” y celebró la operación. “¡Pájaro que voló, cayó preso!”, manifestó al anunciar el arresto. Su comentario se difundió a través de redes sociales oficiales de la PFA.

¡Pájaro que voló, cayó... PRESO!Volás con cocaína en avioneta, lavás plata en Rosario, te escondés en CABA… Con la información de la SIDE y el DFI de la PFA te agarramos.Pablo Raynaud, narcoaviador peligroso y mano derecha de Brian Bilbao, ¡ADENTRO! pic.twitter.com/RjmooPpm1s

El trabajo de inteligencia incluyó vigilancia encubierta y tareas de observación en distintos puntos de la Capital Federal. Cuando confirmaron su identidad, intervinieron la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe y agentes de Procunar. El fugitivo fue detenido sin resistencia aparente y trasladado bajo custodia.

El pedido de captura judicial databa del operativo Cosecha Blanca, realizado entre octubre y noviembre de 2023, con el objetivo de desarticular la estructura narco que operaba en el sur santafesino. Raynaud figuraba con prioridad máxima para su aprehensión.

La causa se tramita en el Juzgado Federal 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, con intervención del fiscal Santiago Iglesias. También pesa sobre Raynaud un pedido de captura internacional por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

En paralelo, la investigación descubrió patrones de lavado de dinero mediante empresas fantasma. Los sospechosos aparente lavaban fondos en un teatro y una radio en Rosario. Uno de los primeros imputados fue Germán U., exgerente comercial de la emisora ubicada en Salta al 3500.

Aunque Bilbao se mantiene prófugo desde finales de 2023, su hermano Waldo Alexis Bilbao y su pareja Paola Vanesa Acuña continúan bajo seguimiento judicial como presuntos testaferros. Las autoridades esperan que la detención de Raynaud debilite la red.

El operativo mostró la cooperación entre fuerzas provinciales y federales. Intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la PFA. Además, participaron instructores y peritos balísticos para asegurar la evidencia en el lugar del arresto.

Tras su detención, Raynaud quedó alojado en una unidad de traslado federal. Se espera su traslado a Rosario para la indagatoria. Los abogados defensores analizarán los fundamentos de la detención y la validez de la prueba documental y testimonial.

La prensa local destacó el simbolismo del arresto. Para Villa Timbó y la zona rural cercana, el operativo marcó un antes y un después en la lucha contra el narcoaviación. Vecinos de Oliveros habían denunciado movimientos inusuales de aeronaves durante 2023.

En el ámbito político, legisladores de Santa Fe respaldaron la acción. Reclamaron mayor control en los aeródromos privados. El ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, solicitó refuerzos para la TOE y la Brigada de Control Aéreo.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta. Se analizan rutas de escape y redes de financiamiento. Procunar concedió prioridad a nuevos allanamientos en Rosario y Buenos Aires. La expectativa es que surjan más capturas en los próximos días.

Con la caída de Raynaud, la Justicia busca desarticular por completo la banda liderada por Bilbao. El impacto en el narcotráfico regional será evaluado en audiencias judiciales. La ciudadanía de Santa Fe aguarda resultados concretos para mejorar la seguridad.

El boxeador mexicano Julio César Chávez junior fue detenido en su residencia de California, en Estados Unidos, por su supuesta vinculación con el "crimen organizado y el tráfico de armas de fuego" en su país de origen.

ICE arrested prominent Mexican boxer and criminal illegal alien Julio Cesar Chavez Jr. who has an active arrest warrant in Mexico for his involvement in organized crime and trafficking firearms, ammunition, and explosives.DHS Statement: “Chavez is also believed to be an… pic.twitter.com/DeaPCYBQiI

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Chávez en el distrito de Studio City y ya están tramitando su expulsión acelerada, según el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE.

En un comunicado de prensa de Seguridad Nacional dijo que Chávez había sido señalado como una amenaza para la seguridad pública, pero “la administración (Joe) Biden indicó en los registros internos que (el boxeador) no era una prioridad de aplicación de la inmigración”.

Por su parte, Michael Goldstein -abogado de Chávez- indicó que su cliente “fue detenido fuera de su residencia por 25 o más agentes del ICE y otras fuerzas del orden. Bloquearon su calle y se lo llevaron detenido dejando a su familia sin saber nada de su paradero".

“Las acusaciones actuales son indignantes y parecen diseñadas como un titular para aterrorizar a la comunidad. El Sr. Chávez no es una amenaza para la comunidad”, añadió en declaraciones a la prensa local.

Sin embargo, las actuales autoridades estadounidenses investigan un posible vínculo del deportista con el cártel de Sinaloa, habida cuenta que su esposa -Frida Muñoz- tuvo una relación con el fallecido Edgar Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder de esa organización delictiva.

En tanto, el boxeador afincado en Estados Unidos, se presentó el sábado pasado en Anaheim, donde perdió por puntos en un combate frente al influencer Jake Paul.

Chávez junior, de 39 años, es hijo del recordado excampeón mundial Julio César Chávez, una legendaria figura del pugilismo, quien compitió entre 1980 y 2005, y se consagró en tres categorías diferentes: superluma, liviano y superliviano.

Su hijo no alcanzó su mismo nivel aunque fue campeón mediano del Consejo (CMB) entre 2011 y 2012, cuando cayó por puntos contra el argentino Sergio "Maravilla" Martínez en Las Vegas.

El día 6 del mes pasado, detuvieron en Santa Sylvina (Chaco) al subcomisario santafesino Fernando Pajón, de 55 años, acusado de vender 15,7 g de cocaína y 8,3 g de marihuana. Quedó en prisión preventiva sin plazo en la Alcaidía de Rafaela.

Pajón estaba con licencia médica y su último destino fue la comisaría de Sastre, a más de 500 km de su ciudad natal, Gato Colorado.

La PDI lo seguía desde que circulaba en un Chevrolet Cruze azul. Allí, le incautaron los envoltorios con droga ocultos en la entrepierna y un uniforme policial. 

El pasado 8 de junio, la fiscal Fabiana Bertero ordenó cuatro allanamientos en Tostado y Gato Colorado. Secuestraron balanzas de precisión, armas, cartuchos, celulares, documentos, más de $2 000 000 y equipos informáticos. 

La investigación vincula a Pajón con una red de narcomenudeo que opera en el norte santafesino. La Unidad Fiscal 5 de Rafaela sigue recabando pruebas para determinar el alcance de su participación. 

Una investigación de más de cuatro meses culminó este viernes con un importante operativo contra el microtráfico de drogas en el departamento Rosario. Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y personal del Servicio Penitenciario, realizaron 22 allanamientos en distintos puntos de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, además de medidas en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. El saldo fue de 14 personas detenidas y el secuestro de armas, drogas y otros elementos vinculados a la causa.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal César Pierantoni, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas N° 23.737. La pesquisa permitió desarticular una organización criminal que operaba en los barrios Las Flores, La Granada, Molino Blanco y 17 de Agosto, con conexiones dentro del sistema penitenciario.

Durante los allanamientos, se incautaron 250 dosis de cocaína listas para su comercialización, tres plantas de marihuana, frascos con cogollos, material de corte, una balanza de precisión y anotaciones de interés para la causa.

También se hallaron cuatro armas de fuego (entre ellas, una pistola calibre 9 milímetros), una réplica a gas, municiones de distintos calibres, un chaleco balístico, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Según fuentes del MPA, dos de los líderes de la banda permanecen detenidos en la cárcel de Piñero y daban instrucciones desde el penal. La investigación comenzó a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y fue ejecutada por el Departamento Complejas II de la Dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la PDI.

Los domicilios allanados estaban distribuidos en sectores críticos de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, donde la organización criminal operaba con logística y roles definidos. La Fiscalía investiga también el posible lavado de activos y la tenencia ilegal de armas de fuego, por lo que se notificaron nuevas causas contra algunos de los detenidos.

Las 14 personas aprehendidas fueron trasladadas a dependencias de la PDI y se encuentran a disposición del MPA. Se espera que en los próximos días se realicen las audiencias imputativas correspondientes, mientras continúan las tareas para establecer la totalidad de los vínculos y ramificaciones de la banda.

Una investigación por narcomenudeo en la zona costera santafesina tuvo un golpe de alto impacto durante la noche del sábado, cuando personal de la Policía de la provincia y de la Prefectura Naval Argentina ejecutó dos allanamientos simultáneos en la localidad de San José del Rincón.

Los procedimientos fueron dispuestos por la jueza de Primera Instancia Dra. Susana Luna, a pedido del fiscal del MPA Arturo Haidar, en el marco de una causa por microtráfico, que desde hace tiempo venía recolectando evidencias sobre la actividad ilícita de una banda que distribuía estupefacientes en la costa y también en sectores de la ciudad de Santa Fe.

Las tareas de investigación fueron desarrolladas por personal de la 6ta. Zona de Inspección que una vez que se hizo de las pruebas pertinentes las puso a disposición de la autoridad judicial para proceder al efecto. Luego, para evitar cualquier "filtración", el fiscal dispuso la intervención de los agentes de la Prefectura Naval Argentina.

Como resultado de los operativos, fueron identificadas once personas, ocho de ellas mayores de edad y tres menores. Cinco individuos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron drogas listas para la venta, una importante suma de dinero, un arma de fuego, celulares y otros elementos de interés para la causa.

Uno de los aspectos más llamativos fue el secuestro de una suma millonaria en efectivo.

Durante las requisas, los agentes hallaron 98,1 gramos de marihuana (equivalente a unas 294 dosis) y 7,2 gramos de cocaína (21 dosis). También incautaron seis teléfonos celulares que se presume eran usados para coordinar la venta de drogas.

Uno de los aspectos más llamativos fue el secuestro de una suma millonaria en efectivo: más de 7,6 millones de pesos distribuidos en fajos, los cuales formaban parte del circuito económico de la banda. El valor total estimado del material incautado asciende a 9.784.908 pesos.

A su vez, se incautó un revólver calibre .32 LR con municiones, una réplica de arma de fuego plástica y ocho proyectiles calibre .22 LR junto a otros cuatro de calibre .38, lo que indica que el grupo contaba con medios de intimidación o defensa ante eventuales conflictos.

El fiscal Haidar y los agentes que intervinieron no descartan nuevas detenciones en los próximos días, ya que la causa continúa en proceso y se siguen analizando teléfonos y elementos secuestrados en los domicilios.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó sobre la detención de tres presuntos traficantes de drogas durante un operativo marítimo realizado en aguas internacionales.

A través de un material audiovisual, las autoridades compartieron el momento de la intervención, donde se observa a los agentes interceptando una embarcación y procediendo con los arrestos.

El operativo es parte de los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses por combatir el narcotráfico en el Caribe y otras rutas marítimas, donde organizaciones criminales suelen utilizar embarcaciones rápidas para el transporte de drogas.

🇺🇸 | La Guardia Costera de EE.UU. comparte imágenes de un exitoso operativo, donde tres traficantes de drogas fueron arrestados. pic.twitter.com/PVldRpyYvz

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar los cargos correspondientes.

Personal de Gendarmería Nacional interceptó un camión que circulaba por la autopista Córdoba - Rosario y descubrió un cargamento de aproximadamente 7 mil kilos de hojas de coca. El procedimiento se llevó a cabo durante un control preventivo en la localidad de James Craik, en el departamento de Tercero Arriba.

Según informaron las autoridades, la droga se encontraba distribuida en más de 300 bolsas en el interior del vehículo de carga. El camión había partido desde la localidad salteña de Orán y tenía como destino final la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Tras el hallazgo, y con la intervención del Juzgado Federal de Villa María, los efectivos de seguridad procedieron al secuestro de la totalidad de la mercancía. Se estima que el valor del cargamento de hojas de coca asciende a una suma de 400 millones de pesos.

El conductor del camión no fue detenido en el lugar, pero quedó supeditado a la causa y será investigado por la Justicia Federal en relación con este importante decomiso.

Durante la mañana del miércoles, personal de la Fiscalía, agentes policiales y autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia llevaron adelante la demolición de un búnker narco ubicado en Pasaje Galisteo, entre Pasaje Mitre y Juan Díaz de Solís, en barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe.

Allanamientos por un robo calificado en la zona norte de la ciudad de Santa FeLa medida fue dispuesta por la justicia a pedido del fiscal Gonzalo Iglesias y se enmarca en la política de persecución del narcomenudeo que impulsa el Ministerio Público de la Acusación, tras la desfederalización de estos delitos.

"Refugio de delincuentes"

En el lugar estuvo presente el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien explicó los motivos del procedimiento:

"Estamos procediendo a inactivar este lugar que funcionaba como búnker. Tenía varias denuncias e incidencias relacionadas con venta minorista de estupefacientes en este barrio. Además, estaba vinculado a hechos de violencia. No es una vivienda, no es habitable. Era un refugio de delincuentes y escondite de objetos robados".

El ministro también recordó que, hace algún tiempo, en las inmediaciones se produjo un doble homicidio, donde las víctimas intentaron refugiarse en este mismo inmueble y fueron asesinadas.

"Es claramente un lugar cuya única utilización era para la actividad delictiva. Para el barrio representaba un factor criminógeno y de degradación social. Los vecinos tenían que convivir con delincuentes que entraban y salían constantemente", añadió Cococcioni.

Según detalló, en lo que va de la gestión ya se han desactivado alrededor de 50 lugares de similares características en distintos puntos de la provincia.

Sin detenidos, pero con identidades relevadas

Si bien no se registraron detenciones, algunas personas intentaron ingresar al lugar minutos antes del operativo.

"No hubo detenidos, pero sí se identificó a quienes estaban allí. Fueron retirados por su propia seguridad antes de iniciar el derrumbe", explicó el ministro.

La medida contó con autorización judicial y se llevó adelante luego de constatarse que el inmueble no era un espacio habitable.

Investigación en curso

Por su parte, el fiscal Gonzalo Iglesias indicó que esta acción forma parte de una investigación más amplia, relacionada tanto con el narcomenudeo como con hechos de violencia de alto impacto.

"Esta no es la finalización de la investigación, sino una etapa dentro de un proceso complejo. Hay otras líneas abiertas y puede haber ramificaciones con otras causas en curso", afirmó.

El funcionario del MPA explicó que, además de las tareas de campo, las numerosas llamadas de vecinos al 911 fueron clave para sustentar la causa que derivó en la demolición. También destacó que la propiedad estaba en un lote perteneciente a la Municipalidad de Santa Fe, según lo acreditado en la audiencia judicial correspondiente.

"Estos lugares se caracterizan por su mutabilidad y rotación. Por eso se priorizan este tipo de medidas: tienen un impacto positivo en el tejido social y, sobre todo, en la vida del barrio", concluyó Iglesias.