En la mañana de este martes se concretó un allanamiento en una vivienda de Villa Cañás, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, a pedido de los fiscales federales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi.

El procedimiento fue el resultado de una investigación que se inició hace menos de dos meses, tras dos denuncias ingresadas a través del Buzón de la Vida, una herramienta de participación ciudadana que permite denunciar anónimamente hechos vinculados al narcotráfico.

Las presentaciones alertaban sobre una vivienda donde presuntamente se cultivaban plantas de marihuana y se comercializaba droga. La pesquisa, desarrollada por personal de la Unidad de Investigaciones de Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional Venado Tuerto, permitió corroborar los datos aportados.

Con esas pruebas, se ordenó el allanamiento del domicilio donde reside la pareja compuesta por Leonardo M. y Malvina S. G. El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería en las primeras horas del día.

Durante el procedimiento se secuestraron plantas de marihuana, ramas en proceso de secado, semillas, cogollos, dinero en efectivo, una escopeta con cartuchos, balanzas de precisión y elementos de corte, típicamente utilizados en la venta de estupefacientes.

Desde la Fiscalía destacaron la importancia del procedimiento “por el impacto que este tipo de hechos tiene en una comunidad pequeña como Villa Cañás” y subrayaron que la acción refleja “la respuesta de la Justicia y las fuerzas de seguridad ante las denuncias de los vecinos”.

Tras el operativo, los implicados serán imputados por delitos contemplados en la ley de drogas.

Tanto con las fuerzas federales, desde el Ministerio de Seguridad profundizamos las investigaciones para neutralizar redes narco y evitar el tráfico de estupefacientes en todo el territorio nacional. 

En ese marco, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una banda delictiva dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes que actuaba a lo largo del corredor de la Autopista 9, entre las ciudades de Córdoba y Rosario. Tras siete allanamientos, fueron detenidos los seis integrantes de la organización (entre ellos el cabecilla).

Este hecho se dio luego de 11 meses de pesquisas, las cuales determinaron la existencia de esta organización criminal que tenía una estructura piramidal con roles diferenciados y un líder. Asimismo, se pudo establecer que sus integrantes distribuían la droga en caminos rurales de difícil acceso para su posterior comercialización.

Fue así que tras vigilancias sobre la Ruta Nacional N° 9, entre Leones y Marcos Juárez, provincia de Córdoba, los oficiales de PSA interceptaron la camioneta identificada y detuvieron a su conductor junto con otros dos ocupantes del rodado. Paralelamente, se realizaron allanamientos en domicilios ubicados en Pilar, Río Segundo, Leones y Marcos Juárez.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos detuvieron a dos mujeres y cuatro hombres -entre ellos al presunto líder-, e incautaron 310 gramos de cocaína, cerca de 10 mil dólares, más de cinco millones de pesos, tres vehículos, una escopeta y municiones, ocho teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

Intervino el Juzgado Federal de Bell Ville de la provincia de Córdoba, a cargo de Sergio Pinto.

Más de 30 allanamientos se llevaron a cabo en la mañana de este martes en el complejo Fonavi de Sánchez de Thompson al 200 bis, en la zona sur de Rosario. 

Están dirigidos a la estructura que lidera desde prisión René “Brujo” Ungaro, condenado por narcotráfico, homicidio y asociación ilícita. En un departamento fueron secuestrados diez kilos de cocaína.

Los operativos fueron solicitados por los fiscales Gisela Paolicelli, Franco Carbone y Ramiro González Raggio, y fueron realizados por la Policía de Investigaciones y la División de Asuntos Internos, con colaboración de la Tropa de Operaciones Especiales.

La droga fue incautada en un departamento en el que fue detenida una mujer. Se sospecha que la vivienda se utilizaba como centro de acopio y fraccionamiento de la cocaína que posteriormente era comercializada en la zona.

Se espera que los fiscales brinden una conferencia de prensa al mediodía en el Centro de Justicia Penal.

La Policía Federal, bajo la dirección del Ministerio de Seguridad, llevó a cabo un importante operativo en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, que resultó en la incautación de más de diez kilos de marihuana.

Este procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Pinamar, quienes actuaron en respuesta a una orden del Juzgado De Garantías N° 6 De Villa Gesell, dirigido por el Dr. David Leopoldo Mancinelli.

La investigación indicaba que en el domicilio allanado se desarrollaban actividades ilegales relacionadas con la venta de estupefacientes, lo que motivó la inspección y posterior hallazgo de la droga preparada para su distribución.

El propietario del lugar, un hombre de 43 años de edad, fue detenido en el lugar por los agentes federales y luego puesto a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de drogas. Además del decomiso de la marihuana, se ordenó el secuestro de tres balanzas digitales, una notebook, una tablet, tres teléfonos celulares y la suma de 470.000 pesos en efectivo.

Todos estos elementos fueron considerados como pruebas relevantes en el marco de la causa, bajo la jurisdicción de la U.F.I.Y J. N° 3 de Dolores, a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro y la Ayudante Fiscal Dra. Carina Galante.

En una acción coordinada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desmanteló una red narcocriminal que operaba en el sur de Rosario y áreas cercanas, dedicada al tráfico y distribución de drogas. El operativo se desencadenó tras la interceptación de un motociclista con más de cinco kilos de cocaína, lo que llevó a la realización de 30 allanamientos en Salta, Santa Fe y Buenos Aires.

La investigación, que se extendió por tres años, se inició como parte de una causa anterior en la que la PSA había llevado a cabo 10 allanamientos en diciembre de 2020, resultando en ocho detenciones y el decomiso de drogas, armas y vehículos.

Los nuevos avances revelaron que la organización criminal tenía una estructura jerárquica y abastecía de cocaína a diversas localidades. Se descubrió que la banda utilizaba un conocido restobar en el microcentro rosarino para el lavado de dinero y el financiamiento de la compra de estupefacientes, en dólares.

Aunque se sospecha que la banda tenía varios proveedores, se identificó a un individuo de Salta como el principal acopiador de droga, la cual ingresaba desde Bolivia y era distribuida hacia Rosario y otras ciudades. Este domingo, en un control en Santa Fe, se interceptó a un motociclista que llevaba cocaína oculta en su vehículo.

En total, se realizaron 30 allanamientos en Salta, Santa Fe y Buenos Aires, con un saldo de 18 personas detenidas y el decomiso de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, celulares y otros elementos probatorios. 

La Fiscalía Federal N° 2 de Rosario y el Juzgado Federal N° 3 de Carlos Alberto Vera Barros llevaron adelante la investigación y coordinaron el operativo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró este lunes que la provincia de Santa Fe “va a poner todo lo que tenga que poner para restituir la paz social”. Así lo indicó en una conferencia de prensa luego de los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en la ciudad de Rosario.

“Estamos reforzando con toda nuestra policía y en coordinación con las fuerzas federales, y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en esclarecer estos hechos y en llevar a los culpables ante la justicia y a la cárcel”, afirmó el funcionario, quien reconoció que “son momentos muy difíciles para la ciudadanía y para la provincia”, y manifestó “nuestro mas enérgico repudio a estos hechos criminales, y nuestra solidaridad con las familias de las personas atacadas”.

Estos crímenes “se investigan y todo esto está en manos de la Fiscalía y de nuestra Policía de Investigaciones para esclarecerlos y dar con los responsables”, indicó Cococcioni, quien insistió en que “desde la provincia se están poniendo todos los esfuerzos y todos los recursos”. 

En ese sentido, el ministro agregó que “en estos momentos se están llevando medidas producto de un Comité de Crisis en el que forman parte también la fiscal General (María Cecilia Vranicich), la fiscal Regional (María Eugenia Iribarren), los equipos de gestión del Ministerio Público de la Acusación, un equipo especial de cinco fiscales que se ha conformado para abocarse exclusivamente a los hechos de estos últimos días. En función de eso se han llevado adelante una serie de medidas, allanamientos, secuestros de elementos de utilidad para la investigación, y hasta el momento hay tres personas detenidas”, aunque “esperamos mayores novedades en las próximas horas”.

Asimismo, Cococcioni dijo que “se están adoptando medidas para poner hasta el último recurso policial en calle, y se está coordinando con las fuerzas federales una nueva división en zonas en la que va a haber un nuevo esquema operativo reforzado. Hoy se está trabajando la cobertura, que ha cambiado y ha aumentado rotundamente, y estamos en condiciones de dar cobertura a todos los llamados que recibe el 911”.

Controlar la cárcel

Durante la conferencia de prensa ofrecida en la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, el titular de la cartera de Seguridad también hizo mención a la instigación de delitos desde el interior de las cárceles, y remarcó que “hay que aplicar la ley estrictamente, el régimen penitenciario tiene que ser muy estricto”, y recordó que “veníamos de un período de varios años en los cuales se permitió que los presos hicieran lo que quisieran y organizaran los delitos impunemente desde dentro de la cárcel. Eso en la provincia de Santa Fe se terminó y tenemos que ser muy firmes. Estos delincuentes van en contra de toda una sociedad que quiere vivir tranquila, y no se lo podemos permitir”.

Al respecto, dijo que eso “no es una postura del gobierno provincial o de una persona, es una postura de la provincia de Santa Fe expresada en todo su arco institucional. Todos los actores institucionales han dado muestras públicas de apoyo al cambio rotundo que se ha dado en la política penitenciaria. En esto no hay que retroceder, y la provincia tiene que mantenerse firme para impedir que los delincuentes vuelvan a dominar la cárcel como estaban acostumbrados a hacerlo”.

Presuntos miembros del crimen organizado han dejado este martes los cuerpos de siete personas y cinco bultos con restos humanos en calles de la zona metropolitana de Monterrey, la segunda ciudad más poblada de México y la más grande del norte del país.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, ha reportado la aparición los cadáveres, que corresponden a hombres.

Ante los sucesos, el Gobierno de Nuevo León ha organizado una reunión urgente de seguridad, tras la que el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Palacios Pámanes, ha adjudicado los sucesos a una “purga” al interior de un grupo criminal.

“Lo que nosotros compartíamos y visualizábamos era una purga al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en Tamaulipas (estado vecino)”, ha dicho Palacios Pámanes.

El funcionario ha subrayado que aparentemente los hechos están vinculados con “deslealtades” al interior del mismo grupo.

En la misma reunión, el fiscal interino del estado, Pedro Arce, ha establecido que pedirán a los municipios que faciliten el material de las cámaras de vigilancia de las zonas de los hallazgos para las investigaciones de los hechos.

“Se solicitará a los municipios que nos compartan los videos para que los peritos en la materia puedan analizar los momentos precisos en que dejaron los cuerpos”, ha dicho.

En una entrevista con medios, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, ha precisado que el primer reporte de los hechos se recibió a las 6:45 horas (12:45 GMT) y el último antes de las 8:45 (14:45 GMT).

“Hay relativa coherencia en la distribución de estos restos, por lo que podría suponerse la posibilidad de que hubieran trazado una ruta para ir depositando los restos”, ha explicado.

También ha reconocido que estos hechos tan sangrientos no se veían en Nuevo León desde hace tiempo, cuando el Gobierno federal declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico".

Ha añadido que por lo menos en los últimos cinco años no se tiene registro de actos en este número.

“En la época más cruenta de hace 10 o 12 años hubo actos similares, en este volumen yo no recuerdo en el pasado reciente”, ha comentado.

Los municipios en donde se registraron los eventos son San Nicolás, Juárez, Apodaca, García, Santa Catarina y Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha advertido que la información correspondiente al número de cuerpos es preliminar porque los trabajos e investigaciones continúan en curso.

En los últimos meses, el nivel de violencia de los grupos de la delincuencia organizada se ha recrudecido en Nuevo León, que ocupa el décimo lugar en homicidios absolutos en el país, al registrar 842 en los primeros ocho meses de 2023, cuando México en general reportó más de 20.000.

Tres personas fueron detenidas en el marco de distintos operativos realizados entre la tarde del sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de septiembre para dar con los autores del asesinato del inspector César Carmona, ocurrido en la tarde del jueves 14 frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la zona sur de Rosario.

Según indicaron fuentes judiciales y policiales, los allanamientos fueron realizados por personal de las divisiones Inteligencia, Homicidios y Operativa de la Agencia de Investigación Criminal, junto al Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (GIRI).

El primero se realizó en la tarde del sábado en inmediaciones de José Ingenieros al 8300, de barrio Stella Maris, ubicado a pocas cuadras del arroyo Ludueña, a menos de 300 metros de donde, el miércoles 13, asesinaron a un joven de 20 años.

En una vivienda ubicada casi a mitad de cuadra, los policías apresaron a Fernando A. C., de 22 años y secuestraron pasamontañas, precintos, ropas (algunas con manchas que podrían ser de sangre) y un teléfono celular que fue enviado a peritar.

Incluso, uno de los arrestados ya tenía pedido de captura del Juzgado N° 1 de Garantías de Pergamino por ese crimen. Se trata de Agustín Alfredo A., conocido como “El Calamar” o “Mojarra”, que fue detenido en un domicilio del barrio Puente Gallego, en el extremo sudoeste de Rosario. Es quien se presume que realizó los disparos contra el inspector el jueves pasado en la puerta de la Agencia de Investigación Criminal.

“El Calamar” es hijo de un ex policía de Santa Fe que estuvo involucrado en una causa judicial contra Los Monos. Su padre fue arrestado por haber facilitado en enero de 2014 la fuga de un miembro de Los Monos del edificio de la Jefatura de la Policía a cambio de dinero. Ese ex agente además luego fue detectado en escuchas telefónicas hablando con un preso para intentar planear el asesinato del juez Juan Carlos Vienna, quien impulsó la causa contra la banda liderada por el clan Cantero.

Fernando C, detenido por el homicidio del policía que investigaba narcos

Voceros de la investigación indicaron que uno de los autores del crimen rompió el vidrio de una de las puertas del auto de Carmona para sustraer una mochila y que en esa acción se produjo cortes en la mano por los cristales. El joven detenido tenía lesiones compatibles con esa acción, deslizó un vocero del caso.

La segunda detención se realizó poco antes de la 1 AM de este domingo 17 en la zona de Camilo Aldao al 3800, en barrio Moderno, extremo oeste de la ciudad gobernada por Pablo Javkin. Un sector donde se mezclan las casas bajas, de una y dos plantas, a pocas cuadras de uno de los mayores asentamientos irregulares, conocido como Vía Honda, barriada que aparece prácticamente en forma periódica en las crónicas policiales de los últimos tiempos. El joven arrestado fue identificado como Alan Nahuel A., de 22 años.

Mientras que el tercero de los apresados fue Agustín Alfredo A., también de 22 años, quien para los investigadores es el principal sospechoso. Su arresto se produjo en una vivienda ubicada en la zona de Piamonte al 2900, de barrio Puente Gallego, en el extremo sudoeste de Rosario.

El joven, hijo de un policía que fue detenido hace casi una década por haber ayudado a que un miembro de la banda Los Monos escapara del edificio de jefatura, es conocido por el apodo de ‘Calamar’ y tiene un pedido de captura activo emitido por la justicia de Pergamino, provincia de Buenos Aires, en el marco de la investigación del asesinato de Mauricio Cordara, chofer de un sindicalista perteneciente al gremio Uatre, cometido en noviembre de 2022 en Colón (Buenos Aires) por sicarios oriundos de Rosario.

Los tres quedaron detenidos y a disposición del fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Alejandro Ferlazzo, a la espera de la audiencia imputativa que en principio se realizará este martes 19 en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El asesinato del policía César Eduardo Carmona se produjo alrededor de las 15 del jueves 14, sobre calle Lamadrid al 400, entre Salvá y Leyva, de barrio Saladillo, a menos de 500 metros del Museo del Deporte Santafesino, un lugar que ya fue escenario de varias balaceras, aunque ninguna de la magnitud de la ocurrida en la tarde del jueves 14 de septiembre.

A esa hora, Carmona, de 50 años, había llegado y estacionado su auto, un Ford Fiesta Kinetic de color negro, por calle Lamadrid, vestido con ropas de civil. En un momento apareció un automóvil Citroën C3 color rojo, que estacionaron delante del Fiesta y del cual bajaron dos personas, que fueron rápidamente hasta el auto de Carmona y le efectuaron varios disparos desde muy corta distancia. El uniformado alcanzó a bajar del auto, pero no pudo desenfundar su arma, recibió al menos un disparo en el pecho y quedó tendido en la calle, delante de su auto.

Tras el ataque, los homicidas se subieron al Citroën y se dieron a la fuga hacia el este por calle Lamadrid, pasando por la puerta de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), donde la víctima trabajaba.

El uniformado fue llevado hasta el hospital Roque Sáenz Peña, ubicado a menos de un kilómetro. El policía fue ingresado en el área de cuidados intensivos, donde fue estabilizado pero a los pocos minutos, producto de las heridas recibidas, falleció.

El fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberione, recibió amenazas anónimas escritas en cartones que aparecieron en la localidad santafesina de Frontera. El hallazgo se dio en las últimas horas y generó el inicio de una causa judicial que se tramita en la Fiscalía Regional de Rafaela.

"Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína. Frontera es nuestra", decía uno de los carteles hallados frente al edificio donde funciona la Municipalidad de la ciudad santafesina. Los otros dos señalaban: “Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona” y “Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia”.

Tanto la ciudad cordobesa San Francisco, como en las santafesinas Frontera y Josefina, forman una "especie de triple frontera" que preocupa a los investigadores de las causas de narcotráfico.

Hace una semana, el fiscal sanfrancisqueño encabezó una reunión con referentes de los poderes Judicial y Ejecutivo de las provincias de Córdoba y Santa Fe, y de la Procunar, entre otros, quienes participaron de una reunión del Consejo de Seguridad Interprovincial.

Por el momento, Alberione decidió no referirse a las amenazas. Al haberse dado en territorio santafesino, el hecho fue comunicado a la fiscal en turno de la ciudad de Rafaela, Fabiana Bertero, que dispuso una serie de medidas para tratar de esclarecer el suceso. Entre ellas, relevar cámaras y búsqueda de testigos que pudieran haber visto quién dejó el intimidante mensaje.

El funcionario judicial recibió muestras de solidaridad y apoyo por parte de sus colegas en Tribunales. El Fiscal General de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, expresó su solidaridad y la de todo el Ministerio Público Fiscal hacia Alberione. También hizo lo propio la Asociación de Magistrados de Córdoba.

Además, fue respaldado por la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. "Hay que proteger al fiscal Alberione y a todos aquellos que enfrentan a los narcos", planteó la líder del PRO en su cuenta de X (Twitter). "Contra los narcos es todo o es nada", sentenció.

Walter Graff y Juan Pablo Sosa, ex empleados de la comisaría 10ª, recibieron 3 años de prisión condicional por la detención ilegal de cuatro jóvenes arrestados en junio de 2021 en base a testimonios falsos.

Dos policías que trabajaban en la comisaría 10ª de Alberdi fueron condenados a 3 años de prisión condicional por la detención ilegal de cuatro amigos que comían un asado en la vereda de Travesía al 3800. Fue un procedimiento de junio de 2021 armado con testigos falsos para favorecer a la banda del asesinado Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval. Un acusado de pertenecer a esa organización participó del operativo sin bajarse de un auto, desde donde señaló uno por uno a quienes debían quedar presos por ser supuestos integrantes de un grupo rival. Los uniformados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por seis años.

La pena se acordó la tarde de este lunes en un juicio abreviado en el Centro de Justicia Penal. La jueza Paula Alvarez homologó un acuerdo entre el fiscal José Luis Caterina y los abogados particulares de los policías acusados. Los condenados son Walter Edgardo Graff, de 36 años, quien se desempeñaba como sumariante, y el secretario Juan Pablo Sosa, de 38. “Esta pena supone para ambos el fin de la carrera policial, al menos por el tiempo que dure la inhabilitación”, dice el convenio que aceptaron los dos ex uniformados.

Sosa y Graff fueron condenados como coautores de los delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad. Además los sentenciaron por privación abusiva de la libertad, una figura agravada por ser funcionarios públicos y porque para dos de las víctimas la detención se extendió más de un mes. Este último delito se le achacó a Sosa como coautor y a Graff como partícipe primario. Entre las reglas de conducta a cumplir durante el tiempo de la condena figura la prohibición de acercarse a las víctimas y testigos de la causa.

Según el acuerdo, la pena “encuentra fundamento en la multiplicidad de delitos endilgados". Se puso el acento en la gravedad institucional del caso, ya que tanto fiscales como la jueza de la investigación preparatoria fueron inducidos a engaño. Por el caso ya había sido condenado Gerardo Malpassi, quien fuera jefe de la seccional 10ª al momento de los hechos. Cumple una condena dictada en febrero pasado a 3 años de prisión efectiva y 6 de inhabilitación por abuso de autoridad, privación abusiva de la libertad agravada y falsedad ideológica.

El procedimiento fue el 21 de junio 2021. De acuerdo con la investigación, el policía del Comando Radioeléctrico Héctor Mario Dallia y el oficial Sosa pasaron a buscar a Mario S., un civil que actuó como nexo con la banda de Los Pimpis. El pasajero se ubicó en el asiento trasero de un Renault Clio vestido con un buzo con capucha y usando un barbijo. Se trasladaron a Travesía al 300 donde estaban reunidas diez personas que se disponían a comer un asado en la vereda.

Con el apoyo de otros efectivos de la 10ª que desconocían los pormenores, los cuatro jóvenes señalados por S. fueron detenidos. Dos de ellos recuperaron la libertad un día después. Pero a Tomás Agustín “Tomy” G., de 19 años, y a Andrés Adrián “Pancita” R., de 22, los acusaron de una serie de balaceras. Una jueza les dictó prisión preventiva por 90 días y así ambos jóvenes, supuestos integrantes de la llamada “banda de Patri”, también conocida como “Los Churrascos”, quedaron tras las rejas. Hasta que se descubrió el trasfondo a los 83 días y fueron liberados el 17 de septiembre de ese año.

Pancita y Tomy habían sido incriminados por el testimonio de una joven que dijo haber sido amenazada y otra que dijo haberse negado a vender drogas para la banda de Patri y a tener relaciones sexuales con uno de sus miembros. Sin embargo, unos 15 días después ambas mujeres se presentaron en la fiscalía con una abogada para contar la verdad. Dijeron que habían sido amenazadas por integrantes de la banda de Los Pimpis, herederos de Ema Pimpi Sandoval que se disputaban el narcomenudeo en la zona de la comisaría 10ª. Las jóvenes aseguraron que para mentir en el acta policial a una de ellas le dieron 50 mil pesos y a la otra drogas.

Entonces se allanó la seccional de Darragueira al 1100 y fueron detenidos el entonces jefe Malpassi; el sumariante Graff, quien firmó denuncias y actuaciones, y los oficiales Sosa y Dallia, quien quedó imputado y en disponibilidad, a la espera de juicio. También fue implicada la suboficial Natalia Sánchez pero las actuaciones en su contra se archivaron al detectarse que no sólo era ajena a la maniobra sino que alertó sobre irregularidades en el procedimiento. Lo mismo ocurrió con el subjefe Sebastián Ojeda, quien llegó a la guardia aquella tarde y advirtió a sus superiores sobre “algo raro”.

La investigación arrojó que el operativo fue concretado a cambio de dinero que la banda de Los Pimpis entregaba regularmente a la comisaría. El acta de procedimientos estuvo plagada de irregularidades y las jóvenes testigos fueron obligadas a firmarla. En ese documento se omitió mencionar a Sosa y Dallia, quien ya en el penal les sacó fotos a los detenidos con su celular y las reenvió a una persona no identificada para certificar que Tomy y Pancita fueran quienes debían quedar presos.

En cuanto al eslabón civil, Mario Germán S., de 34 años, fue imputado en marzo por Caterina como partícipe primario de la privación ilegal de la libertad y como instigador de una falsa denuncia. En la investigación se refiere que trabajaba para los herederos de Sandoval y era quien proveía droga y retiraba la recaudación de un búnker donde una de las denunciantes había sido baleada. Era allegado a familiares de Ema Pimpi, jefe de una banda narco que había sido condenado por el ataque a tiros a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti de octubre de 2013. En octubre de 2019 fue asesinado —junto con otras dos personas— en un ataque comando a un chalé de La Florida donde cumplía prisión domiciliaria.

Mario S. además había declarado como testigo del crimen de Marcelo David Valdez, un adolescente de 16 años que el 19 de junio de 2021 fue alcanzado por las balas dirigidas a la gente de Ema Pimpi en Cavia al 1300; un crimen por el que hubo cuatro acusados. En aquella ocasión también fue herido un medio hermano de Mario S. Dos días después ocurrió el procedimiento ilegal por el que los dos policías aceptaron condena. Un operativo que, según el acuerdo, “simulaba ser fidedigno pero, en relación a toda la evidencia reunida, surge claro que no lo era”.

La banda de Los Monos no solo exhibió una gigantesca bandera en el partido homenaje que se realizó el sábado para la despedida de Maximiliano Rodríguez sino que también vendieron remeras con el polémico dibujo. Increíble, pero real.

En las últimas horas trascendieron fotos de camisetas que tienen la misma imagen del “trapo” que se desplegó en la despedida de Maxi Rodríguez

La aparición de una bandera que mostraba a un mono con lentes junto a un toro y un pollo durante el partido despedida a Maxi Rodríguez generó que la Fiscalía solicitara un allanamiento en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, para dar con el “trapo” alusivo a la banda de Los Monos. “Fue una provocación”, dijo este lunes el intendente Pablo Javkin, quien aseguró que se trato de un acto que “evidentemente estaba estudiado”.

Allanaron el estadio de Newell’s por la bandera de Los Monos que se desplegó en la despedida de Maxi Rodríguez

El incidente pasó inadvertido para los invitados especiales al evento, ya que el estandarte fue desplegado a sus espaldas cuando posaban para los reporteros gráficos que cubrieron el acontecimiento, que tuvo alcance mundial por la presencia del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, gran figura del Mundial Qatar 2023. No obstante, horas más tarde se supo que la imagen que alude a la banda narco rosarina no solo ilustró el polémico “trapo”.

El dibujo, cuyo autor no se conoce pero se descarta que se trata de ilustrador con experiencia por la calidad de su trazo y la precisión de los detalles, no solamente fue estampado en la bandera que se extendió en la tribuna del Coloso Marcelo Bielsa ante la sorpresa de los hinchas leprosos que se sumaron a la celebración. En las últimas horas trascendió una foto de un puesto callejero en el que se venden remeras que replican la imagen con los colores rojo y negro.

La fotografía, que circuló a través de WhatsApp, sorprendió porque tiene estampada la misma imagen del mono con lentes, el toro y el pollo que causó sorpresa y estupor entre las autoridades del área de seguridad luego de que se viralizara en las redes sociales y se identificara como un mensaje de la banda narco Los Monos. En la camiseta a la venta se puede leer la misma leyenda que en el trapo: “Nosotros estamos más allá de todo”, con la firma de “Los leprosos”.

Durante el partido, tanto en el estadio como en la transmisión televisiva, el mensaje de la bandera pasó inadvertido. Fue al terminar la fiesta cuando las redes sociales se hicieron eco de la aparición de la bandera y explicaron su oscuro contenido: las tres figuras que pintadas en el lienzo son un un mono con anteojos, que representa a Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos; un toto, por Carlos Damián “Toro” Escobar, y un pollo, por Leandro “Pollo” Vinardi.

Otra vez, el ámbito escolar fue utilizado como oficina de correos para que una banda criminal deje un mensaje para otro grupo antagónico. Esta vez, sucedió en Villa Gobernador Gálvez

Un colegio de barrio Coronel Aguirre fue utilizado como una especie de “oficina de correo” para dejar una nota que apunta contra un personaje villagalvense ligado a la narcocriminalidad.

Rosario: pese a la custodia policial, balearon otra vez una escuela

Tenía una firma insólita: una bandera de Perú y cuatro municiones adjuntadas. En otro colegio de la misma localidad, apareció un papel firmado por “la banda de los Millones”, nombre inspirado en el trapero Callejero Fino, cuyas letras hacen gala del estilo de vida gángster

Este viernes en una escuela de Villa Gobernador Gálvez un alumno halló una nota de contenido mafioso entre otros papeles de interés para los estudiantes. La misiva, según trascendió, apunta contra un personaje villagalvense ligado a la narcocriminalidad y posee como firma una bandera de Perú. Además, tenía cuatro municiones adjuntadas. La escuela, ubicada en barrio Coronel Aguirre, posee custodia policial.

Rosario: una alumna confesó ser la autora de amenazas contra su escuela

El papel, según trascendió, está dirigido a los “soldados del Gordo Dany” –por el barrabrava ligado a la banda de los Monos Héctor Daniel Noguera, preso en un pabellón de alto perfil en la cárcel de Piñero–, y menciona a otros apodos y los acusa de “andar quemando autitos en las comisarías y extorsionando gente”.

Lo llamativo de esta “declaración de guerra” es que está acompañada de cuatro municiones intactas y la bandera de Perú. Además, la acusación posee correlato con hechos recientes, como los ataques incendiarios en coches estacionados alrededor de la Comisaría 15ª y la Subcomisaría 22ª, registrados esta semana.

En tanto, otra escuela de la misma localidad también fue utilizada este viernes como “buzón”, aunque voceros policiales no descartan que este mensaje, que exige la suspensión de clases, no sea otra cosa que una jugarreta de alumnos que se apropian de la jerga del mundillo narcocriminal. El papel estaba firmado por “la banda de los Millones”, una especie de entidad recurrente en las letras del trapero Callejero Fino, que hacen gala del estilo de vida gángster.

Ambos casos pasaron a integrar la lista de más de veinte incidentes registrados en 2023 en escuelas del departamento Rosario. Las incidencias, según valoran los investigadores, son de naturaleza variada. Hay casos en que los colegios son utilizados como blanco de balaceras con el fin de vehiculizar un mensaje dirigido a un grupo rival. Otros casos no involucran balas y, además, hubo ocasiones en que la investigación llegó a alumnos de las instituciones como sospechosos de las amenazas.

Trece personas – 11 extranjeras- fueron detenidas este jueves al cabo de un megaoperativo en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Secuestraron armas, drogas y divisas de varios países.

Trece personas fueron detenidas este jueves al cabo de un megaoperativo en Capital Federal y provincia de Buenos Aires solicitado por la Fiscalía Federal de San Nicolás contra una organización narco mayormente integrada por ciudadanos peruanos y bolivianos, indicaron fuentes judiciales y ministeriales. Personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) secuestró 16 kilos de cocaína; 31 kilos de marihuana e incautó 43 millones de pesos en efectivo y 153 mil dólares.

Operativos en Jujuy y Santiago del Estero: Gendarmería incautó más de 8 kilos y medio de cocaína

En marzo de 2023, personal de Gendarmería Nacional (GNA) desbarató una organización narco que operaba en el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires) al cabo de 18 allanamientos en territorio bonaerense y Córdoba. Nueve personas fueron detenidas e incautaron 1202 pastillas de éxtasis; 13 mil dólares y 12 millones de pesos. Ese expediente se había iniciado en mayo de 2022, tras el hallazgo de un avión sin matrícula en la zona rural de El Socorro, en el partido de Pergamino.

Al continuar con la investigación, los uniformados detectaron comunicaciones entre uno de los detenidos (de nacionalidad colombiana) y un ciudadano peruano, quien sería proveedor de drogas, señaló el portal Fiscales.

Chaco: viajaba con su beba en un micro y la detuvieron con más de tres kilos de cocaína

En abril, con intervención de la Fiscalía Federal de San Nicolás se dispuso profundizar las investigaciones sobre “una posible red paralela de cocaína”.

Asimismo, personal de Inteligencia de GNA constató que uno de los involucrados poseía antecedentes narco en la Argentina y en el exterior. Los miembros de esa red delictiva tenían una línea de distribución de estupefacientes en establecimientos penitenciarios.

El jueves, luego de dos meses de investigación, el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo ordenó 22 allanamientos en los barrios 1-11-14,31, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Gerli, Villa Madero, General Rodríguez, Villa Ballester, Villa Celina, González Catán.

Los uniformados incautaron 16.6 kilos de cocaína, 31 kilos de marihuana, 59 cápsulas de cocaína, dosis listas para su comercialización, 10 vehículos, 43 millones de pesos , 153 mil dólares, 3.500 euros, 27.5 mil reales, 20 mil pesos uruguayos, un millón de pesos colombianos, 1.5 millón de pesos chilenos, 600 dólares australianos, 3.080 pesos bolivianos, 115 dólares canadienses, 140 suizos, 8.280 pesos mexicanos y 255 libras esterlinas.

También, secuestraron dos pistolas 9 milímetros, 458 municiones de distintos calibres, 65 celulares, cinco chips, siete notebooks, seis máquinas contadoras de dinero y trece balanzas de precisión.

Uno de los establecimientos allanados por los gendarmes era un taller. Según la fuerza, allí recibían la droga y, luego, modificaban los chasis de los vehículos para realizar los traslados de estupefacientes.

Se detuvieron a 12 hombres y una mujer de los cuales 11 son extranjeros (ciudadanos bolivianos y peruanos) y dos argentinos.

Pocos minutos antes de la hora cero de este jueves, un domicilio ubicado en el barrio Mortelari de Villa Gobernador Gálvez recibió una lluvia de balas y un mensaje amenazante. El manuscrito estaba rubricado por “la mafia”

Los tiros se escucharon el miércoles por la noche en una cuadra de barrio Mortelari. La mitad impactó sobre la vivienda amenazada. La víctima ya había sufrido amenazas en diciembre pasado.

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Los atacantes dejaron una nota con una “declaración de guerra” que estuvo acompañada de nada menos que 40 disparos. La mitad impactó sobre la vivienda en cuestión, indicaron fuentes del caso.

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque mafioso ocurrió alrededor de las 23.40 sobre una vivienda de Paulo VI al 1100. No estaba clara la mecánica. En la fachada quedaron estampados 19 impactos y sobre la calle el personal policial dio cuenta del hallazgo de 40 vainas.

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El manuscrito hallado en la escena estaba rubricado por “la mafia”. Según trascendió, estaba a un hombre que vive en el domicilio atacado. Según fuentes del caso, la víctima ya denunció que sufrió amenazas en diciembre del año pasado.

El caso fue notificado a la Fiscalía de Flagrancia y las actuaciones quedaron asentadas en la comisaría 26ª, por razones de jurisdicción.

Agentes de Investigación Criminal (AIC) desbarataron este lunes por la tarde una operación narco montada en un taller mecánico de Funes.

La droga fue hallada en un allanamiento ordenado en el marco de una investigación por tráfico de droga que se inició en Villa Itatí, Corrientes.

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Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevaron adelante este lunes un operativo antinarcóticos en Funes, En un allanamiento en un taller mecánico ubicado en Ruta 9 y Tucumán, el casco urbano de la ciudad, se detuvo a ocho personas y se incautaron 560 kilos de marihuana.

Fue producto de una investigación que la Justicia Federal inició en la ciudad de Itatí, provincia de Corrientes. En las medidas llevadas adelante en la región intervinieron el fiscal federal Javier Arzubi Calvoy el juez federal Nº3, Carlos Vera Barros. Actuó la División Narcotráfico de la AIC.

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Según las primeras informaciones, el estupefaciente fue descubierto en la localidad de Funes, más precisamente en un taller mecánico situado en Tucumán al 2000. En ese lugar, también se secuestró un arma de fuego. Allí fueron capturadas dos mujeres y seis hombres.

Trascendió que entre los detenidos se cuenta Ricardo Walter Piris, yerno del ex intendente de Italí Roger Terán, sobre quien pesa una condena por narcotráfico luego de que en 2008 se lo sorprendiera con 9 kilos de marihuana. Terán fue acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al tráfico de droga.

Solange D. Funes, de 18 años, fue asistida por una herida en el cráneo provocada por el roce de bala. Todos los detalles aquí

La joven  fue atacada en la madrugada de este domingo y dijo que le dispararon cuando estaba con una amiga. La bala le rozó el cuero cabelludo y pudo dirigirse el Hospital Provincial por sus propios medios. Su hermano cumple una larga condena por múltiples crímenes.

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La hermana de Alan Funes, un criminal con abundante prontuario encarcelado, fue baleada el domingo a la madrugada. Ingresó por sus propios medios al Hospital Provincial y dijo haber sido atacada en la zona de Mendoza y Provincias Unidas, donde se encuentran las Cuatro Plazas.

Según relató, se encontraba con una amiga en una de las plazas, cuando se acercaron dos hombres y trataron de robarles sus pertenencias. Agregó que en ese marco intentó defenderse y los supuestos ladrones abrieron fuego. No obstante, no estaba acreditada esa versión de manera oficial.

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En el hospital la atendieron y le diagnosticaron una herida en el cuero cabelludo sin complicaciones. Está fuera de peligro.

En 2021, Alan Funes fue condenado a 35 años de prisión por haber formado parte de una asociación ilícita junto a René Ungaro, que tenía por fin cometer diversos delitos contra la propiedad, la libertad e integridad física de las personas. También, por hechos de amenazas, abuso y portación de arma, un homicidio consumado y dos en grado de tentativa.

Jonatan “Bam Bam” Funes y Ulises Funes , hermanos de Alan, fueron asesinados, al igual que su madre Mariela Miranda. Jorge “Gordo” Funes, su padre, fue atacado a balazos.

Luego de cuatro meses de tareas de inteligencia criminal, este fin de semana, en un operativo de prevención vial realizado sobre la Ruta Provincial N°5, en Orán, se logró la incautación 326 paquetes del estupefaciente acondicionados en el doble fondo de un tanque cisterna de 3.000 litros.

El Magistrado interviniente orientó el allanamiento en cuatro domicilios vinculados a la comercialización de droga desde la región NOA con destino final la provincia de Buenos Aires.

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Personal de Gendarmería detuvo a cuatro hombres y secuestró vehículos, sumas millonarias de dinero nacional y divisas en efectivo, dispositivos tecnológicos, etc.

A partir de tareas investigativas iniciadas por efectivos de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Salta”, integrantes de la Sección “Las Lajitas” dependientes del Escuadrón 45, controlaron una camioneta Toyota Hilux con tanque cisterna, sobre el kilómetro 105 de la Ruta Provincial Nº 5.

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De la inspección del acoplado, los gendarmes constataron un doble fondo creado en el piso del sector de carga. Al desarmar el mismo con herramientas de corte, lograron extraer 326 paquetes rectangulares, característicos a los utilizados para el traslado de estupefacientes, con una sustancia blancuzca en su interior, que tras ser sometida a pruebas de campo, estas arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 347 kilos 405 gramos.

En este contexto, se logró detener y secuestrar otras dos camionetas involucradas en las maniobras ilícitas (oficiaban de puntero y barredor respectivamente, alertando sobre los controles de rutina de la Fuerza).

La Procuraduría de Narcocriminalidad Regional, orientó allanamientos en las localidades salteñas de Colonia Santa Rosa, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, que derivaron en la detención de cuatro ciudadanos involucrados, en el secuestro de cuatro vehículos más; 2.298.810 millones de pesos argentinos; 173.000 dólares estadounidenses, 559 pesos bolivianos dispositivos tecnológicos y documentación de interés para la causa.

En tanto, los detenidos, el estupefaciente, los vehículos y elementos secuestrados permanecerán a disposición de la autoridad judicial interviniente, en infracción a la Ley 23.737 de “Estupefacientes”.

Un video que dura un puñado de segundos muestra el brutal intento de asesinato de Isaías “Pinocho” Verdún, el joven de 23 años que tenía pedido de captura por supuestamente integrar la tercera generación de Los Monos, que es liderada por Uriel Luciano “Lucho” Cantero, hijo del fallecido Pájaro.

Un joven de 23 que presuntamente pertenece a una facción de la banda narcocriminal “Los Monos”, liderada por un hijo del Clan Cantero, ingresó herido a balazos a un hospital de Rosario, por lo que quedó detenido, informaron este miércoles fuentes policiales y judiciales.

El joven fue identificado como Isaías José María V. (23), alias Pinocho, quien fue atacado a balazos en la tarde del martes, alrededor de las 19.30, en bulevar Oroño al 6000, en la zona suroeste de Rosario, por dos hombres aún no identificados que se movilizaban en una moto.

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El herido llegó por sus propios medios al hospital zonal Roque Sáez Peña y al ser identificado por las autoridades policiales apostadas en ese centro asistencial se estableció que pesaba sobre él un pedido de captura activo, por lo que quedó detenido y fue puesto a disposición de la justicia de Rosario.

El joven presentaba una herida de arma de fuego en uno de los glúteos y declaró que había sido atacado en un intento de robo, aunque tras las curaciones fue trasladado a la sede de la comisaría 15.

Después trascendió un video en el que se lo ve andar en bicicleta, junto a otras dos personas, momento en que una moto con dos personas se le pone a la par y comienza a dispararle. El herido -más allá de que resultó herido- alcanza a escapar del lugar, junto a sus compañeros, mientras que los atacantes se escaparon raudamente de la escena del tiroteo.

Al respecto, el Ministerio Público de la acusación adelantó que en los próximos días la fiscal de homicidios dolosos, Marisol Fabbro, lo acusará por asociación ilícita.

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Según la investigación en curso, “Pinocho” es sobrino de Lorena Verdún, ex pareja del líder de la banda narcocriminal “Los Monos”, Claudio ‘El Pájaro’ Cantero (29), acribillado a balazos en mayo de 2013.

El detenido Pinocho formaría parte de la narcobanda liderada por Uriel Luciano “Lucho” Cantero (19), hijo del Pájaro Cantero y Lorena Verdún.

Lucho Cantero está preso desde octubre de 2022 en la cárcel federal de Marcos Paz, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a controlar territorios en los que se cometieron delitos graves con la finalidad de obtener beneficios económicos en Rosario.

Según Fabbro, Lucho Cantero junto a su madre, Verdún y su novia, Erica Bullón, también acusadas y con prisión preventiva, operaban como una ramificación de la banda inicial de Los Monos, presuntamente como herederos del Clan del que formaría parte el ahora detenido, Isaías José María V.

La vicepresidenta de la Nación compartió un tweet del senador nacional Oscar Parrilli donde refleja la nueva información sobre crecientes operaciones sospechosas, relacionadas al narcoráfico y lavado de dinero

Este lunes, un medio nacional informó que la banda de “Los Monos” seguía abriendo sociedades para lavar dinero desde la cárcel de Rosario. A raíz de esto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un tweet de Oscar Parrilli donde advierte sobre esta nueva información de crecientes operaciones sospechosas.

? Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.): los Monos o el “capital Emprendedor” del Macrismo.En el año 2017 el Gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizando como pantalla el “apoyo al capital emprendedor”. (abro hilo)

— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) March 8, 2023

A la par de la tasa de homicidios, que pasó de 18,5 a 22 casos cada 100.000 habitantes en el último año, crecen los reportes de operaciones sospechosas en Rosario. La tendencia la dio a conocer la Unidad de Información Financiera (UIF). El avance de los grupos criminales se da en conjunto con un entramado financiero que históricamente se dedicó a “blanquear” el dinero de las ventas ilegales de granos.

Las investigaciones avanzan, pero los empresarios involucrados no están en la cárcel. El insólito caso de los integrantes de “Los Monos” que seguían abriendo sociedades para lavar dinero desde la cárcel a través de una herramienta creada durante el gobierno de Mauricio Macri.

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Las crónicas policiales de los muertos por el narcotráfico en Rosario son también el resultado de una ecuación económica, un gran negocio ilegal que se naturalizó y extendió sus tentáculos. “Las plataformas que fueron utilizadas en las últimas décadas para lavar el dinero del comercio ilegal de granos, son las mismas que usan hoy las bandas criminales. Es un mercado que viene creciendo exponencialmente desde 2010”, explicó una calificada fuente que tuvo a cargo estas investigaciones.

En esa línea, detalló que bares, inmobiliarias y agencias de turismo son algunos de los rubros elegidos por los narcos para formalizar el dinero que consiguen con sus actividades ilícitas, aunque la fachada más eficiente se encuentra en el sector financiero, con la intermediación incluso de operadores reconocidos de la City rosarina. Lo hacen bajo la forma de mutuales, fideicomisos o sencillamente de mesas de dinero. En algunos casos, otorgan préstamos con tasas que ascienden hasta el 30% mensual, en otros, operan con la modalidad de descuento de cheques.

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Lejos de ser la solución a un problema infinitamente más grande, la instalación de una delegación de la UIF en la ciudad apunta a acelerar el trabajo que el organismo ya viene realizando. “En los últimos años, se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas realizadas en Rosario. En similar sentido, dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee”, dice en su argumento la resolución publicada en el boletín oficial.

LOS MONOS, “EMPRENDEDORES”

En octubre de 2021, Ámbito reveló que “Los Monos” inauguraron durante el año 2018 unas 40 empresas fantasma bajo el régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), una figura creada durante el gobierno de Macri para ser utilizada por emprendedores para registrar compañías en 24 horas, sin controles, sin capital inicial y sin necesidad de especificar un objeto claro. Con ese procedimiento, la banda narco emitió unas 12.000 facturas apócrifas y lavó más de $1.200 millones.

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La maniobra consta formalmente en una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ). Según la compulsa, cuando el grupo narco inscribió estas sociedades no existió ningún tipo de monitoreo ni pasó por la supervisión de personas humanas. El director de Sociedades de la IGJ, Darío De León, reveló que desde adentro de la cárcel los criminales seguían abriendo sociedades. “Una vez que ya estaban detenidas, estas mismas personas presentaban una SAS por semana y el sistema lo permitía porque era totalmente automático. Como se podía hacer de forma remota, alguien afuera se había quedado con las claves y seguían operando”, explicó el funcionario.

La IGJ decidió cambiar el sistema de inscripción para incrementar los controles. Lo hizo con datos sobre la mesa. “Una de cada seis SAS están sospechadas de emitir facturas apócrifas, no es un caso aislado”, dijo De León, quien agregó que “controlar a las personas jurídicas también es parte del combate contra el narcotráfico”.

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INVESTIGADOS, PERO EN CASA

Una serie de episodios vinculan al universo financiero rosarino con la actividad de los narcotraficantes. Uno de los más destacados es el que protagonizó Patricio Carey, titular de la firma Cofyrco que está instalada en pleno centro de Rosario. La historia data de septiembre de 2020, cuando el narco y barrabrava de Newell’s, Marcelo “Coto” Medrano, fue asesinado y en su teléfono fueron hallados mensajes que daban cuenta de que horas antes de ser ejecutado le había comprado de forma ilegal u$s17.000 al empresario.

Luego, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios vinculados a Carey. Allí, se encontraron al menos unos 174 documentos extraviados y robados que se utilizaron para comprar dólares al tipo de cambio oficial. Esas divisas luego se volcaban al mercado informal. “La cocaína en definitiva es como un commodity que se paga en dólares. Las bandas necesitan de alguien que se los venda”, dijo el fiscal federal Federico Reynares Solari en diálogo con la emisora local Sí 98.9.

A pesar de estar imputado por encubrimiento y lavado de activos, en noviembre del año pasado Carey viajó al mundial de Qatar para alentar a la selección Argentina. A comienzos de diciembre, luego de la coronación del equipo de Lionel Messi, el empresario volvió a Argentina pero fue inmediatamente detenido en Ezeiza, acusado de haber presionado a un testigo.

El paso por la cárcel del financista fue breve. El 6 de enero, el camarista Guillermo Llaudet, en plena feria judicial, decidió devolverle la libertad y remitir las actuaciones al fuero de excepción. Horas después, los medios gráficos rosarinos salieron a la calle con una publicidad de una empresa del grupo Carey promocionando la búsqueda de fondos para un fideicomiso destinado a la construcción de un hotel cinco estrellas en la ciudad.

En Rosario no es el único nombre de peso en el mundo empresarial que está bajo la lupa. El ex titular de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, también está acusado de integrar una estructura de narcotráfico por vender dólares de forma ilegal a los delincuentes. En medio de la fuerte devaluación que se produjo a mediados de 2019, los fiscales del caso reunieron comunicaciones con los narcos, que se mostraban preocupados por no quedar ‘descalzados’ con el salto en el tipo de cambio.

A la espera de una sentencia, el empresario se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria. Una fuente al tanto del proceso contó que para otorgarle este benefició “pesó el criterio de arraigo”. Es decir, los bienes que el hombre de negocios posee en el país. Curiosa contradicción, pues se investiga precisamente que esa fortuna fue adquirida por la conducta delictiva.

“Es fácil caerle a quienes los miembros del Poder Judicial no perciben como integrantes de su propia clase y perseguir delitos que se cometen en los barrios menos favorecidos de Rosario por personas que no forman parte de círculos sociales elevados”, dijo el fiscal Federico Reynares Solari, quien concluyó: “Pero la sangre de ese delito violento en zonas marginales es el dinero que se disputa en el centro de la ciudad por estructuras más complejas, que tienen abogados, contadores y empresarios”.

Hasta el jueves Díaz se desempeñó en la delegación que la policía rural “Los Pumas” tiene en la localidad de Frontera y quedó acusado por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso y atentado a la autoridad.

Se trata del subcomisario Cristian “Paco” Díaz, quien fue jefe antidrogas en la ciudad de Santa Fe y se desempeñaba en la guardia rural “Los Pumas”

Cristian “Paco” Díaz, ex jefe de la Brigada Departamental Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la capital provincial, fue detenido por orden del fiscal federal Walter Rodríguez acusado de haber sido el ideólogo de un anónimo que llegó a la mencionada agencia estatal y que tenía como objetivo desviar una pesquisa para favorecer a un grupo narco y afectar la credibilidad de un fiscal, un funcionario y un comisario.

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Con la detención de Díaz el fiscal Rodríguez redondeó otra causa que él mismo investigó y que terminó con el arresto de un subalterno de Díaz, el policía Carlos Rodrigo, quien se encuentra en una prisión de Entre Ríos después de que en 2021 fuera procesado por el juez federal Marcelo Bailaque por encubrimiento, favorecimiento personal agravado por ser funcionario público, atentado contra la autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tenencia de drogas.

Esa historia tuvo un hecho previo que la disparó. Fue el 10 de junio de 2021 cuando en un correo electrónico recibido en la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe se denunció anónimamente hechos de gravedad institucional que involucraban a un integrante del Ministerio Público Fiscal de la Nación a quien señalaban como líder de una organización delictiva.

Ante la hipótesis de que la denuncia fuera un ardid para desviar otras investigaciones, el fiscal Rodríguez convocó a peritos del Departamento Técnico de Narcotráfico de la Policía Federal para realizar distintas diligencias que culminaron con cuatro procedimientos: en la dependencia donde trabajaba Rodrigo, en su casa y en otros dos domicilios. En esos allanamientos se secuestraron un pan y un trozo compacto de cocaína que pesaron 667 gramos.

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En el avance de la investigación, el fiscal Rodríguez detectó que Díaz (por entonces jefe de Rodrigo) “abusó de su condición de titular de la Brigada Departamental Antidrogas de la AIC para impartir órdenes inconstitucionales a sus subalternos”, entre ellas fue el autor intelectual del anónimo que envió por mail Rodrigo desde una cuenta que armó desde su computadora personal de la Brigada, en el cual refería que había una banda narco operando en Santa Fe y que sus jefes eran el fiscal federal Gustavo Onel, el funcionario del Organismo de Investigaciones (OI) Rolando Galfrascoli, y el ex comisario de Drogas Martín Oliva.

De acuerdo a la pesquisa, a esas tres personas se las acusaba en el mail de darle protección y encubrir a las narcos santafesinas Lorena Melgarejo, entonces prófuga, y Vanesa “La curandera” Saravia, a quién justamente Onel, Galfrascoli y Oliva detuvieron con casi 150 kilos de cocaína en noviembre de 2019.

De esa manera, dice el fiscal federal, “Rodrigo colaboró con Lorena Melgarejo para eludir las investigaciones de la autoridad competente y hacer afirmaciones de gravedad institucional desde el anonimato de un correo electrónico eludiendo su responsabilidad como funcionario público”. Al ser indagado, Rodrigo señaló que hizo el escrito por pedido de su jefe, el ahora detenido subcomisario Díaz, y que al único que conocía de todos los que mencionó en ese mail es a un agente de apellido Bressan”.

En ese entonces Díaz tenía cierto poder que le había conferido el comisario Marcelo Cruz, quien era el jefe Antinarcóticos de la AIC en la región y que reportaba al entonces hombre fuerte del Ministerio de Seguridad en la materia: el Director de Investigación Criminal Rodolfo “Coqui” Gallardo, dice el portal santafesino. El enlace entre ellos era el subcomisario Martín Mansilla, quien aparece mencionado en varias causas penales.

Para que no queden huellas digitales, Díaz llevó a la casa de Rodrigo (ambos vivían en la localidad de Laguna Paiva) un papel escrito con el contenido de la denuncia que su subalterno debía enviar por mail. Todo ello fue corroborado con el frecuente impacto en las antenas de telefonía entre los móviles de ambos policías más el aporte del escrito original entregado por Díaz y por la relación que ambos tenían en un contexto en el que era evidente la intención de desprestigiar y ensuciar a quienes investigaban.

El Fiscal Rodríguez también pidió que se indague a Paco Díaz por concusión y encubrimiento ya que los agentes de la Policía Federal que lo detuvieron le encontraron anotaciones que dan cuenta que el subcomisario “contaba con alrededor de 50 personas físicas y/o jurídicas de las cuales recibía colaboraciones que casi siempre tenían que ver con cargas de combustibles o donación de carne por parte de personas ligadas a ciertos ilícitos”.

La hipótesis del fiscal es que Díaz “hacia la vista gorda” frente a ciertos delitos y los facturaba por impunidad en su rol de jefe de la Guardia Rural Los Pumas en la localidad de Frontera. Tan entusiasmado estaba Díaz con sus días al frente de esa repartición que le envió un mensaje de texto a Rodrigo diciéndole: “Venite a Los Pumas, acá a Frontera, que está la papa. No sabes lo que es…millos. Los 2, campos, cereal, ganado, una mina virgen”.