Seis personas fueron detenidas hoy a la madrugada en seis allanamientos realizados en el marco de tres investigaciones que tramitan en el MPA por la venta de droga al menudeo en San Justo.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Las diligencias fueron solicitadas por el fiscal Francisco Cecchini, quien está a cargo de los legajos que se iniciaron en octubre de 2024.

Los efectivos del Departamento Operativa Uno, llevaron a cabo seis allanamientos en los barrios Reyes y La Cava de San Justo, donde detuvo a seis personas y secuestró cocaína en 105 envoltorios y en trozos compactos con un peso total de 355,61 gramos, 3 envoltorios de marihuana, un automóvil, $ 2.300.000, dos balanzas digitales, 15 aparatos celulares y sustancias de corte y estiramiento.

Los allanamientos solicitados por Cecchini fueron realizados de forma simultánea entre las 3:00 y las 7:00 de hoy por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Justo.

Por disposición del fiscal en la causa, Dr. Cecchini, todos los detenidos, identificados como M.B.P. de 27 años, L.M.H. de 27, M.S.A. de 35, A.A.A. de 33, Y.P. de 28 y C.S.R. de 28, fueron trasladados a sede policial, a disposición de la justicia competente.

La desaparición de Sofía Delgado, una joven de 20 años vista por última vez el 30 de octubre en su casa de San Lorenzo, ha generado gran preocupación en Santa Fe. Han pasado 11 días sin que se conozcan detalles claros sobre su paradero, y la falta de pruebas dificulta el avance de la investigación. Ante la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia ha ofrecido una recompensa de $5.000.000 a quienes aporten datos concretos que permitan encontrarla.

El caso es investigado por la Fiscalía Regional 2 de Santa Fe, que tomó conocimiento de la desaparición el 31 de octubre, tras la denuncia de la familia. Según la información brindada, Sofía habría salido de su hogar, ubicado en la calle Francia al 500, para dirigirse a un kiosco, aunque este detalle aún no está confirmado. La señal del celular de la joven se registró por última vez la noche del 30 de octubre, cerca de las 23:20, cuando fue rastreado en San Lorenzo y luego en Puerto General San Martín, a pocos kilómetros de su domicilio. Este fue el último dato relevante que pudieron obtener las autoridades.

Las declaraciones de amigos y familiares indican que Sofía no parecía tener problemas personales o familiares que motivaran una desaparición voluntaria. El fiscal a cargo, Carlos Ortigoza, afirmó que por ahora no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que Sofía haya sido víctima de un secuestro. “Estamos evaluando todas las posibilidades, desde que se haya ido por su cuenta hasta un posible encuentro con alguien o un secuestro. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para confirmar o descartar ninguna teoría”, expresó el fiscal en una conferencia de prensa.

Otro elemento clave en la investigación es el último contacto que Sofía tuvo con su novio a través de mensajes de WhatsApp. En estos intercambios, la joven le pidió respuestas, aunque no obtuvo una respuesta inmediata. La pareja de Sofía ya ha sido entrevistada por las autoridades y se encuentra en calidad de testigo en la causa.

En paralelo, la Prefectura Naval y la Policía de Investigaciones de Santa Fe han extendido la búsqueda hacia el río Paraná y áreas costeras cercanas. Equipos especializados y drones han sido desplegados en los operativos de rastrillaje, que hasta ahora no han arrojado resultados concretos. Asimismo, la policía revisa cámaras de seguridad en busca de imágenes que puedan ofrecer pistas adicionales. Existe una grabación en la que se observa un vehículo oscuro en las cercanías de la última ubicación conocida de Sofía, aunque no es posible confirmar si la joven abordó dicho automóvil debido a la baja calidad de la imagen.

El Ministerio de Seguridad ha habilitado una línea telefónica para recibir información anónima (0800-444-3583), en un esfuerzo por recolectar datos que ayuden a localizar a Sofía. Según la descripción brindada, Sofía Delgado es una joven de 1.70 metros de altura, tez blanca, cabello negro lacio y ojos verdes. Entre sus señas particulares, tiene un tatuaje en el cuello con la palabra “Hustle”, además de otros tatuajes en brazos y piernas.

La desaparición de Sofía Delgado ha conmovido a su comunidad, que el jueves pasado realizó una manifestación en San Lorenzo para exigir respuestas y justicia. “Estamos preocupadísimos”, expresó su hermano, Agustín Delgado, durante la marcha. La familia y los allegados de Sofía esperan que las nuevas medidas y la recompensa permitan dar un giro en la investigación y lograr su pronta aparición.

Los camaristas Carlos Renna, Eduardo Bernacchia y Oscar José Burtnik revocaron el fallo de primera instancia que había absuelto al imputado Eugenio Darío “Picurú” Pérez y decidieron condenarlo a la pena de 10 años y 7 meses de prisión por el homicidio calificado de Alexis Díaz, ocurrido en agosto de 2017 en la localidad de Alejandra.

En la sentencia fechada el 19 de marzo los vocales miembros del tribunal cimero, tras hacer lugar al recurso de apelación presentado por el fiscal del caso Sebastián Marichal, dieron la razón al acusador en cuanto a sus argumentos planteados para desacreditar el juicio inicial por injusto.

Con el voto del Dr. Renna, más la adhesión al mismo de su par Dr. Bernacchia, y la abstención del vocal Dr. Burtnik, la alzada concluyó que los testimonios rendidos en juicio “son suficientes para considerar al imputado como autor responsable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, ya que "no pudo ser materia de contradictorio, aquello que sobrevino intempestiva y sorpresivamente”.

“Picurú” Pérez es culpable porque “no se motivó debidamente en la norma de no hacer, es decir no matar a otro” que está penalizado por el Código Penal Argentino. “Su deber era no matar, y pudo hacerlo, pero eligió el camino ilícito de matar a la víctima Alexis Díaz”, sentenció el cuerpo colegiado.

Con ese razonamiento, la Cámara dio por tierra con los fundamentos del juez de la baja instancia, Santiago Banegas, quien había tenido tenido duros y hasta irónicos conceptos contra la la labor fiscal al señalarla como deficitaria, toda vez que las “contradicciones” en las declaraciones testimoniales "hacen que la credibilidad de los testigos de cargo sea prácticamente nula” .

El Dr. Banegas había apuntado a esas versiones como "incompatibles desde la perspectiva de la lógica clásica y la física tradicional. (…) podríamos encontrarnos en la peculiar situación de tener que invocar los principios de la física cuántica y la teoría de los multiversos” del físico estadounidense Hugh Everett III para lograr una conciliación coherente y científicamente admisible de las diversas narrativas.

Ahora, el tribunal echó por tierra esas consideraciones negativas acerca de la actuación del MPA, y resolvió tener por válidas las presentaciones de los testigos presenciales del hecho de sangre que le costó la vida a Díaz.

Tras conocer el veredicto, el fiscal Marichal sostuvo que “la alzada optó por una pena cercana a la que solicitamos en la acusación y consideró acreditada nuestra teoría del caso a partir de los elementos probatorios que expusimos en el juicio oral”.

El funcionario del MPA manifestó que “en primera instancia, se había hecho una valoración tergiversada y antojadiza de las pruebas, que cuestionaba la coherencia existente entre las declaraciones de diferentes testigos”. Precisó que “puntualmente, se pusieron en duda relatos de familiares de Díaz a los que, minutos después de la agresión, él logró expresarles que Pérez es la persona que lo atacó”.

Marichal recordó que “el lunes 7 de agosto de 2017, alrededor de la 1:00 de la madrugada, el condenado concretó su conducta delictiva en la esquina de 25 de Mayo y Colón, cerca de la zona de la costa de Alejandra”.

“Con el objetivo de matar a Díaz –con quien tenía un conflicto previo–, Pérez le efectuó un disparo con un arma de fuego calibre 22 largo”, especificó el fiscal. “La víctima recibió el impacto del proyectil en el tórax, lo que provocó que cayera al suelo”, afirmó.

Asimismo, señaló que “Díaz fue trasladado de urgencia al Hospital de Reconquista y, en función de su grave estado de salud, fue derivado al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe”. Según agregó, “permaneció internado en estado crítico en el efector de la capital provincial hasta la noche del domingo 19 de septiembre siguiente, cuando falleció a causa del ataque”.

Con este, en la última semana suman dos los decisorios de la Cámara Penal que revierten fallos absolutorios de primera instancia. El otro fue el miércoles 13, donde -a instancias de la apelación del fiscal Juan Carlos Koguc- revirtió la absolución y condenó a Ramón Alfonso Valenzuela a la pena de 8 años de prisión por delitos de connotación sexual en perjuicio de una sobrina, ocurridos en Villa Ocampo. Dos triunfos al hilo para el MPA.

En el marco de la investigación por el asesinato del playero Bruno Bussanich, baleado el sábado pasado en una estación de servicio de Mendoza al 7600, la Policía de Santa Fe -en un trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación- detuvo a dos jóvenes de 19 años. 

En el hecho en el que falleció el muchacho, también se dejó una nota dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

El operativo fue realizado por las Tropas de Operaciones Especiales, que puso a los detenidos disposición de la Fiscalía mientras se trabaja para establecer su posible relación con el hecho investigado y la causa permanece a cargo del fiscal Adrián Spelta.

Las detenciones se realizaron en el marco de allanamientos que se efectuaron en Schweitzer al 7800, Urdinarrain al 7900, González del Solar al 1200, Martínez de Estrada al 7700, Juan B. Justo al 8000, Pasaje 1467 al 7900, Pasaje Los Tobas al 7800, Martínez de Estrada al 7800 y Los Arrayanes al 1800.

En el domicilio de Schweitzer al 7800, las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) detuvieron a un joven de 19 años, a quien le secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir de interés para la investigación.

En tanto que en una vivienda de Los Arrayanes al 1800 arrestaron a otra persona, también de 19 años, a quien le secuestraron dos teléfonos celulares. Asimismo, en los demás allanamientos se incautaron más dispositivos electrónicos y elementos de interés para la investigación.

Este lunes por la tarde personal de la Policía de Investigaciones, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Casilda.

Según las primeras informaciones, el operativo tuvo lugar en una propiedad ubicada en las inmediaciones de calle Ayacucho al 1400 de ese distrito del sur santafesino.

Todo surgió en el marco de una investigación por un hecho de hurto, que tuvo como protagonista a un hombre mayor de edad.

En tanto, el procedimiento fue iniciado por el Departamento Operativo de Investigación de PDI Distrito Casilda, en respuesta a una denuncia presentada por una persona que manifestaba haber sido víctima de un robo en su casa.

Según el relato del denunciante, le habrían sustraído varias herramientas.

Asimismo, siguiendo los protocolos de investigación, los agentes llevaron a cabo tareas de campo que condujeron a la obtención de información relevante.

Bajo las órdenes de la fiscal Marianela Luna del MPA, se procedió a diligenciar la vivienda en cuestión, donde se logró detener a un sujeto de 72 años, a quien se le decomisó un arma de fuego y municiones calibre 22.

Pasado el mediodía de este domingo 31 de diciembre,  personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) halló sin vida al fiscal de homicidios dolosos, Ademar Bianchini en una de las habitaciones de su vivienda.

El funcionario judicial y también docente, de 57 años, fue encontrado en la cama de la habitación principal, con un disparo de arma de fuego en el cráneo (a la altura del parietal derecho).

Bianchini fue uno de los primeros en ocupar el cargo de fiscal de homicidios cuando se creó el Ministerio Público de la Acusación, en febrero de 2014. Pese a trabajar en el convulsionado escenario de la Justicia Penal, nunca fue cuestionado. Y es recordado tanto por colegas, como por los abogados del foro, como un buen tipo.

Fuentes policiales indicaron que fueron hasta la vivienda, ubicada en Virasoro al 1400, entre Corrientes y Paraguay, a muy pocas cuadras del Centro de Justicia Penal, luego de recibir un llamado de la esposa del fiscal.

La hipótesis más firme es que el funcionario judicial se quitó la vida. En la investigación interviene el fiscal de homicidios culposos Walter Jurado.

La noticia conmocionó al ámbito judicial y, en particular, a quienes compartían el trabajo cotidiano con Bianchini en el Ministerio Público de la Acusación.

Desde el MPA manifestamos nuestra más profunda consternación y dolor por el fallecimiento del fiscal Ademar Pedro Bianchini ocurrido en las últimas horas en Rosario.

Nuestro compañero de trabajo juró como fiscal en 2014 y siempre integró la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional 2.

Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y allegados.

El también docente universitario tuvo a su cargo renombradas causas como el asesinato de Jimy Altamirano y, la más reciente, el homicidio del colectivero César Roldán.

Un megaoperativo se desplegó este miércoles, en horas de la madrugada, en distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe y también en distintas cárceles, para asestar un duro golpe a una muy peligrosa organización criminal. Todo se realizó bajo la dirección de los fiscales Patricio Saldutti, Valeria Haurigot y Franco Carbone (de la Unidad Especial de Homicidios Dolosos- Equipo para el Abordaje de Delitos cometidos con Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación).

El despliegue incluyó 25 allanamientos en Pueblo Esther, Villa Gobernador Gálvez y Rosario. 

Para los investigadores, la banda se dedicaba a cometer extorsiones y amenazas, utilizando armas de fuego, y tenía como principal líder a Cristian Nicolás Avalle, más conocido como "Pupito", quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza. Su celda también fue requisada por los uniformados.

En cuanto a las personas investigadas y buscadas por la justicia se logró la detención de los apodados "Jano", "Narigona", "Vino", "Eliot" y "Mona", entre otros

Como elementos de interés para la causa judicial se procedió al secuestro de documentación y anotaciones de interés, ropa, vainas servidas, más de cuarenta teléfonos celulares –que serán peritados en las próximas horas-, dos chips de telefonía celular sueltos, un automóvil Peugeot 207, un Peugeot 308, un arma de fuego tipo pistola calibre .380 con cargador y cartuchos, un arma de fuego tipo pistola calibre .22, una pistola Taurus calibre 9mm, un arma de fabricación casera tipo "tumbera", cartuchería calibre .357 Magnum, cartuchos intactos calibre 12/70, municiones calibre 9mm, cargadores de armas de fuego calibre .22 y 9 mm., una balanza de precisión de 500 gramos, dos tablets, un posnet, dinero en efectivo moneda nacional y dólares.

Aparentemente, fueron miembros de esta banda quienes balearon las fachadas del Sindicato de la Carne, del gremio de Camioneros, de distintas sedes de la Uocra y hasta de la Agencia de Investigación Criminal.

Del procedimiento policial participaron distintas fuerzas del área operativa de Rosario, con colaboraron de las brigadas de San Lorenzo, Villa Constitución, Las Rosas, Casilda, Venado Tuerto, la Agencia de Control Policial, la Tropa de Operaciones Especiales, los grupos especiales de irrupción de nuestra provincia, y el can de rastreo del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación. 

Aunque ya se presentó la denuncia, la víctima teme que no sea un caso aislado y que otros comercios también hayan sido afectados. La vulnerabilidad del sistema del banco está en tela de juicio. 

Lo ocurrido está siendo investigado por la Oficina de Delitos Informáticos (ODI), en la Fiscalía Regional 1, del MPA.

Transacción de rutina

La secuencia se inició el viernes pasado, cuando la comerciante ingresó a la página oficial del Banco Nación desde la computadora de su empresa. La mujer aclaró que su dispositivo está supervisado por expertos técnicos y armado con un escudo de antivirus de última generación.

La comerciante ingresó al portal bancario para llevar a cabo una operación de pago de impuestos. Pero después de cargar el primer documento, una inquietante notificación apareció en la pantalla: "Disculpe las molestias, necesitamos un token para autentificar la identidad". Sin dudarlo, su secretaria solicitó el token requerido, y un reloj digital comenzó a girar en la pantalla. La pesadilla apenas comenzaba.

Vamos a necesitar otro token

Minutos después apareció un segundo mensaje, aún más siniestro, que interrumpió la transacción: "Vamos a necesitar otro token. Si no se resuelve, acérquese a la sucursal más próxima". Sin sospechar nada la comerciante entregó varios tokens. Finalmente, un último mensaje cortó su acceso a la plataforma bancaria, dejando a todos desconcertados: "Disculpe las molestias, servidor en mantenimiento no programado". La maniobra se había consumado.

Angustiada la víctima y su secretaria se comunicaron con el Banco Nación, donde recibieron una confirmación devastadora: habían perdido 7 millones de pesos. Dos millones habían desaparecido de su cuenta, además de cinco millones que tenían autorizados en descubierto.

Con lógica desesperación la damnificada, junto con su abogado, denunciaron lo acontecido en sede policial. Ahora la investigación recayó en la Oficina de Delitos Informáticos (ODI), bajo la jurisdicción de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

"No soy el único caso"

Por estas horas la mujer permanece en estado de máxima preocupación. "El problema aun no ha sido resuelto. En el banco me dicen que está trabajando la gente de ciberdelitos. Sin embargo no hubo novedades. Ahora yo encuentro que tengo mis cuentas bloqueadas con todo el perjuicio que eso conlleva", dijo a Notife.

Para cerrar deslizó un dato estremecedor. "Tengo la firme sospecha que mi caso no es el único. A mediados de junio otra empresa santafesina fue blanco de una ciberestafa bancaria, mediante la cual le sustrajeron muchos millones". 

Un hombre de 22 años fue imputado por haber amenazado de muerte a fiscales y empleados del Ministerio Público de la Acusación. El ilícito fue cometido el jueves pasado a la mañana en la sede de la Unidad Fiscal Santa Fe, ubicada en calle 1° de Mayo 2820, en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.

Por lo ocurrido, se inició una investigación que está a cargo del fiscal Ignacio Orio. En tal sentido, el funcionario realizó la correspondiente atribución delictiva ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Martín Torres, en una audiencia desarrollada el viernes en los tribunales de la capital provincial.

Orio informó que "el imputado -cuyas iniciales son MJV-, fue detenido luego del amedrentamiento pero tras la audiencia imputativa recuperó su libertad", y aclaró que "el magistrado le impuso medidas alternativas que acordamos con la Defensa".

"Entre las reglas de conducta dispuestas, está la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio a la fiscal Clelia Trossero, a una empleada de Mesa de Entradas y a un suboficial de la policía provincial que resultaron víctimas del delito", detalló Orio. "Por el tiempo que dure el proceso judicial, tampoco podrá estar en las inmediaciones ni comunicarse con la dependencia del MPA en la que tuvo lugar el ataque", agregó.

El fiscal que está a cargo de la investigación relató que "minutos antes de las 11:00 de ayer (por el jueves), el imputado ingresó a la sede del MPA e intimidó con gritos a una mujer que trabaja en la Mesa de Entradas". Al respecto, precisó que "le aseguró que les iba a quitar la vida a ella, a Trossero y a 'todos' los integrantes de la institución".

"Mientras el hombre investigado exigía ver a la fiscal, un suboficial de policía que se desempeña como guardia en el lugar lo tomó de un brazo para conducirlo hacia la salida", señaló Orio. "Entonces, el imputado le dijo que también lo iba a matar a él", puntualizó. "En ese momento, se identificó como miembro de un sindicato y simuló tener un arma de fuego", indicó.

Asimismo, el funcionario del MPA expuso que "si bien el agente de seguridad finalmente logró aprehenderlo, el atacante opuso resistencia durante unos minutos", y remarcó que "en el marco del forcejeo, el guardia resultó herido en una rodilla".

Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de amenazas, lesiones leves dolosas y resistencia a la autoridad.

La decisión fue tomada por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo. Los chicos denunciantes, que se habían escapado del lugar, fueron reubicados en otros hogares. El MPA investiga el caso.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Patricia Chialvo se refirió a la denuncia hecha sobre maltrato y supuestos abusos en un hogar de alojamiento transitorio de barrio Hospitales de Rosario.

La funcionaria afirmó que los tres chicos se habían fugado este jueves y que ya fueron reubicados. Agregó que el caso es investigado por el Ministerio Público de la Acusación y que el personal señalado por supuestos golpes fue separado: "Veremos cómo reubicamos a los trabajadores. Lo primero que se hace es separarlos mientras está la investigación".

Con todo, advirtió que "dentro de las entrevistas hechas, no dieron cuenta de lo que se está diciendo (de maltrato y abusos). Igual, la investigación sigue su curso". 

"Este era un dispositivo de urgencia, donde se llevan a chicos de forma transitoria. Ayer, tres chicos se fugaron. Nuestros hogares son de puertas abiertas. Es bajo el nivel de fuga que tenemos, pero no es la primera vez que nos ocurre. A veces, quieren volver a sus casas", señaló.

Chialvo enfatizó que desde un primer momento se dio intervención a la Justicia provincial al activar la búsqueda de paradero y añadió que una vez que fueron hallados, los nenes "fueron reubicados en otros centros residenciales". 

Los chicos fueron encontrados en inmediaciones del Parque Independencia pidiendo ayuda. De acuerdo al testimonio que le dieron a la persona que se acercó a ver qué necesitaban, habían huído del lugar por los constantes maltratos y acoso que sufrían.

“Llamé a la policía y me dijeron que los retenga. En un momento le pregunté a la nena qué tenía en el cuello y me dijo que le hizo un chupón la mujer que vive en el hogar. Justo en ese momento ya estaba el agente que le preguntó qué era para ella un chupón y ella le contestó que la había besado”, contó la mujer.

Después de ese episodio, el agente trasladó a la nena a la comisaría para tomarle declaración y dejó un patrullero en el lugar al cuidado de los otros dos nenes. Simultáneamente, avisaron a Niñez desde donde ordenaron volver a llevar a los niños al lugar del que se habían escapado.

Los vecinos de la zona se manifestaron en la noche del jueves frente al lugar para exigir que los chicos sean llevados a otro dispositivo de alojamiento, algo que finalmente sucedió hoy, según Chialvo. 

En horas de la tarde de este miércoles, se inició un nuevo allanamiento en la central del SIES 107 de Venado Tuerto. La policía junto a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación llevaron adelante el procedimiento ordenado por la Justicia.

Si bien aún se desconocen los motivos o detalles de la investigación, fuentes consultadas por El Litoral adelantaron que la medida podría demorar varias horas y el objetivo es relevar documentación que pueda servir a la causa.

Mientras tanto, las puertas de la central del servicio de emergencia fueron cerradas y se restringió el ingreso y egreso al inmueble ubicado sobre avenida Santa Fe. Incluso, se solicitó a los empleados que permanezcan en salas con las que cuenta el edificio, sin posibilidad de salir.

En el lugar acompañó el procedimiento, el coordinador del SIES 107, Ramiro Aguilar.

Cabe señalar que este no es el primer allanamiento que se realiza en dicha dependencia, ya que en el mes de diciembre del año pasado se había desarrollado un proceso similar, solicitado por la fiscal Mariana Vidal y a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En aquel momento, se secuestraron diferentes documentos que podían tener vinculación con el caso investigado.

La Asociación de Fiscales lo cruzó por a “denostar” la labor institucional del MPA. Lo exhortó a retomar la senda del análisis exhaustivo de los casos. Y a lograr “decisiones justas”.

La entidad que agrupa a los representantes del ministerio fiscal de la provincia apuntó contra el juez Santiago Banegas luego de la resolución adoptada el 5 de julio de 2023 por el magistrado, integrante del Colegio de Jueces en lo Penal de Primera Instancia de la 4ta. Circunscripción Judicial.

La Asociación de Fiscales reprochó las manifestaciones vertidas por el Dr. Banegas dirigidas a “denostar la labor institucional del Ministerio Público de la Acusación y no a dar respuesta al caso”, en atención a que “incumplen dicha obligación legal”. “Peor aún, se presentan como inadecuadas e impropias del deber de prudencia y mesura que caracteriza a la función jurisdiccional”, asestó, con tono lapidario.

A continuación, contrastó que lejos de cuanto parece traslucir la resolución del juez Banegas, la actividad desplegada por los órganos fiscales especializados del Ministerio Público de la Acusación, en toda la extensión de la provincia de Santa Fe, ha conducido a “niveles inéditos de investigación, acusación y condena de delitos de contenido sexual, cuyas víctimas principales son -como en este caso- las niñas, niños, y mujeres”.

Por su tenor y contenido, la resolución que se critica “no es un aporte para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal”, aseveró en un comunicado, y paralelamente vaticinó que “el efecto que de ella podemos esperar es la pérdida de confianza en la actividad que llevan adelante todos los operadores”, tanto el actor público, como sus colegas del Colegio de Jueces de Primera Instancia e incluso aquella desplegada por el Colegio de Jueces de 2da. Instancia, en su calidad de revisor.

“La fundamental e insustituible misión de los jueces es resolver las controversias sometidas a su conocimiento”, y para ello deben realizar un “análisis crítico” de las postulaciones y pruebas que se les presentan y, a partir de ellas, fundamentar su decisión, dogmatizó.

En consecuencia, la Asociación exhortó a “retomar la senda de la moderación y el análisis exhaustivo de los casos, presupuesto necesario para alcanzar las decisiones justas que la sociedad demanda.

La crítica se sumó a la vertida el martes por la Fiscalía Regional de Reconquista contra el juez de primera instancia, que en una audiencia -en la que dispuso la libertad de un imputado con prisión preventiva por abusar de sus hijas y su concubina- sentenció que los fiscales intervinientes habían mantenido preso por meses y sin motivo al encartado.

Por Alan Vidaña

Este lunes por la mañana, la fiscal Gabriela Lescano se encadenó en las escaleras de los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez.

La polémica determinación surgió a partir del allanamiento realizado en su oficina de esa ciudad del departamento Iriondo.

Ante esa situación, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió dirigirse al Palacio de Justicia para que le den una respuesta sobre las denuncias en su contra por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Esta investigación comenzó respecto de su conducta administrativa. Mi clienta es víctima de una persecución. Ella no está imputada y yo no creo que vaya a estarlo”, indicó Gustavo Feldman, abogado de la fiscal Lescano, en diálogo con El Litoral.

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El caso se encuentra a cargo de la Dra. Marianela Luna, del MPA Casilda.

Sin embargo, Feldman deslizó “que la fiscal Luna habría pedido su propio apartamiento en la causa. Al parecer se trataría de una solicitud que le hizo a la Fiscal Regional”.

Como consecuencia del incidente, muchas personas se movilizaron a través de las redes sociales para brindar su apoyo a la fiscal investigada.

“Gabriela no estás sola. Sabemos de tu trabajo y las veces que nos escuchaste como sociedad dándonos respuesta, no solamente como funcionaria sino como víctima también. Totalmente injusto por lo que estás pasando por hacer tu trabajo. Acompáñanos tu pedido de respuesta”, expresó una vecina.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles 28 de junio en una oficina donde Gabriela Lescano tendría expedientes pertenecientes al MPA de esa ciudad. Dicho operativo fue realizado por la Agencia de Investigación Criminal de Casilda y Cañada de Gómez. Posteriormente, la funcionaria judicial se presentó en la comisaría local y se puso a disposición de la Justicia.

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio Público de la Acusación. “Nos ponemos a disposición para que haya más y mejores respuestas”, manifestó Jatón.

El intendente Emilio Jatón se reunió con la nueva fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, con el objetivo de articular y fortalecer el trabajo conjunto de investigaciones delictivas. En ese sentido, la Municipalidad de Santa Fe puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación un diagnóstico de los principales problemas en materia de seguridad que tiene la ciudad.

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la capital de la provincia, y contó también con la presencia del secretario General de Santa Fe Capital, Mariano Granato; y el fiscal municipal, Leandro Maiarota. Al respecto, se indicó que es importante continuar algunas líneas investigativas sobre economías del delito y que se aceleren otras tareas que son reclamadas por vecinos y vecinas.

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Por ejemplo, los casos de robos de motos en los cuales muchas veces piden rescate, motochorros, entraderas y arrebatos, más allá de otros delitos complejos. “Valoramos el trabajo que realiza el MPA y el vínculo institucional que tenemos; por ese motivo nos ponemos a disposición para que haya más y mejores respuestas”, manifestó Jatón luego del encuentro.

Por su parte, Granato indicó que otro de los temas que se conversaron con Vranicich fue la necesidad de seguir coordinando los operativos multiagenciales en el territorio para desarticular bandas delictivas. A su vez, remarcó que el Estado municipal lleva adelante una serie de inversiones y acciones tendientes a mejorar la convivencia ciudadana.

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En ese punto, mencionó el plan de iluminación que lleva adelante el Estado y que en las últimas semanas sufrió una mayor cantidad de robos y vandalizaciones en barrios y avenidas de la ciudad, lo que generó el consecuente malestar de los vecinos. Y recordó que sólo en 2022, la Municipalidad de Santa Fe tuvo que gastar varios millones de pesos para reponer cables y luces robadas o dañadas.

“El Estado municipal y los vecinos y vecinas que hacen un gran esfuerzo económico para tener una mayor y mejor iluminación a los fines de reducir los márgenes de inseguridad en la vía pública, también sufren del accionar delictivo y esas investigaciones tienen que continuar para cortar definitivamente con estas bandas”, finalizó Granato.

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre el paradero de Gianela Abigail Aguiar, de 17 años, oriunda de la ciudad de San José del Rincón, que fue vista por última vez en la ciudad de Santa Fe el 24 de diciembre de 2022.

Según consta en la denuncia, Gianela Abigail Aguiar tiene tez blanca, ojos marrones, cabellos castaños, estatura 1,60, y contextura delgada.

En su búsqueda intervienen la comisaría tercera de la Unidad Regional I de la policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA Regional I), a cargo de Marcelo Fontana.

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Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario), al correo electrónico registronstafe@santafe.gov.ar, o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.

El titular del Organismo de Investigaciones, Rolando Galfrascoli, vivió un momento de tensión cuando junto a su familia se vio obligado a tener que irse de la fiesta de egresados de su hijo. Según la policía, el fiscal de turno habría considerado que no hubo delito.

Gustavo Capeletti

La gala de recepción de los estudiantes secundarios del Instituto Reconquista que egresaron este año transcurría dentro de los cánones normales de este tipo de eventos, con la alegría y algarabía que son habituales.

Pero alrededor de las 23 del viernes, un hecho paralizó a quienes estaban presentes en el estadio cubierto del Club Adelante: alguien encendió una bengala justo cuando desfilaban los que se habían recibido.

De inmediato, la seguridad del lugar y policías adicionales se apersonaron en lugar desde donde surgió el elemento pirotécnico para poner coto a la situación de zozobra que se apoderó de la concurrencia.

El corolario de la situación fue contundente: los concurrentes comenzaron a batir palmas y a reclamar que todo ese grupo de invitados se retirara, que abandonara el evento. Debido a la real peligrosidad de la acción el suceso tomó repercusión en las redes sociales, y se expandió en su resonancia a raíz de que uno de los integrantes de la mesa era el titular del Organismo de Investigaciones del MPA, Rolando Galfrascoli.

«Sabemos lo todo lo que pasó, pero no tenemos actuaciones policiales porque el fiscal consideró que no hubo delito. En realidad, no pasó nada. El hijo de él iba saliendo por la pasarela, lo iban presentando, y los amigos que estaban al costado, uno de esos chicos prendió una bengala para festejar», detalló a Norte24 una alta fuente policial.

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En su relato, el funcionario consultado agregó que «eso molestó mucho al resto de la gente que estaba en el club y empezó a pedir por los parlantes que la gente que había hecho se retire del local. Se armó toda una discusión, se cortó la fiesta, estuvo cortada como 45 minutos, y después Rolando (Galfrascoli) intercedió con sus familiares para irse todos de la fiesta, porque la gente aplaudía y decía que hasta que no se vayan no continuaba la fiesta».

En tanto, dejó en claro que «en realidad, no tuvo nada que ver, los responsables fueron los invitados del hijo, pero por esa situación se tuvo que ir toda la familia del egresado».

En el final de su descripción de lo ocurrido, aclaró que «la bengala no quemó a nadie, ni tampoco generó daño ni peligro de incendio. Fue una bengala, pero cayó muy mal por el recuerdo de Cromagnon».

Por unanimidad el tribunal decidió destituir a Débora Cotichini en el ejercicio de la función en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Es la sanción máxima que se le puede imponer y ella podrá apelar. Los fundamentos serán dados a conocer en los próximos días.

Ivana Fux

El tribunal lo decidió este martes. Es la sanción máxima que se le puede imponer a la ex funcionaria de confianza de Marcelo Sain en el Organismo de Investigaciones de la provincia.

Suspenden a funcionaria del MPA sospechada de filtrar escuchas legales a Saín

Concluyó el juicio disciplinario contra Débora Cotichini, una de las funcionarias de confianza de Marcelo Sain en el Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia. Se desempeñaba como directora de Inteligencia Criminal Zona Sur, hasta que fuera suspendida preventivamente en el cargo. Se la investigaba y se la acusó por haber filtrado indebidamente información a Sain, cuando éste ya se desempeñaba como ministro de Seguridad de Santa Fe.

Causa por espionaje: imputaron a Marcelo Sain y otros colaboradores

La primera audiencia del juicio disciplinario con los respectivos alegatos, se llevó a cabo el pasado jueves durante más de ocho horas. Se pasó, entonces, a cuarto intermedio hasta el lunes por la tarde. Al cabo de esa segunda jornada, el Tribunal resolvió volver a reunirse en horas de la mañana de este martes para deliberar y emitir el veredicto. La auditoría a cargo de María Cecilia Vranicich, solicitó la destitución de Cotichini; en tanto que la defensa a cargo de Juan Lewis, reclamó la desestimación de los cargos.

El jurado estaba integrado por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; su par regional de Venado Tuerto, Matías Merlo; la diputada socialista Lionella Cattalini; el senador del PJ Alcides Calvo (reemplaza a Armando Traferri, quien se excusó) y Gabriela Capponi Fiorillo, en representación de los abogados.

Cotichini también fue imputada la semana pasada en el marco de la causa por espionaje ilegal, en la que se lo investiga a Sain y a otros ex funcionarios tanto del OI como del Ministerio de Seguridad.

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre el paradero de Noah Santiago Beltrán Sesma, de 2 años, que fue visto por última vez en la ciudad de Santa Fe el 29 de octubre de 2022.

Según consta en la denuncia, Noah Santiago Beltrán Sesma tiene tez blanca, ojos marones, cabellos castaño claro largo hasta los hombros.

Cuando fue visto por última vez, en la ciudad de Santa Fe, Noah Santiago Beltrán Sesma vestía remera verde y short azul. Tiene un arito en la oreja izquierda.

La provincia de Santa Fe creó una Brigada de Paradero con perspectiva de género

En su búsqueda intervienen la sub-comisaría 10º de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Fiscalía Regional I a cargo de Marcelo Fontana.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario), al correo electrónico registronstafe@santafe.gov.ar, o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.

Hay una veintena de denuncias ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, sobre miembros de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual, tanto de profesionales como de particulares.

“Hemos tomado nota de denuncias por irregularidades”, dijo la precandidata a gobernadora de la provincia por el espacio que a nivel nacional lidera Miguel Pichetto.

La diputada provincial de Encuentro Republicano Federal (ERF), Betina Florito, mostró su preocupación acerca de las más de 20 denuncias que hay en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial sobre miembros de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), tanto de profesionales como de particulares.

Florito: “Todos los santafesinos tienen derecho al mismo nivel de prestación de agua potable”

“Observamos muchas quejas de ciudadanos por falsas denuncias o personas que son llevadas presas por la mera denuncia que hace otra por un hecho que aún no está probado. También recibimos quejas en forma personal y por redes sobre el accionar de los fiscales de esta sección”, advirtió.

“Además hemos tomado nota de algunas denuncias presentadas por supuestas irregularidades durante el desarrollo de los procesos judiciales, como la desaparición de elementos probatorios que favorecerían a los imputados”, confió. ¿Están haciendo de manera correcta su trabajo?, ¿tienen el personal, la infraestructura y los elementos indispensables para cumplir su función?, ¿reciben presiones políticas?.

“Son cuestionamientos que me hago a partir de esta situación. Porque en los concursos no siempre son elegidos los más probos y los que más méritos tienen. Sino que generalmente la política juega su partido”, afirmó la precandidata a gobernadora de la provincia por el espacio que a nivel nacional lidera Miguel Pichetto.

Cabe recordar que en ese sentido y respecto a la actuación de los fiscales en los hechos delictivos, Florito presentó un proyecto de Ley que propone una modificación a dos artículos del Código Procesal Penal de la provincia referidos a la inspección y reconstrucción de hechos delictivos.

La legisladora propone que “mediante la inspección que será siempre supervisada personalmente por el fiscal competente se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiera, de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él.

Betina Florito, junto a Macri y Pichetto en Paraná

De ella se labrará acta que describirá detalladamente esos elementos y, cuando fuera posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Las inspecciones que por sus características exijan descripciones especiales u operaciones técnicas, serán realizadas de tal modo que no se afecte la dignidad o la salud de la persona”.

En ese sentido Florito contó que “nos han manifestado, que ante la ocurrencia de ciertos delitos, no se observe la presencia de los fiscales competentes sino por el contrario, personal policial. Cuando se sabe que el que está capacitado para conducir las investigaciones, a través de la inspección y reconstrucción, es el fiscal. Por eso es fundamental que esté presente y supervise las inspecciones”, concluyó.

Ante a los incendios que perjudican los humedales sobre el río Paraná y sus consecuentes problemas en la población, la Municipalidad de Santa Fe formalizó una denuncia para que la Justicia averigüe si hubo intencionalidad en las quemas

La Municipalidad de Santa Fe presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la quema de pastizales en la zona de islas sobre el río Paraná. Desde el fin de semana se han detectado distintos focos ígneos y el humo perjudicó a los y las vecinas de la ciudad, como así también la visibilidad en las rutas nacional Nº 168 y provincial Nº 1.

El planteo del gobierno local es saber si existe la posible comisión de actos que podrían tipificarse como delitos penales de acción pública perseguibles de oficio -Art. 71 C.P.-, para que la Justicia actúe en consecuencia. En las últimas horas la Municipalidad brindó asistencia, mediante camiones cisternas, a los equipos de Protección Civil que trabajan en las islas para apagar los incendios.

Es de recordar que en el informe del Área Operaciones del Comando Santa Fe – Sistema Provincial del Manejo del fuego – Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Provincia puede leerse que el 10 de octubre pasado se debieron controlar incendios que afectaron de manera directa el túnel subfluvial, así como las ciudades de Santa Fe, Paraná y corredores viales y fluviales.

Preocupan los incendios en islas y los daños ambientales ocasionados

“Los incendios provocados por quemas de pastizales se verifican desde hace tiempo. En algunos casos, están vinculados a la expansión ganadera. Surgen como una práctica tradicional de manejo de los pastizales naturales, lo que se hace indiscriminadamente y sin la debida autorización de la administración competente”, dice la presentación judicial.

Frente a los daños que se están produciendo, con la consecuente afectación a la salud pública, a la flora y fauna, la Municipalidad de Santa Fe planteó que “es de marcada urgencia constatar por parte de las autoridades de contralor si estos incendios fueron ocasionados de manera intencional y además de las sanciones administrativas que puedan corresponder”.

Sin dejar de “individualizar a sus responsables a fin de someterlos al proceso penal correspondiente en resguardo del resto de la población y el medio ambiente”. En ese sentido, la denuncia penal es en orden a la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos por los artículos 186/189 del Código Penal Argentino.