El gobernador Kicillof y la titular de la Anses, participan en Mar del Plata del lanzamiento de la campaña “Anses Verano” donde el Presidente promulgará la ley de movilidad jubilatoria.

El presidente Alberto Fernández promulga este domingo la ley de movilidad jubilatoria en Chapadmalal, durante el acto de lanzamiento de la campaña “Anses Verano”, que encabeza junto a la titular del organismo, Fernanda Raverta.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también participa del lanzamiento, que se realiza en el complejo ubicado a pocos kilómetros de Mar del Plata.

El jefe de Estado permanece en la residencia presidencial de esa localidad, ubicada sobre la ruta interbalnearia 11 entre Mar del Plata y Miramar, donde recibió el Año Nuevo acompañado por Kicillof y sus respectivas familias.

Por su parte, Raverta declaró en las últimas horas a un portal marplatense que “la fórmula que se convirtió en ley esta semana garantiza que les va a ir mejor a los jubilados”.

“El 70% de los jubilados en el 2020, con los aumentos por decreto y los bonos que otorgó el presidente Alberto Fernández, ganaron 7.000 pesos más de lo que hubiesen ganado con la fórmula de Cambiemos. Esto es algo matemático, no es subjetivo”, resaltó.

La sesión especial, además, contará un tercer tema que es la autorización parlamentaria para que el Presidente pueda salir del país durante 2021 y que suele ser un trámite rutinario de cada fin de año.

El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves desde las 14 para debatir el proyecto de ley que modifica la fórmula para ajustar los haberes jubilatorios y la iniciativa que cambia los fondos que la Nación destinará a la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad.

La sesión especial, además, contará un tercer tema que es la autorización parlamentaria para que el presidente Alberto Fernández pueda salir del país durante 2021 y que suele ser un trámite rutinario de cada fin de año.

El proyecto sobre movilidad jubilatoria modifica la fórmula de ajuste para que los incrementos se basen en la recaudación y a los aumentos de salarios.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fue modificada por el bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) y obtuvo dictamen la semana pasada.

Las modificaciones de la iniciativa del Ejecutivo

El proyecto sobre movilidad jubilatoria modifica la fórmula de ajuste para que los incrementos se basen en la recaudación y los aumentos de salarios.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, fue modificada por el bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) y obtuvo dictamen la semana pasada.

Entre los cambios que se le introdujeron figura que los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.

En el proyecto original, los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses.

La decisión se tomó para “empalmar” los meses de “enero, febrero y marzo”, que estaban “afuera” de la actualización porque la fórmula anterior, sancionada por el Congreso e impulsada por Gobierno de Mauricio Macri, se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018.

Además, la bancada oficialista impulsó que el incremento previsional del 5% otorgado recientemente no fuera a cuenta del aumento que se otorgará en marzo próximo, tal como estaba previsto originalmente.

De tal modo, ese aumento no será a cuenta de los haberes de marzo próximo, sino que se sumará al nuevo incremento.

En tanto, el proyecto que modifica los fondos que la Nación destinará a la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad será convertido en ley, ya que la iniciativa regresó al Senado en segunda revisión.

De ese modo, la Cámara alta sólo puede aceptar los cambios introducidos por Diputados o insistir con la sanción original.

Entre los cambios incorporados figura la apertura de un período de negociaciones de 60 días, antes de establecer el monto a transferir a la Ciudad para el funcionamiento de la policía, y que se llevará a cabo entre las autoridades nacionales y las porteñas.

El tratamiento del proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria, comenzará este jueves en el Senado, luego de que ayer se conociera la decisión del presidente Alberto Fernández de modificar la iniciativa para que los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.

La reunión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta se realizará a partir de las 11, con la exposición del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta.

Ayer el Presidente decidió tomar las sugerencias que el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos le hizo a Moroni y Raverta, según fuentes oficiales.

Después de un encuentro con esos funcionarios, Fernández resolvió que la actualización de los haberes jubilatorios será cada tres meses en lugar de cada seis, por lo que habrá cuatro incrementos al año.

La decisión se tomó para “empalmar” los meses de “enero, febrero y marzo”, que estaban “afuera” de la actualización porque la fórmula del anterior Gobierno de Mauricio Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018, indicaron a esta agencia las fuentes oficiales.

Después de reunirse con Moroni y Raverta, que le trasladaron la propuesta de los senadores oficialistas, el Presidente decidió trabajar en la propuesta de aumentos trimestrales.

Además, la bancada oficialista impulsó que el incremento previsional del 5% otorgado recientemente no fuera a cuenta del aumento que se otorgará en marzo próximo.

Los senadores decidieron en reunión de bloque modificar el artículo 6 de la Ley de Movilidad Jubilatoria, de modo tal que el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del de marzo próximo, sino que se sumará a ese incremento.

“Es una modificación que surge desde el bloque y que fue conversada con el Ejecutivo con el objetivo de mejorar los ingresos de nuestros jubilados y jubiladas”, indicó la bancada oficialista.

El proyecto de ley, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

El texto fue concebido en base a la propuesta de 131 páginas elevada por esa comisión, creada a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social e integrada por 17 miembros -legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios nacionales-, cuya labor constó de 17 reuniones en las que se recibieron a 24 expositores.

Los haberes ajustarían por salarios y recursos de Anses, pero no por inflación. El oficialismo busca desindexar la economía y bajar la evolución de precios; si eso sucede, los haberes podrían recuperarse sin desfinanciar el sistema.

En los cálculos técnicos del gobierno nacional, entre 2021 y 2023 la nueva fórmula jubilatoria propuesta generará un aumento promedio de 5 puntos porcentuales, en comparación con la Ley suspendida. Para eso necesita que se cumplan las proyecciones macroeconómicas establecidas en el proyecto de presupuesto 2021, remitido por Martín Guzmán y ya aprobado en Diputados.

Si estas condicionalidades se verifican, la predicción oficial es que la diferencia más fuerte a favor de los jubilados y jubiladas, se dará en 2023, cuando los haberes jubilatorios tendrán un aumento de 8 puntos porcentuales más que lo que hubieran tenido de continuar la Ley 27.426, sancionada en 2017 durante la administración Macri.

En medio de los desafíos de recesión y pandemia, la inflación bajó del 53 % del último año de gestión de Juntos por el Cambio a 43 % estimado para 2020. El análisis oficial parte desde enero para determinar que, si se cumple la pauta presupuestada de inflación al 28 %, en 2021 las jubilaciones con la nueva fórmula crecerían en su conjunto un 32,6 %. El informe técnico reconoce aquí que no habría diferencias si se aplicara la norma vigente en promedio.

Siempre según la proyección oficial, en 2022 la ley vigente supondría aumentos del 22,7% mientras la nueva fórmula proyecta haberes con aumentos del 33,5 %. En 2023 la evolución sería de 18,5% ó del 26,2%, respectivamente.

La nueva fórmula es similar a la que aplicaba la ley 26.417, que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, durante la administración kirchnerista. Sus elementos constitutivos básicos son la variación semestral de los salarios (índice Ripte) en un 50 %, y otro tanto entre la variación semestral de los recursos tributarios de Anses por beneficio y la variación anual de los recursos totales de Anses, también por beneficio. La actualización sería semestral.

Los técnicos oficialistas de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional, recordaron que “la Ley del 2008 fue implementada en un escenario de crecimiento económico, aumento del empleo registrado y del salario real. Generaba que los aumentos de los recursos del sistema se distribuyan entre los beneficiarios del mismo. Esto se tradujo en un importante aumento de los haberes en términos reales entre los años 2009 y 2015”.

En la visión oficial, la suspensión de la fórmula de la Ley 27.426 (2017), y los aumentos otorgados por Decreto, llevaron los haberes mínimos jubilatorios 5,4% por encima de la inflación este año.

Desindexación

La actualización de haberes en el proyecto oficial es semestral, (en la ley macrista es trimestral) y funcional -en términos sistémicos- a la “desindexación” de la economía. En la teoría del Palacio de Hacienda, el mayor espaciamiento en los aumentos reduce la volatilidad y por esa vía disminuye la pérdida del poder adquisitivo ante shocks inflacionarios, como los observados en 2018 y 2019.

Financiamiento

Para garantizar la sustentabilidad del sistema de la seguridad social, se recupera el tope a los aumentos anuales (aplicado en septiembre), que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de Anses. El esquema procura que el sistema no deba requerir de recursos adicionales que necesariamente deberían desplazar otras necesidades para el resto de la población.

En rojo

En 2019, (tras 10 años de equilibrio) Anses tuvo un déficit equivalente al 2,6% del PBI. En la visión del Frente de Todos, es “una consecuencia directa de la fórmula de movilidad de 2017 (ajustó haberes en un 70% por inflación con un rezago de 6 meses”. La fuerte aceleración de la inflación entre 2017 y 2019, implicó una importante caída de la participación de las jubilaciones en el producto.

“Es una respuesta beneficiosa para los jubilados, con equilibrio y sustentabilidad”

“Esto significa una respuesta beneficiosa para las necesidades de nuestras jubiladas y jubilados; y con el equilibrio y la sustentabilidad que deben tener las políticas públicas”, dijo Marcos Cleri, al expresar su respaldo al proyecto de nueva fórmula previsional que impulsa el gobierno y será tratada en el Congreso Nacional.

“El proyecto prevé un aumento cada seis meses y se basa en la ley que rigió entre entre 2009 y 2017, período en el que el poder de compra de las jubilaciones creció un 26 por ciento, mientras que la que rige desde 2017 hasta ahora provocó una caída de casi 20 por ciento de ese poder adquisitivo”, destacó el diputado nacional santafesino.

“Además de provocar esa caída en los ingresos reales jubilatorios, la ley que impulsó el macrismo puso en riesgo el sistema previsional, al desvincular totalmente la relación entre los incrementos y los recursos disponibles”, señaló Marcos Cleri.

“Ahora, tenemos una propuesta que es sustentable, porque las variables principales de cálculo son la evolución de los salarios de los trabajadores activos y de la recaudación; equilibrada, ya que protege al sistema previsional en función de sus fuentes y dinámicas de financiamiento y justa, porque garantiza que en los períodos de crecimiento económico las jubiladas y jubilados sea partícipes de esa mejoría a través de la movilidad”, contrastó. “Con la aprobación de esta nueva fórmula estaremos consolidando con una respuesta integral la recuperación de ingresos de nuestros beneficiarios del sistema previsional, que superó un 5 por ciento a la inflación gracias a otras acciones de nuestro gobierno nacional, como el congelamiento de tarifas, la vuelta de la gratuidad de los medicamentos, la suspensión de cobros de las deudas por créditos de las jubiladas y jubilados”, indicó también el legislador del Frente de Todos.

“Esta nueva fórmula que se propone es fruto de un trabajo muy serio y meticuloso de análisis de la actual situación y búsqueda de los mejores caminos a seguir, con la solidaridad y la redistribución como principios rectores y, a la vez, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, generando una recuperación real, con un efecto positivo sobre la demanda, sin convertirse en un elemento desestabilizante”, añadió.

“En este sentido, hay que tener en cuenta que en estos últimos meses, signados por una situación compleja en el mercado cambiario, ha tomado un lugar muy relevante la discusión sobre el nivel y asignación de los fondos públicos, por lo que esta modificación de fórmula jubilatoria tiene tener como base un consenso político amplio, que le garantice su sostenibilidad en el tiempo”, indicó luego Marcos Cleri.

El gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación de la movilidad jubilatoria para ajustar los haberes previsionales, a través del decreto 542/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial.

El mismo precisó que durante este período, el Poder Ejecutivo determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general “con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos”.

“Ante la realidad impuesta por la pandemia de coronavirus, se torna sumamente difícil, ya no solo construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses, de modo tal de determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente, los ajustes trimestrales”, precisó el decreto.

La ley 27.541 de Emergencia Pública, de diciembre del año pasado, suspendió por 180 días la aplicación de la movilidad jubilatoria, y estableció que dentro del mismo plazo el Poder Ejecutivo debía convocar una comisión para que propusiera un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que “garantizara una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios y de las beneficiarias del sistema en la riqueza de la Nación”.

El decreto explicó que la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus “ha impactado en la recaudación de los recursos de la seguridad social, en las remuneraciones al trabajo y en la evolución de los precios al consumidor y tornan inciertos los indicadores o parámetros más relevantes utilizados para establecer una metodología rigurosa de cálculo con el fin de determinar la movilidad de los haberes previsionales”.

Asimismo, indicó que “en términos de actividad económica, el impacto de la pandemia y el aislamiento social establecido están produciendo una importante contracción, lo que también repercute sobre la recaudación nacional”.

Además, señaló que “la tasa de inflación mensual frente a esta coyuntura de restricciones, pierde parte de su capacidad informativa sobre una canasta de consumo cuya composición se ve severamente alterada en las actuales circunstancias”.

Así remarcó que “los principales indicadores y parámetros utilizados para determinar la movilidad de los haberes previsionales se han visto o se verán severamente afectados por la pandemia y las consecuencias de las medidas para proteger la salud de la población, preservar sus ingresos, empleos y fuentes de trabajo”.

Puntualizó que “cualquier esquema de movilidad debe garantizar cierta estabilidad real en los beneficios previsionales frente a diferentes contextos macroeconómicos, así como establecer un nivel que se pueda sostener en el tiempo, dada la capacidad de los recursos fiscales”.

De los tres jueces de la Sala III, dos ya se jubilaron. Y la jueza subrogante aún no juró.

El amparo colectivo patrocinado por la Defensoría de la Tercera Edad recayó en el Sala III de la Cámara de la Seguridad Social que, por distintos motivos, “se quedó casi sin jueces”, le dijo a Clarín el Defensor Eugenio Semino.

De los tres jueces que componen la Sala, el juez Rodolfo Milano, jubilado, estaba cubriendo una vacante hace ya unos tres años y la semana pasada se despidió del personal, contó.

Otro Juez, Martín Laclau -de 82 años-, envío su renuncia y adelantó que no dictará nuevos fallos. El tercer juez es Néstor Fasciolo, sigue activo, pero está jubilado con el beneficio suspendido.

“En consecuencia, nombraron por sorteo como jueza subrogante de la Sala a la jueza de primera instancia Alicia Braghini, pero todavía no juró. Cuando lo haga, habrá dos jueces en condiciones de analizar el expediente y mandar la apelación al Fiscal, como paso previo a resolver la causa”, sostuvo.

El abogado Adrián Tróccoli, que patrocina el reclamo judicial junto al abogado Andrés Gil Domínguez, le dijo a este diario que “esta falta de funcionarios afecta a toda la Justicia. En especial, el fuero de la Seguridad Social está abarrotado y eso también tiene serias implicancias sobre el cuerpo de fiscales y los defensores oficiales”.

Agregó que “el proyecto de Ley de modificación de las jubilaciones de los Jueces elimina las subrrogancias de todos los jueces que pidieron su jubilación, por lo cual es posible que superemos el 50% de los cargos con Jueces que no tienen estabilidad en su cargo y cubren más de un puesto, sin hablar de que esto afecta los tiempos de los que acceden a la Justicia, en particular de los sectores vulnerables”.

Tróccoli agregó que “en particular el amparo colectivo va a resolverse en tiempos más o menos normales, pero si no se toman medidas, los ciudadanos van a perder el privilegio de tener un Juez imparcial”.

Por su parte, Semino señaló que “lo que está pasando en el Fuero de la Seguridad Social ratifica lo que planteamos en la apelación a la jueza Federal subrogante, Silvia Saino. Es que al rechazar la acción colectiva y decidir que sobre los 2,7 millones de afectados cada jubilado debería iniciar su propio reclamo, los juzgados se llenarían de varios miles de nuevos expedientes. Y cuando ingresamos al edificio de la Cámara a presentar la apelación, pudimos observar los miles y miles de expedientes en pasillos, escaleras, antebaños. Algunos apilados, y otros amontonados en pasillos por donde circula el público”.

Según los datos oficiales, en los distintos juzgados de la Seguridad Social hay unos 300.000 juicios, de los cuales más de 80.000 tienen sentencia firme para ser cancelados por la ANSeS.