Un megaoperativo se desplegó este miércoles, en horas de la madrugada, en distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe y también en distintas cárceles, para asestar un duro golpe a una muy peligrosa organización criminal. Todo se realizó bajo la dirección de los fiscales Patricio Saldutti, Valeria Haurigot y Franco Carbone (de la Unidad Especial de Homicidios Dolosos- Equipo para el Abordaje de Delitos cometidos con Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación).

El despliegue incluyó 25 allanamientos en Pueblo Esther, Villa Gobernador Gálvez y Rosario. 

Para los investigadores, la banda se dedicaba a cometer extorsiones y amenazas, utilizando armas de fuego, y tenía como principal líder a Cristian Nicolás Avalle, más conocido como "Pupito", quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza. Su celda también fue requisada por los uniformados.

En cuanto a las personas investigadas y buscadas por la justicia se logró la detención de los apodados "Jano", "Narigona", "Vino", "Eliot" y "Mona", entre otros

Como elementos de interés para la causa judicial se procedió al secuestro de documentación y anotaciones de interés, ropa, vainas servidas, más de cuarenta teléfonos celulares –que serán peritados en las próximas horas-, dos chips de telefonía celular sueltos, un automóvil Peugeot 207, un Peugeot 308, un arma de fuego tipo pistola calibre .380 con cargador y cartuchos, un arma de fuego tipo pistola calibre .22, una pistola Taurus calibre 9mm, un arma de fabricación casera tipo "tumbera", cartuchería calibre .357 Magnum, cartuchos intactos calibre 12/70, municiones calibre 9mm, cargadores de armas de fuego calibre .22 y 9 mm., una balanza de precisión de 500 gramos, dos tablets, un posnet, dinero en efectivo moneda nacional y dólares.

Aparentemente, fueron miembros de esta banda quienes balearon las fachadas del Sindicato de la Carne, del gremio de Camioneros, de distintas sedes de la Uocra y hasta de la Agencia de Investigación Criminal.

Del procedimiento policial participaron distintas fuerzas del área operativa de Rosario, con colaboraron de las brigadas de San Lorenzo, Villa Constitución, Las Rosas, Casilda, Venado Tuerto, la Agencia de Control Policial, la Tropa de Operaciones Especiales, los grupos especiales de irrupción de nuestra provincia, y el can de rastreo del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación. 

Un hombre de 22 años fue imputado por haber amenazado de muerte a fiscales y empleados del Ministerio Público de la Acusación. El ilícito fue cometido el jueves pasado a la mañana en la sede de la Unidad Fiscal Santa Fe, ubicada en calle 1° de Mayo 2820, en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.

Por lo ocurrido, se inició una investigación que está a cargo del fiscal Ignacio Orio. En tal sentido, el funcionario realizó la correspondiente atribución delictiva ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Martín Torres, en una audiencia desarrollada el viernes en los tribunales de la capital provincial.

Orio informó que "el imputado -cuyas iniciales son MJV-, fue detenido luego del amedrentamiento pero tras la audiencia imputativa recuperó su libertad", y aclaró que "el magistrado le impuso medidas alternativas que acordamos con la Defensa".

"Entre las reglas de conducta dispuestas, está la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio a la fiscal Clelia Trossero, a una empleada de Mesa de Entradas y a un suboficial de la policía provincial que resultaron víctimas del delito", detalló Orio. "Por el tiempo que dure el proceso judicial, tampoco podrá estar en las inmediaciones ni comunicarse con la dependencia del MPA en la que tuvo lugar el ataque", agregó.

El fiscal que está a cargo de la investigación relató que "minutos antes de las 11:00 de ayer (por el jueves), el imputado ingresó a la sede del MPA e intimidó con gritos a una mujer que trabaja en la Mesa de Entradas". Al respecto, precisó que "le aseguró que les iba a quitar la vida a ella, a Trossero y a 'todos' los integrantes de la institución".

"Mientras el hombre investigado exigía ver a la fiscal, un suboficial de policía que se desempeña como guardia en el lugar lo tomó de un brazo para conducirlo hacia la salida", señaló Orio. "Entonces, el imputado le dijo que también lo iba a matar a él", puntualizó. "En ese momento, se identificó como miembro de un sindicato y simuló tener un arma de fuego", indicó.

Asimismo, el funcionario del MPA expuso que "si bien el agente de seguridad finalmente logró aprehenderlo, el atacante opuso resistencia durante unos minutos", y remarcó que "en el marco del forcejeo, el guardia resultó herido en una rodilla".

Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de amenazas, lesiones leves dolosas y resistencia a la autoridad.

La Asociación de Fiscales lo cruzó por a “denostar” la labor institucional del MPA. Lo exhortó a retomar la senda del análisis exhaustivo de los casos. Y a lograr “decisiones justas”.

La entidad que agrupa a los representantes del ministerio fiscal de la provincia apuntó contra el juez Santiago Banegas luego de la resolución adoptada el 5 de julio de 2023 por el magistrado, integrante del Colegio de Jueces en lo Penal de Primera Instancia de la 4ta. Circunscripción Judicial.

La Asociación de Fiscales reprochó las manifestaciones vertidas por el Dr. Banegas dirigidas a “denostar la labor institucional del Ministerio Público de la Acusación y no a dar respuesta al caso”, en atención a que “incumplen dicha obligación legal”. “Peor aún, se presentan como inadecuadas e impropias del deber de prudencia y mesura que caracteriza a la función jurisdiccional”, asestó, con tono lapidario.

A continuación, contrastó que lejos de cuanto parece traslucir la resolución del juez Banegas, la actividad desplegada por los órganos fiscales especializados del Ministerio Público de la Acusación, en toda la extensión de la provincia de Santa Fe, ha conducido a “niveles inéditos de investigación, acusación y condena de delitos de contenido sexual, cuyas víctimas principales son -como en este caso- las niñas, niños, y mujeres”.

Por su tenor y contenido, la resolución que se critica “no es un aporte para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal”, aseveró en un comunicado, y paralelamente vaticinó que “el efecto que de ella podemos esperar es la pérdida de confianza en la actividad que llevan adelante todos los operadores”, tanto el actor público, como sus colegas del Colegio de Jueces de Primera Instancia e incluso aquella desplegada por el Colegio de Jueces de 2da. Instancia, en su calidad de revisor.

“La fundamental e insustituible misión de los jueces es resolver las controversias sometidas a su conocimiento”, y para ello deben realizar un “análisis crítico” de las postulaciones y pruebas que se les presentan y, a partir de ellas, fundamentar su decisión, dogmatizó.

En consecuencia, la Asociación exhortó a “retomar la senda de la moderación y el análisis exhaustivo de los casos, presupuesto necesario para alcanzar las decisiones justas que la sociedad demanda.

La crítica se sumó a la vertida el martes por la Fiscalía Regional de Reconquista contra el juez de primera instancia, que en una audiencia -en la que dispuso la libertad de un imputado con prisión preventiva por abusar de sus hijas y su concubina- sentenció que los fiscales intervinientes habían mantenido preso por meses y sin motivo al encartado.

Por Alan Vidaña

Este lunes por la mañana, la fiscal Gabriela Lescano se encadenó en las escaleras de los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez.

La polémica determinación surgió a partir del allanamiento realizado en su oficina de esa ciudad del departamento Iriondo.

Ante esa situación, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió dirigirse al Palacio de Justicia para que le den una respuesta sobre las denuncias en su contra por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Esta investigación comenzó respecto de su conducta administrativa. Mi clienta es víctima de una persecución. Ella no está imputada y yo no creo que vaya a estarlo”, indicó Gustavo Feldman, abogado de la fiscal Lescano, en diálogo con El Litoral.

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El caso se encuentra a cargo de la Dra. Marianela Luna, del MPA Casilda.

Sin embargo, Feldman deslizó “que la fiscal Luna habría pedido su propio apartamiento en la causa. Al parecer se trataría de una solicitud que le hizo a la Fiscal Regional”.

Como consecuencia del incidente, muchas personas se movilizaron a través de las redes sociales para brindar su apoyo a la fiscal investigada.

“Gabriela no estás sola. Sabemos de tu trabajo y las veces que nos escuchaste como sociedad dándonos respuesta, no solamente como funcionaria sino como víctima también. Totalmente injusto por lo que estás pasando por hacer tu trabajo. Acompáñanos tu pedido de respuesta”, expresó una vecina.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles 28 de junio en una oficina donde Gabriela Lescano tendría expedientes pertenecientes al MPA de esa ciudad. Dicho operativo fue realizado por la Agencia de Investigación Criminal de Casilda y Cañada de Gómez. Posteriormente, la funcionaria judicial se presentó en la comisaría local y se puso a disposición de la Justicia.

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre el paradero de Gianela Abigail Aguiar, de 17 años, oriunda de la ciudad de San José del Rincón, que fue vista por última vez en la ciudad de Santa Fe el 24 de diciembre de 2022.

Según consta en la denuncia, Gianela Abigail Aguiar tiene tez blanca, ojos marrones, cabellos castaños, estatura 1,60, y contextura delgada.

En su búsqueda intervienen la comisaría tercera de la Unidad Regional I de la policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA Regional I), a cargo de Marcelo Fontana.

La provincia de Santa Fe creó una Brigada de Paradero con perspectiva de género

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario), al correo electrónico registronstafe@santafe.gov.ar, o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.

A través de las redes sociales, la institución informó a sus socios que el Ministerio Público de la Acusación devolvió 16 Libros de Registro de Asociados que fueron secuestrados en el allanamiento de septiembre de 2019.

Este martes, a través de los canales oficiales, Unión informó a sus socios que la institución recuperó 16 Libros de Registro de Asociados que hacía más de un año el Ministerio Público de la Acusación tenía en su poder. Los registros habían sido secuestrados en el allanamiento que el club tuvo el 11 de septiembre de 2019, a causa de la denuncia que realizaron tres socios de la institución.

“El Club Atlético Unión, comunica a sus asociados que en el día de la fecha el Ministerio Publico de la Acusación (MPA) restituyo de manera efectiva los 16 Libros de Registro de Asociados, que fueran solicitados formalmente por nuestra institución y que el citado organismo judicial secuestrara en el marco del allanamiento efectuado el día 11.09.2019 bajo el Legajo 21-08212992-1.

La PSA realiza allanamientos en la sede del club Unión

Causa judicial que fuera impulsada por la denuncia de 3 asociados de la institución”, expresaron desde el Tatengue en un comunicado.

El Club A. Unión comunica a sus asociados que el MPA restituyo de manera efectiva los 16 Libros de Registro de Asociados secuetrados en el allanamiento del día 11.09.2019 (Legajo 21-08212992-1) impulsado por la denuncia de 3 asociados de la institución

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— Club Atlético Unión (@clubaunion) March 29, 2022

Luego agregaron: “asimismo se informa a la masa societaria que nuestra institución, cuenta con un soporte informático a los fines de cumplimentar con el Registros de sus Asociados, en conformidad con el art. 3 de la Resolución 226/2015 de la inspección General de Persona Jurídicas (IGPJ) de la Prov. de Santa Fe”

Tras las imputaciones realizadas a fines del año pasado por fiscales del Ministerio Público de la Acusación en el fuero penal, Bárbara Ilera, Mariela Jiménez y Ana Laura Urquiza, la jueza Luna (IPP) que entiende en la causa dispuso que, antes de continuar, se debe analizar la existencia de causas civiles en trámite por el mismo tema, esto es la posesión de la Estancia El Carmen. Mientras tanto, en la sucesión que se tramita en Buenos Aires, el abogado Raúl Freyre presentó el pedido de nulidad del testamento del último heredero del campo.

El conflicto por la Estancia El Carmen, ubicada en la localidad de San Mariano, departamento Las Colonias -a 85 kilómetros de Santa Fe- comenzó en el año 2014, cuando se presentó en el campo la Fundación Vida Silvestre Argentina, invocando que, por un testamento, tenía derechos patrimoniales sobre la propiedad. En ésta reside el matrimonio Olmos y Gómez, quienes junto a su familia viven y trabajan desde hace más de 30 años. Por esto invocan derechos de propiedad reconocidos por la ley –a través de la figura de “usucapión”- ante el abandono que sufrieron ellos y el predio que titularizara Carlos Saavedra Lamas, premio Nobel de la paz y bisnieto de Cornelio Saavedra.

Esta situación se está dirimiendo en el ámbito de la justicia Civil desde hace varios años, y tal como lo señaló la jueza en lo Penal Susana Luna en su resolución de hace pocos días, “previo a dar trámite de audiencia para el tratamiento de medidas cautelares solicitadas por las fiscales y parte querellante, debe analizar la existencia de causas civiles en trámite ante el Tribunal Extracontractual Nº 4 de Santa Fe, a los fines de evitar un “estrépito fori” –colisión de fueros-, toda vez que conforme lo han denunciado las defensas técnicas de los imputados, tales pretensiones se topan con resoluciones judiciales vigentes en sede civil que los ampara”.

En tal sentido, en diálogo con el doctor Raúl A. Freyre, se pudo conocer que se han presentado ocho cuerpos de expedientes judiciales remitidos por el citado Tribunal a la Jueza en lo Penal, a los fines de acreditar que lo peticionado por las fiscales –desalojo del predio y embargos- se contrapone “con resoluciones judiciales que prohíben ello”, dictadas en esa sede civil hace más de siete años, como así también de la existencia de “un convenio entre partes que tiene los efectos de la cosa juzgada”. El mencionado convenio establece “el reconocimiento de la posesión a los imputados Sra. Olmos y Gómez del predio inmueble rural denominado Estancia El Carmen, y los animales vacunos que se encuentran actualmente en el predio, entre otros”. Los abogados explican que “mediante ésta y otras presentaciones que se hicieron en la causa, junto con más de 1000 fotografías, se prueba la inexistencia de delito”, y denuncian que “tanto las fiscales del MPA como el abogado de la parte querellante han omitido informar de ello a la jueza, lo que resulta sumamente grave”.

Sacrificios 

Recordemos que, a fines del 2021, tanto el abogado Raúl Freyre como los mencionados ocupantes legítimos del campo sufrieron allanamientos con un enorme despliegue por parte del MPA, lo que se suman a los hostigamientos previos por parte de quien pretende hacerse del campo, la Fundación Vida Silvestre Argentina, desde hace varios años y de diversas maneras. Sobre esto, A. Olmos refiere que “esta Fundación utiliza a los animales como una cara de beneficencia, pero con nosotros, que somos seres humanos han actuado ferozmente mandando a prender fuego en el campo alrededor de nuestra casa, amenazándonos con armas de fuego, exigiendo que nos vayamos y nosotros hemos resistido porque no queremos abandonar lo que nos corresponde”.

Olmos expresa que trabaja desde la infancia en este campo, “al igual que mis hijos, y somos nosotros los que hemos alambrado casi todo el predio, instalado los corrales, trajimos la luz eléctrica y así de a poquito lo pusimos en producción, lo que nos llevó veinticinco años; y por otro lado, aunque no se crea ha existido un total abandono por quien fuera su propietario. Me gustaría saber dónde estaba esa Fundación y todas las personas que ahora aparecen, cuando nosotros vivíamos en el abandono absoluto con mi hijo de nueve años, yendo al monte a recorrer el estado de los animales porque mi esposo estaba en sillas de rueda por la patada de un caballo que lo dañó gravemente, o mi hija que tiene una incapacidad de por vida en su hombro por haberse tumbado el sulky un día de lluvia camino a la escuela. O cuando los animales se morían por falta de agua porque los molinos estaban rotos, o se encajaban en las aguadas por falta de mantenimiento”.

A. Olmos manifiesta que “solo pedimos que el Juez que está actuando en nuestro caso nos reconozca los derechos luego de tantos años de sufrimiento. Obviamente, si entiende que hemos cumplido con lo que nos exige la ley, y para eso hemos presentado todo lo que se nos ha pedido. Hasta hemos firmado un acuerdo para terminar con tanta violencia con esa Fundación, pero no nos cumplieron con el pago y encima a fin de año nos mandaron a la policía, con amenazas”.

Mientras tanto, el caso ahora podría tomar otro cariz al haberse objetado, en el juicio testamentario que se tramita en Buenos Aires, el testamento que otorgaría supuestos derechos a la Fundación Vida Silvestre. “Quien habría testado no tendría los derechos para haberlo realizado, no habría sido su contenido de la voluntad del testador, como tampoco la Fundación habría cumplimentado con los cargos que se le impusieron para acceder a tal derecho, que consistían en trasladar los avestruces que tenía el testador en la localidad de Brandsen a un lugar seguro, ya que habrían sido víctimas fulminadas de los cazadores, y abonar los cargos de expensas del cementerio de la tumba del testador” explicó Freyre.

Permitirá abordar la criminalidad rural, unificando procesos de investigación e información, entre otras acciones.

El gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación firmaron un convenio marco para el Abordaje Integral de la Criminalidad Rural, que permitirá unificar procesos de investigación e información, entre otras acciones.

Se firmó un convenio para facilitar trámites del Registro Civil

Al respecto, el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, sostuvo que “después de un estudio muy importante que se hizo, donde participó el Ministerio de la Producción de la provincia, el Ministerio Público de la Acusación, y la parte técnica de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) firmamos un convenio para el abordaje puntual del delito rural”.

Al respecto, agregó que “el delito rural está atravesado por un montón de normas nacionales y provinciales, por eso es muy importante que tanto la Policía como los fiscales tengan un protocolo en base a información detallada que surge de cruzar datos de todas las entidades, y así poder darle mayor respuesta al productor rural frente al delito”.

A su turno, el fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, destacó que “en el análisis inicial hicimos una evaluación con toda la problemática delictual tendiente a consolidar un mapa del delito, que es uno de los objetivos dentro del convenio”.

“El mapa del delito nos va a permitir distinguir las distintas situaciones que se presentan en este tipo de delincuencia, que es una delincuencia que requiere un análisis particularizado, y sobre esa base, la definición que se va a tomar es también la aprobación de una guía de investigación para cada problemática”, remarcó.

Se firmaron convenios para la inclusión laboral de jóvenes

Sumado a ello, los funcionarios también indicaron que el Convenio permitirá gestionar “la capacitación de los operadores de la Policía y de la fiscalía”, permitiendo un abordaje integral y transversal del delito rural.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, sostuvo que “esto es un paso importantísimo, que está basado en un trabajo conjunto, que le da sustento técnico y territorial, y que nos va a permitir, sin lugar a dudas, contribuir a mejorar la situación de los delitos rurales”.

Finalmente, el coordinador de la Comisión de Seguridad Rural de Carsfe, Gerardo Vicentini, describió que “hemos estado trabajando en los mecanismos que nos den un marco conceptual para integrar la información, que estaba dispersa, y que se traduce en un mapa del delito. Esto es una herramienta de análisis criminal que implica un cambio de paradigma muy importante, porque toda la instrucción y el enfoque que se ha dado a este trabajo, con la estandarización de la denuncia policial, apunta a que haya un cambio de enfoque en el objeto del delito, que está encuadrado en un concepto de cadena de valor e impacto económico, y de delitos complejos”, finalizó el representante de la entidad.

Estuvieron presentes además, los subsecretarios de Prevención y Control Urbano de la provincia, Alberto Mongia, y de Seguridad Preventiva de la provincia, Diego Llumá; el director de la Guardia Rural Los Pumas, Adrián Roland; y la presidenta de Carsfe, Sara Gardiol.

De ese total, 26 se consideraron femicidios, ya que se detectaron claros elementos de violencia de género. El mayor porcentaje -65,4%- se produjo en contextos de relaciones de pareja. El preocupante dato se desprende del informe preliminar sobre Muertes Violentas de Mujeres, Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios del año pasado.

De acuerdo al informe preliminar “Muertes Violentas de Mujeres, Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios durante 2020”, elaborado por un equipo interministerial del gobierno santafesino, durante todo el año pasado (con la pandemia a cuestas) se produjeron 45 muertes violentas e intencionales de mujeres en toda la provincia. De ese total, en 26 casos se detectaron elementos de violencia de género, razón por la cual se clasificaron como femicidios.

En cuanto al contexto en el que se produjeron los femicidios, el informe detalla que 17 fueron femicidios íntimos (65,4%), es decir, aquellos en los que había una relación de pareja o de expareja entre la víctima y el agresor. Por su parte, 3 fueron femicidios sexuales (11,5%) y otros 3 se produjeron en un contexto de criminalidad organizada (11,5%).

El informe también precisa el lugar en el que se produjeron los 26 femicidios. Del total, 12 fueron cometidos en la vivienda que compartían la víctima y el agresor (46,1%); 7 en espacios públicos (26,9%) y 3 en la vivienda de la víctimas (11,5%).

Acerca al vínculo entre la víctima y el agresor, en 17 casos eran pareja o expareja (65,4%) y 4 se conocían (15,4%). Y sobre el medio empleado, el documento advierte que 7 de los 26 femicidios fueron cometidos con armas de fuego (26,9%). Por su parte, 5 fueron cometidos con golpes (19,2%); 4 mediante el uso de fuego (15,4%) y otras 4 por asfixia o ahorcamiento (15,4%).

El informe también detalla la edad de las víctimas: 12 tenían entre 30 y 39 años (46,1%); 5 entre 40 y 49 años (19,2%); y 3 tenían 70 años o más (11,5%). Por último, Respecto del lugar en el que se produjeron las muertes, el informe precisa que el 38,5% tuvieron lugar en el departamento Rosario; 11,5% en La Capital y un 11,5% en General Obligado.

Trabajo interministerial

Esta primera presentación del informe realizado a partir de la base de datos conformada por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Puede consultarse on line en www.mpa.santafe.gov.ar y en www.santafe.gob.ar.

“Este informe tiene como objetivo que el Estado unifique sus indicadores y su conocimiento para el abordaje integral, en este caso, de las violencias más extremas por motivos de género”, sostuvo la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena.

El Ministro de Seguridad, Jorge Lagna, destacó que esta modalidad de trabajo que involucra a las tres partes es “novedosa” y que “responde a una política del gobierno provincial en general y del Ministerio de Seguridad en particular, de generar información de calidad para pensar y accionar sobre las violencias que tanto nos preocupan en el territorio provincial”.

A su vez, el Fiscal General, Jorge Baclini, afirmó: “El MPA tiene una política institucional de género claramente definida. En ese marco, una de las acciones que iniciamos es la generación de información pública sobre el tema”. Y agregó: “Entendemos que esta producción de datos se robustece cuando es trabajada interinstitucionalmente; por eso avanzamos en este informe con dos ministerios provinciales, y también participamos de relevamientos similares con la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación y con el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires”.

El trabajo fue elaborado de manera conjunta por la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del MPA, el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad y el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en cumplimiento de las misiones establecidas en el Decreto N.º 0711/2021, por el cual se aprueba el Convenio Marco de Cooperación entre las áreas referidas, en el que se crea el Registro único de femicidios, transfemicidios, travesticidios y crímenes por razones de género de la Provincia de Santa Fe.

A partir de la implementación de estrategias de recolección, producción, registro y sistematización de información sobre la violencia contra las mujeres, los femicidios, travesticidios, transfemicidios y otros crímenes de odio sexo- genéricos. “Esta publicación es un avance de lo que posteriormente será el informe final del año 2020, que actualmente se encuentra en etapa de elaboración”, aclararon fuentes gubernamentales.

El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez.

La Cámara de Senadores debate este viernes, en sesión especial y desde las 14, la propuesta de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.

El dictamen de mayoría fue firmado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el viernes pasado, luego de que la bancada del Frente de Todos lograra unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría, mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría.

Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentados en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir ahora su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas.

Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al retiro y sumó puntos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador de Juntos Río Negro Alberto Weretilneck.

¿Qué dice el proyecto?

El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.

También prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente, algo a lo que la oposición se opone y que sí se mantendrá, de acuerdo al proyecto del oficialismo, en el caso de que se pretenda remover al procurador.

El debate se da mientras se aguarda que el oficialismo avance con la designación del nuevo procurador, ya que el actual, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.

La cifra fue aportada por el fiscal general, Jorge Baclini, a una comisión de la Cámara de Diputados.  

En la misma jornada en que por órdenes de fiscales se hacían catorce allanamientos contra el juego clandestino en distintos lugares de la provincia, en la Cámara de Diputados la Comisión de información y seguimiento de las causas que investiga a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad mantenía una nueva reunión de la cual participaron el fiscal general Jorge Baclini y el fiscal de Rafaela, Martín Castellano.

“Estamos muy preocupados por el volumen muy extendido de este delito. Estamos en presencia de una organización provincial o nacional y con un manejo enorme de dinero. Se calcula que el juego ilegal maneja 1.100 millones mensuales en la provincia. Es una de las principales industrias de la provincia” afirmó al término del encuentro el diputado socialista Joaquín Blanco. Cuando se le pregunta de dónde surge la cifra, informa que la aportó el fiscal general Baclini, fruto de la investigación que llevan adelante los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Blanco y Lionella Cattalini fueron voceros del encuentro que se hizo desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Los socialistas estuvieron allí con los radicales Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido. Desde la pantalla seguían atentamente Matilde Bruera (PJ), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y Agustina Donnet (Igualdad).

No se dejó de mencionar en la reunión que, ayer, en uno de los allanamientos de Malabrigo secuestraron 150.000 dólares. “Toda esa plata que aparece en casinos clandestinos se la intenta blanquear en lavado de activos y genera toda una economía donde participan abogados, contadores. Es algo sofisticado”, acotó Blanco quien insistió en que el objetivo de la comisión es “saber no solo la relación que existe con las fuerzas de seguridad sino como llega hasta arriba, como caen los peces gordos que le dan cobertura y salida a esta red de lavados de activos”.

Los legisladores hablaron con Baclini la posibilidad de que el MPA genere una unidad especial provincial para investigar los delitos vinculados al juego ilegal. “No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad de un fiscal en Malabrigo, o en Vera que están enfrentando a una organización monstruosa, que maneja mucho dinero, con poder para corromper como ocurrió en la fiscalía regional de Rosario. Esta organización corrompió al fiscal regional de Rosario (por Patricio Serjal). Necesitamos reconocer el buen trabajo de los fiscales, pero dar un paso más porque estamos en presencia de un delito enormemente complejo” agregó.

El fiscal rafaelino Castellano tiene a su cargo una investigación que arrancó en 2017 y que tuvo allanamientos recién este año. “Dio algunas explicaciones de por qué había sucedido. Se habló de la presencia de fuerzas federales en los operativos, de filtraciones, de una serie de elementos que según su óptica hicieran que la investigación se retrase en el tiempo. Hay un elemento a seguir indagando, a seguir preguntando con una red muy extendida en Rafaela con muchas salas de juego. Se hicieron más de 40 allanamientos, muchos de esos lugares tenían aval o habilitación municipal con lo cual la cobertura o las complicidades recién estamos tirando el primer hilo para ver hasta dónde se llega”, especificó Blanco.

Cattalini insistió en que el juego clandestino llega a toda la provincia y se debe articular el trabajo desde la fiscalía “pero la política debe entender que los fiscales tienen que tener respaldo, que hay que tener acciones concretas de parte del Estado provincial y los estados municipales que son los que a veces hacen las habilitaciones y hay casos donde no hacen las denuncias”. La legisladora hizo notar que es una red provincial que junta mucho dinero y que el Estado debe trabajar “para abortarla”.

CAYASTÁ

Encabezado por Gisel Mahmud pero con la firma de todo el bloque socialista de Diputados, fue ingresado un proyecto pidiendo al ministerio de Salud la inmediata restitución de las autoridades del Samco de Cayastá calificando de “arbitraria” la remoción. La minuta exige además conocer las razones que llevaron a tomar esa determinación rechazada además por la comisión comunal de esa localidad del dpto Garay.

El PS reunió a la junta provincial con autoridades locales

Intendentes, presidentes comunales y concejales del Partido Socialista mantuvieron un encuentro virtual con la Junta Provincial partidaria en el cual analizaron la situación de los municipios y comunas de Santa Fe, y rescataron el trabajo y el esfuerzo con el que abordan la pandemia y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

El socialismo gobierna, dentro del marco del Frente Progresista, Cívico y Social, las ciudades de Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, San José del Rincón y Recreo, y tiene a su cargo 60 comunas.

“Desde los diferentes gobiernos locales, a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, se está trabajando incansablemente para asistir a cada una de los vecinos en el marco de la pandemia de Covid-19, con una fuerte presencia desde lo sanitario en los territorios, pero también avanzando en herramientas que permitan amortiguar el fuerte impacto económico, productivo y social que trajo esta realidad” informó la Junta Provincial.

En un escrito elaborado al término del encuentro, el PS dice que “ante la ausencia o débil respuesta por parte del Ejecutivo provincial, los diferentes gobiernos locales han tenido que ponerse al frente de la situación prácticamente en solitario. En el caso de los intendentes y autoridades locales del Partido Socialista, el factor común en estos más de siete meses de pandemia fue la cercanía con la gente y la facilitación de recursos locales y respuestas frente a las diferentes situaciones que se han ido presentando. Garantizando los servicios de salud, desarrollando operativos de detección, montaje de centros de aislamiento, intervenciones en barrios vulnerables, operativos de limpieza, mejorado de calles, desde las intendencias y comunas gobernadas por el Partido Socialista se está dando respuesta ante las necesidades de vecinas y vecinos. También se articulan diferentes asistencias y herramientas para atemperar las dificultades económicas que golpean fuerte a todas las localidades”.

La Junta del PS valoró el trabajo que están desarrollando las autoridades locales, y pidió al gobierno provincial que arbitre los medios necesarios para afrontar este contexto de pandemia de manera colaborativa con los gobiernos locales. “Políticas públicas como el Plan Abre, el programa Nueva Oportunidad, programas de incentivo a la producción locales, Vuelvo a Estudiar, entre otras, eran herramientas formidables para dar respuesta a las necesidades de la gente, siempre con una visión global de todo el territorio provincial. En este contexto es necesario retomar ese camino”.

Frente al inminente tratamiento legislativo del Presupuesto 2021, desde el Partido Socialista adelantó que trabajarán en la inclusión en la ley de recursos destinados a municipios y comunas que no son de trasferencia automática, pero que su distribución sea con un criterio equitativo y transparente.

La inscripción se encuentra abierta hasta las 12 horas del día 16 de septiembre del corriente año.

El Consejo de la Magistratura, a través de una resolución firmada por su presidente, Gabriel Somaglia, abrió la inscripción para la cobertura de distintos cargos de fiscales y fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial Nº 3; y de juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de la ciudad de Rosario – Circunscripción Judicial N° 2.

La inscripción se encuentra abierta hasta las 12 horas del día 16 de septiembre del corriente año. En forma excepcional y solo para los aspirantes que no puedan trasladarse y presentar los legajos a los concursos convocados, la inscripción se realizará dentro del plazo establecido únicamente en el sitio web www.santafe.gov.ar.

Además, en forma obligatoria y excepcionalmente, los postulantes que no puedan presentar los legajos en original y copia, deberán completar el formulario de inscripción previsto en la página web, confirmando su inscripción e imprimiendo el formulario de presentación de documental pertinente dentro del plazo establecido.

Vencido el plazo de inscripción establecido, a aquellos postulantes que no hayan confirmado su inscripción vía Web e impreso el formulario pertinente, no se les recepcionará el legajo con posterioridad a los fines de completar su inscripción.