El Ministerio de Seguridad ofreció 10 millones de pesos por datos sobre Matías Ignacio Gazzani, prófugo y uno de los líderes de Los Menores que operaba en Santa Fe junto a Mauricio “Mauri” Ayala. La recompensa se formalizó en el Boletín Oficial mediante la Resolución 891/2025 de hoy.

Según el documento, Gazzani delinquía con Ayala al controlar el narcomenudeo en Villa Urquiza y colaboraba con la organización “la Mafilia” y con Pablo Nicolás Camino.

La resolución aclaró: “El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”.

El texto describió a Gazzani como jefe de una banda dedicada al narcotráfico en Rosario, especialmente en el barrio Siete de Septiembre y sus alrededores, y a otros delitos provinciales.

Mauricio Ayala ya había sido capturado en Rosario por su rol en la misma organización.

La medida buscó incentivar denuncias anónimas y proteger la identidad de los informantes.

La provincia de Santa Fe colaboró en la difusión de la recompensa y puso a disposición canales confidenciales para recibir avisos.

Las autoridades nacionales y provinciales quedaron a cargo de verificar los datos y gestionar el pago una vez comprobada la veracidad de la información.

Patricia Bullrich fue entrevistada por Jonatan Viale este jueves en el canal TN. En el desarrollo de la entrevista, la Ministra de Seguridad de la Nación Argentina fue consultada por los dichos de María Becerra en la Fiesta de la Confluencia 2025.  

La artista que hizo el cierre de la fiesta en la Isla 132 de Neuquén, no ocultó su opinión sobre los incendios que afectan a la zona cordillerana de la Patagonia, sobre todo a la localidad de Río Negro, El Bolsón.  

«No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros» había dicho Becerra.  

El ataque mediático de Bullrich y Milei contra María BecerraTras los dichos, la oriunda de Quilmes se convirtió en tendencia el miércoles, luego de que Javier Milei la apuntara con un controvertido meme por sus declaraciones sobre los incendios en la Patagonia.  

La polémica continuó este jueves porque Patricia Bullrich atacó y fue crítica sobre la opinión de la artista.

“En primer lugar le voy a decir a becerra que no entiende nada. Todos los medios aéreos que la argentina tiene están a disposición.  Ahora, no pueden estar todos los medios aéreos porque si yo mando todos los medios aéreos a las zonas del sur no llegó a corrientes», explicó la ministra.

Patricia Bullrich le respondió a María Becerra tras los dichos de la cantante por los incendios en El Bolsón: "No entiende nada"https://t.co/FGoLCsRMnR pic.twitter.com/8XiOK0nqQR

Además explicó sobre los procedimientos que se deben en tomar en este tipo de situaciones:

«Uno tiene que tener una planificación geoestratégica e ir mirando todos los días cómo se comporta. Nosotros tenemos un sistema, el más importante de América Latina, en el que todos los días medimos qué es lo que puede pasar».

Continuando con el desarrollo de su explicación, Bullrich hizo énfasis en que los incendios fueron intencionales:

«Ahora, no podemos medir a un incendiario que te va a El Bolsón y te quema todo. Porque ese incendio caminó en 3 horas 9 kilómetros y quemó 130 hectáreas. El acelerante del incendio que para Bullrich fue el grupo RAM.  Acá lo que hay que hacer es poner plata para perseguir a los terroristas que están en la Argentina”. 

El presidente Javier Milei habló por primera vez sobre el caso de Loan Peña, el niño de cinco años desaparecido en Corrientes, y afirmó que, cuando llamaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "brindó asistencia hasta donde la dejaron" y que después pasó a instancia federal "para sacarse el problema de encima".

En diálogo con TN, el mandatario sostuvo que en estos momentos "se amplió el número de hipótesis" y que los grupos de tareas implicados en la investigación "están trabajando en todas".

"Decir que la desaparición de Loan es por las políticas que estamos llevando adelante nosotros, es mentiroso y miserable.

Javier Milei: “Se están trabajando en todas las hipótesis y se está haciendo un esfuerzo por encontrar a Loan”https://t.co/aKOqYYsvX2 pic.twitter.com/xF3mA9Hqyf

Además, si hay algo que funciona en esta gestión es el mandato de la gente y uno de ellos era que la calle estuviera en orden. Y la calle está en orden", señaló.

Por otro lado, alertó que en este tipo de casos, hay "mucha miserabilidad política" y es evidente que el kirchnerismo "hace uso y abuso" de eso.

En rueda de prensa, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, fue consultado sobre la bandera intimidatoria que fue hallada esta mañana en el puente ubicado en Circunvalación entre Mendoza y Eva Perón de la ciudad de Rosario, dirigida a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en relación a los internos alojados en la cárcel.

El mandatario provincial contó que “me comuniqué con ella por WhatsApp ya que no se encuentra en el país para dejarla al tanto de mi parecer”.  

Pullaro relató que “las organizaciones criminales nos tienen acostumbrados a este tipo de amenazas; están muy molestos porque desde el pasado 10 de diciembre en adelante, en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, los presos dejaron de estar de fiesta”. Y amplió: “Aquí y en Buenos Aires, los presos tenían teléfono celular, visitas íntimas, tenían comida que pedían por delivery y se las llevaban todos los días porque no querían la comida del Servicio Penitenciario, no estaban en aislamiento los presos que estaban en esos lugares; y eso claramente cambió”, afirmó.

“Si se creen que con amenazas nos van a detener, decirles que nosotros vamos a profundizar las políticas en el marco de lo que nos permite la ley y la Constitución Provincial y Nacional”, fustigó Pullaro.

Las fuerzas de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo hoy la detención de tres individuos extranjeros, quienes presuntamente están vinculados con actividades terroristas planeadas en el país. 

Estas detenciones fueron realizadas por la Unidad de Investigación Antiterrorista, con dos de ellas ocurriendo en la Ciudad y la tercera en Avellaneda, según lo solicitado por la jueza María Servini del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 1.

La atención de las autoridades se intensificó debido a la realización de la XV edición de los Juegos Macabeos Panamericanos en la Ciudad de Buenos Aires, donde más de 4,000 atletas de la comunidad judía representan a 22 países. Es relevante señalar que uno de los detenidos aparentemente posee nacionalidad siria, aunque portaba pasaportes de Venezuela y Colombia a su nombre.

De acuerdo con el informe policial, se detectaron indicios de la posible llegada al país de tres individuos de nacionalidad siria y libanesa. Estos individuos, tras llegar en vuelos diferentes, tenían la intención de encontrarse en la ciudad de Buenos Aires con el propósito de coordinar posibles acciones terroristas.

Además, se obtuvieron evidencias relacionadas con un potencial envío internacional de un paquete sospechoso de 35 kilogramos de peso, del cual se desconocen detalles adicionales. Este paquete tendría su origen en la República de Yemen y se espera que sea recibido en una de las residencias donde se alojarían los sujetos bajo investigación.

Adicionalmente, las autoridades se mantienen en estado de alerta con respecto a los sospechosos que aún no han sido detenidos. Además, se está llevando a cabo un análisis del contenido de los teléfonos móviles que fueron confiscados en posesión de los individuos arrestados.

Dos personas en una moto, con sus rostros cubiertos, llegaron hasta una sucursal bancaria ubicada en la esquina de Ovidio Lagos y Saavedra, hicieron señas a varias personas que estaban haciendo cola para ingresar al cajero, para que se corran y efectuaron varios disparos contra el frente de la entidad.

El ataque ocurrió alrededor de las 19. Entre 3 y 4 proyectiles impactaron en los vidrios de la sucursal del Banco Macro. No hubo heridos, solamente daños materiales.

Antes de huir, los presuntos delincuentes dejaron una nota escrita en un pedazo de cartón.

El texto (dado a conocer por el Ministerio de Seguridad de la Nación, decía: "Pullaro no te metas con el pabellón de Piñeiro, así como matamos a un policía  te vamos a matar a tu familia".

Personal del gabinete criminalístico también recogió varias vainas servidas calibre 40.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió al ataque a balazos en el banco de la zona sur de Rosario y al mensaje que dejaron los autores en el lugar del hecho.

VAMOS A TERMINAR CON EL PAÍS DE LAS MAFIAS Y LAS EXTORSIONESRosario. Así amenazaron al gobernador Maximiliano Pullaro y a su familia. A quienes se creen impunes, sepan que con @maxipullaro ya empezamos a trabajar para terminar con los narcos. Juntos los vamos a ir a buscar… pic.twitter.com/7RunLqevPy

La funcionaria nacional, con un mensaje en sus redes sociales, condenó la amenaza “al gobernador Maximiliano Pullaro y a su familia”.

“A quienes se creen impunes, sepan que con Maximiliano Pullaro ya empezamos a trabajar para terminar con los narcos”, escribió la ministra.

“Juntos los vamos a ir a buscar para que se termine este Estado paralelo que amenaza a un gobernador y a su familia. Vamos a ir a fondo contra todos los mafiosos que quieren sembrar terror en la Argentina”, añadió Bullrich.

“El que las hace, las paga”, concluyó la ministra de Seguridad nacional en referencia a los balazos que realizaron personas a bordo de una motocicleta sobre el frente de un banco ubicado en Ovidio Lagos y Saavedra, en la zona sur de la ciudad. Según testigos, había tres personas dentro del cajero y cuatro más fuera del recinto pero nadie resultó herido.

La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre. 

La presidenta del PRO ya había ejercido el cargo durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, y vuelve a la misma función en el marco de un acuerdo con La Libertad Avanza. 

Bullrich quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 22 de octubre pasado y por intermedio de Macri aceptó acompañar a Milei de cara al balotaje y hacer campaña junto a él.

Carolina Píparo no asumirá en Anses

La diputada por La Libertad Avanza había adelantado que el lunes iba a reunirse con Fernanda Raverta, actual titular del organismo. Minutos después, se supo que no estará al frente del organismo. Osvaldo Giordano, ministro de Economía de Córdoba y hombre del gobernador Juan Schiaretti, ocuparía el cargo.

Carolina Píparo, confirmada días atrás por el propio presidente electo Javier Milei como futura directora ejecutiva de la Anses, finalmente no estará al frente el organismo y su lugar lo ocuparía Osvaldo Giordano, actual ministro de Economía de Córdoba, del gobierno de Juan Schiaretti.

En una sorpresiva revocación de decisiones, la actual diputada nacional no asumirá en la Administración Nacional de la Seguridad Social en el gobierno del mandatario ultraderechista. A pesar de su confirmación previa, este jueves anunciaron que la legisladora y excandidata a gobernadora por La Libertad Avanza, no irá finalmente al organismo.

Píparo, quien había sido designada por el propio Milei, había informado hace pocas horas a través de sus redes sociales, que el lunes 27 tenía una reunión programada con Fernanda Raverta, actual titular de Anses, para discutir los detalles de la transición. Sin embargo, estos planes se ven frustrados con la decisión del equipo de Milei de colocar a Giordano en su lugar.

La ex candidata a gobernadora había generado expectativas al anunciar la reunión con Raverta y había destacado la importancia de la transición. En su mensaje en la red X, también instó a los trabajadores de Anses a no ser influenciados por "campañas del miedo ni trascendidos".

Osvaldo Giordano, ¿el hombre elegido para la Anses?

La persona que se haría cargo de Anses sería el actual ministro de Finanzas de Córdoba, ladero del saliente gobernador de la provincia y excandidato presidencial, Juan Schiaretti.

El nombramiento de Giordano se presentaría como parte de un acuerdo que busca asegurar la gobernabilidad de Milei. El voto cordobés contribuyó en gran medida al triunfo del ultraderechista.

Además, habría otros cordobeses en la danza de nombres para ocupar cargos nacionales, entre ellos, el actual secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Franco Moguetta Predevello. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la Resolución 575/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial, creó el "Comando Unificado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales," el gobierno busca fortalecer la prevención de delitos y garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Esta agrupación tiene un objetivo específico llevar a cabo tareas destinadas a prevenir delitos contra la propiedad y asegurar situaciones que puedan amenazar los derechos y garantías consagrados en la Constitución. La medida apunta a racionalizar y maximizar los recursos disponibles de las fuerzas de seguridad para un enfoque más efectivo en la prevención y protección.

El Comando estará integrado por varios actores clave en el ámbito de la seguridad nacional y local. Entre ellos se encuentran la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, así como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, representantes de los cuerpos policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y otras provincias del país también formarán parte del Comando, asegurando una colaboración integral en todo el territorio.

Características de la iniciativa

Una característica clave de esta iniciativa es otorgar a los funcionarios designados capacidad decisoria sobre el personal y los recursos utilizados en las operaciones de seguridad. Esto permitirá una mayor agilidad y coordinación en la respuesta a situaciones de riesgo y delitos.

La resolución también destaca la inclusión de representantes del Ministerio Público en el Comando Unificado. Se espera que esta inclusión facilite la comunicación y coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial en la lucha contra el delito.

La medida entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y el Ministro de Seguridad tendrá la facultad de disolver el Comando Unificado a propuesta de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal.

Los ministros de Seguridad, Claudio Brilloni, y de Gestión Pública, Marcos Corach, firmaron este lunes un convenio marco con el Ministerio de Seguridad de la Nación para la geolocalización de las llamadas recibidas al 911.

El objetivo es propiciar la implementación en la provincia del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias (SAE) 911, para operar en todo territorio nacional, con la intención de que todas las policías provinciales y otras fuerzas de seguridad federales cuenten con “tecnología moderna para beneficio de la seguridad pública en la República Argentina”.

Luego de la firma, Corach manifestó: “La firma implica el aporte de un software, por parte del 911 federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objeto de poder geolocalizar cada una de las llamadas que ingresan en las comunicaciones al 911. Eso se traduce en una optimización de tiempos de respuesta de cada uno de los despachos que efectúa el 911, ya sea en materia de seguridad o en caso de emergencias sanitarias o de cualquier emergencia que sea reportada por un teléfono celular”.

Al respecto, Brilloni afirmó que “se trata de un paso muy importante, no solo de cooperación entre el organismo nacional y el provincial, sino que va a permitir brindar un nuevo y mejor servicio en materia de incidencia, urgencias y emergencias”. Y ejemplificó: “Si una persona tiene un accidente en el medio de la ruta y no sabe dónde está, llamando al 911, este sistema va a permitir tener la ubicación para desplazar el móvil de policía, ambulancia o bomberos, según corresponda al lugar desde donde se registra la llamada”.

Por su parte, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, José Lucas Gaincerain, explicó que “el convenio que estamos firmando con la provincia de Santa Fe es, concretamente, la geolocalización de las llamadas al 911, desde cualquier teléfono celular de cualquier lugar de la provincia desde donde se produzca una llamada”.

Y sumó: “Cualquiera sea el motivo, ya sea una emergencia por seguridad o una emergencia médica, un incendio o un accidente, en 4 segundos la Policía Federal determina el lugar exacto, con una diferencia de 50 metros, de donde se está produciendo la llamada. Con lo cual, esto no es solamente un tema de seguridad, sino también es un tema de sanidad o de emergencia civil”.

El funcionario nacional detalló, además, que con la nueva tecnología “viene acoplado un botón de alerta para colectivos que tienen el sistema SUBE, con lo cual el chofer va a poder accionar y poner el coche en emergencia”.

Finalmente, contó que “se trata de un software que adquirió la Policía Federal, que dependen de la Policía Federal, y se lo brinda en forma gratuita a todas las provincias. Empezó a funcionar en el conurbano bonaerense y Santa Fe es la segunda provincia donde se implementa. 

EL CONVENIO

El convenio marco de colaboración para la Federalización del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias 911 y del Centro Operativo de Despacho de Móviles entre la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación establece que dicho ministerio “ofrece, a través de la División Sistema de Información 911 Federal, y sin costo alguno la provisión del software del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias.

Para ello, la Nación gestionará la entrega al gobierno provincial del software del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias, a los fines de su instalación y funcionamiento acorde a las necesidades de la provincia de Santa Fe.

Asimismo, la cartera de Seguridad nacional, a través del SAE 911 Federal, ejercerá la supervisión de la conectividad a los fines de asegurar el correcto funcionamiento del vínculo, en tanto que, por su lado, la provincia se compromete a mantener on-line este vínculo.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dio una respuesta limitada este jueves por la mañana respecto al crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió tras un severo golpe abdominal realizado por motochorros en el partido bonaerense de Lanús.

“No tengo jurisdicción. No tengo por qué meterme en ese tema”, manifestó Fernández ante la prensa en la sede del Ministerio de Seguridad cuando le preguntaron si se había comunicado con el ministro bonaerense Sergio Berni y otros funcionarios de esa provincia. “Nosotros no participamos y no puedo contar de lo que no participo”, lanzó.

Por otro lado, el funcionario expresó sus "felicitaciones" a la Policía de la provincia de Buenos Aires al considerar que "tiene un muy buen trabajo de inteligencia criminal" y su homólogo bonaerense, Sergio Berni, por el trabajo "sumamente efectivo". "Si está concluido que es así, mis felicitaciones porque están los dos responsables de semejante bestialidad", afirmó y agregó que "Berni explicó lo que significa la presencia de la droga" en este tipo de hechos.

"En eso coincidimos. Todo lo que tiene que ver con cercanía con este tipo de sustancias agravan las situaciones. Berni mismo decía que los responsables de semejante bestialidad parecía que al final de la jornada no sabían que pasó lo que pasó", apuntó. Además, el ministro sostuvo que "la responsabilidad del Estado es limitada" y que "hace muchos años que hay que darle soluciones" a estas situaciones.

Los hermanos Darío y Miguel Ángel Madariaga, de 28 y 25 años, respectivamente, son los principales sospechosos del brutal crimen de Morena Domínguez (11), ocurrido el miércoles por la mañana cuando la nena iba a la escuela en Villa Diamante. Son oriundos de Villa Caraza.

Los investigadores judiciales explicaron que los hermanos Madariaga formaban parte de un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, que son conocidos en el barrio por cometer robos y distintos delitos, informó Télam.

Horas después de que el Ministerio de Seguridad de la Nación haya activado la Alerta Sofía, apareció la beba que había sido robada en el hospital de Tartagal, en la provincia de Salta.

La recién nacida fue encontrada por un vecino en un baldío del barrio Roberto Romero, quien inmediatamente se comunicó con las autoridades al tomar conocimiento de la presencia de una beba en el lugar.

Fue hallada en estado de abandono con un grado de hipotermia y sin rastro de sus captores, quienes, según denunciaron los directivos del hospital, se trataría de una pareja que tomó a la beba, le cambió la manta rosa por una celeste y huyó rápidamente del centro de salud. Hasta el momento, no hay detenidos, pero se especula que los raptores la abandonaron en ese sitio debido a la repercusión que tomó el caso.

La menor nació ayer por la tarde mediante un parto natural en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, localidad ubicada a unos 365 kilómetros al norte de la capital salteña y apenas a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia. Por esta razón, aún no había sido registrada. Sin embargo, el medio local Nuevo Diario se refirió a ella como “Estrella” una vez que fue encontrada.

Ella y su mamá permanecían en una habitación de la Sala de Maternidad de la institución sanitaria. En un momento, los padres de la beba, Ángel Torres y Elsa Eugenia Abraham, se retiraron al baño y, apenas cinco minutos después, notaron que la niña había desaparecido. Inmediatamente, avisaron al personal.

Una médica de guardia tomó conocimiento de lo sucedido y dio aviso inmediato al equipo de seguridad, así como también reportó el hecho al 911, tal como se informó a través de un comunicado de prensa.

Según informó el jefe de la Unidad Regional N°4 Tartagal, Adrián Sánchez Rosado, la menor fue hallada en buenas condiciones de salud y fue reconocida tanto por los médicos del hospital como por sus padres. “En el baldío hay una vivienda abandonada, y desde allí venía el llanto que le llamó la atención al vecino, quien la encontró en el suelo, en una de las esquinas de la casa”, dijo el comisario en declaraciones a TN.

Torres y Abraham, que pertenecen a una comunidad wichi de la localidad de General Mosconi, describieron a una mujer de campera marrón, con pelo corto, a quien vieron merodeando en el sector de maternidad con una extraña actitud, según informaron los medios locales.

“Todavía queda un trabajo muy extenso por realizar en cuanto al relevamiento de todas las cámaras, es muchísima la información”, detalló Sánchez Rosado. “El procurador del Ministerio Público puso a tres fiscales trabajar en el tema”, añadió.

La policía tomó conocimiento del hecho a las 7:16, tan solo 11 minutos después de que la familia se percatara de la sustracción de la menor. En consecuencia, se desplegó un operativo de búsqueda en el hospital y en los diferentes medios de transporte y rutas, a cargo de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal. También, participaron agentes de las fuerzas de seguridad de Bolivia.

Al respecto, el abogado de la familia, Rambert Ríos, explicó que “la Policía requirió perros entrenados de sus pares de la provincia de Tucumán y de todo el equipamiento para poder determinar de qué manera y a través de qué lugar del hospital sacaron a la bebé de la habitación”.

“Lo verdaderamente preocupante es que los que somos de la zona sabemos que en media hora podemos estar en la frontera y salir del país por cualquier paso ilegal hacia Bolivia”, sostuvo Ríos. Y completó: “Hay un sistema de seguridad que ha fallado, los padres fueron al baño y en esos minutos le robaron la criatura, no sé si hubo una participación del personal pero sí una responsabilidad”, agregó.

Desde el centro de salud informaron que es la primera vez que se produce una desaparición de un recién nacido en el nosocomio. Asimismo, desde el área de Asuntos Legales se presentó la denuncia formal ante la fiscalía de turno de Tartagal, que ya se encuentra realizando la investigación.

Uno de los fiscales implicados en la causa es Rafael José Medina, quien, en diálogo con el citado medio, aseguró que los investigadores comenzaron a trabajar para encontrar a los sospechosos, con “un identikit realizado en base al testimonio de testigos”.

“Conforme a los dichos de la misma madre, a las 7 se había levantado hacia el baño junto con su pareja, y al volver 7.05 notaron la ausencia de la beba. También se dieron cuenta que una manta en la que estaba envuelta la niña quedo ahí y la envolvieron en una manta color azul”, narró por su parte Sánchez Rosado, de acuerdo con la información de Télam.

Tiempo después de la desaparición de la niña, el Ministerio de Seguridad emitió la Alerta Sofía para poder dar con su paradero. “Buscamos a RN Abran, una bebé recién nacida que fue sustraída del Hospital de Tartagal, Salta. Tiene ojos negros, un lunar en la mejilla derecha, mide 50 cm y pesa 2.920 kg. En caso de contar con información que pueda resultar de ayuda, comunicarse a la línea 134″, indicaba la advertencia emitida por la cartera dirigida por Aníbal Fernández que compartió el organismo en sus redes sociales. 

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó hoy la compra de un centenar de pistolas Taser para que sean utilizadas por “grupos de élite” de las fuerzas de seguridad, previo entrenamiento, y precisó que se trata de un proceso iniciado en octubre pasado.

“Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre. Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos”, afirmó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

En ese marco, Aníbal Fernández sostuvo que “seguramente” el Gobierno porteño también podrá utilizarlas.

Ayer se conoció que el Gobierno compró cien pistolas Taser que serán destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales del país, en el marco de un proceso que se inició el año pasado.

La compra se materializó por contratación directa con una empresa que tomó en parte de pago un lote de ese tipo de armas electrónicas que había sido adquirido en el 2019 por la entonces ministra Patricia Bullrich y que había quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, que no cuentan con emisión de advertencia ni cámaras incorporadas.

La compra fue autorizada por las Resoluciones 283 y 1167 de la Policía Federal Argentina, fechadas el 31 de octubre y 28 de diciembre respectivamente, detallaron las fuentes.

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Las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989, agregaron desde la cartera de Seguridad.

Asimismo, indicaron que “su uso y adquisición por las Fuerzas de Seguridad y Policías en la Argentina fue definido políticamente en los años ’80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado”.

“Es por eso que el debate sobre la cuestión esta saldado, ya que nuestro Gobierno respeta y cumple con los plexos normativos nacionales y sus obligaciones internacionales”, puntualizaron los voceros.

Estas pistolas serán destinadas a los grupos especializados de cada fuerza federal, como el Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal Argentina.

Para el uso de estas armas, los agentes deben cumplir con el “protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad”, vigente desde la gestión de la antecesora de Aníbal Fernández, Sabina Frederic.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron que esta compra, iniciada el año pasado, no está vinculada al reciente homicidio de la agente de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar, madre de dos hijos y baleada en la estación Retiro del subte C el 14 de febrero último.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se comunicó con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para pedirle que el gobierno nacional proteja a los jueces y fiscales federales de la provincia de Santa Fe que la semana pasada fueron objeto de amenazas de muerte. El funcionario se comprometió a intensificar la protección, dijeron fuentes del máximo tribunal citadas por diarios porteños.

El jueves de la semana pasada, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fueron amenazados de muerte mediante un WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Les mandaron una foto de una pistola Bersa y les prometieron “balas y granadas”.

Esta intimidación se suma a los ataques a tiros contra dependencias judiciales y canales de TV y a las amenazas contra jueces y periodistas protagonistas de investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Rosatti se solidarizó con Cuello Murúa y se comprometió a respaldar a los magistrados y a reclamar a las autoridades nacionales que refuercen su seguridad. Fue por eso que se comunicó con Aníbal Fernández, quien prometió intensificar la custodia sobre los jueces federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

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Solidaridad del Colegio de Magistrados

En tanto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe expresó su solidaridad para con la fiscal Pepino, el Juez Federal Cuello Murúa y el fiscal federal Arzubi Calvo, como así también con el delegado del Ministerio de Seguridad, el Intendente de Venado Tuerto y con el Senador por el Departamento General López, quienes han sido, nuevamente, destinatarios de graves amenazas.

“Hacemos público nuestro reclamo a las autoridades competentes para extremar las medidas de seguridad de los referidos funcionarios/as y magistrados a fin de que puedan seguir cumpliendo con las distintas obligaciones a su cargo” resalta el texto que reitera “la máxima preocupación ante la sistemática repetición de estas intimidaciones cada vez que distintos órganos judiciales direccionan su accionar contra integrantes de bandas de criminalidad organizada”.

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Acotan que “tal preocupación se profundiza a poco que se repare en que, de acuerdo a información que es de público conocimiento, los actos intimidatorios se ordenan y/o planifican desde el interior de instituciones penitenciarias, tanto federales como provinciales”. El Colegio hizo pública “nuestra convicción en cuanto a que resulta necesaria una reacción enérgica y homogénea de los distintos poderes estatales, sin distinción de niveles y más allá de intereses políticos coyunturales, a fin de neutralizar el accionar de organizaciones criminales que pretenden imponer una lógica de violencia totalmente inaceptable en un estado constitucional y democrático de derecho”.

La prófuga, María Altagracia Henríquez Mota, de nacionalidad dominicana, es buscada por el delito de explotación sexual, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad en un domicilio de la ciudad de Rafaela.

Manuela Dias Fredes

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación emitieron una resolución en el Boletín Oficial (891/2022) para dar con el paradero de María Altagracia Henríquez Mota, de nacionalidad dominicana, quien tiene un pedido de captura activo desde mayo de 2019, por el delito de “Explotación sexual, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad Ley 26.842, (Art. 145 bis y 145 ter. inc. 1, inc. 4 y penúltimo párrafo del CP.) en un domicilio ubicado en calle Alvear Nº 1384, de la ciudad de Rafaela provincia de Santa Fe”.

El mensaje puntualiza que se ofrece “como recompensa dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos tres millones ($3.000.000), destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión”.

Agregando además que la prófuga (DNI Nº 94.937.193) tuvo como “último domicilio conocido en calle 39 Nº 1957, localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe”, ampliando así el espectro de búsqueda.

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Recompensa

Además, resuelven que “las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134”.

Y agrega que “el pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada preservando la identidad del aportante”.

El exministro santafesino, que ahora se desempeñaba como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, será acusado de realizar tareas de inteligencia contra empresarios, políticos y exfuncionarios.

El exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Saín fue citado para el 29 de noviembre próximo a una audiencia imputativa en la ciudad de Santa Fe donde será acusado, según informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación, de supuesto espionaje ilegal. También participarán del proceso otros siete funcionarios que estaban dentro de la cartera de Seguridad entre 2020 y 2022.

Saín se desempeñaba actualmente como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero una vez conocida la citación el ministro Aníbal Fernández le pidió la renuncia. “La situación no daba para más”, admitió una fuente cercana Fernández, que advirtió que la salida de Saín del Ministerio de Seguridad se produjo de “común acuerdo”.

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La imputación contra el exministro de Seguridad de Santa Fe se produce más de un año después de que fueran allanadas las oficinas de esa cartera y se secuestraran computadoras, teléfonos celulares y gran cantidad de documentación. No es frecuente en el sistema procesal penal de Santa Fe, que es acusatorio, que haya demoras tan extensas para que se lleve adelante una imputación.

La causa que investigan los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, bajo la figura de asociación ilícita, apunta a que desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se habrían realizado tareas de espionaje ilegal a personas y empresas sin el aval de una orden judicial.

Lo decidió la ministra Sabina Frederic, amparándose en un convenio de cooperación firmado con Santa Fe en enero. La resolución alude al “crecimiento de homicidios” que se ha registrado, y plantea que la Unidad nacional se instalará por seis meses. Buscará articular accionar con el Ministerio local, con las fuerzas y hasta con la Legislatura.

Mediante la resolución Nro. 374 del pasado 12 de octubre, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió crear e instalar en la provincia de Santa Fe una suerte de delegación de dicha cartera. Se trata de la Unidad Rosario del Ministerio de Seguridad, que estará ubicada en esa ciudad. La normativa lleva la firma de la titular del área, Sabina Frederic, la misma funcionaria que semanas atrás protagonizó un cruce discursivo con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, a propósito de las competencias de cada jurisdicción para intervenir en materia de la lucha contra el narcotráfico. Fue a pocos días de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le dijera en un acto público a Omar Perotti que en materia de seguridad le “prestara atención a la ciudad de Rosario”, sacudida por una seguidilla de crímenes.

Según fuentes consultadas por El Litoral, la provincia estaba al tanto de la decisión que iba a adoptar Frederic, pero se aclaró que no surgió de un pedido del gobierno de Santa Fe. La Nación “avisó, pero no consensuó ni requirió opinión” al respecto. Del texto de la resolución no se desprende que la instalación de la Unidad vaya a redundar en lo inmediato en el desembarco de refuerzos de fuerzas federales; más bien pareciera ser una determinación del gobierno central para tener una mayor presencia política en Santa Fe.

La resolución

Frederic ampara su resolución en los efectos de un Convenio Marco de Cooperación firmado por provincia y Nación el 16 de enero de este año. Allí se planteaba la constitución de un Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior, entre cuyos objetivos se mencionaba el de perfeccionar el accionar en materia de seguridad preventiva e investigación criminal. La reciente resolución sostiene que “para mejorar el cumplimiento” de las misiones y objetivos de ese Consejo, resulta “necesario establecer una Unidad del Ministerio de Seguridad de la Nación en la provincia de Santa Fe, que permita una interacción más fluida y directa” con los actores locales. Plantea que esta nueva delegación nacional “participará, en coordinación con el gobierno de la provincia, de la definición e implementación de las políticas de seguridad públicas locales”.

En los considerandos, Frederic plantea, además, que es “relevante coordinar con la Legislatura de Santa Fe acciones de colaboración, a fin de unificar criterios normativos para alcanzar los objetivos de las políticas de seguridad establecidas”.

Respecto de las funciones de esta nueva Unidad, se precisa que podrá coordinar la acción investigativa y operativa de las fuerzas policiales provinciales y federales, en articulación también con la justicia federal, “optimizando los recursos humanos y para alcanzar mayor eficiencia en el logro de los objetivos planteados”.

Como fundamento de la decisión, Frederic advierte en uno de los párrafos de los considerandos que la provincia de Santa Fe “experimentó desde 2007 un importante crecimiento de los homicidios dolosos, registrando en los últimos cinco años, la tasa más elevada de víctimas de homicidios dolosos de todo el país”.

Objetivos

Entre los objetivos de la Unidad se menciona “coordinar la acción investigativa y operativa de las fuerzas federales y provinciales”, “actuar como punto focal entre la Nación y la provincia” en materia de seguridad; “receptar inquietudes y problemáticas” de los actores locales y “gestionar su respuesta o respuesta institucional”, y “monitorear el desarrollo de causas judiciales complejas o vinculadas a la política de seguridad pública”, entre otros.

La Unidad Rosario estará integrada por personal de la Subsecretaría de Intervención Federal y de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, ambas dependientes de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal. Será designado por los titulares de las citadas dependencias.

La delegación tendrá una permanencia de seis meses, prorrogables por igual período. Y funcionará físicamente en las instalaciones de la Policía Federal Argentina con sede en la ciudad de Rosario.

De la resolución no se desprende que vaya a haber un refuerzo de fuerzas federales; más bien pareciera ser una determinación del gobierno central para tener una mayor presencia política en Santa Fe.

MIENTRAS TANTO

En momentos en que se registra está avanzada del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la provincia hay dos cuestiones centrales que siguen demoradas. Aún está pendiente el el envío de los proyectos de seguridad, en las que el titular del área deposita muchas expectativas, pero cuya remisión a la Legislatura depende de la decisión del gobernador -y de un proceso de retoques que se prolonga. Y también la convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad, anunciada por el mandatario hace más de 20 días y todavía en espera.

Los homicidios dolosos cometidos en todo el país durante el primer semestre de este año registraron un descenso del 2 por ciento en comparación con el mismo período de 2019 y de un 13 por ciento respecto de 2018; mientras que los robos decrecieron un 26 por ciento en relación a la primera mitad del año pasado, según datos difundidos hoy del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De acuerdo a los datos que las policías provinciales envían al Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SNIC) de la cartera que conduce Sabina Frederic, entre enero y junio de 2020 hubo 1.044 “presuntas víctimas de homicidios dolosos”.

Fuentes oficiales indicaron que esta cantidad significó un 2 por ciento menos que el mismo período del año anterior y un 13 por ciento en relación a 2018.

“Sin embargo, durante mayo y sobre todo durante el mes de junio, los homicidios empezaron a ascender, provocando que las cifras de este primer semestre 2020 se acerquen a las registradas durante los últimos años”, señaló el informe que, a su vez, aclara que este ascenso “es reciente para configurarse como tendencia” aunque, de todos modos, “despierta preocupación”.

Por ello, es que desde la cartera nacional destacan que están “trabajando junto a las provincias en tareas de prevención”.

En relación a este tipo de delitos, la ministra Frederic dijo ayer en una entrevista vía Internet con el Centro Internacional Académico “Wilson Center” que “los datos de homicidios de la Argentina son bajos en relación a otros países” de la región.

Respecto de los “robos y robos agravados”, el informe al que accedió Télam detalló que en el primer semestre de este año hubo “un descenso de 26 por ciento con respecto al mismo período de 2019”.

También precisó que mientras que en marzo, abril y mayo “se produjeron las mayores reducciones con respecto a años anteriores”, en junio se produjo un incremento con respecto a mayo “del aproximadamente 30 por ciento”.

“Aun así en junio de 2020 hubo en todo el país (un) 28 por ciento menos de robos y robos agravados que en 2019 y (un) 22 por ciento menos que en 2018”, añadió.

En el informe oficial se aclara que si bien estos delitos son de “competencia provincial”, el ministerio nacional “colabora” con las carteras de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el “desarrollo de estrategias de prevención”.

Y, además, indicaron que se tratan de “datos sujetos a rectificación en el marco de los procesos habituales de revisión de las estadísticas delictivas”.

El Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic, Gabriel Fuks, en respuesta al pedido del gobierno de Salta.

Se resolvió que se destine un avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para intervenir en la sofocación del incendio forestal registrado en las Sierras Subandinas en el Departamento de Orán en proximidades a la Comunidad Kolla Tinkanaku, ubicado a 55 kilómetros al oeste de la localidad de Orán, entre 2500 y 3200 metros sobre el nivel del mar.

Por otro lado, desde la misma Secretaría, la cartera de seguridad destinó, debido a la solicitud del gobierno de Tucumán, un avión hidrante turbohélice del SNMF para apoyar los trabajos de actuación contra los incendios en la zona de San José de Chasquivil. En ese lugar ya están operando Brigadistas, Bomberos Voluntarios de Tafí del Valle y personal baqueano de la comuna. La aeronave tiene base de despegue y logística en la pista del Aeroclub Tucumán ubicado en la localidad de Yerba Buena. Los focos de incendio están en una altura de 2800 metros sobre el nivel del mar.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, también a través del SNMF, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, trabaja desde la semana pasada para controlar el fuego en las zonas ribereñas de Rosario y Entre Ríos. Para ello ya ha desplegado cinco aviones del SNMF, cuatro hidrantes y uno observador, mientras que la Policía Federal Argentina sumó un helicóptero con helibalde, que permite también el traslado de personal. La PFA, además, colabora con personal de la Brigada Forestal y, finalmente, la Prefectura Naval interviene con personal especializado.

En todos los operativos para combatir los incendios, en las cuatro provincias, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego trabaja en forma articulada junto con autoridades y fuerzas provinciales y municipales.