En una nueva embestida contra Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, intimará a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a que den explicaciones sobre sus balances contables y financieros.

Según anticiparon en un comunicado, pedirán documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente.

El escrito que se publicó recientemente señalaron que “se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.

“Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro”, siguió el comunicado.

Y completaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ. La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”.

Así, se trata de una nueva embestida por parte del Gobierno que el último lunes, a través de Patricia Bullrich, denunció a las autoridades de la entidad del fútbol argentino ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización.

En esta presentación se pide una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según dijo Bullrich, comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por Conmbeol.

Todo esto se da en el marco de una investigación que llueva adelante el juez a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, que investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano (monotributista) y Ana Lucía Conte (jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal), investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.

Según la presentación, esta empresa habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes que no guardan relación con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, harás con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.

El dominio de este inmueble resulta particularmente llamativa: en 2017 fue adquirido por el ex futbolista de Boca Carlos Tévez, en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, menos de un año después, fue transferido a Real Central S.R.L.. Justamente, donde se apunta que los socios de esta última fueron señalados son presuntos testaferros. Además, las expensas y gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la ex secretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al ex director general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.

La denuncia también pone el foco en las contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. De acuerdo con el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada de manera directa por un monto aproximado de USD 550.000 para la finalización de la instalación del sistema VAR.

El documento oficial destaca que la empresa es de “reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación”, pero la denuncia sostiene que existen vínculos societarios y personales con ex directivos del organismo.

Esta concatenación entre contrataciones, relaciones personales y operaciones patrimoniales de alto valor plantea, según la presentación, “serios interrogantes en materia de conflicto de intereses, falta de transparencia y cumplimiento de los deberes fiduciarios exigidos a los dirigentes de una federación miembro de la CONMEBOL”.

A todo esto, desde la AFA denunciaron que hay "evidente persecución política" contra las autoridades de la entidad. En ese sentido, sostuvieron que “tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich”.

“Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación. No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención”, remarcaron.

En tanto, también cuestionaron la intención que han mostrado desde el Poder Ejecutivo en avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas, “en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro”.

Y completaron: “Al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas América), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien. Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna“.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se mostró en línea con la postura presidencial y reafirmó su postura de bajar la edad de imputabilidad al considerar que los chicos de 13 años "son adultos y tienen conciencia".

“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, sostuvo el funcionario en diálogo con Jonatan Viale por TN.

El PRO sobre los primeros seis meses de Milei: "Más interrogantes que certezas"Libarona agregó que "si tiene conciencia de que tomar un arma y matar es homicidio, ¿cómo no va a comprender la criminalidad del acto? ¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? Que son Inimputables, que quedan en libertad. No hay límites".

“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, insistió.

La Policía de Investigaciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este jueves al llamado T. A. A. mayor de edad, por el delito de Abuso Sexual con acceso carnal calificado, ocurrido en una escuela Monseñor Carlos Macagno de la ciudad de Santa Fe.

Los efectivos de la Agencia de Trata de Personas Región 1, luego de realizar investigaciones en el caso, y con la medida judicial correspondiente, se hicieron presentes en un domicilio de calle Zavalía al 700 de esta ciudad, donde detuvieron al supuesto autor del delito.

Se trata de una persona mayor de edad que se desempeña como portero en el citado establecimiento educativo.

Interviene en la causa la fiscal Dra. Alejandra Del Río Ayala.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de el Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó una serie de requisas en las celdas del Pabellón 1 de la Unidad Carcelaria de Coronda. 

Durante la requisa -sorpresiva y preventiva- al establecimiento penitenciario, se secuestraron 26 teléfonos celulares, dos objetos cortopunzantes -al estilo arma blanca- y 37 envoltorios de nylon color negro los cuales contenían una sustancia blanquecina polvorienta de similares características a la cocaína.

Esta acción se enmarca en una decisión de la gestión en trabajar para retomar el control en las cárceles santafesinas. Es por ello que se está actuando en diferentes acciones mientras se amplía el sistema penitenciario con la construcción de plazas adecuadas para alojar internos de Alto Perfil y en la ampliación de espacios para presos comunes.

Respecto al estricto control que se está aplicando en las unidades penitenciarias, el primero es el que efectúa el personal al ingreso de las visitas y el segundo lo constituyen las requisas sorpresivas y aleatorias. 

El objetivo es focalizar el mayor control posible aplicable para que los internos no puedan cometer hechos ilícitos desde las cárceles.

El director de Seguridad del Ministerio de Justicia de la Nación, Adrián Darío Corti, fue asaltado y golpeado por al menos cinco delincuentes armados en su casa de la ciudad bonaerense de San Pedro que se apoderaron de alrededor de un millón de pesos, joyas y una pistola.

Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió en la madrugada del miércoles en una vivienda situada en la zona conocida como Villa Jardín, en las afueras del casco urbano de San Pedro y hacia la Ruta 9.

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Allí al menos cinco ladrones sorprendieron al funcionario mientras estaba dentro de su casa y, según trascendió, le pegaron con el arma para que les entregara dinero, mientras que además lo maniataron.

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Luego, los delincuentes se apoderaron de dinero, joyas y un arma (una pistola Glock calibre 40), tras lo cual escaparon en el vehículo del funcionario, un Volkswagen Vento dorado. La causa es investigada por la UFI N°11 de San Pedro, a cargo de la fiscal Viviana Ramos, y por la DDI local que, tras un amplio rastrillaje, encontró el el automóvil abandonado en el cruce de Basavilbaso y las vías de ferrocarril.