En los últimos meses, el tema “Imaginate” de La Beriso se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios lo utilizan para acompañar videos de objetos en cerámica que no salen como esperaban. El contraste entre la letra intensa y el resultado fallido generó una ola de memes y parodias que no tardaron en multiplicarse.

Ante este inesperado uso, Rolo Sartorio, cantante de La Beriso, se refirió con humor al fenómeno. “Es un tema que cuando lo hice era en contra de los militares. No de una taza mal hecha”, comentó entre risas, dejando en claro que el mensaje original de la canción dista bastante del contexto en el que se volvió popular.

El video, subido por el usuario brian_tapia_ rápidamente se viralizó en redes.

Seis elementos del Ejército Mexicano habrían muerto y otros dos resultado gravemente heridos tras la explosión de una mina en la zona serrana entre Jalisco y Michoacán.

El despliegue de la agrupación militar a dicha zona habría comenzado desde el sábado pasado, cuando unidades del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) fueron enviadas para desmantelar un supuesto centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según El Universal.

Este martes 27 de mayo, durante el desplazamiento del convoy militar por un camino de terracería en la localidad de El Santuario, se habría activado un artefacto explosivo oculto en la vía.

Según fuentes citadas por Milenio, la detonación provocó la muerte inmediata de seis soldados, mientras que otros dos fueron trasladados en helicóptero a un hospital, donde permanecerían en estado grave.

Uno TV reportó que entre las víctimas fatales se encuentran el segundo subinspector Jovany Rosales y el subagente Jorge Alberto Cruz Velázquez, aunque la identidad del resto de los militares no ha sido confirmada oficialmente.

Esta zona y sus alrededores son considerados puntos clave en la disputa territorial entre el CJNG y otras células delictivas, como Cárteles Unidos o La Nueva Familia Michoacana.

La región es disputada por los líderes de Guerreros Unidos Luis Enrique Barragán Chávez, aliss “El R5” o “Güicho el de Los Reyes”, y Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”; contra células del CJNG.

Hasta el momento no se han reportado detenciones ni comunicados oficiales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el gobierno de Michoacán, Jalisco o alguna otra institución de seguridad. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe que confirme la identidad de las víctimas y el lugar exacto del suceso.

El uso de minas

En las regiones de Tierra Caliente, que abarcan partes de Michoacán y Jalisco, el CJNG ha intensificado el uso de minas terrestres como parte de su estrategia para consolidar el control territorial y obstaculizar el avance de fuerzas de seguridad y grupos rivales.

Desde 2022, se han documentado múltiples incidentes en municipios como Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Los Reyes, Coalcomán y Cotija, donde las minas, muchas de fabricación casera, han causado víctimas tanto entre militares como entre civiles, incluyendo campesinos y trabajadores agrícolas.

La siembra de minas tiene como propósito principal impedir el acceso de fuerzas armadas y grupos criminales rivales a zonas clave para el CJNG. Estas áreas albergan campamentos, laboratorios de drogas y rutas de tráfico. Además, la presencia de minas genera un clima de terror que fuerza el desplazamiento de comunidades enteras, facilitando el control del territorio por parte del cártel.

Aunque inicialmente rudimentarias, las minas utilizadas por el CJNG han evolucionado en sofisticación. En Jalisco, se han encontrado dispositivos que no corresponden a la categoría de “artesanales”, lo que sugiere una mejora en la capacidad técnica del cártel.

Ante esta situación, las autoridades mexicanas han intensificado los operativos para localizar y desactivar estos artefactos explosivos. En los primeros dos meses de 2025, el Ejército Mexicano aseguró 1,255 piezas, cifra similar a las que se decomisaron en todo 2022. Del total de artefactos decomisados, el 33% se encontraron en Michoacán.

Brisa Páez, una joven de 21 años con apenas cuatro meses de instrucción en la Armada Argentina, lucha por su vida en terapia intensiva tras haber sufrido un violento golpe en la cabeza durante una práctica antidisturbios en una base naval de Vicente López. El hecho ocurrió el viernes 4 de abril, y generó un fuerte revuelo en la fuerza y en el ámbito judicial.

Según testigos, el accidente se produjo cuando un instructor golpeó con sus piernas el escudo que Brisa sostenía, provocando que ella cayera hacia atrás y golpeara su cabeza contra el suelo. A pesar de sus visibles dificultades para reincorporarse, los ejercicios continuaron, lo que habría agravado su cuadro neurológico.

Compañeras de Brisa aseguraron que la violencia ejercida contra ella fue "desproporcionada" en comparación con la aplicada al resto del grupo. Incluso se investiga si un vínculo sentimental previo con uno de los instructores pudo haber influido en el trato recibido.

Los familiares de la joven, que permanece internada en el Hospital Militar Central del barrio porteño de Belgrano, denunciaron que sus quejas iniciales por un fuerte dolor de cabeza fueron desoídas y hasta tomadas a la risa por parte de algunos superiores.

Luego de ser derivada inicialmente al hospital de Campo de Mayo, Brisa manifestó parálisis en la mitad izquierda de su cuerpo. Fue trasladada de urgencia al Hospital Militar Central, donde permaneció en coma inducido durante una semana debido a convulsiones severas.

La intervención de una junta médica externa –integrada por el prestigioso neurólogo Ignacio Previgliano y el director del hospital de Campo de Mayo, Alejandro Felice– fue clave para cambiar el enfoque del tratamiento. Se detectaron lesiones compatibles con una lesión axonal difusa, producto de múltiples impactos en la cabeza.

“Le salvaron la vida a mi hija”, afirmaron los padres, que ahora acompañan su lenta recuperación. En las últimas horas, Brisa logró ser desconectada del respirador artificial y su evolución genera expectativas moderadamente positivas.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó el allanamiento de instalaciones militares y el secuestro de celulares y otros elementos clave. Como resultado, nueve militares fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el hecho. La magistrada tiene un plazo de diez días para definir su situación procesal.

Además, la Justicia investiga si hubo encubrimiento o negligencia en la atención médica inicial y por qué hubo contradicciones en las versiones sobre cómo se produjo la lesión. Una testigo había sugerido que Brisa se había golpeado contra una escalera metálica, versión que fue descartada por los peritos.

Este caso no solo puso bajo la lupa los métodos de entrenamiento en las fuerzas armadas, sino también reavivó la polémica por el posible uso de militares en tareas de control interno, algo que funcionarios del gobierno de Javier Milei deslizaron en semanas anteriores.

El dramático episodio de Brisa Páez expone una grave situación institucional, con derivaciones judiciales y políticas que apenas comienzan a desarrollarse.

La Fiscalía de Ecuador confirmó que los cuerpos calcinados hallados la semana pasada corresponden a los de los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, tras ser aprehendidos por 16 soldados, contra quienes la Justicia ordenó este martes la prisión preventiva.

"Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los 3 adolescentes y 1 niño desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre", indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X.

Los padres de los menores entregaron el pasado viernes muestras de sangre para cotejar con los restos de los cuerpos encontrados en Guayaquil mientras se buscaba a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, que salieron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad.

En videos que se difundieron en redes sociales se puede ver cómo los militares los aprehendieron cuando estaban caminando cerca de un centro comercial. Luego se los llevaron hacia Taura,una zona a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Desde esa noche, se desconocía el paradero de los menores, a los que, según los militares, los dejaron con vida en el camino hacia la base aérea.

El pasado martes, una jueza determinó que la desaparición debía ser investigada como "forzada" y con "responsabilidad del Estado", tras aceptar el hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión "no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos".

Gritos y llantosLa confirmación de la identificación de los cadáveres ocurrió este martes en la que se desarrollaba en una unidad judicial de Guayaquil la audiencia de formulación de cargos, en la que se ordenó la prisión preventiva de los 16 militares.

Los gritos y llantos de los familiares y amigos de los menores inundaron el lugar hasta donde también habían llegado familiares de los soldados, procesados por el delito de desaparición forzada, que habrían perpetrado contra cuatro menores de edad el pasado 8 de diciembre en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

En medio de lágrimas algunas personas increparon a personas que apoyaban a los militares en el sitio, y quienes también mostraban su pesar por la orden de prisión contra los uniformados.

En el mismo sitio, Abraham Aguirre, abogado de grupos de derechos humanos que apoyan a las familias de los menores indicó que "la prueba de ADN confirmó que los cuatro cuerpos encontrados en Taura son de los cuatro niños desaparecidos. Estos exámenes se toman un tiempo, pero en virtud de la premura y la conmoción que ha causado este caso, el laboratorio de Criminalística remitió el informe a la brevedad". Avanzó que muy probablemente la Fiscalía abriría otra investigación por ejecución extrajudicial.

Desaparición forzadaLa investigación por la desaparición inició el 9 de diciembre, tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas. Inicialmente, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y transferido, el 22 de diciembre, a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.

Los militares investigados en esta causa son: Christian Eduardo A. Q., David Andrés C. A., Wilson Alfredo C. B., Carlos Xavier E. M., Jonathan Raúl G. P., Moisés Israel L. L., Lister Henry L. C., Brayan Olmedo N. L., Rodrigo Paúl N. P., Ronald Stalin P. T., Alex Xavier Q. A., Nelson Oswaldo S. Z., Jhon Eduardo T. M., Sergio Francisco V. B., John Henry Z. E., Wilmer Danny L. C., detalló la Fiscalía.

Durante la audiencia, Fiscalía presentó elementos de convicción que sustentan la presunta participación de los procesados en el delito investigado. Entre estos: testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, evidencias físicas, como los celulares de los procesados, registros de video y vehículos utilizados durante el operativo. Además, informes de inspección ocular. La instrucción fiscal durará noventa días, indicó la Fiscalía al recordar que el delito de desaparición forzada establece prisión de 23 a 26 años.

El Gobierno de Ecuador ofreció  trabajar por la verdad pero hizo un llamado a que se respete el debido proceso. "Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato", aseguró el Ministerio de Defensa en un comunicado, el primero desde que fuera confirmado este mismo martes que unas osamentas calcinadas encontradas hace una semana correspondían a los cuatro menores desaparecidos.

"Lamentamos profundamente la confirmación de la Fiscalía sobre la identidad de Steven, Josué, Ismael y Saúl, y nos solidarizamos con sus familias en este hecho que hoy enluta a todo el país", añadió la cartera de Estado.

La fuente insistió en que, junto con las Fuerzas Armadas, han asumido "el deber de colaborar plenamente con las investigaciones, sin reservas ni condicionamientos", y remarcó que desde que se conoció el caso ha tomado medidas "para garantizar que los 16 militares investigados permanezcan a disposición de las autoridades".

Recordó que este martes el juez de la causa ordenó que vayan a un régimen de "prisión preventiva" los 16 soldados, mientras duren las investigaciones, y aseguró que para el Estado la verdad y la justicia son innegociables. "Trabajaremos incansablemente para que se esclarezca este caso", concluyó el Ministerio de Defensa en su escrito.

Varios grupos de derechos humanos, tras conocer que los 16 soldados involucrados habían sido enviados a prisión preventiva, aseguraron que este caso se "inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial" por parte de las fuerzas de seguridad del Estado bajo el gobierno de Daniel Noboa.

"Exigimos que la justicia identifique y sancione a todos los responsables en los hechos", señaló la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en un comunicado, tras apuntar que en este caso no solo hay responsabilidad de la patrulla militar directamente involucrada, sino de su cadena de mando y de autoridades del Ejecutivo por acción u omisión.

"Expresamos nuestro profundo dolor y solidaridad con las familias de Saúl, Steven, Ismale y Josué, niños ejecutados luego de ser detenidos de forma ilegal, arbitraria e ilegítima, el 8 de diciembre de 2024, y en la posterior desaparición por una patrulla de miembros de la Fuerza Aérea de Ecuador," comienza el escrito.

Políticos, alcaldes, activistas, personas de a pie, grupos políticos, sociales, municipios (como el de Quito), y también la Asamblea Nacional (Parlamento) han expresado su consternación tras la confirmación que unas osamentas calcinadas encontradas hace una semana correspondían a los menores desaparecidos. 

Este nuevo motín ocurre a menos de dos semanas de que concluya el estado de excepción por "conflicto armado interno" declarado por Noboa contra las bandas del crimen organizado, a las que ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

Los hechos de este miércoles en la Cárcel Regional de Guayaquil comenzaron ya entrada la noche, en unos disturbios donde se escucharon detonaciones desde el interior de la prisión, así como fuegos provocados por los reclusos con la quema de colchones, según varios videos difundidos en redes sociales.

Aparentemente los presos protestaban por el trato de los militares durante la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de la prisión.

Durante la militarización de las cárceles, varias organizaciones han denunciado violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, una acusación que el estamento militar ha rechazado siempre de plano al aducir que su actuación se apega a la legalidad y a los derechos humanos.

La Cárcel Regional de Guayaquil ha sido una de las más intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción, con recurrentes operativos para requisar armamento y objetivos prohibidos a la población penitenciaria.

De esta prisión se escapó entre finales de diciembre e inicios de enero el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), líder de la banda criminal Los Choneros, que cumplía una pena de 34 años de cárcel por narcotráfico, asociación ilícita y homicidio.

Hasta antes del inicio del estado de excepción Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua de Ecuador, tenían el control sobre el interior del recinto carcelario, donde cobraban cupos a los presos por el tipo de celda que usaban y también por la alimentación, entre otros elementos de un amplio entramado de extorsión, según testigos.

Este recinto penitenciario forma parte del complejo carcelario de la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde existen cinco cárceles en las que están recluidas unas 12.000 personas aproximadamente.

La Regional, denominada oficialmente por Centro de Rehabilitación Social Guayas Número 4, es la segunda cárcel más grande de Ecuador con unos 4.500 reos en su interior, sólo superada por la adyacente Penitenciaría del Litoral, que tiene en su interior a unos 5.500 reclusos.

Cuatro militares colombianos fallecieron este lunes después de que una aeronave del Ejército se estrellara en la Base Militar Binacional Cuti, en el municipio de Unguía, departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, según informó el Gobierno de Colombia.

El Ejército de Colombia reportó en la red social X (antes Twitter) que el percance involucró a una aeronave de la División de Aviación Asalto Aéreo que "al parecer sufrió un accidente".

En la misma red social, la Dirección Nacional de Bomberos informó que miembros de la corporación viajaban hacia la zona "en apoyo ante el siniestro de un helicóptero Black Hawk".

El comandante del Ejército Nacional de Colombia, Luis Mauricio Ospina, confirmó en X que los cuatro militares fallecieron en un "accidente aéreo cuando realizaban operación de carga interna a las tropas de la base".

Ospina mencionó que "personal militar herido" sería acompañado por miembros de la institución, sin más especificaciones.

Por su parte, el ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó en un comunicado que la institución envió dos helicópteros al lugar, los cuales trasladaron a "los heridos" a Ciudad de Panamá.

Dos hombres robaron, a mano armada, un camión de mudanza que se dirigía al barrio militar de Campo de Mayo, en San Miguel, con muebles y enseres de las familias de seis militares, indicaron fuentes policiales. A causa de las versiones que circularon en redes, el Ejército debió desmentir que el vehículo trasportara armas.

El hecho ocurrió este viernes, cuando el chofer del semi acoplado de la empresa Ktter SRL que realizaba la mudanza de los miembros del Ejército desde el Barrio Sargento Cabral, en la Rioja, se detuvo en Ruta 8 y Conesa, a la altura del partido de San Martín en el conurbano bonaerense. En ese momento, dos hombres armados abordaron el vehículo, tomaron de rehén al conductor y lo obligaron a desviarse del rumbo que llevaba y a conducir hasta Luján donde, según relató a los investigadores, fue liberado.

Pocos kilómetros más adelante, el transporte fue encontrado abandonado, detallaron las fuentes. Al mismo tiempo, dos presuntos delincuentes fueron detenidos por detectives de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de Luján, detalló SM Noticias. La causa por el robo quedó en manos la fiscalía de autores ignorados de Malvinas Argentinas, y cuenta con la colaboración de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de San Miguel.

El caso generó conmoción en redes sociales, luego de que corriera una versión que indicaba que el vehículo era propiedad del Ejército y que, además, llevaba armas que habían sido robadas. A raíz de esa información falsa, la Fuerza Armada, que responde al Ministerio de Defensa, debió emitir un comunicado para desmentir el rumor y explicar lo que realmente había sucedido.

“Ante versiones erróneas acerca del robo de un camión militar conteniendo armamento, el Ejército Argentino desea aclarar que, en circunstancias de realizarse una mudanza familiar de personal militar al Barrio Militar de Campo de Mayo, fue robado el vehículo de una empresa privada de mudanza y que la carga que transportaba era únicamente mobiliario y enseres domésticos de seis familias”, publicó en “X” (antes Twitter) la cuenta oficial de la institución.

“En estos momentos, las autoridades llevan a cabo las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos”, precisó la Secretaría General del Ejército sin dar mayores detalles del asalto ni de la posterior investigación.

Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del país, se encuentra ubicada a unos 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en el perímetro formado entre la Ruta Nacional N° 9, Ruta Nacional N° 8, Ruta Provincial N° 202 y el Camino de Cintura. Ocupa seis mil hectáreas de campo abierto.

En ese lugar, funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura (1976-1983). Se calcula que pasaron entre 3500 y 5000 personas por Campo de Mayo. La mayor parte de las víctimas permanecen desaparecidas.

En marzo de 2023, mediante un anuncio presidencial, se comunicó el comienzo de las obras de edificación del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos “Campo de Mayo” en dos fracciones de tierra cedidas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través del Decreto N° 846/2021.

El helicóptero Bell 412 desapareció este miércoles, a unos 48 kilómetros de la frontera con Venezuela, y su búsqueda se vio dificultada tanto la víspera como en esta jornada por el mal tiempo. Hoy se dio a conocer que cinco de sus tripulantes murieron en un accidente aéreo del que, de momento, poco se conoce.

Cinco militares guyaneses murieron y dos sobrevivieron en un accidente cuando se dirigían en helicóptero a visitar tropas cerca de la frontera con Venezuela, informó este jueves la Fuerza de Defensa de Guyana.

El helicóptero Bell 412 desapareció este miércoles, a unos 48 kilómetros de la frontera con Venezuela, y su búsqueda se vio dificultada tanto el miércoles como este jueves por el mal tiempo.

Los fallecidos son el teniente coronel Michael Charles, que pilotaba el aparato; el coronel Michael Shahoud, comandante del Batallón de Primera Infantería, el teniente coronel Sean Welcome, el general de brigada retirado Gary Beaton y el sargento Jason Khan.

Los supervivientes, de los que no ha trascendido su estado, son el teniente coronel Andio Crawford y el cabo Dwayne Jackson.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró que “la magnitud de esta pérdida es inconmensurable” para el país y para la Fuerza de Defensa de Guyana.

“Mi corazón sufre y se ahoga de tristeza ante la trágica pérdida de algunos de nuestros mejores hombres uniformados”, lamentó en un comunicado.

Los restos del helicóptero fueron por primera vez avistados en esta jornada y los equipos de búsqueda y rescate informaron de “señales positivas de vida en el lugar”.

Se desplegaron tropas y equipos especializados, incluidos médicos, pero las inclemencias del tiempo impidieron que los efectivos pudieran descender al lugar del siniestro.

De acuerdo con las autoridades, el helicóptero partió de la Base Ayanganna, en el oeste de Guyana, a las 09:23 hora local del miércoles, con tres miembros de la tripulación y cuatro pasajeros.

Sin embargo, a las 11:20 hora local, la nave envió una alerta de emergencia en la zona de Arau, en el oeste de Guyana.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa, Omar Khan, explicó que el helicóptero aterrizó en Olive Creek para abastecerse de combustible. Luego de despegar se perdió la comunicación.

El oficial indicó que presuntamente la alerta de emergencia indica que el helicóptero se estrelló, cayó fuertemente o pudo haber sido alterado manualmente por un miembro de la tripulación.

Este accidente coincide con una escalada de la tensión entre Guyana y Venezuela por la disputa territorial que mantienen sobre la región de Esequibo.

El presidente de Guyana aseguró ayer que la Fuerza de Defensa está “en alerta máxima” y en contacto con sus homólogos militares de otros países, incluido el Comando Sur de Estados Unidos, ante la crisis con Venezuela.

Al menos 100 personas murieron este jueves durante un ataque contra una academia militar en Siria, según un observador de la guerra y un oficial de seguridad, luego de que un grupo de drones bombardearon el lugar minutos después de que el ministro de Defensa sirio abandonó una ceremonia de graduación.

Civiles y militares murieron en el ataque contra la academia militar en la provincia central de Homs, dijo el Ministerio de Defensa sirio en un comunicado, añadiendo que grupos "terroristas" habían utilizado aviones no tripulados para perpetrarlo. El comunicado no especificó ninguna organización y ningún grupo reivindicó de inmediato la autoría del ataque.

El ministro de Defensa sirio asistió a la ceremonia de graduación, pero se marchó minutos antes del ataque, según una fuente de seguridad siria y otra de la alianza regional que respalda al gobierno de Damasco frente a los grupos opositores.

"Después de la ceremonia, la gente bajó al patio y estallaron los explosivos. No sabemos de dónde salieron, y los cadáveres cubrieron el suelo", dijo un hombre que ayudó a preparar la decoración de la academia para la ocasión.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 100 personas fallecieron y más de 125 resultaron heridas. La fuente de la alianza que respalda al gobierno sirio dijo que el número de víctimas ascendía a al menos 100.

El conflicto de Siria comenzó con protestas contra el presidente Bashar al Assad en 2011, pero se convirtió en una guerra total que dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados.

El Ejército sirio quedó destruido por los combates y depende en gran medida del apoyo militar de Rusia e Irán, así como de combatientes respaldados por Teherán procedentes de Líbano, Irak y otros países.

Assad recuperó la mayor parte del país, pero una franja del norte, fronteriza con Turquía, sigue en manos de grupos armados opositores, incluidos combatientes yihadistas de línea dura.

El régimen de China intensificó este miércoles su presión militar sobre Taiwán con la incursión de 68 aviones y 10 buques de guerra cerca de la isla, por cuarto día consecutivo.

Un total de 40 cazas cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán, una demarcación no oficial aceptada tácitamente por Taipéi y Beijing.

“Entre el miércoles y el jueves por la mañana se detectaron 68 aviones del Ejército Popular de Liberación (PLA) y 10 buques del Plan de Exploración de la Tierra (PLAN) en los alrededores de Taiwán”, declaró el Ministerio de Defensa taiwanés en un comunicado.

Indicó que algunos de los aviones y barcos detectados este miércoles se dirigían a una zona no especificada del Pacífico Occidental para “realizar un entrenamiento conjunto de mar y aire con el portaaviones Shandong”.

Las incursiones se han vuelto frecuentes en los últimos meses, coincidiendo con el paso del portaaviones chino Shandong por las aguas al este de Taiwán, que Beijing reclama como parte de su territorio y amenaza con usar la fuerza si es necesario para reunificarlo.

Chieh Chung, un investigador local citado por la agencia CNA, aseguró que estas incursiones tienen como objetivo “presionar y provocar a Taiwán”, y que las más recientes son “una respuesta al tránsito por el estrecho realizado por un destructor estadounidense y una fragata canadiense el pasado sábado”.

La incursión se produce después de que Taipéi dijera que el miércoles se habían detectado 35 aviones de guerra chinos en los alrededores de la isla, algunos de los cuales volaron después para unirse al portaaviones chino Shandong en unas maniobras navales en el Pacífico Occidental.

En agosto, China realizó ejercicios militares por mar y aire alrededor de la isla en respuesta a las visitas a Estados Unidos del vicepresidente taiwanés, William Lai, al que acusó de “buscar el apoyo estadounidense para la independencia de Taiwán”.

La semana pasada, el régimen de Xi Jinping dijo que sus tropas estaban “en alerta constante” después de que dos buques pertenecientes a Estados Unidos y Canadá navegaran por el Estrecho de Taiwán.

La Marina estadounidense dijo que los buques eran el destructor guiado por misiles clase Arleigh Burke USS Ralph Johnson y el HMCS Ottawa, y que el tránsito “demuestra el compromiso de Estados Unidos y sus aliados y socios con un Indo-Pacífico libre y abierto”.

Estados Unidos y sus aliados occidentales han aumentado los cruces de “libertad de navegación” tanto por el Estrecho de Taiwán como por el disputado Mar del Sur de China para reforzar que ambos son vías navegables internacionales.

En abril, China realizó ejercicios militares para simular el cerco de Taiwán después de que la presidenta Tsai Ing-wen se reuniera con el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense Kevin McCarthy en California.

Agresiones contra la Guardia Costera de Filipinas

El pasado fin de semana, el ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán denunció que embarcaciones del régimen de Xi Jinping realizaron “maniobras peligrosas” y “provocadoras” contra la Guardia Costera de Filipinas en una zona en disputa del Mar de China Meridional.

“Mientras Taiwán lidiaba con las incursiones del Ejército Popular de Liberación que involucraban 17 cazas enemigos, China y su milicia marítima llevaron a cabo esta provocativa, no profesional e insegura maniobra para respaldar su reclamo territorial ilegal”, escribió la cancillería taiwanesa a través de la red social X.

“Taiwán y Filipinas deben apoyarse mutuamente, ya que juntos somos más fuertes”, añadió el mensaje del Ministerio de Exteriores.

Según un comunicado de la guardia costera filipina, el incidente ocurrió durante una misión de rutina de rotación y reabastecimiento cerca del banco de arena Ayungin, conocido en China como arrecife Ren’ai, e involucró a cuatro buques del régimen.

Este episodio se produce apenas unas semanas después de que Filipinas acusara a los barcos de la guardia costera china de disparar cañones de agua contra sus embarcaciones mientras intentaban reabastecer a las tropas estacionadas en el mismo banco de arena en la cadena de islas Spratly.

Expertos en seguridad marítima occidentales sostienen que Beijing controla una milicia marítima compuesta por cientos de embarcaciones, que actúa como una fuerza no oficial para respaldar sus reclamos territoriales tanto en el Mar de China Meridional como en áreas circundantes.

El presidente de Gabón, Ali Bongo -recientemente reelecto en polémicos comicios celebrados el sábado pasado-, fue derrocado hoy por militares que lo pusieron "bajo arresto domiciliario" acompañado de su familia y sus médicos, en tanto uno de sus hijos fue detenido acusado de "alta traición", anunciaron los oficiales sediciosos."El presidente Ali Bongo se encuentra bajo arresto domiciliario, rodeado de su familia y sus médicos", dijo un comunicado leído en la televisión estatal por los militares de la Comisión para la denominada Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI), citó la agencia de noticias AFP.Imágenes de televisión mostraron a cientos de personas que se concentraron al mediodía en las calles de Libreville, la capital de Gabón, para celebrar la acción sediciosa. 

Noureddin Bongo Valentin, hijo y estrecho colaborador del jefe del Estado; Ian Ghislain Ngoulou, jefe de gabinete, y otros funcionarios del gobierno, así como los números uno y dos del Partido Democrático Gabonés (PDG) de Bongo "fueron detenidos", dijo un coronel del Ejército, que leyó un comunicado esta madrugada para anunciar que los militares estaban "poniendo fin al régimen"."Han sido detenidos por 'alta traición a las instituciones del Estado, malversación masiva de fondos públicos, malversación financiera internacional en banda organizada (...), corrupción activa y tráfico de drogas'", precisó.

Después de que la autoridad electoral, el Centro Gabonés de Elecciones, anunciara oficialmente este miércoles la victoria de Bongo en los comicios del sábado, doce militares aparecieron en televisión para anunciar la disolución de las instituciones del Estado.Según la Comisión Electoral Nacional Autónoma y Permanente (Cenap), Bongo ganó las últimas elecciones presidenciales con el 64,27% de los votos, mientras que el candidato de la principal coalición opositora Alternancia 2023, Albert Ondo Ossa, quedó en segundo lugar con un 33,77%.

Ossa había denunciado "un fraude orquestado" por el oficialista Partido Democrático Gabonés (PDG).Los comicios se realizaron sin la presencia de observadores internacionales y con las conexiones a internet bloqueadas.Con este triunfo Bongo se aseguraba un tercer mandato de cinco años.El presidente derrocado estaba en el poder desde la muerte de su padre, Omar Bongo, en 2009, quien gobernó el país desde 1967.

El Gobierno de Perú autorizó el ingreso de más de 1.000 militares de Estados Unidos que realizarán entrenamientos con las FF.AA. y la Policía Nacional, según dos resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano.

La primera resolución, que fue aprobada por el Congreso y refrendada por el Ejecutivo, indicó que los militares estadounidenses llegarán al país con armas de guerra para realizar “actividades de cooperación de entrenamiento” en distintas fechas comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año.

Según el anexo adjunto, un primer grupo encargado del entrenamiento estará compuesto por 25 miembros de las Fuerzas Especiales de EE.UU. que contarán con fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, cañones cortos, morteros y escopetas.

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Durante su permanencia, efectuarán actividades con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec), las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC) y las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra. Además, con el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.

Según lo expuesto, los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac. Además, un equipo de cinco especialistas en asuntos civiles y un planificador de asuntos civiles estadounidense “proporcionarán apoyo y asistencia en operaciones especiales” a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En otra resolución, el Gobierno autorizó el ingreso de “medios aéreos, medios náuticos y personal militar” de Estados Unidos para que realicen “actividades de cooperación de entrenamiento” con las Fuerzas Armadas, asociadas con el Ejercicio Militar Internacional “Resolute Sentinel 2023”.

De acuerdo con lo informado, el ingreso de estos militares también será en distintas fechas, pero en ningún caso excederá el límite del 29 de agosto de 2023 para retirarse del territorio de Perú. Un primer grupo de 42 miembros de las Fuerzas Especiales participará en un entrenamiento con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, la Fuerza Especial Conjunta y el Grupo de Fuerzas Especiales de la FAP.

Otros 160 militares estadounidenses, que contarán con 9 aeronaves, entrenarán con el personal de los grupos aéreos número 3, 8 y 11 de la Fuerza Aérea del Perú, del Grufe, del Centro de Operaciones Espaciales (Copes), y del Centro Nacional de Imágenes de Satélite (Cnois).

Finalmente, en el ejercicio “Resolute Sentinel 2023” participarán 970 integrantes de la Fuerza Aérea (USAF), Fuerza Espacial (USSF) y las Fuerzas Especiales estadounidenses que, además de su armamento, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida. Las resoluciones fueron suscritas por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Vicente Romero, quien está encargado del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros mientras el primer ministro, Alberto Otárola, se encuentra fuera del país, y por el presidente del Congreso, José Williams.

Los enfrentamientos llevan una semana y murieron cientos de civiles. Se registraban ataques aéreos en el centro de Jartum, la capital.

Algunos ciudadanos extranjeros empezaron a ser evacuados de Sudán el sábado, tras una semana de enfrentamientos en los que han muerto cientos de civiles, mientras el ejército lanzaba ataques aéreos contra una fuerza paramilitar rival durante combates en el centro de Jartum.

La sangrienta embestida de la guerra urbana ha atrapado a muchas personas en la capital sudanesa. El aeropuerto ha sido blanco de repetidos ataques y residentes no han podido abandonar sus hogares ni salir de la ciudad hacia zonas más seguras.

Ascienden a 100 los muertos por tercer día consecutivo de violentos enfrentamientos en Sudán

Naciones Unidas y varios países han instado a los líderes militares rivales a respetar los altos el fuego declarados, que en la mayoría de los casos se han ignorado, y a abrir pasos seguros tanto para los civiles que huyen como para el suministro de la ayuda.

Con el aeropuerto cerrado y los cielos inseguros, miles de extranjeros -entre ellos personal de embajadas, cooperantes y estudiantes en Jartum y otros lugares del tercer país más grande de África- tampoco han podido salir.

El ejército declaró a primera hora del sábado que habilitaría vías seguras para evacuar a ciudadanos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China, mientras que Arabia Saudí y Jordania ya estaban evacuando a través de Port Sudan, en el mar Rojo. Los aeropuertos de Jartum y Nyala, la mayor ciudad de Darfur, presentaban problemas, agregó.

Un diplomático extranjero que pidió no ser identificado dijo que parte del personal diplomático en Jartum esperaba ser evacuado por vía aérea desde Port Sudan en los próximos dos días.

La embajada de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos de que había “información incompleta” sobre los convoyes que salían de Jartum y que los viajes serían por cuenta y riesgo de cada uno.

El ejército y la FAR paramilitar, que libran una mortífera lucha por el poder en todo el país, habían emitido sendos comunicados en los que anunciaron que mantendrían un alto el fuego de tres días a partir del viernes, con motivo de la festividad islámica de Eid al-Fitr.

Golpe de estado en Sudán: hay al menos 25 muertos y 183 heridos en todo el país

El súbito colapso bélico de Sudán hace una semana echó por tierra los planes de restaurar el Gobierno civil, mientras llevó a un país ya empobrecido al borde de la catástrofe humanitaria y amenaza con un conflicto más amplio que podría atraer a potencias extranjeras.

Todavía no hay señales de que ninguna de las partes pueda asegurar una victoria rápida o esté dispuesta a retroceder y dialogar. El ejército dispone de poder aéreo, pero la FAR está ampliamente implantada en zonas urbanas, incluidos los alrededores de instalaciones clave en el centro de Jartum.

El accidente ocurrió en Quibdó, en el oeste del país. La aeronave cumplía tareas de abastecimiento en la zona. El presidente Gustavo Petro confirmó que no hubo sobrevivientes.

Una tragedia aérea enlutó este domingo a Colombia. Un helicóptero del Ejército se desplomó en pleno vuelo y se cobró la vida de cuatro militares que se encontraban a bordo. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que no hubo sobrevivientes en el accidente registrado en Quibdó, en el oeste del país.

El mandatario envió un mensaje de condolencias a las familias y lamentó la muerte de los militares Héctor Jerez Ochoa, piloto al mando; Julieth García Cordero, piloto; Johan Orozco Neira, jefe de tripulación; y Rubén Leguizamón Perilla, técnico de vuelo. “No los dejaremos solos”, indicó Petro en un mensaje de Twitter.

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El mandatario ordenó a las autoridades desplazarse hasta Quibdó, la capital del departamento de Chocó, para atender e investigar las causas de la emergencia.

Por su parte, el coronel Héctor Candelario, comandante de la fuerza de tarea Titán, precisó que los uniformados iban a “llevarle alimento” a otros soldados “que cumplen misiones en el alto y bajo Baudó”, donde tienen fuerte presencia grupos armados ilegales. El helicóptero quedó “incinerado totalmente”, añadió el oficial.

Candelario dijo también que algunos pobladores del lugar aseguraron que “dos de los militares saltaron de la aeronave antes de que se estrellara contra el suelo”. Videos divulgados en las redes sociales muestran el momento en que el helicóptero da vueltas antes de desplomarse en la zona rural de Quibdó.

En el accidente murieron cuatro militares y no hubo sobrevivientes.

El Ejército, que extendió un mensaje de solidaridad a las familias de los militares que perdieron la vida y anunció que les dará apoyo y acompañamiento, detalló en un comunicado que se trataba de la aeronave Bell UH-1N, un helicóptero militar multifuncional de tamaño mediano.

Ese tipo de aeronaves han sido usados en Colombia desde hace décadas en operaciones contrainsurgencia, vigilancia aérea, rescate, evacuaciones, abastecimiento e incendios.

Quiénes eran los militares muertos por la caída del helicóptero

El capitán Jerez Ochoa, de 32 años, era el piloto del UH-1N con 13 años de servicio y contaba con un entrenamiento especializado en Estados Unidos para ese tipo de aeronaves. Era del Arma de Aviación, piloto de ala rotatoria, profesional en Ciencias Militares, administrador logístico y especialista en Ciencias Militares para el Planeamiento.

Por su parte, la teniente García Cordero, de 31 años, se convirtió en 2020 en la primera mujer del ejército colombiano en ser piloto de un UH-1N. Oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, había ascendido al grado de subteniente en el 2015.

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El sargento Orozco Neira, en tanto, tenía 31 años y era de Barranquilla. Era casado y tenía dos hijos. Había ingresado a la escuela Militar de Suboficiales en marzo de 2008 y ascendió al grado de cabo tercero en septiembre de 2009.

Por último, el Sargento segundo Leguizamón Perilla ingresó a la Escuela Militar de Suboficiales el año 2009. Bogotano de 35 años, estaba casado y tenía un pequeño hijo de cuatro años.

La detención de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo y líder de una facción del Cartel de Sinaloa, desata el caos en la capital del Estado de Sinaloa, evocando los enfrentamientos de 2019

La guerra ha vuelto a Culiacán este jueves, tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo y líder de Los Chapitos, una de las facciones del Cartel de Sinaloa. Presuntos integrantes del grupo criminal provocaron el caos en la capital del Estado de Sinaloa y en otras ciudades, con balaceras y bloqueos, despojando de sus vehículos y móviles a conductores. Los aeropuertos más importantes de Sinaloa cerraron y algunas carreteras estuvieron cortadas, con camiones y tráileres cruzados, envueltos en llamas.

Testimonios dibujan un panorama de terror en la capital, donde manadas de criminales armados, en moto o a pie, jugaban al gato y al ratón con las autoridades, tiros de por medio. Roberto, un pintor explica que los criminales le han quitado su coche a punta de pistola: “No sé cómo será un sitio de guerra, pero yo pienso que es lo mismo”, dice.

Son escenas conocidas en Culiacán, que hace tres años y tres meses vivió un episodio parecido, motivado igualmente por la captura de Ovidio Guzmán. Entonces, el empuje de Los Chapitos forzó la retirada del Ejército, que había detenido a Guzmán en su casa, en el centro de la ciudad. Sus secuaces causaron el caos, con bloqueos, tiroteos y vehículos quemados y los militares liberaron finalmente al líder criminal.

En esta ocasión, las autoridades han conseguido su objetivo y han trasladado a Guzmán a la capital, pese al berrinche de Los Chapitos. La consecuencia de esta victoria es una ciudad aterrorizada. En una comparecencia ante los medios, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ha explicado que los criminales bloquearon hasta 19 avenidas, bulevares y carreteras, solo en Culiacán, cerca del aeropuerto, de la base aérea militar número 10, pero también en las salidas norte y sur.

Aunque el operativo para capturar a Guzmán ocurrió de madrugada, en un poblado a una hora del centro de la ciudad, Jesús María, los enfrentamientos y bloqueos se han empezado a sentir en zona urbana a eso de las 6.15 de la mañana. Juan, nombre ficticio, ha llegado al aeropuerto un cuarto de hora antes para volar a Ciudad de México. Había pasado los controles y esperaba en la sala de abordaje cuando de repente ha empezado a escuchar disparos.

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“Han sido como cuatro o cinco ráfagas que se escucharon. Entonces, dije, ‘¿pues qué será?’, Me metí a Twitter a ver si alguien contaba qué pasaba, y de pronto veo que ya estaban reportando bloqueos, carros quemados. Y dije ‘uf, no, esto ya está cañón’. Luego llegó el avión y no sabíamos si íbamos a salir o no”, explica. Los trabajadores de la aerolínea les han hecho subir, pero el avión aún estuvo parado un rato en pista, sin despegar. “La gente ya estaba medio paranoica”, añade el hombre. Finalmente, despegaron.

Su avión ha sido uno de los últimos que ha salido este jueves por la mañana de Culiacán, que luego ha suspendido operaciones. En redes sociales han empezado a aparecer vídeos donde trabajadores y viajeros corrían a resguardarse en la terminal, ante los tiroteos. También han trascendido vídeos de disparos en las mismas pistas del aeródromo. En una de las secuencias más impactantes de la jornada, decenas de pasajeros de un vuelo que estaba a punto de despegar se echaban a tierra para evitar los impactos. El plomo ha alcanzado al menos a un avión de Aeroméxico y a otro, de las Fuerzas Armadas.

Culiacán: pánico a bordo tras un tiroteo dentro de un avión

En las calles, la situación era muy extraña. Un periodista que vive cerca del Malecón Nuevo, en pleno centro, despertó y cuando miró el móvil, encontró varios mensajes diciéndole que no se le ocurriera salir. “Hablaban de un enfrentamiento en Jesús María, pero no sabía lo que estaba pasando”, cuenta. Su nombre no aparece en esta crónica por seguridad. “Durante la mañana recibimos reportes de colegas a quienes les robaron el vehículo, también el celular en algunas ocasiones. Ahorita es la incertidumbre. Ahora, después de la detención, empiezan a llegar mensajes de saqueos o de despojos”, narra.

Varios compañeros han sufrido lo que cuenta, reporteros que trataban de hacer su trabajo y que se toparon con grupos de criminales. Uno ha contado, por ejemplo, que los criminales le quitaron su coche y que luego se refugió en un hotel. Un grupo de individuos llegó más tarde al hotel a exigir a los huéspedes las llaves de sus coches. Otro ha narrado una historia parecida: criminales que le arrebataron su coche. No le ha quedado otra que seguir trabajando a pie.

?#ÚLTIMAHORA|?Fuertes imágenes del ISSSTE de Culiacán. Se rumorea qué hay varios elementos de la guardia nacional heridos en el hospital.

?Hasta el momento las autoridades no han confirmado ningún deceso de los elementos de seguridad. pic.twitter.com/uwmE87pKaX

— MeganoticiasCuliacán (@MeganoticiasCLN) January 5, 2023

En tanto, el secretario de la secretaría de Defensa (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval, ha informado que, durante el operativo de ayer para detener a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, murieron 29 personas, entre ellas 10 militares.

El motín del penal de Guayas se generó ante la resistencia de los internos a ser llevados a otros recintos y coincide con una ola de violencia en esa provincia y en la de Esmeraldas.

Al menos dos presos murieron y 11 policías y tres militares resultaron heridos este jueves en un nuevo motín en la mayor cárcel de Ecuador, en Guayaquil, mientras se registraron en la jornada otros siete ataques con explosivos en Durán y Santo Domingo.

La Fiscalía ecuatoriana informó en un comunicado que el motín en el penal de Guayas se generó ante la resistencia de los internos a ser trasladados a otros recintos y coincide con una ola de violencia en esa provincia y en la de Esmeraldas.

Atentados en Ecuador: asesinaron a cinco policías en reacción al plan de reorganizar cárceles

Una fuente del organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI), que pidió no ser identificada dijo que los uniformados fueron atacados a balazos y con explosivos cuando ingresaron a los pabellones de la penitenciaría Guayas 1, donde se enfrentan los reclusos, informó la agencia de noticias AFP.

Los choques estallaron en medio del estado de emergencia que rige en Guayaquil, azotada por una arremetida del narcotráfico que deja cinco policías y un civil muerto en ataques dirigidos contra puestos de mando y gasolineras.

El SNAI señaló en un comunicado que reclusos “responden con violencia contra servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, inclusive con el uso de granadas”.

Masacre carcelaria en Ecuador: hay al menos 15 presos muertos y 21 heridos

Con el apoyo de policías y militares, el SNAI inició el traslado de presos de la penitenciaria Guayas 1, controlada por organizaciones del narco, hacia otros centros de reclusión para reducir el hacinamiento.

El organismo sostuvo que los ataques se deben a “acciones emprendidas para la reducción del hacinamiento, que contemplan mejoras en la infraestructura y fortalecimiento de la seguridad” en los centros y señaló que los responsables de los ataques son presos “integrantes de grupos de delincuencia organizada”.

El Tribunal Oral Federal 2 de CABA condenó a prisión perpetua a tres ex militares del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra cinco personas durante la última dictadura cívico-militar.

Resultaron condenados los ex oficiales del Ejército Horacio Linari, Emilio Pedro Morello y Martín Eduardo Sánchez Zinny, quienes fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. El tribunal decidió absolver a los otros dos imputados, Rubén Andrade y Luis Alberto Brun.

Condenas por los delitos de Lesa Humanidad en Laguna Paiva

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos había solicitado prisión perpetua para los cinco acusados, por lo que una vez publicados los fundamentos de la sentencia, previstos para el 6 de octubre, analizará si recurre las dos absoluciones. También había solicitado que el cumplimiento de la pena fuera en una cárcel común, sin embargo, el Tribunal decidió que los tres condenados continúen con el beneficio de la prisión domiciliaria.

Este es el primer juicio oral que abarca los delitos cometidos por la patota del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes. A partir de testimonios de sobrevivientes, conscriptos e incluso de personal militar subalterno, se reconstruyó el rol activo que tuvo este destacamento militar en el plan sistemático de detención, tortura y exterminio.

Como subtenientes, Brun, Linari, Morello y Sánchez Zinny fueron jefes de sección dentro de las Compañías de Infantería A, B y C del Regimiento, mientras que Andrade era cabo primero y jefe del grupo de Tiro de la Compañía A.

El debate abordó los crímenes cometidos contra cinco personas que militaban en el PRT-ERP y estaban vinculadas a la edición, impresión y distribución de las revistas El Combatiente y Estrella Roja.

Los hechos ocurrieron durante dos operativos represivos realizados el 14 de junio de 1976 en una casa en Haedo, en el que fueron secuestrados Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla, ambos continúan desaparecidos; y el 10 de julio siguiente en una casa de la localidad de San Andrés (partido de San Martín), en la que fueron secuestrados y torturados Pablo Pavich y una persona sin identificar y fue asesinado Jorge Emilio Arancibia.

Se inició el juicio por delitos de lesa humanidad en Laguna Paiva

La causa llegó a juicio por 32 víctimas más, pero con el apartamiento por incapacidad de Alberto Schollaert, quien fue jefe del Regimiento, esos hechos quedaron fuera del debate y el Tribunal rechazó los pedidos de querellas y fiscalía para incluirlos en base al derecho a la verdad.

Tampoco pudieron ser juzgados por fallecimiento o por incapacidad los ex oficiales del Ejército Serapio Eduardo Del Río, Luis Felipe Fernández Bustos y Gustavo Delfor González Sass.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante y también participó a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas, que acompañó a familiares y sobrevivientes durante el debate, y del ex Programa Verdad y Justicia, hoy parte de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, en la elaboración de informes sobre el funcionamiento del Regimiento y su rol durante el terrorismo de Estado.

El ministro de Defensa se refirió a Michel Natanael Verón, el soldado de 26 años que sufrió el desplazamiento de dos vertebras al sufrir una golpiza de sus compañeros en Misiones. “Actuaremos con dureza y firmeza”, dijo.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dijo este domingo que “esto del bautismo” en los cuarteles “no va más” y que habrá “sanciones y relevos”, ante el caso del cabo del Ejército egresado que sufrió graves lesiones durante una de esas prácticas a manos de superiores.

Taiana se manifestó “muy molesto con lo que pasó con el soldado. Ha sufrido muchas lesiones, tiene fracturada una vértebra. No solo es inaceptable, durante esta semana se ha desplegado una misión del Ejército, esto de los bautismo no va más”, dijo el ministro en declaraciones a Radio 10.

“Es un soldado voluntario que pasó a cabo y ha sufrido graves lesiones”, agregó el titular de Defensa. “Hay todo un movimiento de rechazo a los bautismos, va a haber sanciones a jefes y relevos. Es algo claramente prohibido y hay una desobediencia. Habrá relevo de los jefes de unidad”, agregó el funcionario nacional.

Al respecto, el funcionario precisó: “Actuaremos con dureza y firmeza”.

“Bautismo”: grave lesiones sufrió un soldado y el Ejército suspendió a 15 militares

El caso Michel Natanael Verón, de 26 años, sufrió el desplazamiento de dos vértebras tras participar de un almuerzo en el Club de Suboficiales del Ejército en Apóstoles, Misiones, donde se realizó un bautismo a los cinco egresados que se iban a incorporar al Regimiento de Monte 30.

La Secretaría General del Ejército informó anoche que se dispuso la suspensión de “dos oficiales y trece suboficiales” que se desempeñaban en el Regimiento de Infantería de Monte 30, según “lo dispuesto en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas”.

Sobre Verón, el Ejército indicó que “fue intervenido quirúrgicamente como consecuencia de lesiones en la columna vertebral y actualmente se encuentra estable en el sanatorio Boratti de la ciudad de Posadas”.

Este caso se conoció semana después de la muerte del subteniente Matías Chirino durante una “iniciación” en el regimiento de la localidad correntina de Paso de los Libres.

El joven lesionado fue identificado como Michel Natanael Verón, de 26 años, quien sufrió el desplazamiento de dos vértebras tras participar de una ceremonia de bautismo en el Club de Suboficiales del Ejército en Apóstoles.

Un cabo recién egresado de la escuela militar sufrió lesiones en su columna vertebral tras participar de una ceremonia de bautismo en el Club de Suboficiales de la localidad misionera de Apóstoles, tras lo cual el Ejército radicó una denuncia en la justicia y suspendió en sus funciones a dos oficiales y 13 suboficiales.

El joven lesionado fue identificado como Michel Natanael Verón, de 26 años, quien sufrió el desplazamiento de dos vértebras tras participar de un almuerzo en el Club de Suboficiales del Ejército en Apóstoles, donde, según lo denunciado por su madre, se realizó un bautismo a los cinco egresados que se iban a incorporar al Regimiento de Monte 30.

La madre del joven, Mónica, reveló en un mensaje por YouTube que a su hijo “le hicieron hacer un asado para todos pero no se lo dejaron comer” y “le hicieron tomar vino puro con fondo blanco. mezclado con chimichurri, limón y otras bebidas alcohólicas”.

Corrientes: un subteniente de 22 años del Ejército Argentino murió tras una fiesta de “bautismo”

“Eran cinco chicos los que egresaron, él estaba tan feliz con su egreso por todo el esfuerzo que le demandó y ahora le hacen un bautismo” lamentó la mujer.

Y, aseguró que los superiores del regimiento “estaban en ese bautismo”.

Sergio Jurczyszyn, comandante de la Brigada de Monte, dijo que un equipo de intervención del Ejército ya ha entrevistado a los testigos del hecho y apuntó que “son simplemente relatos pormenorizados, pero tienen bastantes certezas como para que me permitan resolver comenzar con una instrucción por falta disciplinaria gravísima”.

“Hay una presunción de delito de abuso de autoridad, en el cual me voy a presentar ante la justicia federal para hacer la denuncia”, sostuvo, según la prensa misionera.

A su vez, la Secretaría General del Ejército informó el sábado a la noche que se dispuso la suspensión de “dos oficiales y trece suboficiales” que se desempeñaban en el Regimiento de Infantería de Monte 30 según “lo dispuesto en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas”.

Respecto de Verón, el Ejército, indicó que “fue intervenido quirúrgicamente como consecuencia de lesiones en la columna vertebral y actualmente se encuentra estable en el sanatorio Boratti de la ciudad de Posadas”.

“Las causas de las lesiones sufridas están siendo investigadas y son motivo de una instrucción disciplinaria por presunción de faltas gravísimas que involucra a miembros de la unidad militar de pertenencia”, añadió el Ejército.

Y, remarcó que “los comportamientos que se alejan de las normas de convivencia establecidas en las prescripciones legales y reglamentos militares, constituyen potenciales inconductas que están tipificadas como delito en el Código Penal de la Nación”.

Por eso, autoridades del Ejército Argentino realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Federal de la Ciudad de Posadas”.

La madre del soldado señaló: “Lo único que pido es Justicia y que se investigue hasta las últimas consecuencias” porque, afirmó, “a Michel lo humillaron, lo hicieron bailar y le hicieron tomar bebidas alcohólicas de toda clase”.

Este caso se conoció semana después de la muerte del subteniente Matías Chirino durante una “iniciación” en el regimiento de la localidad correntina de Paso de los Libres.

Una grabación muestra el momento en que la víctima es subida a una camioneta de la Marina. El crimen se perpetró para ocultar los constantes robos de materiales metálicos en una zona de la ciudad. El secuestro y posterior asesinato de un policía civil a manos de militares en Río de Janeiro conmociona a Brasil. Un video divulgado por O Globo muestra el momento en que la víctima, Renato Couto Mendonça, es inmovilizado y llevado a la fuerza a una camioneta de la Marina en la zona norte de la ciudad.

Según el sitio, la grabación fue hecha el viernes pasado, el último día en que se vio con vida al perito dactiloscópico de la policía carioca.

Su cuerpo fue hallado a orillas del río Guandú, en la llamada Bajada Fluminense. Las pericias confirmaron que el policía fue baleado y arrojado vivo al agua. Su deceso se produjo por asfixia mecánica causada por ahogamiento.

El crimen fue perpetrado para ocultar el robo sistemático de materiales metálicos en la zona que tendría como receptor final un depósito de chatarra.

En el video se observa cómo tres hombres inmovilizan a Couto y lo suben a una camioneta, que huye del lugar. La grabación dura menos de dos minutos.

Por el crimen están detenidos e imputados el sargento primero Bruno Santos de Lima y su padre, el empresario Lourival Ferreira de Lima, dueño de un depósito de chatarra. En la causa también están involucrados los soldados del 1° Distrito Naval Manoel Vitor Silva Soares y Daris Fidelis Motta.

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Los cuatro están imputados por homicidio triplemente calificado y ocultamiento del cadáver.

Cuál fue la causa del crimen del policía carioca a manos de un grupo de militares O Globo dijo que el crimen fue organizado para tapar los constantes robos de materiales metálicos en la zona. Couto estaba refaccionando su casa y realizó varias denuncias contra el dueño de la chatarrera, acusado de recibir el resultante del delito.

Una de las hermanas de la víctima, Débora Couto de Mendonça, afirmó: “Queremos justicia y que sean castigados severamente. Nada justifica lo que hicieron. Todo está en video. Mi hermano había estado ahí varias veces. Ellos se pusieron de acuerdo para matarlo. Mi hermano solo buscaba lo que era suyo. Solo fue a revisar lo que había ahí. Mi hermano fue atacado. Eran de un depósito de chatarra ilegal”, indicó.

En tanto, uno de los acusados, el sargento primero Bruno Santos de Lima, hijo del empresario, dijo que la víctima había amenazado a su padre con una pistola y le reclamaba el pago de 10.000 reales (unos 2000 dólares). Por ello, según su versión, llamó a sus subalternos para “defender” a su padre.

Además, relató que la víctima fue baleada en medio de una pelea y luego subido a la camioneta que aparece en el video. Finalmente, contó que arrojaron el cuerpo al río.