La Alta Comisionada para los DDHH citó un informe acerca de las políticas restrictivas llevadas a cabo por el gobierno de Gildo Insfrán durante la pandemiaLa Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, habló en ese organismo sobre “las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa”, durante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

La ex presidenta de Chile se refirió este lunes a un informe de la ONU acerca de las políticas restrictivas que llevó a cabo el gobierno de Gildo Insfrán en esa provincia argentina, “cuando la pandemia se apoderó de ella”.

“En Argentina, el equipo de la ONU en el país se movilizó rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa cuando la pandemia se apoderó de ella. El Coordinador Residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de UNICEF, UNFPA, OMS / OPS y ACNUDH. Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluye abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”, indicó Bachelet en un documento oficial, en el marco del Consejo de Derechos Humanos del organismo.

“El llamado a la acción ha sido decisivo para desbloquear cambios significativos. Será una ayuda fundamental a medida que trabajemos para cumplir con la ambición de la nueva generación de análisis comunes del país y los marcos cooperación para el desarrollo sustentable. Tenemos que asegurarnos de que todos los actores de las Naciones Unidas comprendan quiénes son los más marginados y por qué y que identifiquemos conjuntamente los retrocesos en materia de derechos humanos, como así también que actuemos juntos cuando el apoyo colectivo de la ONU para ayudar a los Estados a abordar los principales retos en materia de derechos humanos, incluidas las desigualdades estructurales”, añadió.

No hay antecedentes en los últimos años de una mención de este estilo en una actualización oral de la alta comisionada. De hecho, Argentina pasó así de tener la Vicepresidencia del Consejo de derechos humanos a ser citados por la situación comprometida en esa materia, en este caso en la provincia de Formosa.

A principios de febrero de este año, la oposición, con el PRO a la cabeza, envió un informe a Bachelet para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa, por los regímenes de aislamiento y distanciamiento obligatorios impuestos debido al COVID-19.

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, junto a otros siete referentes del partido, expusieron en ese documento casos concretos, con nombre y apellido, “de personas que han sido víctimas de injustificables decisiones gubernamentales”.

Quienes firmaron el informe enviado a Bachelet mostraron en ese momento “su preocupación” y se pusieron a disposición de la Alta Comisionada de DDHH en la ONU, “esperando que se impulsen ‘Alertas Tempranas’ sobre la situación crítica que vive la provincia de Formosa”.

El informe de 25 páginas concluyó que el esquema de prohibiciones establecido por el Gobierno nacional, su implementación y control, operó como un régimen propicio y adecuado para la violación de los derechos humanos de los y las habitantes del país. Agregó que el Gobierno nacional, y en particular el Gobierno provincial de Formosa, desarrollaron una política que favoreció y promovió acciones gubernamentales arbitrarias en perjuicio de la vida, la salud, la integridad y la dignidad de las personas. Asimismo, el texto afirmó que los organismos gubernamentales nacionales no ejercieron el debido control para evitar estas violaciones de derechos y no llevaron a cabo acciones suficientes para garantizar el respeto a estos derechos fundamentales.

Unos días antes de esa presentación de la oposición, el secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla, había visitado Formosa. A pesar de las múltiples denuncias, aseguró que no había delitos de lesa humanidad en Formosa. ”(Los centros) son lugares que están con aire acondicionado, nadie se quejó de la comida, nadie se quejó del trato de las personas que están a cargo del lugar… Sí hubo reclamos de ciertas cuestiones puntuales, donde no se les explicó más los detalles de los procesos de hisopado y vacunación. Eso lo transmitimos y la idea es que haya más diálogo”, explicó Pietragalla, desconociendo todas las acusaciones de los referentes opositores de aquella provincia.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU denunció asimismo la incapacidad de los países en invertir en sus sistemas de salud, la reacción tardía a la pandemia o la falta de transparencia sobre su propagación.

La máxima funcionara de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que la pandemia de coronavirus “dejó al descubierto todas las fisuras y fragilidades de nuestras sociedades”, además de poner en la cuerda floja “el conjunto de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos”.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU denunció asimismo la incapacidad de los países en invertir en sus sistemas de salud, la reacción tardía a la pandemia o la falta de transparencia sobre su propagación.

“La Covid-19 reveló nuestra incapacidad para hacer respetar estos derechos, no solamente por que no pudimos hacerlo, sino también porque descuidamos hacerlo o elegimos no hacerlo”, afirmó Bachelet en un discurso en Ginebra de apertura de la conferencia anual sobre las perspectivas de los derechos humanos en el mundo.

“Politizar una pandemia de esta manera, es más que irresponsable, es totalmente censurable”, agregó la expresidenta chilena, cuyo discurso fue reproducido parcialmente por la agencia de noticias AFP.

“En los últimos once meses los pobres se han empobrecido más y los que padecen de discriminación sistémica son los que más han sufrido”

“En los últimos once meses los pobres se han empobrecido más y los que padecen de discriminación sistémica son los que más han sufrido”, citó Bachelet.

Por último la Alta Comisionada pidió que se aprenda de esta experiencia para poder construir un mundo mejor.

“Porque si no lo hacemos, sobre todo en lo que respecta al cambio climático, 2020 solo será el primer capítulo antes del inicio de una nueva calamidad. Estamos avisados”, concluyó.

Crítica de cómo los gobiernos están enfrentado la pandemia desde la perspectiva de los DDHH, Bachelet señala que muchas medidas son abordadas sólo con una carácter temporal y de corto plazo y dejan de lado las amenazas estructurales que afrontan muchas de las comunidades más afectadas del mundo.

“La Covid-19 reveló nuestra incapacidad para hacer respetar estos derechos, no solamente por que no pudimos hacerlo, sino también porque descuidamos hacerlo o elegimos no hacerlo”

Los planes de respuesta a la pandemia de Covid-19 “no producen cambios en las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas vulnerables, ni mejoran su situación frente a futuras crisis”, señaló la ex presidenta de Chile en octubre, en un crítico artículo.

A pesar de que el gasto de los gobiernos del mundo en la respuesta al coronavirus supera los 11 billones de dólares, esos recursos cubrieron básicamente a los países ricos, mientras que los países en desarrollo -sobre todo los de renta baja-, no pueden implementar la respuesta a la crisis que necesita su población ni los sistemas de protección social a largo plazo que crearían resiliencia ante las crisis.

Bachelet sostuvo que las fuerzas armadas de algunos países se están involucrando en asuntos públicos o en tareas de seguridad, reclamó que esta práctica no se torne común y alertó que la pandemia podría causar levantamientos sociales en países de la región con profundas desigualdades.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sostuvo hoy que las fuerzas armadas de algunos países latinoamericanos se están involucrando en asuntos públicos o en tareas de seguridad que corresponden a la policía, reclamó que esta práctica no se torne común y alertó que la pandemia de coronavirus podría causar levantamientos sociales en países de la región con profundas desigualdades.

Esta tendencia parece ser clara en países como Brasil, México y El Salvador, que Bachelet mencionó en la presentación de su informe sobre la situación global de los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos que reanudó hoy sus sesiones en Ginebra.

El reporte no hizo mención a Bolivia, donde el Gobierno de facto surgido tras un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales es señalado por la oposición y movimientos sociales como responsable de actos de represión a las protestas públicas.

El informe, que recoge la agencia de noticias EFE, coincide con el drama que se vive en Latinoamérica por la expansión del coronavirus, del cual se contabilizan más de ocho millones de casos confirmados, de un total de casi 29 millones a nivel mundial.

Según el análisis de la expresidenta chilena, la pandemia expuso las profundas desigualdades de desarrollo en Latinoamérica, lo que sumado a sistemas democráticos frágiles podría provocar levantamientos populares.

Según el análisis de la expresidenta chilena, la pandemia expuso las profundas desigualdades de desarrollo en Latinoamérica, lo que sumado a sistemas democráticos frágiles podría provocar levantamientos populares

En medio de esta crisis social, los activistas y periodistas, particularmente aquellos dedicados a la defensa del medio ambiente y del derecho a la tierra, están sufriendo persecución a niveles rara vez vistos en democracia.

“Pido a los gobiernos que se abstengan de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y periodistas porque esto los pone en más riesgo de sufrir ataques y también aliento a que se investigue y procese a los autores”, añadió.

El organismo documentó en Colombia el asesinato de 47 activistas en lo que va de 2020, con otros 44 casos en curso de verificación, mientras que en México los periodistas muertos en circunstancias violentas fueron cuatro, y siete los activistas.

En Honduras el colectivo LGBTI es el grupo más perseguido y siete mujeres trans fueron asesinadas desde que se impuso el estado de emergencia a mediados de marzo, coincidiendo con la llegada de la pandemia a Latinoamérica.

La violencia rural y los desalojos de comunidades sin tierra en Brasil se suman a los ataques contra activistas y periodistas, con un total de 10 asesinados este año.

“La continúa erosión de los órganos independientes para la consulta en Brasil es preocupante”, criticó.

En su primer día de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos también recibió información actualizada de Bachelet sobre las delicadas situaciones en Venezuela y Nicaragua.

El Gobierno nicaragüense mantiene su negativa a dialogar con la ONU para intentar rebajar las tensiones.

En tal sentido, Bachelet dijo que se confirmó que la Ley de Amnistía aprobada en 2019 “ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos” contra participantes en manifestaciones antigubernamentales.

La alta comisionada anunció que se ha renovado por un año el acuerdo de cooperación entre su oficina y el Gobierno de Venezuela.

Este acuerdo permitirá desplegar un equipo de seis funcionarios en el país, frente a los dos que tiene actualmente, aunque la voluntad de Bachelet es establecer una verdadera oficina en Caracas.