Un megaoperativo tuvo lugar en la provincia de Córdoba donde se realizaron más de 30 allanamientos y se lograron 19 detenciones en el marco de causas por narcotráfico.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarrolló este miércoles 30 allanamientos simultáneos en los barrios Villa Boedo, Villa Los Tingados, Renacimiento, Colonia Lola y San Jorge de la ciudad de Córdoba y en dos celdas de la cárcel de Bouwer.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que se logró desbaratar a una organización narcocriminal compuesta por 19 personas, en su mayoría familiares.

Además, se pudo secuestrar cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos y elementos relacionados a la causa.

Penélope, conocida como “la musa del crimen”, murió durante el megaoperativo policial realizado el martes en los complejos de Alemão y Penha, que dejó un saldo de más de cien muertos. La joven brasileña estaba vinculada al Comando Vermelho, la organización narco más poderosa de Río de Janeiro.

Según confirmaron las Fuerzas de Seguridad de Río a medios locales, Penélope fue identificada como una de las principales integrantes de la facción. De acuerdo con el sitio g1, durante el operativo, la mujer “se resistió al arresto y abrió fuego contra la policía, resultando abatida a tiros”.

Penélope tenía 25 años y era oriunda de una favela del norte de Río. Formaba parte de la línea de defensa del grupo, protegiendo rutas de escape y puntos de venta de drogas. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo del glamour y la violencia del Comando Vermelho.

En redes sociales se presentaba como “la musa del crimen” y acumulaba más de 50.000 seguidores en Instagram, donde publicaba fotos con armas de alto calibre, chalecos antibalas, joyas y fajos de dinero. Tras su muerte, su cuenta fue eliminada.

El apodo se popularizó entre los simpatizantes de la banda y la convirtió en una figura conocida dentro de las comunidades controladas por el grupo. En varias publicaciones aparecía frente a autos de lujo o mostrando grandes sumas de dinero, consolidando su notoriedad tanto dentro como fuera de las favelas.

Su cuerpo fue encontrado cerca de uno de los accesos a la comunidad de la Penha, vestida con uniforme camuflado, chaleco antibalas y botas tácticas, durante los enfrentamientos entre el Comando Vermelho y las fuerzas de seguridad.

El operativo, considerado uno de los más grandes de la historia reciente de Brasil, dejó 121 muertos, incluyendo policías, y generó un amplio debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en las favelas.

En la madrugada de este miércoles, residentes del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, trasladaron más de 50 cuerpos a la plaza São Lucas de la comunidad. A primeras horas de la mañana llegó Defensa Civil al lugar para llevarse los cuerpos.

Los cadáveres fueron hallados en la zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado.

Moradores já desceram mais 56 corpos já confirmados no Complexo da Penha e Complexo do Alemão. 64 corpos já foram noticiados. OU SEJA, pelo menos 120 MORTES. A maior chacina da história do Rio de Janeiro do Cláudio Castro e Eduardo Paes. #RJNoAr CLÁUDIO CASTRO CRIMINOSO PEC DA… pic.twitter.com/vj3S29Orev

De acuerdo con las cifras oficiales, la acción dejó al menos 64 muertos y 81 personas detenidas. Entre las víctimas fatales hay cuatro policías.

La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cuerpos, declaró que varios cadáveres presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”.

Organizaciones y defensores de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de DDHH la presencia de interventores y peritos internacionales en Río.

Los cadáveres fueron retirados de la parte trasera de un vehículo con la ayuda de personas en situación de calle. Entre quienes colaboraron en la remoción había menores. Un niño de aproximadamente nueve años asistió en la tarea, informó el periódico Folha de San Pablo.

Uno de los cuerpos no tenía cabeza. La misma fue transportada en una bolsa. En medio de la conmoción, uno de los presentes gritó a los familiares: “Es uno de cabello rojo”. Las manos del cadáver estaban cerradas, apretando césped.

Los cuerpos, alineados en la plaza, estaban rodeados de habitantes del barrio que intentaban identificar a sus familiares y conocidos. Una mujer gritaba: "Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?“. La madre de una de las víctimas, un joven de 20 años, comentó haber encontrado a su hijo con la muñeca atada en la zona boscosa.

La ONU se mostró "horrorizada" por la operación letal contra el crimen organizado en RíoEl activista Raull Santiago informó que la exposición de los cuerpos fue solicitada por los familiares, con el fin de mostrar en qué condiciones fueron hallados. “Una escena que entra para la historia de terror de Brasil”, expresó.

Según Santiago, los cuerpos localizados en la madrugada no figuran en el balance oficial de muertes. El gobierno estatal no ha emitido aún ningún comunicado sobre esta situación.

Un importante operativo contra el narcotráfico se concretó en Concepción del Uruguay, tras una exhaustiva investigación que se extendió durante varios meses. La acción fue llevada adelante por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina (Zona Bajo Uruguay).

Los allanamientos se realizaron en distintas viviendas de los barrios 25 de Mayo y 30 de Octubre, donde operaba una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

El operativo culminó con siete detenidos (cuatro mujeres y tres hombres), todos incomunicados por disposición judicial.

Durante los allanamientos se secuestraron más de 10 kilogramos de marihuana y más de tres kilogramos de cocaína, además de 8.422.710 pesos y 3.802 dólares.

También se incautaron 10 armas de fuego -cinco revólveres, cuatro fusiles y una pistola- junto con 67 municiones de distintos calibres, además de tres vehículos: una camioneta Ford Ranger, un Volkswagen Polo y una motocicleta Keller 110.

En el lugar, los agentes hallaron máquinas contadoras de dinero, una balanza de precisión, 33 teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y equipamiento informático utilizado para las actividades ilícitas.

En el marco del megaoperativo, también se procedió a la identificación de 38 personas, entre ellas 22 menores de edad (4 mujeres y 18 varones) y 14 adultos, que se encontraban en los domicilios allanados.

Las autoridades remarcaron que el trabajo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval permitió desarticular una estructura criminal con amplio alcance territorial.

El material incautado fue puesto a disposición de la Justicia Federal, mientras se continúa con el análisis de la evidencia digital y documental.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. María Josefina Minatta, con la intervención de la Secretaría de la Dra. Mariela Montefinale y del Juez Federal Subrogante Dr. Hernán Viri.

Las fuerzas federales y provinciales actuaron conforme a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes. Los investigadores no descartan que, a partir del material recolectado, la Justicia Federal disponga nuevas medidas o detenciones complementarias en el marco de la causa.

“Este trabajo es el resultado de meses de investigación y cooperación interinstitucional. Felicitamos al personal por la dedicación y el profesionalismo demostrado”, expresó el comisario Esteban Allegrini, tras el procedimiento.

Una mega organización dedicada al juego ilegal en línea fue desarticulada tras 53 allanamientos en distintas localidades del Conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis que concluyeron con 18 detenidos y más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional. Dicha banda criminal se dedicaba a canalizar y blanquear activos de origen ilícito obtenidos a partir de plataformas de apuestas online clandestinas.

La investigación se inició en mayo de 2023, a partir de los datos aportados por un informante protegido, quien dio cuenta de la existencia de una red que administraba sitios de juego ilegal y realizaba operaciones financieras orientadas al lavado de activos.

Con las primeras investigaciones se permitió confirmar la "existencia de una estructura criminal compleja y jerarquizada, encabezada por el imputado R.J.Z., que ofrecía juegos de azar en línea sin autorización estatal mediante distintas plataformas web y redes sociales". Entre los dominios detectados se encontraban www.celuapuestas.com, www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com, www.celuapuestas-bet-ar.com, www.celuapuestas.io, www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space.

Desde el portal Fiscales se describió que la estructura criminal contaba con una jerarquía y distribución de roles bien definida y su círculo de mayor confianza estaba integrado por otros/as ocho imputados/as.

"Un segundo subgrupo, conformado por al menos otras 17 personas, se habría incorporado paulatinamente para ejecutar las órdenes de R.J.Z. en el manejo de las sociedades y bienes, administrando los activos para introducirlos en el mercado lícito", sumaron.

También detectó una posible dimensión internacional en las operaciones de la red ya que se registraron viajes a Panamá y República Dominicana.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la organización montó y operó una plataforma clandestina de juegos de azar que funcionaba por fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. El flujo de dinero se generaba a través de una red de "franqueros" y "cajeros" que vendían fichas a los apostadores, gestionaban usuarios y difundían las plataformas a través de WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook.

El dinero proveniente de esas operaciones se canalizaba luego a través de cuentas y billeteras digitales que, si bien eran controladas de facto por los líderes de la red, estaban formalmente registradas a nombre de testaferros, incluyendo familiares, empleados o personas sin capacidad económica real para justificar dichos movimientos, lo que permitía disfrazar la titularidad de los fondos y dificultar su rastreo.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados implementaron un sistema sostenido de lavado de activos que incluía depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias, -una técnica conocida como "pitufeo", con el fin de evitar los controles automáticos del sistema financiero-, retiros en efectivo, compras de bienes registrables, adquisición de inmuebles, inversiones en criptomonedas y la constitución de sociedades de fachada con objetos sociales diversos.

Entre lo adquirido, según detalla el escrito, se incluyen más de 200 adquisiciones de vehículos por un total aproximado de U$S 4.000.000, US$ 471.290 invertidos en 31 estructuras societarias y la adquisición de 20 inmuebles ubicados en la localidad de Virrey del Pino. Desde la fiscalía indicaron que la cifras de dinero lavado por la organización podría ascender a más de 7 millones de dólares y más de $17.000 millones.

A pedido del MPF, los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y efectuadas por 340 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, a través de su Escuadrón Buenos Aires, la Unidad de Delitos Económicos y el Departamento de Investigación de Delitos Tecnológicos.

Se solicitaron 39 detenciones, pero solo se logró arrestar a 18 acusados, por lo que aún hay más de 20 personas prófugas a las que la fiscalía les pidió la captura nacional e internacional.

El líder fue detenido en el country Terralagos, en Canning, y tras la utilización de un dron se pudo capturar en ese mismo barrio privado a otro de los imputados cuando se lo observó "cargando una valija -que luego se descubrió contenía cerca de $12 millones- en una camioneta 4x4 que fue seguida interceptada en la guardia por los efectivos de la fuerza federal, cuando pretendía fugarse".

En los procedimientos se secuestraron más de 60 vehículos, unos $120 millones, más de 20 mil dólares, dinero en efectivo de otros países, más de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas y una gran cantidad de celulares.

La investigación estuvo dirigida por la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, y contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena.

Este lunes 29 de septiembre se llevaron a cabo múltiples allanamientos en el marco de una investigación contra 3 organizaciones delictivas asentadas en Villa Gobernador Gálvez y Rosario. 

Hay al menos 33 personas detenidas y se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, armas y numeroso material de interés para la causa.

Voceros judiciales indicaron que los operativos forman parte de una investigación de más de 3 meses de trabajo encabezada por el “Foco Investigativo” creado por el fiscal regional Matías Merlo y está a cargo de los fiscales Pablo Socca (de la unidad fiscal de violencia altamente lesivas) y Brenda Debiasi (del equipo de microtráfico de la fiscalía general).

Se realizaron alrededor de 110 allanamientos, principalmente en Villa Gobernador Gálvez y Rosario; y también en los establecimientos penitenciarios de Piñero (al sudoeste de Rosario), Ezeiza y Marcos Paz (provincia de Buenos Aires). Hay al menos 33 personas detenidas y más de una docena de personas prófugas.

Entre los detenidos están Daniel ‘Zapa’ V., señalado como jefe de una de las facciones de la barra brava de Newell’s y José ‘Yiyo’ M., jefe de la barra del club Coronel Aguirre.

Las tres bandas investigadas tienen como líderes a Nicolás "Pupito" Avalle, Carlos "Toro" Escobar y Gerónimo "Jeringa" Bogado, quienes están detenidos. Intervinieron la Policía de Investigaciones (PDI) y la División Judiciales de la Unidad Regional II y personal de la Policía Federal.

En la mañana del sábado, agentes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron cerca de diez allanamientos en viviendas del barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe. Los procedimientos se dieron en el marco de dos investigaciones: una por homicidio calificado y otra por comercialización de estupefacientes.

Las órdenes de allanamiento fueron emitidas por el Juez José Luis García Troiano, del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1. La Fiscalía a cargo de los doctores Gonzalo Iglesias e Ignacio Orio supervisa el caso.

Los operativos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en Pasaje Mitre 4100, Avenida Presidente Perón y Córdoba, Pasaje Galisteo (Lamadrid), Pasaje Ceballos 9700, Damianovich 6100, Lamadrid 3900 y Gobernador Luciano Molina entre Gaboto y Lamadrid, entre otras direcciones.

Policía mordido por un pitbullCon la colaboración de grupos tácticos, los efectivos ingresaron a las viviendas sin mayores incidentes. Sin embargo, en uno de los domicilios, un policía del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la URXV fue mordido por un perro pitbull mientras realizaba una inspección.

Las requisas dieron resultados positivos en relación con la causa de homicidio calificado con el uso de arma de fuego. También se secuestraron elementos clave para la investigación de narcotráfico, entre ellos:

Drogas en pequeñas cantidades (vestigios de cocaína y marihuana).

Aparatos electrónicos: celulares, una notebook, tablet y cámaras de vigilancia.

Cartuchos y balanzas de precisión.

Anotaciones varias, vinculadas a la actividad ilícita.

Además, los agentes identificaron una construcción con características de "búnker", utilizada presuntamente para la venta de drogas.

Dos personas bajo la lupaPor orden de la Fiscalía, se aguardan nuevas directivas respecto a la situación de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que fueron identificados en el marco del operativo.

Las investigaciones continúan para determinar su grado de participación en los delitos y definir posibles imputaciones en los próximos días.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, desarticuló una organización criminal dedicada a robos mediante la modalidad "escruche". Se trata de siete cordobeses y cinco santafesinos, que ya fueron detenidos por los delitos de Robo Doblemente Calificado por ser en banda, y por el uso de arma de fuego y Asociación Ilícita.

La investigación, dirigida por la fiscal María Laura Urquiza, y enmarcada en los objetivos priorizados del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su plan de persecución penal, se inició en octubre de 2024.

Hasta la fecha se llevaron adelante 17 allanamientos que permitieron establecer una conexión entre las personas detenidas en noviembre y otros individuos, en una serie de robos ocurridos en distintos puntos de la ciudad, donde utilizaban inhibidores en vehículos Toyota.

Tras el análisis de registros fílmicos, redes sociales y trabajo de campo identificaron como presuntos miembros de la banda a: D.M.C., W.N.I., B.J., M.D.L., G.G., P.R., V.L. oriundos de Córdoba; y a C.M.O., L.M.R., y B.X. (policía en actividad), oriundos de Santa Fe. Además determinaron que utilizaban vehículos de alta gama para sus desplazamientos.

Cabe mencionar que en noviembre de 2024, la policía de Mendoza detuvo a W.N.I., M.D.L., P.R.R., y G.A.G.R., todos oriundos de Córdoba e involucrados en robos con la misma modalidad en esa provincia.

Tras la comunicación entre la Dra. Urquiza y la policía mendocina, se confirmó la participación de los detenidos en los hechos ocurridos en la provincia de Santa Fe.

Durante la requisa de los vehículos incautados, se encontraron ocultos en los compartimentos joyas, dinero en efectivo (pesos argentinos y dólares), documentación a nombre de terceros, elementos denunciados como robados y tickets de peaje.

Finalmente lograron el esclarecimiento de aproximadamente 13 hechos de robos, ocurridos en Santa Fe entre octubre y diciembre de 2024, 12 detenciones, el secuestro de 7 vehículos, 1 motocicleta, joyas, 3 relojes, 6 armas de fuego (calibres 12, 9mm y 22), municiones de varios calibres y 4 computadoras portátiles.

También se procedió al secuestro de 19 teléfonos celulares, 1 impresora, 1 tablet, 1 pulidora, prendas de vestir, 1 pendrive, y 4 llaves de ignición de Toyota, 1 camioneta con pedido de secuestro a solicitud de la policía cordobesa.

En consecuencia, el 13 de enero pasado, la fiscal Urquiza llevó a audiencia la imputativa, vía Zoom, a los cuatro cordobeses detenidos en Mendoza, mientras que los restantes se encuentran a disposición de la justicia santafesina, en calidad de detenidos por los delitos de robo doblemente calificado por ser en poblado y en banda, por el uso de arma de fuego y asociación ilícita.

EEn la ciudad de Rosario, un ambicioso operativo policial desmanteló una banda dedicada al narcomenudeo, culminando con la detención de 12 personas y la incautación de una importante cantidad de drogas, dinero y armas.

Los 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad fueron realizados por la División de Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal. La investigación, iniciada antes de la implementación del nuevo sistema acusatorio, reveló que uno de los implicados, actualmente preso, coordinaba la venta de estupefacientes desde su celda.

La banda está vinculada a otros hechos delictivos importantes en la ciudad, como un ataque a tiros contra un "competidor" en uno de los barrios.

Entre los bienes incautados se encuentran un kilo de cocaína, más de 10 millones de pesos en efectivo, dos armas de fuego y alhajas de oro.

Los 12 detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal y se espera que sean indagados en los próximos días. La operación es parte de una pesquisa más amplia contra el narcotráfico en la región.

Esta martes por la personal de la Policía Federal Argentina realizó numerosos allanamientos en la ciudad de Casilda.

En primer lugar, los móviles se organizaron en la intersección de los bulevares 9 de julio y Lisandro de la Torre. Luego, se fueron distribuyendo en distintos domicilios de ese distrito del sur santafesino. Más tarde, los efectivos se dirigieron hacia la localidad de Sanford donde continuaron con los procedimientos.

Entre las direcciones allanadas se encuentra la oficina de la Empresa de Servicios Casildenses (SAPEM), compañía que presta el servicio de gas en la ciudad. La misma se ubica en España al 2100. También, hubo despliegue de la Federal en otros domicilios, como calle España al 1900 e Hipólito Irigoyen al 2900.

Asimismo, la empresa SAPEM emitió un comunicado informando que sus oficinas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

En tanto, vecinos reportaron que en otros barrios se encontraron con más unidades de las Fuerzas Federales, pero en viviendas particulares.

Al menos ocho personas murieron como resultado de un megaoperativo policial en Guarujá, un municipio del litoral paulista, llevado a cabo durante el fin de semana en respuesta al asesinato de un agente de la fuerza de élite de la Policía Militarizada el pasado jueves

"Hubo ocho muertes este fin de semana. La Policía quiere evitar a toda costa el enfrentamiento, pero desde el momento en que son hostigados, lamentablemente se produce un enfrentamiento (...) La Policía reacciona y reaccionará para repeler la amenaza", declaró hoy el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, en conferencia de prensa.

De este modo, el funcionario bolsonarista confirmó que las ocho personas murieron en un megaoperativo de seguridad en la región metropolitana de la Baixada Santista.

De acuerdo con datos aportados por el medio local Folha de Sao Paulo, el secretario de Seguridad Pública, Guilherme Derrite, informó que los ocho muertos se enfrentaron a la policía durante el operativo. De ellos, cuatro fueron identificados.

La información fue divulgada esta mañana en el Palacio de los Bandeirantes, sede del Gobierno paulista.

Sin embargo, la Policía notificó al menos 10 muertos.

El defensor del pueblo de la policía paulista, Cláudio Aparecido da Silva, indicó que el número de víctimas ascendía al menos a 10 y agregó que la cifra de muertos podría llegar a 12.

El operativo, bautizado como "Operación Escudo", comenzó el viernes, un día después del asesinato en Guarujá de un soldado de Rota, una fuerza de élite de la policía paulista, que conmovió a miembros de la fuerza.

La operación durará un mes, involucrará a 15 batallones especiales y brigadas de asalto y a unos 3.000 policías militares y efectivos locales.

Los residentes de la zona denunciaron que la Policía Militar está torturando y matando a "todos" y que prometió asesinar a 60 personas más en diversas favelas de la ciudad, según medios locales.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública declaró que no hay evidencias de abusos policiales y que las quejas serán investigadas.

Da Silva respondió también a las denuncias hechas por organizaciones defensoras de los derechos humanos y habitantes de Guarujá, el municipio donde ocurrieron los hechos.

"Este despacho tomó conocimiento de las denuncias, ya inició un procedimiento y accionó a las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Estamos reflexionando juntos sobre las formas en que podemos detener las violaciones que se están produciendo", dijo Da Silva a la prensa.

De acuerdo con el gobernador, durante la acción "no hubo hostilidad" ni excesos, sino una "actuación profesional" por parte de los uniformados, en la que también fueron detenidas 10 personas, entre ellas el sospechoso de dispararle al policía militar Patrick Bastos Reis, de 30 años.

La Policía capturó el domingo al presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del agente, publicó Folha de Sao Paulo.

El hombre fue identificado como Erickson David da Silva, quien al parecer está vinculado con una banda de narcotráfico de la región.

"Se hará justicia. Ningún ataque a nuestros policías quedará impute", publicó Tarcísio en redes sociales.

Según la justicia federal, las 498 personas acogidas por esta red cumplían extenuantes jornadas de trabajo sin ningún tipo de pago. Se trata de personas en recuperación de consumos problemáticos de estupefacientes, en situación de calle y víctimas de violencia de género.

Tras una extensa investigación, el juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, ordenó el pasado 11 de julio el allanamiento simultáneo de 38 sedes de Remar, organización no gubernamental que alberga en diversos puntos del país a personas en recuperación de consumos problemáticos de sustancias, en situación de calle, víctimas de violencia de género e incluso, rescatadas de operativos judiciales.

Según publicó la web oficial de Jefatura de Gabinete, durante el megaoperativo llevado a cabo por gendarmería nacional, se relevaron 498 personas con fuertes indicios de que vivían situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales en dicha institución.

Los allanamientos se cumplieron en las provincias de San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Capital Federal. Se trató de un esfuerzo coordinado entre diferentes instituciones como Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Policía Federal, Programa Nacional de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata y Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas.

En lo referente a la provincia de Santa Fe,Nicolás Del Mastro, delegado regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, indicó que fueron seis procedimientos en total, ya que hubo uno en la ciudad de Santa Fe y otro en una granja de Santo Tomé donde había 29 varones. En Rosario los allanamientos se realizaron en Juan José Paso al 1600, Pasco al 8000 y Sánchez de Bustamente y Castro Barros. 

En la ciudad "el denominador común eran los varones, y en algunos hogares como el de zona sur de Rosario, incluso, menores de edad. La orden judicial era poder escuchar a las personas de estos espacios", señaló.

Del Mastro indicó que "en el caso de Remar encontramos que las personas de buena fe eran llevadas en algunos casos por allegados para iniciar un tratamiento de abordaje de consumo problemático y adicciones; y en otros casos eran reclutadas por coordinadores".

"Al ingresar a este lugar, firmaban un contrato, que es un voluntariado social, y de esa manera eran trasladados a otra provincia. Allí empezaban lo que ellos denominan 18 meses de pases que comienzan con un trabajo doméstico del dispositivo donde conviven, luego una instancia de trabajo, de rutina, como producción de alimentos, construcción, producción de muebles, y la etapa final es la venta ambulante (de otros productos). Durante todo el trayecto, no se encontró la presencia de profesionales de la salud, ni abordajes terapéuticos. Tampoco la percepción de una remuneración por ese trabajo", explicó.

Además, indicó que estaban "en aislamiento de sus afectos, celulares, bienes personales"; excepto determinadas visitas en momentos específicos del trayecto. 

Si bien, según expresaron fuentes de la Protex, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, se dieron a conocer las conclusiones del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata. Allí se estableció que, de las entrevistas realizadas a las personas acogidas en Remar, surgen indicios de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, entre otros.

En la mayoría de los casos, no eran oriundas de la provincia donde se encontraban, incluso se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y tarjetas de débito para la posterior apropiación de los beneficios sociales asignados.

Las personas que pedían refugio a Remar, en su mayoría, eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde también trabajaban. Entre las principales actividades económicas se encuentran la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción y tareas domésticas. En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos, incluso menores de edad que habían sido trasladados sin autorización de sus padres.

Ninguna persona acogida por Remar recibía pago por los trabajos que cumplía y sus jornadas laborales eran extensas. Según detalló el Comité, en algunos casos encontraron documentación de Altas y Bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social bajo la Ley 25.855. No obstante, ese voluntariado estaba sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.

Asimismo, en todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron que no recibían atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización. Aunque manifestaban que se estaban rehabilitando de alguna adicción.

El informe destaca que se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos en los domicilios allanados. También, que varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual el Comité articuló su reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.

Según lo expresado por el Comité, para garantizar la efectiva rehabilitación y posterior reinserción social de los pacientes que se encuentran en Remar, dado que no viven en situación precaria o de hacinamiento, se solicitó que las sedes continúen en funcionamiento y que el juzgado designe veedores en cada provincia así como la intervención del Ministerio de Salud de la Nación.

“Deberán articular en sus respectivas jurisdicciones la oportuna intervención de los organismos provinciales/nacionales de asistencia sanitaria, social y de protección, con el objeto de que cumplan con sus respectivos deberes respecto de cada persona acogida en aquellos lugares que fueran objeto de los procedimientos”, ordena el oficio judicial. Asimismo, establece que los veedores deberán relevar otros establecimientos no allanados pero también gestionados por Remar.

El magistrado menciona que está pendiente la recepción de testimonios de presuntas víctimas “lo que determina la necesidad de garantizar que aquellas no sean intimidadas ni objeto de represalias por parte de las personas imputadas u otros encargados de los lugares y, al mismo tiempo, se les garantice el acceso a bienes y servicios esenciales”.

Los veedores deberán informar al juez sobre el estado de situación de los espacios, de las víctimas y eventuales responsables que pueden estar o no imputados en la causa.

Según publicó Diario Río Negro, el 3 de octubre de 2022 ya se habían producido dos allanamientos con motivo de denuncias por trata de personas en sedes de Remar en las localidades de Fernández Oro y Neuquén. Allí se rescataron a dos mujeres, víctimas de trata. Sin embargo, en los medios, la organización declaró que ellas se encontraban allí por voluntad propia.

Acorde a la web El Litoral, Remar es una organización que posee conexiones en Sudamérica y Europa, por lo que los fondos obtenidos, se envían a la República Oriental del Uruguay, donde son dolarizados, para posteriormente ser enviados a España, lugar donde se ubica la sede central de la Fundación.

La policía bonaerense realizó una serie de operativos serie de operativos  este martes a la mañana en las ciudades de San Nicolás y Rosario. Detuvo a cinco personas y secuestró seis kilos de cocaína y cinco de marihuana

La policía bonaerense detuvo a varias personas y secuestró al menos seis kilos de cocaína y cinco de marihuana, durante una serie de operativos realizados este martes a la mañana en las ciudades de San Nicolás y Rosario, donde además detuvo a una mujer que tenía pedido de captura en esa urbe del norte de la provincia de Buenos Aires.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la DDI de San Nicolás y comenzaron muy temprano a la mañana. Este mediodía, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se desplazó hasta esa ciudad bonaerense para hacer un balance de los operativos. Luego, en conferencia de prensa, el funcionario afirmó: “Desbaratamos una banda de narcotraficantes extremadamente violentos”.

Los allanamientos fueron ordenados por Verónica Marcantonio, quien acompañó a Berni durante su balance público.

Berni sostuvo que la organización criminal vendía drogas tanto en San Nicolás como en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires. Y precisó que en el caso de Rosario, lo hacía en la zona de la periferia, aunque no dio más precisiones.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, en los allanamientos realizados por la DDI de la policía bonaerense también hallaron armas y dinero en efectivo, además de otras evidencias sobre el tráfico y venta de drogas.

La AIC irrumpió en varias viviendas de zona sur y detuvo a integrantes de una familia bajo investigación por el ataque a tiros en la parada de colectivos en la que murió Claudia Deldebbio cuando acompañaba a su hija Virginia, quien resultó gravemente herida.

Y también, por el triple crimen “por error” a una pareja y su hijita en un pasillo de Garibaldi al 57

Más de una veintena de allanamientos tuvieron lugar en la noche del lunes en barrio Tablada. El motivo: la búsqueda de evidencias en la causa del ataque a tiros en el que murió Claudia Deldebbio y dejó grave a su hija Virginia Ferreyra, el 23 de julio en una parada de colectivo del Fonavi del Parque del Mercado. Y del triple crimen de una familia cometido en mayo en Garibaldi al 57. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) reportó cuatro personas y el secuestro de un arma de fuego.

Mataron a una mujer que quedó en medio de una balacera en Rosario

Las medidas, ordenadas por los fiscales Patricio Saldutti y Marisol Fabbro, apuntaron a la “banda de los César”, por el apellido de una familia conocida en las calles de Tablada que ya ha sido investigada por otros delitos tanto en el fuero provincial como federal. Algunos integrantes de este clan, domiciliado en Presidente Quintana al bis, están en la mira como sospechosos de los ataques, señalaron fuentes de la AIC.

La AIC apunta a recolectar elementos para dar por esclarecido el crimen de Claudia Deldebbio (58) y el ataque que dejó grave a Virginia Ferreyra (32), bailarina de danzas árabes que sigue en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Madre e hija estaban esperando el colectivo en Isola al 300 bis cuando una lluvia de balas las sorprendió sin aviso alguno. Aparentemente, las mujeres quedaron en la línea de fuego de tiratiros que dispararon contra una torre del Fonavi.

La “banda de los César” también está en la mira por el triple crimen de una familia: Rodrigo Morera (27), Ainará “Tahia” Altamirano (26) y la pequeña Auriazul (6), asesinada sin piedad en un pasillo el pasado 7 de mayo. Al igual que en el caso de la parada de colectivos del Fonavi, esta familia no era el blanco inicial de los tiradores. Las evidencias señalan que los homicidas buscaban a otra pareja que se introdujo en otro pasillo cercano. Por esta causa, habría un detenido que será llevado a audiencia imputativa.

Los procedimientos fueron en casi una decena de domicilios ubicado en Presidente Quintana entre Chacabuco y Abanderado Grandoli; Anchorena al 80 bis, Esmeralda al 3700, Esmeralda al 3800, Grandoli al 4000. Participó la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y grupos de irrupción de la Unidad Regional II.

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Los policías incautaron pistola calibre .380 con dos cargadores y numeración suprimida; 30 municiones, más de 30 celulares, 200 mil pesos, escasa cantidad de drogas, dos motos y un Peugeot 307 negro.

En la redada fueron demoradas cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Mauricio L. A., alias “Ñanga”, Yael J. C. (21), Yair A. C. (25), Cristofer A. M. (24), Germán M. (50, Marcelo R. (27) y María C. A. Todos están a disposición de la fiscalía, que evaluará si hay elementos que los comprometan con las causas antes mencionadas.

Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia Federal de Reconquista. Se practicaron en la capital provincial y localidades del centro-norte. No se descartan más detenciones.

En siete localidades del centro-norte provincial, incluida la capital de la provincia de Santa Fe, se desplegaron efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para llevar a cabo múltiples allanamientos por narcomenudeo durante la jornada del miércoles.

Las actuaciones fueron ordenadas por el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de la ciudad de Reconquista, a cargo del juez Aldo Mario Alurralde y del fiscal Roberto Salum.

En el marco del megaoperativo, los numerarios policiales detuvieron a 7 personas y secuestraron lingotes de oro puro, gran cantidad de dólares, dinero, droga y elementos de interés para la causa sobre infracción a la ley 23.737, la cual llevó más de un año de ardua investigación.

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Las 29 pesquisas alcanzaron a domicilios de Santa Fe, Videla, zona rural de la localidad de Naré, San Justo, San Javier, Romang y Reconquista. La AIC contó con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico, Complejas AIC, de Organismo de Investigaciones del MPA y grupos de irrupción de las diferentes unidades regionales, direcciones y Tropa de Operaciones Especiales.

Fruto de los masivos procedimientos los efectivos secuestraron un total $ 2.593.560, 379.686 dólares, 8 “chips” de oro puro con un peso de 862 gramos y su respectiva certificación de validez, marihuana con un pesaje de 3.862,08 gramos, como así también 61 gramos de cocaína, 4 balanzas de precisión, 56 celulares, 2 automóviles, 1 motovehículo, 7 notebooks, 2 handys, cámaras de seguridad, chips, pendrive y elementos de interés para la causa.

Los allanamientos fueron dirigidos, en horas de la madrugada, a domicilios situados en distintas localidades de la provincia de Santa Fe: 8 en Reconquista; 3 en Santa Fe; 2 en Santo Tomé; 5 en San Justo; 2 en San Javier; 2 en Romang; 6 en Videla; y uno en Naré.

Los detenidos serán indagados durante la jornada de este jueves por el Juez Federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde en el marco de la causa por infracción a la ley de estupefacientes.

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Lavado de activos

El juez Alurralde dijo a El Litoral que “la investigación comenzó el año pasado en virtud de personas que estarían vinculadas al narcotráfico. Así, se dispuso ayer varios allanamientos. Hasta ahora lo que se investigó es el delito de tráfico de estupefacientes, pero también se ha comenzado a investigar la presunta comisión del delito de lavado de activos”.

El magistrado sostuvo que es llamativo lo relacionado al movimiento económico hallado, aunque indicó que “todo es materia de investigación, habrá que ver el origen lícito o ilícito de los bienes”.

“Ahora comienza el análisis de los celulares y la documental secuestrados. Las personas detenidas van a ser indagadas por infracción a la ley de estupefacientes, y en algunos casos se van a aplicar agravantes por la participación de tres o más personas y por la cercanía de establecimientos escolares respecto del lugar donde desarrollaron la actividad ilícita”, concluyó.

Se trata de una incautación “récord”, según informaron las autoridades y fue descubierta por Milo, un perro de la policía de San Diego.

Se cree que es una de las redadas de metanfetamina más grandes en la historia de la ciudad ya que el vehículo contenía 148 paquetes de droga.

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Por el hecho ocurrido el pasado jueves, fueron imputados cuatro hombres oriundos de Tijuana. “Esta incautación monumental representa otra victoria contra los carteles de la droga que alimentan la adicción en los Estados Unidos”, dijo Shelly Howe, agente especial de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

“Debido a nuestras excelentes asociaciones con otras agencias de aplicación de la ley, continuaremos interrumpiendo el flujo de drogas de los carteles hacia nuestras ciudades”, sostuvo Howe.

En un tweet, el alguacil de San Diego, Anthony Ray, reconoció a un miembro especial del equipo por su arduo trabajo: un perro policía llamado Milo.

“K-9 Milo es un chico muy bueno. Ayudó a nuestros agentes y socios encargados de hacer cumplir la ley a realizar una de las mayores redadas de metanfetamina en la historia del condado de San Diego”, escribió.

Después de vigilar por un largo rato al vehículo, los agentes observaron cómo los acusados descargaban “decenas de cajas de cartón” en una camioneta Dodge y así lograron arrestarlos.

Rafael Alzua (37), Mario Contreras (41), Ethgar Velázquez (44) y Galdrino Contreras (41), fueron detenidos y acusados de conspiración para distribuir la droga.

Si son declarados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua y una multa de 10 millones de dólares.

En redes sociales, los usuarios felicitaron a Milo y pidieron que a modo de agradecimiento reciba amor y golosinas extra por su labor.

Ocurrió entre las últimas horas del domingo y las primeras de este lunes. Se desbarataron dos bandas que se dedicaban a la venta de estupefacientes en el noreste de la Capita.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 13 allanamientos, secuestró una importante cantidad de dosis de cocaína y marihuana, más dinero, cinco vehículos y detuvo a 17 personas que presuntamente integraban dos organizaciones que vendían drogas en el sector noreste de la capital cordobesa, con especial presencia en barrio San Jorge.

El procedimiento contó con la colaboración de personal Gendarmería Nacional y Policía de Córdoba, fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal y se desarrolló de manera simultánea en 14 domicilios ubicados en barrios San Jorge, Villa Corina y Zepa de Córdoba.

En los lugares fueron detenidas ocho mujeres y nueve hombres (mayores de edad), los cuales según investigaciones, integraban dos organizaciones, que de manera coordinada vendían drogas a través de una red de puntos de expendio.

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Además de las aprehensiones se incautaron 1.440 dosis de cocaína, 278 dosis de marihuana, varias plantas de cannabis, dinero en pesos y dólares y cinco vehículos (cuatro autos y una moto), entre otros elementos probatorios relacionados al fraccionamiento y comercialización de las sustancias.

El dispositivo estuvo dirigido por el Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico del primer turno, Dr. Marcelo Sicardi, quien ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de los detenidos a sede judicial.

Este martes se lanzó un nuevo operativo para encontrar a Guadalupe Lucero, la nena de 6 años que desapareció el 14 de junio pasado en San Luis.

Del rastrillaje de un descampado de 60 hectáreas participan 400 efectivos de la Policía Federal Argentina y Gendarmería.

Tras la denuncia de los padres, que denunciaron que la causa “está frenada”, la Justicia Federal exigió los rastrillajes porque hay una nueva hipótesis que dice que se habría accidentado en un barranco mientras jugaba con otra nena.

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Después de varios meses de investigación, la Justicia determinó realizar un nuevo operativo para la búsqueda de la nena y lanzó una nueva hipótesis sobre su pérdida.

Aunque tiene 180 líneas de investigación, el fiscal de San Luis Cristian Rachid, junto con los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano creen que Guadalupe cayó por un barranco mientras jugaba con otra nena.

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El operativo de búsqueda estaba dispuesto para las 8:30, aunque los 400 efectivos de la Policía Federal Argentina y Gendarmería empezaron a concentrarse cerca de las 10.

Según indicó la Justicia, el operativo sigue la hipótesis de que la nena de 6 años cayó en un barranco mientras jugaba con otra, el pasado 14 de junio.

Si bien no informaron los lugares exactos en los que harán los rastrillajes, se indicó que los gendarmes trabajarán en un el descampado. Allí se realizaron investigaciones y los investigadores creen que pueden encontrar algo.

Se realizaron 27 allanamientos simultáneos en varias ciudades. Fueron detenidas 20 personas.

Unas 20 personas fueron detenidas este jueves por la madrugada tras 27 allanamientos en Córdoba y Catamarca solicitados por el fiscal del Distrito 1, Turno 4, Rubén Caro, en el marco de una investigación de una banda dedicada al robo de autos.

La División Sustracción Automotores de la Policía, bajo las órdenes de Caro, realizó 27 allanamientos simultáneos en la ciudades de Córdoba, Villa María, Jesús María y en Catamarca, según fuentes judiciales.

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20 DETENIDOS En total fueron arrestadas 20 personas imputadas por asociación Ilícita, entre otros delitos. Se secuestró un gran número de autos robados, documentos apócrifos, autopartes sustraídas, armas de fuego y una gran suma de dinero en efectivo.

Fue el corolario de un año de investigación. De esta forma, la banda habría quedado desarticulada.

Fue resultado de una intensa tarea de investigación realizada por la fuerza. Las requisas se hicieron en Entre Ríos y provincia de Buenos Aires.

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Como resultado de una minuciosa pesquisa, personal de la Prefectura Naval Argentina realizó 11 allanamientos en Entre Ríos y Buenos Aires, en el marco de una causa vinculada a la venta ilegal de carne de caballo y evasión tributaria, y secuestró más de 130 animales, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

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El megaoperativo se originó con una investigación llevada adelante por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Villa Paranacito, que siguió la pista de un entramado delictivo relacionado con la producción y comercio ilegal de carne equina.

Gracias a las mencionadas tareas de investigación, el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Pablo Seró, Secretaría en lo Criminal y Correccional Nº 2 del Dr. Lucas Claret, con intervención de la Fiscalía Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, de la Dra. Josefina Minatta, ordenó 11 allanamientos a domicilios y establecimientos agropecuarios ubicados en las localidades entrerrianas de Gualeguaychú e Ibicuy y en Mercedes (Buenos Aires).

Tras las requisas, se secuestraron más de 130 caballos y burros, más de 1.800.000 de pesos en efectivo (en distintas divisas), cuatro camiones, dos camionetas y un auto, armas de fuego y documentación vinculada a la causa.

El valor de todo lo secuestrado supera los 111 millones de pesos.

Cabe destacar que participó de los allanamientos personal de SENASA y de la AFIP.