El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Silvina Batakis, presidente del Banco Nación, y a María del Carmen Barros, gerenta general de la entidad, por la denuncia penal en su contra que ayer efectuó la diputada nacional Graciela Ocaña por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado". 

La denuncia se realizó luego de que saliera a la luz, en el programa de Jorge Lanata, que el dúo que gestiona el Banco había realizado maniobras sospechosas, como contratar a familiares (marido, expareja, hijo y amigo) para que desarrollen actividades dentro de la entidad con sueldos altos; pagarle a Pitty la numeróloga una suma de $1.800.000 por "servicios al banco"- que se sospecha que Barros hacia pagar al banco por el servicio que ella obtenía de la profesional de forma privada-; y aumentar el sueldo de la gerenta general para que llegue a pasar los 9 millones de pesos, medida tomada por Batakis. Todas las maniobras sin que el directorio de la entidad supiera de las acciones tomadas. 

Marijuan recibió la denuncia luego de que el juez Daniel Rafecas, a cargo del juzgado federal 9, se la haya girado a él. El fiscal decidió comenzar la investigación e imputar a Batakis y a Barros. Además, ordenó que se realicen pruebas para instruir a la causa y obtener más información necesaria. 

La exministra de Economía nombró a su exmarido como en la gerencia de sistemas del banco. También autorizó a espaldas del directorio del banco el aumento del sueldo de su compañera Barros, que pasó a cobrar una suma de casi nueve millones de pesos por mes. Según la denuncia de Ocaña, "a esta friolera suma llega gracias a diversos plus y premios autorizados por Batakis sin consultar a nadie". 

Ocaña afirmó que la familia de la gerente Barros también obtuvo beneficios. La pareja de la funcionaria, Juan Manuel Romero, integra el equipo de caudales del Banco, y tiene un sueldo de más de 700 mil pesos, y que, según dicen los mismos empleados del Banco, no va a trabajar.

En tanto, el hijo de Barros también está envuelto en la polémica, ya que se encuentra enfrente de la gerencia en la Casa Matriz. Por último, hay un "nombramiento sospechoso" para Ocaña, el de Maximiliano Pedemonte, amigo de Barros, que cobra un sueldo de más de dos millones y medio de pesos por ser gerente departamental, cargo que tiene la responsabilidad de decidir los pases a planta permanente y ascensos "meteóricos".

Por todas estas razones el "escándalo" llegó a la justicia y ya está en manos de Marijuan para que se investigue qué paso. Todas las maniobras tomadas por Batakis y Barros, según Ocaña,  "dejan en evidencia el desmadejo de los fondos del Banco que deben ser utilizados con una finalidad pública y no para beneficiar a familiares y amigos de los poderosos". 

Batakis fue ministra de Economía durante un mes el año pasado, luego de la renuncia de Martín Guzmán y antes de la asunción de Sergio Massa como "superministro". ativo de desconcentración va a depender mucho del resultado del partido.

Entiende que la titular del ministerio de Desarrollo Social no dio de baja a los más de 250.000 beneficiarios de ese programa con las presuntas incompatibilidades detectadas por la AFIP. En la causa declararon como testigos el jefe de Gabinete Juan Manzur y Carlos Castagneto, titular de la AFIP

El fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por el presunto delito de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público” al no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP a la cartera que conduce la ex diputada nacional y que fue solicitado por su antecesor Juan Zabaleta.

El fiscal federal abrió una investigación preliminar después de que Infobae publicara el contenido de ese informe. Además, solicitó que varios funcionarios declaren en calidad de testigos: primero fue el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, quien ratificó los informes elaborados por el organismo. Explicó que los contenidos son “estadísticos” y no nominales por el “secreto fiscal” al que está impuesto el organismo recaudador; y precisó que solo un juez puede levantarlo de ese impedimento.

La aclaración era por las críticas públicas que había realizado la ex diputada nacional. Aun conociendo la legislación -es contadora-, en conferencia de prensa dijo que la AFIP no había proporcionado la identidad de los titulares del plan social que, por ejemplo, tenían autos con menos de un año de antigüedad, había comprado dólares y disfrutaban de más de una propiedad. Todas incompatibilidades manifiestas.

El miércoles fue el turno de Juan Manzur, el jefe de Gabinete., quien declaró por escrito: respondió 11 preguntas y deslindó responsabilidades en Tolosa Paz.

Manzur aclaró que, si bien conocía el contenido del trabajo de la AFIP sobre el listado de titulares del Potencial Trabajo, más de 1.300.000, y “los requisitos” para ser excluidos del programa, respondió: “De lo que aquí interesa en la relación a la aplicación y/o ejecución de cada individuo que se inscribe en el ‘Potenciar Trabajo’, como así también la aprobación de su incorporación al mismo, son potestad de la autoridad de aplicación, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos”.

La “autoridad de aplicación” es el ministerio de Desarrollo Social al frente del cual está, desde el 13 de octubre, Tolosa Paz. La precedieron en el cargo Daniel Arroyo, y Juan Zabaleta.

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Dentro de esa cartera, el Programa Potenciar Trabajo funciona bajo la orbita de la Secretaría de Desarrollo Social comandada por Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. El dirigente social administrará en 2023 -como lo hace ahora- fondos multimillonarios. En total, $594.285.915.597; un presupuesto más alto que el destinado a las políticas alimentarias, que es de $442.755.687.402; y casi la mitad de la partida presupuestaria que para el próximo año autorizó el Congreso para el ministerio de Tolosa Paz en un año electoral: $1.169.156.152.175, es decir más de un billón de pesos.

Marijuán le reprocha a la ministra que, ante el informe de la AFIP no cumplió con su función de dar de bajas a esos titulares o al menos solicitar que se releve del secreto fiscal a la AFIP y así investigar si, efectivamente, esos beneficiarios recibían un subsidio del Estado fuera de las normas.

En ese trabajo, la AFIP había detectado, sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios, que “44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil”. Que “52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc”. Que “63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil y que “253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales (no se aclara si son dueños de una moto o un auto de alta gama)”.

Tolosa Paz recién solicito al Juez Federal Julián Ercolini que releve a la AFIP del secreto fiscal el lunes pasado, una vez que Marijuán avanzó en su Investigación Preliminar: ya había tomado declaración testimonial a Castagneto; había citado a Manzur y había escuchado las testimoniales de los responsables que administran el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que coordina el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre organismos públicos nacionales y provinciales.

Según las normas vigentes, Desarrollo Social no debe liberar los haberes del Potenciar Trabajo a sus titulares hasta que el SINTyS informe que no hay incompatibilidades. Las incompatibilidades las determina Desarrollo Social, a través de la resolución 121/2020.

Por eso, al declarar ante Marijuán, Castagneto explicó que, para elaborar sus informes: “La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes, pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”.

La AFIP ratificó las irregularidades en el Potenciar Trabajo: las bajas las debe dar Desarrollo Social

Ante otra pregunta del fiscal, el funcionario también dejó en claro que: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. Como Manzur, también dejó en claro que esa era tarea de Tolosa Paz y, para mayor precisión subrayó: “No somos nosotros los que tenemos que decir si alguien está cometiendo una irregularidad. La AFIP no es organismo ejecutor ni de aplicación de los planes Potenciar Trabajo”.

El fiscal Guillermo Marijuán tiene acreditado que, recién una vez que Infobae publico el informe estadístico de la AFIP con las probables incompatibilidades en el cobro de ese plan, la ministra volvió a requerir un nuevo entrecruzamientos de datos al ente recaudador. Para eso envió la base de datos del Potenciar Trabajo con una cantidad menor de titulares, se habían dado de baja a más de 20.000 y se realizaron preguntas distintas a la que hizo su antecesor Zabaleta.

Una fuente de la fiscalía federal número 9 lo explicó así: “Lo que hizo Toloza Paz fue pedir otro entrecruzamiento con menos ítems a considerar. Por ejemplo, en el segundo informe no se consignaron los que tenían declaración de bienes personales o declaraciones juradas de impuestos porque ella ya no los pidió” y aclara: “La ministra debió actuar completamente con el primer informe y no lo hizo”.

Estas son algunas de las razones por las que el fiscal federal está convencido de Victoria Tolosa Paz “se apartó de su responsabilidad” razón por la cual la denunciará a ella y a los responsables del Potenciar Trabajo por presunto “mal desempeño de funcionario público”.

la denuncia penal de Guillermo Marijuán será sorteada por Cámara Federal, y la responsabilidad de imputar algún delito a Tolosa Paz y/o otros funcionarios recaerá en un magistrado y un nuevo fiscal. Por conexidad, la causa también puede aterrizar en el juzgado de Julián Ercolini quien, junto al fiscal Eduardo Taiano ya investigan las presuntas irregularidades en la administración del programa Potenciar Trabajo denunciado por el diputado Wado Wolf y una segunda denuncia que también presentó Marijuán en el mismo sentido. La novedad, en este último caso, es que el fiscal la acusa a Tolosa Paz de haberse “apartado” de las normas.

El titular del organismo, Carlos Castagneto, habló sobre los informes presentados en los que quedó de manifiesto que 253.184 beneficiarios no cumplían los requisitos.

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, ratificó ante el fiscal federal Guillermo Marijuán el informe que el 24 de octubre elevó al Ministerio de Desarrollo Social en el que se detallaba la incompatibilidad en el cobro de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Entre los beneficiarios irregulares había fallecidos, personas con más de dos propiedades y quienes habían comprado dólares.

“La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes -del ministerio de Desarrollo Social- pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”, señaló Castagneto.

Marijuán busca determinar si la ministra Victoria Tolosa Paz incumplió en sus funciones al no haber dado de baja a los titulares del plan con esas irregularidades. De probarse, el fiscal presentará una denuncia penal para que un juez y otro fiscal determinen si lo conseguido es suficiente para imputar a la funcionara. Para Marijuán, Tolosa Paz debía actuar no bien recibió el primer informe de la AFIP.

Este lunes, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, debía presentar un escrito con las preguntas que Marijuán ya le realizó, pero postergó la presentación hasta el miércoles. El fiscal quiere saber por qué Tolosa Paz no dio las bajas y por qué realizó otro pedido de entrecruzamiento de datos a la AFIP.

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Juan Zabaleta había solicitado un informe el 30 de junio, que elevado el 24 de octubre al Ministerio de Desarrollo Social, cuando ya Tolosa Paz estaba en el cargo. La AFIP había detectado, sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios, que:

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La posición de la AFIP

“La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”, aclaró Castagneto. “Recibimos de manera muy frecuente requerimientos de distintos organismos, también oficios judiciales que llegan muchísimos, todos se responden técnicamente respetando y el secreto fiscal”, agregó.

La aclaración viene a cuento de que Tolosa Paz en más de una ocasión dijo que el organismo recaudador no le había enviado una lista nominal de las personas con las presuntas incompatibilidades. “No somos nosotros los que tenemos que decir si alguien está cometiendo una irregularidad. La AFIP no es organismo ejecutor ni de aplicación de los planes potenciar trabajo”, enfatizó el titular de la AFIP.

En cuanto al segundo informe, Castagneto también ratificó el contenido. La comunicación enviada a Marijuán el 16 de noviembre señalaba: “Resulta preciso destacar que el Padrón de Titulares del Programa ‘Potenciar Trabajo’ aportado en esta oportunidad difiere en la cantidad total de beneficiarios, a saber, en el primer pedido -el de Zabaleta- la base enviada ascendía a un total de 1.383.279, mientras que en el pedido que motiva la presente -el de Tolosa Paz-, la base total de beneficiarios asciende al total de 1.362.579″. Es decir 20.700 beneficiaros menos.

Dicho escrito puntualizaba que en el padrón de octubre los fallecidos que seguían en nómina eran 2.870, pero en noviembre pasaron a 401. Con los jubilados, pensionados o retiros sucedió algo similar: de los 8.019 titulares pasaron a 3.377. Además, los 209 que tenían cobertura de medicina prepaga o cobertura social bajaron a 165.

El fiscal federal Guillermo Marijuán le envió una nota a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz para que remita la información sobre el entrecruzamiento de datos realizado por la AFIP

El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que le envíe información sobre los 250 mil beneficiarios de planes sociales que compraron dólares o declararon Bienes Personales.

La nota, fechada este viernes 11 de noviembre, indica que se abrió una investigación preliminar ante la posible comisión de un delito.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la Investigación Preliminar n° 120, en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°9, a mi cargo, a fin de solicitarle se sirva remitir a esta sede, con carácter de urgente, una copia del relevamiento y/o entrecruzamiento de datos que habría permitido detectar una numerosa cantidad de personas que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado Nacional, siendo también que declaraban bienes personales y percibían bienes sociales”, asegura el oficio firmado por Marijuán.

Cabe mencionar, que el miércoles el Ministerio de Desarrollo Social había recibido una nota de la AFIP en donde se alertaba sobre algunas irregularidades vinculadas al programa Potenciar Trabajo. Casi el 20% de los beneficiarios no cumplían condiciones para recibir la ayuda estatal. Las incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

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El informe había sido solicitado a la AFIP el 30 de junio por el entonces ministro del área Juan Zabaleta.

Fuentes judiciales no descartaron que Marijuán pida en los próximos días la desafectación de las 253.184 personas sobre las cuales la oficina de recaudación puso la lupa. Según trascendió, el fiscal tiene indicios de que hay personas que declararon ser propietarios de dos o más inmuebles e incluso compraron más de 1000 dólares en los últimos meses.

El decreto número 728, firmado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el ingreso de nuevos titulares al programa Potenciar Trabajo y promueve que se den de baja los casos donde surgen incompatibilidades. La normativa afirma que “el ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación”.

Ayer, miles de piqueteros realizaron una protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social. El Gobierno logró disuadir a los manifestantes de que pasen la noche en la 9 de Julio con carpas en una reunión a la que asistieron funcionarios de segunda línea. No obstante, Eduardo Belliboni, uno de los líderes de la movilización anticipó que habrá más cortes si no se anuncia un bono de fin de año de $45.000, idea que por ahora genera resistencias en el Poder Ejecutivo.