El relevo de la funcionaria fue confirmado por la Casa Gris. Estaba enfrentada al ministro Rimoldi y a otros funcionarios de la cartera.

Mario Cáffaro

Voceros de la Casa Gris confirmaron que Ana Morel dejó el cargo de Secretaria de Administración Financiera del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y se indicó que en próximas horas se conocerá el nombre de su reemplazo.

Morel ocupó el cargo al inicio de la gestión de Marcelo Sain, fue alejada del cargo a pedido del ex ministro y Omar Perotti la designó en la Sindicatura General de la provincia.

Con la salida de Sain y la llegada de Jorge Lagna, Morel volvió a la función y continuó con Rubén Rimoldi donde protagonizó una insólita participación en Legislatura donde fue la encargada de responder los interrogantes de diputados ante el silencio del ministro.

El ex ministro de Seguridad es considerado jefe de esa organización delictiva, por pertenecer a la cual también fueron imputados Esteban Montenegro y Agustina Moulins. En la segunda audiencia se espera lo propio para Nadia Schujman, Débora Cotichini, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez y Milagros Bernard y Agustina Moulins.

Ivana Fux

Emerio Agretti

El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fue imputado como jefe de una asociación ilícita, conformada “de manera estable y permanente” con el objeto de “cometer diversos delitos” contra el Esatdo, particulares y organizaciones; fundamentalmete a partir de la recopilación de información sobre ellas sin orden judicial, y su utilización con fines indebidos. La imputación también contiene la violación de la ley nacional 25520, de espionaje.

Por los mismos delitos, y una serie de hechos contenidos en ellos o conexos, fueron o iban a ser imputados distintos ex colaboradores, como Nadia Schujman y Débora Cotichini como organizadoras, y Esteban Germán Montenegro, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez, Milagros Bernard y Agustina Moulins como miembros.

En un extenso escrito, los fiscales desgranan una serie de actos y un monumental listado de personalidades, organizaciones y empresas, sobre las que se recolectó datos de bases públicas y privadas, pero en todos casos sin autorización judicial para hacerlo. Y también se reproduce el contenido de diversos audios incorporados a la causa, en los cuales los mismos acusados se refieren al uso de esa información, que la fiscalía encuadra en actos ilegales.

Particularmente, los fiscales imputan a los acusados por diversas figuras penales, derivadas de actos que concentraron en ocho hechos. De resulta de los cuales, Marcelo Sain es imputado como jefe de la asociación ilícita, abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a la ley, violación de secretos, encubrimiento calificado, malversación de caudales públicos. Y los demás imputados por algunos de esos mismos conceptos, en grados variables.

Esto fue en la jornada de este martes, durante dos grandes audiencias que agruparon a los presuntos imputados en función de su abogado defensor. Así, desde las 9.30 comparecieron los tres clientes del Dr. Hernán Martínez: el propio Sain; Montenegro; y Moulins. Los tres, al igual que el letrado, participaron de manera virtual.

Aníbal Fernández pidió la renuncia de Marcelo Saín por supuesto espionaje ilegal

Al mediodía iba a comenzar la segunda gran audiencia para el segundo grupo de presuntos imputados, cuya defensa está a cargo del ex ministro de Justicia durante la gestión de Antonio Bonfatti, Juan Lewis. Se trata de Cotichini, Rodríguez, Schujman, Alvarez y Bernard, que sí concurrieron de manera presencial. A esa misma hora, organismos de derechos humanos se concentraron frente a la fiscalía para respaldar a Shujman, abogada de HIJOS; consideran que en su caso, la investigación se trata de una persecución política.

Las audiencias se realizaron sin presencia de un juez y en las oficinas de la Fiscalía de Delitos Complejos. Esto debido a que todos los imputados transitan el proceso en libertad.

El acto procesal se realizó un año después de los primeros allanamientos en la sede del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Rosario, cuando la cartera estaba a cargo de Sain. La justificación de parte de los fiscales para fundamental la dilación estuvo siempre asociada a la necesidad de contar con tiempo suficiente para procesar y analizar las abultadísimas pruebas y evidencias.

La investigación en torno de Sain tiene que ver con la recopilación indebida de información y con métodos inapropiados, sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios y periodistas de la provincia.

El exministro santafesino, que ahora se desempeñaba como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, será acusado de realizar tareas de inteligencia contra empresarios, políticos y exfuncionarios.

El exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Saín fue citado para el 29 de noviembre próximo a una audiencia imputativa en la ciudad de Santa Fe donde será acusado, según informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación, de supuesto espionaje ilegal. También participarán del proceso otros siete funcionarios que estaban dentro de la cartera de Seguridad entre 2020 y 2022.

Saín se desempeñaba actualmente como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero una vez conocida la citación el ministro Aníbal Fernández le pidió la renuncia. “La situación no daba para más”, admitió una fuente cercana Fernández, que advirtió que la salida de Saín del Ministerio de Seguridad se produjo de “común acuerdo”.

Grave: el exministro Sain había ordenado espiar y “perfilar” al CEO y principal accionista de El Litoral

La imputación contra el exministro de Seguridad de Santa Fe se produce más de un año después de que fueran allanadas las oficinas de esa cartera y se secuestraran computadoras, teléfonos celulares y gran cantidad de documentación. No es frecuente en el sistema procesal penal de Santa Fe, que es acusatorio, que haya demoras tan extensas para que se lleve adelante una imputación.

La causa que investigan los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, bajo la figura de asociación ilícita, apunta a que desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se habrían realizado tareas de espionaje ilegal a personas y empresas sin el aval de una orden judicial.

Por primera vez y de manera clara, con nombre y apellido, se conocieron dos audios en los que el exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, ordena “ir perfilando” al CEO y accionista mayoritario de El Litoral, Nahuel Caputto, e “ir contra él”. También dijo el polémico exfuncionario que “a las autoridades del gobierno le caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal”; a la vez que pidió “poner un grupo para trabajar esto”. El hecho ataca frontalmente la libertad de expresión.

Por Guillermo Dozo

Marcelo Sain, de polémico y triste paso por el área más conflictiva de la provincia, destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos en el MPA por diez años, se fue sin pena ni gloria pero antes ordenó elaborar y “perfilar” tareas de inteligencia para perjudicar a personas o empresas y “armar carpetas” en su contra. Una de ellas, ahora lo sabemos, es el CEO y principal accionista de este grupo de medios.

Carpetazos de Sain: el gobierno abrió una investigación interna

Sain -quien fue ministro de Seguridad de la provincia desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2021- dice a algún colaborador o funcionario que va a “ir perfilando” (esto es: generar documentos, dichos o acciones, reales o inventadas para perjudicar a una persona, empresa o institución) a Nahuel Caputto para “ir contra él”. Los audios corresponden al mes de abril de 2020, al inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligagorio (Aspo), la primera modalidad de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Pese a las restricciones, el accionar de la “inteligencia” local no se detenía.

Carpetazos: fiscales secuestran información ilegal que colectaba Saín

En otro audio, directamente dirigiéndose a colaboradores de su -entonces- ministerio, Sain asegura que “a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto”. Están claros los objetivos del entonces ministro Sain: “perfilar” expedientes, armar un “carpetazo” (como se dice en la jerga judicial a una causa inventada o armada para perjudicar a alguien).

En el audio se escucha también la sugerencia de generar “una investigación criminal” orientada hacia el mismo empresario periodístico, o sea, para decirlo de una manera sencilla, armar un causa penal de algún tipo, cualquiera. La indicación, al provenir de donde provino constituye un elemento muy grave debido a las eventuales consecuencias sobre persona y bienes del indicado por el exministro.

Finalmente, poner a trabajar a un grupo (dinero y tiempo públicos) para “ir contra” el CEO de un medio de comunicación que, se ha dicho, es específicamente atacar al titular de El Litoral y, a la vez, presidente desde hace seis años de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) y activo miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

La lectura es evidente. Un ministro de Seguridad de la provincia distrajo fondos públicos, personal y tiempo para formular un ataque contra un empresario periodístico y con él a uno de los pilares básicos de cualquier democracia seria: la libertad de expresión.

Resulta totalmente repudiable que en democracia se produzcan persecuciones como las descriptas que violentan la labor periodística. Un valor elemental como la libertad de expresión se impone junto al ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales.

El hecho, además, constituye un claro intento de injerencia ilegítima e ilegal en la vida privada y comercial de un ciudadano con el fin ultimo de intervenir en la libertad de expresión.

Como final de la gestión Sain, fue el propio gobierno provincial quien lo destituyó como titular del Ministerio de Seguridad; y la justicia después, lo separó de su cargo en el MPA e introdujo un inhibición por diez años para ejercer allí cualquier función. La investigación sigue su curso.

Perotti instruyó al Fiscal de Estado para que lleve adelante un sumario administrativo para determinar si hubo violación de la normativa vigente.

El gobernador Omar Perotti instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que abra un sumario administrativo para determinar si se desarrollaron actividades al margen de la normativa legal dentro del Ministerio de Seguridad, a propósito de la documentación recabada por el Ministerio Público de la Acusación, que  podría ser producto de tareas de espionaje.

Carpetazos: fiscales secuestran información ilegal que colectaba Saín

A través del decreto 2651, con fecha 29 de noviembre, el mandatario se remite a “los hechos de dominio público ocurridos en las diligencias judiciales practicadas en dependencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia”, llevadas adelante por el MPA a efectos de “recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales”. Concretamente, en las causas que se tramitan sobre la presuntamente irregular compra de armamentos, y también sobre tareas de acumulación de datos personales, sin autorización judicial.

A partir de eso, considera que “es deber de este Poder Ejecutivo instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar si, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento”.

Por lo tanto, decidió instruir al Fiscal de Estado (que además de ser el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, “tiene la facultad legal de llevar a cabo las investigaciones y procedimientos disciplinarios”), para que, a través de la Dirección de Auditorías y Sumarios, inicie las acciones que correspondan. Cabe aclarar, no obstante, que esta facultad refiere al personal administrativo, y no a los funcionarios políticos.

Carpetazos de Sain: el Gobierno elige el silencio mientras arma una estrategia

La medida refiere a las tareas desarrolladas por el MPA para recabar documentación, que por lo demás estaba siendo destruida por funcionarios salientes del Ministerio de Seguridad, y entre la cual se encontraron numerosas “carpetas” con información sobre empresarios, dirigentes políticos y periodistas santafesinos.

El gobernador planifica reuniones con todas las regionales de policía y con la oposición. Ratificó a Lagna y rearman el equipo de Seguridad, tras la renuncia de 12 funcionarios.

Ni el gobernador Omar Perotti ni ninguno de sus ministros ni allegados políticos dijo una palabra tras desatarse el escándalo por el espionaje ilegal que habría ordenado Marcelo Saín durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad.

Carpetazos: fiscales secuestran información ilegal que colectaba Saín

Lo que se supo de fuentes oficiales es que, por estas horas, el mandatario prepara una estrategia para encarar la semana próxima que -sabe- será agitada. Lagna está ratificado. Y, mientras tanto, busca reemplazo para los 12 funcionarios que renunciaron este viernes, tras los allanamientos a las sedes ministeriales de Santa Fe y Rosario. Según trascendió, esos nuevos colaboradores serían de diferentes ciudades de la provincia.

Entre esos primeros pasos -explicaron- se pondrá al frente de una serie de acciones que incluyen reuniones con cada regional policial y con la oposición, y una agenda coordinada de seguridad con municipios y fuerzas federales en Santa Fe y Rosario.

Fiscales realizaron una inspección documental en las sedes del Ministerio de Seguridad en Rosario y Santa Fe

Además, seguirán el trabajo conjunto con las 41 agencias de los Pumas y policías en las áreas rurales.

El diputado radical sostiene que la información que recopilaba Sain era utilizada para extorsionar a empresarios y a dirigentes políticos. 

El diputado Maximiliano Pullaro afirmó este sábado que en Santa Fe se está ante el caso de mayor gravedad institucional desde 1983 a la fecha y dijo que en el ministerio de Seguridad funcionó “una empresa criminal constituida dentro del Estado dedicada a la extorsión de empresarios y dirigentes con intereses contrarios al gobierno provincial”.

Fiscales realizaron una inspección documental en las sedes del Ministerio de Seguridad en Rosario y Santa Fe

El presidente del bloque de diputados UCR – Evolución y ex ministro de Seguridad escribió un twit a media mañana afirmando que “los allanamientos en el Ministerio de Seguridad por espionaje ilegal son la expresión del mayor fracaso y vergüenza de la política pública. Estamos ante un escándalo sin antecedentes, y los santafesinos no salimos de la perplejidad. Pediremos explicaciones”.

Los allanamientos en el Ministerio de Seguridad por espionaje ilegal son la expresión del mayor fracaso y vergüenza de la política pública. Estamos ante un escándalo sin antecedentes, y los santafesinos no salimos de la perplejidad. Pediremos explicaciones.

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 27, 2021

Desde el conocimiento de la presencia de los fiscales se aceleraron consultas entre legisladores de la oposición y del propio justicialismo muchos de ellos sin cercanía con el Poder Ejecutivo. Muchos legisladores venían advirtiendo sobre el seguimiento que se hacía desde el Ministerio de Seguridad a algunos de ellos pero también a empresarios. Muchos de ellos cambiaron hábitos de comunicación para evitar que el gobierno conozca sus estrategias.

Carpetazos: Saín guardaba información ilegal de empresarios, políticos, periodistas y gremialistas

Para Pullaro “los seguimientos nunca habían ocurrido en Santa Fe” desde el final de la dictadura militar y de allí la gravedad del cuadro catalizado con la presencia de fiscales hurgando en las oficinas del Ministerio de Seguridad.

Los fiscales Hernández y Jiménez se hicieron de evidencias sobre la fallida licitación de armas y la recopilación de información “sobre personas fuera de las previsiones legales”. Apuro de funcionarios salientes por triturar documentación. Silencio en Gobierno y redefinición del equipo de Seguridad.

En el medio de los gravísimos hechos de inseguridad que se repiten casi a diario en la provincia, las diligencias concretadas este viernes por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, parecieron acelerar la salida de doce funcionarios del Ministerio de Seguridad que llegaron de la mano de Marcelo Sain.

Fiscales realizaron una inspección documental en las sedes del Ministerio de Seguridad en Rosario y Santa Fe

Los procedimientos judiciales debieron ser apurados debido a que los salientes estaban destruyendo la documentación. En tanto, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, define por estas horas junto al gobernador Omar Perotti el equipo que lo acompañará en la gestión.

Perotti y Lagna se reunieron por la ola de violencia en Rosario

En la regional I del MPA se llevan adelante dos investigaciones que involucran a la gestión de Sain. La primera sobre el proceso de licitación de armamentos que debió ser paralizada y readecuado el pliego por parte del Ministerio de Economía de la provincia. El tema fue denunciado por el propio titular regional del MPA, Carlos Arietti, al momento de producirse la vuelta al Organismo de Investigación de Sain.

La otra causa y que parece tener ribetes escandalosos y hasta inéditos desde 1983 a la fecha es por  “acumular información de personas fuera de las previsiones legales” según dijo el fiscal Hernández en declaraciones periodísticas. En este caso, la causa se inicia por testimonios de funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones que plantearon a sus superiores “dudas” sobre las tareas que se le encomendaban. “Fue la punta del ovillo para empezar a recopilar evidencias” dijo una de las fuentes con acceso al expediente. Entre las carpetas de seguimiento de personas se encuentran empresarios, dirigentes políticos oficialistas y de la oposición, gremialistas y periodistas, se aseguró a este diario. “Era una empresa criminal constituida dentro del Estado” afirmó el ex ministro de Seguridad y hoy diputado provincial Maximiliano Pullaro.

El MPA informó oficialmente que “los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández (de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1) realizaron diligencias en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, tanto en la sede de la capital provincial como en la de Rosario. Las tareas de los fiscales consistieron en solicitar documental de interés para investigaciones que están llevando a cabo referidas a procesos licitatorios y maniobras ilegales en la recopilación de información. En las diligencias llevadas a cabo hoy (por ayer), los fiscales contaron con la colaboración de personal del Organismo de Investigaciones del MPA. Por su parte, el titular de la cartera provincial brindó la colaboración debida con la medida judicial”.

El Litoral pudo saber de fuentes inobjetables que funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo fueron anoticiados la semana anterior de la marcha de la investigación e incluso varios de ellos se mostraron colaborativos. Uno de los integrantes del equipo de Perotti llevó la información al propio gobernador que durante el pasado fin de semana largo estuvo en su ciudad natal, Rafaela.

El cronograma de trabajo de Hernández y Jiménez no tenía previsto aún la búsqueda de evidencias en la cartera de Seguridad pero un llamado alertó a uno de ellos de que funcionarios allegados a Sain estaban destruyendo documentación. Así en pocos minutos se resolvió hacer la diligencia y para ello se valieron de funcionarios del OI de esta capital. El propio Lagna recibió a los fiscales y uno de sus secretarios fue guiando a los investigadores por las oficinas de la cartera. “Tenemos documentación y encontramos papeles destruidos” confió uno de los fiscales.

Una vez concluido el procedimiento, Lagna mantuvo una larga reunión con los fiscales mientras la documentación ya estaba guardada en el automóvil del OI que los llevó a Rosario. “Lagna hizo catarsis con los fiscales” describió una fuente inobjetable.

Débora Cotichini, jefa de Inteligencia Sur del Organismo de Investigaciones del MPA, fue desplazada de su cargo este jueves. Tiene dos investigaciones en su contra por enviar datos reservados al Ministerio de Seguridad

La jefa de Inteligencia Sur del Organismo de Investigaciones del MPA, Débora Cotichini, fue suspendida este jueves. La decisión fue tomada por la Fiscalía General de la provincia tras la solicitud hecha por la Auditoría general del órgano judicial; en paralelo, avanzan dos investigaciones contra ella, entre las que se encuentran la causa por posibles filtraciones de escuchas legales al Ministerio de Seguridad.

Sain presentó un amparo ante el avance legislativo sobre su cargo judicial

Según informó el periodista Hernán Funes en Radio 2, Cotichini recibió la notificación en la mañana de este jueves, cuando le comunicaron que desde hoy ya no se desempeñará en sus funciones. La funcionaria judicial es considerada la “mano derecha” del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain en las causas complejas, como auxiliar de la Justicia.

Debate para suspender a Sain del MPA

La ahora desplazada jefa de Inteligencia Sur del Organismo de Investigaciones del MPA afronta dos investigaciones en su contra: una por uso indebido de recursos y violación del deber de reserva; y otra por ocultamiento de información a superiores. No obstante, se hizo una sola denuncia penal por las dos.

Cotichini está sospechada de haber filtrado información reservada para fines políticos. Solicitó a analistas la producción de un perfil de la ex funcionaria Ana Viglione cuya información luego fue emitida por un canal de Buenos Aires. Además, por posible envío de datos bajo reserva de causas, como escuchas legales, a Sain cuando era ministro de Seguridad.

Cotichini estaba en funciones pero una nueva denuncia del subdirector Víctor Moloeznik, ahora por ocultar información a sus superiores, desencadenó su corrimiento. Esta presentación no involucra a Sain. Quien firmó la medida a pedido de la auditora María Cecilia Vranicich fue Carlos Arietti, jefe de los fiscales de la ciudad de Santa Fe, en reemplazo de Jorge Baclini (en licencia). Vranicich además hizo la denuncia penal en Rosario que incluye los dos sumarios.

Mientras tanto, en la investigación hay pericias ordenadas sobre la computadora y el teléfono que usaba la desplazada funcionaria judicial.

El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain dijo tiempo atrás a Rosario3 que la causa no tiene sustento y que es una represalia porque Cotichini “fue contra las estructuras de poder que son socias del delito”.

La Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se reunió este lunes en la ciudad de Rosario para considerar un recurso de apelación presentado por el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos Arietti, contra el decreto de la Auditora General de Gestión (AGG) por el cual se declaró incompetente para intervenir como órgano disciplinario en las denuncias presentadas por el accionar del director del Organismo de Investigación (OI), Marcelo Sain.

La decisión de la Junta de Fiscales, que fue tomada por unanimidad, quedó plasmada en un acta que se rubricó al finalizar la reunión.

En primer lugar, la Junta de Fiscales analizó si la resolución de la AGG es apelable y decidió en sentido positivo. En tal sentido, la Junta de Fiscales resolvió que “es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.

En segundo lugar, concluyó que “es el Fiscal General como superior jerárquico del MPA (único superior de la AGG) el órgano competente para conocer del recurso en cuestión”.

PARTE DEL ACTA“La impugnabilidad de la resolución de la AGG y el órgano competente para resolver la impugnación, no está expresamente regulado”, aclaró la Junta de Fiscales en el acta rubricada. “Se genera así un posible escenario de vacío legal que, en el presente caso y ante la hipótesis de una situación que podría causar un gravamen irreparable en el caso de que existiera una presunta arbitrariedad del acto administrativo, considerando que la decisión de la AGG es una resolución negativa que dejaría sin potestad disciplinaria al MPA al declararse incompetente, y teniendo en cuenta además que, en tales supuestos, resulta saludable que se verifique la posibilidad de revisión del acto administrativo, amparada en principios republicanos de razonabilidad y control, máxime cuando se trata de una decisión formal; es que la Junta de Fiscales concluye que es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.

“Las funciones asignadas por ley al Fiscal General reconocen expresamente atribuciones propias de la autoridad máxima del MPA, quien en consecuencia, ejerce aspectos de la superintendencia de la institución que habilitan a conocer en el recurso en cuestión”, finalizó la Junta de Fiscales.

El Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, denunció a Marcelo Sain ante la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, y solicitó su destitución por considerar que ha cometido “faltas graves”. En un extenso escrito de 32 fojas, apunta contra el ex ministro de Seguridad agrupando las presuntas irregularidades en cuatro tópicos: situación de hacinamiento en comisarías, compra de armas, descalificaciones sistemáticas, e incompatibilidad manifiesta para conducir el Organismo de Investigación (OI).

Por todo ello, Arietti reclamó la destitución de Sain del OI, cargo al que retorna este lunes tras la autorización pertinente del Fiscal General, Jorge Baclini. Y plantea que sea suspendido preventivamente en sus funciones, hasta tanto se sustancie el proceso en su contra. El escrito fue presentado la semana pasada y ya tuvo una respuesta de la auditora María Cecilia Vranicich. La funcionaria se declaró incompetente. Arietti apeló, entonces, la resolución y recurrió como instancia superior a la Junta Provincial de Fiscales que también se reúne este lunes en Rosario.

Comisarías 

En primera instancia, Arietti denunció a Sain por la “convalidación de tratos crueles, inhumamos y degradantes” a los detenidos en dependencias policiales del departamento La Capital. Se describe la recurrente situación de hacinamiento y superpoblación, y se concluye en que los alojados “exceden en un 200% las plazas existentes”. Se advierte la “falta de respuestas y acciones del Ministerio para morigerar la situación”, a pesar de los recurrentes hábeas corpus presentados.

Arietti recuerda en su escrito que la ley orgánica del OI plantea como incompatibilidad e inhabilidad para ejercer el cargo “la existencia de pruebas suficientes de participación en hechos que puedan ser subsumidos en la categoría de lesa humanidad o que hagan presumir razonablemente la participación, consentimiento o convalidación de hechos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes”. Para Arietti, la conducta de Sain se enmarca en este último postulado.

Compra de armas 

El segundo punto sobre el que Arietti focalizó la denuncia es la compra de armas que impulsó el Ministerio de Seguridad. Allí le reprocha “haber violado los principios de igualdad, concurrencia y razonabilidad en el procedimiento de contratación pública”. Como se sabe, el proceso había sido impugnado por una de las empresas participantes – BERSA-. La firma entendía que el pliego se había confeccionado a “la medida” de la empresa israelí IWI. Desde el Ministerio de Economía se resolvió suspender la licitación, modificar el pliego y reprogramar la apertura de sobres. Arietti cita el dictamen de la cartera de finanzas cuando le plantea a la de Seguridad que resultan “escasos los conceptos para sustentar el agrupamiento de ítems” – ése había sido el centro de la controversia y lo objetado por Bersa puesto que dicha modalidad inducía a que se presentara una sola empresa- y recomienda su división en renglones. El proceso había sido frenado, incluso, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Y contó, además, con un dictamen de Fiscalía de Estado, que avaló lo sostenido desde Economía. Por todo ello, Arietti concluye en que Sain no garantizó como funcionario público, los principios de “publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad”.

Práctica agraviante 

En tercera instancia, el Fiscal Regional advierte sobre una “conducta sistemática que trae como consecuencia la obstaculización del servicio a prestar por el Ministerio Público de la Acusación, y puede afectar el cumplimiento de los objetivos y principios del OI”. En este apartado, Arietti citó expresiones de Sain contra Baclini, cuando expresó que su actitud “dejaba mucho que desear” y lo responsabilizó de “gran parte de la crisis por la que atraviesa el MPA”; también contra el propio Arietti sobre quien dijo que “está más pegado al poder que a los problemas criminales; lo hemos visto en su comportamiento con relación al caso Oldani, y tiene una mirada palaciega de la justicia”; y en general, contra todos los integrantes del MPA, cuando sostuvo que “hay fiscales que deforman el concepto de flagrancia para no laburar”.

Para Arietti, esa conducta puede terminar “interfiriendo en actuaciones judiciales en las que (Sain) no tenga ninguna intervención oficial”. Y amplía su escrito con muestras de esa “práctica agraviante” también hacia otros integrantes del Poder Judicial -en ese blanco sitúa a la Oficina de Gestión Judicial; y al ministro de la Corte, Rafael Gutiérrez, entre otros-, hacia funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y hacia intendentes. En este sentido, Arietti aludió a “palabras soeces” con las que Sain descalificó al propio gobernador Omar Perotti, a los intendentes Emilio Jaton y Pablo Javkin – los llamó “especuladores y de cuarta categoría”-; al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz; a otros legisladores y periodistas.

Finalmente, citó expresiones y conductas “despectivas, burlonas y discriminatorias hacia la provincia y sus habitantes y otras instituciones, así como impropias de cualquier funcionario público”. Los integrantes del Poder Judicial, planteó Arietti, deben tener según la ley “una conducta irreprochable”, y recordó que es una falta grave “ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la obstaculización del trámite o del servicio” en el OI del MPA. A su criterio, con la conducta ejercida por Sain se obstaculiza “la objetividad en la aplicación de la ley penal, el respeto por los derechos humanos y la gestión de conflictos para restablecer la paz social”.

Incompatible 

Finalmente, el Fiscal planteó la existencia de investigaciones penales preparatorias que lo tiene a Sain, sus colaboradores y otros funcionarios públicos de la provincia, como imputados y/o investigados . Ello, sostiene, constituye un motivo de impedimento y una incompatibilidad actual para ser director del OI. Y “trae como consecuencia – acota- la obstaculización de los trámites y del servicio a prestar por el MPA, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y principios del OI”.

Sobre la base de los argumentos planteados, Arietti reclama la suspensión preventiva de Sain “en forma inmediata” como titular del OI, hasta tanto finalice la investigación administrativa iniciada sobre su conducta, y que pueda derivar eventualmente, en la destitución que reclama.

Una nota firmada por 27 diputados provinciales le solicitó al fiscal general, Jorge Baclini, que no permita la reincorporación y permanencia de Marcelo Saín al frente del Organismo de Investigaciones” y advierten que en caso de que no haga lugar el pedido llevarán el planteo a otros ámbitos de la justicia  y “ante los organismos de contralor de vuestra función”.

El escrito presentado a última hora del martes tiene 26 carillas y es acompañada por una carpeta con declaraciones producidas por Sain siendo ministro de Seguridad en diferentes medios. El planteo central es la incompatibilidad entre el cargo ejercido y al que solicitó reincorporarse. Además advierten que hay un expediente iniciado por la Comisión de Juicio Político a raíz de la presentación de dos ciudadanos.

El mismo lunes 22, Sain se presentó en la fiscalía general con copia de su renuncia como ministro de Seguridad así como el decreto del gobernador Omar Perotti aceptando la dimisión y exigiendo ser reincorporado al cargo de director general del Organismo de Investigaciones del cual se encontraba en uso de licencia desde diciembre de 2019.

La presentación ante Baclini lleva la firma de 22 frentistas (12 socialistas, 8 radicales, PDP y Gen); los cuatro del interbloque de Juntos por el Cambio (2 Pro y 2 UCR) más Amalia Granata (Somos Vida).

“Esperamos que dentro del MPA se tomen los recaudos necesarios” dijo uno de los firmantes al ser consultado por El Litoral. Se recordó de varios planteos de legisladores opinando que no correspondía que se le haya otorgado la licencia de un cargo del Poder Judicial para desempeñar un cargo en el Poder Ejecutivo. “Siempre dijimos que quien desde el Poder Judicial desea ir a un cargo de gestión debe renunciar antes” acotó otro de los firmantes.

No dejó de remarcarse que con amplia mayoría la Legislatura sancionó en noviembre una norma estableciendo claramente las incompatibilidades entre cargos en el MPA y el Ejecutivo. La norma fue totalmente vetada por el Poder Ejecutivo pero esa observación no estará firme hasta fines de mayo. 

Para la mayoría de los firmantes el paso en el Poder Ejecutivo de Sain “agravó esta situación porque tomó partido con fuertes críticas a la oposición, permanentes dichos discriminatorios y despectivos hacia dirigentes y muy, pero muy polémicos”.  Los diputados que estamparon su firma en la nota no dudaron en decir ante El Litoral lo “perniciosa, negativo para todo el sistema de investigación y persecución penal que una persona con estas características vuelva al cargo”.

En el escrito se afirma que “el desempeño en el cargo de Ministro de Seguridad,  conservando su cargo como director del OI, genera incompatibilidades y prohibiciones manifiestas y flagrantes al momento de solicitar el levantamiento de la licencia oportunamente otorgada y pretender reincorporarse y permanecer en su cargo de origen”. 

A entender de los legisladores las incompatibilidades surgen de la Constitución Provincial y de las leyes 10160, 13013 y 13459. A esto le suman el perfil de Sain quien como ministro evidenció  “su participación en la política partidaria de manera explícita y agresiva, a diferencia incluso de sus pares del propio Poder Ejecutivo, destacándose sus apreciaciones descalificantes para con figuras políticas de otros espacio político e incluso del suyo propio”.

Advierten que de volver a la función eventualmente tendría que investigar su propia gestión como ministro o la de sus ex compañeros de gabinete y que incluso podría desde el OI condicionar a su sucesor.

Después mencionan 18 hechos generados por Sain ministro de Seguridad que van desde referencias despectivas al propio Baclini como al fiscal regional 1, Carlos Arietti y a fiscales locales; contra el gobernador; contra los intendentes de Santa Fe y Rosario; referencias a la política y a la prensa santafesina;  a legisladores, dirigentes políticos, contra la justicia; maltrato a varios intendentes; ser “partidario de cargarlos a tiros a todos” así como burla y falta de respeto institucional.

Le recuerdan además a Baclini que “se ha presentado, al menos, una denuncia penal respecto a la actuación de Saín en su etapa de ministro, así como también ha habido denuncias públicas en los medios de comunicación y/o redes que ameritan iniciar investigaciones de oficio por parte del MPA”.

Farías ante INADI 

El jefe del interbloque del Frente Progresista, Pablo Farías, presentó ante el INADI una denuncia contra Sain “entendiendo que todo el pueblo de la provincia de Santa Fe ha recibido un trato discriminatorio,  indigno y/o arbitrario que lo ha colocado en una situación de indefensión dañando su integridad moral”.

El escrito también abunda en documentación y le solicita determine si las declaraciones del ministro ameritan ser reconocidos como discriminatorias a los efectos de la ley 23.952. En el último punto, Farías le solicita a la funcionaria nacional en virtud de toda la documentación recabada que emita dictamen.

Aún bajo la vigencia de las normas actuales, elementales razones de sentido común impiden convalidar la  reincorporación y eventual permanencia del señor Saín al OI por cuanto han sobrevenido causales que lo tornan inhábil para el desempeño del cargo en cuestión, debiendo por tanto iniciarse el procedimiento tendiente a su remoción”.

Sesión homenaje 

La Cámara de Diputados realizó ayer, en forma virtual, una sesión especial por el Día de la Memoria, por la Justicia y la Verdad. La reunión fue encabezada por el presidente del cuerpo, Miguel Lifschitz quien se encontraba junto al secretario Parlamentario, Gustavo Puccini, en la delegación de la Cámara en Rosario mientras que la  mayoría de los integrantes del cuerpo participó desde las pantallas.

Hubo un minuto de silencio, algunas palabras de apertura del propio Lifschitz calificando al Golpe como “punto de inflexión en la historia argentina que cambió la realidad económica, política y social del país”. Se votó además una resolución a instancias de Claudia Balagué (PS) para que la Cámara de Diputados se sume a la campaña de plantación de árboles que se hace en todo el país motorizada por organismos de Derechos Humanos.

Luego fue el turno de las ponencias que estuvieron a cargo de Matilde Bruera (PJ), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular),  Betina Florito (Somos Vida Santa Fe), Oscar Martínez (Frente Renovador), Juan Cruz Cándido (UCR), Lionealla Cattalini (PS); Agustina Donnet (Igualdad) y Cesira Arcando (Fe).

Firmantes 

La nota ante Baclini tiene las firmas de los socialistas Pablo Farías, Joaquín Blanco, Claudia Balagué, Lionella Cattalini, Esteban Lenci, María Laura Corgnalli, Clara García, José León Garibay, Erica Hynes, Gisel Mahmud, Pablo Pinotti y Lorena Ulieldin. Los radicales frentistas firmantes son Maximiliano Pullaro, Fabián Bastia, Juan Cruz Cándido, Sergio Basile, Silvana Di Stéfano, Marlen Espíndola, Marcelo González y Jimena Senn. También firmaron por el Frente Gabriel Real (PDP) y Mónica Peralta (Gen).

A estas firmas se sumaron Alejandro Boscarol, Julián Galdeano, Gabriel Chumpitaz y María Ximena Sola por Juntos por el Cambio y Amalia Granata (Somos Vida).

La salida de Marcelo Sain del Ministerio de Seguridad y su reemplazo por el actual funcionario del área y ex diputado provincial, fue vista por la dirigencia como una oportunidad para reencauzar el diálogo en el combate contra la inseguridad.

Por Emerio AgrettiJorge Lagna asumirá este viernes como nuevo ministro de Seguridad de la provincia, tal como había anticipado El Litoral, y quedó resuelto en el curso de la tarde de ayer en una reunión en Rosario entre el gobernador Omar Perotti, el propio Lagna y el saliente Marcelo Sain, que volverá a desempeñarse en el Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

La salida de Sain, que ya era un secreto a voces en el ámbito político (tal como lo reflejara este diario), fue firmemente resistida por el propio funcionario, que hasta la misma jornada de ayer no se manifestaba dispuesto a ello, a pesar de que ya se conocía el nombre de su sucesor. Lagna confirmó el relevo, que se hizo oficial en la mañana de este viernes, a través de su cuenta de Twitter y ya entrada la noche.

“Sain presentó la renuncia porque siente que cumplió un ciclo. el gobernador me propuso el cargo y yo estoy muy agradecido porque es un gran desafío para mi carrera política”, dijo Lagna, que a los efectos de participar en esa reunión en la que se terminó de diseñar el recambio tuvo que trasladarse de manera urgente desde Vera, donde se encontraba cumpliendo funciones en su condición de secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad. 

Además, agregó que “yo me acoplé muy bien al equipo de trabajo de Sain. Desde lo técnico estoy muy bien cubierto en el ministerio. A esto le sumo que siempre trabajé en la política santafesina”, argumentó el dos veces diputado provincial. 

El propio Sain, puesto en la picota no sólo por la escasez de resultados exhibidos en el combate a la criminalidad y la inseguridad en la provincia, sino también por sus polémicos dichos y publicaciones en redes sociales, aseveró que “la continuidad de las políticas que implementamos están garantizadas con Lagna. Yo estoy muy tranquilo y muy agradecido al gobernador”.

Tanto es así que, según pudo saber El Litoral, en el Ministerio continuará el mismo equipo en segundas y terceras líneas que actuó durante la fallida gestión de Sain.

Repercusiones 

La llegada de Lagna a la cúspide del Ministerio de Seguridad tuvo buena recepción en el sector político, cuyos integrantes mantuvieron recurrentes discusiones o incluso enfrentamientos con Sain, al punto de que la Cámara de Diputados daba inicio este jueves al trámite de un pedido de juicio político por dichos racistas y discriminatorios del funcionario.

Una de las expresiones más significativas provino del jefe de la bancada radical de diputados, y ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien manifestó a Lagna “toda la predisposición para el diálogo democrático que la provincia de Santa Fe siempre tuvo. A mirar para adelante”.

“Anhelamos que con la salida de Sain, el gobernador Perotti inaugure un nuevo tiempo, en donde prime el diálogo constructivo y políticas de consensos para combatir la inseguridad en todos los órdenes. En ese marco siempre nos encontraran dispuestos a colaborar”, añadió por su parte el senador Felipe Michlig.

Desde el Bloque Somos Vida Santa Fe de diputados, Betina Florito indicó que “como lo hicimos antes y porque es la función por la que lo santafesinos nos eligieron nos ponemos a disposición para trabajar con respeto, diálogo y consenso, el flagelo de la inseguridad”.

“Felicidades a Jorge Lagna por su designación. Sabemos que es un hombre de diálogo y de trabajo. Esperamos que el cambio sirva mejorar la actual situación”, apuntó el senador Lisandro Enrico, protagonista de algunos de los principales cruces con el ministro saliente.

En tanto, el intendente rosarino Pablo Javkin, con quien también mantuvo Sain una reciente polémica, sostuvo que “le deseo éxito y le ofrezco toda la colaboración, mía y del Municipio, al nuevo Ministro de Seguridad. Estamos preparados para trabajar en conjunto. Los rosarinos y rosarinas necesitamos volver a vivir en paz”.

Al cabo de dos jornadas cargadas de versiones, en las que el gobernador de la provincia suspendió parte de su agenda para dedicarse a resolver la situación planteada en esa área de gobierno.

Tras horas de intensos cabildeos y en el marco de una presión ya insostenible, el gobernador Omar Perotti decidió que Marcelo Sain deje su cargo a la cabeza del Ministerio de Seguridad y sea reemplazado por el actual secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, el ex diputado Jorge Lagna.

La permanencia de Sain se volvió muy difícil de mantener en un contexto en que las estadísticas de violencia y criminalidad, fundamentalmente en Santa Fe y Rosario, no dejan de crecer y de registrar víctimas. Máxime cuando las usualmente desafortunadas intervenciones del funcionario, a través de declaraciones o tuits polémicos, tuvieron como corolario en los últimos días la difusión de una serie de comentarios denigratorios y racistas, que le valieron la presentación de un pedido de juicio político en la Legislatura santafesina. De hecho, se esperaba que este mismo jueves tuviese inicio en la Cámara de Diputados el largo proceso destinado a su eventual destitución.

Mientras que Perotti mantuvo un marcado silencio sobre la continuidad de Sain, incluso rechazando expresamente hablar al respecto, en los últimos días no hubo apariciones en público del ministro. Y en tanto se esperaba una reunión entre ambos para definir los pasos a seguir, el mandatario suspendió actividades de agenda inicialmente pautadas para miércoles y jueves, a los efectos de dedicarse concretamente a esta cuestión.

Perfiles 

En este marco, se pudo saber que Lagna fue convocado a la ciudad capital en la tarde del miércoles, desde el norte de la provincia, donde se encontraba cumpliendo sus funciones. Con el correr de las horas, este diario pudo corroborar que es el elegido para reemplazar a Sain.

Lagna fue dos veces diputado provincial, y es considerado un “duro”, tanto en lo que hace a su concepción de la seguridad (un perfil opuesto al garantismo de Sain) como en su desenvolvimiento político. Al respecto, cabe apuntar que en su momento fue impulsor del controvertido proyecto de castrar a violadores, y a la vez es coautor del libro “La secta socialista”.

En las primeras horas de este viernes, la gestión provincial difundió oficialmente la decisión de Omar Perotti de aceptarle la renuncia al ministro de Seguridad. Afirman que su sucesor, Jorge Lagna, mantendrá las mismas líneas directrices en la materia.

A través de un comunicado oficial, el gobierno de la provincia anunció esta mañana que el gobernador de Omar Perotti aceptó la renuncia del Ministro de Seguridad, Marcelo Fabián Sain. El cargo será ocupado por el Dr. Jorge Lagna quien asumirá este viernes y “continuará trabajando bajo los principios establecidos por el mandatario provincial: romper los vínculos con el delito y las mafias; ampliar el número de integrantes de las fuerzas policiales; dar un salto cualitativo en su equipamiento y fortalecer las tareas de prevención”, plantea el comunicado.

“Estos principios rectores, tal como lo señalara el gobernador Omar Perotti, seguirán constituyendo la política central en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe”, se expresó.

En esta nueva etapa que se inicia en el Ministerio de Seguridad “se fortalecerán las acciones concretas de prevención territorial. Para ello, ya fueron incorporados en el desarrollo de tareas conjuntas, 700 efectivos pertenecientes a la fuerza provincial y a las fuerzas nacionales. Esto permitirá aumentar los puntos de control en las calles, maximizar la presencia policial en los barrios y disminuir los tiempos de respuesta”.

El comunicado concluye diciendo que “el gobierno provincial se encuentra desplegando una lucha sin cuartel para desarticular organizaciones criminales, que se han expandido durante los últimos años en nuestra provincia”.

En conferencia de prensa, el senador buscó despegarse de las acusaciones en su contra y aseguró haber sido víctima junto a su familia de actos intimidatorios violentos

“Tengo un solo teléfono celular. Guardo todas las comunicaciones con Ponce Asahad. Cuando llegue el caso pondré mi teléfono celular a disposición, cuando tenga garantías, para que se corroboren las mentiras de Ponce Asahad”. El senador departamental por San Lorenzo Armando Traferri encabeza, este lunes por la mañana, una conferencia de prensa en la que busca defenderse de las acusaciones que pesan sobre su persona y lo ubican como pieza clave en una estructura de protección al juego ilegal mediante retornos económicos, la misma que provocó la destitución y encarcelamiento del fiscal regional Patricio Serjal y del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad. En este marco, aprovechó para volver a disparar contra el ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain.

En paralelo a esta convocatoria a medios, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que lo investigan por su presunta relación en una estructura de juego clandestino presentan a la Cámara de Senadores su pedido de desafuero, de manera de afectarlo a un proceso penal como sospechoso de un delito.

Traferri volvió a apuntar contra el ministro Sain, a quien señaló como responsable de entorpecer el vínculo entre el gobernador Omar Perotti y la Legislatura. “Cada vez que el gobernador intentaba tener una buena relación con la legislatura o con la oposición, aparecía Saín y se terminaba todo”, sostuvo. “El ministro parece más un comentarista político que un ministro de seguridad. ¿Quién sabe el plan de seguridad que presentó Sain?”, preguntó.

José Luis Vázquez, abogado de Traferri, acompaña al senador en la conferencia de prensa. “Cuando no se puede ganar una batalla desde la política, se elimina al oponente. Aquí, la Agencia de Inteligencia de la provincia, comandada por Sain buscó este canal que lo tiene disponible porque es el organismo del MPA”, dijo. “Es una operación de inteligencia, Sain tiene el manejo del MPA, que lo sigue integrando a pesar de la licencia. Las declaraciones de Ponce Asahad -en mi interpretación- es una manipulación de los fiscales”, planteó el letrado. “La provincia no tiene Ministerio de Seguridad, tiene agencia de inteligencia y un brazo armado que es el Ministerio de seguridad”, añadió.

“El MPA no brinda seguridad”

“Estamos muy preocupados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), es un organismo que no le brinda seguridad a los ciudadanos”, disparó el sanlorencino ante una multitud de periodistas que acudieron este lunes a la convocatoria, en la delegación de la Cámara de Senadores ubicada en la sede local del Gobierno provincial. “No es de ahora. Venimos de una vieja disputa, de miradas y concepciones distintas de lo que debe ser la Justicia”, aclaró.

El presidente de la bancada oficialista en la Cámara Alta precisó ante los periodistas que tenía en su poder para mostrarles “denuncias que vengo haciendo desde 2010 sobre la connivencia policial con sectores de la justicia y la política”. Aclaró: “No es una denuncia, son muchas”.

En este marco, Traferri aseguró haber sido víctima junto a su familia de actos “intimidatorios violentos”. Abundó: “No un llamado por teléfono diciendo “Mira que te vamos a matar” o “Tené cuidado con lo que hacés”. Quema de autos, balaceras, secuestros”, precisó. “Tengo todo documentado para mostrarlo”, subrayó.

“No vengo a victimizarme”

En otro tramo de la conferencia de prensa, el senador planteó: “Debo ser el único senador que hizo una denuncia vinculada al narcotráfico en sus vínculos con la policía y la justicia. Un día le llegué a preguntar a Carlos del Frade qué podía hacer, cómo podía seguir, porque estaba en riesgo la vida de mi familia”.

Aclaró luego: “No vengo a victimizarme, vengo a contarles hechos concretos de la realidad, tengo pruebas respaldatorias. No hablo en supuestos, no me equivoco ni guiono, cuento mi verdad, la que respaldo con la documentación que tengo”.

Periodistas en el pedido de desafuero

“Vamos a pedir que la sesión del pedido de desafuero sea pública, que el periodismo pueda asistir. Estamos interesados en la verdad porque esta es una cuestión institucional que tiene que ver con la República y la democracia”, anticipó Vázquez. “Los más interesados en la verdad somos nosotros”, enfatizó.

“Esta situación es lamentable y vamos a aprovechar para mostrarle a la gente como se tienen que manejar los enfrentamientos de la política, tienen que ser abiertos. No tiene que haber secretos”, sostuvo

El funcionario dijo que debió recluirse cuatro días – hasta el sábado – por un caso sospecho que resultó negativo. Confirmó casos positivos en la plana mayor de la Policía. Se estima que unos 500 efectivos de las fuerzas están desafectados por situaciones vinculadas a la pandemia.

El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, desmintió este miércoles haber tomado licencia o estar cumpliendo actualmente un período de aislamiento. Consultado a raíz de una serie de versiones que comenzaron a circular en este sentido, el funcionario explicó que solamente estuvo aislado desde el jueves hasta el sábado por haber compartido varias horas con un “colega” que luego presentó síntomas. “El jueves en la ciudad de Rosario estuvimos unas siete horas con esta persona participando de diferentes reuniones; en el Ministerio Público de la Acusación, en el Arzobispado y con otros funcionarios para hacer intervenciones en materia de seguridad en barrios muy conflictivos… Esa persona tuvo síntomas de Covid en la noche del jueves pero tras el hisopado correspondiente, el sábado le comunicaron que era negativo. Por eso estuvimos aislados desde el jueves hasta el sábado; yo, en la ciudad de Rosario”, relató.

Sain dijo que tras ello retomó y siguió cumpliendo sus funciones de manera normal, con reuniones en Buenos Aires – en la Agencia Nacional de Materiales Controlados por desarme y destrucción de arma – y con otras actividades que incluyen esta semana, por ejemplo, la entrega de patrulleros.

En las fuerzas

Saín sí confirmó casos positivos dentro de lo que es la cúpula de la policía provincial. Se trata de tres integrantes de la plana mayor, uno de ellos, en situación de internación. A ellos se suma el secretario Legal y Técnico del propio Ministerio de Seguridad que también está hospitalizado.

En tanto, según confirmaron a El Litoral fuentes seguras, existen “unos quinientos efectivos” de la policía santafesina que no están prestando servicio por situaciones derivadas de la pandemia; en algunos casos contrajeron el virus, y en otros, están aislados por haber mantenido vínculo estrecho con personas contagiadas.

Junta de Seguridad

En otro orden y en el marco de las actividades que enumeró para demostrar que está en pleno ejercicio de sus funciones, Saín adelantó a El Litoral que por pedido expreso del gobernador Omar Perotti, convocará en los próximos días a la Junta Provincial de Seguridad. Ésa ha sido una solicitud que en las últimas horas formularon legisladores del Frente Progresista, después de la conmoción que generó en la ciudad de Rosario el homicidio de Sebastián Cejas, un joven de 38 años que había acompañado a su padre a un hospital y mientras lo esperaba, lo asesinaron para robarle el auto.

La Junta fue creada por el entonces gobernador Miguel Lifschitz para que confluyesen en ese ámbito funcionarios de los tres poderes del Estado con la finalidad de evaluar y diagramar políticas públicas en materia de seguridad. Pero no se reunió desde que comenzó la gestión de Perotti. El Socialismo ya había reclamado a principios de año que la Junta se constituyese; ahora, el pedido se renovó frente al alarmante número de homicidio en el departamento Rosario, que trepa a 151 en lo que va del año.

PENITENCIARIOS

Fuentes del Servicio Penitenciario admitieron “algunas dificultades” en los relevos y cambios de guardia de los penales de la provincia, a raíz del personal que se encuentra desafectado por la situación sanitaria. Según se estimó, entre personal enfermo, contagiado y recuperado pero no en condiciones de reintegrarse aún, más los que están en uso de licencias especiales, “hay unos 400 penitenciarios” que no están prestando servicio. En tanto, al día de hoy, son ocho los reclusos que han contraído el virus: cinco de Las Flores, uno en Coronda y dos en la Alcaidía de la ciudad de Rosario.

La Cámara alta dio un fuerte gesto político y condenó las expresiones del titular de Seguridad que relacionaron a los senadores con vinculaciones “de desestabilización social”. En los fundamentos de habla de la “intromisión” del Ejecutivo en el Poder Legislativo.

La Cámara de Senadores manifiesta su enérgico rechazo a las manifestaciones vertidas por el Sr. ministro Marcelo Fabián Sain, titular de la cartera de Seguridad dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, respecto de cualquiera de sus miembros a título individual y del conjunto de los representantes que la integran, como institución de la democracia constitucionalmente perteneciente al ámbito del Poder Legislativo y siendo los mismos titulares de un mandato electivo renovado por la sociedad en cada acto comicial, considerando que tales expresiones por su sistemática realización y palmario contenido agraviante constituyen una afectación directa a la institución legislativa, al mandato popular que revisten sus miembros y a las garantías de normal desempeño del mismo”.

En los considerandos expresa que “se han reiterado” las expresiones del funcionario que “aluden expresamente a miembros de la Cámara de Senadores y los vinculan a hipotéticas conductas de desestabilización social y/o institucional”.

Tras advertir que expresiones de este tenor “no constituyen un accionar novedoso por parte del citado funcionario del Poder Ejecutivo, sino que implican una modalidad reiterada y sistemática de menoscabo a esta institución democrática del ámbito legislativo, por medio del ataque directo a sus miembros promoviendo el descrédito personal y funcional de los integrantes de la Cámara”.

“Resulta necesario –sigue- resaltar que tales conductas, alejadas de las mínimas exigencias de responsabilidad y buen criterio que deben prevalecer en quienes ostentan un cargo público, constituyen en los hechos una afectación directa de las condiciones de desempeño legislativo, intromisión grosera de la esfera del mismo y promoción de un contexto de crispación de la labor de esta Cámara ya que inducen al descrédito social y resultan impropias de cualquier funcionario, desde el rango más bajo hasta la cúspide de la jerarquía orgánica como es el caso del ministro de Seguridad de la Provincia”.

“La gravedad de las manifestaciones, la reiterada insistencia y profundización de las mismas en cada oportunidad en que el titular de la Cartera de Seguridad tiene acceso a los medios de difusión masiva y la falta de rectificación o retractación del mismos o expresión por parte del Poder Ejecutivo Provincial indicando expresamente su respaldo a la institucionalidad de otro poder del Estado (en la persona de sus miembros democráticamente electos por mandato popular), hacen pertinente una toma de posición contundente por parte de esta Cámara en su conjunto que resguarde la representación constitucional que reviste y que llame a la reflexión profunda del funcionario citado respecto a una conducta, no solo impropia, sino de peligrosa y perniciosa incidencia en la vida democrática”, concluye el documento.

Atribuyó las protestas policiales en Santa Fe a sectores que “quieren manejar y manipular políticamente” a la Policía de la Provincia.

El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, atribuyó hoy las protestas policiales en la provincia a sectores que “quieren manejar y manipular políticamente” a esa institución y advirtió que no se dejará “apretar por estos cachivaches”.

Sain realizó declaraciones esta mañana, luego de anunciar ayer una serie de mejoras salariales y laborales para la fuerza de seguridad santafesina.

En la Jefatura de Policía de Rosario persistía hoy una protesta de unos 30 familiares de policías organizados en un grupo, denominado “Familia Azul”, mientras un puñado de miembros de la fuerza protestó en la sede del Ministerio de Seguridad, en la ciudad de Santa Fe.

En tanto, la jefa de Policía de la provincia, Emilce Chimenti, aseguró que no hay una huelga en la fuerza de seguridad y aclaró que “el patrullaje está garantizado”.

Sain, por su parte, sostuvo que detrás de la protesta hay sectores que “quieren manejar y manipular políticamente la institución policial”.

Puntualmente identificó a “una abogada histórica de policías gatilleros, hija de (el comisario retirado Ernesto) Andreozzi, hombre de la ciudad de San Lorenzo”.

El titular de la cartera de Seguridad sostuvo que Evelyn Andreozzi, hija del comisario retirado, “ejerce la abogacía defendiendo policías feos, policías con problemas con la ley”.

En relación a otro de los representantes legales de “Familia Azul”, Jorge Bedouret, recordó que “es un abogado histórico de Los Monos”, la violenta banda narcocriminal de Rosario.

“A mí no me van a apretar estos cachivaches”, sostuvo Sain en declaraciones a Radio Dos de Rosario.

Propone un nuevo esquema de trabajo donde siete direcciones dependerán de la Jefatura provincial. No existirían más las 19 unidades regionales. Antecedentes históricos y un cuadro preocupante del personal actual y su distribución.   

El gobernador Omar Perotti tiene en su despacho el proyecto de ley del Sistema Policial que elaboró el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y que plasma lo que viene señalando desde que fuera designado en el cargo. Es un documento de 151 páginas, cargado de datos históricos y estadísticos sobre la fuerza para luego exponer los 187 artículos que contiene el texto que deberá ir a Legislatura.

El proyecto de Ley del Sistema Policial de la Provincia más los de Seguridad Pública y de Control del Sistema Policial elaborados por la cartera conforman el trípode de normas que propone Sain para cambiar la forma en que el Estado hará frente a la inseguridad.

La Ley Nº 7.395 Orgánica de la Policía data del año 1975 y la Ley Nº 12.521 de Personal Policial tiene 15 años. “No es posible mejorar la seguridad pública de los santafesinos sin reformar la policía. No es una condición suficiente, porque la policía es sólo un componente del sistema de seguridad pública, pero es una condición necesaria”, aclara.

Como Sain viene señalando en declaraciones públicas “el viejo pacto de gobernabilidad caracterizado por la delegación política, el autogobierno policial y la regulación policial del crimen debe ser reemplazo por una nueva forma de relación entre la política y la policía, un nuevo modelo de organización del sistema policial y la reformulación de sus prácticas y patrones de funcionamiento. Este pacto democrático sobre la seguridad se debe asentar en tres principios: la no participación ni contaminación de las instituciones políticas con el crimen; la generación de acuerdos políticos para la preservación inter temporal de las políticas públicas concertadas; y la conducción política de los asuntos de seguridad y, en ese marco, la modernización policial”.

POCOS

Sólo 12.402 policías estaban en la calle abocados a servicio de patrullamiento, vigilancia preventiva y labores de control especializadas. Esta dotación dividida en cuatro turnos deja sólo 3.100 policías por turno haciendo prevención para 3.369.000 de personas que habitan en la provincia.

Para fundamentar el proyecto, el texto recorre la evolución histórica de institucionalidad policial en Santa Fe; desarrolla un diagnóstico sobre los principales problemas organizacionales y por último se describen y justifican los contenidos del proyecto institucional propuesto que pretende modernizar el sistema policial provincial.

El diagnóstico del ministro es muy duro: “la Policía cuenta con bases doctrinarias vetustas y anacrónicas; una organización rígida y conformada por un conglomerado de piezas agregadas sin sentido organizacional integral; y modalidades de trabajo perimidas e ineficientes frente a la complejidad de las problemáticas criminales”. Cuestiona la ausencia de una gestión integral de los recursos humanos donde la Policía no dispone de información unificada, válida y confiable acerca de la distribución de efectivos en las diferentes unidades orgánicas componentes del sistema.

Nadie vio el proceso de pauperización institucional que padeció la policía y, menos aún, que dicho proceso ocurrió en un contexto de fuerte aumento de las tasas criminales, de transformación del fenómeno criminal y surgimiento de grandes grupos delictivos dedicados al narcotráfico y de creciente corrupción policial vinculada a los negocios criminales de alta rentabilidad ilegal.

Algunos números

La Jefatura de la Policía informó que la institución contaba con 21.368 efectivos, de los cuales 20.182 prestaban servicios efectivos, lo que incluía también a los que lo hacían prestando “tareas diferentes”.

También advierte que según el D 1 el 64,3% de los efectivos son hombres y el 35,7% mujeres. El 90,7% de los efectivos desarrollan tareas en el “Escalafón General” de Seguridad y el 9,3% se repartía en las restantes categorías profesionales. Señala que 19.128 policías (casi el 90%), se concentra en los grados más bajos de la escala. Sólo 1.106 efectivos tienen una antigüedad de entre 26 y 40 años de servicio (5,2%).

De entre los 18.895 policías activos, 3.962 efectivos (el 20,9%) se dedicaban a actividades de conducción, administración y operacionales diferentes de seguridad preventiva: 1.129 efectivos (5,9%) a conducción superior y a servicios no operacionales de carácter administrativos y de apoyo; 1.950 (10,3%) servicios de investigaciones criminales: 1.803 en la Dirección General de Investigaciones y 147 policías destinados al D.1 pero se encontraban en comisión de servicio en el “Organismo de Investigaciones” del MPA; 3. 335 policías (1,87%) en unidades de servicios especializados: 97 en las Tropas de Operaciones Especiales; 129 en la Unidad Especial Policial Casa de Gobierno; 51 en la Unidad Especial Protección de Testigos y Víctimas de Violencia; y 58 en la Unidad Especial Protección de Testigos y Querellantes; 4. 415 policías (el 2,19%) reportaban en Bomberos; y 5. 133 policías (0,7%) en la Dirección de Asuntos Internos.

El resto abocado al desarrollo de tareas de la seguridad preventiva: 14.933 numerarios (el 79% del total de los policías activos): 2.441 policías (12,91%) estaban destinados en las Direcciones Generales: 812 en Policía de Acción Táctica; 611 en Seguridad Rural; 464 en Seguridad Vial; y 554 en Policía Comunitaria. 11.755 policías (62,21%) estaban destinados en las 19 Unidades Regionales; y 3. 737 policías (3,9%) reportaban en la Dirección General Central OJO.

Describe la situación de las 19 unidades regionales que cuentan con una escasísima dotación de personal y, en particular, de efectivos abocados al desarrollo de labores operacionales, dotación que resulta insuficiente para cumplir labores básicas de seguridad preventiva. Las califica de unidades “fantasmales” y dejarían de formar parte de la futura estructura.

Otro capitulo está dedicado a la policía como sistema carcelario y “apéndice administrativo” judicial que le resta capacidad operativa.

Insiste mucho en el concepto de policía corta en cuanto a la cantidad de personal policial, y signada por la ausencia de profesionalización y formación en la alta gerencia por parte de los mandos superiores y la desequilibrada forma en la cual está distribuido el personal entre las diferentes unidades de la institución policial;

CUATRO

La policía se dividirá en cuatro con cuatro escalafones o grandes áreas de competencia. Seguridad Preventiva, Investigación Criminal, Operaciones Especiales y Control Policial.

Los alcances

El proyecto en sí se divide en títulos: el primero “Sistema policial provincial” hace referencia a la conducción política del dispositivo policial, funciones y organización básica. Le sigue “Estructura” donde plantea dirección y operacional de la Policía, la Agencia de Investigación Criminal, la Tropa de Operaciones Especiales y la Agencia de Control y la coordinación entre las mismas.

El título III “Funcionamiento” establece las pautas de trabajo del sistema policial y las siguientes regulaciones básicas de la actuación policial. El siguiente es “Régimen Profesional” refiere a la carrera y el régimen profesional del personal proponiendo y articulando nuevas 62 prescripciones profesionales. En el título VI “Implementación” crea las estructuras, procedimientos y mecanismos de seguimiento y control del proceso de implementación del nuevo sistema y en VII están las disposiciones complementarias y transitorias para llevar a cabo la transición entre la normativa vigente y la propuesta de reforma.