Un incendio de magnitud tiene en vilo a un barrio de la localidad chubutense de El Hoyo, el cual arrasó con una vivienda y ya consumió cerca de 20 hectáreas de vegetación autóctona.

Mientras más de un centenar de combatientes y medios aéreos intentan frenar el avance de las llamas, aparecieron panfletos en los que la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudicaría el inicio de las llamas.

No obstante, fuentes vinculadas al gobierno de Chubut aseguran que “si bien hay indicios de intencionalidad, es imposible determinar si la agrupación mapuche está vinculada al origen del siniestro”.

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Los lugareños exhibieron una hoja con inscripciones mapuches que habría aparecido en el sitio del incendio aunque el papel está intacto. “El fuego está activo, arrasó con una vivienda y obligó a evacuar a unas 60 personas, difícilmente una hoja hubiese soportado el avance del fuego”, dijeron las mismas fuentes

El incendio se desató este domingo en el cerro Currumahuida, en inmediaciones al poblado chubutense, y demandó la conformación de un Comité de Emergencias para atender la situación.

El intendente de El Hoyo, Paul Huisman, confirmó que este domingo a la noche se realizó la primera reunión del Comité “en la que se analizó que existen elementos para determinar que el fuego comenzó de manera intencional, aunque los investigadores trabajan para poder determinarlo. Todas las afirmaciones que hay al respecto, son un cuento chino”.

La única vivienda que resultó afectada está ubicada en el barrio El Sauzal. Huisman, en diálogo con este medio, aseguró que se contactó con los familiares “para atender las necesidades más urgentes”.

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Tres hidroaviones y dos helicópteros se desplazaron a la zona para combatir el fuego desde el aire, mientras que un centenar de combatientes de distintos organismos trabaja por tierra con el mismo objetivo.

El incendio tiene en vilo a un barrio de la localidad chubutense de El Hoyo, el cual arrasó con una vivienda y ya consumió cerca de 20 hectáreas de vegetación autóctona

El gobierno provincial informó que el Ministro de Seguridad, Miguel Castro, trabaja en el territorio y coordina junto a la Policía los operativos para obtener indicios que permitan establecer si las llamas fueron intencionales y en caso de confirmar esa hipótesis, identificar a los autores.

El panfleto que apareció luego del voraz incendio en El Hoyo

“Liberación y reconstrucción nacional mapuche. Este es un aviso a la población de toda la Comarca Andina: no pararemos hasta que la Patagonia arda y recuperemos nuestro territorio. Esto es tierra sagrada del RAM. Invasores no tienen permitido habitar en tierras ancestrales” dice el texto que comenzó a circular a través de las redes sociales.

Los vecinos de la zona afectada aseguran haber visto a un hombre en motocicleta que habría iniciado el incendio, tras arrojar una antorcha en un sector de abundante vegetación.

Así se ve el #incendio en El Hoyo, Chubut que preocupa a la Comarca Andina por su magnitud. Hay alerta en tres áreas y preparan una evacuación. Más info ?? https://t.co/ulIPO9Z3OK pic.twitter.com/7zeIFIpuPG

— De Bariloche (@debarilocheRN) January 15, 2023

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) indicó que el incendio se encuentra activo. La zona fue dividida en seis sectores en los que trabajan unos 135 brigadistas, tanto del SPMF del norte de Chubut como de la Brigada Nacional del SNMF, el SPLIF de El Bolsón, la Brigada del Parque Nacional Lago Puelo, bomberos de El Hoyo y brigadas de Golondrinas, El Maitén, Epuyén y Cholila.

??ALERTA: Incendio forestal descontrolado en el cerro Currumahuida, El Hoyo, Chubut.

El 95% de los incendios forestales se producen por causas humanas ya sea por accidentes, negligencia o intencionalidad. pic.twitter.com/dqfavWbZfi

— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) January 16, 2023

Durante el día se sumará al combate el potente helicóptero Chinook – que había sido trasladado a la localidad de San Martín de los Andes – el cual arroja 10 mil litros de agua en cada lanzamiento.

“Estamos esperando el arribo de este helicóptero contratado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación” dijeron fuentes comunales de El Hoyo.

Bianca Jagger figura entre los treinta y cinco galardonados del Premio Right Livelihood –distinción también conocida como Nobel Alternativo– que firmaron un petitorio pidiendo la libertad de las mujeres mapuches que fueron detenidas durante el desalojo en Villa Mascardi, además de solicitar que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pida disculpas públicas por el operativo.

Bianca, de origen nicaragüense, más allá de ser la exesposa de Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, es una reconocida activista por los derechos humanos, y, como tal, fue premiada en 2004 (aquella vez, también fue distinguido el biólogo argentino Raúl Montenegro).

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El galardón fue establecido en 1980 por Jakob von Uexkull, filántropo, político y escritor sueco, quien un año antes había propuesto a la Fundación Nobel que sumara dos premios a los que habitualmente daba, uno relacionado con la actividad ambiental y el otro para promover el conocimiento y las perspectivas de la población mundial.

Ante el rechazo, surgieron los Right Livelihood, que se entregan anualmente y cuentan con una importante dotación monetaria.

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En el caso de Bianca Jagger, el premio le fue concedido “por su dedicado compromiso y campaña por los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente”.

La mujer, de setenta y siete años, más allá de su perfil humanitario, siempre estuvo relacionada con el mundo de la moda (fue modelo y actriz).

Se casó con Mick Jagger el 12 de mayo de 1971 en Saint Tropez. La boda simbolizó lo que fueron los setenta para la música, cuando el rock se comenzó a codear con la alta burguesía.

El listado de los que estuvieron en la iglesia Santa Ana, o aparecieron directamente en la fiesta en el hotel Byblos, incluyó a Julie Christie, Brigitte Bardot, Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Ronnie Wood y Keith Richards.

Otro punto recordado de la pareja se dio en el festejo de cumpleaños de Bianca en 1977, en el mítico club neoyorkino Studio 54, donde hasta apareció un caballo blanco sobre el que la nicaragüense se tomó una recordada foto.

Al año siguiente, ella pidió el divorcio, que se concretaría en 1979. Fruto de la relación, nació Jade Sheena Jezabel. Más allá de la separación, Bianca continuó usando el apellido del Stone.

En la actualidad, se presenta como una de las voces más críticas del gobierno de Daniel Ortega, a quien considera un dictador.

En cuanto al petitorio que lleva su firma, que apunta de manera crítica a las autoridades argentinas, fue dado a conocer por la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, cuyo presidente, justamente, es quien compartió año de premiación del Nobel Alternativo con Bianca Jagger, Raúl Montenegro.

“Nosotros, galardonados con el Right Livelihood Award, también conocido como Premio Nobel Alternativo, procedentes de distintos países y culturas, nos sentimos consternados por la violencia con que las fuerzas federales del gobierno de Argentina, por orden del ministro Aníbal Fernández, y de la jueza federal María Silvina Domínguez, aterrorizaron a miembros de la comunidad indígena mapuche Lafken Winkul Mapu”, comienza el comunicado, para luego continuar: “Hombres, mujeres y niños mapuches estaban reclamando la devolución de tierras ancestrales en Villa Mascardi, provincia de Río Negro. Sin respeto alguno por las mujeres embarazadas, por las mujeres que estaban amamantando a sus bebés, por las líderes religiosas, y por los niños que lloraban de espanto, las encarcelaron sin importarles lo que pudiera pasar con los embarazos, con los bebés, o con los niños que quedaban sin su madre en la comunidad”.

Asimismo, el texto indica que “el accionar fue tan violento e ilegal que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, condenó con dureza el accionar de las fuerzas federales y renunció en forma indeclinable a su cargo”.

“Siguiendo prácticas que recordaron a la dictadura militar, hubo violentas detenciones de mujeres, mujeres embarazadas, niños y niñas”, se manifiesta.

De esa manera, los ganadores del Nobel Alternativo que apoyaron el reclamo, más allá de pedir que liberen a las mujeres y que el presidente pida disculpas públicas, reclaman la renuncia de Aníbal Fernández y que la jueza sea sometida a Jury de Enjuiciamiento.

A la vez, se solicita que se investigue el accionar de las fuerzas federales de seguridad y que se cumplimente la Ley 26.160, “sobre demarcación de territorios indígenas”.

Añaden, también, “que se proceda a devolver tierras ancestrales a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu”.

Con una carta dirigida a Alberto Fernández, dejó su cargo porque considera que se violaron derechos humanos de las mujeres detenidas durante el operativo de las fuerzas federales. “Con este hecho se ha transpuesto un límite”, dijo

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia “indeclinable” a su cargo que asumió en diciembre de 2019, tras denunciar violaciones de derechos humanos en el operativo de desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi.

A través de una carta presentada al presidente Alberto Fernández, con copia al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la ahora ex funcionaria dijo que “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.

En el texto, Gómez Alcorta se expresó de manera crítica por “el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia”, ya que “constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos”. Y si bien asegura que la jueza subrogante Silvina Domínguez tuvo “responsabilidad directa” en las instrucciones del desalojo, “la misma amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional”.

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“En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio”, sostuvo en la misiva.

La decisión de Elizabeth Gómez Alcorta se produjo apenas horas después de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había desmentido rumores sobre cambios en el Gabinete de ministros y también había resaltado la intervención de la ministra sobre el desalojo. Ayer, criticó las medidas dispuestas por la jueza contra las siete mujeres de la lof Lafken Winkul Mapu, por disponer la detención y el traslado de cuatro de ellas hacia el penal de Ezeiza, en medio de los hechos violencia en la zona con ataques vandálicos a propiedades del Estado nacional y a estancias privadas.

En ese marco, la ministra se desmarcó del Poder Ejecutivo y presentó escritos judiciales desde el MMGyD, tras calificar la situación de “sumamente preocupante” al identificar que dos de las detenidas tenían hijos recién nacidos y son madres lactantes, mientras que otra cursaba un embarazo avanzado. Apuntó contra la decisión judicial de que las personas implicadas hayan “estado incomunicadas durante 48 horas”, sin derecho a contar con un abogado particular, y cuestionó la jueza por incumplir la normativa de “parto humanizado” y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos (CIDH) sobre el traslado de personas privadas de su libertad.

Abogada de derechos humanos (UBA), y con un mágister en Ciencia Política y Sociología (FLACSO), la activista y militante de izquierda de 49 años de la agrupación “Soberana” fue la primera funcionaria de la historia en encabezar un “Ministerio de Mujeres”, una estructura que también se constituyó en otros países y, desde 2019, en algunos gobiernos provinciales después de años de alza del movimiento feminista. Antes había sido funcionaria del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y docente en la Facultad de Derecho de la UBA.

En la carta de renuncia, que consta de cuatro páginas, Gómez Alcorta reconoció el “trabajo transformador” que llevó adelante el Gobierno en materia de género y diversidad, con el apoyo del presidente Alberto Fernández. “Sin lugar a dudas, este gobierno es, por medio de su voluntad política y la de la Vicepresidenta, la gestión nacional que más recursos destinó y más políticas llevó adelante para prevenir las violencias por motivos de género, como así también para asistir y proteger a quienes atraviesan esta situación”, indicó.

La misiva de Gómez Alcorta deja traslucir que durante la gestión hubo puntos de tensión y desacuerdo político. “Con la misma franqueza que ha caracterizado siempre nuestro vínculo, me siento con el deber de expresarle los motivos que llevan a mi alejamiento”, dice el texto. “A nuestro gobierno le tocó atravesar situaciones excepcionales, enfrentar tiempos adversos y en ese camino se suscitaron debates, que por momentos se procesaron en duros términos y públicamente. En cada una de esas ocasiones consideré que tenía sentido seguir aportando, humildemente, dentro de la pluralidad de miradas y el debate compañero”, continúa.

Sin embargo, el desencadenante de su salida fue el conflicto entre el Gobierno y los grupos que se identifican con los pueblos originarios. La cuestión toca de cerca a la ex ministra. Antes de su desembarco a la gestión pública, había ejercido la defensa letrada de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala y el lonko Facundo Jones Huala, entre otros litigios vinculados a las grupos indígenas y causas vinculadas a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar de 1976.

“Nada de lo expuesto, elimina todo lo realizado por este gobierno en políticas de género y diversidad hasta la actualidad”, aclara Gómez Alcorta en la carta, tras señalar sus diferencias políticas. “A pesar del contexto de pandemia que atravesamos, hemos construido y puesto en marcha desde cero – junto a un equipo único de funcionarixs y al compromiso de cada unx de lxs trabajadorxs- el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. Un Ministerio que es hoy reconocido internacionalmente por los logros y las políticas innovadoras impulsadas en tan poco tiempo”.

En una enumeración sobre las medidas y acciones realizada durante su gestión, remarcó “la sanción de la ley de Aborto legal, seguro y gratuito, la Ley de 1000 días, la Ley de inclusión Laboral travesti trans; así como el decreto de DNI no binario, el de creación del Programa Acompañar -que al día de la fecha ha asistido a más de 200.000 personas que atraviesan situaciones de violencia de género- y enviado al Congreso Nacional el proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, de creación del Sistema Integral de Cuidados y de licencias igualitarias.

Además, indicó la puesta en marcha del “Plan Nacional de Acción contra las violencias 2020/2022, que finalizó con un 93% de las acciones cumplidas”, el “Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021/2023 y, recientemente, presentamos el nuevo Plan de Acción contra las violencias 2022/2024, que marca la hoja de ruta de las políticas en la materia del Gobierno Nacional”, la creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género, “la asistencia a más de 550 familiares de víctimas de femicidios y travesticidios por medio del programa de Apoyo Urgente; y la atención de 272.516 llamadas a la línea 144 -en la cual invertimos recursos y capacidades para modernizarla y renovarla-”; entre otras acciones.

“Aunque pueda resultar prematuro asignar causales, no hay dudas de que estas -y otras- políticas incidieron en que por primera vez en nuestra historia hayamos logrado bajar la tasa de femicidios y travesticidios en nuestro país en un 13%”, destacó.

“Desde el primer día nos propusimos llevar adelante una gestión federal, de puertas abiertas y con los pies en el territorio, sabiendo que este Ministerio fue una conquista histórica de la calle, del movimiento de mujeres y la diversidad”, recordó la ex funcionaria. Y equiparó este conjunto de acciones con perspectiva de género realizadas como una “nueva institucionalidad” similar a “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, ya que permiten establecer un “punto de consenso social y político mínimo que asegure un lugar de jerarquía a la agenda de ampliación de los derechos de las mujeres y LGBTIQ+ y del cual esperamos que no se pueda retroceder”.

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Sobre el final de la carta, la ex funcionaria reconoció que la existencia de una cartera ministerial especializada en perspectiva de género es objeto de controversia en sectores de la sociedad y de la oposición: “Cuando la derecha grita, patalea y argumenta en contra de nuestra agenda, cuando afirman que hay que cerrar el Ministerio, reducir su presupuesto o cuando expresan que se trata de una agenda de minorías, tenemos la certeza de que son los mismos que siempre han querido construir una sociedad para unos pocos, y que representan proyectos profundamente elitistas, autoritarios y antidemocráticos. Por el contrario, nosotrxs, tenemos la convicción que solamente con más Estado presente, empático y cercano podremos revertir la enorme desigualdad en la que vivimos las mujeres y LGBTIQ”.

“Lo que hemos logrado nos genera un enorme orgullo, pero sin dudas es insuficiente mientras sigan existiendo los niveles de violencia y desigualdad con los que convivimos a diario”, admitió la abogada de derechos humanos. “Como militante política, sé que ocupamos estos lugares en el Estado con el único objetivo de transformar la vida de las personas. Por eso siempre estaremos en la calle, junto al pueblo y nuestras convicciones, para asegurarnos de no retroceder nunca y siempre ir por más”, cerró, tras despedirse de Alberto Fernández con un “cálido abrazo”.

El Presidente se enteró ayer de la decisión de la funcinaria mientras viajaba a una recorrida por la 59° Exposición Nacional de la Flor, en la localidad bonaerense de Escobar. La portavoz Gabriela Cerruti confirmó la aceptación de la renuncia y transmitió el agradecimiento del jefe de Estado por la labor desempeñada.

La Capilla de la Asunción, también conocida como la capilla de Villa La Angostura, amaneció este miércoles vandalizada.

La legendaria parroquia sufrió pintadas amenazantes y, según los curas que la administran, también hubo un intento de incendio de la misma.

Tensión en el desalojo de grupos mapuches en Villa Mascardi: hay al menos 12 personas detenidas

No pasaron ni 24 horas del desalojo en Villa Mascardi por parte de las fuerzas federales que un grupo de la autodenominada resistencia mapuche volvió a vandalizar una edificación en la Patagonia.

“Buen día, quería comunicarles que así amaneció esta mañana la Capilla de la Asunción. Quisieron quemarla. Y bueno, este fue el resultado. Gracias a Dios no pasó a mayores pero bueno, es una alerta para la comunidad”, afirmó el cura párroco Julio César Mora González, en un audio que envió a la prensa local.

El mismo párroco se mostró sorprendido con el hecho ya que él aseguró que la relación entre los miembros de la capilla y la comunidad Mapuche de la zona es muy buena. “Por ahí fue algún desencantado, pero no creo que sea una acción de la comunidad como tal”, afirmó el mismo líder religioso.

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Una vez que las autoridades y los fieles acudieron hoy a la capilla, se encontraron con dos pintadas en el frente del edificio y otra pintada en la pared trasera.

En la entrada se habían escrito con un aerosol negro las frases: “Basta de Imposición” y “Mapuche Resiste”. En tanto, en la pared trasera, se dejó el refrán “Relmu Lafken Resiste”, en referencia a la zona donde se encuentra el camping intercultural, dentro de Villa Mascardi, y donde habita un grupo nutrido de representantes de la comunidad Mapuche.

“Tenemos que evitar la violencia y nos duele lo que ha pasado”, afirmó el cura Mora González.

Asimismo, el cura Mora González afirmó que en las próximas semanas se instalará un sistema de cámaras de seguridad e iluminación, con el fin de que la capilla no vuelva a ser atacada como ocurrió durante la madrugada del miércoles.

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La Capilla de la Asunción fue construida en 1936, manteniendo la línea imperante de los edificios de Parques Nacionales de la zona. Al momento de su edificación, se apeló al uso de materiales de la zona pata generar un clima armonioso y natural. En el interior, la capilla cuenta con un cuadro de la escuela cuzqueña que data de más de 200 años de antigüedad.

El ataque ocurrió a menos de 24 horas después del importante desalojo ocurrido en Villa Mascardi, donde participaron unos 250 efectivos de las fuerzas federales y se detuvo a siete mujeres.

Unos 250 efectivos de reparticiones federales, que integran el comando operativo unificado conformado para frenar la escalada de violencia de Villa Mascardi, se trasladaron durante la madrugada de hoy al paraje rionegrino – situado a 35 kilómetros de Bariloche – y minutos después de las 07.30 se desplegaron en la zona para iniciar operativo que se propone desalojar todos los predios ocupados. Las autoridades calculan que los mapuches controlan una zona de alrededor de 40 hectáreas.

Tres horas después del inicio del operativo se conoció que hubo al menos 12 personas detenidas, siete mujeres y cinco menores, que estaban cuidando las casas tomadas, precisaron fuentes oficiales. En paralelo, mientras las fuerzas de seguridad avanzaban sobre el territorio, habló María Nahuel, representante del Loft Winkul Mapu. “El Estado nos robó nuestra Mapu y por más que nos saquen siempre vamos a volver a nuestro territorio. Les pido a los mapuches que se manifiesten”, señaló en diálogo con Radio Con Vos.

El movimiento de los equipos tácticos, unidades antitumulto y reparticiones especiales de distintas fuerzas no pasó desapercibido en la ciudad rionegrina. También llamó la atención el ir y venir de un helicóptero perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA) cuya presencia en la zona es inédita. Los integrantes de los cuerpos de seguridad se desplegaron en el cerro y alrededor de las 7 de la mañana la tensión fue en ascenso: los mapuches arrojaron piedras a insultaron a los periodistas que estaban en la zona y dieron señales de que están dispuestos a resistir.

Marcha atrás con la declaración del volcán Lanín como sitio sagrado mapuche

El despliegue comenzó durante la madrugada, con la reunión de los integrantes de las distintas fuerzas en el predio de la Escuela Militar de Montaña, perteneciente al Ejército Argentino, quienes se trasladaron luego en caravana hasta el paraje turístico ocupado por la agrupación autodenominada mapuche Lafken Winkul Mapu, a 35 kilómetros de Bariloche y 25 de la base operativa del comando. Y a primera hora del día llegó a la zona la jueza federal subrogante, Silvina Domínguez., quien está con la fiscal Cándida Etchepare.

La magistrada no quiso hacer declaraciones porque todo esta bajo secreto de sumario. Ahora los cuerpos de seguridad avanzan en una zona a la que en estos momentos es imposible acceder.

“El comando cuenta, principalmente, con efectivos de la Policía Federal Argentina aunque también está conformado por fuerzas especiales de Gendarmería Nacional y Prefectura” indicaron fuentes con acceso a la planificación logística del operativo.

Silencio y cautela

En las primeras horas del día, las fuentes judiciales consultadas optaron por sostener un apretado hermetismo en relación a la tarea que ejecutarán los uniformados. “La conformación del comando tiene, como objetivo principal, frenar la escalada de violencia y evitar el avance de los autoproclamados mapuches a viviendas y sitios que no resultaron afectados” dijo a este medio una fuente vinculada a la causa.

En Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también optó por manejarse con suma cautela. “Estamos haciendo algunos movimientos pero hay que esperar, vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que nosotros entendemos que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta”, resumió en declaraciones a TN., antes de que las fuerzas aparecieran en el lugar.

La magnitud del operativo denota que la misión no es meramente preventiva, sino que la finalidad es desalojar todos los lotes que fueron ocupados y que actualmente cuentan con presencia de integrantes de la violenta agrupación.

La logística del operativo fue definida este lunes, en el marco de dos reuniones que se realizaron en el Escuadrón 34° de Gendarmería Nacional y en el epicentro de la base operacional, en el Ejército Argentino, respectivamente.

En el segundo de los cónclaves – del que habría participado la jueza federal subrogante Silvina Domínguez – se definieron los pormenores del operativo, que arrancó a las 5 de la mañana con el encuentro de todos los uniformados en el predio del Ejército Argentino.

Más de 200 agentes pertenecientes a distintas fuerzas arribaron entre sábado y domingo al aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria en dos aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina: un Fokker y un Hércules.

Además vehículos antitumulto – tanquetas e hidroaviones – de la Policía Federal Argentina (PFA) y una unidad especial de comunicaciones, hicieron lo propio por tierra.

Antecedentes

El conflicto de Villa Mascardi comenzó en 2017 con la usurpación de dos predios de Parques Nacionales. En el marco de una diligencia de desalojo en noviembre de ese año, dispuesta por la Justicia Federal, fue asesinado Rafael Nahuel, un joven integrante de esa agrupación, en el marco de un presunto enfrentamiento con integrantes de la fuerza especial Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, a cargo del allanamiento.

Los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu regresaron al territorio y no sólo nunca más se retiraron sino que, además, avanzaron sobre propiedades públicas y privadas de todo el paraje turístico.

“Este es nuestra lucha territorial, venimos a reivindicar la presencia de nuestros antepasados” aseguran los encapuchados, cuya presencia histórica no está documentada y su funcionamiento como presunta comunidad mapuche tampoco es avalada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Luego de la ocupación de los primeros lotes, los encapuchados vandalizaron y usurparon las instalaciones del ex hotel IOS – donde estaba prevista la instalación de la Escuela de Guardaparques- y la propiedad La Escondida, perteneciente al vecino Juan Greham y su esposa.

Luego siguieron con el lote perteneciente al Obispado de San Isidro y dos lotes pertenecientes a la Unión Personal Superior de Gas del Estado.

La semana pasada, luego de incendiar un puesto móvil que tenía Gendarmería Nacional en la propiedad Los Radales – que había sido incendiada el 1 de agosto pasado- colocaron barricada en el acceso e ingresaron a la vivienda, continuando con su plan de expansión en todo el territorio.

El último miércoles también usurparon La Cristalina, una cabaña que pertenece al presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi.

Debido al repudio de la provincia de Neuquén, anunció que iniciará una mesa de diálogo con las autoridades.

La Administración de Parques Nacionales (APN) decidió dar marcha atrás con la declaración como “sitio sagrado mapuche” al volcán Lanín, en Neuquén. La entidad comunicó, al mismo tiempo, que convocará en los próximos días, al directorio del organismo con el fin de conformar una mesa de diálogo participativo junto a provincia del sur y las comunidades originarias para tomar una nueva resolución “que contemple el espíritu federal”.

Mediante un comunicado, la APN destacó que “la provincia de Neuquén constituye un ejemplo de trabajo mancomunado y de relación con las comunidades mapuches dentro del territorio”. En ese sentido, resaltó algunas iniciativas “como el desarrollo de una escuela multicultural y bilingüe y la creación de un hospital pluricultural que es gestionado por la comunidad mapuche”.

“Desde Parques Nacionales se promovió el comanejo del Parque Nacional Lanín desde hace más de una década, y en este sentido de articulación federal, se reconocieron, junto a la provincia de San Luis territorios a la comunidad Huarpe; también se construyeron 22 pozos de agua para beneficiar a las comunidades originarias, junto a la provincia de Salta, así como se impulsó el reconocimiento y financiamiento de la labor de las mujeres originarias en los bosques nativos del país”, precisaron desde el organismo.

Por último, indicaron que “es importante mantener junto a la provincia de Neuquén los procesos de toma de decisión que involucren aspectos de dicha área protegida, teniendo en cuenta que desde hace décadas la provincia mantiene una relación respetuosa y armoniosa con las comunidades originarias”.

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La polémica 

Este martes, la Administración de Parques Nacionales había declarado volcán Lanín Pijan Mawiza como Sitio Natural Sagrado del Pueblo Mapuche del Parque Nacional Lanín, una medida que generó entusiasmo en esa comuninidad, que brega por la protección del entrono natural, y el rechazo del gobierno neuquino, que no fue consultado antes del anuncio.

Tras la novedad, el gobernador Omar Gutiérrez dijo que esa medida “pisotea las facultades constitucionales de la provincia’’. “Es un atropello a las autonomías provinciales, un acto más de centralismo y una intromisión. Vamos a iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes porque se trata de un acto ilegítimo e ilegal”, agregó.

La Confederación Mapuche neuquina, en tanto, celebró la decisión y detalló en un comunicado: “Los valores del Pijañ Mawiza (Volcán) se relacionan con nuestra forma de vida, de quienes convivimos desde siempre con él y el ecosistema que alimenta”.

Además, la entidad destacó la importancia que tiene para su identidad y para sus propósitos ceremoniales y religiosos. Al mismo tiempo, observó que “es ya indiscutido que la conducta humana está teniendo efectos dramáticamente negativos sobre la diversidad de vidas del Planeta”. “Las lenguas, los sistemas de creencias, los valores tradicionales y la rica diversidad cultural están en serio peligro”, señaló en ese sentido.

La nueva resolución frenó la anterior y promete mayor consenso.

Hubo sorpresa en el Poder Ejecutivo Nacional y la llegada de efectivos federales descolocó a los militares que custodian el Edificio Libertador.

La orden la dio el Juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal 3. Allí recayó una denuncia de legisladores nacionales  opositores que aluden una intencionalidad del gobierno nacional al “ceder tierras” de todos los argentinos.

El Ejército deberá restituirle tierras a un grupo mapuche de Bariloche

Intervino en el lugar personal de Prefectura Naval Argentina. Se dirigieron a distintas oficinas del Ministerio de Defensa en búsqueda de material vinculado a las causas que buscan darle tierras en custodia del Ejército Argentino a familias particulares.

Según trascendió, los agentes también buscaron información que vincularía directivas de la cartera a la Dra. Silvia Vázquez, responsable de haber apelado tarde frente a la Justicia Federal de Bariloche.

Fuentes de la investigación confirmaron que “estamos recogiendo la información mínima para reconstruir lo sucedido en torno de la no apelación en ese asunto por parte del Ejército” y que “después fiscalía y juzgado estudiaremos la situación de la abogada denunciada”.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa comunicó que en el día de la fecha, viernes 13 de mayo, la Fiscalía Nº 4, a cargo de Carlos Stornelli, llevó a cabo un requerimiento de información respecto a la denuncia contra la abogada de la Procuración del Tesoro, que oficia como letrada del Estado en la causa que involucra tierras bajo custodia del Ejército Argentino.

Ante este pedido, las áreas jurídicas del Ministerio y del Ejército se pusieron a entera disposición de la Fiscalía y presentaron toda la documentación solicitada.

“Vale aclarar que la información pedida es pública y podría haber sido solicitada por un simple oficio”, concluye el comunicado.

La Cámara de Apelaciones de General Roca dejó firme la sentencia que obliga a ceder 180 hectáreas ubicadas a pocos kilómetros de Bariloche. Las fuerzas argentinas presentaron una apelación fuera de término.

El Ejército Argentino, a través del Ministerio de Defensa, apeló fuera de término un fallo judicial que disponía la entrega del título de propiedad de 180 hectáreas del Estado Nacional a una comunidad mapuche de Bariloche. La Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado.

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El organismo nacional intentó revertir el fallo de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, que establecía la transferencia inmediata a la comunidad, previo otorgamiento al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a la comunidad Millalonco Ranquehue. Ahora recurrirá a la Corte.

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Este espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense.

La Cámara que desestimó el planteo estatal, integrada por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, menciona que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero a las 12:11 y el recurso presentado el 6 de febrero a las 20:25, cuando había expirado el plazo para poder hacerlo, detalla Infobae.

Sin embargo, Domínguez hizo lugar al planteo y elevó el expediente a la entidad que se ocupó de desestimarlo por “extemporáneo”.

El abogado de la comunidad originaria, Matías Schraer, había anticipado que el recurso planteado por el Estado fue presentado fuera de término.

Las familias Millalonco Ranquehue afirman que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.

La comunidad mapuche Millalonco Ranquehue acudió a la Justicia Federal para lograr el título de propiedad, tras el relevamiento territorial.

El fallo de Domínguez generó críticas “por el antecedente”, que podría dar lugar a otros reclamos similares. El abogado local Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, admitió su preocupación por dicha sentencia ya que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”.

El Ejército Argentino, a través del Ministerio de Defensa, apeló fuera de término un fallo judicial que disponía la entrega del título de propiedad de 180 hectáreas del Estado Nacional a una comunidad mapuche de Bariloche. La Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado.

Este espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense.

La Cámara que desestimó el planteo estatal, integrada por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, menciona que la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero a las 12:11 y el recurso presentado el 6 de febrero a las 20:25, cuando había expirado el plazo para poder hacerlo, detalla Infobae.

Sin embargo, Domínguez hizo lugar al planteo y elevó el expediente a la entidad que se ocupó de desestimarlo por “extemporáneo”.

El abogado de la comunidad originaria, Matías Schraer, había anticipado que el recurso planteado por el Estado fue presentado fuera de término.

Las familias Millalonco Ranquehue afirman que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.

El fallo de Domínguez generó críticas “por el antecedente”, que podría dar lugar a otros reclamos similares. El abogado local Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, admitió su preocupación por dicha sentencia ya que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”.

En ese entonces, Breide admitió que “la jueza ya demostró cuáles son sus simpatías”. Además, mencionó otra polémica resolución de la magistrada de absolver a María Nahuel, una referente mapuche que en pleno juicio agredió a la fiscal federal Sylvia Little.

Tras esa polémica, la funcionaria judicial presentó su dimisión al cargo aunque luego fue ratificada en el mismo, cuando recibió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. “Está claro cuál es su ideología”, sentenció el abogado.

Además de ese y otros cuestionamientos  de empresarios locales, instituciones y organismos, diputados de la oposición fueron críticos con el fallo y pidieron que se dicte su nulidad.

A través de un proyecto de resolución que presentó el parlamentario Alberto Asseff, y que fue acompañado por Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Gustavo Hein y José Núñez, entre otros, manifestaron su “profundo desagrado y preocupación” respecto al fallo judicial.

En sus fundamentos plantearon que era ilegítimo el otorgamiento de las tierras debido a que “no se ha dado debida intervención a la provincia de Río Negro, en su calidad de tercera necesaria”. En sus argumentos mencionaron el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró la nulidad de la sentencia que ordenaba la adjudicación del título de propiedad a la comunidad Trypay Antú, por no haberse dado la debida intervención a la provincia de Río Negro en el proceso judicial.

En la aletargada presentación oficial, el Ministerio de Defensa esgrimió que las hectáreas en litigio son esenciales para el desarrollo de las actividades de instrucción que lleva adelante la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón.

El desalojo lo realizó Carabineros; fue de manera pacífica y no hubo detenidos. ¿Cuáles eran los motivos de la toma?

La comunidad Aukin Wallmapu pedía el cumplimiento de acuerdos derivados del caso “Patio 53”, que fue la inundación de un cementerio mapuche que dio paso a la represa.

Conflicto mapuche: manifestantes tomaron la Secretaría de Turismo de El Bolsón

“Nos vamos sin acuerdo alguno, pero ahora, señores de Enel, comenzará la lucha”, advirtió Maria Curriao, presidenta Aukin Wallmapu.

Gendarmería patrulla El Bolsón para frenar la conflictividad mapuche

Carabineros desalojó, tras dos meses de toma, los accesos a la central hidroeléctrica Pangue en Alto Biobío.

La ocupación realizada por la comunidad Aukin Wallmapu pedía el cumplimiento de acuerdos con la empresa Enel firmados entre el 2016 y 2017 derivados del caso denominado “Patio 53“, que fue la inundación de un cementerio mapuche que dio paso a la represa.

“Nos vamos sin acuerdo alguno, pero ahora, señores de Enel, comenzará la lucha. Señora Dresdner le quedó grande el cargo al ir con la policía por delante, no puede ser que en nuestro territorio manden los italianos“, fustigó Maria Curriao, presidenta Aukin Wallmapu.

El desalojo se realizó de manera pacífica y no hubo detenidos.

AHORA| Carabineros desalojó la toma de los accesos a la central hidroeléctrica Pangue en Alto Biobío, la que llevaba más de 2 meses por parte de integrantes de comunidad mapuche que exige cumplimiento de acuerdos por parte de Enel Generación @Cooperativa

— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) March 29, 2022

A través de un comunicado, Enel valoró la decisión de desalojo tomada por la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner.

“Valoramos la intervención ordenada por la Delegada Regional, dando cumplimiento al deber de resguardar el orden público y la seguridad del suministro eléctrico. Después de más de dos meses de bloqueado el acceso a nuestra planta hidroeléctrica Central Pangue, nuestros trabajadores podrán ingresar a las instalaciones de manera segura para mantener el correcto funcionamiento de la central que además significa seguridad para la cuenca del Río Biobío“, señaló Dresdner.

“Comprometemos nuestros esfuerzos técnicos y administrativos para reestablecer a la brevedad el estándar de operación y confiabilidad de esta unidad -aseguran- Sin perjuicio de perseguir las responsabilidades respectivas en su momento y ante quien corresponda, tutelamos los mecanismos de diálogo respetuoso y transparente instalados en el territorio y confiamos en el trabajo colaborativo para el desarrollo local construido con las comunidades en Alto Biobío“.

Un grupo de manifestantes autodenominados mapuches atacaron y tomaron la oficina de turismo de El Bolsón en reclamo de que no se desaloje la toma de en Cuesta del Ternero.

Fernández dialogó con Carreras sobre el conflicto mapuche

Según indicaron testigos en el lugar a TN, los manifestantes generaron destrozos, pintaron la oficina con consignas, y se robaron computadoras, radios de montaña y cámaras de seguridad. “Si desalojan, chau turismo”, fue una de las amenazas que estos grupos escribieron con aerosol en las las paredes y ventanas del edificio.

Gendarmería patrulla El Bolsón para frenar la conflictividad mapuche

“Las fuerzas federales estaban mirando de afuera, viendo cómo ellos tomaban el lugar. No podían intervenir. Estas personas se retiraron solas, se ubicaron en la placita de enfrente con sus banderas y se fueron caminando tranquilitos. Es tierra de nadie”, dijo Karina, una vecina de El Bolsón, en diálogo con TN.

“Me acerqué a hablar con ellos y me dijeron que nos atacan donde más nos duele. Ellos dicen que somos presos de un sistema capitalista. Vinieron a atacar lo que simbólicamente representa a todo el pueblo como destino turístico y a los que vivimos de esto”, agregó.

Bruno Helrriegel, secretario de Turismo de El Bolsón, sostuvo que los manifestantes se mantuvieron dentro del edificio durante dos horas. “Fue una situación muy tensa porque se acercaron grupos de vecinos que los querían desalojar”, contó el funcionario.

“Por suerte no había turistas cuando ocurrió. Retuvieron al personal adentro durante unos minutos. Se robaron dinero de las propinas, computadoras, equipos de handy, rompieron CPUs”, agregó y confirmó que la Policía intentó negociar sin éxito y luego se dedico exclusivamente a custodiar el perímetro, sin intervenir.

En noviembre, un joven de 29 años llamado Elías Garay murió luego de recibir un disparo en un enfrentamiento en la toma de tierras en Cuesta del Ternero. Tras su muerte, hubo destrozos en comercios en El Bolsón y nuevos enfrentamientos entre grupos mapuches y vecinos del lugar.

El 16 de diciembre el juez Ricardo Calcagno dispuso el desalojo forzoso -que todavía no se ha concretado- del predio en Cuesta del Ternero aún ocupado. “El pueblo mapuche se va a quedar hasta que saquen la orden de desalojo”, gritaba este jueves una de la manifestantes frente a la oficina de turismo en El Bolsón.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ordenó hoy a los jefes de las fuerzas de seguridad federales emplazadas en la Patagonia la redistribución de sus efectivos, sobre todo de la Gendarmería, para resguardar zonas como El Bolsón, uno de los objetivos del conflicto con la comunidad mapuche.

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La directiva del ministro Fernández se oficializó a partir del nuevo hecho de violencia registrado con el incendio de las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón en esa localidad y las amenazas contra el intendente local, Bruno Pogliano y la gobernadora Arabela Carreras, mediante panfletos que dejaron los autores del hecho.

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Tras ese nuevo ataque -el tercero en Río Negro en las últimas semanas- Carreras le reclamó públicamente al Gobierno nacional el envío de fuerzas federales y remarcó: “Aquí no hay una actitud de solicitud de mi parte por una necesidad de acompañamiento, estamos exigiendo que cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia. Es lo que corresponde. No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde, nada más“.

El Gobierno decidió contribuir en el control y patrullaje del área afectada con los efectivos que están actualmente en el sur del país, con un despliegue territorial de las cuatro fuerzas federales, pero sin el envío de más tropas, según confirmaron a NA fuentes de la cartera de Seguridad.

En el transcurso de la mañana, el ministro de Seguridad se comunicó con los jefes de la Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para solicitarle que “redistribuyan” los efectivos a su cargo emplazados en la región Sur “para custodiar la zona de conflicto”.

Ante el reclamo de la gobernadora Carreras, que no es nuevo, Fernández ya le había comunicado al asumir su cargo en el Ejecutivo que ponía a disposición de Río Negro el apoyo de las fuerzas federales.

No obstante, oficialmente se indicó que se trata de un reordenamiento de las fuerzas que ya están emplazadas en la región de la Patagonia y que “no” implica el “envío de más personal”.

El anuncio del Gobierno llega luego de varios meses en los que se denuncian usurpaciones de tierras de los vecinos por parte de grupos autodenominados mapuches en Villa Mascardi, El Bolsón y en cercanías de Vaca Muerta, y que en los últimos días protagonizaron nuevos incidentes, con ataques incendiarios como el ocurrido semanas atrás en la dirección de Vialidad de Río Negro.

Por su parte el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en referencia a dicha problemática “propuso un manejo en conjunto de los Parques con los grupos que los incendian”. Este mediodía, el Gobierno dejó saber que contribuirá a tratar de apaciguar la conflictiva situación.

En declaraciones radiales, la gobernadora se mostró “preocupada” por el tercer ataque sufrido en la provincia en un mes y recordó también el primer incidente ocurrido en 2014, en el club Andino de Bariloche.

“Estamos trabajando intensamente por esta situación que vivimos y que no es nueva”, advirtió Carreras, quien ya había reclamado el refuerzo de las fuerzas federales que ya están presentes en la zona.

La mandataria provincial reveló que luego de este tercer ataque estaba preparando un nuevo pedido para enviarle al Ministerio de Seguridad de la Nación en ese sentido y “sobre todo para que actúe en los ámbitos de su competencia, por ejemplo, las rutas nacionales”.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó este martes la militarización por “grave alteración del orden público” y el Estado de Execepción en una zona del sur donde existe desde hace décadas un conflicto territorial con indígenas mapuches, que se ha agravado en los últimos tiempos.

“Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”, indicó el mandatario conservador en una declaración pública en La Moneda (sede de Gobierno).

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El decreto abarca a las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otras dos semanas, que para una tercera extensión deberá contar con la autorización del Congreso.

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Estas y otras zonas del sur han experimentado en el último tiempo una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.

Según cifras oficiales, los acontecimientos policiales se incrementaron un 94 % en los primeros 6 meses de 2021.

Muchos de estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.

La madrugada de este mismo martes dos templos, uno católico y otro evangélico, fueron incendiados en la localidad de Tirúa, 700 kilómetros al sur de la capital.

La medida anunciada este martes “contempla la designación de Jefes de la Defensa Nacional” por parte del Ejecutivo, aunque “las Fuerzas Armadas deberán colaborar y no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad y no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”, aclaró Piñera.

Entre las nuevas competencias que tendrán las Fuerzas Armadas se encuentran el apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, de vigilancia y patrullaje “a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en Estado de Emergencia”, señaló el gobernante.

“Los habitantes de estos territorios viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión, lo que causa un enorme daño, no sólo a las víctimas directas, sino que también a los que se sienten amenazados y a todos los chilenos”, añadió.

La medida, solicitada por los sectores más conservadores y decretada tras el rechazo de la Contraloría al decreto que buscaba sumar a los militares al trabajo en la zona, fue criticada por la oposición y los movimientos indígenas, que acusan al Gobierno de querer enturbiar aún más el conflicto.

Vecinos de Nahuelpán abandonaron la zona. El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, dijo que los medios movilizados son suficientes y afirmó que sumar más herramientas podría generar caos. Ya se perdieron más de 7 mil hectáreas y se declaró la emergencia en el lugar.

Desde el gobierno afirman que no es necesario enviar más medios para combatir el fuego A dos semanas del inicio del incendio que lleva consumidas más de 7 mil hectáreas en el este de El Bolsón y tras la declaración de emergencia en la zona, las llamas traspasaron el cordón del Cerro Piltriquitrón y amenazan con llegar al poblado mapuche de Nahuelpán. Cerca de la medianoche de este domingo, al menos dos familias se autoevacuaron y llegaron a la carpa sanitaria montada por las autoridades locales, reportó el portal Noticias de El Bolsón.

En tanto, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) intervino con un camión cisterna un par de focos que suelen activarse al mediodía por las elevadas temperaturas. En uno de ellos, se armó una línea de agua de 750 metros.

Preocupan las altas temperaturas para combatir los incendios en El Bolsón

Las llamas llegaron muy cerca del poblado mapuche de Nahuelpan, donde un grupo de vecinos acercaron agua y realizaron una faja de 20 metros de ancho para frenar el avance del fuego. Sin embargo, el cortafuego organizado por los pobladores fue sobrepasado por un cambio repentino del viento.

Incluso, varios focos secundarios provocaron que las llamas comenzaran a descender sobre la ladera oeste del cerro.

“Muy difícil de controlar” En tanto, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, dijo este domingo en TN que “claramente es una situación muy difícil de controlar y muy compleja” por las altas temperaturas en la zona y vientos que “rotan todo el tiempo desde el norte, con lo cual trae más calor”.

Y añadió: “Estamos desde la Nación, junto a la provincia y el municipio trabajando fuertemente con todos los medios para tratar de evitar la situación más grave, más allá del desastre ecológico (…) que podría ser que el fuego alcance bienes o casas en algunos barrios aledaños a El Bolsón. Por eso la declaración de emergencia y la preocupación constante”.

Por el avance del fuego, el intendente de El Bolsón pide refuerzos

La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, anunció el sábado la declaración de “emergencia y desastre” en la zona afectada por el incendio. “Vamos a asistir a los pobladores, con todo lo que necesiten y haremos una evaluación de las pérdidas de animales e infraestructura”, indicó.

En diálogo con TN, Federovisky dijo que “permanentemente se están agregando recursos” para combatir las llamas y detalló que el Estado Nacional “ha provisto 110 brigadistas” que, sumados a los que aportó la provincia de Río Negro, “llegan a 200. Hay otros 40 que se están trasladando a El Bolsón. La dotación de personal es suficiente para poder contener el fuego. No necesariamente la sumatoria de más y más personas y más y más recursos garantiza el éxito”, indicó.

Las ministras de Seguridad y de Justicia buscan una salida pacífica al conflicto que tiene en vilo a Villa Mascardi y a otras localidades de la Patagonia. Los ocupas retomaron los hechos de violencia y se rehusaron a continuar con las negociaciones

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par de Justicia, Marcela Losardo, estuvieron en Río Negro para continuar con la mesa de diálogo en la que el Gobierno nacional intenta encontrar una salida pacífica a la usurpación mapuche de tierras de Villa Mascardi. Sin embargo, la comunidad Lafken Winkul Mapu no se presentó a la reunión, cambió en el transcurso de las últimas semanas a su interlocutor y, según las funcionarias, presentó por vías alternativas una propuesta que no estaba en el plan de trabajo conjunto que se venía diseñando desde hace meses.

“La realidad es que puede haber diálogo y resolución alternativa de conflicto siempre y cuando no haya violencia; en el momento en que la hay, es porque ya una de las partes no puede hablar. Así que sí, es verdad, una de las partes involucradas no se presentó”, indicó Losardo durante una entrevista concedida por ambas funcionarias a El Cordillerano.

Frederic completó: “Tuvimos acercamientos, durante febrero y lo que va del año, con representantes de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, referentes del CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas)… hubo canales de interlocución. Inclusive, a fin de julio, se produjo una reunión en la que participaron funcionarios del Ministerio de Ambiente, de Justicia, de Seguridad, que se hizo en la comunidad, y ellos hicieron un petitorio. Estábamos en el proceso de avanzar, con los abogados suyos, en una respuesta. Y, en ese momento, se cortaron los vínculos. Apareció otro interlocutor”.

La ministra de seguridad afirmó que este nuevo referente realizó una convocatoria a “una suerte de parlamento con comunidades más autonomistas”, aunque dejó varios puntos de la resolución del conflicto en la nebulosa y no terminó de establecer los términos de ese espacio.

El espacio de diálogo pacífico se vio amenazado el último 25 de noviembre, cuando Diego Frutos, un poblador de Villa Mascardi fue atacado por una patota mapuche durante una protesta por la muerte de Rafael Nahuel. También se intentó prender fuego la casa donde vive junto a su familia.

De tal manera, Frederic advirtió que ese incidente fue una seña de falta de voluntad por parte de la comunidad mapuche: “En las últimas semanas sucedieron episodios de violencia que, por supuesto, pusieron la relación en otros términos. Definieron de alguna manera que ellos no están dispuestos a dialogar”, especificó.

Tanto Losardo como Frederic defendieron una vez más la importancia de la mesa del diálogo y se mostraron convencidas de que por esa vía se podrá llegar a la solución en un conflicto que ya lleva años en la Patagonia argentina.

“Lo que de alguna manera hemos hecho es aprovechar un tiempo, que es el del proceso, el que la justicia tiene para tomar las decisiones, para ver si alcanzábamos otra solución. Lo que hicimos fue observar la problemática de varias comunidades. Esta es una, pero hay cinco o seis más, por eso fuimos a El Bolsón, para tratar de abordar los distintos conflictos (…) No solo se trata de las comunidades que son beligerantes y violentas, sino también de las pacíficas”, afirmó Frederic.

“Sabemos lo que ocurre en los distintos lugares, conocemos los derechos que tienen los aborígenes y, también, los derechos de propiedad de todas las personas, de los ciudadanos, y debemos ver cómo solucionar este problema de tan larga data”, agregó Losardo.

Por su lado, las dos funcionarias se refirieron a la decisión de un grupo de varios vecinos pertenecientes a la Junta Vecinal de Villa Mascardi de ausentarse a la reunión pactada por la mesa de diálogo.

“El diálogo tiene que ver con la voluntad, nadie tiene que ir a un lugar si no quiere hablar, así que, evidentemente, no han querido. Acá se respeta a los que no quisieron asistir. Se convocó y se invitó a todo el mundo. Quizá también hubo gente que no pudo ir. Y el que no quiso tendrá sus razones, no se lo juzga, pero nos parece que es una oportunidad que perdemos, ellos y nosotros. Nuestra apertura es total”, aseguró Losardo.

A la entrevista se sumó el secretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad, Gabriel Fucks, quien acusó y apuntó a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a Florencia Arietto de haber diseñado un boicot para que una parte de los vecinos no se presentaran en la reunión.

“Hay que expresar la preocupación de la intromisión de actores políticos de Buenos Aires, con nombres concretos. Circuló mucho que hubo una actividad de Patricia Bullrich, y sectores vinculados a ella, para que no vinieran a la reunión. Obviamente, no hablo de todos lo que no fueron… Pero hay un grupo político: una acción del PRO, de Bullrich y Florencia Arietto”, afirmó el funcionario, a lo que Frederic completó: “Para boicotear el diálogo”.

Fucks continuó: “El abogado Diego Breide (NdR: lleva una de las causas por usurpación) dijo explícitamente: “Nosotros conformamos una organización política, y la que nos dice qué hay que hacer es Florencia Arietto”. Eso es una decisión política. Y la convocatoria a boicotear fue en nombre de esa conducción política que ejerce Arietto, del PRO, vinculada a Patricia Bullrich, presidenta nacional de ese partido”.

Bariloche: justifican la ocupación por una supuesta estafa de la que habrían sido víctimas sus familiares en 1980, pero la Justicia ya falló a favor de los actuales titulares en los ’90.

Dos grupos identificados con una comunidad mapuche usurparon un campo ubicado en el paraje El Foyel, a 70 kilómetros de Bariloche, y mantienen cautivos a los propietarios, debido a que se instalaron en los caminos de acceso a la propiedad.

Se trata de la lof Gallardo Calfú, integrada por unas 30 personas, que se instalaron en dos de los accesos que tiene el campo que una familia posee hace alrededor de 40 años.

Los mapuches arribaron al lugar a bordo de vehículos último modelo y se dividieron en dos grupos, para evitar ingresos y egresos en dos de las tranqueras de acceso a la propiedad.

El Foyel es un paraje que está ubicado entre El Bolsón y Bariloche, donde la familia Soriani – propietaria del lugar – está instalada desde hace cuatro décadas.

El campo está a 4,7 kilómetros de la ruta 40 y para acceder hay que atravesar otras dos propiedades privadas.

La líder del grupo mapuche es Blanca Rosa Gallardo Calfú, quien justifica la ocupación por una supuesta estafa de la que habrían sido víctimas sus familiares en 1980.

De esta manera, los mapuches bloquearon los accesos al campo y parte de la familia quedó en el interior del predio, sin posibilidad de salir.

“Somos rehenes de estos sinvergüenzas, que se hacen llamar mapuches, pero vienen a una ocupación en vehículos último modelo, con un reclamo totalmente ilegítimo” expresaron fuentes de la familia a Infobae.

Miguel Soriani es el titular del lugar y cuenta con el título de propiedad de las 365 hectáreas, además de las mensuras y trámites ante la provincia de Río Negro.

Con esa documentación acudirá este viernes ante el fiscal de la unidad descentralizada de El Bolsón, Francisco Arrien, para demostrar la potestad que tiene la familia sobre el campo.

Las dimensiones del campo se redujeron hace varios años cuando Soriani cedió parcelas al hermano de la mujer que hoy impulsa el reclamo.

El dueño de las tierras explicó que “contamos con toda la documentación, no hay grises”. Espero que la Justicia actúe de inmediato, con el desalojo del espacio que hoy ocupa esta gente”, agregó.

Allegados a la familia que reside en el lugar se presentaron este jueves a la tarde para tomar conocimiento de la situación y brindar su acompañamiento, aunque el fiscal Arrien – lejos de solicitar a los mapuches que depongan su actitud- les pidió que se retiraran del lugar. Los mapuches, en cambio, permanecen en el sitio.

El funcionario judicial solicitó al personal policial del destacamento El Foyel – dependiente de la Comisaría 12º de El Bolsón- que ingrese a la propiedad privada para identificar a los usurpadores, pero estos también impidieron el acceso a los uniformados.

Un juicio perdido

El reclamo de la familia Gallardo sobre esas tierras tiene un antecedente, en el que la Justicia avaló la titularidad de las tierras de los actuales propietarios y el planteo quedó trunco.

“Iniciaron un juicio para que les reconozcan derechos sobre nuestro campo, pero en esa ocasión, antes de 1995, presentamos toda la documentación correspondiente y la Justicia rechazó su planteo”, explicó el titular.

En contrapartida, voceros de la agrupación mapuche señalaron que iniciaron “la recuperación de tierras ancestrales, que fueron obtenidas por la familia Soriani de forma clandestina”.

“Como mapuches conscientes de nuestro origen tenemos la necesidad de rehabitar y desarrollarnos dignamente en el mismo, fortaleciéndonos desde nuestra espiritualidad, con las fuerzas del lugar que siempre estuvieron. Resistiremos en nuestro territorio ante la embestida terrateniente y cualquier atropello por parte del estado, que nos ignora como pueblo preexistente”, señalaron.

Son zonas muy demandadas turísticamente en Río Negro; y otra área de conflicto en Neuquén es de alto valor productivo como ocurre cerca de Vaca Muerta.

Ocupación de tierras por parte de los mapuches, huelgas de hambre, incendios de viviendas, intimidaciones a turistas, ataques armados contra las fuerzas de seguridad y desalojos de estas comunidades fueron los ingredientes del cóctel que generó una escalada de violencia en el sur del país (la cual también recrudeció en Chile), que tiene como protagonistas a los integrantes de pueblos originarios, los gobiernos de Río Negro y Neuquén y el Estado nacional.

El principal foco de conflicto está latente en Villa Mascardi, donde la lof Lafken Winkul Mapu tiene ocupadas desde 2017 unas 30 hectáreas al costado del lago (a unos 35 kilómetros de Bariloche) y la situación recrudeció en noviembre de ese año con la muerte de Rafael Nahuel.

En tanto, el 10 de septiembre de 2019 la comunidad Buenuleo anunció oficialmente el proceso de recuperación de lo que ellos consideran su territorio ancestral. Son 40 hectáreas ubicadas en la zona del Cerro Ventana, las cuales fueron “arrebatadas de manera fraudulenta en el año 2014”, sostienen.

Referentes de esa comunidad indicaron que el conflicto se originó en agosto de 2014 tras la muerte de su ancestro Antonio Buenuleo y ante la aparición de un hombre que adujo haberle comprado las tierras. Según la comunidad, el supuesto propietario cuenta con un boleto de compra venta que ellos consideran ilegal.

En Neuquén, son varias las comunidades que resisten el desarrollo de la industria petrolera pero Campo Maripe, que es una de las más activas en el reclamo por la posesión ancestral de tierras, se encuentra en la zona de Añelo muy cerca de Vaca Muerta. El centro de la capital neuquina, en tanto, también tiene focos activos. Allí, las familias que integran las lof Newen Mapu y Puel Pvjv mantienen ocupadas unas 50 hectáreas.

Seis de los integrantes de Campo Maripe fueron juzgados en 2019 por usurpación y luego resultaron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. El principal argumento de la defensa es que estos conflictos no deberían judicializarse ya que aún está pendiente el relevamiento territorial, después del cual se definiría el mecanismo de titularización de las tierras.

Por su parte, los mapuches de Newen Mapu y Puel Pvjv exigen que se respete la concesión de tierra que les hizo en 2011 el ex intendente radical Martín Farizano pero que nunca llegó a ser votada en el Concejo Deliberante de la ciudad.

Las históricas tensiones en la Patagonia están en el radar del Poder Ejecutivo, que puso en marcha efectiva en Río Negro el protocolo para la resolución “pacífica” de conflictos territoriales con los pueblos originarios y fue presentado en febrero pasado en el Consejo Federal de Seguridad Interior ante las provincias.

A ese mecanismo suscribieron el Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandié, y su par de Justicia, de Marcela Losardo, de quienes dependen las áreas de Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Las carteras tienen la llave con las tres claves de una problemática estructural: el reclamo de tierras ancestrales, la cuestión ambiental y la seguridad.

“Desde el primer día de gestión decidimos que el tema mapuche y de los pueblos originarios iba ser radicalmente distinto al enfoque del anterior gobierno, que militarizó la Patagonia y fracasó con sus teorías insurrecionalistas. Por esa intervención hubo muertes y situaciones de tensión social que todavía estamos sufriendo”, indicó a Infobae el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks.

La gestión de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, está alineada con el reclamos de los vecinos y propietarios de la zona, quienes denuncian recurrentes hechos de vandalismo, agresiones y robos en la región. Este domingo, un nuevo hecho de violencia extrema contra la propiedad privada generó un enérgico repudio de la mandataria provincial. Ocurrió en el predio “La Cristalina”, donde grupos anónimos y encapuchados intentaron prender fuegos varios inmuebles.

En el Ministerio de Seguridad reconocen la preocupación por las denuncias y que el problema de vandalismo “existe”, donde también están siendo afectados los guardaparques. De hecho, no descartan que alguna acción haya sido encabezada por mapuches.

Mientras tanto, las denuncias no logran demasiados avances en los tribunales: fiscales, jueces y denunciantes pocas veces logran identificar a los autores materiales. Solo en Bariloche, con la última denuncia que hizo el encargado de La Cristalina por los daños perpetrados en esa emblemática cabaña, son 17 las causas penales que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal.

Las ocupaciones mapuches se producen en zonas muy demandadas turísticamente, como ocurre en Río Negro, y en sectores de alto valor productivo, como ocurre en Vaca Muerta. El valor aproximado de estas hectáreas es de 100 mil dólares pero los pueblos originarios insisten en que no se pueden vender y que son intransferibles.

Con el cambio de Gobierno, también también se produjo un cambio en el abordaje de la situación. “No queremos que pase como en otras épocas, que la respuesta de los jueces sea la movilización de fuerzas federales con un resultado claramente negativo. Por eso estamos los funcionarios respondiendo ante este problema”, señaló Fuks.

En sus cuatro años de gestión, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich resistió las críticas de los organismos de derechos humanos y de la entonces oposición por priorizar el uso de la fuerza en los desalojos.

El conflicto mapuche recrudeció en Chile la última semana

En Chile, la situación recrudeció la semana pasada en la región de La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, por la reivindicación indígena de ese territorio. Con el telón de fondo de las huelgas de hambre de más de 90 días de los presos mapuche, varias comunidades decidieron ocupar las municipalidades de Ercilla, Curacautín, Victoria, Angol, Collipulli y Galvarino para protestar contra las autoridades. Por los disturbios, hubo 48 detenidos.

Los mapuches exigen la liberación de sus presos, entre ellos el machi (chamán) Celestino Córdova, condenado por el asesinato de una pareja de adultos mayores en 2013.

El conflicto mapuche ya provocó la muerte violenta de varios comuneros -el último, el del joven Camilo Catrillanca-, policías y agricultores, además de incendios de propiedades y maquinarias, con decenas de mapuches condenados bajo la ley antiterrorista.