El embajador argentino Ariel Basteiro informó sobre el hallazgo del gobierno boliviano que se suma a  las 26.900 enviadas por el Gobierno de Cambiemos a Bolivia en noviembre del 2019.

El Gobierno de Bolivia informó este lunes el hallazgo de 40 mil municiones, de un total de 70 mil, enviadas irregularmente a ese país durante la gestión de Mauricio Macri, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales, en un hecho que es investigado por la justicia argentina como presunto contrabando.

Frederic afirmó que Gendarmería habría enviado “70.000 municiones” a Bolivia

El hallazgo fue confirmado por el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien detalló que se trata de 40 mil municiones que estaban en poder de la Fuerza Aérea Boliviana, que se suman a las 26.900 halladas el año pasado en manos de la policía de ese país, de un total de 70 mil enviadas por el Gobierno de Cambiemos a Bolivia en noviembre del 2019.

Marcos Peña y otros exfuncionarios imputados por contrabando de armas a Bolivia

“Esto confirma la totalidad de la prueba del delito”, expresó Basteiro, en diálogo con el El Destape Radio.

En declaraciones a Télam, el embajador consideró que estas 40 mil municiones halladas “refuerzan la denuncia por contrabando” e incluso se suman a “otros elementos que siguen reconfirmando” la comisión de ese delito.

Por ejemplo, mencionó “reuniones de la Embajada argentina (en tiempos de Cambiemos) con otras embajadas en las que se hablaba de preparar el terreno para que se avanzara en un golpe” contra Morales.

De igual manera, fuentes judiciales consideraron que se trata de un “avance significativo para la investigación judicial” y remarcaron que, aunque la respuesta no es completa, despeja interrogantes que existían sobre el destino de los pertrechos.

El Gobierno boliviano de Luis Arce halló las balas antitumulto que se entregaron a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 y que habían sido distribuidas “en diferentes cuarteles y organismos” de la FAB.

El hallazgo de las municiones es parte de un exhorto que la justicia de Bolivia envió a la Argentina.

El documento consta de una serie de informes que da cuenta de que el entonces Gobierno de facto de Jeanine Áñez -tras la expulsión de Morales de la Presidencia boliviana- recibió el material armamentístico enviado de forma irregular por la gestión macrista.

En Argentina, el juez Alejandro Catania busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.

En Bolivia, además, se investiga si las municiones enviadas por el gobierno de Mauricio Macri se emplearon en la represión de las manifestaciones populares que se produjeron en las calles de ese país en contra del golpe asestado a la administración de Morales.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto.

Por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente porque fueron aportados por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

En el expediente fue asimismo imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.

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Dicen no pocos científicos, que la pandemia del COVID-19 estaría llegando a su fin. Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos.

Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo alFMI de vuelta a la Argentina.

Te acordás ¿no? Le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vió? En todo caso, por favor llamen al 911.

Y no es burlarse de la tragedia de la pandemia, al contrario. Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021.

La pandemia macrista.

En el año 2021 Argentina pagó -entre capital e intereses- 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo Stand By que el organismo le otorgara a Mauricio Macri en el año 2018. Ese monto representa, nada más ni nada menos que el 1,1% del PBI… ¡Pero en dólares!.

La pandemia COVID-19.

En ese mismo año 2021, Argentina pagó 420.000 millones de pesos que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia.Allí están incluídas las Vacunas COVID ($124.000 M), REPRO II ($90.000 M), Asistencia al turismo – Previaje($31.000 M) y reducción de contribuciones patronales a empleadores de REPRO II y Sector Salud ($51.000 M), además de la Ampliación de Políticas Sociales. Ese monto representa el 0,9% del PBI… ¡Pero en pesos!.

Conclusión.

De esta manera se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19.

Pandemia macrista: 1,1% del PBI.

Pandemia COVID-19: 0,9% del PBI.

Y con un pequeña yapa: la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos.

¿El fin de la pandemia?https://t.co/RmwPWBOUut

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 18, 2022

La planta de la marca deportiva Adidas, ubicada en la localidad bonaerense de Chivilcoy y que cerró durante el gobierno de Mauricio Macri, reabrirá sus puertas de la mano de una firma argentina que la adquirió a sus anteriores dueños, una empresa de capitales brasileños.

Se trata de Bicontinentar Footwear Technologies, que adquirió los derechos de Perchet, una filial de la brasileña Paquetá en el país, y reabrirá la planta de Adidas en Chivilcoy, que cerró en 2018.

El inicio de las operaciones se proyecta para abril próximo, con 150 trabajadores en una primera etapa, pero con el objetivo de alcanzar los 600 empleos, que sería la mitad de los puestos de trabajo que tuvo la planta antes de cerrar.

El responsable de Bicontinentar, Gustavo Fernández, indicó que el “objetivo es comenzar a trabajar con entre 150 y 200 empleados, priorizando a los chivilcoyanos que trabajaron anteriormente en la empresa”.

“Con la idea de a fines de 2021 tener 300 o 400, y a finales del 2022 estar en una cifra cercana a los 600 empleados”, señaló Fernández al diario El 9 de Julio, de la localidad bonaerense homónima.

El ejecutivo agregó que están “en negociaciones con muchas marcas y trabajando mucho para esta empresa” y subrayó que es “una tarea que no es fácil porque (la planta) estuvo mucho tiempo parada, por lo que hay algunas dificultades para poner en marcha este monstruo”.

Sobre las expectativas que el nuevo proyecto genera en la ciudad, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, aseguró que “esto representa una gran alegría y les deseamos mucho éxito en este emprendimiento, más aun teniendo en cuenta las complicadas condiciones que atraviesa el país”.

“Es una de las mejores noticias que tenemos en Chivilcoy en el último tiempo”, afirmó Britos, quien pidió “que se les dé prioridad a los vecinos de Chivilcoy que están desocupados en este momento, fundamentalmente a los extrabajadores de Paquetá, para ingresar a la empresa”.

La instigación está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado. La lista de las supuestas víctimas de espionaje está conformada por personalidades como empresarios, periodistas, jueces y fiscales.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado están a cargo del expediente que investiga si funcionarios de la gestión de Mauricio Macri hicieron uso ilegal de los sistemas de información para espiar a distintas personalidades, entre ellas Lionel Messi.

En la lista figuran nombres de distintas personalidades: empresarios, periodistas, jueces y fiscales. Lionel Messi y su familia también formarían parte de la lista.

El caso se desató por un informe de la Dirección Nacional de Migraciones entregado a Canicoba Corral. Con el documento el juez confirmó ingresos sospechosos a su base de datos para conocer las entradas y salidas del país de 28 jueces y cuatro fiscales de todo el país.

Lo que se investiga es si dicha información fue utilizada por funcionarios del gobierno anterior de manera ilegal. Según los informes de Migraciones, se detectaron ingresos irregulares en su base de datos para ver movimientos de una gran cantidad de personas.

Los ingresos para conocer a dónde y cuándo viajaron las personas surgen de organismos públicos como la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, Prefectura, Gendarmería, la AFIP, Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad e incluso el Poder Judicial.

La supuesta lista estaría conformada por personalidades como Mariano Martínez Rojas, Matías Garfunkel, Mirtha Legrand, Santiago del Moro y Hugo Moyano, entre otros, además del ya mencionado Lionel Messi.

Las nuevas autoridades del Banco Nación iniciaron un sumario administrativo luego de detectar que durante la gestión de Cambiemos el Banco Nación le otorgó préstamos por $18.700 millones a la firma agroindustrial Vicentin, que se declaró en “estrés financiero” el 5 de diciembre pasado, sin que hasta el momento la empresa haya presentado propuesta de pago alguna.

El vocero de la entidad bancaria, Sergio Resumil, relató que al asumir la nueva conducción “se hizo un análisis de la situación y se advirtió la existencia de este crédito llamativo por los volúmenes y que no se habían cumplido la mejoras prácticas en su otorgamiento. Entonces se dispuso iniciar un sumario administrativo”.

Según detalló, la deuda por los préstamos, que tuvieron lugar durante la gestión de Javier González Fraga, fue renegociada varias veces ante las irregularidades en los pagos y luego se fue ampliando por la evolución del tipo de cambio. “En estos casos el banco activa unos controles que acá no se activaron”, añadió.

“La empresa estaba en categoría 1, es decir que aunque estaba incumpliendo sus pagos era considerada una empresa normal. Se la pasó a categoría 4, que quiere decir que tiene alta probabilidad de incobrabilidad, el paso previo a la quiebra o a una convocatoria de acreedores”, agregó en declaraciones al programa Mañana Sylvestre por Radio 10.

Resumil afirmó que desde ese momento “se suspendió el flujo de recursos a la empresa”, pero la preocupación radica en que hasta el momento Vicentin no presentó al banco ninguna propuesta de pago: “Lo que ocurre habitualmente es que abran una vía de negociación con su cadena producción o entidades financieras. Pero no se advierte ninguna voluntad. En 2018 facturó 118.000 millones, es decir que la deuda era el 15% de esa facturación. Para el banco no es grato que una empresa quiebre, pero estamos obligados a proteger nuestros activos, porque tenemos ocho millones de clientes”.

“No podemos tolerar que los recursos que depositan los argentinos sean objeto de este tipo de maniobras. Lo ideal sería que la empresa no vaya a la quiebra en la situación actual, pero queremos recuperar el dinero. Por eso si no hay oferta de pago se tomarán otras acciones”, concluyó.

Según se desprende de la central de deudores del BCRA, a la fecha la empresa tiene una deuda bancaria total de poco más de $23.500 millones, entre ellos los $18.000 millones tomados con el Banco Nación. Además la firma tiene cheques rechazados por un total de $60 millones.

Pero además acumuló deudas con el sector productivo y durante las últimas horas se reunió con representantes del sector para intentar esquivar la apertura del concurso de acreedores, que sería inminente con el fin de la feria judicial. En este contexto, durante el encuentro esbozó un posible plan de pagos que sería presentado oficialmente durante los primeros días de febrero.

Actualmente, la compañía comandada por la familia Padoan tiene una deuda total superior a los u$s1.000 millones, de los cuales u$s350 millones está contraída con productores, acopios y cooperativas por la compra de materia prima y justamente este sector es el que viene presionando desde hace semanas para que la firma presente en el corto plazo un plan de pagos concreto o, caso contrario, se daría de baja a la firma para operar en el mercado granario local.

Luego de que la empresa se declarara en “estrés financiero” el 5 de diciembre pasado, se barajó la posibilidad de que venda parte o alguno de sus cuantiosos activos y también se especuló con que sumaría algún socio local para conseguir un espaldarazo y dejar atrás este default sin precedentes en sus 90 años de trayectoria.