La diputada presentó una iniciativa para modificar la Carta Magna “para que el Estado santafesino esté más abierto a escuchar y más cerca de la sociedad”

La diputada Lucila De Ponti presentó un proyecto de reforma constitucional que introduce cambios en la Carta Magna provincial para actualizar elementos que hoy no se encuentran debidamente establecidos y adecuarlos a la legislación vigente.

“La reforma constitucional tiene que ser una oportunidad para democratizar las instituciones”, explicó la legisladora del Movimiento Evita, quien solicitó que el debate “no se agote en la actualización de las cuestiones formales, sino que logremos que el Estado santafesino esté más cerca de la sociedad y más abierto a escucharla”.

Entre los principales puntos del proyecto, se destaca la incorporación de elementos en materia de Derechos Humanos, derechos ambientales, de seguridad democrática, acceso a la salud y justicia, incluyendo perspectiva de género y la adecuación del texto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, con un lenguaje no sexista y accesible a toda la sociedad.

“Es una oportunidad para discutir la democratización de los espacios desde donde se toman las decisiones y promover la participación ciudadana”, explicó De Ponti, quien argumentó sobre la necesidad de contar con un sistema normativo adecuado a los tiempos actuales.

“Pasó mucho tiempo desde la última reforma y es necesario incorporar derechos fundamentales que son imprescindibles para garantizar una mejor calidad de vida como el acceso a la justicia y a la salud, la seguridad, los derechos humanos, la perspectiva de género, la autonomía municipal y la participación juvenil, entre otros”, aseguró.

El proyecto permite la reelección del gobernador por un período consecutivo -lo cual empezaría a regir a partir del 2031-, garantiza el acceso igualitario a los servicios públicos e incorpora a la economía social, popular y solidaria a los lineamientos que aseguren la actividad económica. También incorpora la paridad de género en cargos.

“Es clave que no dejemos pasar esta oportunidad de construir acuerdos entre todos los sectores políticos que queremos darle a Santa Fe una mejor calidad institucional”, finalizó.

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Se trata de una decisión inédita para garantizar la producción. “Es fundamental conservar las fuentes de empleo”, sostuvo Lucila De Ponti, quien participó del encuentro.

La diputada Lucila De Ponti participó del encuentro con autoridades del INAES -Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- para avanzar en la certificación de la cooperativa de trabajadores de Cotar que se hará cargo de la administración de la empresa láctea.

Lucila De Ponti: “La información y concientización es clave en la cuestión del Cannabis medicinal”

Se trata de una decisión inédita del organismo para poder avanzar rápidamente y garantizar la continuidad de la producción y operaciones de la empresa, que quedará a cargo de sus trabajadores. “Es un paso fundamental para garantizar la defensa de los puestos de empleo”, explicó De Ponti, quien participó de la reunión.

Lucila De Ponti: “es imprescindible profundizar las herramientas para disminuir y erradicar los niveles de violencia”

“Frente al mal gerenciamiento de la empresa, los trabajadores decidieron hacerse cargo para conservar sus fuentes de trabajo. El INAES evaluó de urgencia el caso y decidió otorgar las herramientas jurídicas para que puedan funcionar”, explicó la legisladora del Movimiento Evita, quien destacó la voluntad de llegar a una rápida y favorable solución para los trabajadores.

Se espera que a partir de la certificación de la conformación de la cooperativa –que se oficializará en pocos días- los trabajadores puedan hacerse cargo de las decisiones de la empresa, la cual atraviesa una grave crisis económica desde hace mucho tiempo. Así lo manifestó Cristian Esquivel, quien fue elegido como presidente.

En este sentido, el delegado del INAES en Santa Fe, Fernando Rosúa, explicó que la constitución de esta nueva cooperativa “se trata de un proceso virtuoso con gran participación de los trabajadores para rescatar a esta empresa tan querida para los rosarinos”.

Asimismo, la Directora Nacional de Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, Milagros Moya, consideró que “el Estado en esta etapa tiene que estar más presente que nunca, colaborando con esta aceleración al máximo de los procesos de constitución”.

Para De Ponti, resulta imprescindible garantizar el funcionamiento laboral para la recuperación económica de la provincia y el país. “Esto demuestra que el cooperativismo es una salida que siempre busca preservar los derechos de los trabajadores”, finalizó.

El proyecto incorpora modificaciones en el régimen de compras públicas para favorecer la participación local de la producción de cooperativas y MiPymes.

La diputada Lucila De Ponti junto a su par Ricardo Olivera presentaron un proyecto de modificación de la Ley de Compre Santafesino que introduce cambios para promover un acceso más equitativo de la industria local para convertirse en proveedores de bienes y servicios del Estado a través de sus diferentes carteras y entes autárquicos.

El proyecto tiene como objetivo fundamental la mejora continua del marco normativo de las compras públicas, sus herramientas y procedimientos. Para eso, propone un acompañamiento integral de los emprendimientos productivos santafesinos, promoviendo una mayor participación local en condiciones de igualdad.

“Las compras públicas son un instrumento fundamental para proteger el desarrollo de la producción local”, aseguró De Ponti, quien destacó que con este proyecto “se busca que el gasto de recursos del Estado esté orientado hacia empresas de capitales provinciales, generando mano de obra santafesina”.

Para la legisladora del Movimiento Evita, “la economía está atravesando un momento de recuperación que debe ser acompañado por herramientas que promuevan una mejor redistribución del ingreso, la generación de puestos de trabajo digno y la mejora de la calidad de vida de nuestras familias”.

Entre los puntos fundamentales que introduce el proyecto conjunto de De Ponti y Olivera se destaca la creación del “Programa de Fomento a los Proveedores Locales”, con un registro y diferentes instrumentos de apoyo, sumado a las “Mesas de Compre Santafesino” como espacio de articulación y colaboración público-privada. Además, se incorpora a las Cooperativas en condiciones idénticas a las MiPyMEs.

“Estos cambios no sólo permiten colaborar con el desarrollo de proveedores locales y fortalecer el sector productivo, sino que promueve fundamentalmente el empleo local, favoreciendo a toda la economía de la provincia”, finalizó.

La legisladora participó de la jornada “Salud y Cannabis” en San Lorenzo, en donde productores, pacientes y organizaciones debatieron sobre el rol del Estado en el tema.

La diputada Lucila De Ponti participó de la primera exposición sobre Cannabis medicinal y terapéutico desarrollada en la ciudad de San Lorenzo de la que formaron parte organizaciones de la sociedad civil y organismos del Estado en una actividad impulsada por el concejal Martín Cerdera junto a Cannabis Argentum.

“Es importante que podamos naturalizar este tipo de discusiones, especialmente cuando tienen que ver con el acceso a cuestiones de salud”, explicó la legisladora del Movimiento Evita, quien promovió la declaración de interés provincial del encuentro.

Para De Ponti, “la información y concientización es clave para erradicar la estigmatización que existe sobre productores y usuarios de una actividad ligada directamente a tratamientos de salud y mejores condiciones de vida, por lo que es fundamental su articulación y regulación institucional”, aseguró.

Por su parte, el concejal Martín Cerdera expresó que “el consumo de Cannabis medicinal es una realidad en nuestra sociedad y la demanda de información, capacitación y posibilidades concretas de acceso aumenta con el avance del debate y la regulación del Estado”.

“Pasaron más de 400 personas a lo largo de la jornada, donde se brindaron charlas sobre farmacología, cultivo, extracción, terapia animal y el rol del Estado. Fue una experiencia positiva, donde cada vecino pudo llevarse información, material e insumos”, aseguró.

En este sentido, Emanuel Ramírez de Cannabis Argentum destacó la necesidad de avanzar en la concientización de esta materia. “Concurrió gente de todas las edades y con inquietudes respecto de patologías que, lamentablemente, otras medicinas no las abordan o lo hacen generando muchos inconvenientes. Hoy vemos que desde el Estado se acompaña a usuarias y usuarios y se generan espacios para que esta herramienta fundamental para la salud, llegue a quienes necesitan mejorar la calidad de vida”, finalizó.

También estuvieron presentes el Lic. Pablo Ascolani -titular de la cátedra de farmacología en el posgrado sobre Cannabis de la Facultad de Medicina de la UNR-, Paula Sarkissian -cultivadora, militante feminista e integrante de Arec-, David Beresi -especialista en cultivo de cannabis, integrante y socio fundador de Arec-, la Dra. Vanina Drisun -especialista en cannabis-, Veterinarios Cannabicos Argentinos, Centro de Acceso a la Justicia y la Secretaría de Agricultura Familiar, entre otros.

La iniciativa apunta a mejorar los precios frente a la especulación financiera. “Esperamos desanimar el uso especulativo y pensar el acceso a la vivienda como un bien social”, explicó Lucila De Ponti, impulsora del proyecto.

La diputada Lucila De Ponti presentó un proyecto junto a la Asociación de Inquilinos de Rosario para la creación de un Registro Provincial de Viviendas Ociosas, con el objetivo de promover su incorporación para su uso efectivo residencial, comercial, cultural o público. La iniciativa plantea incorporar al mercado inmobiliario aquellos inmuebles que hoy se encuentran vacíos, aumentando la oferta disponible y reduciendo el precio de los alquileres.

“Para bajar los alquileres es necesario que el precio deje de estar determinado en el marco de la especulación financiera y sea definido en relación a los ingresos de la población”, explicó la legisladora del Movimiento Evita. “La vivienda tiene que ser un bien social en vez de un elemento para la especulación financiera”, aseguró.

“En primera instancia es fundamental conocer cuantas viviendas ociosas hay en la provincia para generar acciones para desincentivar la tenencia de inmuebles para uso especulativo y promuevan que estas viviendas sean alquiladas, por eso proponemos también un aumento del impuesto inmobiliario para quienes decidan mantener las viviendas deshabitadas”. En este sentido, el registro permitirá tener un panorama más preciso de la cantidad de inmuebles sin uso. “Es indispensable incluir la problemática de los alquileres para pensar una política de acceso a la vivienda digna porque un enorme porcentaje de la sociedad, mientras intenta alcanzar el sueño de la vivienda propia, alquila durante muchos años de su vida. Calculamos que un 30% de la población santafesina habita en viviendas alquiladas, es función del Estado poder garantizar que lo hagan en condiciones accesibles”, finalizó.

Por su parte, Emmanuel Canelli -presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario- amplió los detalles de la iniciativa. “El proyecto plantea varios ejes, el primero es que aquellas viviendas que consuman por seis meses menos de 46 Kwh/mes sean consideradas ociosas (lo que consume una heladera por mes); el segundo eje es que a esas viviendas se les incremente en un 50% el API y con estos fondos se busca financiar políticas para el sector inquilino; el tercer eje, es que se mantienen las excepciones en los pagos, planteados en las leyes impositivas provinciales; y por último es que se introduce una cláusula en la cual se establece que, de aprobarse, se implementaría en el ejercicio fiscal posterior a finalizar la pandemia”, explicó.

“En Rosario, lo último que conocemos es un estudio del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en el cual destaca que casi hay 80 mil viviendas vacías. Es aquí donde el estado debe poner el eje, haciendo gala de su rol de árbitro, pero, sin dejar de ver que actores somos los que corremos con las de perder. Lo que solicitamos conocer es, cuántas viviendas ociosas hay, dónde están esas viviendas, por qué están vacías, quiénes son sus propietarios y si están en buen estado. Para que desde allí el Estado pueda generar políticas que incentiven a colocarlas efectivamente en el mercado del alquiler y logren desalentar la especulación inmobiliaria de los grandes tenedores de viviendas, los corredores inmobiliarios y las constructoras”.    

La legisladora analizó los avances y desafíos en el camino para visibilizar y combatir la violencia contra mujeres y disidencias, en un nuevo aniversario del grito que conmovió a la sociedad y traspasó fronteras.

La diputada Lucila De Ponti destacó la importancia que tuvo el “Ni Una Menos” a seis años del reclamo que colocó en la centralidad de las demandas sociales el compromiso para avanzar en políticas y herramientas para combatir la violencia de género.

“Tuvimos enormes avances desde aquel primer 3 de junio, fundamentalmente porque gran parte de la sociedad dejó de preguntarse que habíamos hecho mal para “merecer” la violencia y la desigualdad, y comenzó a cuestionarse sobre las relaciones sociales y los elementos culturales que sostienen esa vulneración constante de nuestros derechos”, explicó De Ponti.

Para la legisladora del Movimiento Evita, profundizar ese interrogante es el paso clave para construir conciencia y avanzar en la transformación cultural. “Hemos logrado poner en el centro de la agenda nuestras demandas, se han creado ministerios y sancionado muchas leyes, este camino hay que profundizarlo, pero tiene que ser acompañado por una inversión presupuestaria y una dotación de estructura que permita al Estado ser efectivo en su decisión de hacerse responsable de las acciones necesarias para terminar con la desigualdad”, aseguró.

Sobre los avances y los desafíos pendientes para reducir las alarmantes cifras de violencia, consideró fundamental profundizar el trabajo institucional que sigue pendiente. “Hoy en día tenemos que reflexionar acerca de las herramientas existentes y de su capacidad para disminuir y erradicar los niveles de violencia actuales, rediseñarlas en caso de ser necesario y fortalecer su impacto”

Para finalizar, insistió en la importancia de plantear un horizonte de trabajo colectivo que aumente la presencia y acompañamiento, con eje en la prevención. “Sin dudas es imprescindible mirar al territorio y construir un trabajo conjunto y articulado con las organizaciones de mujeres y disidencias, quienes desde hace mucho tiempo vienen acompañando e interviniendo en situaciones de violencia allí donde el Estado aún no logra ser efectivo”, consideró.

La legislatura santafesina acompañó el proyecto para convertir en Ministerio a la actual Secretaría de Igualdad y Género.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe aprobó en la sesión de hoy el proyecto de Ley para la creación del Ministerio de Igualdad y Género, en reemplazo de la actual Secretaría del área, lo que significa un avance institucional y el reconocimiento de la importancia de las políticas que contribuyan en este sentido.

“Jerarquizar las áreas de género y brindarles un marco institucional indicado mejora la calidad de las políticas de prevención y asistencia que se pueden llevar adelante”, aseguró la diputada Lucila De Ponti.

Para la legisladora del Movimiento Evita, “Es una decisión del Ejecutivo, que la Legislatura convierte en ley, y que pone a Santa Fe en línea con las disposiciones del derecho internacional, con la tendencia institucional a nivel nacional pero que fundamentalmente es reflejo de la enorme contundencia que el movimiento de mujeres y disidencias ha adquirido en la reivindicación de su agenda convirtiéndose en un elemento ineludible de este momento histórico”.

Según De Ponti, “pretendemos que esta decisión política pueda impactar profundamente en la vida de las mujeres santafesinas, garantizando más igualdad e integración, para lo cual es indispensable que la creación del Ministerio de Igualdad se acompañe con más presupuesto y más estructura”.

“Es un orgullo y un privilegio ser parte de este tiempo histórico en el cual las mujeres damos pasos agigantados en la conquista de nuestros derechos mientras seguimos exigiendo que el Estado pueda dar respuestas contundentes frente a la violencia que sigue atravesando y precarizando nuestras vidas”, finalizó.

Un relevamiento sobre escolaridad a distancia en barrios populares muestra la importancia de los espacios educativos comunitarios y a Whatsapp como la principal herramienta de vínculo con la escuela durante la pandemia.

Un relevamiento sobre escolaridad a distancia y conectividad en los barrios populares de la ciudad de Santa Fe arrojó como resultado que casi 7 de cada 10 hogares no cuenta con un buen acceso a Internet, mientras que 3 de cada 4 alumnos consultados manifestó necesitar ayuda escolar por fuera de la escuela y la familia.

Los datos surgen de un Relevamiento Federal Educativo realizado en el marco de la campaña “Organización comunitaria en educación popular” llevado adelante por el Movimiento Evita. Según se desprende del trabajo, en la ciudad de Santa Fe apenas el 37,1% de los hogares cuenta con acceso fijo a Internet con buena señal, el 32,5% accede con datos móviles, 22,5% tiene problemas de conexión y el 7,9% no tiene acceso de ningún tipo.

“Estos datos nos muestran con crudeza las graves marcas que va a dejar la pandemia sobre los procesos educativos de estas generaciones y la necesidad de fortalecer el acompañamiento tanto estatal como comunitario a las familias que atraviesan situaciones más difíciles, donde la brecha digital se vuelve un problema ineludible”, explicó la diputada Lucila De Ponti.

Sobre este punto, el 76% de los consultados manifestó necesitar ayuda escolar por fuera de la escuela y la familia, tarea que se desarrolla en los espacios educativos comunitarios. Del mismo modo, el 66% de los alumnos aseguró que Whatsapp fue la principal herramienta de contacto con la escuela durante 2020.

“La pandemia que más daño nos hace es la de la desigualdad, que se expresa de forma económica, educativa, de género, de oportunidades y de derechos. La Ley de Conectividad es una posibilidad concreta para empezar a saldar al menos uno de estos problemas, esperamos poder aprobarla rápidamente en la Cámara de Diputados para que Santa Fe Más Conectada empiece a ser una realidad”, aseguró.

Otro dato relevante del estudio es que las madres son mayoritariamente quienes más acompañan en las tareas para el hogar. Sobre este punto, Paula Canalis -referente del Movimiento Evita- insistió en la importancia de este aspecto. “El esfuerzo por sostener las trayectorias educativas fue asumido principalmente por las madres y en una situación de mucha precariedad por la falta de conectividad y de dispositivos electrónicos. El apoyo de los espacios comunitarios y las organizaciones sociales en el territorio también fue fundamental para sostener la vinculación educativa en los sectores vulnerados”, finalizó.

Datos a nivel nacional

Comparando los datos a nivel país, el estudio muestra que en la Argentina apenas el 22,4% de los hogares tiene conexión fija a Internet con buena señal, mientras que un 18,3% no tiene acceso de ningún tipo.

Del mismo trabajo se desprende que el 67,2% de los hogares comparte entre los miembros de la familia un mismo dispositivo tecnológico para acceder (teléfono, tablet o computadora) y el 55,1% de los consultados necesitó de ayuda educativa externa a la familia y la escuela.

La diputada participa de la campaña “Salud comunitaria barrio por barrio”, en la que se busca llevar el alcance de la atención sanitaria primaria a todo el territorio.

La diputada Lucila De Ponti destacó el trabajo que realiza la campaña “Salud Comunitaria Barrio por Barrio”, en el cual se lleva adelante la atención primaria gratuita en medicina clínica, odontología y oftalmología para un gran número de vecinos en diferentes puntos clave de Santa Fe.

“Trabajamos para que el derecho a la salud sea una realidad para toda la sociedad, y sobre todo en aquellos lugares donde las necesidades son mas profundas”, explicó la legisladora del Movimiento Evita, quien destacó que “la pandemia que más daño nos hace es la desigualdad, por eso nadie puede quedarse atrás si queremos tener futuro”.

Además de las consultas médicas, durante los operativos sanitarios existen postas de información sobre el Boleto Educativo Gratuito, de promoción de género, de revinculación educativa e inscripción al Registro de Trabajadores de la Economía Popular, todo con estricto respeto del distanciamiento y los cuidados sanitarios.

La diputada participa de la campaña “Salud comunitaria barrio por barrio”, en la que se busca llevar el alcance de la atención sanitaria primaria a todo el territorio.

La diputada Lucila De Ponti destacó el trabajo que realiza la campaña “Salud Comunitaria Barrio por Barrio”, en el cual se lleva adelante la atención primaria gratuita en medicina clínica, odontología y oftalmología para un gran número de vecinos en diferentes puntos clave de Santa Fe.

“Trabajamos para que el derecho a la salud sea una realidad para toda la sociedad, y sobre todo en aquellos lugares donde las necesidades son mas profundas”, explicó la legisladora del Movimiento Evita, quien destacó que “la pandemia que más daño nos hace es la desigualdad, por eso nadie puede quedarse atrás si queremos tener futuro”.

Además de las consultas médicas, durante los operativos sanitarios existen postas de información sobre el Boleto Educativo Gratuito, de promoción de género, de revinculación educativa e inscripción al Registro de Trabajadores de la Economía Popular, todo con estricto respeto del distanciamiento y los cuidados sanitarios.

“Con estas iniciativas buscamos garantizar el derecho a la salud especialmente a los sectores que más lo necesitan, que son quienes más dificultades tuvieron en el último tiempo para acercarse a los centros de salud. La pandemia sigue y nos tenemos que seguir cuidando, por eso es importante multiplicar la presencia del Estado para llegar a todos”, explicó De Ponti.

Por su parte, la dirigente del Movimiento Evita Paula Canalis agregó que “la salud integral no solo abarca lo clínico, sino que es parte de nuestra tarea cotidiana como organización social, peleando por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo en los barrios populares” y destacó que en los puestos también hay promotoras de género y diversidad, “que son quienes sostienen las redes comunitarias que permiten acceder a mecanismos de asesoramiento, denuncias y protección”.    

“Con estas iniciativas buscamos garantizar el derecho a la salud especialmente a los sectores que más lo necesitan, que son quienes más dificultades tuvieron en el último tiempo para acercarse a los centros de salud. La pandemia sigue y nos tenemos que seguir cuidando, por eso es importante multiplicar la presencia del Estado para llegar a todos”, explicó De Ponti.

Por su parte, la dirigente del Movimiento Evita Paula Canalis agregó que “la salud integral no solo abarca lo clínico, sino que es parte de nuestra tarea cotidiana como organización social, peleando por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo en los barrios populares” y destacó que en los puestos también hay promotoras de género y diversidad, “que son quienes sostienen las redes comunitarias que permiten acceder a mecanismos de asesoramiento, denuncias y protección”.

La legisladora destacó las medidas que buscan aumentar los cuidados y frenar la circulación del virus. “Necesitamos mucha responsabilidad y conciencia”, aseguró.

La diputada Lucila De Ponti destacó las medidas de contención sanitaria adoptadas por la provincia en el marco del decreto de necesitad y urgencia nacional que comenzó a regir hasta el 30 de abril y busca frenar la circulación del virus de Covid-19 ante el aumento de casos de los últimos días.

“Ante la suba pronunciada de casos era fundamental poder tomar medidas que nos ayuden a cuidarnos con el objetivo de que no colapse el sistema de salud y sigamos teniendo como prioridad absoluta el cuidado de la vida, fundamentalmente de la población de riesgo”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.

Para la Vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, es clave poder aplicar la experiencia obtenida desde el inicio de la pandemia para aumentar la prevención manteniendo el ritmo del sistema productivo provincial. “Con el aprendizaje del año pasado, tenemos que encontrar la mejor forma de seguir cuidándonos y continuar con la reactivación económica que necesitamos para superar esta crisis hasta que podamos tener vacunada a un mayor porcentaje de la sociedad”, aseguró.

“La decisión de estas nuevas restricciones tiene como eje fundamental la mirada sanitaria pero al mismo tiempo intenta preservar la actividad económica en recuperación y la presencialidad de la educación, dos cuestiones claves que podremos seguir sosteniendo en la medida que tengamos un gran nivel de responsabilidad y conciencia en los cuidados indispensables y en el cumplimiento de las disposiciones”, sostuvo.

Cabe destacar que Santa Fe cuenta con un 26% de la población objetivo vacunada, entre ellos la totalidad de los docentes inscriptos. Sin embargo, nueve de sus departamentos cuentan con un índice de riesgo epidemiológico alto y la ocupación de camas críticas de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica alcanzó el 72%.

La diputada Lucila De Ponti manifestó su alegría por el envío del proyecto de legalización del aborto por parte del ejecutivo que efectivizó hoy el Presidente de la Nación Alberto Fernández.

Para la legisladora el Movimiento Evita “es una decisión muy valiente de nuestro presidente, la de avanzar en las normativas que acompañen las decisiones de las mujeres y personas gestantes, de aquellas que quieren ser madres y de aquellas que no eligen este camino”.

Para De Ponti se trata de un suceso de enorme trascendencia, porque “la lucha histórica del movimiento de mujeres al cual se han sumado millones de pibas en los últimos años hace que esta sea una demanda ineludible y resulte imperioso avanzar en la consolidación de una política de salud publica que termine con la hipocresía y la clandestinidad de los abortos que condena a miles de mujeres a situaciones peligrosas para su salud e inclusive a la muerte”.

Para finalizar, la diputada santafesina señaló: “No tengo dudas de que el Congreso va a convertir en Ley la legalización del aborto y el programa sanitario de los primeros mil días, y espero que los legisladores y legisladoras santafesinas acompañen esta ampliación de derechos”.

La propuesta nace del proyecto de Ley Antidiscriminación, que entre otras cosas promueve campañas contra la discriminación, un “Consejo Asesor” de organizaciones que luchen contra la discriminación y la creación de la Agencia Contra la Discriminación (ACODI).

En el marco de la llegada de la primavera, la Diputada del Movimiento Evita, está poniendo en la agenda legislativa un proyecto de ley que persigue la idea de erradicar la discriminación en la provincia de Santa Fe. Con más de 50 artículos, la novedosa iniciativa propone identificar los actos discriminatorios y crear un organismo que pueda sancionarlos.

“Actualmente, si alguna persona en la provincia de Santa Fe es discriminada, debe recurrir al INADI y transitar un engorroso trámite para poder hacer justicia; de esto deriva que mucha gente opte por dejar todo como está. Por eso queremos crear el ACODI, para que el Estado santafesino se haga cargo de sancionar y erradicar la discriminación” afirmó De Ponti.

En el proyecto de ley se contempla la creación de la Agencia Contra la Discriminación que será un ente autártico y deberá tener acuerdo legislativo para poder designar a su titular; el ACODI, estará acompañado del Consejo Asesor, integrado por diferentes organizaciones de la sociedad civil que actualmente luchan contra la discriminación. Además el Estado provincial deberá promover campañas publicitarias y contenidos educativos para combatir la problemática.

“Tenemos una agenda de reuniones amplia, con pueblos originarios, organizaciones sociales, asociaciones civiles que trabajan para incluir a sectores postergados, diversidades, mujeres, centros de estudiantes; queremos que esta ley sea de todos los sectores, mas alla de las diferencias ideológicas, porque la discriminación es algo que nos toca a todas” afirmó Paula Canalis de Igualdad Evita.

“Estamos proponiendo una primavera sin discriminación, una campaña propuesta por jóvenes de distintas organizaciones sociales para que todos podamos convivir sin sentirnos vulnerados. La ley antidiscriminación es un paso, pero tenemos que seguir caminando hacia el cambio cultural, tenemos que lograr que en nuestra sociedad nadie se sienta menos” finalizó Lucila De Ponti.

La iniciativa busca establecer capacitaciones integrales en perspectiva de género para clubes y entidades deportivas de toda la provincia. “Ella pensaba el deporte como inclusión”, aseguró Andrea Lescano, mamá de Micaela García.

Representantes de la política, el deporte y la familia de Micaela García compartieron una charla virtual donde se insistió en la necesidad de avanzar en el proyecto de “Ley Micaela en el deporte”, con el objetivo ampliar las capacitaciones integrales en perspectiva de género para clubes y asociaciones civiles deportivas de la provincia.

“Desde su sanción, fueron emergiendo voluntades para implementar el concepto de la ‘Ley Micaela’ en distintas instituciones como clubes, sindicatos o empresas, lo que nos dice que se quiere ir construyendo colectivamente este proceso de transformación para tener una sociedad libre de violencia y desigualdades”, aseguró Lucila De Ponti, impulsora de la medida a nivel nacional y autora del actual proyecto que ingresó en la legislatura santafesina.

Para la legisladora del Movimiento Evita, “esta medida se sostiene sobre un proceso que muchas compañeras vienen empujando y también por esfuerzos muy grandes que lleva adelante el Estado nacional y provincial para establecer diálogos con actores territoriales y consolidar instancias de capacitación y formación”.

Por su parte, Andrea Lescano –mamá de Micaela García- destacó la importancia que cumplía el deporte en la vida de su hija. “Mica pensaba el deporte como inclusión para los últimos de la fila, siempre le interesó hacer un deporte social y no uno competitivo”, aseguró y consideró que “es importante generar políticas para que los chicos puedan tener otra mirada”.

A su turno, Celia Arena –Secretaria de Igualdad y Género- explicó que “Micaela es una bandera para este gobierno, porque tenemos el compromiso de llegar a cada lugar de la provincia”, mientras que Claudia Giaccone –Secretaria de Deporte- consideró “fundamental avanzar en este proyecto para conseguir ese piso de igualdad por el que se viene luchando desde hace mucho tiempo para que haya una verdadera transformación”.

Por espacio de casi dos horas, numerosas representantes de clubes y entidades deportivas de toda la provincia se sumaron al impulso de este proyecto, que establece una capacitación integral para todo el personal y autoridades de los clubes y entidades deportivas de la provincia de Santa Fe según lo establecido en la Ley 27.499 “Ley Micaela” y la Ley Provincial 13891 de adhesión a la misma, complementando el trabajo iniciado por las áreas competentes del gobierno de la provincia de Santa Fe.

El registro busca reconocer y formalizar a trabajadores y trabajadoras de la economía popular para acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación.

La provincia de Santa Fe y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación firmaron el convenio ReNaTEP, mediante el cual se busca avanzar en el registro voluntario de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, una herramienta que permite acceder al reconocimiento de los derechos laborales y sociales de un amplio sector de la población cuyo empleo no se enmarca en el sector público o privado.

El encuentro virtual contó con la participación del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo y el Gobernador Omar Perotti, junto a diversos funcionarios del gobierno nacional, provincial y de las organizaciones sociales encargadas de los operativos de inscripción a nivel territorial.

La inscripción en el ReNaTEP –que según datos del IFE en Santa Fe podría alcanzar un universo de más de 500 mil personas- les permitirá en un futuro acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y obtener herramientas crediticias y de inclusión financiera.

“Es un paso fundamental que las personas que trabajan en la economía popular sean reconocidas institucionalmente, es el primer escalón que nos va a permitir que sean reconocidos los derechos laborales que cada trabajador debe tener y que le permitan acceder a una vida digna. Hace mucho tiempo que las organizaciones sociales vienen empujando estas demandas y hoy empiezan a hacerse realidad”, explicó Lucila De Ponti, diputada provincial y referente del Movimiento Evita

“La pandemia nos va a dejar una situación de desigualdad mucho más profunda y para revertirla queremos apostar a políticas que transformen estructuralmente nuestras instituciones, dándoles lugar a quienes siempre fueron excluidos de las mismas. Santa Fe tiene un rol fundamental para cumplir en este objetivo de construir una realidad más igualitaria y es una satisfacción muy grande que nuestro gobierno asuma el rol que le toca en este momento tan complejo de nuestra historia acompañando y garantizando derechos para los más postergados”, explicó.

Por su parte, Ignacio Rico –Subsecretario de Políticas de Hábitat-, sostuvo que “nuestro compromiso ha sido siempre trabajar desde el barrio, con organización y desde la solidaridad. Tenemos que llegar a las y los más postergados, ya que la democracia argentina no ha tenido como prioridad a estos trabajadores. Para poner a la Argentina de pié, necesitamos que los trabajadores de la economía popular tengan derechos”, aseguró.

Formaron parte además por Nación Emilio Pérsico-Secretario de Economía Social-, Pablo Chena -Director Nacional de Economía Social y Desarrollo local- y Osvaldo Ortonali -Responsable del CDR de Santa Fe- y por Santa Fe Danilo Capitani -Ministro de Desarrollo Social-, Ignacio Martínez Kerz -Secretario de Prácticas socio-comunitarias-, Fernando Mazziotta -Secretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial- y Fabricio Medina -Secretario de Desarrollo Territorial-.

La iniciativa fue presentada por Lucila De Ponti -impulsora de la ‘Ley Micaela’ a nivel nacional- y alcanza a clubes y entidades deportivas de toda la provincia.

La diputada provincial Lucila De Ponti presentó un proyecto en la legislatura para que se incluya la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres –conocida como ‘Ley Micaela’- para todas las asociaciones civiles deportivas de la provincia, profundizando el trabajo iniciado por las áreas competentes del gobierno de la provincia de Santa Fe

La iniciativa establece una capacitación integral para todo el personal y autoridades de los clubes y entidades deportivas de la provincia de Santa Fe según lo establecido en la Ley 27.499 “Ley Micaela” y la Ley Provincial 13891 de adhesión a la misma. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, en conjunto con la Secretarìa de Deportes

“Los clubes son espacios fundamentales de formación y socialización por eso creemos que es importante incorporar los contenidos que se promueven con la Ley Micaela y que buscan construir ámbitos de respeto y de igualdad y contribuir a la erradicación de la violencia en nuestra sociedad”, explicó Lucila De Ponti, autora del proyecto.

Para la legisladora del Movimiento Evita -impulsora de la norma a nivel nacional- no solo se trata de ampliar el alcance de la perspectiva de género a los diferentes ámbitos de la sociedad, sino también mantener vivo el mensaje y la lucha de Micaela García, la joven militante víctima de femicidio, quien desarrolló gran parte de su tarea a través del deporte como herramienta de intervención en los sectores más postergados de la sociedad.

“Queremos mantener viva la lucha de Micaela incorporando la perspectiva de género en todos los ámbitos de socialización, porque falta mucho por recorrer en el sentido de garantizar vínculos igualitarios, lo vemos especialmente con algunas decisiones recientes de la justicia pero también con muchas conductas que siguen reproduciendo la desigualdad”, aseguró.

Y consideró que este proyecto es un paso más en el camino para generar espacios de prevención y concientización para erradicar la desigualdad y violencia de género en cada ámbito de la vida cotidiana. “Va a llevar tiempo construir estos cambios fundamentales, pero cada aporte que hagamos nos acerca a ese mundo más justo que Micaela soñó”, finalizó

El proyecto brinda un marco regulatorio legal para el reconocimiento de la actividad profesional de las personas licenciadas en obstetricia.

La diputada provincial Lucila De Ponti -con el acompañamiento de legisladores de diferentes espacios polìticos- impulsa en la legislatura santafesina un proyecto de Ley de Obstetricia con el objetivo de avanzar en la garantía los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes. La iniciativa, trabajada en conjunto con colegios profesionales, regula la actividad de las personas licenciadas en obstetricia egresadas de universidades.

“Este proyecto legitima y valida el trabajo cotidiano que realizan las personas licenciadas en obstetricia en sus tareas asistenciales y destaca el rol fundamental de esta profesión para garantizar el derecho a la salud antes, durante y después del embarazo”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.

Por eso avanzar en esta nueva legislación permitiría “el reconocimiento legal y profesional de una actividad con un claro sentido social y su papel en la defensa de los derechos humanos involucrados”

Para De Ponti “es necesario entender que las personas gestantes son sujetos de derechos, que incluyen elegir cómo, dónde y con quién parir, el respeto de su vida privada y la decisión sobre el propio cuerpo”. Y agregó que también debe garantizarse “el derecho a un trato digno, al consentimiento y rechazo de tratamiento médico y fundamentalmente a la no discriminación y ser libres de violencia obstétrica e institucional”

Por su parte, Lucrecia Fiuri – Presidenta de la Federación de Obstétricas de la República Argentina (FORA)- destacó el proyecto impulsado por el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Santa Fe y la diputada Lucila De Ponti, al señalar que “es primordial contar con una Ley que regule este ejercicio”.

“Es fundamental que se reconozca nuestra autonomía y se contribuya a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”.

Para finalizar, consideró que avanzar con esta legislación “permitirá una mejora en la calidad de atención, mayor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y reducir la cantidad de cesáreas e intervenciones innecesarias, como así también brindará un marco regulatorio y protector legal a las personas licenciadas en Obstetricia de la provincia de Santa Fe”.

Hace 5 años que esta fecha, 3 de junio, comienza a formar parte del calendario de las demandas que tienen que ver, básicamente, con los derechos humanos”, reflexiona la diputada provincial Lucila De Ponti, integrante del bloque del Frente de Todos.

“Porque con Ni una Menos lo que se está pidiendo es que termine la violencia que vivimos mujeres y diversidad, y esto tiene que ver con el derecho a la vida”, sintetiza en diálogo con este diario.

– Cinco años después, ¿cuál es el reclamo?

– Si bien se está avanzando en materia de género, siempre la principal demanda es que el Estado empiece a desarrollar políticas públicas más contundentes y efectivas para prevenir y erradicar la violencia que causa tantas muertes por año. Tenemos una estadística de un femicidio por día en la Argentina y esa cifra se mantiene desde hace mucho tiempo.

En paralelo con el proceso de movilización y manifestación muy fuerte que ha ido creciendo y se ha vuelto más activo, el tema de la violencia de género se ha instalado en la agenda social, mediática y pública. Por otra parte vemos que falta consolidar herramientas del Estado para intervenir en estas situaciones. Esta sigue siendo la principal exigencia.

– En un contexto en que la violencia de género se visibiliza y se mide en estadísticas, y cuando ya se reglamentó en todo el país la Ley Micaela, ¿cómo se lograría esa consolidación de políticas del Estado? ¿Qué es lo que falta?

– Creo que falta más contundencia en esas políticas. Estamos en un proceso en el cual hemos iniciado un camino, se han hecho cosas. Incluso este año, con el nuevo gobierno nacional y el nuevo gobierno provincial, se crearon y jerarquizaron las instancias para desarrollar estas políticas: a nivel nacional se creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y en la provincia, la Secretaría de Estado de Igualdad y Género. Un aspecto fundamental es aumentar de manera considerable la cantidad de recursos presupuestarios que se destinan a estas políticas, lo que va a permitir que su despliegue territorial y su alcance social sea mucho mayor. Por un lado tenemos políticas de transformación cultural que tienen que ver con el largo plazo, como la Ley Micaela, cambios en educación y otras cuestiones que van transformando una cultura machista en otra que deje de serlo. Por otra parte tenemos las políticas más inmediatas que son aquellas destinadas a intervenir en casos de posible peligrosidad o peligrosidad manifiesta para las mujeres. Allí es donde se necesita un mayor despliegue de recursos que permita a esas instancias del Estado -ya creadas- llegar cuando una mujer manifiesta una situación o hace una denuncia, realizar el proceso de acompañamiento posterior en el marco de la causa judicial, contener a esa mujer y darle una posible salida alternativa que la aparte del contexto de violencia. Esto involucra autonomía económica, trabajo, una vivienda y otras intervenciones que están en la planificación de las políticas de Estado.

– El nuevo protocolo que presentó la semana pasada el Ministerio de Mujeres de la Nación acerca de que las denuncias por violencia se pueden tomar en el mismo domicilio de las víctimas es un avance importante.

– Sí, sobre todo en cuarentena se ha trabajado muchísimo en garantizar a las mujeres que las vías para realizar estas denuncias y vincularse con las instituciones se multipliquen y sean abiertas La cuarentena, que cambió algunas metodologías de trabajo y formas de vida, requirió también que se modifiquen algunas modalidades para denunciar. Por eso se habilitó la posibilidad de hacerlo desde la casa de la víctima, vía mail o por whatsapp para vincularse al Estado a través de distintos mecanismos.

– Desde el Poder Legislativo, ¿cuál puede ser el aporte para que se produzca un cambio significativo en materia de género?

– Hay muchas acciones que venimos desarrollando desde los distintos sectores porque es un tema que atraviesa al conjunto político, a cada uno desde su mirada. Hay muchas cosas que se hicieron: la Ley Micaela es fundamental en términos de dar una respuesta. El Congreso Nacional aprobó hace años la ley sobre prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres (Nº 26.485). Pero hay que seguir avanzando.

En el caso de Santa Fe, impulsamos la creación de un cuerpo de promotoras territoriales que trabaje casa por casa en la difusión de derechos de género; también pedimos que las mujeres en contexto de violencia tengan prioridad en el acceso a viviendas de planes desarrollados por el Estado. Por otra parte, durante la cuarentena se hizo más visible que las tareas del hogar y de cuidado son asumidas, en general, por las mujeres y reducen el tiempo disponible para estudiar, trabajar y realizar otro proyecto de vida, lo cual afecta la autonomía económica. El Estado puede tener parte en procurar que las tareas sean distribuidas de manera más equitativa.

Todas las propuestas son válidas, pero habrá que trabajar de manera transversal y acompañar al Poder Ejecutivo para que profundice el camino que ya se ha iniciado.

– Está claro que en el compromiso con los temas de género no hay vuelta atrás.

– Argentina ha vivido un proceso de transformación social y cultural muy grande vinculado a la problemática de género, con movilizaciones muy importantes y una fuerte participación generacional de chicas más jóvenes; el tema se ha puesto en agenda no solo en la política y las instituciones sino también en todos los ámbitos de nuestra vida, como la escuela, las familias y los ámbitos en que socializamos. Este tema forma parte de la discusión y eso hace que el Estado no pueda volver atrás: está condicionado por un fuerte proceso de movilización social; y quienes están conduciendo el Estado nacional y el provincial y muchos de los municipios están avanzando en este sentido. Falta contundencia, pero va a venir con el tiempo.

Todas las propuestas son válidas, pero habrá que trabajar de manera transversal y acompañar al Poder Ejecutivo para que profundice el camino que ya se ha iniciado”. Lucila De Ponti, Diputada provincial.

Las medidas apuntan a fortalecer la recaudación fiscal frente a la emergencia que significa la pandemia del Covid-19. “Queremos discutir el aporte de cada sector”, explicó Lucila De Ponti.

El Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe presentó un conjunto de proyectos que buscan crear herramientas impositivas para fortalecer la recaudación fiscal frente a la nueva situación que enfrenta la provincia a partir de la emergencia producida por la pandemia del Coronavirus.

“Queremos discutir cuál es el aporte que cada sector de la economía realiza para el desarrollo de la sociedad porque tenemos que intentar que el resultado de esta crisis no sea más pobreza y más desigualdad”, explicó la diputada Lucila De Ponti, una de las impulsoras de las medidas, junto a sus pares Leandro Busatto, Luis Rubeo, Paola Bravo, Matilde Bruera, Ricardo Olivera y Oscar Cachi Martínez.

Entre los proyecto figuran aumentar la carga impositiva para grandes entidades bancarias y financieras, establecer un incremento de ingresos brutos a la actividad cerealera, una suba del impuesto inmobiliario a las grandes propiedades rurales y establecer el pago de ingresos brutos por parte de plataformas de pago y comercialización de productos y servicios.

Para la legisladora del Movimiento Evita, “esta situación tan crítica que nos toca vivir puso al descubierto las profundas desigualdades y brechas que existen en nuestra sociedad y nos obliga a redoblar el esfuerzo para desarrollar las políticas que nos acerquen a una sociedad más justa. Construir un esquema tributario equitativo que grabe a cada sector según sus posibilidades es un paso en ese sentido”, aseguró.

Por eso, la diputada consideró que el paquete de medidas significa “poder contar con herramientas para fortalecer la posición fiscal de la provincia en este contexto excepcional de emergencia que requiere el desarrollo de políticas de mayor impacto”.

“Hoy nuestro país y nuestra provincia necesitan que reafirmemos el compromiso con las acciones que defiendan los derechos de los sectores más vulnerados, para quienes resulta imprescindible un estado más fuerte y presente que los cuide”, finalizó