Brenda Barattini, la arquitecta que en 2019 fue condenada a 13 años de prisión por cortarle los genitales a su amante en Córdoba, recibió la libertad condicional y podrá volver a su provincia natal, Chubut, para vivir y trabajar junto a su madre.

El Juzgado de Ejecución le otorgó el beneficio después de analizar una serie de informes favorables y de considerar los cursos educativos y laborales que Barattini realizó durante su tiempo en la cárcel de Bouwer.

La joven arquitecta había sido condenada en septiembre de 2019 a 13 años de prisión por “tentativa de homicidio”.

La noche del 25 de noviembre de 2017, Barattini atacó a su amante durante un encuentro íntimo en su departamento de Nueva Córdoba.

La Justicia determinó que atacó a la víctima con una tijera de podar que había escondido debajo de la cama. El hombre estaba indefenso: tenía los ojos vendados cuando ella le seccionó casi por completo el pene.

Tras la agresión, él logró escapar y pedir ayuda. Una vecina enfermera le dio los primeros auxilios y evitó que se desangrara en el lugar.

Más tarde los investigadores encontraron en la escena la tijera, cartas, anotaciones que daban cuenta de un plan para cometer la mutilación y evidencia clave en dispositivos electrónicos.

Barattini intentó hacer creer que había sido abusada, pero la investigación determinó lo contrario. La fiscalía cambió la carátula a “intento de homicidio” y el tribunal —integrado por Mónica Traballini, Ítalo Vitozzi y Mario Centeno— la condenó a 13 años de prisión.

Además de la condena penal, la Justicia ordenó que la arquitecta indemnizara a la víctima con una suma importante de dinero, tras aceptar parcialmente la demanda civil presentada por el hombre.

La condena original de Barattini se iba a cumplir recién el 25 de noviembre de 2030. Sin embargo, la arquitecta podía acceder a la libertad condicional a partir de noviembre de 2026.

Finalmente, recuperó la libertad casi un año antes gracias a los 10 meses y tres días de reducción que obtuvo por haber realizado numerosos cursos y carreras universitarias dentro del penal.

El trámite para la salida anticipada se demoró varias semanas por los estudios y evaluaciones que exigió la Justicia.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso al diario La Voz, el juez de Ejecución, Facundo Moyano Centeno, otorgó el beneficio el martes pasado, luego de una audiencia en Tribunales 2 donde se analizaron los parámetros de reinserción social y se fijaron las condiciones que Barattini deberá cumplir.

Entre las exigencias impuestas por la Justicia, Barattini debió fijar domicilio en Comodoro Rivadavia, su ciudad natal.

Además, tendrá que someterse a tratamiento psicológico ambulatorio y reportarse mensualmente ante la Agencia de Supervisión (patronato del liberado) de esa ciudad.

La arquitecta también tiene una orden de restricción: no puede acercarse a menos de mil metros de cualquier lugar donde pueda estar la víctima, aunque actualmente el hombre no reside en el sur del país.

Si incumple alguna de estas condiciones, podría volver a prisión hasta el final de la condena, en noviembre de 2030.

En la cárcel de Piñero, Santa Fe, un recluso llamado Ángel Ochoa dice haber desarrollado una aplicación que venderá por una cifra millonaria. El abogado del preso por robo automotor y encubrimiento aseguró que su defendido ya tiene un precontrato y percibió 300 mil dólares. Ahora pide la libertad condicional para hacer crecer su negocio.

Alejandro Impallari, defensor del detenido, habló con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y contó: “Es de película, es admirable. Es un doble beneficio para la sociedad. El primero es que después de diciembre todos usarán esa aplicación, que es más abarcativa que WhatsApp e Instagram, superó el requisito de ser ‘útil para la humanidad’. El segundo es que necesita emplear más de 50 personas en Rosario y sumar más remotos. Esto no es para salir de la cárcel, pero no pueden ingresar todos a Piñero”.

“Él es multimillonario desde que le desembolsaron los 300 mil dólares y más. La empresa quiere comprarle las acciones. El dinero no le importa. En la cárcel no tiene internet ni computadora. Si se lo dan, tema resuelto. Es diseñador gráfico y desarrollador web”, aseguró.

El abogado dijo que su defendido está preso por encubrimiento, comprar y vender autos de dudosa procedencia. “Tiene una condena de 12 años por delito de robo calificado. Lleva 7 años de prisión efectiva con una conducta ejemplar. Los presos que tengan celular deben aplicarlo en algo noble. A él le sacaron el teléfono en una requisa”, admitió.

Finalmente, aunque con cautela a la hora de contar detalles, reveló: “Mark Zuckerberg está detrás de la empresa que quiere comprar. Vamos a presentar la app al Presidente. La aplicación sirve para paliar la inflación y el desempleo. Hemos tenido llamados de otros países también”.

Luego de haber cumplido dos tercios de su condena, el abogado del sacerdote solicitó el beneficio ante el Tribunal Oral N°1 de Morón.

El cura Julio César Grassi pidió obtener la libertad condicional tras haber cumplido más de la mitad de la condena en prisión. El beneficio fue solicitado por su abogado defensor, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón.

En tanto, desde la querella anticiparon que se opondrán. “Todavía no fuimos notificados de la solicitud de la defensa. En cuyo caso, vamos a presentar nuestra oposición porque creemos que no están dadas las condiciones para que salga en libertad ante el hecho gravísimo por el cual fue condenado”, expresó el letrado Juan Pablo Gallego.

El cura de 67 años fue condenado a 15 años de cárcel después de ser encontrado culpable de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda en el caso “Gabriel” en la Fundación Felices los Niños, que manejaba el imputado, ocurrido a fines de 1996.

Actualmente, Grassi está preso en la Unidad 41 de Campana, donde hace 4 meses se recibió de abogado.

El cura Julio César Grassi pidió salir en libertad condicional

El beneficio de la libertad condicional fue solicitado este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 que lo sentenció en junio de 2009. Los jueces deberán evaluar si el padre Grassi tiene el derecho de cumplir el último tramo de la pena en libertad, ya que debería ser excarcelado en 2028.

Esta condición deberá ser evaluada no solo por haber cumplido dos tercios de la condena, sino también por las calificaciones de conducta y concepto expedidas por el Servicio Penitenciario y a los antecedentes del imputado. Pero además deben tener en cuenta si realizó actividades laborales, culturales y ocupacionales en el tiempo en el que estuvo tras las rejas.

El fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo de las investigaciones de los tres homicidios ocurridos en la noche de este miércoles –dos en Rosario y uno en Villa Gobernador Gálvez–, afirmó que Jonathan Manuel Almirón, el joven de 27 años que fue asesinado en Arroyito, actualmente se encontraba en libertad condicional.

Según explicó Ferlazzo en conferencia de prensa, Almirón estaba estacionado en su Onix blanco, cuando dos sicarios en moto se pusieron al lado y le gatillaron dos veces. Agregó que la víctima, ya herida, alcanzó a arrancar su auto, pero a los pocos metros chocó contra un taxi, volcó y murió.

"Tenemos dos disparos, uno impactó en el cráneo. No se conoce la motivación, estamos con las primeras medidas de investigación. Sabemos que registraba una condena y tenía libertad condicional", amplió el fiscal.

Almirón había recibido una pena de tres años de prisión por tenencia ilegítima de arma de fuego. La condena fue por haber sido detenido en una fiesta clandestina durante la cuarentena, donde se le encontró un arma. 

Si bien la víctima tenía registrado un domicilio en Funes, el fiscal aseguró que actualmente vivía relativamente cerca de donde fue asesinado. También añadió que en uno de los compartimentos del Onix se secuestraron tres celulares y aproximadamente 200 mil pesos.

La exesposa del dirigente político, a quien asesinó de un tiro en el festejo de Año Nuevo, podrá circular libremente mientras cumpla con pautas de conducta.

La controlarán con un dispositivo de monitoreo electrónico GPS en un domicilio de Neuquén y tendrá que obedecer pautas de conducta.

La Justicia de Río Negro le otorgó este jueves (20/4), la libertad condicional a Susana Graciela Freydoz (72), condenada el 20 de noviembre de 2012, a 18 años de prisión por el asesinato de su marido y gobernador electo de esa provincia, Carlos Soria.

La decisión fue adoptada en las últimas horas por el juez de Ejecución Penal de General Roca, Fernando Romera, quien dispuso que la acusada de matar a su esposo, el exgobernador e intendente de Roca, utilice un dispositivo de monitoreo electrónico GPS. Estará bajo la tuición de su hija e intendente de  Roca, María Emilia Soria.

Freydoz había sido beneficiada en noviembre de 2022 con las salidas transitorias, ya que cumplía los requisitos para ello. Desde el 2020 que tenía arresto domiciliario con tobillera electrónica por cuestiones de salud, otorgado por el Juzgado de Ejecución de General Roca.

En ese momento dejó el penal federal de Ezeiza para alojarse en la vivienda de un familiar en la ciudad de Neuquén.

Freydoz tendrá que mantener el dispositivo de monitoreo electrónico GPS encendido y con batería permanente bajo la tuición de su hija, María Emilia Soria, todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido, señalaron.

LAS CONDICIONES DE LA LIBERTAD CONDICIONAL 

Según explicó el juez, Romera, la mujer no podrá ausentarse del domicilio que fijó en la ciudad de Neuquén, “sin previa autorización del Juzgado de Ejecución, bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido”.

Además, Freydoz deberá “abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares o frecuentar personas que puedan entorpecer su debida reinserción social, no cometer delitos, no tener ni portar armas, no conducir vehículos motorizados”, entre otras normas. “El seguimiento del desenvolvimiento de Freydoz en el medio libre por medio de visitas quincenales y sorpresivas en el domicilio propuesto, remitiendo los informes correspondientes en forma mensual. Asimismo, cualquier irregularidad deberá ser comunicada a este Juzgado dentro de las 24 horas de conocida la misma”, completó Romera.

Cacho Garay fue liberado tras la denuncia que le realizó su esposa por violencia de género. Según lo que informaron fuentes judiciales, el humorista quedó en libertad tras pagar un millón de pesos de fianza aunque quedó imputado por tenencia de armas y amenazas agravadas.

A la salida de la comisaría, el mendocino aseguró que tiene “la frente bien en alto”. Además, sostuvo que no sabía que las armas que encontraron durante el allanamiento todavía funcionaban.

Detuvieron a Cacho Garay tras la denuncia de su esposa

“Yo vivo en una casa colonial donde hay todo tipo de antigüedades, hay un misil de caballería que data de 1800. Entre eso había dos escopetas muy viejas. Cuando hacen el peritaje, jamás me imaginé que funcionaban. Yo no sé manipular armas, para mí eran adornos”, sostuvo.

Por otra parte, dijo que no quiere explayarse sobre las supuestas amenazas que le habría hecho a Verónica Macias Bracamonte. “Hay dos versiones distintas, de la causa no voy a hablar porque estamos en un Estado de Derecho”, sostuvo.

El comediante reveló que no volverá a la casa que compartía con la denunciante y aseguró que está con la consciencia tranquila. “Afortunadamente, la Justicia otorgó una prohibición de acercamiento mutuo. Estoy muy tranquilo”, completó.

Grave denuncia contra Cacho Garay: su esposa lo acusó de golpeador y de obligarla a participar en orgías

LA PERICIA PSIQUIÁTRICA DE LA ESPOSA DE CACHO GARAY TRAS LA DENUNCIA: “VIVÍA ENCERRADA”

Según José Manuel Fiz, abogado de la Verónica Macias Bracamonte, la mujer decidió acudir ante la Justicia luego de un episodio de violencia que ocurrió el fin de semana pasado en un hotel de la ciudad cordobesa de Carlos Paz.

En la denuncia, sostuvo que la esposa de Cacho Garay sufre “violencia física, económica y sexual” desde hace 13 años. “Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos”, aseguró.

? Cacho Garay: su esposa lo denunció por violencia de género

? Recibió violencia física y psicológica.

? "Le tiraba vasos de agua en la cara".

Cc #ALaTarde pic.twitter.com/QXHrKhuBAg

— América TV (@AmericaTV) April 13, 2023

Luego de que se conociera esa información, el periodista Pampa Mónaco contó los detalles de la pericia psicológica firmados por la Dra. María Julia Roitman, secretaria del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Según las pericias, la denunciante presenta un nivel intelectual normal y al momento del examen se encontraba con conciencia lúcida, vigil y orientada en tiempo y espacio.

“Los resultados de la evaluación y valoración del riesgo de violencia física dieron grave”, comentó el periodista. Y, leyendo el documento pertinente, agregó: “Se detecta modalidad vincular asimétrica en la cual el varón adopta una posición superior de control y dominio de la relación con conductas controladoras y posesivas”.

En ese sentido, el examen señaló que esas conductas del denunciado le habrían provocado a la denunciante “una restricción de sus espacios de libertad y reuniones sociales”. “Básicamente, vivía encerrada”, comentó Mónaco mientras repasaba el archivo.

Entre los detalles de la causa, el panelista de policiales leyó parte de las declaraciones de Verónica: “Describe conductas compatibles con violencia psicológica, insultos y descalificaciones. Indica impedimento de mantener contacto con amistades, obstaculización del trato y comunicación con familiares, revisión continua del celular, prohibición para salir sola, imponerle su presencia para todo tipo de actividades y control de sus movimientos”.

Frederick Woods y sus cómplices, los hermanos Richard y James Schoenfeld, pidieron 5 millones de dólares para liberar a los menores.

Frederick Woods, el último de los tres hombres condenados por el secuestro de un autobús escolar con 26 niños a bordo en 1976, fue puesto en libertad condicional por autoridades del estado de California (EE.UU.)

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En lo que fue considerado por Sally Moreno, fiscal del condado de Madera, como “el mayor secuestro masivo en la historia de Estados Unidos”, Woods y sus cómplices, los hermanos Richard y James Schoenfeld, raptaron a 26 menores de entre cinco y 14 años y al conductor del autobús en el que viajaban, y los enterraron vivos dentro de un camión de mudanzas. Los criminales pidieron un rescate de 5 millones de dólares para liberarlos.

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A pesar de haber permanecido más de un día enterrados dentro de un vehículo con escasa ventilación, luz, y prácticamente sin agua, comida o suministros, las autoridades lograron ubicar y rescatar a las víctimas aún con vida.

Debido a la naturaleza del crimen, la junta de libertad condicional le negó su solicitud a Woods en 17 ocasiones. Sin embargo, dos miembros del panel recomendaron su liberación en marzo de este año, decisión que fue ratificada el martes pasado.

Dominique Banos, abogada de Woods, señaló que la junta reconoció que su cliente “ha mostrado un cambio de carácter para bien”, “sigue siendo de bajo riesgo y una vez liberado de la prisión no representa ningún peligro o amenaza para la comunidad”.

“Si puedes secuestrar un autobús lleno de niños, abandonarlos enterrados vivos, y aun así salir de la cárcel después de cometer ese crimen” estás burlando la ley, comentó Moreno, quien dijo sentirse decepcionada por la liberación del secuestrador y señaló que no se había hecho justicia para las víctimas.

Por su parte, el gobernador del estado, Gavin Newsom, señaló que Woods utilizó un celular para participar en “conductas financieras indebidas mientras estaba en prisión”. No obstante, reconoció que este era candidato a ser liberado ya que solo tenía 24 años cuando cometió el crimen, y porque ahora es un anciano de 70 años.

De acuerdo a los informes, los Schoenfeld y Woods trasladaron a los rehenes a otros dos vehículos, ocultaron el autobús y condujeron durante 11 horas antes de dejar a las víctimas en el camión enterrado en una cantera.

Luego de casi 16 horas, Ed Ray, el conductor del autobús, y algunos de los niños apilaron colchones para alcanzar una abertura de ventilación del techo, a través de la cual uno de los menores consiguió escapar. Una vez a salvo, el chico encontró a un vigilante de la cantera, que finalmente alertó a la Policía de lo ocurrido.

En 2012, un tribunal de apelación ordenó la liberación de Richard Schoenfeld, y en 2015, el entonces gobernador de California, Jerry Brown, concedió la libertad condicional a James.

La querella que representa a algunas de las familias que denunciaron al docente Juan T. del jardín Ceferino Namuncurá apelaron al beneficio que recibió de la justicia.

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La presentación se realizó el martes último en contra de la libertad bajo fianza que el profesor consiguió ante el juez Jorge Patrizi, al comprometer un pago de 20 millones de pesos.

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Vale recodar que en diálogo con LT9, la abogada querellante Carolina Walker Torres había tildado la decisión del magistrado de “clasista”.

“Si el juez enumera los motivos por los cuales considera que no hay riesgo procesal, por qué cautela ese proceso en 20.000.000 de pesos. ¿Existe o no existe la peligrosidad procesal? Además, en un mismo caso, una persona que no tiene recursos económicos no podría recuperar su libertad. Eso transforma a la resolución en clasista”, había manifestado Walker.

Ahora la disposición debe ser resulta en un plazo perentorio.

La Corte Suprema de Justicia de Chile revocó la libertad que se le había concedido al líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala.

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Estaba en libertad condicional y el gobierno de Chile había apelado esa decisión, que había tomado el Tribunal de Apelaciones de Temuco.

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Jones Huala, condenado en 2013 a nueve años por un atentado contra una familia mapuche en Los Ríos, había recibido el beneficio de la libertad condicional hace menos de un mes. Había iniciado los trámites para volver a la Argentina.

Ayer, el activista mapuche había despedido a las abogadas que lo representaban ante el máximo tribunal chileno. “Venimos a renunciar al patrocinio y poder que nos fue conferido en esa causa por don Francisco Facundo Jones Huala”, escribieron ambas abogadas en una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de Chile, según publicó el diario Río Negro.

Otro de los condenados por la Tragedia de Once, el ex directivo de Trenes de Buenos Aires (TBA) Jorge Álvarez, fue excarcelado tras un fallo del tribunal oral federal número dos que le concedió la libertad condicional.

Álvarez fue condenado a seis años de prisión como “coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789”. Después de que la condena quedara firme, estuvo detenido desde el 5 de octubre de 2018 de manera ininterrumpida en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, la cárcel de Ezeiza.

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La libertad condicional le fue concedida en una decisión unipersonal del juez Jorge Gorini. Álvarez se vio beneficiado por dos reducciones sucesivas de los plazos para acceder a ese beneficio, una por 65 días y otra por 252, por el denominado “estímulo educativo” por los estudios que cursó estando preso.

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El condenado deberá cumplir una serie de pautas de conducta, entre ellas el control mensual de su situación ante el Patronato de Liberados. Además, el tribunal le ofreció “la posibilidad de presentarse ante la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia para que le brinde el auxilio necesario en los aspectos habitacional, laboral y de reinserción”. Álvarez vivirá junto a su esposa en un inmueble situado en el barrio porteño de Belgrano.

Así lo determinó la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que resolvió acortar un mes la condena que cumple en su domicilio Boudou. Actualmente, el ex ministro de Economía se encuentra en prisión domiciliaria por la condena que recibió por el Caso Ciccone.

De esta forma, el próximo 20 de julio, el ex titular del Senado alcanzará los dos tercios de la pena y estará en condiciones de pedir el beneficio de la libertad condicional.

Los camaristas Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo hicieron lugar a la apelación de la defensa de Boudou, que fue en contra de una resolución del juez de Tribunal Oral Ricardo Basílico.

El magistrado había rechazado un pedido para que le redujeran la pena por estímulo educativo en un mes más que lo que le había otorgado otro juez, Daniel Obligado.

El pasado 1 de febrero, Obligado le concedió al ex vicepresidente una rebaja de diez meses en su condena por el caso Ciccone.

La rebaja es por los estudios realizados por el ex titular del Senado en la cárcel de Ezeiza, relacionados con filosofía, organización de eventos y electricidad.

La condena sobre Boudou por dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso de la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica era de cinco años y diez meses de prisión, y ahora el ex vicepresidente goza de prisión domiciliaria, tras ser beneficiado por el mismo juez, quienconsideró que en su momento el fallo no estaba firme y había una situación de pandemia.

Pero a fines de 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena y Obligado, luego de dilaciones, terminó revocando la prisión domiciliaria, pero la misma fue apelada y ahora el caso está en manos de la Cámara de Casación Penal.

Los estudios realizados por Boudou fueron cinco, y poco antes de finalizar la subrogancia, Obligado aplicó el beneficio del “estímulo educativo” previsto en la Ley 24.660.

Los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, pidieron una reducción de 20 meses, el máximo que establece la norma, ante lo cual la fiscalía sólo opinó que el plazo no debería exceder los seis meses porque no todos los cursos o carreras debían ser incluidos.

Finalmente, Obligado otorgó una reducción de 10 meses, y teniendo en cuenta el tiempo que estuvo detenido, Boudou ya quedó en condiciones de solicitar salidas transitorias.

Mientras tanto, y tal cual viene desde el año pasado, el ex vicepresidente goza de prisión domiciliaria, la cual está pendiente de revisión, luego de que el fallo donde Obligado la revocó, fuese apelado por la defensa ante la Cámara Federal de Casación Penal.