Una mujer trans fue asesinada con una llave de estrangulamiento conocida como “mata-león” dentro de un auto en la ciudad de Barreiras, en Brasil.

El principal sospechoso, Sérgio Henrique Lima dos Santos, entregó el cuerpo de la víctima en una comisaría, confesó el crimen y, pese a eso, fue liberado.

La decisión generó indignación y un fuerte reclamo de justicia por parte de la familia y organizaciones de derechos humanos.

Según la investigación, Sérgio Henrique Lima dos Santos contrató a Rhianna Alves, la víctima, para un encuentro sexual.

Luego, la llevó en su auto y, durante el trayecto, discutieron. El hombre aseguró que Rhianna lo amenazó con exponerlo y con acusarlo de abuso sexual.

En su declaración, el sospechoso dijo que actuó en “legítima defensa” porque la víctima habría hecho un movimiento hacia su bolso.

Sin embargo, la policía no informó si él admitió haber cometido abuso o si esa acusación era falsa.

Lo cierto es que Sérgio Henrique mató a Rhianna dentro del auto. Luego, trasladó el cuerpo hasta la comisaría de la localidad de Luís Eduardo Magalhães y pidió ayuda a los policías.

Llamaron a una ambulancia, pero la mujer ya estaba muerta. A pesar de la gravedad del hecho, el hombre fue liberado tras presentarse espontáneamente y confesar el crimen, acompañado por una abogada.

El lunes, poco después del brutal crimen, una familiar de Rhianna expresó su dolor y bronca en redes sociales.

“No le quitaron la vida a una simple persona. Le quitaron la vida a un ser humano lleno de luz, de ganas de vivir, de vencer. Le quitaron una hija a una madre, una hermana, una persona muy importante para nosotros”, escribió.

Otras personas cercanas a la víctima también reclamaron que el sospechoso sea responsabilizado.

“La llevaron a cambio de nada. Apuesto a que ese inútil está viendo mis publicaciones desde el sillón de su casa y riéndose”, denunció otra familiar.

El caso generó fuerte repercusión en redes sociales y la influenciadora, escritora y profesora Bárbara Carine cuestionó la actitud de la policía.

“Me impactó la postura de la Policía Civil, especialmente del comsiario. No se puede abrir un precedente para que otros delegados actúen así”, sostuvo.

El abogado criminalista Miguel Bonfim explicó que la liberación del sospechoso está prevista en la legislación brasileña, ya que la Constitución establece que nadie puede ser detenido salvo en flagrancia o por orden judicial.

“Por más infeliz y repugnante que esto pueda parecer, la ley prevé la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme”, detalló.

Según la Policía Civil (PC), el caso está siendo investigado como femicidio. El Ministerio Público del Estado de Bahía informó que sigue de cerca la investigación y que pedirá toda la información necesaria para tomar las medidas correspondientes.

El sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, a quien se lo vincula con la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”, fue liberado por error en Chile y ahora hay alerta en la Argentina.

A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Hernández, de nacionalidad venezolana, quien se encuentra prófugo de la justicia de dicho país por el delito de homicidio.

La imputación contra el acusado, que en su detención había sido identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, ocurrió el pasado 9 de julio por el crimen de José Felipe Reyes Ossa, perpetrado el 19 de junio de este año.

Aun así, al día siguiente, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una resolución firmada electrónicamente donde se solicitaba su excarcelación, informa el medio El País.

Ahora, la fiscalía trata de saber si el acta de excarcelación, firmada por la jueza Irene Rodríguez, fue falsificada tras una posible manipulación del sistema judicial.

Mientras avanzaba la investigación para dar con la captura de Ramírez, se logró constatar que en realidad se trataba de Hernández, uno de los sicarios más peligrosos.

De este modo, se dio inicio a diversos operativos y la solicitud de colaboración con diversas fuerzas nacionales y extranjeras, entre ellas la Argentina.

Ante este escenario, el Gobierno de Santa Cruz, junto con el Ministerio de Seguridad provincial, difundieron un flyer de alerta para concretar la captura del sujeto.

Dicha solicitud indica que Hernández mide 1,74 metros, tiene tez morena y un tatuaje en el dorso de la mano derecha que representa el rostro del dios mitológico Zeus.

“Cualquier persona que posea información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades a través del 911”, manifiesta el flyer.

Se trata de Alberto Rajoy Jaime. Tras advertirse la equivocación, hace ya 48 horas, es intensamente buscado por la Justicia. Se abrió un sumario administrativo

El personal penitenciario de la Unidad Nº9 de La Plata protagonizó este fin de semana un insólito episodio al liberar por error a un preso. Lo confundieron con otro que debía efectivamente quedar en libertad, según confirmaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Justamente, los dos reos involucrados en el escándalo que protagonizó el SPB son hermanos.

La insólita confusión sucedió este viernes 27 de octubre cuando Alberto Rajoy Jaime, un recluso del penal ubicado en la intersección de las calles 10 y 76, en la localidad de Villa Elvira, recuperó la libertad sin haber cumplido su condena. Desde entonces, hace ya 48 horas, es intensamente buscado por la Justicia.

Según se pudo reconstruir, quien debía quedar en libertad era un recluso de la Unidad N° 24 de Florencio Varela, hermano del actual prófugo, quien fue beneficiado con la salida “bajo caución juratoria”.

Todo comenzó con un pedido de excarcelación emitido por el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Plata que, por error, también llegó a la Unidad N°9. “Al tener el mismo doble apellido y compartir el número de causa, tras recibir la notificación judicial, el personal penitenciario no chequeó bien y liberó al hermano que aún tenía condena por cumplir”, explicaron a este medio fuentes con acceso a la investigación.

Por lo ocurrido se inició un sumario administrativo a través de Asuntos Internos para determinar las responsabilidades. Es que, cada vez que hay una libertad, hay un protocolo a cumplir que no se respetó. Además, se dio comienzo a un operativo por parte de las autoridades policiales y judiciales para dar con el preso liberado por error.

Hace menos de una semana, dos detenidos se fugaron de la Comisaría 2A de la Policía de la Ciudad, ubicada sobre la avenida Las Heras al 1800, en el barrio de Recoleta. Se trata de Eduardo Apablaza, chileno de 31 años, y Rodrigo Nahuel Ovejero, argentino de 22.

Apablaza y Ovejero, los detenidos que se fugaron de la Comisaría 2A

Apablaza se encontraba detenido en el lugar desde julio. Ovejero estaba desde mediados de mayo, con un pedido de captura en su contra a cargo del Juzgado N°44, y fue recapturado en la zona de San Telmo. La fuerza porteña lo encontró en un hotel de la avenida San Juan, luego de que lo delatara alguien en el lugar tras ver su foto en diversos medios.

Desde entonces, hace casi quince días, la fuerza porteña se encuentra abocada a la búsqueda de Apablaza. El caso lo investiga la Unidad de Flagrancia Este, con la secretaría de Pablo López.

Los investigadores creen que Ovejero y Apablaza lograron huir a través de un hueco en la reja externa del sector de los calabozos. Hubo un tercer preso que también logró salir del calabozo, pero que fue interceptado por los policías de la dependencia cuando caminaba por el patio de la seccional rumbo a la salida.

La Unidad Penal Nº 39 de Ituzaingó, ubicada en el barrio San Alberto de la ciudad

En enero de 2022, al igual que ocurrió este viernes en la Unidad N° 9 de La Plata, el personal penitenciario de la Unidad Penal Nº39 de Ituzaingó dejó libre a un recluso que coincidía en un sólo apellido con el que debía salir.

Una vez advertido el error, personal del SPB se trasladó al domicilio declarado por el preso que acababa de recuperar la libertad, pero no lo encontraron. Atentos a la posibilidad de que se haya dado a la fuga, el Juzgado de Ejecución Nº2 de Morón libró una orden de captura nacional e internacional y notificó a la Policía Bonaerense.

Gracias a una serie de averiguaciones a cargo de la Dirección de Investigaciones de Morón, efectivos de la Comisaría 4ª de Merlo logró dar con el prófugo y recapturarlo.

Un comando de delincuentes liberó esta tarde a los tiros a Ismael Bobadilla, alias “El Bahiano”, de 26 años, capo de una banda de La Plata dedicada a cometer entraderas que fue allanada la semana pasada por la Policía Bonaerense. El ataque para soltar al preso ocurrió durante un traslado penitenciario, según confirmaron. Hay dos agentes heridos.

Al menos cinco hombres armados y encapuchados cruzaron el traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuando salía con Bobadilla de la sede del Juzgado de Menores en Tolosa, ubicado en calle 7, entre 524 y 525.

“Atacaron a tiros a personal penitenciario frente a la sede del Juzgado de Menores y se llevaron a un detenido”, destacaron fuentes del SPB y ampliaron que los delincuentes usaban guantes e hicieron unos “30 disparos, que impactaron en un móvil penitenciario y en varios autos estacionados”.

Además, se informó que dos agentes penitenciarios que custodiaban al detenido y ofrecieron resistencia al grupo de delincuentes resultaron con heridas diversas.

El ataque se dio cuando “El Bahiano” salía del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata tras comparecer en el marco de una causa que lo tiene como implicado de cuando era menor.

“Personal penitenciario salió junto al detenido del Juzgado y, ni bien pisaron la vereda, apareció el grupo armado y comenzaron a disparar a mansalva”, describieron las fuentes consultadas.

De inmediato, se organizó un operativo cerrojo en la zona para dar con el detenido y sus cómplices. Por el momento, se sigue la pista de dos autos, entre ellos, un Chevrolet Aveo rojo que habría sido usado en el ataque. La DDI de La Plata investiga el hecho, con un expediente a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

Bobadilla había sido apresado el 2 de julio pasado, cuando se le secuestró dinero en efectivo, celulares, documentación, un reloj, alhajas y el auto en el que se movía. Un mes más tarde, el 7 de septiembre, los detectives detuvieron a uno de sus principales laderos. Se trata de Ángel Jesús “Coati” Ososco, un hombre que usaba una identidad falsa y sobre quien pesaban múltiples pedidos de captura activos en su contra por asaltos a mano armada.

En las últimas horas se encontró y allanó la base operaciones de la banda. Un container equipado con aire acondicionado, cocina, heladera y una cama matrimonial en un lote del Barrio La Toma. Pero lo que más les llamó la atención era la piscina y las palmeras a su alrededor. Para completar el cuadro, le habían colocado una parrilla.

Ese lugar, la organización criminal lo usaba para el ocultar autos y toda pertenencia sustraída en los robos, como ser dinero, alhajas, electrodomésticos, etc. Junto al container había una casa rodante que también fue requisada.

Al mismo tiempo, los efectivos encontraron un escondite destinado al armamento de la banda: tachos enterrados en el predio. El escondite que fue descubierto durante una minuciosa inspección en el terreno y tras detectar movimientos de tierra.

Tras el procedimiento, se estableció que Bobadilla posee varios lotes, lindantes al allanado, en los cuales se edificaron pequeñas viviendas de material precario (tipo casilla) propiedad del líder de la banda que, según averiguaciones, utilizaba para alquilar.

El de Bobadilla es el segundo detenido del SPB en ser liberado en el último mes. El 27 de septiembre último, Juan Manuel Montauti, de 46 años, oriundo de San Miguel, registrado en el rubro de venta minorista de frutas y verduras de la AFIP y preso por el delito de robo en poblado y en banda, fue liberado en la zona de Campana, también en medio de un traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Un comando de hampones armado con fusiles soltó a Montauti, quien sigue prófugo hasta hoy.

Al igual que en esa oportunidad, este lunes nuevamente desde el SPB se dispuso “reforzar con medidas extremas todos los operativos de traslados de detenidos”.

El juez Carlos Bruniard hizo lugar al pedido del abogado Rafael Cúneo Libarona, pero fijó una serie de pautas de conducta que el imputado deberá cumplir para continuar el proceso en libertad.

La Justicia hizo lugar al pedido de excarcelación que hizo la defensa de Cruz Novillo Astrada, el polista que ayer había quedado detenido después de haber atropellado y matado con su camioneta 4x4 a un peatón que cruzaba la avenida 9 de Julio, a la altura de la autopista lllia, en Retiro, pero le prohibió salir del país y le fijó una serie de pautas de conducta que el imputado deberá cumplir para poder continuar el proceso en libertad.

Así lo informaron fuentes con acceso al expediente. “Se valora que al momento de recibirle declaración indagatoria, Novillo Astrada se identificó correctamente, respondió preguntas, constituyó domicilio conjuntamente con su letrado defensor, lo que resulta suficiente, a fin de garantizar su sujeción al proceso, la imposición de una caución juratoria, máxime que puso a disposición su teléfono celular para que eventualmente se lleven a cabo las medidas de prueba correspondientes. No existen medidas de prueba que queden pendientes por producir, por lo que no se vería afectado el curso de la pesquisa. De la totalidad de lo expuesto, se infiere que la continuidad de la detención no resulta indispensable para garantizar su sujeción a la causa y garantizar la aplicación de la ley sustantiva”, sostuvo el juez Carlos Bruniard, a cargo del expediente al hacer lugar a la excarcelación solicitada por Rafael Cúneo Libarona, defensor del polista, de 24 años.

Novillo Astrada había sido indagado hoy al mediodía por el delito de homicidio culposo. “Soy optimista en cuanto a la excarcelación. Acreditamos que el homicidio culposo no fue responsabilidad de Cruz Novillo Astrada, sino que obedeció a la imprudencia del peatón, conforme surge de las filmaciones de las cámaras de seguridad incorporadas al expediente”, había dicho, tras la audiencia, Cúneo Libarona.

El magistrado le impuso al imputado “la obligación de presentarse el primer día hábil de cada mes como así también a todo llamado del tribunal, lo que incluye que deberá conectarse a la plataforma digital que le sea indicada, en caso de que la audiencia a la que se lo convoque sea virtual, para lo cual deberá mantener estrecha comunicación con la defensa que deberá velar para que el imputado -de resultar necesario- acceda a un dispositivo para poder conectarse a una audiencia remota en caso de que así haya sido señalada-; debiendo denunciar toda circunstancia que lo obligue al ausentarse del país o efectuar un cambio de domicilio, el que no podrá ser alterado, ni podrá ausentarse del mismo por un lapso mayor a 24 horas sin conocimiento de este juzgado”.

Cruz Novillo Astrada y su madre

“A fin de asegurar el cumplimiento de dichas medidas, habré de ordenar la prohibición de salir del país al nombrado Novillo Astrada mientras dure el trámite de la presente causa y, a fin de asegurar su cumplimiento, también ordenaré la retención de su pasaporte como documento de viaje para lo cual deberá hacer entrega del mismo en el juzgado dentro del tercer día de notificado”, afirmó en el juez al fundamentar la excarcelación.

Todo ocurrió ayer a las 5.20 en la avenida 9 de Julio y Arroyo, donde la camioneta 4x4 que conducía el polista embistió a un peatón y continuó su trayecto. No se detuvo. Según las fuentes policiales, la víctima sería una persona en situación de calle, y hasta el momento no fue identificada.

Sobre la decisión de Novilla Astrada de no detenerse después de embestir a la víctima, el juez Bruniard sostuvo: “Sin perjuicio de que la actitud asumida por parte del encausado al momento del trágico acontecimiento fue haberse dado a la fuga, dicha conducta se ve en contraposición con las llevadas a cabo posteriormente. En efecto, a los pocos minutos Novillo Astrada intentó contactarse a través de su teléfono celular con el 911, no obstante al no lograrlo, intentó comunicarse con sus padres, siendo que luego se dirigió hacia el domicilio de su madre, en San Isidro, a quien le comentó de lo sucedido, expresándole en todo momento su voluntad de presentarse ante las autoridades policiales a fin de estar a derecho, para lo cual luego junto con sus padres y su abogado defensor acudir a la seccional de la Policía de la Ciudad, junto con el vehículo afectado con el objeto que se llevaran a cabo los peritajes pertinentes”.

Tras la decisión del juez Bruniard, Cúneo Libarona, en declaraciones periodísticas, sostuvo: “Si bien no frenó [por su cliente], el juzgado y la fiscalía vieron con muy buenos ojos que Novillo Astrada haya vuelto a la comisaría con jurisdicción del lugar del hecho y haya llamado al 911″.

La decisión fue tomada por el juez Sánchez Sarmiento, que también procesó a los otros tres detenidos del caso y los dejó detenidos. Corazza, sin embargo, seguirá siendo investigado

Marcelo Corazza, el ex productor de Gran Hermano que había sido detenido acusado de integrar una banda de explotación infantil, fue procesado por el delito de corrupción de menores en concurso de ideal con exhibiciones obscenas a una víctima de trece años de edad, en una decisión tomada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, en el marco de un expediente donde interviene el fiscal Patricio Lugones.

Filtraron datos sobre la pericia psicológica a Marcelo Corazza

Sin embargo, según la misma decisión, Corazza recibió la falta de mérito para procesar a o sobreseer en la acusación que apunta a su rol en la banda, que tiene otros tres detenidos.

Fue liberado hace minutos de la cárcel de Ezeiza. También fue embargado en dos millones de pesos según la misma resolución y seguirá siendo investigado en el marco del expediente.

Noticia en desarrollo..

La madrugada del 16 de junio de 2016 el exsecretario de obras públicas fue sorprendido con bolsos que contenían casi nueve millones de dólares, los cuales procuraba esconder en un convento del partido bonaerense de General Rodríguez.

El exsecretario de obras públicas durante el kirchnerismo José López recuperó este viernes la libertad a más de seis años de caer detenido, cuando la madrugada del 16 de junio de 2016 fue sorprendido con con bolsos que contenían casi nueve millones de dólares, los cuales procuraba esconder en un convento del partido bonaerense de General Rodríguez.

José López pidió que le faciliten una urna para votar mientras está detenido

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 1, el cual ya le había concedido la liberad a López en abril pero nunca la había podido recuperar porque no tenía fondos para cubrir la caución fijada.

López había sido investigado en múltiples causas, pero fue condenado a una pena única de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y también por la tenencia de un arma, aquella madrugada en el convento. La caución original fijada por el Tribunal al ordenar su libertad en abril fue de 85 millones de pesos, pero José López apeló a través de su defensora oficial Pamela Bisserier al argumentar que no tenía fondos para pagarla.

La Cámara de Casación, en su momento, le ordenó al Tribunal bajar la caución porque entendió que aquella suma no se ajustaba a la situación patrimonial del exfuncionario e hizo lo mismo cuando se le volvió a fijar el monto en 48 millones de pesos. Finalmente, el Tribunal Oral Federal 1 le rebajó la caución en 14,5 millones de pesos. José López obtuvo la ayuda de tres amigos que cubrieron esa suma con propiedades en donde ellos mismos habitan, y vehículos particulares.

José López pide pagar su fianza con los bienes que la Justicia le embargó

Una vez presentado, el Tribunal hizo las tasaciones y dio por cubierta la caución, y así dispuso la libertad de José López. Por ahora López seguirá condenado pero al cumplir las dos terceras partes de la pena es que puede salir en libertad tras el pago de esa caución. El exfuncionario estaba en un lugar secreto pues desde hace unos años se convirtió en “arrepentido” en el caso de los “cuadernos”, en el que se sospecha de pago de sobornos de empresarios durante el kirchnerismo.

El ex secretario declaró, aportó información y se convirtió en “imputado colaborador”, además de sumarse a un programa de protección de testigos e imputados. Por otro lado, López es juzgado en el juicio por presunto fraude en la obra pública, donde también está imputada la Vicepresidenta Cristina kirchner y el empresario Lázaro Báez, entre muchos otros. También en el caso “sueños compartidos”, donde se sospecha de irregularidades en el otorgamiento de fondos a la fundación “Abuelas de Plaza de Mayo” para la construcción de viviendas sociales.

La Sala 3 de la Cámara porteña le otorgó la excarcelación a Rubén Darío Machuca que en noviembre pasado golpeó junto a un cómplice al conductor para asaltarlo en Barrio Norte.La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó la excarcelación bajo una caución de 80 mil pesos a Rubén Darío Machuca, uno de los dos motochorros que el jueves 5 de noviembre pasado asaltaron y agredieron al periodista Baby Etchecopar cuando se retiraba de Radio Rivadavia, en Barrio Norte.

Machuca, de 34 años y oriundo de Merlo, fue detenido a unas pocas cuadras del lugar donde ocurrió el hecho y estuvo detenido hasta este jueves, cuando le fue otorgada la libertad por el juez Mario Magariños.

El pedido de excarcelación ya había sido rechazado en primera instancia por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20, que basó su decisión en la gravedad de los hechos que se le imputan, la existencia de un supuesto riesgo de entorpecimiento en la investigación -que recientemente fue elevada a juicio-, teniendo en cuenta que sus cómplices no fueron detenidos tras el hecho y ante la posibilidad de que las víctimas puedan ser objeto de hostigamiento o amenazas durante el proceso.

La decisión fue apelada por su defensa y pasó a manos de la Sala III Cámara Nacional de Casación que, en los últimos días, en una resolución que lleva la firma del juez Magariños, le otorgó la excarcelación bajo una caución real de 80 mil pesos y la obligación de comparecer todos los meses ante el tribunal que lleva el expediente.

En el fallo, al que tuvo acceso Infobae, el juez Magariños indicó que la decisión del Tribunal N° 20 se basó en una “interpretación errónea” y destacó que tanto la calificación provisoria del hecho como la ausencia de antecedentes condenatorios permiten que, al ser juzgado, se aplique una eventual pena en suspenso. También fue evaluado positivamente el arraigo en el domicilio que aportó a la Justicia, donde convivirá con su esposa y sus dos hijos.

El robo se produjo el jueves 5 de noviembre, pasadas las 14, cuando el periodista salía tras realizar su programa en Radio Rivadavia. En ese momento, sobre la calle Arenales al 2400, Baby Etchecopar fue abordado por Machuca, que tras un forcejeo logró quitarle el reloj y lo tiró al piso. Luego se subió a la moto que conducía su cómplice, y huyó.

El personal de la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad interceptó a Machuca a unas pocas cuadras del lugar del hecho, en Juncal al 2100. Entre sus pertenencias tenía el reloj atribuido a Etchecopar.

Debido al forcejeo para evitar que le roben, Etchecopar sufrió lesiones en un hombro y fue llevado de inmediato al Hospital de San Isidro, ya que solicitó ser atendido por su traumatólogo de confianza. Según confirmó él mismo, producto del tironeo sufrió una luxación.

“Salí de la radio y un tipo grandote me empujó y me caí sobre el hombro. Ahí empezamos forcejar y me sacó el reloj. La policía lo vio en el momento y a las pocas cuadras lo agarraron. Lo malo es que si no me apuraba a hacer la denuncia lo liberan. Para mí fue al voleo. Ellos ven a alguien con algo y se mandan. Me lo hacen a mí o una persona de ochenta años”, dijo el conductor tras el hecho.

Machuca, de acuerdo a sus registros en AFIP, trabajó los últimos cinco años en una empresa dedicada al servicio de taxis, remises y alquiler de autos en CABA. La compañía para la que trabajaba le pagó por última vez en septiembre pasado y ante la consulta de Infobae tras el robo aseguraron que analizaban desvincularlo.

El hombre también trabajó en otras empresas de transporte de pasajeros a lo largo de los años. Fuentes gremiales reconocieron a Machuca como integrante del Sindicato de Peones de Taxis. De hecho, en sus documentos personales figuraba como domicilio la dirección de un polideportivo dependiente de esa asociación gremial.

“Corresponde añadir que la defensa ha aportado el domicilio donde Machuca residirá junto a su esposa y sus dos hijos, circunstancia que da cuenta que el nombrado cuenta con arraigo y contención familiar, lo que ha de valorarse positivamente”, afirmó Magariños.

Fue condenado a perpetua por homicidio en 1979. Dice que en el penal de Sierra Chica tiene “techo y comida”.Un convicto que llevaba más de 40 años preso y no quería irse de la cárcel fue finalmente liberado el último lunes, luego de que un juez confirmara que su pena se había cumplido hace más de 20 años.

Se trata de Osvaldo Alejandro Longobuco Calidoni, de 75 años, condenado a perpetua por homicidio.

Según informó el diario Clarín, el pedido había sido presentado por un defensor oficial que lo entrevistó. Sorpresivamente, en la charla Longobuco le dijo que no quería dejar la prisión ni ser derivado a un geriátrico, y manifestó su “voluntad la de no evitar ni un minuto de la pena que le fue impuesta”.

El convicto se declaró conforme con las condiciones de detención en el penal de Sierra Chica, donde está alojado desde 1979. “Refirió que no tiene domicilio, que donde está tiene techo y comida seguro, ponderando la buena estructura del lugar de alojamiento”, explicó el juez Alejandro Horacio Lago, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Morón.

En su resolución, Lago detalla que Longobuco fue detenido el 28 de febrero de 1979 por el crimen de Elvira Casimira Orellana. Diez meses después fue condenado a perpetua por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

En 1996, al cumplirse los 20 años de encierro según la ley, ya estaba en condiciones de acceder a la libertad condicional, pero nunca pidió el beneficio. En un acta, firmada el 11 de septiembre de ese año, Longobuco manifestó que no tenía posibilidad de fijar un domicilio para seguir cumpliendo con su pena.

Pasados los cinco años de la obtención de la libertad condicional -beneficio al que Longobuco nunca accedió- se produce la extinción de la pena. Ese momento tan deseado por los detenidos llegó el 8 de octubre de 2001.

Este lunes, casi 20 años después, Longobuco seguía detenido en el pabellón 16 de la Unidad Penal N° 2 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En una entrevista con Gustavo Giachino, defensor general adjunto del Departamento Judicial de Morón, contó que hace más de 10 años que no tiene contactos con sus hijos, que no tiene amigos y que no recibe visitas. También aseguró que busca cumplir su condena a perpetua para pagarle a la sociedad de “punta a punta”.

Más allá de esos los argumentos, el juez Lago decidió ordenar su “inmediata libertad por agotamiento de la pena de prisión perpetua”. “No puedo desconocer lo humano, en cuanto decía y expresaba al Defensor General local que el penal, es su lugar donde es seguro, comida, techo y vinculación social. Pero esa circunstancia de encierro no puede prolongarse”, explicó el juez en su fallo.

De acuerdo a Clarín, Longobuco abandonó el penal de Sierra Chica el lunes, mismo día en el que se firmó la resolución.

El magistrado libró un oficio al Patronato de Liberados, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia y al Municipio de La Matanza a tomar medidas para evitar que Longobuco quede en situación de calle.

El ex futbolista fue beneficiado con la “suspensión condicional del procedimiento” y el pago de 90 mil dólares.

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho fue finalmente liberado, luego de haberse presentado ante Gustavo Amarilla, juez de la causa que lo investigaba por haber ingresado a Paraguay con documentación falsa. El ex futbolista había sido detenido en marzo de este año y desde entonces había estado en apresado, primero en un centro de detención y luego en un hotel de Asunción. El magistrado decidió darle el derecho de la libertad a él y a su hermano, Roberto de Assis Moreira, quienes ahora viajarán a Río de Janeiro.

La Fiscalía había destacado en su escrito que Ronaldinho no participó del plan de fabricación de los pasaportes y cédula de identidad paraguayos de contenido falso que les fueron incautados. De su hermano, habían dicho que “no surgen indicadores de que tenga rasgos personales o de conducta criminales que en un ámbito de libertad reglada ponga en peligro a la sociedad”.

De esta manera, Dinho, campeón con del Mundial 2002, fue beneficiado con la “suspensión condicional del procedimiento”. Además, acordó el pago de 90.000 dólares en efectivo como una reparación del daño social ocasionado por su conducta. El dinero será destinado a la Universidad Nacional de Asunción, al Hospital de Clínicas y a la campaña solidaria “Todos Somos Bianca”, una iniciativa que busca ayudar a una niña que sufre una atrofia muscular espinal y necesita comprar una medicación especial para salvar su vida.

Para que esto se mantenga, el ex futbolista está obligado a informar su domicilio fiscal y su número de teléfono personal durante un año, aunque tiene todo el derecho de cambiarlo si quiere, siempre y cuando le avise a la Justicia. A su vez, el magistrado dejó en claro que está en libertad de viajar a cualquier parte del mundo que desee y ya no estará obligado a comparecer por esta causa.

En cambio, para su hermano Roberto, el juez permitió suspender la condena a prueba. “La Justicia paraguaya te condena a dos años por el uso de estos documentos falsos, pero también te beneficia con la suspensión de esta condena a prueba”, explicó Amarilla. Entre las condiciones se destacan mantener el domicilio real y el número de teléfono, para no perder conectividad. A su vez, ordenó el pago de 110.000 dólares que serán utilizados para la compra de equipos para la lucha contra el Covid-19 y la obligación de comparecer cada cuatro meses por espacio de dos años ante el juzgado de su jurisdicción en Brasil.

Estos montos serán descontados de la fianza de 1,6 millones de dólares que habían depositado para obtener la prisión domiciliaria. Lo restante, será devuelto.

A su regreso a la provincia, de acuerdo al protocolo sanitario establecido por el gobierno de La Pampa, Ochoa primero se realizará un testeo para corroborar que no es un caso positivo de Covid-19 y luego en la provincia será trasladado a un hotel, para cumplir por dos semanas con el aislamiento obligatorio.

El ex policía fue condenado en el marco del juicio por la Subzona 14 que tuvo jurisdicción en La Pampa, en el que 14 ex militares y ex policías fueron condenados por haber secuestrado y torturado a 234 personas entre 1975 y 1982.

Las penas más duras fueron para el ex jefe de la Policía, Luis Baraldini, y el ex secretario general de la Gobernación, Néstor Greppi, a 25 años de prisión, mientras que Ochoa recibió una de las más leves, de 6 años.

En ese proceso judicial histórico, el médico Máximo Pérez Oneto, fue el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad a 16 años de prisión.

Una jueza de Garantías entendió que el hombre perdió sus frenos inhibitorios al enterarse del abuso que sufrió su hija de 5 años y dispuso su excarcelación.

Matías V. se enteró que un conocido había abusado de su hija de 5 años y no dudó: fue a buscarlo y lo mató de cinco puñaladas. Estaba preso desde entonces, pero el miércoles la Justicia de Bahía Blanca lo liberó al entender que actuó bajó un estado de “emoción violenta”.

Matías seguirá acusado de “homicidio simple”, pero fue excarcelado en las últimas horas. Su situación cambió luego de negarse a declarar durante 8 meses. Cuando finalmente accedió a dar su versión sobre por qué mató a José Dagoberto López recuperó su libertad.

Según su testimonio, el hombre asesinado era un pariente lejano a quien le había alquilado una casa durante un tiempo. Fue en ese momento cuando el abusador aprovechó para “manosear” a la nena que tiempo después, en medio de una crisis de llanto, le contó a su mamá lo que había sucedido. Mientras la madre de la niña lloraba junto con ella, el padre salió de su casa a buscar al abusador y lo mató de 5 puñaladas. Esa misma noche se entregó en una comisaría con el buzo todavía ensangrentado y el cuchillo que había usado para cometer el crimen.

Tras la indagatoria, la defensa pidió su excarcelación al entender que habría sufrido una disminución en su capacidad de reflexión y no pudo contener sus frenos inhibitorios a partir del fuerte impacto emocional que le provocó la noticia sobre el abuso. El planteo fue aceptado por la jueza de Garantías Susana Calcinelli, quien además tuvo en cuenta que el imputado no tenía otros antecedentes, se presentó en forma espontánea y colaboró con la investigación.

“Hizo justicia por su hija y por un montón de nenas más”, sostuvo su esposa en diálogo con Canal Siete de Bahía Blanca, durante una de las tantas movilizaciones que encabezó para pedir la liberación de su marido. López no solamente había abusado de su hija sino que también había sido denunciado por varias víctimas más.

En medio del aislamiento por el coronavirus, el hombre volvió esta semana a vivir a su casa con su esposa y sus dos hijas, donde esperará el juicio en su contra.

Ordenaron medidas alternativas a la prisión preventiva para los dos jóvenes investigados por el homicidio de Gonzalo Glaria. Así lo dispuso el juez Osvaldo Carlos en dos audiencias llevadas a cabo en la mañana de hoy en los tribunales de Rafaela.

Las fiscales Ángela Capitanio y Gabriela Lema se opusieron y pidieron que se imponga la prisión preventiva. Las funcionarias del MPA adelantaron que aguardarán los fundamentos del magistrado para analizar los pasos a seguir.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Osvaldo Carlos, resolvió imponer medidas alternativas a la prisión preventiva a CDM y a MP, los dos jóvenes a los que se investiga como coautores del homicidio de Gonzalo Glaria cometido en la ciudad de Rafaela el martes 31 de diciembe. Así lo dispuso el magistrado en sendas audiencias llevadas a cabo en la mañana de hoy en los tribunales de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.

Durante las audiencias, las fiscales que investigan los hechos ilícitos, Ángela Capitanio y Gabriela Lema, manifestaron su oposición a las cautelares no privativas de la libertad. Las funcionarias del MPA desarrollaron la posición de la Fiscalía y brindaron sus argumentos, no obstante, el magistrado no hizo lugar a sus planteos.

De acuerdo a lo resuelto por el juez, los imputados –de 19 y 23 años, respectivamente– deberán fijar domicilio; constituir un guardador y firmar cada 15 días en la sede del Oficina de Gestión Judicial de Rafaela. Además, se les impuso una prohibición de contacto por cualquier medio y de acercamiento a los familiares de la víctima.

Recursos Capitanio y Lema adelantaron que aguardarán los fundamentos del magistrado. “Estudiaremos los motivos por los cuales el juez entendió que correspondían medidas alternativas en vez de la prisión preventiva tal como lo pedido desde la Fiscalía”, sostuvieron las fiscales. “Luego analizaremos los pasos a seguir y una posible apelación a la decisión del magistrado o la presentación de los recursos provinciales o federales que correspondan por arbitrariedad de la resolución”.