El Gobierno promulgó este martes la denominada Ley de Alquileres cuyas modificaciones fueron aprobadas la semana pasada en la Cámara de Diputados.

Lo hizo a través del decreto 533/2023, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández; el Jefe de Gabinete, Agustín Oscar Rossi; el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa; y el ministro de Justicia, Martín Soria.

Según el documento oficial, la ley 27.737, que introduce una serie de modificaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación, comenzará a regir los contratos de alquiler celebrados a partir de este miércoles, es decir, un día después de su promulgación.

Entre los principales puntos de la normativa, se encuentra la ratificación de que “el contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de tres años”.

Fija además que los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse "en moneda nacional y por períodos mensuales". Tampoco se pueden publicar avisos en dólares.

Asimismo, “podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis (6) meses”, por lo que desde mañana quedará atrás el plazo mínimo de actualización de un año.

Los ajustes “deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), publicado por el INDEC y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el Banco Central de la República Argentina”.

Finalmente, “los ingresos provenientes de contratos de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”, mientras que locatario y locador podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10 % del monto anual del contrato de locación.“Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y resultará de aplicación para los ejercicios fiscales 2023 y siguientes”, especifica.

La norma fue sancionada al conseguir 128 votos positivos y 114 negativos en una votación que se hizo pasadas las 5 de esta madrugada.

De esa manera, la Cámara baja aprobó los cambios que habían sido incorporados por el Senado y sancionó la nueva ley. Uno de los puntos clave de la nueva legislación es que se mantienen los 3 años de contrato con 6 meses para su actualización.

La norma aprobada también aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”.

De acuerdo a la ley “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA”.

Horas antes, los diputados habían aprobado por mayoría el programa Compre Sin IVA, que reglamenta en el marco de una ley la devolución del impuesto en la compra de alimentos de la canasta básica. Se trata de una de las medidas que dispuso el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Fuertes cruces entre diputados del oficialismo y la oposición por la Ley de alquileres

En un debate caliente y con fuertes críticas y cruces con los legisladores de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos impuso los números que tenía en la previa a la sesión y dio media sanción al proyecto. Los cuestionamientos de la oposición se centraron en el crecimiento del déficit fiscal y en el uso político de la iniciativa a tan solo 12 días de las elecciones presidenciales. La votación fue 134 a favor, ninguno en contra y 107 abstenciones.

El oficialismo contó con el apoyo del interbloque Federal -con excepción de Florencio Randazzo que se ausentó-, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los cuatro de Provincias Unidas y los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

“Estamos discutiendo mucho más que la devolución del IVA. Discutimos qué modelo de país queremos. Qué valores defendemos. La democracia la construimos entre todos. De un lado estamos los que queremos una Argentina para todos y del otro los que la quieren hacer añicos. Basta de algunas especulaciones electorales”, aseguró el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez.

Antes, el también oficialista Juan Carlos Alderete expresó: “Con este proyecto de Compre sin IVA estamos haciendo un poco de justicia tributaria, porque en este país por más que algunos griten que hay muchos impuestos, la realidad es que los que menos tienen pagan más y los que más tienen pagan menos”.

A su vez, Carlos Heller (FdT) explicó que “no es una medida electoralista” porque entraría en vigencia en enero del año que viene cuando “ya haya otro gobierno electo por la voluntad popular”. “Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero creemos que tenemos que ser enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo, tenemos que trabajar en políticas de progreso impositivo, en atacar las fugas. Estamos hablando de un país con 40% de informalidad, el combate de esa informalidad debería generar innumerables ingresos fiscales que contribuirían a resolver el problema”, planteó.

Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace presentó el dictamen de minoría y cuestionó: “¿Para qué viene este proyecto de ley al Congreso? si el pueblo vota en 10 días a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso, se busca condicionar una futura política de gobierno”. Y agregó: “Argentina se está yendo a una hiperinflación y nosotros elegimos el camino de la responsabilidad y también, no profundicemos este camino de irresponsabilidad”.

En la misma línea, el diputado Víctor Hugo Romero (UCR) aseguró que “este gobierno ha llevado a un desequilibrio fiscal y un déficit que va a terminar cerca de los 16 puntos del Presupuesto”. Y añadió: “Mientras acá discutimos teoría, el argentino va al supermercado y todo sube”. Para justificar su voto no positivo, remarcó: “El IVA es un impuesto regresivo que impacta en los que menos ganan, pero nunca en 4 años hablamos de reforma tributaria y esto debe ir con solvencia fiscal”.

“Tenemos que saber qué estamos votando porque no es una devolución, es un subsidio que genera más pobreza y más inflación. Lamentablemente no es la solución, debemos trabajar para reducir el déficit fiscal”, advirtió la legisladora santafesina del PRO, Germana Figueroa Casas.

Desde el ministerio de Economía tomaron la decisión de suspender la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020.

La resolución se conversó ayer en un almuerzo entre Alberto Fernández y Sergio Massa. La normativa, sancionada en junio de 2020, terminó siendo perjudicial para inquilinos y propietarios y afectó severamente al mercado inmobiliario.

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El tema fue conversado esta semana entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, quien analiza las alternativas posibles para poner un punto final a la ley que regula el mercado desde hace casi tres años, a pesar de numerosos intentos de modificaciones a través del Congreso.

En el momento de su discusión, la Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.

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Ante la incertidumbre de los propietarios, uno de los primeros efectos no deseados de la ley fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Apenas unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Esto hizo que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y el tema fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas.

Finalmente, en noviembre de 2021, Massa -que entonces presidía la Cámara de Diputados- anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para analizar el tema. Unos meses después, el 1º de marzo de 2022, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el propio presidente Fernández también pidió avanzar con cambios y reconoció problemas con el valor de los alquileres. Incluso se habló de suspender la ley por 90 días, lo que generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Pero nada de eso avanzó.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. Ninguno logró avanzar. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictamen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.

Para la oposición, esos puntos -el plazo y los índices de actualización- eran precisamente los temas centrales a modificar con opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.

Si este año se decide que el tema vuelva a ser tratado por el Congreso, no debería volver a pasar por comisión, ya que según explicaron fuentes legislativas el dictamen de comisión se sostiene porque la conformación actual de la Cámara baja es la misma del año pasado. En ese caso, si la modificación de la ley se incluye en el temario se va a tratar el dictamen del oficialismo en primer lugar.

El tema será debatido a partir de las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos); y de Legislación General, a cargo de Cecilia Moreau (Frente de Todos).

Semanas atrás, los interbloques de Juntos por el Cambio y Federal pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se debata en el “menor tiempo posible” la reforma de la Ley de Alquileres, para que pueda emitirse un dictamen unificado para ser tratado en el recinto de sesiones.

Ley de Alquileres: incorporarían incentivos fiscales para mejorar la oferta de viviendas

Las modificaciones a la norma tuvieron tres dictámenes en la comisión de Legislación General a principios de mayo, pero como se incluyeron incentivos fiscales para mejorar la oferta de alquileres esas medidas deben ser analizadas por la comisión de Presupuesto.

En la carta, los legisladores solicitaron que para “poder cumplir con el tiempo acabadamente con los términos acordados en el acuerdo parlamentario sobre el tema Ley de Alquileres, arbitre y disponga todos los medios necesarios y conducentes para concretar en el menor tiempo posible la realización de una reunión conjunta en la que intervengan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General”, de modo de “completar el trámite unificado y dictaminar respecto de todos los expedientes referidos al tema”.

En esa ocasión, el Frente de Todos -que logró el despacho de mayoría con 16 firmas- propuso mantener los aspectos esenciales de la ley vigente, que son los contratos con plazos de tres años, una actualización anual y un ajuste basado en un promedio de la inflación y los salarios.

Además, impulsó que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen general cuando superen las tres unidades ejecutoras si alguna de ellas está destinada a alquiler, y que no paguen bienes personales si son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.

Diputados comienza a debatir las modificaciones a la ley de alquileres

También establece un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, entre otras cuestiones.

Por su parte, Juntos por el Cambio impulsó un dictamen donde propone en su despacho reducir los plazos de los contratos de tres a dos años y un esquema de actualización semestral, que puede ser pactado entre las partes.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados tratará esta tarde un proyecto del oficialismo de reforma de la ley de alquileres que incorpora incentivos fiscales para propietarios e inquilinos con el fin de mejorar la oferta de viviendas.

El Frente de Todos impulsará esta tarde en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitir dictamen a un proyecto de reforma de la ley de alquileres que incorpora incentivos fiscales para propietarios e inquilinos con el fin de mejorar la oferta de viviendas, manteniendo los ejes centrales de la norma aprobada en 2020, informaron fuentes parlamentarias.

La Comisión de Legislación General, conducida por Cecilia Moreau (FdT), fue convocada para las 14 para debatir las propuestas de cada bloque sobre la reforma de la ley de alquileres y emitir los dictámenes de mayoría y minoría.

Ley de Alquileres: el Congreso convocó a Simoniello a exponer y debatir en comisión

El oficialismo tiene asegurada la mayoría, ya que cuenta con 16 de los 31 miembros de ese cuerpo asesor mientras que Juntos por el Cambio tiene 14 integrantes y otro corresponde al Interbloque Federal.

La ley sancionada en 2020 a instancias del bloque de Cambiemos extendió la vigencia de los contratos de 2 a 3 años y fijó un indicador anual de ajuste de valores basado en un promedio de la inflación y los salarios, que ahora son cuestionados por inmobiliarias y propietarios, y que son defendidas por las principales asociaciones de inquilinos.

La discusión llegará a la comisión tras recibir la opinión de 132 oradores pertenecientes a asociaciones de defensa del consumir, de corredores inmobiliarios, y de inquilinos, quienes expresaron posiciones contrapuestas sobre cómo reformar la ley de alquileres.

Diputados comienza a debatir las modificaciones a la ley de alquileres

Fuentes del oficialismo señalaron que, tras analizar las diferentes posturas, decidieron “darle más tiempo a la ley” y encarar las reformas con la mirada puesta en los incentivos ya que el principal problema es la falta de oferta.

En ese contexto, tendrán en cuenta algunos puntos propuestos por el diputado del FDT José Luis Gioja que propone beneficios para los monotributistas y para los propietarios, con el objetivo de incrementar la cantidad de inmuebles para alquiler.

El concejal fue invitado por la Comisión de Legislación General a formar parte de la discusión sobre la aplicación de la nueva ley. “Vamos a reflejar la situación de Santa Fe para que se contemple en las decisiones nacionales”, explicó.

Este miércoles el concejal de la ciudad Lucas Simoniello expondrá en el Congreso de la Nación frente a Diputados la actualidad del inquilinato en Santa Fe. Lo hará en la Comisión de Legislación General por invitación de la diputada nacional Ximena García. En la presentación mostrará los resultados obtenidos del último sondeo realizado por el Observatorio Data Encuentro, y desarrollará la situación general en torno a la casi nula aceptación de la nueva ley entre los inquilinos, y la utilización del suelo en Santa Fe.

“Estamos contentos con esta oportunidad y agradezco a Ximena García por tener el interés y la necesidad de escuchar los reclamos provenientes de Santa Fe. Siempre hablamos de que nos escuchen a nivel nacional, creo que esta es una oportunidad para poder mostrar cómo está Santa Fe”, destacó Simoniello.

Comenzaron los talleres para la implementación del nuevo Código de Habitabilidad

La Cámara de Diputados de la Nación continuará con las rondas informativas con los sectores involucrados este martes y mañana miércoles, en la que también estará presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. “Los santafesinos están poniendo en duda la eficacia de la Ley de Alquileres, debido a que no tuvo los efectos esperados luego de su sanción”, comentó sobre la situación actual Simoniello.

El objetivo de la Cámara Baja es llegar a un dictamen unificado a fin de mes y que se trate en el recinto durante la primera semana de mayo.

La Comisión de Legislación General escuchará a asociaciones de inquilinos, propietarios e inmobiliarias y luego tendrá un debate interno sobre los distintos proyectos presentados para modificar la normativa.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados iniciará el martes el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con una ronda de consultas a especialistas e interesados en la materia, en busca del objetivo de poder emitir dictamen antes de fin de mes.

De acuerdo al cronograma acordado la semana pasada, la comisión llevará adelante este martes, entre las 13 y las 17 y en forma virtual, la primera de las tres reuniones que en principio se establecieron para escuchar a asociaciones de inquilinos, de propietarios y de inmobiliarias, entre otros.

La agenda continuará la semana siguiente con reuniones presenciales los días martes 19 y miércoles 20; y concluiría con el debate interno entre los diputados, que se realizaría el martes 26 y el miércoles 27, fecha en la que se pretende emitir dictamen.

Diputados comienza a debatir las modificaciones a la ley de alquileres

La comisión que preside la oficialista Cecilia Moreau cumpliría así con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

Los principales espacios políticos acordaron abordar el tema luego de que Juntos por el Cambio decidiera levantar el pedido de sesión especial para tratarlo -el mismo martes 5-, en un plenario en la que, a priori, el oficialismo no daría quórum y JxC no alcanzaría ese objetivo ni la mayoría especial para debatir el proyecto sin el dictamen correspondiente.

En el temario de ese pedido de sesión especial, Juntos por el Cambio había solicitado la derogación lisa y llama de la Ley de Alquileres aprobada en 2020; una norma que contó con el respaldo de la mayoría de los bloques, y que en los últimos tiempos desde la mayoría de las fuerzas coincidieron en señalar que “fracasó”.

Sin embargo, la derogación total es resistida transversalmente por el grueso de los integrantes de los principales espacios políticos, que consideran que el texto aprobado en junio del 2020 aportó cuestiones importantes como la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.

También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito; y se mantendría el texto en lo referido a las aclaraciones sobre quien paga las expensas extraordinarias y quien las comunes.

De acuerdo a las opiniones periodísticas y por redes sociales emitidas por varios diputados de diferentes sectores, la coincidencia mayor se da en torno a la necesidad de avanzar con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación.

Oficialismo y oposición acuerdan debatir el futuro de la Ley de Alquileres

Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.

En los extremos de las coincidencias mayoritarias que llevarían a un dictamen de consenso con la eliminación de estos dos artículos, se encuentran posiciones antagónicas expresadas en los últimos días por grupos más reducidos de diputados, e incluso plasmadas en proyectos de ley.

Se trata de las de quienes pretenden eliminar toda legislación para “dejar que sea el mercado el que regule”, como lo expresan los libertarios y algunos legisladores del PRO; o las de quienes proponen, independientemente, crear un organismo que fije precios de referencia o que grabar impositivamente las viviendas ociosas, tal el caso de algunos diputados del Frente de Todos o de la Izquierda.

En la comisión el Frente de Todos cuenta con mayoría, ya que posee 16 de los 31 integrantes, mientras que Juntos por el Cambio suma 14 y una del interbloque Federal; aunque las fuentes consultadas dan a entender que se llegará a un proyecto consensuado y que la votación será transversal a los partidos o coaliciones políticas.

Además de Moreau, integran la comisión de Legislación General los oficialistas Paula Penacca, Vanesa Siley, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Lia Marín, Mónica Litza y Carolina Gaillard, entre otros.

Por Juntos por el Cambio están Carla Carrizo, Karina Banfi, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Omar de Marchi, María Eugenia Vidal y Maximiliano Ferraro, entre otros.

La restante integrante es Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense.

La discusión se dará en la comisión de Legislación General y tendrá el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos y en adecuar el sistema de actualización.

La Cámara de Diputados comenzará a debatir esta tarde en comisión una reforma de la ley de alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.

La discusión se dará en la comisión de Legislación General, que se conformará a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio.

Para lograr ese objetivo, Massa firmó el viernes pasado la respectiva resolución citando a esa comisión que tendrá 31 miembros, de los cuáles 16 corresponderán al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno al interbloque Federal.

El acuerdo entre el FdT y JxC establece que a lo largo de 30 días hábiles -equivalente a alrededor de 45 días corridos- se discutirán las reformas a la ley de alquileres que se encuentra vigente en la actualidad, que entró en funcionamiento el año pasado, con el objetivo de lograr un dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas.

También se determinó que la discusión se lleve adelante sólo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador del FdT y exgobernador de San Juan José Luis Gioja.

Juntos por el Cambio había pedido una sesión especial para el 5 de abril. Sin embargo, no contaba con los votos para imponer la derogación. El Frente de Todos se comprometió a avanzar con la conformación de las comisiones

En medio de las críticas por las demoras en la conformación de las comisiones y la falta de actividad en el Congreso, el oficialismo y la oposición alcanzaron un acuerdo para que la semana que viene comience el debate por la Ley de Alquileres.

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El viernes pasado Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para el 5 de abril con el objetivo de derogar la cuestionada ley que fue sancionada en junio de 2020.

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Sin embargo, el principal interbloque opositor no contaba con los votos necesarios para imponer la derogación y ahora aceptó postergar la sesión. A cambio, el oficialismo se comprometió a conformar en lo inmediato la Comisión de Legislación General.

A partir del próximo martes, la comisión comenzará con el análisis de las diferentes propuestas por un plazo de 30 días hábiles. Durante dicho lapso, la Comisión de Legislación General recibirá a los distintos actores para escuchar las iniciativas y sugerencias tendientes a mejorar la legislación actual. La diputada oficialista Cecilia Moreau seguirá al frente de la comisión como presidenta, y Carla Carrizo como vice.

Los representantes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio también acordaron que este problema “acuciante para inquilinos y propietarios” será tratado exclusivamente por la Comisión de Legislación General y no será girado a ninguna otra.

Desde el interbloque opositor adelantaron a Infobae que durante el próximo mes escucharán “a todos los sectores” con el objetivo de llegar al recinto con un proyecto unificado, “ya sea de derogación o de modificación”. Sin embargo, aclararon que ni siquiera considerarán propuestas “locas” como la del diputado José Luis Gioja sobre impuestos a la vivienda ociosa.

“Vamos a darle un mes y si no hay acuerdo volveremos a pedir la sesión especial. Ninguno tiene los números, buscamos esta salida para resolverlo”, explicaron desde la oposición.

Hasta hoy, las posturas dentro del oficialismo tampoco estaban unificadas. Mientras el diputado José Luis Gioja había presentado un nuevo proyecto que incluyó topes en los precios y un impuesto a la vivienda vacía, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había anunciado que buscaba avanzar, a través de una Resolución, con la creación de una comisión especial que suspenda por 90 días los dos artículos de la ley vigente que resultaron más problemáticos: la duración de los contratos por tres años y la actualización anual por el índice ICL que combina inflación y evolución de los salarios.

En un principio, desde el radicalismo rechazaron la posibilidad de suspender algunos artículos y aseguraron que la derogación completa de la norma es el mejor camino.

Este jueves por la mañana, los diputados de Juntos por el Cambio se reunirán con representantes de inquilinos y del sector inmobiliario para darle visibilidad al tema y presionar al oficialismo.

La actual Ley de Alquileres está vigente desde junio de 2020. Por aquel entonces, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, tanto oficialistas como opositores ahora reconocen que desde su implementación provocó un efecto negativo en los precios y en la cantidad de propiedades en oferta en el mercado inmobiliario.

Al cumplirse un año de la Ley de Alquileres, la Municipalidad asesora en la aplicación del Índice para Contratos de Locación (ICL). Para consultas, los vecinos y vecinas podrán dirigirse a la oficina ubicada en Salta 2840 o comunicarse vía telefónica.

A pocos días de cumplirse un año de la sanción de la Ley de Alquileres N° 27.551, la Municipalidad brinda asesoramiento y da una serie de recomendaciones a la hora de calcular el monto mensual de un alquiler. Cabe recordar que el 1° de julio de 2020 se aprobó esta normativa nacional, con la cual quedó establecido un novedoso marco regulatorio para las relaciones locativas, y específicamente se fijó un índice que no queda librado a la voluntad de las partes sino que se toman dos indicadores: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (RIPTE).

El director de Derechos y Vinculación Ciudadana, Franco Ponce de León, área de la que depende la Oficina Municipal del Inquilino, expresó: “Desde la Municipalidad acompañamos a los vecinos, inquilinos y propietarios, ante dudas y consultas, tratando de brindar la mayor información posible, de manera accesible y cercana para luego poder tomar decisiones y hacer valer sus derechos”.

En esta línea, agregó: “Este índice cambia radicalmente las actualizaciones de los contratos de locación, por eso nos parece oportuno dar a conocer cómo obtenerlo y luego, calcularlo para saber cuál será el monto a abonar en los años posteriores”.

Ante cualquier duda o consulta los vecinos y vecinas podrán dirigirse a la Oficina Municipal del Inquilino, de lunes a viernes, de 7.15 a 13 horas, en Salta 2840; o comunicarse por whatsapp al número 342-5315450; o por teléfono, al 4574119; o escribir al e-mail: derechosyvinculacionciudadana@santafeciudad.gov.ar.

También se pueden hacer consultas ingresando a la web municipal

De qué se trata

Según el artículo 14 de la Ley 27.551, los ajustes de los alquileres destinados a vivienda sólo podrán hacerse de forma anual, utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del IPC, el que es publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que es estimado por la Secretaría de Seguridad Social. Por ende, en los casos de contratos de locación celebrados a partir del 1° de julio del 2020, fecha en la que comenzó a regir esta norma, deberán tomar en consideración este procedimiento para actualizar el valor del alquiler.

Cabe destacar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante la Comunicación N° 12.059 “B”, oficializó el método para calcular el ajuste anual de los alquileres destinados a vivienda, en correspondencia con la Ley de Alquileres, pudiéndose evaluar el mismo en julio 2021, al cumplimiento del primer año de entrada en vigencia de la mencionada ley.

Este índice para contrato de locación (ICL) será publicado de forma diaria en una tabla en la página web oficial del BCRA, pudiéndose consultar en el siguiente enlace.

La ecuación toma en cuenta el ICL del cumplimiento del primer año de contrato, y el ICL del día de inicio del contrato. Estos dos valores se dividen entre sí y el resultado se multiplica por el valor mensual del alquiler que se viene abonando, dando como resultado el porcentaje que se deberá abonar en el segundo año de contrato.

“La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU”, adelantó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo este martes que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos sino que se hará uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres, y destacó los recursos que destina el Estado para generar soluciones habitacionales.

“La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU”, dijo el ministro en diálogo con Télam, en referencia a la medida adoptada por el Gobierno nacional durante los meses de pandemia para proteger a los inquilinos.

Proponen una “Tarjeta alquilar” para subsidiar a inquilinos

El funcionario reafirmó que “no hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”.

La Ley de Alquileres establece que el Ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres.

“No hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”. JORGE FERRARESI

En tanto, la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia ayer, y los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados, al tiempo que no podrán llevar adelante juicios de desalojo.

Deducción de alquileres en el Impuesto a las Ganancias

Además, la implementación del Registro de Locaciones de Inmuebles permite que la AFIP simplifique el procedimiento para que los inquilinos deduzcan sus alquileres del impuesto a las Ganancias.

“Los locatarios que declaren sus contratos en el registro podrán acceder a la deducción de hasta el 40% del monto del alquiler sin necesidad de presentar una factura emitida por el locador”, indicó la AFIP.

Según el organismo, “la cantidad de personas que efectivamente acceden a ese beneficio es muy limitada”, y “esto responde a que son muy pocos los propietarios de inmuebles que emiten las facturas necesarias para presentar en el sistema de deducciones de la AFIP”.

Para simplificar el procedimiento y garantizar el acceso al beneficio, cuando un inquilino presente su contrato en el registro, la posibilidad de deducir la porción correspondiente del Impuesto a las Ganancias figurará en forma automática en el Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (Siradig).

El Registro de Contratos de Locación de Inmuebles comienza a regir este lunes

“Viene todo un tiempo nuevo, por eso está la convocatoria a que los inquilinos inscriban el contrato; hay una realidad totalmente distinta, con nuevos mecanismos y herramientas y va a haber un control”, afirmó Ferraresi.

La finalización del decreto que congela alquileres y suspende desalojos

El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza el 31 de este mes, y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada.

Consultado sobre si se analizan mecanismos de ayuda para los inquilinos, Ferraresi señaló que cuando venza el congelamiento “podremos ver el universo de cuáles son las familias vulnerables y tendremos una política”, y destacó la importancia de “empezar a poner en función la Ley de Alquileres”.

Además, dijo que con el índice de actualización de los alquileres creado en la nueva ley “se va a poder generar condiciones económicas para ver cómo se ajustan los alquileres, y el Banco Central fija el índice que va a resguardar fundamentalmente que la evolución esté en línea con la posibilidad económica que tengan los inquilinos”.

La construcción de viviendas

En este contexto, el ministro consideró que “la solución es que la Argentina construya vivienda”, y confió en que “las 264 mil soluciones habitacionales -previstas en el plan trienal 2021-2023- irán modificando el mercado de alquileres”.

“La mejor política es que el que alquila pueda tener una propiedad por el mismo valor de un alquiler, y no desde un sistema financiero sino desde un sistema de recupero solidario”, agregó.

En ese sentido, el ministro se refirió a lo expresado ayer por el presidente Alberto Fernández acerca del Plan Casa Propia, y dijo que “se trata de viviendas dignas para todos los argentinos; salió una ley por extraordinarias que nos permite reactivar 55 mil viviendas en todo el país”.

“El concepto Casa Propia genera ascenso social y el fondo de recupero solidario para generar circuito virtuoso que nos permite recuperar en el tiempo para que sea sustentable”, afirmó.

“Además, seguimos con el esquema de viviendas Procrear, en los próximos meses vamos a entregar cerca de 6 mil y seguimos con los sorteos”, detalló el ministro.

Ferraresi también señaló que además de las políticas públicas, “los privados determinarán otras alternativas, el mercado tendrá que ofertar para otro tipo de sectores, ofrecer créditos hipotecarios, por el momento no hay; estamos estudiando algunas cuestiones desde el Estado”.

“Siempre estamos del lado de los más vulnerables; los recursos que tiene el Estado van en dirección de construir vivienda en Argentina y el tema de la vivienda en un plazo determinado será un tema resuelto”, concluyó.

El Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a regir este lunes, con lo cual los locadores de todo el país están obligados a inscribir los acuerdos de alquiler de bienes urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles.

Desde este lunes, los locadores deben registrar las locaciones de inmuebles urbanos, sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands, ferias, de acuerdo a lo establecido por AFIP.

Entre los sujetos excluidos se encuentran la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno porteño, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.

Los locatarios o arrendatarios no están obligados a registrarse en el RELI, pero podrán informar de forma voluntaria un contrato si el locador no lo hubiera hecho.

El municipio asesora a inquilinos sobre las novedades dispuestas por la AFIP

Eso está previsto en la propia de alquileres, la 27.551, que obliga a registrar todos los contratos de locación, y es una declaración voluntaria.

El RELI contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El artículo 16 de la Ley 27.551 dispuso que la AFIP ponga en marcha un régimen de facilidades para el registro de estas operaciones, por lo cual implementó a través de la resolución 4933/2021.

Para registrar tales contratos (o alguna modificación) se debe acceder al sitio web de AFIP con clave fiscal, al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – Contribuyente”.

El locador, con clave fiscal de seguridad nivel 3, debe completar una serie de datos mínimos respecto del contrato y adjuntar el contrato celebrado en formato JPG o PDF.

Alquileres en tiempos de pandemia y retracción

Una vez que se realiza esta operación hay un acuse de recibo de la misma y un código verificador de la registración de contrato.

Se deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones que pudiera sufrir este contrato (rescisiones o extinciones anticipadas).

En cuanto al plazo establecido para informar la celebración de contratos y sus modificaciones, es de 15 días corridos desde su celebración.

Los contratos pactados a partir del 1 de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración, hasta el 15 de abril próximo, inclusive.

La resolución establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el miércoles el régimen de registración de contratos de locación de inmuebles previsto en la Ley 27.551, según informó el organismo.

“La herramienta permitirá obtener información relevante para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervinientes en distintas operaciones”, destacó la AFIP en un comunicado.

La Resolución General N° 4933, que será publicada este jueves en el Boletín Oficial, da forma a lo dispuesto por el artículo 16 de la ley N° 27.551.

Recomendaciones sobre la nueva Ley de Alquileres

Aquellos contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos quedan obligados a la registración de la operación.

Si bien no son sujetos obligados, la normativa contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El régimen también prevé que los sujetos que asuman el carácter de locatarios o arrendatarios podrán informar en forma voluntaria un contrato.

El Régimen de Registración de contratos de Locación de Inmuebles entra en vigencia a partir del 1° de marzo. Los contratos celebrados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración hasta el 15 de abril de 2021, inclusive.

La normativa de la AFIP dispone que los contratos alcanzados por el régimen son las locaciones de bienes inmuebles urbanos, arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, locaciones temporarias de inmuebles –urbanos o rurales- con fines turísticos, de descanso o similares.

También están comprendidas las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- delimitados dentro de bienes inmuebles como locales comerciales y/o “stands” en supermercados, hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías de compras, etc.

El Gobierno promulgó la Ley de Alquileres

Todos los contratos deberán ser informados en forma digital ingresando con Clave Fiscal en afip.gob.ar al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – reli-contribuyente”.

Los sujetos obligados deberán proporcionar datos vinculados a su rol de locador, a la identificación del inmueble y del resto de los intervinientes, y además, deberán adjuntar en un archivo “.pdf” o “.jpg” el contrato celebrado.

El plazo para informar estas operaciones, tanto para cuando se suscriba el contrato de locación o arrendamiento, o para cuando se modifique uno ya existente, será dentro de los 15 días corridos posterior al acto.

Cuando en los contratos celebrados intervengan intermediarios, éstos podrán registrarlos en representación de los locadores o arrendadores.

En el caso de un condominio, la registración de los contratos por parte de cualquiera de los condóminos libera de la obligación al condominio y a los restantes condóminos, siempre que se haya informado a la totalidad de sus integrantes.

La resolución establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles.

Asimismo, la ley N° 27.551 dispuso que, cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato.

El sistema para las comunicaciones judiciales se encontrará disponible a partir del 15 de abril de 2021

Desde la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor emitieron una serie de consejos a inquilinos a la hora de firmar nuevos contratos.         

El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, emitió una serie de recomendaciones para inquilinos que celebren nuevos contratos en el marco de la nueva Ley de Alquileres, N° 27551, que entró en vigencia el pasado 1° de julio.

La Dirección recomienda:

>> Celebrar el contrato por escrito.

>> No puede requerirse al inquilino la firma de pagarés o ni ningún otro papel que no forme parte del contrato original.

>> Se puede constituir un domicilio electrónico (e-mail) para realizar allí todas las notificaciones relativas al contrato.

>> Los contratos de locación para vivienda permanente (no turismo) tienen un plazo mínimo de duración de 3 años y un máximo de 20 años.

>> Solamente el inquilino puede terminar el contrato de manera anticipada. Para ello, deben haber pasado por lo menos seis (6) meses desde el comienzo del contrato. El inquilino debe notificar su decisión al locador por medio fehaciente por lo menos un mes antes. Si transcurrió hasta un año desde el comienzo del contrato, el inquilino debe abonar al locador el equivalente a un mes y medio de alquiler en concepto de indemnización. Si transcurrió más tiempo, debe pagar como indemnización el equivalente a un mes de alquiler. No corresponde pagar esta indemnización si el inquilino notifica al locador su decisión de finalizar el contrato con tres meses de antelación.

>> En los últimos tres meses del contrato tanto el locador como el inquilino pueden convocar al otro para negociar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. Deben notificar a la otra parte de manera fehaciente. Si quien convocará a la renovación del contrato fuera el inquilino y el locador no responde o frente a su negativa a llegar a un acuerdo, el inquilino puede finalizar el contrato de manera anticipada sin pagar indemnización.

>> El precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual sólo pueden realizarse ajustes anuales, conforme el índice que publicará mensualmente el BCRA, compuesto por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

>> Salvo que las partes que acuerden otra cosa, son a cargo del inquilino los gastos que deriven de servicios normales y permanentes a su disposición. En cambio, no pueden ser a cargo del inquilino los gastos o contribuciones que graven la cosa, como los impuestos nacionales o provinciales.

>> No se puede exigir al inquilino el pago de sumas por adelantado superiores a un mes de alquiler. Suele pactarse, aunque no necesariamente siempre sea así, un depósito en garantía. Esto es una suma de dinero que se entrega al locador para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del inquilino. Este monto no puede ser superior al equivalente a un mes de alquiler.

>> A partir del 1 de Julio de 2020, si el locador solicita, el inquilino debe proponer al menos dos de las siguientes garantías: título de propiedad inmueble, fiador solidario, garantía personal del locatario (que se documenta con recibo de sueldo o certificación de servicios), aval bancario o seguro de caución.

>> Es obligación del locador conservar la cosa alquilada en estado apto para el fin con el que fue dada en locación. Esto significa que será a cargo del locador toda obra, reparación o mejora que deba hacerse para la conservación de la cosa, salvo que el daño se origine en la cosa por una razón atribuible al inquilino.

>> Ante la falta de pago del alquiler, el locador debe intimar al inquilino a efectuar el pago en un plazo mínimo de diez días contados a partir de la recepción de la notificación. Sólo una vez transcurrido este plazo, puede el locador iniciar el juicio de desalojo.

>> Los contratos de locación deben ser declarados ante AFIP por el locador. Sin perjuicio de ello, el inquilino puede informar a ese organismo la existencia del contrato.

>> Una vez finalizado el contrato de locación, el inquilino debe devolver la cosa alquilada en buen estado de conservación. En consecuencia, el locador debe recibirla y no puede negarse a ello. Eventualmente, frente a algún incumplimiento del inquilino, el locador podrá ejercer las acciones legales correspondientes, pero no negarse a recibir la cosa alquilada.

>> Por último, si en la celebración del contrato interviene un tercero que facilita la negociación y acerca a las partes, éste sólo puede ser un corredor inmobiliario matriculado. Cada una de las partes puede designar un corredor y en ese caso cada uno debe abonar a su corredor la comisión correspondiente. Si, en cambio actúa un solo corredor, todos le deben comisión, salvo pacto en contrario y, si una de las partes no abona el monto que le corresponde, el saldo impago no se traslada a las otras partes.

Vías de comunicación con Defensa del Consumidor:

Por teléfono al 0-800-555-6768 – opción 3.

Por Ventanilla Única Federal (VUF) https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor/formulario o por el trámite a distancia (TAD) https://autogestion.santafe.gob.ar

Al dato lo arroja una encuesta del espacio Encuentro realizada en la ciudad de Santa Fe: “Hoy la mayoría encuentra en el Decreto un paliativo para su situación económica, pero en este tiempo se ha generado una acumulación de deudas de quienes no pudieron pagar que preocupa tanto a inquilinos como a pequeños propietarios y garantes”.

La gran mayoría de quienes alquilan quiere que los precios de los alquileres se mantengan “congelados”. Así lo reflejan los resultados de una encuesta realizada por el espacio Encuentro durante los primeros días de septiembre: de 433 inquilinos de la ciudad de Santa Fe, 8 de cada 10 se manifestó a favor de la extensión del decreto presidencial 320/20 que, entre otras medidas, suspende el vencimiento de los contratos, prohíbe los desalojos por falta de pago y “congela” el precio de los alquileres, desde marzo hasta el 30 de septiembre.

Según explicó Lucas Simoniello, concejal e integrante del espacio “el problema que arroja este dato es doble: por un lado las dificultades para pagar que están teniendo muchos inquilinos y la necesidad de evitar que su contrato aumente en el medio de una crisis económica muy fuerte, y por el otro la acumulación de deuda de aquellos que no pudieron pagar o que lo hicieron a medias. Esto último no solo afecta al inquilino sino al propietario, que ve afectado su ingreso al estar imposibilitado de actualizarlo, y a la vez puede llegar a generar problemas a los garantes”.

Al ser consultados sobre las razones por las cuales debe extenderse la validez del decreto, “muchos inquilinos expresaron en la encuesta que la medida sería un ‘paliativo’ para quienes la están pasando mal”. En particular, algunos explicaron que la medida “mantiene el precio actual del alquiler, posponiendo los aumentos hasta que finalice la vigencia del decreto”.

Por otra parte, un porcentaje de inquilinos se manifestaron en contra de la prórroga, fundamentando en una lectura de largo plazo de la situación, designando al decreto como un problema ya que permite una acumulacion de cuotas que luego pueden generar deudas difíciles de afrontar, e injusta con muchos propietarios que también necesita de esos ingresos para subsistir”.

Deudas futuras

Según la encuesta, casi la mitad de los encuestados pudo abonar con normalidad el último mes. Por otro lado, cuatro de cada diez manifestó haber pagado el alquiler con dificultades y un 5% de los inquilinos e inquilinas encuestados no pudo hacerlo.

Al respecto, Simoniello indicó que “si comparamos con las encuestas anteriores, más personas afirmaron haber podido cumplir con los pagos. Sin embargo, esto se traduce en que tuvieron que dejar de pagar otros bienes o servicios que representan un deterioro en la capacidad de ahorro de los inquilinos o bien un incremento de deudas a pagar en algún momento. Ha habido casos donde nos decían que habían dejado de pagar la cuota del auto, por citar un ejemplo. En efecto, no se pagaron Impuestos como la Tasa municipal, API o AFIP, gastos personales, hubo menos consumos con tarjetas de crédito o compras online”.

Lucas SimonielloFoto: Gentileza

“Hoy la realidad nos marca que la mayoría de quienes no pudieron pagar el alquiler fue por la disminución total o parcial de sus ingresos o directamente la falta de trabajo. Estos datos dan cuenta de la profundidad de las consecuencias económicas de la pandemia, y demanda que tanto Nación como Provincia profundicen las medidas de acompañamiento a quienes hoy no pueden producir o trabajar en función de las restricciones que se plantean por razones sanitarias”, finalizó.

Se realizó vía virtual, con la participación de más de 100 personas. Una abogada de la Oficina Municipal del Inquilino despejó dudas sobre la normativa.

La Municipalidad organizó el pasado viernes, una charla informativa virtual y gratuita sobre la nueva Ley de Alquileres N° 27.551 que rige en todo el país desde el 1 de julio pasado. Durante el encuentro, se brindaron detalles de la normativa nacional que, entre otras novedades, introdujo cambios en las actualizaciones del valor de los alquileres y el pago de expensas.

El encuentro fue presentado por el director de Derechos y Vinculación Ciudadana del municipio, Franco Ponce de León, quien mencionó que el objetivo es responder a la gran cantidad de consultas recibidas en la Oficina Municipal del Inquilino, respecto de la nueva normativa. “Nos parecía importante generar este vínculo para que todos puedan conocer un poco más sobre la ley. Es una oficina al alcance de todos los inquilinos, pero también de los propietarios y las inmobiliarias para cualquier tipo de consulta”, detalló.

Además, se refirió al trabajo que realiza el área de Derechos del municipio, con el objetivo de reforzar la defensa de los usuarios y consumidores de la capital provincial. En ese marco, inscribió la charla como “una acción planteada por el intendente Emilio Jatón para que nuestra oficina pueda tener más alcance y cercanía, de modo de resolver más conflictos y brindar mayor información”, describió.

Posteriormente expuso la abogada, mediadora y asesora legal de la Oficina Municipal del Inquilino, María Ángeles Fernández, quien valoró el interés generado por la convocatoria, teniendo en cuenta que “el contrato de alquiler atraviesa nuestras vidas y las de nuestras familias”. Atenta a ello, mencionó que “la Municipalidad toma este tema por el interés social y familiar que genera”.

En ese marco, inscribió la realidad de la ciudad de Santa Fe respecto de la normativa y remarcó la importancia de que la capital cuente con una Oficina Municipal del Inquilino para asesorar gratuitamente a todas aquellas personas que lo necesitan.

A lo largo de la charla, dio detalles sobre toda la normativa, fundamentalmente en lo que tiene que ver con inmuebles para destino habitacional, ya que el espíritu de la ley es proteger el acceso a la vivienda digna, tal como lo describió Fernández. A ello añadió que la ley viene a introducir reformas en el Código Civil y Comercial, así como también, mejoras en la regulación del contrato de alquiler con la incorporación o sustitución de algunos artículos.

Entre otros puntos, la especialista se refirió a la implementación del domicilio electrónico que introduce la ley, los ajustes del precio de alquiler, la intervención del corredor inmobiliario y el pago de su comisión, las responsabilidades de locador y locatario, los nuevos plazos mínimos de alquiler que se establecen, y las figuras que se incorporan como garantías del pago (el aval bancario, el seguro de caución y la garantía personal del inquilino).

Antes de concluir la actividad, el director de Derechos y Vinculación Ciudadana del municipio tomó nota de todas las consultas suscitadas a lo largo de la misma y prometió pronta respuesta a cada una de ellas.

Oficina Municipal del Inquilino

Funciona en la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe (Salta 2840).

Brinda atención al público con turno previo que puede obtenerse a través del enlace www.santafeciudad.gov.ar/turnos/

Teléfono: 0342-4574119.

WhatsApp: 3425315450

E-mail: of.inquilinos@santafeciudad.gov.ar

El encuentro para conocer detalles de la normativa nacional se realizará el viernes 14 de agosto, a las 15, por Google Meet. Inscripciones a través del correo of.inquilinos@santafeciudad.gov.ar.

Desde el 1° de julio rige a nivel nacional la nueva Ley de Alquileres, que entre las novedades introdujo cambios en la actualización del valor de los alquileres, el pago de expensas y crea el Programa Nacional de Alquiler Social.

Con el objetivo de brindar detalles de la normativa, la Municipalidad de Santa Fe ofrecerá una charla informativa virtual y gratuita el viernes 14 de agosto, a las 15, a través de la plataforma Google Meet. Para participar, se debe solicitar el enlace de ingreso al correo electrónico of.inquilinos@santafeciudad.gov.ar.

El encuentro será presentado por el Director de Derechos y Vinculación Ciudadana del municipio, Franco Ponce de León, en tanto que la exposición estará a cargo de la abogada, mediadora y asesora legal de la Oficina Municipal del Inquilino, María Ángeles Fernández.

Con esta propuesta, desde la Municipalidad se busca “dar respuestas a las numerosas consultas e inquietudes que ingresan a diario en la Oficina Municipal del Inquilino, sobre diferentes cuestiones de la relación locativa”, informó Ponce de León.

El encuentro está dirigido a público en general y a lo largo de 40 minutos se ofrecerán los alcances de la Nueva Ley de Alquileres Ley N° 27.551, que entró en vigencia el 1° de julio, y sobre las disposiciones vigentes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Espacio de asesoramiento

En la reunión además se presentarán las principales acciones y tareas de la Oficina Municipal del Inquilino, que funciona en la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, situada en calle Salta 2840.

La oficina brinda atención al público con turno previo que puede obtenerse a través del enlace https://www.santafeciudad.gov.ar/turnos/ – Turnos Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana, por teléfono comunicándose al 0342-4574119, vía WhatsApp escribiendo al 3425315450 o por correo electrónico a of.inquilinos@santafeciudad.gov.ar.

Organizaciones que defienden a inquilinos y representantes del rubro inmobiliario elaboraron una serie de puntos para evitar “zonas grises” en la aplicación de la ley. A partir de su aprobación se triplicaron las consultas de locatarios por aumentos abusivos en rentas mensuales.

Representantes de diversos sectores relacionados al mercado inmobiliario unificaron criterios sobre los puntos más sensibles de la nueva ley de alquileres. Se trata de un acuerdo de veinte puntos que presentarán ante el municipio este viernes y con el que pretenden esclarecer cuáles son los derechos que le corresponden a los inquilinos a partir del 1 de julio.

Según indicaron desde la Concejalía Popular, a partir de la aprobación de la ley se triplicaron las denuncias por incumplimiento de parte de las inmobiliarias. En su mayoría tienen que ver con aumentos abusivos sobre el valor inicial de los alquileres, incluso en caso donde existía una reserva previa.

Entre los ítems dejarán en claro qué derechos le corresponde al inquilino con la implementación de la ley. Para evitar interpretaciones, establecen pautas precisas sobre: duración del contrato, implementación del índice de ajuste anual, valor de las comisiones y pago de impuestos.

Si bien la ley ya fue aprobada por el Congreso de la Nación y publicada en el Boletín Oficial, en la ciudad se registraron incumplimientos. Entre los impulsores buscarán sentar un modelo para todo el país y generar un instituto de mediación entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

La iniciativa tuvo el aporte de actores inherentes al tema alquileres. Entre ellos están: Concejalía Popular, Colegio de Abogados, Defensoría del Pueblo de la provincia, Oficina de Defensa al consumidor y el Colegio de Corredores Inmobiliario Rosario.

Evitar grises En diálogo con El Ciudadano, el referente de Concejalía Popular, Nire Roldán, explicó: “El acuerdo tiene veinte puntos donde se confirman que desde el 1 de julio no puede haber contrato con la ley anterior”.

Una de las primeras cuestiones que buscan evitar, es que en la transición hacia la nueva ley, los inquilinos sufran aumentos en el valor con el que señaron un contrato previo a la publicación en el Boletín Oficial.

Algunas operaciones comenzaron previo a la sanción de la ley y se concretaron luego de la promulgación. Desde Concejalía indicaron que en ese proceso existieron denuncias por aumentos de hasta el 40%.

De hecho, una vez que fue aprobada la nueva ley de alquileres, las denuncias se triplicaron.  “Recibíamos cincuenta casos semanales, ahora ciento cincuenta, sobre todo en relación a aumentos en alquileres”, manifestó Roldán.

Ingreso El acuerdo también busca evitar abusos a la hora del ingreso a la propiedad. En ese sentido exigen que la comisión inmobiliaria tenga relación con los tres años de contrato y que pueda abonarse hasta en tres cuotas.

Otro punto discutible tiene que ver con el sellado. El pedido tiene que ver con un valor “progresivo” y “segmentado”.

Actualmente se cobra el 0,8% del valor total del contrato. El acuerdo solicita que el sellado no se cobre a quienes comienzan pagando hasta 10 mil pesos por mes, y que de ese monto en adelante se segmente el cobro.

Ajustes e impuestos Otra de las cuestiones que resaltaron tiene que ver con el ajuste de alquiler a partir del segundo año de contrato. En el texto pedirán “cumplir a rajatabla” con el índice que dará a conocer el Banco Central conforme a la evolución de salarios e inflación.

Para este punto piden tener en cuenta el modo en que se aplicará el indicador. Con esto refieren a que si un inquilino tiene que renovar el 1 de enero de 2021, se le aplicará el índice correspondiente a diciembre de 2020.

Por último, quienes impulsan la iniciativa piden aclarar la situación en torno al cobro de TGI. “Vamos a plantear que los primeros seis meses lo pague el propietarios hasta que el municipio resuelva cómo considera este impuesto”, explicó el referente de Concejalía Popular.

El acuerdo se presentará este viernes ante el municipio y aseguran que cuentan con el respaldo oficial para prestar un servicio similar al del Consejo Económico y Social.

El Gobierno promulgó la Ley de Alquileres mediante el Decreto 580/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y las ministras de Justicia, Marcela Losardo; y de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa.

Los principales cambios en la nueva ley de alquileres

Los aumentos dejan de ser semestrales y pasan a ser anuales.

El porcentaje de aumento pasará a basarse en un indicador que publicará el Banco Central. Estará conformado en partes iguales por el índice de precios al consumidor (IPC), que releva el Indec, y la variación salarial (Ripte), que elabora Anses

La duración de los contratos pasa de 2 a 3 años.

Garantías: el locatario deberá proponer al menos dos alternativas, que pueden ser un título de propiedad, aval bancario o seguro de caución, y el propietario elegirá una.

Depósito de garantía: pasará a equivaler a un mes de alquiler. Cuando termina el contrato, la devolución deberá ser en el momento de la restitución del inmueble, y actualizada al valor del último mes de alquiler.

Será obligatorio acordar las condiciones de renovación con tres meses de anticipación, para que el inquilino tenga tiempo para buscar otra vivienda.