Un estudio detectó la presencia de 18 agroquímicos en las aguas de escuelas rurales de Santa Fe, generando preocupación en la comunidad educativa y los padres de los estudiantes. Lee más sobre los detalles de este hallazgo y las implicaciones para la salud y el medio ambiente.

El estudio incluye muestras obtenidas en las escuelas Nº 1135 “Estanislao López” de La Carolina, Nº 126 “Miguel de Azcuénaga” del paraje El Carmelo y del barrio Los Pinos de Álvarez

Un estudio realizado sobre muestras de agua extraídas de tres localidades del departamento Rosario se dio a conocer a la sociedad durante un encuentro realizado en el Centro de Salud Los Pinos, en el kilómetro 10,5 de la ruta provincial 18 en Villa Amelia. Los resultados correspondientes a los análisis de agua de napa que se llevaron adelante en el laboratorio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agroindustrial (Inta) Balcarce, determinaron la existencia de 18 agroquímicos, de los 50 que se buscaron en las muestras.

La investigación, impulsada por la agrupación de vecinos autoconvocados “Asamblea la 18”, se centró en analizar el agua de la Escuela N° 1135 “Estanislao López” de Estación La Carolina, en Piñero; de la Escuela 126 “Miguel de Azcuénaga” del Paraje El Caramelo en Villa Amelia, otra muestra de este mismo sitio geográfico y la restante de barrio Los Pinos, en Álvarez. En estas muestras se analizaron 50 moléculas de plaguicidas de uso actual y algunos de sus metabolitos, de las cuales se encontraron 18, algunas de ellas prohibidas en la actualidad.

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El informe del laboratorio detalló el hallazgo de moléculas de Imidacloprid, Imazapir, Atz-OH, Imazetapir, Atz-desetil, Diclosulman, Carbofurman, Metalaxil, Atrazina, Halauxifen-M, Metolaclor, Tebuconazol, Pirimifos-M, Piperonil butóxido, Dicamba, Fipronil, 2,4DB y 2,4D.

La presentación fue realizada por representantes de la organización de vecinos acompañados por la coordinadora del Taller Ecologista Rosario, Cecilia Bianco, la abogada ambientalista de Pergamino, Sabrina Ortiz y la médica de atención primaria de la salud en territorio fumigado, Antonella Reinhartt.

La empresa productora de agroquímicos, Atanor, situada en pleno radio urbano de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, fue condenada por contaminar aguas, tierra y aire: vecinos y vecinas detectaron más de 200 muertes por cáncer en seis manzanas. 

La Justicia de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental y condenó de manera ejemplar a Atanor, el tercer productor de herbicidas del mundo, por verter efluentes al curso del río. Se estima que 200 vecinos murieron de cáncer.

La Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva de la empresa Atanor, considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, y dictó sentencia definitiva contra la firma ubicada en las inmediaciones del barrio Química de la ciudad nicoleña, alrededor de seis manzanas a la redonda, donde se estima que murieron cerca de 200 personas en el transcurso de años producto de la contaminación ambiental que ocasionaba la empresa al verter sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin tratamiento, además de enterrar de manera ilegal residuos peligrosos. La causa fue presentada en 2015 y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por reiteradas “demoras injustificadas” del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como bonaerense, situación que se encuentra en trámite pese al fallo definitivo a la acción de amparo.

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Por otra parte, las ONG que participaron de la causa judicial apelarán el fallo para que la empresa se haga cargo, además, del resarcimiento económico correspondiente a las familias de las víctimas por el daño colectivo ocasionado la contaminación en el ambiente. Por lo pronto, la empresa dejará de producir un nocivo insecticida “Clorpirifos”, que provoca daño neurológico en niños y niñas y que Atanor fabricó en durante décadas en esa zona densamente poblada.

El abogado ambientalista de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, Fabián Maggi, quien participó de la querella junto a Fomea, comentó: “La causa de Atanor se viene investigando desde hace muchos años a partir de testimonios de trabajadores de la empresa, quienes refieren que habían sido obligados a enterrar residuos peligrosos en tanques de 200 litros dentro del parque industrial”.

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A su vez, comentó que los obreros de la fábrica “denunciaban que los obligaban a desagotar los piletones de agroquímicos hacia la barranca del río Paraná para descartarlos directamente al curso de agua, sin tratamiento previo. Todo eso se pudo probar e incluso al día de hoy se pueden observar manchas en tonos anaranjados y amarillos sobre la barranca, que indican presencia de trifluralina. Pero, puntualmente, la sentencia que se dictó en los últimos días es una causa judicial se inició en 2015, y ya presentaba demoras injustificadas del Poder Judicial y que motivó a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y hoy se encuentra en trámite”.

Hubo más de 200 casos en barrio Química de personas con cáncer y otras patologías por los vertidos y emanaciones de sustancias tóxicas. ¿Consideran un logro esta sentencia?

—Sin dudas que es bien recibido y genera una luz de expectativa porque es la primera vez que se logra un reconocimiento judicial de que la actividad de que la empresa Atanor es ilegal y así lo expresa en el fallo. También se tuvo acreditado por investigadores del Conicet y el trabajo conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA) que la empresa contamina con sus efluentes líquidos el curso del río Paraná y también se comprobó la contaminación del suelo. Además, generan enorme expectativa los estudios que la jueza ordena realizar en cuanto al impacto ambiental respecto a la medición de la calidad de aire y el estudio de suelo, ordenado a través del Conicet. Y en base a eso, también ordena la orden de recomposición al condenar expresamente a recuperar el suelo afectado.

Ocurrió que, ante los casos de enfermedades agudas y malestares llamativos y elocuentes, los vecinos del barrio Química comenzaron a organizarse y realizaron un censo comunitario, casa por casa, con el objetivo de anotar y llevar anotando a las familias afectadas y allí se corroboró que alrededor de 200 personas habían muerto de cáncer como consecuencia de estar expuestas a sustancias contaminantes, tanto por inhalación como por consumo de agua, durante un lapso prolongado, producto de años de actividad contaminante de Atanor.

“El impacto es de una magnitud enorme y la incidencia de esa enfermedad es notoriamente mayor que a la media que se registra en el resto del país. También han sido víctimas de otras enfermedades tales como cardiopatías congénitas, enfermedades cutáneas, respiratorias, es decir, una afectación a la salud pública sobre el radio de la empresa que es por demás de elocuente”, aseguró Maggi.

—¿En cuánto se puede mensurar el nivel de contaminación y qué poblaciones abarca sobre la cuenca del Paraná?

—El alcance de la contaminación en la cuenca del río Paraná es una tarea que todavía está bajo investigación. Lo que se lee en el propio fallo, puntualmente el del doctor Andrés Porta, es que se constató que el vuelco de efluentes afecta el curso del río y también la biota acuática. También se debe establecer la magnitud de esa afectación, que es posterior al fallo, aunque ya se podría inferir que es de gran magnitud. Con eso basta con recordar el estudio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde científicos constataron la presencia de agroquímicos y varios pesticidas en el tejido muscular en peces de la cuenca del río Salado, que estaban a la venta. Eso se puede presumir sobre esta zona también, puesto que después cuenta el recorrido de migración de los peces, dado que la mayoría del cardumen se desplaza a lo largo del caudal. Lo mismo sucede con la corriente de agua contaminada, que se extiende hasta lugares insospechados.

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APELACIÓN

Si bien la jueza no hizo lugar al resarcimiento económico por los daños provocados en la salud de la población afectada, la Asociación Civil Cuenca Río Paraná y Fomea apelarán esa cuestión para que, efectivamente, la empresa se haga cargo de esa inmemnización de carácter colectivo. En tanto, sí obligó a la firma a hacerse cargo de los estudios de impacto ambiental y recomposición ambiental, que apunta a tareas que buscan eliminar los contaminantes presentes en el suelo.

EL ANÁLISIS DE EXPERTOS DEL CONICET

En el lapso de instrucción de la causa, la jueza que se pudo probar judicialmente que la empresa Atanor vuelcaba sus efluentes líquidos al río Paraná sin la debida autorización por parte de la Autoridad del Agua conforme surge de las actas de inspección. Además, señaló que de la pericia efectuada por el Conicet surgió como conclusión de los expertos que “…Atanor SCA vuelca desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del Río Paraná y afectan la biota acuática, todo ello considerando los Niveles Guías de Calidad de Agua de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina (2003)”.

EL FALLO DE LA JUEZA DÍAZ BANCALARI

El 6 de marzo de 2023 la Jueza Luciana Díaz Bancalari, titular interina del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, dictó sentencia definitiva en el amparo ambiental que se inició en 2015 el Foro Medio Ambiental (Fomea) por contaminación del río Paraná contra la planta industrial de Atanor, ubicada en pleno radio urbano de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

En esa acción judicial se denunció la masiva contaminación del ambiente con agroquímicos y la grave afectación en la salud de los vecinos de esa localidad, quienes comenzaron a realizar un censo comunitario “casa por casa”, ante los llamativos casos de cáncer y otras patologías cardíacas, cutáneas y respiratorias en el radio de la fábrica.

Luego de largos años de trámite y la realización de pruebas periciales que contaron con la intervención del Conicet, el CIM de la Universidad de La Plata y la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal la jueza a cargo de la causa determinó que: “…se ha probado el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor al tiempo de la interposición de la presente acción…”.

DAÑOS SEVEROS A LA SALUD

La magistrada tuvo en cuenta la declaración testimonial de la reconocida genetista Delia Aiassa, quien afirmó: “…En nuestra experiencia lo que hemos probado en animales y células humanas expuestas a glifosato, cipermetrina y trifluralina y hemos encontrado que esos químicos causan un daño en el material genético que se transforman en mediano o largo plazo en problemas adversos en la salud.”.

Desde Fomea resaltaron las palabras de la magistrada, quien apuntó: “No puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”, motivo por el cual condenó a la industria demandada a la inmediata puesta en funcionamiento de un mejoramiento del sistema de tratamiento de efluentes líquidos en el término de 20 días, lapso en el cual además exhortó a realizar una evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativos.

No obstante, la firma Atanor deberá realizar un estudio de perturbación del suelo con intervención del Conicet y convocar a la Universidad Nacional de Entre Ríos a realizar un monitoreo de la calidad de aire en la población circundante, incluyendo domicilios particulares, de los resultados que allí se obtengan se tomaran nuevas decisiones judiciales.

Entre tanto, el Poder Judicial bonaerense prohibió definitivamente a la empresa Atanor continuar produciendo el peligroso insecticida “clorpirifos”, esta sustancia es un insecticida que causa daño neurológico en niños y niñas, la empresa lo elaboró durante décadas en una zona densamente poblada.

“Con esta sentencia se pone fin a un capitulo fundamental de la historia ambiental de San Nicolás que tiene como conclusión inapelable la afirmación judicial de que «…se ha probado el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor al tiempo de la interposición de la presente acción…», dando la razón a los vecinos del barrio Química que durante años denunciaron la ilegal actividad sin ser oídos”, resaltaron desde la organización ambientalista que trabajó codo a codo con el letrado Fabián Maggi, de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, quien viene llevando causas tanto en el norte de la provincia de Buenos Aires como en Rosario y el Cordón industrial por contaminación de efluentes en la curso de agua del Paraná.

Desde la ONG ecologista también resaltaron que con esta sentencia “se zanja la discusión de si la empresa contamina el ambiente o no con productos químicos dado que las pericias judiciales realizadas por expertos del Conicet y de la Universidad de la Plata concluyeron que en el suelo se detectaron elevados niveles de contaminación y que la empresa vuelca sus efluentes líquidos contaminados con residuos peligrosos al Río Paraná afectando la vida de ese curso de agua”.

“El testimonio de la genetista Delia Aiassa, sumado a los hallazgos de contaminación, y el emplazamiento urbano de Atanor, circunstancias que fueron especialmente consideradas por la jueza Luciana Bancalari, establecen las bases para reconocer definitivamente las graves afectaciones en la salud y el fallecimiento de un gran número de vecinos de esa industria química”, concluyeron.

Cuatro ladrones actuaron encapuchados y con guantes. La empresa está ubicada a la vera de Ruta Nacional 33 en el kilómetro 667.

En la madrugada del jueves cuatro sujetos robaron 10 millones de pesos en agroquímicos en una empresa ubicada en Villa Divisa de Mayo, a la vera de Ruta Nacional 33 en el distrito de Chovet.

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El hecho ocurrió en las primeras horas del jueves y por ahora los investigadores no consiguieron dar con los malvivientes que huyeron en un vehículo marca Toyota que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

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Según datos a los que pudo acceder Sur 24, el inmueble cuenta con un sistema de cámaras de seguridad y alarmas. Aunque por la zona que ingresaron los ladrones, los sensores aun no estaban en funcionamiento, por ser fuente de riesgo de incendio.

El nombre de la empresa es Agroquimia y está ubicada en Ruta Nacional 33 en el kilómetro 667 en Villa Divisa de Mayo, paraje conocido popularmente como Tamborini.

Fuentes oficiales indicaron que fueron cuatro los malvivientes que actuaron encapuchados y con guantes. Llegaron en un vehículo marca Toyoya aproximadamente a la 1 AM del jueves. Se hicieron de una cantidad importante de agroquímicos y luego se dirigieron en sentido a Firmat.

A los 20 minutos regresaron y robaron otro cargamento, para huir y hasta el momento no ser identificados.

En total se llevaron 90 kilos de glifosato, 400 kilos de sulfentrazone, 800 kilos de flunixin y 15 cajas de Zidua Pack.

Llamativamente robaron dos anafes. Mientras que embalaron dos televisores de 43 pulgadas que luego dejaron abandonados.

A cargo de la investigación se encuentra la Fiscal Susana Pepino, quien ordenó se analicen las imágenes de las 22 cámaras de seguridad con las que cuenta la empresa.

Una importante fuente indicó a Sur 24 que los ladrones “llevaron algunos productos de bajo precio (glifosato) y dejaron otros muy costosos. Con lo cual, o son muy amateur o tenían un pedido concreto de lo que había que robar y ubicaron rápidamente la mercadería”.

Cuatro productores apícolas de San Guillermo, localidad del departamento San Cristóbal, sufrieron pérdidas millonarias debido a la aplicación de agroquímico en un campo de la zona.

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Enri Picatto, uno de los damnificados, indicó a Radio Belgrano de Suardi que fueron afectadas unas 250 colmenas que tienen en el sureste del territorio sanguillermino, valuadas en unos 15 millones de pesos.

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“Nosotros no culpamos a nadie, pero pedimos atención cuando se utilizan agroquímicos, porque un viento fuerte puede diseminar el tóxico y no sólo se ven afectadas las colmenas sino la gente que vive en lugares cercanos”, dijo Picatto.

El productor expresó que ahora deberían comenzar de cero porque el prejuicio es casi total, ya que sumado a la muerte de las abejas hay una pérdida estimada de 9.000 kilos de miel.

Comunicado

La Cooperativa de Provisión, Provisión y Comercialización de apicultores del noroeste santafesino solicita a los aplicadores, productores agropecuarios y técnicos la aplicación de las buenas prácticas agronómicas en los tratamientos de lotes con fitosanitarios, además se sugiere articular los mismos con los apicultores de la región.

Esto responde a que se han observado en la región, casos severos de mortandad totales de apiarios, para evitar la aplicación de la Ley 11.273 de Productos Fitosanitarios de la Provincia de Santa Fe.

Los daños ocasionados van en detrimento de la actividad, no solo apícola, si no también agrícola ya que las abejas son agentes polinizadores por excelencia; y además perjudican especialmente la salud humana.

Ante cualquier duda o consulta dirigirse a los referentes de la institución que avalan este comunicado.

Grandes multinacionales fabricantes de agroquímicos como Bayer, Syngenta, Dow y Dupont, entre otras, deberán pagar $783 millones a la Provincia de Buenos Aires por no cumplir leyes medioambientales al no recolectar millones de envases fitosanitarios que generan contaminación.

El director ejecutivo del Organismo para el Desarrollo Sostenible en la provincia de Buenos Aires, Juan Brardinelli, informó este viernes que varias multinacionales fabricantes de agroquímicos deberán pagar a esa administración territorial una multa de 783.000.000 de pesos (8.374.091 de dólares) por evadir leyes medioambientales.

Durante una entrevista con una emisora local, el experto precisó que entre las empresas se encuentran filiales de Bayer (dueña de la exMonsanto), Syngenta, Dow y Dupont. Agregó que se trata de la multa ambiental más elevada que se ha impuesto en Argentina.

Señaló que unas 70 empresas con filiales en el país comercializaron más de 13.000.000 de envases de plástico durante 2020 solo en la provincia de Buenos Aires.

“Es una Ley nacional de 2016. Ya se cumplieron los plazos y las multas son aplicadas por la no recolección de envases”? | @jibrardi, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires en #PasaronCosas.

Calificó de notable el incumplimiento de esas firmas, a las que calificó de poderosas. Puntualizó que de esos 13.000.000 de envases, el Organismo para el Desarrollo Sostenible solo recuperó 1.000.000, o sea, el ocho por ciento.

Según Brardinelli, esas corporaciones no cumplieron normativas que ordenan recolectar los envases fitosanitarios que comercializan, pues estos generan contaminación si permanecen abandonados en las regiones donde se aplican.

“Es la multa ambiental más grande que hay en Argentina”? | @jibrardi, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires en #PasaronCosas.

Detalló que esos procedimientos de seguridad están plasmados en la ley nacional 27.279 (Productos Fitosanitarios), emitida para contribuir a la reducción de los residuos en los envases vacíos en todo el territorio argentino.

Dicha norma establece que las empresas fabricantes e importadoras son responsables de gestionar la recolección y tratamiento de los envases comercializados.

“Cuando los envases fitosanitarios quedan sin recoger se acumulan y generan contaminación”? | @jibrardi, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires en #PasaronCosas.

Además, fija cómo se debe accionar con estos residuos, los plazos para hacerlo y las sanciones previstas para aquellos que infrinjan sus postulados.

Brardinelli mencionó que “las multas se notificaron la semana pasada y el valor lo establece la Ley Nacional, que equivalen a 1.000 sueldos básicos”, explicó.

Además de afectar el medio ambiente, los restos que contienen los envases son nocivos para la salud humana.

Después del hallazgo de peces sin vida, desde la Fundación Cullunche denuncian que no se están investigando correctamente los motivos por el cual se deteriora la fauna y flora del logar. Exigen compromiso y acciones al respecto.

La Fundación Cullunche denunció mediante su cuenta de Facebook la colocación de un retén artificial que impide que el agua llegue a la laguna El Viborón (Maipú), pero además aseguran que el líquido hidratante que alcanza al lugar llega con elevado contenido de agrotóxicos y metales pesados, causando la muerte de peces, patos y otras aves autóctonas.

El embalse pertenece al sistema de las Lagunas del Guanacache y alberga en sus aproximada de 25 hectáreas, una diversidad de especies que están siendo amenazadas desde hace un buen.

La presidenta de la fundación Jennifer Ibarra hizo pública la denuncia de la muerte de animales en la Laguna El Viborón. “Esto ocurre desde hace un mes. No ha habido ningún tipo de acción ni toma de medida de ninguna naturaleza. La comunidad hizo las denuncias correspondientes y pertinentes a fiscalía”, aseguró mediante un audio difundido a los medios de prensa.

En el mismo, aseguró que “la Dirección General de Irrigación retiró muestras para analizar. Nosotros tenemos dudas de los resultados ya que la entidad no hace búsquedas de agrotóxicos. No se saben las causas por las que están muriendo peces y ahora, aves”.

Y continuó: “La laguna y todo el sistema de humedad de esa zona carecen de agua. La DGI no da la cota de agua que este sistema natural necesita. Y no se investigan las causas de la muerte de estos animales”.

La postura de la Fundación Cullunche es la de exigir de inmediato “que se tomen acciones por parte de la DGI, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, del área de Ambiente en este caso de la comuna maipucina, pero todas tienen que unirse, además la de Guaymallén y Lavalle, para empezar a proteger este sistema de humedales, y concejales de la Municipalidad de Maipú que ya tendrían que estar trabajando en este tema”.

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Y argumentan que “es de máxima preocupación y de alerta. Y queremos que ya mismo comiencen a dar soluciones”.

Desde el hallazgo de los peces días atrás, Irrigación inspeccionó el lugar y constató lo denunciado previamente. Tras verificar también que el nivel del agua en la laguna es muy bajo (ya que existe un alto grado de retracción del humedal) se realizaron mediciones de pH (grado de acidez del agua) en los alrededores, obteniendo valores de 8.5 y de conductividad eléctrica, cuyo índice fue 11.000 uS/cm. Entre los parámetros que se han solicitado analizar está la presencia de agroquímicos.

Por otro lado, el personal de la Subdelegación también tomó muestras de dos peces muertos de la laguna para ser analizados por el jefe de la División de Monitoreo del DGI. Algunos ejemplares se encontraban en estado moribundo y fueron trasladados a una pileta de cemento, llena de agua de perforación para evaluar su respuesta. “Los peces reaccionaron bien inmediatamente”, dijeron desde Irrigación.

La Justicia Federal prohibió el uso de agroquímicos en 250.000 hectáreas de islas del Paraná

Durante los próximos días se continuará con las inspecciones de control y seguimiento, mientras se aguarda el resultado de los análisis, sujeto a los tiempos de informe de los laboratorios a los que se han derivado las muestras.

Por otro lado, desde el Club de Pesca Deportiva Cristóbal Colón se acercaron a Irrigación para plantear la problemática. Los recibió el director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, Aníbal Manzur, quien se comprometió a estudiar en profundidad el tema de manera integral y hacer un seguimiento en el tiempo.

Formaron una asamblea, “LA 18”, que se reúne quincenalmente. El domingo marcharán por la ruta y las distintas localidades afectadas.

Vecinas y vecinos de las localidades de Alvear, Álvarez, Coronel Domínguez, Piñero y Villa Amelia conformados en asamblea autodenominada “LA 18” contra el uso de agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas, se movilizarán el domingo, a las 9.30, “en favor de la salud”. La movida consistirá en una caravana que partirá de Ovidio Lagos y Puente Gallego, en Rosario, hasta el peaje de Coronel Domínguez, sobre la ruta provincial N° 18, que atraviesa esas jurisdicciones. La caravana automovilística ingresará a los distintos barrios de las localidades que forman parte de la 18 en ese tramo.

El objetivo de esta actividad es “llevar mayor visibilidad frente a la situación que vivimos campaña tras campaña al quedar sistemáticamente expuestas a las reiteradas fumigaciones con agrotóxicos que se realizan en los campos que circundan a los pueblos”, afirman los organizadores en la convocatoria escrita que lanzaron esta semana. Y recuerdan que “esta situación ha llevado en varias oportunidades a presentar denuncias en las comunas y en la Justicia, sin tener respuestas”.

Gustavo Ludueña y María Florencia Menotti llevan la voz cantante del grupo. Ellos aseguran que si bien hay una ley, la N°11.273/95 y su decreto reglamentario N°552/97 que establece una distancia mínima de 500 metros libres de fumigaciones, “hemos advertido y denunciado que las ordenanzas de las comunas referidas no se adaptan o no adhieren a dicha distancia, encontramos ordenanzas que hablan de un mínimo de 60, 80, 100 y 200 metros como mucho”.

Así, se realizaron en reiteradas oportunidades reuniones con los responsables de las comunas, pedidos de informes y hasta se han presentado proyectos de modificación de las ordenanzas, sin obtener respuestas satisfactorias.

“Sabemos que la salud está en constante peligro ante las fumigaciones, tanto en las viviendas como en los establecimientos educativos y en los trayectos que se recorren desde un lugar a otro. A esto se le suma que en muchas de estas fumigaciones no hubo control por parte de las autoridades”, denuncian los vecinos. Y agregan. “También es importante aclarar que son muchas las familias que no pueden denunciar este flagelo, ya que la relación directa o indirecta con aquellas personas que trabajan o son propietarias de las tierras generan preocupación y miedo por entrar en conflicto, que por menores que resulten, generan un gran malestar en las comunidades pequeñas”.

Por eso, los habitantes de esos pueblos buscan el acompañamiento de la sociedad, ya que “esta problemática refleja la situación que se vive en toda la provincia con este modelo de producción que sólo genera desocupación, enfermedad y muerte”.

Cerca de escuelas y merenderos

Ludueña asegura que la problemática abarca a varias localidades, como Álvarez, Alvear, Villa Amelia, Piñero y Coronel Domínguez, por nombrar algunas, sin contar distintos parajes que se levantan en sus jurisdicciones.

“Sin ir más lejos, el viernes pasado, yendo por la ruta 18, pudimos ver antes de llegar a la A0-12 un mosquito de arrastre que estaba desparramando agroquímicos. Esta aspersión viaja con el viento y se traslada, en esa zona, a Estación La Carolina, en jurisdicción de Piñero, que tiene una escuela y un merendero”, contó Ludueña a La Capital. Y abundó. “Tenemos numerosas fotos y videos que nos sirven como testimonio de lo que estamos denunciando, pero lo importante, más allá de los casos aislados que son igualmente graves, es el fenómeno, que afecta a muchísimas poblaciones santafesinas y de provincias vecinas. Ahora nos está tocando a nosotros, y desde hace ya tiempo. A partir de diciembre y enero, así como en junio y julio, esto se repite, antes de que comiencen los períodos de cosecha, gruesa y fina. Hace un año se denunció una fumigación con avioneta en el paraje rural El Caramelo”, ejemplificó.

El activista también advirtió sobre el problema que genera la pertenencia en estos lugares menos poblados. “Hay mucha relación directa con la gente que trabaja el campo, por eso a las maestras, directoras de escuelas y otras personas se les hace muy difícil plantear estas situaciones, pero de a poquito vamos sumando voluntades”, se esperanza.

Dejar de “naturalizar”

Los autoconvocados tienen una página web propia: https://la18santafe.wordpress.com. Allí puede leerse que los vecinos “dejamos de naturalizar hace tiempo que después de cada fumigación se nos irrite la piel, nos aparezca ardor en los ojos, dolor de cabeza, mareos y aumento de patologías complejas en la zona”.

Frente a esta preocupación, los vecinos decidieron organizarse, “estudiar leyes, ordenanzas, fallos, diversos estudios científicos y comenzamos a contactarnos con otras asambleas, organizaciones, multisectoriales y personas de a pie con las cuales nos unimos en la lucha con un solo objetivo: Gobierne quien gobierne, la salud no se negocia”.

Cada 15 días, los miembros de la Asamblea LA18 se reúnen en el centro de Salud Los Pinos, en el kilómetro 11.5 de la ruta provincial N° 18, jurisdicción de Villa Amelia.

“Para nosotros es fundamental el cambio de las ordenanzas y de la ley, y sobre todo que nuestro mensaje llegue a las autoridades, que son las que pueden hacer algo en concreto”, remató Ludueña.

Un tribunal de la ciudad correntina de Goya condenó hoy a tres años de prisión a un productor agropecuario por la muerte de un niño a causa de una intoxicación con agroquímicos, pero no irá a la cárcel porque la sentencia es bajo la condición de realizar un curso sobre manejo de fumigaciones, informaron fuentes judiciales.

Ricardo Nicolás Prieto fue hallado responsable de la muerte del niño Nicolás Arévalo, de 4 años de edad, quien murió el 4 de abril de 2011 en la localidad correntina de Lavalle, corazón de la cuenca hortícola de la provincia y donde operarios al servicio del productor imputado fumigaron una plantación de tomate.

Como consecuencia del contacto con los agroquímicos, tanto Nicolás Arévalo como su prima, Celeste Estévez de cinco años, sufrieron intoxicaciones severas.

El Tribunal Oral Penal de Goya, conformado por Jorge Carbone, como presidente y Joaquín Sebastián Romero y Darío Ortiz, como vocales, cumplió con el segundo juicio que se ordenó por el caso, bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal.

La sentencia es a tres años de prisión condicional y se le impuso a Prieto la obligación de realizar estudios o prácticas profesionalizantes de capacitación en el uso de agrotóxicos, para la realización de su producción habitual, en un organismo público o privado.

El condenado debe acreditar ante el tribunal de Goya el inicio del curso, modalidad y finalización, en el término de tres meses, bajo posibilidad de revocarse la prisión condicional si no cumple. De acuerdo con lo señalado por los jueces del tribunal de Goya, los fundamentos de la sentencia se leerán el 1 de febrero de 2021 a las 12.

Asimismo, lo resuelto se debe notificar al Juzgado Civil y Comercial N°1 de Goya, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y al Ministerio de Producción de Corrientes.

Personal a cargo del imputado fumigó un tendalero de tomates con las cortinas plásticas abiertas, sin supervisión, generando el escape de gases tóxicos que fueron inhalados por los niños víctimas de lo que el tribunal consideró una “conducta negligente”.

La fumigación se había realizado con productos plaguicidas organoclorados denominados alfa endosulfan que causaron en la niña de 5 años “lesiones de carácter gravísimas” y en el niño un “edema agudo de pulmón”, que causó su muerte cuatro días después.

Este es el segundo juicio que se realiza por este caso, ya que en 2016 un tribunal de Goya, con jurisdicción sobre Lavalle, absolvió al productor, por lo cual la querella y la fiscalía a cargo de Guillermo Barry decidieron casar la sentencia, con resultado favorable por parte del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, que en 2018 ordenó la realización de otro debate con un tribunal de distinta conformación.

Días atrás ante los inconvenientes recurrentes con los agroquímicos y frente a la falta de legislación nacional, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA), que engloba a más de 90 instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus organismos, diseñó y lanzó un proyecto de ley que busca ordenar, regular y controlar la actividad en todo el territorio nacional teniendo en cuenta no solo la gran cantidad de producciones agrícolas sino también la escala de los productores.

El coordinador de la Red BPA, Juan Brihet, explicó que este “es un proyecto de ley de presupuestos mínimos para el uso, aplicación y gestión de productos fitosanitarios” y señaló que en el diseño “pusimos el foco en los lineamientos o requisitos básicos y se trabajó en una mesa técnica recopilando y consensuando cuáles son los criterios mínimos para aplicarlos en todas las producciones del país y para todo tipo de productores y realidades de las distintas ciudades”.

De aprobarse la normativa, lo primero que se tendrá que llevar a cabo será un ordenamiento territorial a cargo de los municipios. Este proceso contará con la participación de la Mesa de Diálogo convocada por las autoridades del distrito para “involucrar a todos los actores de la sociedad civil local para ver los criterios, sobre todo en lo que respecta al ordenamiento territorial”.

Allí se delimitarán las “zonas sensibles”, las cuales pueden comprender el tejido urbano o casas rurales o, inclusive, puestos de la policía caminera. En esta área estará prohibida la aplicación de fitosanitarios. Una vez establecidos los límites, se los extenderá por 10 metros para aplicaciones terrestres y 45 metros para las aéreas. Una vez definido esto, comienza el “área de amortiguamiento” donde se podrá utilizar fitosanitarios, pero bajo los criterios establecidos por la Ley.

El juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, determinó mediante una medida cautelar la “prohibición absoluta del uso de agroquímicos, plaguicidas y/o sustancias contaminantes de cualquier naturaleza” para tareas agrícolas dentro de las 250.000 hectáreas que abarca el archipiélago de las Lechiguanas, informaron hoy fuentes judiciales.

A su vez, el magistrado ordenó la prohibición de “la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción, modificación o mantenimiento de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”.

La demanda para proteger esa vasta zona de humedales fue interpuesta por las asociaciones civiles Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental contra Fabio Ernesto Di Fonzo, Juan Pedro Nazar y la empresa de su propiedad, Mapuche SRL. que se dedica a la explotación agrícola y ganadera.

Las 250.000 hectáreas del archipiélago de las islas Lechiguanas están ubicadas en la zona del Delta del departamento Gualeguay, en el sur de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, delimitadas por el río Paraná.

“Celebramos que un territorio tan abarcativo de humedales y tan lleno de biodiversidad haya quedado libre de agroquímicos”, dijo a Télam el abogado de la asociación civil Foro Medio Ambiental, Fabian Maggi.

“La zona de la que hablamos fue primero incendiada, sembrada y luego fumigada, por eso decimos que la utilización de agroquímicos agrega otro factor de gravedad a los ataques que sufre ese ecosistema de islas”, remarcó.

“El fallo tiene como signo distintivo que no establece distancias a respetar para la fumigación como es habitual, sino que prohíbe el uso de agroquímicos en todo el territorio de las islas Lechiguanas”, señaló.

“Esto es inédito”, consideró y explicó que “todos los fallos sobre el tema establecen distancias variadas respecto de poblaciones pero siempre permiten el uso de los agrotóxicos”.

“Además, no hubo vecinos implicados en la demanda, no se denunció que tal persona es víctima de agrotóxicos, que respira ese aire contaminado o que lo tiene en la sangre, sino que la prohibición fue dictada por el juez pura y exclusivamente en torno a la protección del ecosistema y la naturaleza como ente de derecho propio”, enfatizó.

El fiscal Guillermo Persello imputó este miércoles por la mañana a un productor rural del departamento San Cristóbal por un millonario robo de agroquímicos ocurrido en un hangar del Aeroclub de San Justo, el 8 de septiembre del año pasado. Se le formó causa como “partícipe del delito de robo doblemente calificado (por ser en poblado y en banda, y de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares)”.

La atribución delictiva se produjo luego de que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) concretara la detención de Luis Alberto M., un productor agropecuario de 67 años, a quien se lo acusa de haber comprado gran parte el cargamento sustraído en 2019 y que tenía como destino su aplicación en campos de su propiedad o arrendados por él.

La detención se produjo este lunes, en su casa de calle Alberdi s/n de la localidad de Soledad, luego de que los investigadores allanaran dos campos, en jurisdicción de colonia La Clara y paraje Capivara, donde hallaron parte de lo sustraído, así como documentación de interés para la causa.

Una medida cautelar prohíbe a los productores aplicar agroquímicos a 800 metros de las plantas urbanas, y al municipio autorizar estas prácticas.

La Justicia de Santa Fe prohibió a productores agrícolas fumigar con agroquímicos a una distancia inferior a 800 metros de las plantas urbanas de las localidades de Sastre y Ortiz, en el departamento San Martín.

El fallo histórico para estos pueblos fue dictado por el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por una familia con una niña enferma.

Hail determinó el alejamiento de la aspersión terrestre de todo tipo de agroquímicos a 800 metros de las plantas urbanas de las localidades de Sastre y Ortiz, a pesar de la resistencia de los productores, el municipio y el gobierno provincial.

La disposición fue aplicada en el marco de un recurso de amparo presentado el 29 de noviembre en los Tribunales de San Jorge, tras un reclamo de la familia de Zoe Giraudo, que tiene una niña de dos años que está en tratamiento oncológico y a partir de esa fecha vive en una casa expuesta a las fumigaciones.

La actuación preventiva tendrá vigencia por el tiempo en que tramite el juicio ambiental colectivo contra la Municipalidad, que incluye a otros 40 vecinos como demandantes y se transformó en la primera acción judicial en la provincia que impone esa distancia para las aplicaciones terrestres para proteger a toda una población.

Según informó el diario La Capital de Rosario, la medida prohíbe la aplicación de todo tipo de agroquímicos con relación a los productores agropecuarios y a la Municipalidad la autorización de esas aplicaciones.

El reclamo judicial promueve una acción de amparo ambiental colectiva para resguardar la salud de los habitantes de la ciudad en virtud de la cercanía de la actividad agraria y la consecuente aspersión de agroquímicos.

En el pedido se solicitó una medida cautelar de mil metros de exclusión para las fumigaciones terrestres y de 1.500 para las aéreas.

En el fallo, Hail rebatió las acciones judiciales presentadas por la municipalidad, los productores y el gobierno provincial que, en todo momento, argumentaron a favor de continuar con las aplicaciones en cercanías del ejido urbano pese a los reclamos de los vecinos.

Entre otras, se refirió a los recursos que utilizó el municipio, como el dictado de una nueva ordenanza durante el trámite del reclamo judicial en su contra, para intentar que pierda sentido el amparo.