Una paciente oncológica de 69 años murió este viernes luego de recibir la eutanasia en Uruguay, en lo que significa el primer caso del país desde la sanción de la ley el 15 de octubre de 2025, para regular el procedimiento.

La mujer había ingresado al Hospital Policial de Montevideo hacía diez días debido a que empeoró su grave estado de salud transitando un cáncer de páncreas terminal. Por la irreversibilidad del cuadro, el pasado miércoles firmó el consentimiento formal para llevar a cabo la muerte asistida en el centro de salud.

Para Federico Preve, uno de los diputados oficialistas que impulsó la norma, se trata de “un día simbólico muy importante” para Uruguay. “Esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones”, expresó ante la prensa.

La ley uruguaya establece que el paciente debe ser mayor de edad, ciudadano o residente, encontrarse psíquicamente apto y atravesar una enfermedad terminal e incurable que le provoque sufrimientos insoportables y un grave deterioro en su calidad de vida.

Según el protocolo, el pedido debe realizarse ante un médico, que tiene hasta tres días para pronunciarse. Luego interviene un segundo profesional, internista o especialista, y si ambos consideran que se cumplen los requisitos, el procedimiento avanza.

En caso de desacuerdo, una junta médica toma la decisión final. Además, el paciente puede revocar su decisión en cualquier momento del proceso, sin necesidad de justificarla.

La legislación había entrado en vigencia el 21 de abril de 2026, cuando el el presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario. Se trata del primer país de la región en legalizar la eutanasia y pasa a integrar el reducido grupo de naciones que ya permiten esta práctica: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal.

En paralelo, otros dos países latinoamericanos también están avanzados con el derecho a la muerte asistida. En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997, mientras que en 2022 también se habilitó el suicidio médicamente asistido para personas con enfermedades graves o incurables, sin embargo, todavía existen barreras legales al no contar con una reglamentación específica.

Por otra parte, en Ecuador se descriminalizó la eutanasia en febrero de 2024 por un fallo histórico de la Corte Constitucional, incentivado por el caso de Paola Roldán, una paciente diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que abrió el debate público en el país.

La Seguridad Nacional de Irán paralizó la aplicación de una controvertida ley que buscaba imponer castigos más severos a las mujeres que no utilizaran el hiyab en público, el velo islámico obligatorio.

Esta decisión, confirmada la semana pasada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Bagher Ghalibaf, prevalece sobre una medida aprobada el año pasado por un Legislativo con una fuerte presencia de diputados extremistas.

La noticia, de acuerdo a EFE, señaló que la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional notificó por escrito que "la ley del hiyab no se promulgará por el momento".

Esta entidad, el máximo órgano de toma de decisiones del país, tiene la potestad constitucional de revisar las resoluciones tanto del Parlamento como del propio Gobierno.

La ley en cuestión contemplaba severas sanciones para las mujeres que no se cubrieran el cabello en público, incluyendo fuertes multas, la suspensión de servicios públicos y, en casos de reincidencia, penas de prisión.

Hasta el anuncio de Ghalibaf, la normativa se encontraba en proceso de revisión, en medio de un clima de protestas y con el recelo del presidente reformista del país, Masoud Pezeshkian.

Por su parte, el Parlamento había insistido en su aplicación incondicional para defender los valores islámicos frente a lo que consideran una "invasión cultural de Occidente".

La oposición a la obligatoriedad del hiyab se intensificó en Irán tras la muerte de Mahsa Amini en otoño de 2022. La joven kurda iraní falleció por las lesiones sufridas mientras estaba bajo custodia de la Policía de la Moral, acusada de no llevar correctamente el pañuelo islámico.

Como un gesto simbólico de liberación, la activista francesa Henda Ayari se quitó el velo en vivo durante el programa “Salut les Terriens”.  Ayari presentó esto como un símbolo de su lucha personal contra la opresión que vivió durante años bajo el control de su exesposo y el salafismo.

❤️‍🔥“Quería expresar mi propia revolución”, dijo la activista, Henda Ayari, en referencia al acto simbólico de quitarse el hiyab durante un programa de la televisión francesa.La semana pasada, Irán suspendió una ley que obligaba a las mujeres a usar el hiyab en público y que… pic.twitter.com/BKcFuomqjn

El Parlamento de Australia aprobó una ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a las redes sociales, con el objetivo de proteger su bienestar y salud mental. 

La medida, que entrará en vigor dentro de un año, ha sido bien recibida por los padres de adolescentes.

Según la ley, las plataformas de redes sociales como Facebook, Snapchat, Instagram, X y TikTok deberán tomar medidas para impedir el acceso a menores de 16 años. Sin embargo, se supone que las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y las plataformas de video como YouTube seguirán siendo accesibles.

La ley también establece que las empresas que no cumplan con los requisitos de edad podrían ser multadas con hasta 49,5 millones de dólares australianos. Es importante destacar que la ley no castigará a los menores de edad ni a sus padres por infracciones.

En medio de una manifestación fuera de la Legislatura y con delegados gremiales dentro del recinto, diputados aprobó la ley de Reforma Previsional que impulsó el gobierno de Santa Fe.

El proyecto se aprobó en general y la oposición se retiró. La votación resultó con 23 positivos, nueve negativos y 11 abstenciones. Además, hubo seis ausentes.

Mientras tanto, en la puerta de la Legislatura se producían incidentes con los manifestantes que arrojaron piedras y quería abrir las puertas del edificio.

Noticia en desarrollo

El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) denunció ante la Justicia a un grupo de estadounidenses cazadores que mataron decenas de patos de collar y cuturíes en la localidad santafesina de San Javier. Dichos animales son una especie autóctona y están protegidos por la ley en Argentina.

La caza de estas aves es ilegal en Santa Fe y desde el Ceydas exigieron la aplicación de un castigo ejemplar para los responsables. Los cazadores estadounidenses, por su parte, exhibieron impunemente a los animales muertos en sus redes sociales.

La temporada actual de caza deportiva de patos en Santa Fe está regulada por la resolución 129/2024, que se vale de una ley de 1958 (la Nº 4.830) para modificar anualmente las condiciones de la actividad. Esta normativa es el marco regulatorio de todas las especies que se permiten cazar en la provincia.

Esta resolución dictaminó que la temporada de caza deportiva de patos en Santa Fe se extiende desde el 1º de mayo hasta el 31 de julio. Hay tres especies de patos que pueden ser cazadas: sirirí, sirirí pampa y crestón. Hasta finales de julio, las personas habilitadas podrán cazar un máximo de seis patos por especie pero sin sobrepasar los 12 ejemplares en total en la sumatoria de las tres especies.

A pesar de esto, los turistas de EEUU exhibieron en el coto de caza MGW Outfitters, ubicado en San Javier (localizada a 156 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe), una cantidad exorbitante de patos cuya caza está prohibida.

En su página web este coto ofrece servicios de caza, incluso de animales protegidos a pesar de ser un delito penal.

La caza ilegal, un problema que no se resuelve

Hace menos de una semana trascendió que cazadores furtivos en Formosa asesinaron, carnearon y desmembraron a uno de los cinco yaguaretés que se encuentran monitoreados en la provincia por estar en peligro de extinción.

El hecho ocurrió al norte de Estanislao del Campo, una localidad a 250 kilómetros de la capital formoseña, y despertó la indignación de todo el país. Quienes perpetuaron el crimen publicaron, en redes sociales, diversas fotografías del animal asesinado junto a sus verdugos.

Hace pocos meses, y de vuelta en Santa Fe, fueron detenidos un conocido operador cinegético, especializado en caza deportiva, junto a dos personas de nacionalidad francesa que fueron demorados cuando volvían de una jornada de cacería en la zona de la localidad de Golondrinas, departamento General Obligado, transportando en el vehículo casi un centenar de patos y elementos de caza, muchos de ellos prohibidos para realizar la actividad.

En enero de este año, durante un control vehicular, Gendarmería decomisó 99 patos crestones en cercanías de la localidad de Los Amores. Allí, detuvieron una camioneta que transportaba a cuatro personas que estaban con esa cantidad de animales en la caja trasera, a pesar de que la temporada de caza de esa especie no estaba habilitada.

En agosto del año pasado, entidades defensoras de la fauna denunciaron que una empresa ofrece viajes por el Delta del Paraná a turistas extranjeros y nacionales para cazar patos autóctonos en territorio entrerriano. La Justicia decidió tomar cartas en el asunto y, a raíz de esto, anuló una resolución existente en la provincia vecina que permitía la caza de cinco tipos de estas aves.

Marcela es una rosarina de 33 años que solicitó la restitución de su estado civil anterior a su matrimonio, el cual fue terminado hace tres años de mutuo acuerdo. Fue tras sentirse afectada en un malestar constante por los prejuicios sociales de otros al ser ella divorciada.

El recurso realizado se llama “sumaria información” porque es algo que debe declarar el juez y no hay controversia, no va en contra de nadie. Esto implicaría el cambio en su inscripción en el Registro Civil, el Registro Nacional de las Personas y toda entidad que implique la necesidad de registrar su estado civil.

La demanda fue rechazada por un juez de primera instancia en lo Civil y Comercial sin emitir fundamentos, por lo que junto a su abogada, Marcela presentará nuevamente el recurso en otro juzgado, e incluso piensan en llevar un proyecto de ley a la Legislatura, ya que “esto aplicaría a cualquier persona divorciada que se sienta víctima de un perjuicio emocional”.

La abogada de la mujer, Tamara Altamirano, precisó a Rosario3 que “evidentemente el mote de divorciados era un asunto tabú que, entendimos, había que trabajar. Marcela tuvo muchos mensajes de apoyo a partir de hacerse pública su demanda”.

Al tomar la decisión de avanzar, la letrada no encontró jurisprudencia en Argentina: “Decidimos avanzar porque entendemos que el derecho ya permite cambiar de nombre, cambiar de sexo, entonces, que no se pueda un cambio de estado civil es una disforia, un cepo civil”.

En la presentación judicial se avanzó en otros ejemplos: “Si los delincuentes (condenados, con sentencia cumplida o pena prescripta, por ejemplo), no tienen que acarrear esa «mancha» toda su vida; si los quebrados pueden recuperar también su plena libertad económica sin llevar un sello en la frente que diga «no te asocies conmigo porque seré un mal socio» perpetuamente, ¿por qué debo llevar una denominación que significa para mí: «objeto usado» o «de segunda mano»?”.

La "seño Noe", tres años después de que su pareja la prendiera fuego, espera la sentencia: “Quiero que cumpla la condena y que pague”Tras conocer que su pedido fue rechazado, ahora la letrada trabaja “en profundizar algunos puntos y en ahondar en legislaciones de países donde quien se divorcia vuelve a un estado de libertad”.

Desde que Marcela tomó la decisión, “demandó un año de investigación en el marco legal”, aseveró su abogada, quien luego destacó: “El juez rechazó el asunto sin fundamentos, y entendemos que lo nuevo, desconocido, genera rechazo y dudas, y es por esto que los derechos de los individuos se encuentran estacionados, y deben aggiornarse a la vida actual”.

La abogada entonces manifestó su conformidad de que “al menos este asunto del prejuicio sobre las personas divorciadas deje de ser tabú en la sociedad: en el registro del Veraz se puede estar cinco años como máximo, los antecedentes penales o si quebrás, no son para toda la vida”.

Consultada sobre por qué el mote de divorciada tiene tan mala implicancia, Altamirano recordó: “Se encontró con que mucha gente emite juicios de valor en torno a cuánto duró su matrimonio o por qué no funcionó. Vas a hacer cualquier tipo de trámite, y en seguida te piden tu estado civil, y son datos muy sensibles como para que cualquiera conozca su historia. Todos se creen liberales, pero en la sociedad hay mucho prejuicio”.

Tamara y Marcela cursaron juntas la especialización en Derecho Tributario en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) hace unos años. “Ella me decía que consultaba a otros abogados porque no quería permanecer divorciada toda la vida, y ninguno le daba un fundamento. Le dije que bueno, había que investigar y buscar un marco legal al asunto”.

Marcela y su ex pareja se divorciaron de mutuo acuerdo luego de muchos años en pareja, y un año de casados. “Ellos no tienen hijos ni bienes en común, el único asunto que le quedó, es el mote de por vida”, apuntó la letrada.

La búsqueda es inclusiva para toda persona que sea divorciada que se sienta menoscabada en sus derechos. “Hay muchas otras personas a las que también les gustaría recuperar el estado civil de solteros tras haberse divorciado”, aseveró.

El término que pusieron en su recurso judicial fue tomado de varios idiomas: en francés “Nettoyage civil” y en inglés “Meritage status restoration”, para lo que ellas consideran que padece una “disforia civil”, porque se le restringe la posibilidad de cambiar su estado civil y la hace sentir atrapada en el divorcio”.

La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley esta madrugada, después de 13 horas de sesión, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

La votación culminó con 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Apoyaron la iniciativa La Libertad Avanza, el PRO, el grueso de la UCR, la mayor parte de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y otras fuerzas minoritarias.

En contra votó el bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los dos diputados socialistas de Santa Fe.

El oficialismo logró reponer el impuesto a las Ganancias y la rebaja del impuesto a los Bienes Personales

La Cámara de Diputados aprobó la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

Este capítulo, que obliga a volver a gravar los ingresos salariales superiores a los 1.800.000 pesos, fue aprobado con 136 votos positivos, 116 negativos y tres abstenciones.

Hasta pocas horas antes de la votación, el oficialismo tenía dudas de que iba a conseguir al menos la mitad más uno de los votos de los diputados presentes, pero los bloques dialoguistas ajustaron clavijas y aportaron las voluntades que estaban faltando para completar el número.

La restitución de Ganancias es parte de la ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.

Además, se dio sanción definitiva de la reforma del impuesto a los Bienes Personales, que reduce las alícuotas de este tributo.

La iniciativa cosechó 134 votos afirmativos, 118 negativos y tres abstenciones.

Diputados aprobó también el resto del paquete fiscal

La Cámara baja en tanto aprobó también el resto del paquete fiscal, luego de insistir en la restitución del impuesto a las Ganancias y la rebaja de Bienes Personales.

El paquete fiscal, que comprende entre otros puntos un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva, fue convalidada con 144 votos positivos, 108 negativos y tres abstenciones. (NA)

El plan de privatizaciones del presidente Javier Milei recibió un duro golpe al revelarse que el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), que lidera Miguel Ángel Pichetto, no avalará la inclusión de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina, en el marco de la discusión de la ley Bases que se votará el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

En la tarde de este lunes, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, se reunieron en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con referentes de los bloques del oficialismo y la oposición dialoguista, para avanzar sobre la letra chica de los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal.

La reunión comenzó pasadas las 17.30, mientras sesionaba la comisión de Presupuesto. A la negociación asistieron Silvia Lospenatto (PRO), Silvana Giudici (PRO), Gabriel Bornoroni (LLA), José Luis Espert (LLA), Santiago Santurio (LLA), Nicolás Mayoraz (LLA), Nadia Márquez (LLA), Karina Banfi (UCR), Carla Carrizo (UCR), Pamela Verasay (UCR), Juan Manuel López (CC), Oscar Zago (MID).

En tanto que de parte del bloque de Hacemos Coalición Federal participaron, el líder del espacio Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Juan Brügge y Francisco Morchio.

En la reunión que se desarrolló en el primer piso del Palacio Legislativo, la oposición confirmó al oficialismo que avalará el esquema más reducido de privatizaciones que quedó plasmado en el dictamen que fue sancionado en el Senado.

De esta manera, La Libertad Avanza podría quedarse sin los votos suficientes para impulsar la privatización de la aerolínea de bandera, el correo oficial y los medios públicos, objetivos que están en la mira del presidente Javier Milei desde que asumió el poder en la Casa Rosada y que fue transmitido en los últimos días por parte del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Así las cosas, la decisión final estará en manos de Unión por la Patria, que no quiere saber nada con ningún tipo de privatización. 

El bloque que lidera Germán Martínez se encuentra en una disyuntiva moral, en un callejón sin salida, dado que para evitar la entrega de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos deberá, paradójicamente, apoyar las privatizaciones de otras empresas como Aysa, Nucleoléctrica, Corredores Viales, Belgrano Cargas, SOFSE, YCRT, Energía Argentina, Intercargo.

Esto se debe a que si Unión por la Patria, teniendo que optar entre la versión reducida de privatizaciones del Senado y la ampliada de Diputados decidiera abstenerse, muy probablemente ganaría la votación la postura de insistir en la que salió de la Cámara baja.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el compromiso de Hacemos Coalición Federal con el Gobierno llega hasta acompañar el rescate de la vuelta de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales, dos iniciativas que se encuentran en la Ley de Medidas Fiscales.

Pero en lo que refiere a la Ley Bases respetarán los términos de la sanción del Senado y no insistirán con aspectos de la media sanción de Diputados como sí harán la UCR y el PRO.

En este sentido, tampoco van a apoyar la eliminación de la moratoria previsional, un artículo que se retiró del dictamen antes de que se votase en general en el Senado.

Hacemos justifica su apoyo a insistir en Diputados con la restitución de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales en el hecho de que estaban en el dictamen que se aprobó en general en el Senado, antes de que esos artículos específicos cayeran en el tratamiento en particular.

Según quedó establecido por convocatoria oficial, este miércoles a las 15 se realizará un plenario de las tres comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, para dictaminar Bases y paquete fiscal.

El jueves, en tanto, está previsto que se realice la sesión especial para votar ambas iniciativas, aunque resta esperar la citación oficial de Presidencia de la Cámara baja para confirmar la convocatoria al recinto.

La Policía de Miami Beach implementará una nueva medida que ha generado gran controversia en la región de Florida. A partir de ahora, las autoridades podrán arrestar a las personas sin hogar que se rehúsen a trasladarse a un refugio.

Esta legislación, aprobada en octubre pasado, ha provocado enfrentamientos entre la Alcaldía de la ciudad y diversas organizaciones de derechos humanos. La norma permite a los oficiales detener a los individuos que viven en la calle si se niegan a ser llevados a un refugio.

Alex Fernández, comisionado que impulsó la ordenanza, defiende la medida como necesaria para proteger tanto a las personas sin hogar como a la comunidad. "Invertimos más de 7 millones de dólares de nuestro fondo general para que los desamparados no estén expuestos a la intemperie", explicó Fernández al canal Telemundo 51.

La recepción de esta nueva norma ha sido mixta entre los residentes de Miami Beach. Ron Book, presidente del Homeless Trust de Miami-Dade, criticó la medida afirmando que "el arresto no resuelve la problemática de fondo". Añadió que "no creo que tenga nada que ver con arrestar a personas porque los liberan inmediatamente".

El último censo en Miami Beach muestra que hay unas 154 personas en situación de calle, tanto en refugios como fuera de ellos.

En enero de 2023, alrededor de 653,104 estadounidenses se encontraban sin hogar, según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). HUD divide Estados Unidos en 381 Continuums of Care (CoC), responsables de coordinar los servicios para personas sin hogar en sus áreas, que pueden abarcar ciudades, condados o grupos de áreas rurales.

En 2023, 49 CoC incluían ciudades importantes, 58 eran mayoritariamente urbanas sin una ciudad principal, 165 eran mayoritariamente suburbanas y 109 eran mayoritariamente rurales. Aproximadamente el 53% de las personas sin hogar vivían en los CoC que contienen las 50 ciudades más grandes del país.

De los CoC de las 50 ciudades más grandes, las mayores poblaciones de personas sin hogar se encontraban en Nueva York (88,025) y Los Ángeles (71,320). El CoC de Nueva York abarca los cinco distritos de la ciudad, que en 2022 tenía una población de 8,3 millones. El CoC de Los Ángeles incluye 85 de las 88 ciudades del condado, con una población de 8,9 millones.

En 2023, 46 de los 49 CoC de las principales ciudades identificaron al menos 1000 personas sin hogar cada uno. Las estimaciones de HUD sobre personas sin hogar aumentaron un 12.1% de 2022 a 2023, alcanzando 653,104 personas, la cifra más alta desde que comenzaron los recuentos en 2007.

Mientras que el número de personas sin refugio aumentó un 9.7% entre 2022 y 2023, el número de personas en refugios aumentó un 13.7%. En enero de 2023, el 60.7% de los estadounidenses sin hogar vivían en refugios. A pesar de estos cambios, las ciudades con mayor número de personas sin hogar se han mantenido consistentemente en los mismos niveles previos a la pandemia.

Esta semana la Municipalidad de Santa Fe comenzó a implementar operativos en el microcentro de la ciudad para impedir la actividad de los cuida coches y lava autos en la vía pública. Es en el marco de la implementación de una Ordenanza que los estableció como actividad prohibida. El lunes se realizaron distintos controles destinados a informar y disuadir a las personas que se encontraron realizando dichas actividades.

En esta primera etapa las medidas se implementaron en la zona del micro y macro centro e involucraron cuatro camionetas de la GSI con binomios policiales, inspectores de tránsito y agentes de control municipales, según se informó. Los controles se llevaron adelante durante el horario en que se activa el estacionamiento medido y se mantendrán durante la noche, en coordinación con personal de seguridad pública provincial, agregó el Municipio en un comunicado dado a conocer a la prensa.

Hasta las 18.30 hs. del lunes “se habían notificado un total de 36 personas que estaban ejerciendo la actividad de cuida coches quienes, luego de ser entrevistados, depusieron su actitud y se retiraron sin inconvenientes”, detallaron desde el órgano de prensa municipal. “La presencia de los ‘trapitos’ se dio en mayor número en la zona de la Terminal de Ómnibus, en cercanías de la peatonal San Martín y en las Plaza España, Plaza San Martín y Plaza 25 de Mayo”.

De acuerdo a lo relevado por Notife, varios cuida coches regresaron a los lugares a donde van a diario a trabajar luego del paso de los controles de seguridad que pretendieron disuadirlos. Así se contó en una crónica publicada este lunes.

Por otra parte, “se recepcionaron ocho denuncias provenientes del Servicio de Atención Ciudadana y dos denuncias por parte de personal del SEOM por la presencia de individuos cobrando estacionamiento de manera ilegal, las cuales fueron atendidas en forma inmediata, haciendo cumplir efectivamente la ordenanza vigente”, se informó.

Por último, el Municipio recuerda a los vecinos que pueden dar aviso de las actividades de cuida coches las 24 hs., a la línea 0800-777-5000.

Hoy, 3 de abril, se celebra en Argentina el Día de la Empleada Doméstica, conmemorando la promulgación de la ley 26.844 de Trabajo en Casas Particulares. Esta fecha no laborable reconoce derechos fundamentales para las trabajadoras del sector, como la antigüedad, descanso, jornada laboral, vacaciones y salario.

Según la legislación vigente, este día es considerado no laborable a nivel nacional. La AFIP indica que debe tratarse como un domingo o un feriado normal. Los empleadores pueden elegir entre otorgar el día libre a sus trabajadoras o pagarles el doble si deciden que trabajen.

En cuanto a las paritarias, las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 15% en abril, como parte del acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Este incremento se suma al 35% acordado en febrero, elevando el salario máximo a $327,661. La próxima reunión de la CNTCP está programada para el 17 de abril para seguir discutiendo los haberes.

Este aumento salarial se logró gracias a que el sindicato consiguió que fuera acumulativo, sumándose al ajuste anterior en lugar de reemplazarlo. Esto significa que el aumento real alcanza el 38%, brindando un alivio económico importante para las empleadas domésticas en un contexto de inflación y dificultades económicas.

El reconocimiento del Día de la Empleada Doméstica y los avances en las paritarias muestran un paso positivo hacia la equidad y el reconocimiento de los derechos laborales de un sector importante pero históricamente subvalorado en Argentina.

A partir del 1° de enero, los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares han dejado de recibir la asignación mensual de la cual previamente habían renunciado. 

La Conferencia Episcopal Argentina comunicó que, a partir de la mencionada fecha en 2024, estos líderes religiosos ya no recibirán la asignación mensual que anteriormente obtenían del Estado.

A través de un comunicado publicado en la página web de la conferencia, se explicó que la suspensión del apoyo estatal es el resultado de un proceso de renuncias iniciado hace cinco años, en el cual los arzobispos y obispos decidieron prescindir de la asistencia mensual establecida por la ley 21.950 de 1979.

"La Conferencia Episcopal Argentina comunica que, de acuerdo con lo decidido en la Asamblea Plenaria y notificado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual establecida en la ley 21.950 finaliza el último día hábil de diciembre de 2023", señalaron en el comunicado.

En conformidad con el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del Gobierno de sostener al culto católico, la mencionada ley determina que los arzobispos y obispos recibirán el 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia.

"En respuesta a diversas consultas, queremos informar que, mediante una resolución emitida el 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en ejercicio de sus facultades, permitió que los arzobispos y obispos que hayan dejado sus cargos debido a razones de edad o invalidez puedan, bajo ciertos requisitos, solicitar de manera individual el beneficio de la asignación estipulada por ley", señalaron desde la Conferencia Episcopal Argentina.

Esta medida se gestó a finales de 2017 con la intención de implementarse gradualmente en 2018. Se acordó que el monto se mantuviera congelado, por lo que, según fuentes eclesiásticas, las sumas que dejaron de recibir a partir del 31 de diciembre son las mismas que al comienzo de 2018: 56 mil pesos.

A partir de mañana, los fiscales de la provincia de Santa Fe asumirán la responsabilidad en los casos de microtráfico de drogas, que anteriormente eran manejados por la Justicia Federal. Esta transición se lleva a cabo en cumplimiento de la ley provincial 14.239 de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, según anunció el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, ha emitido la Resolución Número 467, delineando los lineamientos institucionales para la implementación de esta nueva competencia legal. Se destaca que la transición será gradual y progresiva hasta que se cumplan todas las condiciones necesarias para la plena vigencia de la normativa.

En su resolución, Vranicich menciona las reformas pendientes a la Ley provincial 13.013, al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, y la creación de la Agencia Especial de Inteligencia, así como la necesidad de recursos humanos y equipamiento. En este contexto, se establece la formación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico que centralizará las gestiones relacionadas con este tema en la Fiscalía General.

Este equipo estará conformado por fiscales, personal policial y la Secretaría de Gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General. La fiscal general señala que a partir del 29 de diciembre, todos los órganos fiscales de la provincia podrán intervenir en la investigación de los delitos afectados por la desfederalización, siguiendo las guías de actuación elaboradas por el Equipo de Trabajo.

Dado que no hay un sistema de traspaso establecido para casos actualmente en trámite en el fuero federal, Vranicich propone una instancia interinstitucional para coordinar con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y los jueces federales correspondientes. La resolución enfatiza la importancia de trabajar en conjunto con la Justicia Federal para intercambiar información, delimitar competencias, formar equipos conjuntos de investigación y diseñar estrategias de coordinación que eviten complicaciones en las investigaciones.

Debido a la Ley HB 1467, que exige restringir libros con referencias sexuales o contenido LGBTIQ+ por considerarlo inapropiado para niños, se retiraron 673 obras literarias, incluyendo las de Isabel Allende y Gabriel García Márquez, de las salas de profesores en escuelas del condado de Orange, Florida, EE. UU. 

La normativa, aprobada en marzo de 2022, busca evitar la violación de esta ley.

Entre las obras vetadas de Isabel Allende se encuentran "La casa de los espíritus" (1982) y "Más allá del invierno" (2017), que abordan temas de sexualidad y sexualidad libre respectivamente. 

En el caso de García Márquez, sus novelas "Crónica de una muerte anunciada" (1981) y "El amor en los tiempos del cólera" (1985), que narran una historia de amor, también fueron incluidas en la lista de prohibiciones.

Otros autores contemporáneos como Haruki Murakami con "Kafka en la orilla" y Junot Díaz con "La maravillosa vida breve de Óscar Wao" (2007), galardonada con el Premio Pulitzer en 2008 y el Premio National Book Critics Circle Award ese mismo año, también forman parte de esta controvertida lista.

En un caso sin precedentes en Florida (Estados Unidos), Joseph Andrew Giampa, de 36 años, podría convertirse en el primer individuo en enfrentar la pena de muerte por un delito sexual contra un menor. El caso se enmarca en una nueva ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis que permite que los fiscales soliciten la pena capital en casos de abuso sexual a niños menores de 12 años.

La legislación, firmada en abril, establece que un jurado puede recomendar la pena de muerte para la agresión sexual a un niño menor de 12 años con un voto de al menos 8-4. Cuando en abril DeSantis promulgó la norma, afirmó que su gobierno estaba “autorizando la pena de muerte para violadores de niños. Mi punto de vista es que hay algunas personas que serán violadores seriales de niños de seis, siete años. Creo que la pena de muerte es el único castigo apropiado cuando tienes situaciones así”, dijo el candidato presidencial a una estación de radio en Orlando.

La ley, que entró en vigor el 1 de octubre, fue aprobada con apoyo tanto de republicanos como de demócratas y firmada poco después por DeSantis. Es la primera vez en la historia moderna de Florida que un fiscal busca la pena capital por un cargo distinto al asesinato.

“La decisión de perseguir la máxima pena refleja la gravedad de los cargos y el compromiso de la Oficina del Fiscal del Estado en responsabilizar a los criminales por sus acciones”, se lee en la declaración del fiscal. La oficina de Gladson citó cuatro circunstancias agravantes que, en su opinión, califican la muerte como un castigo apropiado para el presunto crimen de Giampa. Los fiscales argumentaron que el crimen se cometió por ganancia pecuniaria y que fue especialmente atroz y cruel.

Giampa fue arrestado en noviembre en el condado de Lake, Florida. Una declaración jurada del arresto indica que el abusador fue interrogado en su casa el 2 de noviembre por los agentes del Sheriff del condado de Lake. El presunto violador mostró a los agentes su computadora portátil, en la cual tenía un video que, según la declaración jurada, muestra a un hombre abusando sexualmente de un niño mientras grababa el acto. Parte del video mostró al hombre colocando la cámara y moviéndose frente a ella, lo que permitió a la policía identificar al sospechoso como Giampa. Ha estado detenido en la cárcel del condado de Lake desde su arresto el mes pasado.

En 1977, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que castigar la violación con la pena de muerte violaba los derechos de la Octava Enmienda de los criminales, que protege a los ciudadanos contra castigos crueles e inusuales. Nuevamente, en 2008, en un fallo de 5-4, la Corte Suprema estadounidense sostuvo que la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales impedía la pena de muerte para violadores de niños.

Sin embargo, DeSantis promulgó la ley como parte de su agenda de mano dura contra el crimen, que ha impulsado a lo largo de su campaña presidencial, en la que el principal candidato republicano es el ex presidente Donald Trump. El gobernador de Florida ha criticado las políticas de “mano blanda contra el crimen” y la “ideología woke” en otros estados mientras promueve su propia visión para Estados Unidos.

Los usuarios de Spotify de Uruguay recibieron este viernes mensajes de correo electrónico de la plataforma de streaming de audio, confirmando el anuncio de que retirará “gradualmente su servicio” en el país a partir de enero de 2024 y que “cesará completamente el servicio en febrero”.

Spotify había anunciado esta decisión en noviembre, ante las recientes modificaciones sobre derechos de autor en la legislación del país sudamericano. “Recientemente, el gobierno de Uruguay aprobó la ley de Rendición de Cuentas que incluye cambios drásticos en la forma en que funciona la música en el país. Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras, quienes representan y pagan a los artistas y compositores”, argumenta Spotify en su misiva.

“Los cambios con esta nueva ley podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por las mismas canciones y, a menos que el gobierno aclare que las discográficas y editoras —a quienes pagamos ese 70%— deben asumir responsabilidad de estos costos, nuestro negocio de conectar artistas y fans será insostenible”, agrega.

En concreto, la decisión implica que los uruguayos con cuentas “Premium” recibirán su última factura en diciembre y su “último mes completo” de servicio. Después, durante enero, solo habrá cuentas gratuitas en Uruguay, “hasta la suspensión del servicio el 1 de febrero”.

El Congreso uruguayo aprobó en octubre una ley que habilita a los artistas a reclamar directamente a las plataformas digitales una retribución por la reproducción de sus obras.

Los artículos 329 y 330 aprobados en la Rendición de Cuentas 2023 en Uruguay establecen que "internet o redes digitales de cualquier tipo" son algunas de las vías por las que los artistas e intérpretes pueden "exigir retribución" por la difusión y reproducción de su trabajo.

Durante el debate de la ley en cuestión, Spotify había adelantado que la aprobación los obligaría a dejar de operar en Uruguay.

De esta manera, la plataforma dejaría de funcionar y los usuarios no lograrían acceso al detectarse la zona geográfica en la que están. Según Spotify, el país o región de la cuenta se basa dónde se encontraba el usuario cuando se registró.

Cuando se discutía esa ley en el Parlamento, la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei) argumentó que los cambios buscaban actualizar "las normas existentes para que los derechos conexos de intérpretes generados en las plataformas digitales sean consagrados en nuestra legislación, mediante mecanismos que permitan su aplicación".

Para Sudei, la música digital dejó a "artistas, intérpretes y ejecutantes en una situación de gran perjuicio y por tanto de vulnerabilidad en cuanto al pago de sus regalías. Actualmente, en nuestro país, los usos de la música en plataformas digitales, correspondientes a intérpretes y productores musicales, son cobrados exclusivamente por los productores musicales, no así por los intérpretes, generándose una situación de inequidad y falta de justicia".

Spotify es una empresa de servicios multimedia sueca fundada en 2006, cuyo producto es la aplicación homónima empleada para la reproducción de música vía streaming. Su modelo de negocio es el denominado freemium.

La efeméride responde a que un 24 de noviembre de 2010 se firmó el decreto presidencial que declaró al vino como la bebida nacional argentina. Tres años después, en el año 2013, el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad la Ley N° 26.870 dando marco legal a la conmemoración.

La ley estableció, entre sus objetivos más importantes, “difundir las características culturales que implica la producción, elaboración y consumo del vino argentino" al que destacó como parte de la cultura y las tradiciones”.

Argentina se convirtió así en el primer país del mundo en declarar al vino como bebida nacional. Además, es el único que lo incluyó en su Código Alimentario, ya que lo considera un alimento.

Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Argentina es el sexto productor y el noveno exportador de vino del mundo.

Las últimas cifras disponibles posicionan a Mendoza como la principal provincia productora del país con el 75,31%. La secunda San Juan con el 18,45% y La Rioja con el 3,06%.

También aparecen en el ranking Salta (1,76%), Córdoba (0,55%), Catamarca (0,53%), Neuquén (0,49%), Río Negro (0,24%), Entre Ríos (0,001%), Chubut (0,003%), Buenos Aires (0,005%), Jujuy (0,003%) y San Luis (0,15%).

El Malbec sigue siendo la cepa insignia, por ser la más exportada y consumida en el exterior. A pesar de su origen francés, esta cepa tuvo un "amor a primera vista" con el terroir argentino, al que se adaptó maravillosamente.

No obstante, la única cepa 100% argentina es el Torrontés, cuya principal producción se da en el Noroeste Argentino (NOA). 

Se calcula que anualmente se producen cerca de 12 millones de litros de vino en el país, estimando un consumo interno per cápita de 22 litros.

Tinto, blanco o rosado. Dulce o más bien seco. Sea cual sea el gusto, hoy el mundo levanta sus copas y dice: "Al gran vino argentino, salud".

El Parlamento iraní aprobó hoy una ley que endurece las sanciones contra las mujeres que se nieguen a usar el velo islámico en público, incluyendo hasta 10 años de prisión, tras la represión de protestas por la muerte de una joven detenida por llevarlo mal puesto.La sanción llegó cuatro días después del primer aniversario de la muerte de Masha Amini, una joven de etnia kurda de 22 años que falleció mientras estaba en un hospital al que había sido llevada por la Policía tras descompensarse en una comisaría de Teherán.Las sospechas de que murió golpeada por la Policía desataron una gran ola de protestas en el país fuertemente conservador, que es gobernado por clérigos islámicos no electos y tiene un estricto código de vestimenta para que las mujeres se cubran el cuerpo.Las protestas fueron aplastadas tras varios meses.

Con 152 votos a favor, 34 en contra y siete abstenciones, los diputados iraníes aprobaron hoy la ley "Apoyo a la cultura de la castidad y el velo", que era discutida desde hace varios meses y había sido cuestionada por la ONU, informó la agencia de noticias AFP.La legislación prevé sanciones financieras por "la promoción del desnudo" o la "burla del velo" en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones de salir del país para los propietarios de empresas cuya empleadas no utilicen velo.Asimismo, contempla multas de 5 millones de rials (unos 12 dólares) a los vehículos en los que las conductoras o acompañantes lleven la cabeza descubierta o "vestimentas inapropiadas", según el texto.

Se considera "inapropiado" utilizar una vestimenta "ajustada" o que "exhiba una parte del cuerpo", agrega la ley.Asimismo, se endurecieron las penas de prisión, que actualmente van desde los 10 días a los dos meses, extendiéndose a entre cinco y 10 años.Estas penas de cárcel serán para "toda persona que" cometa el delito "de no llevar velo o usar vestimentas inapropiadas en cooperación con los gobiernos, medios, grupos u organización extranjeras u hostiles o de manera organizada", según el texto.

Los diputados aprobaron el proyecto "por un periodo de prueba de tres años", pero para convertirse en ley en toda regla, el texto debe recibir la luz verde del Consejo de los Guardianes de la Constitución.Desde la muerte de Amini, cada vez más mujeres salen a la calle con la cabeza descubierta en Irán, sobre todo en las grandes ciudades.En reacción a esto, las autoridades han tomado una serie de medidas que van desde el cierre de comercios, especialmente restaurantes, hasta la instalación de cámaras en las calles para perseguir a aquellas que desafían la prohibición.

Mayoría en el Gobierno y el Parlamento por sobre los reformistas, los conservadores defienden con firmeza la obligación del velo y estiman que su desaparición lanzaría un proceso que modificaría de manera profunda las "normas sociales".El 14 de septiembre, la misión internacional independiente creada por la ONU tras las protestas de 2022 indicó que si la nueva ley era adoptada "expondría a las mujeres y jóvenes a crecientes riesgos de violencia, acoso y detención arbitraria".

Una joven de Pamplona, de 23 años, ha sido condenada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra a seis meses de prisión. Ha sido declarada culpable de un delito de agresión sexual tras tocarle la cola a un joven en una discoteca.

A pesar de que la sentencia no haya salido hasta ahora, la agresión tuvo lugar en febrero de este año.

Los hechos

En la sentencia se recogen los hechos probados que incriminan a la acusada. El 10 de febrero de 2023, alrededor de las 3:30 horas, la mujer entró a la discoteca que se encuentra ubicada en la cuesta de Labrit. Segundos más tarde, se abalanzó contra un joven que se encontraba dentro del establecimiento y, "con ánimo libidinoso" le agarró la cola, "bajando la mano por la pierna de forma lasciva".

El joven, tras el rechazo que le generó la situación, decidió encarar a la ya declarada culpable: “Oye, ¿Qué pasa?”.

Sin embargo, esto no frenó a la agresora que se colocó nuevamente cerca de él y le volvió a tocar la cola. La víctima, ante la incomodidad que sintió, decidió abandonar el local. A los pocos minutos de salir se encontró con una patrulla de la Policía Municipal de Pamplona y decidió dar parte de lo sucedido.

Resolución del juicio

Al finalizar el juicio se dictó la sentencia: 6 meses de cárcel con dos años de libertad vigilada y una compensación económica de 300 euros a la víctima para indemnizar el daño moral causado.

A su vez, la condenada queda inhabilitada para cualquier profesión, oficio o actividades en las que el contacto con menores de edad sea regular o directo.

La resolución fue pactada entre ambas partes y se ha fundamentado, jurídicamente hablando, en la última reforma de la ley del solo sí es sí.

En búsqueda de alcanzar un acuerdo, se le aplicó a la acusada el atenuante de toxicomanía, alegando que había actuado bajo los efectos de sustancias tóxicas.

¿En qué consiste la ley del solo sí es sí?

La ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la ley de sólo el sí es sí, se fundamenta en la pesquisa de que todas las conductas sexuales que carecen de consentimiento son consideradas agresiones sexuales y serán castigadas con diferentes penas.

"Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", dictamina la ley.

Esta ley, que busca combatir las violencias sexuales, se centra en la existencia de un consentimiento previo como pieza clave para juzgar los delitos sexuales. Para ello, unifica los delitos de abuso y de agresión en uno nuevo de tipo básico delictivo: la agresión sexual.

Críticas a la ley

Esta ley ha generado un gran revuelo e indignación, despertando muchas polémicas. Los detractores de la nueva enmienda apuntan a que un gran número de agresores sexuales del país están siendo liberados o viendo sus penas rebajadas.

Este "vacío legal" ha sido utilizado por los abogados de algunos de los condenados, ya que tienen el derecho de adaptar su pena a la nueva ley en el caso de que les resulte más favorable.

La unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo en la ley de 'solo sí es sí' es el principal motivo por el que se han rebajado las penas a delincuentes sexuales.

Tras años de lucha en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto en todo el país, lo que invalida los artículos del Código Penal Federal que castigan que mujeres y personas gestantes lleven a cabo la interrupción del embarazo.

“La Primera Sala de #LaCorte resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, publicó la Corte.

El fallo resultó positivo para la lucha de miles de mujeres mexicanas. Foto: TW SCJN

La senadora Olga Sánchez Cordero explicó que la resolución de la Corte significa que ninguna autoridad tiene la facultad de sancionar a quien acuda a realizarse un aborto o a quien lo realice en alguna institución de salud. Sin embargo, aclaró que todavía se debe interponer un amparo para llevar a cabo el procedimiento.

Indicó que falta que el Congreso legisle sobre el tema y además las clínicas y hospitales públicos del país deberán dar el servicio de manera gratuita.

“Las mujeres o personas gestantes procesadas o sentenciadas por abortar deberán ser absueltas”, informó Sánchez Cordero.

El ministro Arturo Zaldívar fue uno de los principales actores políticos en celebrar la resolución de la Corte: “¡Hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre!”.

Las personas son conscientes de que aún hay mucho trabajo por hacer en esta área. Foto: RRSS