Emilio Parodi, de 82 años, es señalado por estar involucrado en el “armado de listas”, con los nombres de trabajadores para su secuestro.

Parodi fue detenido en Olivos e indagado por el juez Ernesto Kreplak. Está imputado por “favorecer y facilitar” la privación ilegal de la libertad agravada de 23 trabajadores de la planta.

Emilio Parodi, exgerente de recursos humanos de la empresa Molinos Río de La Plata durante la época de la dictadura militar, fue detenido por orden del titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad agravada de un grupo de 23 trabajadores de la planta, ubicada en Avellaneda.

El hermano de Miguel Cherutti bajo búsqueda internacional por crímenes de lesa humanidad

En 2021, ya la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción había imputado al empresario por haber favorecido y facilitado los secuestros del personal, mediante el manejo de agentes de vigilancia internos y la confección de listas que eran entregadas a las fuerzas armadas.

El juez Kreplak le tomó declaración indagatoria al imputado, de 82 años de edad, este martes 4 de julio, luego de su detención en un domicilio de la ciudad de Olivos, en el partido de Vicente López, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La orden incluyó una comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la prohibición de salida del país del Parodi.

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El proceso judicial que derivó en la detención del exgerente de Molinos Río de La Plata. La causa tuvo su origen en una denuncia formulada en junio de 2013 por los hijos e hijas de tres trabajadores desaparecidos.

En 2015, la Unidad Fiscal impulsó formalmente la acción penal, tras analizar en conjunto con la entonces Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (hoy Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones) de la Procuración General la documentación secuestrada en 2014 en dos sedes de Molinos ubicadas en Victoria y Avellaneda, consignó el sitio Fiscales.gob.ar.

Al instar la investigación penal, la fiscalía consideró probado que Molinos Río de La Plata Sociedad Anónima “pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio previo a la dictadura, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes”.

Al respecto, agregó: “Se puede decir que con el golpe de Estado, los reclamos gremiales que se venían sucediendo en Molinos Río de la Plata S.A. finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que, las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa, especialmente durante los primeros años desde que se implantara el régimen militar”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal concluyeron en esa oportunidad: “No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo costo laboral y que disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores -activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente”.

En octubre de 2019, el juez, la fiscalía, las querellas testigos y víctimas realizaron una inspección judicial en el predio fabril de Avellaneda y en marzo de 2021 la Unidad Fiscal requirió el llamado a declaración indagatoria del exgerente hoy detenido, al señalar que el imputado “favoreció y facilitó las privaciones ilegales de la libertad de las víctimas y la consolidación de esta situación mediante el impedimento al acceso a la información de los familiares”.

Parodi, argumentó la fiscalía, “fue mencionado en diversos testimonios por un lado como eslabón central dentro del sistema de circulación de información que se iniciaba con los agentes de vigilancia (‘bomberos’) y finalizaba con la entrega de listas a las fuerzas armadas de la represión. Por el otro, como aquel representante de la empresa encargado de negociar indemnizaciones para obtener la renuncia de determinados trabajadores”.

La interpol busca a el “Loco” Cherutti, quien  habría actuado en los centros clandestinos de detención Bacacay y Automotores Orletti. Ya tendrían localizada su ubicación.

Interpol emitió un alerta roja contra Daniel Oscar Cherutti, hermano del comediante Miguel Ángel Cherutti y exintegrante de la banda de Aníbal Gordon que actuó en los centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Estaría viviendo en Italia según la información con la que cuenta el juzgado federal Daniel Rafecas, que el mes pasado había ordenado su captura internacional.

Daniel Cherutti fue agente de la SIDE. En 1976, habría actuado en dos centros clandestinos de detención: la base de la calle Bacacay al 3570 y el taller conocido como Automotores Orletti. En los dos lugares pisaba fuerte el ya fallecido Gordon, un hampón y matón de la Triple A devenido en un peso pesado de los servicios de inteligencia.

El pedido de detención de Cherutti fue cursado el mes pasado por Rafecas junto con otros cinco represores: Patricio Finnen, Luis Nelson “Pinocho” González, Rubén Escobar, César Estanislao Albarracín y Hugo Carlet. Con la excepción de Cherutti, el resto ya está detenido.Todos están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, menos Albarracín que se encuentra en domiciliaria.

El nombre de Cherutti figura hace muchos años en la causa. Tiempo atrás, el periodista Fabián Kovacic intercambió correos con un represor que actuó en Orletti –identificado como Miguel Furci–. Esta persona mencionó en varias oportunidades a Cherutti, a quien lo conocían como “el Loco” y aparentemente estaba agobiado por sus asesinatos.

afecas le imputó haber participado en 108 secuestros, 19 homicidios y dos sustracciones de menores, según puede leerse en la página de Interpol. Una simple búsqueda en internet arroja que Cherutti es director de un restorán llamado Solo Tango en Pettenasco, en la región del Piamonte. No debería ser difícil para Interpol hallarlo. Después de eso, deberán detenerlo y se tendría que iniciar un proceso de extradición para que se lo envíe al país: en tal caso, es probable que el represor invoque su doble nacionalidad para resistir el traslado para rendir cuentas por su actividad en los centros clandestinos de la SIDE.

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Oriundo de Cañuelas, Daniel Cherutti también habría tenido inclinaciones artísticas. Según publicó el portal Infocañuelas, el represor –que hoy cumple 76 años– es recordado por sus imitaciones de Johny Tedesco, el rey del pulóver del Club del Clan.

La SIDE manejó tres centros clandestinos durante los primeros meses de la dictadura, según reconstruyeron los investigadores del juzgado encabezados por la secretaria Albertina Caron. Entre marzo y mayo de 1976, la banda de Gordon operó en una casona antigua de la calle Bacacay. Para fines de ese mes, alquilaron un taller que estaba ubicado en esa misma manzana, sobre la calle Venancio Flores. Ese centro clandestino se conoce como Automotores Orletti y debió desactivarse en noviembre de 1976, cuando una pareja de militantes protagonizó una fuga que obligó a los represores a levantar el campo de concentración.

Se estima que, para febrero de 1977, Gordon ya había conseguido un nuevo lugar: un galpón ubicado en la intersección de las calles Pomar y Chiclana, en el barrio de Pompeya. La base de Pomar 4171/73 fue identificada recientemente por Rafecas. La de Bacacay se localizó en 2020 gracias a un archivo desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que encontró el Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos.

Durante los años ’70, la SIDE ejerció la coordinación del Plan Cóndor, la articulación represiva con otras dictaduras del Cono Sur. Tuvo, además, a su cargo uno de los grupos de tareas del Batallón de Inteligencia 601 que se dedicaba a la persecución de los militantes de los países vecinos.

En cinco juicios, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires dio por acreditado el rol de la SIDE en el funcionamiento de Orletti. Hasta ahora se pensaba que Operaciones Tácticas (OT) 18, la estructura dentro de la que funcionó Orletti, había estado operativa desde mayo de 1976. Sin embargo, un sumario hallado por la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) permitió entender que su actividad ya había arrancado para marzo de ese año –cuando estaba en marcha la base de la calle Bacacay–.

El Tribunal Oral Federal 2 de CABA condenó a prisión perpetua a tres ex militares del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra cinco personas durante la última dictadura cívico-militar.

Resultaron condenados los ex oficiales del Ejército Horacio Linari, Emilio Pedro Morello y Martín Eduardo Sánchez Zinny, quienes fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. El tribunal decidió absolver a los otros dos imputados, Rubén Andrade y Luis Alberto Brun.

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La querella de la Secretaría de Derechos Humanos había solicitado prisión perpetua para los cinco acusados, por lo que una vez publicados los fundamentos de la sentencia, previstos para el 6 de octubre, analizará si recurre las dos absoluciones. También había solicitado que el cumplimiento de la pena fuera en una cárcel común, sin embargo, el Tribunal decidió que los tres condenados continúen con el beneficio de la prisión domiciliaria.

Este es el primer juicio oral que abarca los delitos cometidos por la patota del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes. A partir de testimonios de sobrevivientes, conscriptos e incluso de personal militar subalterno, se reconstruyó el rol activo que tuvo este destacamento militar en el plan sistemático de detención, tortura y exterminio.

Como subtenientes, Brun, Linari, Morello y Sánchez Zinny fueron jefes de sección dentro de las Compañías de Infantería A, B y C del Regimiento, mientras que Andrade era cabo primero y jefe del grupo de Tiro de la Compañía A.

El debate abordó los crímenes cometidos contra cinco personas que militaban en el PRT-ERP y estaban vinculadas a la edición, impresión y distribución de las revistas El Combatiente y Estrella Roja.

Los hechos ocurrieron durante dos operativos represivos realizados el 14 de junio de 1976 en una casa en Haedo, en el que fueron secuestrados Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla, ambos continúan desaparecidos; y el 10 de julio siguiente en una casa de la localidad de San Andrés (partido de San Martín), en la que fueron secuestrados y torturados Pablo Pavich y una persona sin identificar y fue asesinado Jorge Emilio Arancibia.

Se inició el juicio por delitos de lesa humanidad en Laguna Paiva

La causa llegó a juicio por 32 víctimas más, pero con el apartamiento por incapacidad de Alberto Schollaert, quien fue jefe del Regimiento, esos hechos quedaron fuera del debate y el Tribunal rechazó los pedidos de querellas y fiscalía para incluirlos en base al derecho a la verdad.

Tampoco pudieron ser juzgados por fallecimiento o por incapacidad los ex oficiales del Ejército Serapio Eduardo Del Río, Luis Felipe Fernández Bustos y Gustavo Delfor González Sass.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante y también participó a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas, que acompañó a familiares y sobrevivientes durante el debate, y del ex Programa Verdad y Justicia, hoy parte de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, en la elaboración de informes sobre el funcionamiento del Regimiento y su rol durante el terrorismo de Estado.

El exjuez federal santafesino Víctor Hermes Brusa, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, regresará a una cárcel común.

Condenas por los delitos de Lesa Humanidad en Laguna Paiva

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en un fallo unipersonal firmado por la jueza de Ejecución Penal Lilia Canero, tras sendas decisiones que anularon la concesión de la prisión domiciliaria de la que gozaba desde hacía tres años.

Conceden la prisión domiciliaria al exjuez Víctor Hermes Brusa

La jueza ordenó su “traslado y alojamiento definitivo” a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, después de que recayera sobre Brusa la cuarta condena, en esta oportunidad a ocho años de prisión en un caso por torturas contra tres detenidos ilegalmente.

El exmagistrado había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por un fallo dividido de la Cámara de Casación cuando cumplió 70 años.

En aquella ocasión, el hoy presidente de la Cámara, Alejandro Slokar, había advertido que el límite etario no significaba la concesión automática del arresto domiciliario. Brusa gozaba de ese beneficio en razón de supuestas afecciones de salud que, según el nuevo fallo, “pueden ser adecuadamente tratadas” en la cárcel.

A fines del año pasado, la Corte Suprema anuló la concesión de la domiciliaria y ordenó que se dictara un nuevo fallo, que finalmente terminó ordenando el alojamiento de Brusa en una cárcel común.

La decisión se basó en el informe médico que sostiene que el exjuez padece “afecciones que podrían ser tratadas adecuadamente en un establecimiento penitenciario que cuente con equipo de salud mental o extramuros, si su situación procesal lo permite”.

La medida fue ordenada por el juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró, y el objetivo del procedimiento es identificar nueve cuerpos que se encuentran enterrados como NN en el cementerio de Villa Paranacito.

La Justicia Federal de Entre Ríos dispuso que entre este lunes y el martes se realice un operativo para llevar a cabo exhumaciones en el cementerio de la localidad de Villa Paranacito, en el marco de la causa que se instruye por “los vuelos de muerte” que se realizaron en esa provincia durante la última dictadura cívico militar.

https://notife.com/805515-condenas-por-los-delitos-de-lesa-humanidad-en-laguna-paiva/

La medida fue ordenada por el juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró, y el objetivo del procedimiento es identificar nueve cuerpos que se encuentran enterrados como NN en esa necrópolis en tiempos de la represión ilegal.

https://notife.com/760992-neuquen-comienza-el-septimo-juicio-por-delitos-de-lesa-humanidad/

En ese procedimiento intervendrán integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, que llevará a cabo la exhumaciones y extraerá muestras de esos cuerpos para cotejarlas con su banco de datos genéticos, y establecer si se trata de víctimas que pudieron ser arrojadas desde aviones o helicópteros a las aguas del Paraná, como parte de los denominados “vuelos de la muerte” que se llevaron a cabo en esa zona.

La decisión de llevar a cabo estas tareas de remoción en el cementerio surge tras la declaración que el pasado 2 de marzo de este año brindó ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Román Venancio, un trabajador que durante la última dictadura se desempeñó como sepulturero.

Venancio contó que en distintos intervalos, efectivos de la Prefectura que se desplazaban en lanchas por esa zona del delta del Paraná, en el sur de Entre Ríos, trasladaron al campo santo en bolsas de nylon y que los enterraron en distintos sectores como NN.

Los cuerpos habrían sido encontrados flotando en el río, y en un caso recordó que los prefectos le contaron que uno de ellos había estado colgado de un árbol.

El testigo asegura haber visto una mujer entre las víctimas, otra que tenía un disparo en la cabeza y un cuerpo que según le contaron “se había ahogado” en las aguas del río Paraná.

“Estas exhumaciones pueden ser un punto central para avanzar con esta causa. Creemos que si logramos identificar a esos cuerpos como el de alguna persona que está desaparecida y pasó por algún centro de detención ilegal podemos avanzar con imputaciones”, señaló en diálogo con Telám la fiscal federal de Concepción del Uruguay Josefina Minatta, que instruye en esta causa.

Además de estas exhumaciones que comienzan este lunes, la Justicia federal ordenó señalizar tumbas en el cementerio de Ibicuy, donde podría haber más víctimas de los vuelos de la muerte enterrados como NN.

Los testimonios de los pobladores de Villa Paranacito, en Entre Ríos, que fueron relevados por un trabajo periodístico tras años de silencio, resultaron determinantes para impulsar el avance de la investigación judicial sobre “los vuelos de la muerte” en esa zona del sur de Entre Ríos.

Con la derogación de las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos, un testigo de identidad reservada se presentó en 2003 ante un juzgado de instrucción de Gualeguaychú y contó un hecho relacionado con lo que sucedía en esa zona, ubicada en las islas del Ibicuy.

Fuentes allegadas a la causa contaron que se trataba de un policía (hoy retirado) que por esos días estaba de novio con una chica, cuyos padres le contaron que habían enterrado un cuerpo que había aparecido dentro de un barril metálico de 200 litros, relleno de cemento, y que presumiblemente había sido arrojado desde un avión.

La justicia no pudo avanzar con el testimonio de este efectivo -y prefiere no dar a conocer su identidad- porque su novia de entonces negó los hechos cuando se la convocó a declarar, y se supo que la mujer está casada con un integrante de la Prefectura Naval que revista en la localidad de bonaerense de Zárate.

El declarante decidió contar su historia y le reveló los hechos al periodista Fabián Magnotta, quien en base a ese relato comenzó una investigación sobre casos similares que durante décadas habían sido silenciados en esa parte del Delta del Paraná.

“Nos encontramos un día en una plaza de Gualeguaychú. Me contó lo que sabía y en base a esa historia empecé a recolectar otras historias similares. Era gente que había visto cuerpos flotando y vio bultos que caían desde aviones. Es un lugar donde los vuelos de la muerte tuvieron testigos”, señaló Magnotta en diálogo con Télam.

Con los testimonios de lancheros, hacheros, obreros rurales y docentes, Magnotta compuso el libro “Un lugar perfecto”, que se publicó en 2012 y que devela historias que durante años estuvieron “silenciadas por el miedo de los pobladores”.

“Estamos hablando de un lugar en el cual la presencia de la Prefectura –entonces una fuerza que dependía de la Marina- era muy fuerte en la zona, al igual que la policía. Los vecinos tenían miedo de hablar, de contar lo que habían visto”, afirmó Magnotta.

En esa zona se dan una serie de características geográficas que propician que ese lugar fuese “perfecto” para desaparecer a las víctimas del terrorismo de Estado.

“Hay mucha vegetación, inundaciones, movimientos de tierra y está cerca de la conjunción del Paraná con el Uruguay, donde hay una profundidad muy grande. Era como un patio trasero para la represión ilegal”, explicó Magnotta.

El periodista aseguró que hay testimonios que van desde 1976 hasta 1980, y que durante el Mundial de Fútbol se registró una gran actividad de vuelos en esa zona de Ibicuy.

“Está totalmente probado que existieron los vuelos de la muerte en la zona por testimonios de gente que vio cómo se tiraban cuerpos al agua. Ahora debemos establecer de dónde venían las víctimas, en qué centros clandestinos de detención habían estado”, explicó Minatta a Télam.

La fiscal consignó que en la causa se verifican dos tipos de hallazgos de cuerpos en base a las declaraciones de los isleños:”Uno son los barriles rellenos de cemento con los cuerpos adentro y el otro son cadáveres envueltos en frazadas con las manos atadas con alambres que aparecían flotando en el agua”.

El Tribunal Oral Federal 1 juzgará a 15 imputados pertenecientes a Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales y provinciales, que actuaron en la región durante la última dictadura cívico militar.

El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén se iniciará este miércoles, cuando el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) comience a juzgar a 15 imputados pertenecientes a Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales y provinciales, que actuaron en la región durante la última dictadura cívico militar.

En el marco del juicio que comenzará tras la postergación que sufrió el inicio del debate el 2 de diciembre pasado, se sentará a los acusados en el banquillo por hechos que involucran a 20 víctimas, de las cuales 9 permanecen hasta hoy desaparecidas.

El TOF 1 es presidido por el juez Alejandro Cabral y lo integran Alejandro Silva y Simón Bracco, en tanto que por la Unidad de Fiscales de Lesa Humanidad actuarán Miguel Ángel Palazzani y José Alberto Nebbia.

En tanto, las querellas estarán representadas por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y una tercera que será particular de una de las víctimas, mientras que la defensora oficial Gabriela Labat representará a la mayoría de los imputados.

Los hechos que se investigarán ocurrieron en junio de 1976 en las ciudades de Cutral Có, en la capital neuquina y en Cinco Saltos; y en Cipolletti (Río Negro).

Particularmente serán investigados los vuelos clandestinos realizados desde el aeropuerto de Neuquén a la ciudad de Bahía Blanca para trasladar a los detenidos al Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” que funcionó en un predio del V Cuerpo de Ejército de la ciudad bonaerense.

En su requerimiento, el fiscal Palazzani señala al piloto Juan José Capella como responsable de los traslados de detenidos en un avión del Ejército los días 10, 15 y 16 de junio de 1976, entre ellos de las nueve personas que permanecen desaparecidas.

Los imputados, además de Capella, son Miguel Ángel Cancrini, Norberto Condal, Jorge Di Pasquale, Jorge Granada, Raúl Guglielminetti, Gerónimo Huircain, Jorge Molina Ezcurra, Desiderio Penchulef, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Soza, Carlos Taffarel, Walter Tejada y Osvaldo Páez.

Los desaparecidos son Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarre, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Miguel Ángel Pincheira.

Otra característica de este juicio es que se investigará como delito autónomo, separado del de tormentos, el abuso sexual sufrido por una de las sobrevivientes.

El Tribunal habilitará la sala de audiencias para un máximo de 35 personas, incluyendo los actores del debate con protocolos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus.

El público podrá seguir las audiencias a través de la página www.cij.gov.ar, mientras que para la prensa se habilitará una plataforma digital.

Se trata de la Megacausa de Campo de Mayo, que se sustanció ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín con la participación de todas las partes a través del Sistema de Videoconferencias del Poder Judicial de la Nación; y del juicio a la CNU que se llevó a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, en la que el único testigo de la jornada habló desde Suecia, donde está radicado.

En San Martín declararon de manera remota Flavia y Lorena Batisttiol, por el secuestro de sus padres Juana Colayago, que se encontraba embarazada, y Egidio Batisttiol, secuestrados el 31 de agosto de 1977 en Boulogne. También testimoniaron María Esther y Roberto Landaburu, por el secuestro de su hermana Leonor Landaburu, también embarazada, y su marido Juan Carlos Catnich.

Precisaron que en el debate de Mar del Plata se escuchó el testimonio de Ricardo Leventi, que declaró por videoconferencia desde Suecia donde está radicado hace más de 30 años, y que entre los años 1975 y 1976 fue un militante de la izquierda peronista que fue perseguido y víctima del accionar violento de la CNU.

En la sede del Tribunal lo escucharon las querellas y la defensa del imputado Ullúa, mientras que los jueces y la fiscalía lo hicieron en la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py.

Las audiencias fueron las primeras testimoniales que se realizan luego de que la Cámara Federal de Casación Penal recomendara a los tribunales orales que “procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”.

Verónica Bogliano, directora de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad, señaló que la continuidad de los juicios es de suma importancia y señaló que “desde la Subsecretaría pedimos que se reanuden las causas en esta cuarentena”.

“Es importante porque son debates en los que se juzgan delitos de lesa humanidad, que son crímenes que no pueden esperar más tiempo porque llevan una demora de muchos años por los años de impunidad que vivimos en el pasado. Los imputados son grandes, las víctimas son grandes, y si no se juzgan estos delitos va a terminar ganado la impunidad biológica”, señaló.

En línea con la recomendación y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría recordó que se solicitó se realice de manera virtual el juicio por la causa “Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes” en La Plata, cuyo inicio estaba pautado para el 5 de mayo y fue pospuesto por la cuarentena.

Los fallos benefician al enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV, Adalberto Osvaldo Bonini, que actuó en el centro de detención “La Escuelita”, y a quienes fueron jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, Ricardo Claudio Gandolfo y José Antonio Maidana.

Los fallos fueron alcanzados con los votos de una mayoría integrada por los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques, mientras que en las tres resoluciones el juez Alejandro Slokar votó en disidencia.

Si bien Bonini y Gandolfo ya se encontraban en prisión domiciliaria, el voto mayoritario ordenó disponer “una medida restrictiva morigerada de control cautelar respecto del encausado, a efectos de asegurar la futura audiencia de juicio”, lo que se traduciría en la libertad de los imputados, según indicaron a Télam fuentes judiciales.

Respecto de Maidana, que se encuentra alojado en la Unidad 1 de Córdoba, el voto mayoritario reenvió la causa al tribunal y se dispondría su arresto domiciliario, explicaron las mismas fuentes.

En ninguno de los tres fallos se invocaron cuestiones de riesgos de salud en el marco de la pandemia de coronavirus, sino que fue ponderado el “tiempo de detención” que lleva cada uno de los imputados sin que se hayan concluido los procesos en su contra y las prórrogas anteriormente dispuestas, según pudo constatar Télam.

En los votos en disidencia, el juez Slokar sostuvo que “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación” por lo que entendió que correspondía mantener la prisión preventiva de los acusados

Los fallos fueron dispuestos un el tramo de una investigación judicial que fue reactivada por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla por hechos cometidos bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército.

La Sala II de Casación, con otra integración, ya confirmó otros dos tramos anteriores de esta megacausa conocidos como “Bayón” y “Stricker”.

Gandolfo fue condenado en 2013 por el tribunal oral federal de Bahía Blanca en la causa “Stricker” (el apellido de uno de los imputados) por resultar autor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas y prolongarse por más de un mes, del que resultó víctima Hugo Washington Barzola.