El empresario Lázaro Báez fue trasladado a una cárcel común de Río Gallegos. Báez se encuentra en la unidad 15 desde este miércoles.

El traslado se llevó a cabo con discreción, utilizando un portón de la calle Misiones. Dos camionetas de Gendarmería Nacional acompañaron el traslado, con siete uniformados a bordo.

El juez federal Norberto Guillermo Costabel había ordenado que el empresario Lázaro Báez, de 69 años, vuelva a la cárcel para cumplir la condena de 10 años de prisión dictada por lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K".

La resolución, que acata el pedido del fiscal Abel Córdoba, fue firmada también por los jueces Ricardo Basílico y Fernando Canero, integrantes del Tribunal Oral Federal N°4, encargado de la ejecución de la sentencia.

Báez, oriundo de Santa Cruz, se encontraba bajo arresto domiciliario desde hace casi un año en una lujosa casona de dos plantas en El Calafate, Patagonia.

La propiedad, de diseño moderno, cuenta con rejas negras, caseta de seguridad y una privilegiada vista al Lago Argentino. Sin embargo, su condena quedó firme tras el rechazo de todos sus recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que motivó la intervención del fiscal Córdoba.

El fiscal presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°4 solicitando el cómputo del tiempo que Báez lleva detenido y requiriendo que el resto de la pena se cumpla en una prisión del Servicio Penitenciario Federal.

En respuesta, el juez Costabel resolvió que el empresario debía abandonar el arresto domiciliario y regresar a un establecimiento penitenciario para completar su condena.

El empresario, que posee estancias en la Patagonia, deberá ahora enfrentar el cumplimiento de su pena en el sistema carcelario federal.

El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py ordenó la “inmediata detención” del empresario Lázaro Báez en una cárcel para que termine de cumplir la condena de 10 años de prisión, que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa por lavado de dinero denominada “Ruta del dinero K”.

De esta manera, los magistrados dispusieron que personal de Gendarmería Nacional traslade a Lázaro Báez desde su actual prisión domiciliaria en una casa de El Calafate, en Santa Cruz, hasta la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en Río Gallegos.

“Disponer la inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena, impuesta en la presente causa por sentencia firme, y su posterior alojamiento en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal conforme las consideraciones expuestas“, remarcó el Tribunal mencionado.

De esta manera, se aceptó el pedido del fiscal federal Abel Córdoba para que el empresario quede detenido en una cárcel para terminar de cumplir su condena. La defensa de Báez, por su parte, había planteado que la condena ya estaba casi cumplida y que debía continuar en su actual prisión domiciliaria.

El juez Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta, tras el pedido del fiscal Marijuan y el retiro de AFIP y UIF como querellantes en la causa iniciada en el año 2013.

Finalmente, este lunes, el juez federal Sebastián Casanello decretó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero k” porque ya no quedan acusadores que sostengan que debe ser investigada en este caso, en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos.

“Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta presentado por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron, el viernes pasado, los dos organismos estatales que intervienen como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Casanello explicó que él no podía “ir más allá” de lo pedido por quienes ejercen el rol de acusadores ni “suplir la misión punitiva del Estado” porque, tal como lo advirtió la Corte, hacer lo contrario atentaría contra la garantía constitucional del debido proceso. Con una cita al máximo tribunal, el juez recordó que esa garantía exige que quien acuse sea “un tercero diferente de quien ha de juzgar”.

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POR QUÉ CASANELLO DICTÓ EL SOBRESEIMIENTO DE CRISTINA K

La única opción para no disponer el sobreseimiento hubiera sido que el juez decretara que el dictamen del fiscal no cumplía los requisitos de “razonabilidad y legalidad” y lo anulará -algo muy inusual-, pero Casanello dijo que esos requisitos “se hayan satisfechos toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”.

Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Kirchner en un fallo, de tres páginas, en el que recordó que Marijuan, después de recibir un informe sobre los contactos entre Báez y la vicepresidenta, y “tras considerar agotadas las medidas de prueba”, dio un cierre a la investigación que había sido “abierta hace siete años” y que buscaba “dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.

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El juez relató que “frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP-” y que “ambas agencias compartieron la solución postulada”.

“El juicio previo es una garantía de naturaleza constitucional (art. 18 de la CN). Entre otras cosas, ella supone que a una condena solo puede llegarse a través de un debido proceso que respete sus formas sustanciales, es decir, la existencia de acusación, defensa, prueba y sentencia. Sin acusación no hay proceso penal posible”, dijo Casanello, que destacó: “El juez encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes”.

La investigación contra Cristina Kirchner era un tramo residual de esta causa, que había sido elevada a juicio por Casanello, casi en su totalidad, en 2017. Conocida como “la ruta del dinero k”, fue la primera gran investigación de lavado de dinero de los tribunales de Comodoro Py. Hace dos años, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez con una sentencia emblemática, que incluyó multas y decomisos sin precedentes, y que fue confirmada, en lo troncal, por la Cámara de Casación, que redujo de doce a diez años la pena de prisión del empresario patagónico.

El testigo arrepentido de la causa por “la ruta del dinero K” volvió a apuntar contra Cristina y contó detalles del último gobierno.

Leonardo Fariña volvió a apuntar contra Cristina Kirchner y habló sobre los actos de corrupción cometidos durante el gobierno kirchnerista revelando detalles de la investigación.

Leonardo Fariña fue el testigo arrepentido que ayudó en la causa por “la ruta del dinero K”, que finalizó con la condena de la ex presidenta y Lázaro Báez.

Los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, durante el programa Somos Buenos de TN, dialogaron con el ex financista que les contó los dos ataques que sufrió cuando ocupaba el rol de testigo protegido en la causa que investigaba a la actual Vicepresidenta de la Nación.

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El Tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández y otros imputados en la llamada “causa Vialidad” dará a conocer hoy los fundamentos de su veredicto y se abrirá la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 notificará por la mañana los fundamentos de su sentencia a las partes, en un trámite que no será presencial, sino que se incorporará el escrito a la causa judicial informatizada, explicaron fuentes judiciales.

Desde ese momento se abrirá el plazo de diez días hábiles para recurrir con la apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.

La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.

Tras dar a conocer su decisión al final de un juicio oral el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.

Pero como fija la ley, ahora difundirán los fundamentos completos, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes ya anticiparon que apelarán ante Casación.

Pero a partir de esos primeros lineamientos todas las partes comenzaron a preparar sus apelaciones.

Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.

Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la Vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado; el de administración fraudulenta.

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Además, los integrantes del Ministerio Público irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.

En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.

Tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros condenados tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.

En ese aspecto, la defensa de Fernández de Kirchner denunció violación de garantías constitucionales, persecución y “lawfare” por parte del Poder Judicial.

En el anticipo de los fundamentos dados a conocer a la opinión pública por la importancia institucional que se adjudica al juicio, los jueces argumentaron que se probó “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

En cuanto a la Vicepresidenta, opinaron que tuvo “un interés manifiesto sobre el plan criminal” plasmado en la tramitación de 51 licitaciones de obra pública vial en rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz.

Días antes, al hacer uso de sus “últimas palabras” ante el tribunal, Fernández de Kirchner había reiterado lo que argumentó desde el inicio del proceso: que la sentencia que recibiría “ya está escrita” por el “partido judicial”.

En Casación, la sentencia será revisada por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.

Los tres jueces como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una o varias audiencias previas y allí escucharán fundamentos.

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Posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver, aunque este plazo suele ser laxo, como se vio también el año pasado con las causas Hotesur-Los Sauces y la firma del Memorandum con Irán, cerradas ambas con sobreseimientos sin juicio oral por inexistencia de delito y a estudio de otra sala de Casación, la primera.

En ambos casos las audiencias se realizaron a fines de 2022 y todavía no hubo sentencia.

Una vez que Casación dicte sentencia, podría entrar en escena la Corte Suprema de Justicia, aunque sin límites de tiempo de ningún tipo para decidir.

Los jueces condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Lázaro Báez, dueño de la empresa “Austral Construcciones”, recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.

También quedaron condenados a seis años de cárcel el extitular de Vialidad Nacional en ese período Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López.

Exfuncionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión mientras que todos los acusados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.

El Tribunal dispuso el decomiso actualizado si la sentencia queda firme de 84.835.277.378,04 millones de pesos, suma considerada producto del delito.

Los alegatos de las defensas en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, continúan esta mañana ante los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini, Andrés Basso.

En este proceso son juzgados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación. Julio de Vido, el empresario Lázaro Báez y a otras 10 personas acusadas de conformar una asociación ilícita que habría direccionado la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Ayer, la defensa de uno de los acusados en la causa Vialidad aseguró hoy que la fiscalía “violó la Constitución” al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados, en un proceso en el que la justicia de Santa Cruz dictaminó años atrás que no hubo hechos de corrupción ni de cartelización en la obra pública en esa provincia.

Mariano Fragueiro Frías, abogado del extitular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, inició hoy la ronda de alegatos finales de las defensas en la llamada causa Vialidad, reclamó la absolución de su cliente y manifestó su rechazo al atentado sufrido el jueves último por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también acusada en este proceso.

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“Intentaron convertirse en aladides de la corrupción”, expresó Frías sobre la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero, en realidad -advirtió- hubo “violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio”.

Además, Frías remarcó: “Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo; eso no está bien”.

El juicio se reinició ayer después de dos semanas de receso y luego de que la fiscalía pidiera condenar a 12 años de prisión a la Vicepresidenta y al empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones como presuntos organizadores de una asociación ilícita y defraudación al Estado.

También pidió diez años de cárcel a De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Causa Vialidad: Cristina Kirchner recusará al juez y a un fiscal

La defensa de la Vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el Tribunal para el orden de las exposiciones.

Tanto ella como los restantes acusados podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py, en el juicio que se realiza de manera virtual, con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.

En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.

El mes pasado el Tribunal rechazó un pedido de la defensa de Fernández de Kirchner para que ampliara su declaración indagatoria.

La monja argentina Sor Lucía Caram, reconocida por su estilo frontal y verbo afilado, criticó con dureza a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A través de un publicación en redes sociales, pidió que la Justicia “le dé su merecido”.

La religiosa, que vive en España desde la década del 90, no se mantiene alejada de los sucesos de su tierra natal y grabó un video en TikTok, donde advierte lo que ocurre con la expresidenta a nivel judicial. “Hay un fiscal que está investigando, denunció, puso los puntos sobre las íes y explicó lo que es y fue Cristina y el kirchnerismo. Esto clama al cielo. La Argentina se desangra por una mujer desequilibrada que robó a mano llena. Que se la acusa y que la Justicia está hablando”, dijo la monja en el inicio de su relato.

#sosargentina #tiktokargentina #viralargentina #PodemosNoPuede #PabloNoHagasElRidiculo #justicia

♬ sonido original – Maria Lucia Caram Pa

Y continuó con una crítica también al político español Pablo Iglesias: “Y resulta que Pablo Iglesias se va a la Argentina a hacerse también la víctima y a darle una palmadita en la espalda. ¿Hasta cuándo vamos a ver que los mentirosos, populistas y engañadores se siguen sumando para seguir engañando a la gente? Esto hace sentir vergüenza ajena”.

Sor Lucía Caram termina el video con un pedido y/o deseo que compartió con sus más de 66.000 seguidores de la plataforma china: “Pablo, vuélvete a donde estabas y deja que la justicia trabaje en Argentina para que a Cristina le den su merecido”.

El fiscal Diego Luciani pidió el pasado lunes 22 de agosto que se condene a la vicepresidenta de Cristina Kirchner a 12 años de prisión al considerarla la “jefa” de una trama de “corrupción sistemática” en torno a la obra pública que causó un millonario perjuicio para el Estado.

La vicepresidenta está acusada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y del fallecido Néstor Kirchner, en la provincia de Santa Cruz.

El fiscal Diego Luciani consideró el ex presidente Néstor Kirchner y la actual vicepresidenta “establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz”.

El fiscal Federal Diego Luciani inicio este lunes su alegato en la causa Obra Pública y denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese marco, el fiscal hizo duras acusaciones contra la exmandatarias por el proceso de supuestas corrupcoón en la adjudicación de la obra pública. “Entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner”, y advirtió que hubo “una defraudación millonaria”.

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El fiscal se refirió a Báez como “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa” y los responsabilizó de haber provocado un “perjuicio económico y social inconmensurable”. Según comentó, “instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”.

Además, el magistrado dijo que “las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios” y calificó como “una ficción” la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez: “Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia”.

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En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

El organismo consideró “irresponsable avanzar en la acusación” por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom. El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien es investigada en la causa conocida como la ruta del dinero K por lavado de dinero, en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez y junto a sus hijos.

El magistrado no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola. Por eso, rechazó el planteo para que sea sobreseída de manera definitiva.

El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, Casanello sostuvo que no es correcto “mutilar líneas de investigación abiertas”. “Por eso insistiré y esperaré sus resultados”, aclaró el juez en su respuesta a la acusada.

Al tiempo de rechazar el sobreseimiento, Casanello recordó que está en trámite un pedido de colaboración de información con los Estados Unidos vinculado a un episodio que consta en el expediente.

Es que el arrepentido Leonardo Fariña, también condenado en el caso, declaró que una vez Lázaro Báez le dijo que fuguen el dinero con disimulo, ya que lo había regañado la vicepresidenta, quien aseguró que la habían llamado desde la Embajada de los Estados Unidos para alertarla sobre ello.

Luis Juez denunció penalmente a Cristina Kirchner

Por ese motivo, el juez quiere corroborar si eso fue cierto o no, y qué grado de conocimiento tenía Cristina Kirchner sobre las actividades de Lázaro Báez.

En tanto, otra medida de prueba que está pendiente es un entrecruzamiento telefónica entre los entonces secretarios privados que tuvo la entonces presidenta, entre 2010 y 2013, el momento de los hechos.

Por ello, el magistrado pidió en primer término que las líneas telefónicas informen los celulares asignados a nombre de la entonces mandataria durante en ese período, y que lo mismo haga a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre si designó líneas para uso de la entonces mandataria.

Paralelamente, Casanello pidió a la Secretaría General de Presidencia las líneas asignadas al uso de secretarios privados entre un listado de nombres sobre los cuales pidió información. Asimismo, pidió que la oficina de escuchas telefónicas, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia, encare el trabajo con “la mayor premura”. De esta forma, seguirá siendo investigada en esta causa, en la que Báez ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero.

El presidente Alberto Fernández negó rotundamente que durante su gestión como jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se le hubieran asignado fondos para obra pública “de manera desproporcionada” a la provincia de Santa Cruz.

“No, definitivamente no”, respondió el jefe de Estado ante una pregunta del defensor de Cristina Fernández de Kirchner, el penalista Alberto Beraldi. Alberto Fernández declara como testigo en el juicio por la obra pública adjudicada a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, en el juicio conocido como “Obra Pública”, que tiene entre los acusados a la actual vicepresidenta.

El jefe del Estado negó haber recibido indicaciones de los presidentes para asignar obra pública a Santa Cruz o al empresario Lázaro Báez. “No, definitivamente no”, repitió.

En cuanto a la adjudicación de fondos para la obra pública, Alberto Fernández consideró que se trata de “una decisión de carácter político no judiciable”, en consecuencia ajeno a la evaluación por un tribunal. “Me llama mucho la atención lo que se está discutiendo en este juicio”, resumió.

Para la Justicia, la fuente principal del dinero blanqueado por el empresario Lázaro Báez son unos 3500 millones de dólares con los que habría sido favorecido mediante contratos de obra pública que se investigan en una causa paralela en la que Cristina Kirchner está siendo actualmente juzgada, acusada de ser jefa de una asociación ilícita. Los jueces también dijeron que parte de esos fondos tuvieron su origen en el fraude fiscal.

Además, la Justicia entendió que como el blanqueo se trató de una actividad continua, Báez “creó su propia usina de lavado de dinero”, confundiendo fondos lícitos e ilícitos. Se sospecha que hasta contempló comprar un banco en el extranjero para perfeccionar su operación.

“Los fondos se originaron principalmente a través desde los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial que se enjuician ante el Tribunal Oral Federal N°2, en la mentada causa “Vialidad”, contra Cristina Kirchner, dijeron los jueces y en menor medida por las causas de defraudación fiscal.

Así lo afirmaron los jueces Adriana Palliotti y Néstor Costabel en los fundamentos de la sentencia que condenó a Lázaro Baez a 12 años de prisión reunidos en 3065 páginas. La jueza María Gabriela López Iñiguez en una disidencia parcial coincidió con el fallo condenatorio, aunque no en todas las penas y entendió que el dinero que lavó Báez provino exclusivamente del fraude fiscal.

El fallo además condenó a otras 22 personas incluidos el hijo de mayor de Báez, Martín a 9 años de prisión, como coautor), Leandro (a 5 años), Luciana (a 3 años, con cumplimiento en suspenso) y Melina Báez (a 3 años, con cumplimiento en suspenso). Los otros condenados en este juicio, que concluyó en febrero pasado, son el valijero Leonardo Fariña, a cinco años de prisión, y Daniel Pérez Gadín, a ocho años de prisión, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos. Fueron también condenados Jorge Chueco, exabogado del empresario; Fabián Rossi; César Fernández; Julio Enrique Mendoza; Eduardo Castro; Walter Sansot; Federico Elaskar (4 años de prisión); Martín Eraso; Claudio Fernando Bustos; Carlos Juan Molinari; Daniel Alejandro Bryn, y Juan Ignacio Pisano Costa.

Los jueces fueron más allá y señalaron que Lázaro Báez, como organizador de la asociación ilícita y “beneficiario de los fondos públicos desviados fraudulentamente en su favor, instrumentó a su firma Austral Construcciones como empresa pantalla. Lo hizo, según la Justicia, para confundir en su patrimonio millonarias sumas de dinero robadas al Estado “en colusión, claro está, con los ex funcionarios públicos de entonces e integrantes de ese consorcio delictivo”, léase Cristina Kirchner, Julio Vido, José López entre otros acusados de la causa de Vialidad.

“Lázaro Antonio Báez optó por generar su propia usina de lavado de dinero, del modo en que lo hizo y se ha probado, puesto que habría de recibir flujos millonarios ilícitos como un integrante más de la matriz de corrupción estatal y corporativa montada para la asignación fraudulenta de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz”, dijeron.

Los jueces agregaron que tanta plata recibía como beneficiario de los fraudes y organizador de la asociación ilícita que debió comprar una financiera. “Por haberse pactado que Lázaro Antonio Báez sería el recipiendario de flujos financieros millonarios, desviados desde el Estado Nacional por quienes compartían membresía con aquél en la asociación ilícita, hasta debió avanzar sobre la toma de control de una financiera ya constituida -SGI S.A.-, estructuró un ducto onshore y offshore para canalizar el torrente de dinero ilícito”.

“No puede descartarse, como probabilidad, que sus ambiciosos planes involucraran el anhelo de adquirir alguna entidad financiera con sede en el exterior”, dijeron.

Al explicar hoy las razones de por qué impusieron estas condenas, los jueces de la mayoría explicaron que se concibió un plan de lavado sofisticado y profesional, considerado una maniobra global con tintes de delito trasnacional. “Se han reunido múltiples probanzas testificales y documentales que han permitido reconstruir eventos trascendentales que acreditan de forma inmediata, con plena certidumbre y más allá de toda duda razonable las maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por la organización criminal orquestada y dirigida por Lázaro Antonio Báez”, escribieron.

El dinero ingresaba a las cuentas en el exterior, a nombre de empresas offshore radicadas en otros países, manejadas por la organización de Báez, mediante un mecanismo de compensación: terceras personas que buscaban ingresar dinero al país contrataban los servicios de entidades financieras quienes los instruían a que transfieran fondos desde sus cuentas en el exterior a cuentas manejadas por el grupo Báez y como contrapartida de ello se entregaba el dinero en efectivo de los Báez.

Los jueces dijeron que las evidencias son los indicios, los testimonios y por ejemplo los videos captados en el interior de SGI, donde se vio a los acusados manipulando fajos de dinero en efectivo cargado en bolsos.

Así las cosas, concluyeron que “está acreditado que entre 2010 y 2013 Lázaro Antonio Báez pergeñó una maquinaria al servicio del blanqueo de los fondos espurios”. Primero valió de los servicios de Leonardo Fariña, quien comenzó el proceso de expatriación del dinero a Suiza y empezó a comprar la financiera SGI (La Rosadita) de Puerto Madero. Luego Fariña se fue de la organización y fue reemplazado por Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, quienes continuaron todos los negocios que Fariña estaba llevando a cabo en el país y en el extranjero.

Así transfirieron las acciones de SGI a la empresa fiduciaria suiza Helvetic Service Group, que fue utilizada para ocultar al real dueño del negocio y permitió que los colaboradores directos de Báez tomen el control de la financiera.

Helvetic fue usada para colocar bajo su titularidad el paquete accionario de SGI y hacer la inversión de acciones preferidas de Austral Construcciones S.A., bajo cuyo ropaje se camufló el regreso del dinero al país tras recorrer diversas cuentas en el exterior.

Otra evidencia es el traslado de los fondos espurios desde Santa Cruz a Buenos Aires, a cargo de Martín Báez, en bolsos a bordo de aviones de Top Air S.A., propiedad de Lázaro Báez y gestionados por Walter Adriano Zanzot.

Por ejemplo, Martín Báez abordó el 2 de noviembre de 2012 la aeronave LV-ZSZ en el aeropuerto de Río Gallegos a las 7:45 horas con destino a San Fernando, donde arribó cerca de las 11. Y a las 12:06 horas las cámaras de seguridad lo captaron en las oficinas de SGI con una valija repleta de dólares. La plata venía en valijas carry.

Pérez Gadín y Chueco participaron en el manejo de sociedades offshore, cuyos beneficiarios económicos eran los cuatro hijos de Báez a través de la Fundación Kinsky, con las cuales se abrieron distintas cuentas bancarias que fueron utilizadas para llevar a cabo la maniobra de lavado de activos. Los mayores montos de transferencias fueron efectuados desde la cuenta de la firma Fromental Corp. en el Lombard Odier, donde recibieron más de 20 millones de dólares. Los fondos de recibidos en la cuenta a nombre de la fundación Kinsky fueron luego girados hacia una cuenta de Helvetic Service Group en el mismo banco.

Helvetic Service Group compró bonos soberanos argentinos en Euroclear y lo liquidó en el Mercado de Valores de Rosario, a través del agente de bolsa Financial Net, para luego el dinero terminar depositado en la cuenta corriente de Austral Construcciones en el Banco de la Nación.

En disidencia, la jueza López Iñiguez dijo que el dinero provenía del fraude fiscal y señaló que la causa “Vialidad” no sólo no se puede considerar ilícito precedente sino que además “nos enfrenta a la dificultad jurídica que se deriva de la presunción constitucional de inocencia”.

La jueza disintió también en cuanto a que la forma de encarar los problemas del lavado de dinero y de la fuga de capitales. Dijo que los principales financistas y banqueros no deben ser meros partícipes necesarios sino coautores.

Y enfatizó la necesidad de encarar el juzgamiento de hechos en los que la discriminación en función del género está presente, en contextos de desigualdad como lo fue éste, que conlleva la ineludible obligación estatal de un abordaje con perspectiva de género. Tal es así, que propició la absolución de Luciana y Melina Báez, víctima de las maniobras de su padre en una estructura familiar patriarcal machista.

El fiscal federal Abel Córdoba pidió hoy que se rechace el planteo del empresario Martín Báez para salir de la cárcel y acceder a la prisión domiciliaria. Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez, fue condenado la semana pasada a nueve años de prisión por lavado de dinero y tras la sentencia insistió con la detención fuera de la prisión por la afectación que eso causa en sus hijos.

Para la Fiscalía no hay elementos “indicativos de niños que se encuentren en situación de desamparo ni de inseguridad material o moral” ya que están al cuidado de su madre, van a la escuela y visitan al padre en prisión. Ahora deberá resolver el Tribunal Oral Federal 4.

Lázaro Báez ya está en prisión domiciliaria en un lugar “secreto”

Martín Báez, uno de los cuatro hijos de Lázaro Báez, está preso desde febrero de 2019 por haber realizado una transferencia de cinco millones de dólares cuando estaba inhibido para hacerlo, lo que fue considerado como un intento de entorpecer la investigación judicial. Desde entonces está detenido en la cárcel federal de Ezeiza, primero en la unidad I y ahora en la 31. Hasta septiembre del año pasado estuvo preso con su padre compartiendo pabellón hasta que recibió la prisión domiciliaria.

El TOF 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión, a Martín a nueve años, a Leandro Báez a cinco años y a Melina y Luciana Báez a tres años por lavado de dinero, junto a otros imputados. La defensa de Martín Báez había pedido la prisión domiciliaria pero tanto el Tribunal Oral como la Cámara de Casación Federal rechazaron a principio de febrero, poco antes del veredicto y prorrogaron su detención por un mes. Sí Casación pidió que se analice la situación de desamparo de sus hijos.

Por el mismo motivo, el juez Daniel Obligado le había otorgado al ex vicepresidente Amado Boudou la prisión domiciliaria en la causa Ciccone, lo que luego fue revocado y ahora se está discutiendo si debe volver a la cárcel de Ezeiza.

Tras la condena, la defensa de Báez -el único de los condenados del caso que está detenido en prisión- insistió con el planteo, su esposa su presentó en la causa para relatar cómo es la vida de sus hijos, de tres y seis años, con la padre de detenido y la la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 avaló el planteo para que se le otorgue la detención domiciliaria.

Primero el fiscal Córdoba sostuvo que la condena a Báez “se configura un cuadro de mayor verosimilitud de la acusación puesto que, sin afectar el principio de inocencia, robustece uno de los requisitos justificantes de la más intensa medida cautelar de acuerdo a los riesgos procesales analizados al prolongar la prisión preventiva”. Así, avaló la detención por los riesgos procesales y destacó que solo se debe analizar si puede continuarla en su domicilio en base al interés de los chicos de estar con su padre.

Pero para la Fiscalía el dictamen de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores “no aporta elementos indicativos de niños que se encuentren en situación de desamparo ni de inseguridad material o moral, parámetros consolidados jurisprudencialmente”. Destacó que los chicos están al cuidado de su madre, con el resto de su nucleo familiar sin alteraciones, que los chicos retomaron el contacto presencial con su padre a través de visitas a la cárcel y que están escolarizados.

Condenan a 12 años de prisión a Lázaro Báez

“De lo reseñado cabe concluir que las sucesivas presentaciones en vista no aportaron elementos de conocimiento que justifiquen alterar las condiciones actuales de detención puesto que la prevalencia del interés superior del niño como principio jurídico interpretativo no es absoluta y se encuentra sujeta a condiciones”, sostuvo Córdoba y agregó que “así como se consagra el derecho de los niños a no ser separados de sus padres contra la voluntad de éstos, se regula el caso de separación por orden judicial de detención, tal como ocurre en este caso”.

Sí el fiscal pidió que se tomen medidas para que los dos hijos pueden visitar juntos a Martín Báez. Es porque actualmente por las medidas sanitarias por el Covid-19 las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) permiten que solo dos personas visiten conjuntamente a un detenido y en el caso de Báez cada chico va con la madre, por lo que no pueden ir los tres. Córdoba lo planteó “a fin de fortalecer el vínculo familiar”.

Tanto el pedido de la defensa de Martín Báez como el dictamen del fiscal Córdoba deben ser resueltos ahora por el tribunal oral.

Es en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

El empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

Más temprano se terminaron de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.

“Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia”, señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.

En términos similares, De Rasi dijo: “Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice”.

La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un “circo judicial”.

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.

El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.

En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”

Lázaro Báez cada vez más cerca de la prisión domiciliaria

Lázaro Báez apeló el rechazo al arresto domiciliario

El empresario Lázaro Báez empezó a cumplir en la noche del miércoles su arresto domiciliario en un lugar que se mantiene en reserva, al cual fue trasladado desde el penal de Ezeiza.

El domicilio secreto fue propuesto a las autoridades por los abogados de Báez, quien tuvo que pasar casi dos días nuevamente en la cárcel de Ezeiza luego de que un grupo de personas que se concentró en las puertas del country Ayres de Pilar, donde el empresario tiene una casa, le impidieron ingresar a ese barrio cerrado del norte del Gran Buenos Aires.

Báez, quien está siendo juzgado por supuesto lavado de dinero e irregularidades en la adjudicación de obra pública, recibió el lunes pasado el beneficio de continuar su detención en su casa, tras cuatro años y medio con prisión preventiva, que le fue otorgado por el Tribunal Oral Federal 4, al acatar un fallo en ese sentido emitido por la Cámara Federal de Casación Penal.

Después de la fallida incursión al country Ayres, el martes pasado hubo una audiencia virtual entre su defensa, el fiscal Abel Córdoba y el TOF 4, en la que se analizaron las opciones. Finalmente, en las últimas horas se estableció un nuevo domicilio para que Báez cumpla la detención con tobillera electrónica, con la condición de que esa dirección se mantenga en secreto para evitar disturbios y garantizar la seguridad del empresario, dijeron los portavoces. De tal manera, Báez salió de la prisión y fue llevado a ese lugar, se explicó.

La sociedad que administra el Barrio Cerrado Ayres de Pilar había pedido a la justicia que “evalúe” fijar un “domicilio alternativo” para Báez a fin de “preservar la seguridad de los habitantes” del country.

Pero en una carta que dirigió a los vecinos del barrio la administración afirmó que se mantendrá “a derecho frente a lo que disponga la justicia y no permitirá ningún tipo de excepción”. También aseguró que “nunca” fue impedido el ingreso de Báez y de las fuerzas de seguridad y pidió que “cualquier tipo de manifestación pública sea pacífica, respetuosa y sin olvidar las normas de seguridad y aislamiento sanitario”.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso hoy el arresto domiciliario de Lázaro Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El TOF 4 dispuso “hacer efectiva la morigeración de las condiciones de detención de Lázaro Báez”, al acatar una resolución en ese sentido de la Cámara Federal de Casación Penal emitida horas antes, pero ante la imposibilidad de entrar a su casa el empresario fue remitido nuevamente al Penal de Ezeiza para que pernocte allí.

Báez salió al atardecer de la cárcel de Ezeiza, donde estaba detenido desde abril de 2016, para ir a un domicilio fijado en un country de la ciudad bonaerense de Pilar, con monitoreo del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada en los autos N° 9630/2016/To2 del registro de este Tribual en oportunidad de conceder su excarcelación”, sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado en el fallo al que accedió Télam.

Después de la notificación de la resolución, Báez fue llevado en una camioneta del SPF, con una moderada custodia, al country Ayres de Pilar, en cuya entrada estaba apostado un grupo de vecinos para impedir que ingresara el empresario santacruceño, quien iba vestido con el uniforme color naranja de los detenidos y con un casco de protección.

Los habitantes del country impidieron varios intentos de ingreso, incluso cuando la camioneta pudo llegar a la garita de entrada. En una caótica situación, los manifestantes, anteponiendo sus cuerpos y con sentadas, lograron su cometido, después de corridas que incluyeron golpes contra el vehículo, que sufrió la rotura del parabrisas.

Poco antes los abogados del empresario sureño también fueron rechazados y tuvieron que irse después de las airadas protestas, que incluyeron en ambos casos el lanzamiento de algunos objetos contundentes y huevos.

Finalmente, frustradas las intenciones de ingresar por la entrada principal y por otra de servicio, el utilitario con Báez se retiró del complejo de Pilar.

Ante estas circunstancias, el presidente del TOF 4, Néstor Costabel, resolvió postergar el alojamiento de Báez en el barrio cerrado y que sea llevado nuevamente al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza para que pase la noche allí, hasta que se adopten medidas para que se cumpla efectivamente y sin inconvenientes la resolución judicial y pueda instalarse en un domicilio con garantías para su seguridad, indicaron fuentes oficiales.

Esta decisión no significa una revocatoria de la prisión domiciliaria, sino una medida transitoria hasta que se disponga el lugar “que cumpla con todas las condiciones de alojamiento y seguridad” del empresario, destacaron las fuentes.

Este lunes por la mañana, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había concedido el arresto domiciliario al empresario en una de las causas en las que está procesado por supuesto lavado de dinero, al revocar el fallo de un Tribunal Oral que había rechazado otorgar ese beneficio.

Con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, Casación dispuso otorgar ese beneficio a Báez en la causa conocida como “El Entrevero”, por supuesto blanqueo de activos con la compraventa de un campo, y ordenó al Tribunal que proceda de acuerdo a esa decisión, que ya había dispuesto el juez del caso, Sebastián Casanello.

En ese contexto, el TOF 4 debió disponer el arresto domiciliario a Báez, con tobillera electrónica, también en la denominada causa M&P, donde había sido excarcelado bajo una fianza millonaria que no logró reunir. Fue allí que los jueces consideraron que no les quedaba más alternativa que proceder según lo ordenado por Casación.

Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril de 2016 por lo que, como varias veces plateó su defensa, se encuentran cumplidos todos los plazos aplicables a la prisión preventiva, que le fue prorrogada en diversas ocasiones.

Semanas atrás, el mismo tribunal había tenido que reducir en casi 250 millones de pesos la fianza impuesta a Báez para hacer efectiva la excarcelación en la causa conocida como M&P, por orden de Casación, lo que puso en evidencia la diferencia de criterios entre ambos tribunales.

En aquella oportunidad, el TOF 4 redujo el monto de la fianza de 632.000.000 de pesos a 386.578.500 pesos, tras una resolución del máximo tribunal penal del país que le había dado la razón a la defensa del empresario, que había planteado que el monto fijado para su caución era excesivo, tal como informó Télam oportunamente.

Además de las dos causas en las que se jugaba su salida de prisión, Báez se encuentra siendo juzgado en debate oral y público por supuesto lavado de activos a través de la firma “Austral Construcciones”, en maniobras calculadas en 55 millones de dólares.

El empresario también es uno de los imputados principales de la causa conocida como “Vialidad”, en la que se juzga si durante los años que gobernó el kirchnerismo se realizaron maniobras para direccionar la obra pública vial de Santa Cruz en favor de sus empresas.

El Tribunal Oral Federal 4 le concedió esta tarde el arresto domiciliario al empresario Lázaro Báez, tal cual lo marcó horas antes la Cámara Federal de Casación Penal.

Tras más de cuatro años preso, el empresario saldrá de la cárcel de Ezeiza sin pagar la fianza que el mismo TOF 4 le había impuesto semanas atrás como condición para acceder al arresto domiciliario.

Este lunes por la mañana, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el arresto domiciliario en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado, pero faltaba la autorización del Tribunal que lo enjuicia por las maniobras llevadas a cabo en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Ahora, se podrá hacer efectiva la salida de Ezeiza de Báez, que está preso con prisión preventiva desde abril de 2016.

Desconocidos balearon la casa del hijo menor del empresario Lázaro Báez, Leandro, en Río Gallegos, Santa Cruz, en un hecho que no dejó heridos.

El ataque consistió en dos disparos y se produjo durante la noche del viernes, cuando Leandro Báez y su familia no se encontraban en el lugar.

Una de las balas dio en la pared mientras que la otra atravesó una ventana principal de la vivienda.

Según Infobae, un video de cámaras de seguridad de la zona mostró a dos sospechosos en una moto pero hasta el momento no fueron identificados.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó este martes reducir la caución de 632 millones de pesos al empresario Lázaro Báez para que pueda acceder a la prisión domiciliaria en el marco de una de las causas por lavado de dinero.

Los jueces estimaron que el Tribunal Oral Federal 4 debe resolver nuevamente el pedido de la defensa del dueño de Austral Construcciones para rebajar la caución: consideraron justa la de 386.578.500 de pesos que planteó el fiscal Abel Córdoba, que resulta de la conversión de 5,5 millones de dólares que es el dinero encontrado en cuentas bancarias del acusado en paraísos fiscales del extranjero.

Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky consideraron errónea la decisión del Tribunal 4 que había establecido la caución de 632.500.000 de pesos al hacer la conversión de esos 5,5 millones de dólares al dólar MEP, y no al oficial como ahora la Casación establece se debió haber hecho.

Mientras tanto, Báez continúa siendo juzgado en la causa que investiga la denominada “Ruta del Dinero K”.

Para Abel Córdoba, el extitular de Austral Construcciones y sus hijos son culpables de haber construido una “compleja ingeniería” para lavar 60 millones de dólares.

En la última audiencia de alegatos en el juicio por la Ruta del Dinero K, el fiscal Abel Córdoba pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez y 9 años para su hijo Martín al encontrarlos culpables -junto a otros acusados- de las maniobras de lavado de dinero por casi 60 millones de dólares.

Además solicitó una multa de $2121 millones para el empresario dueño de Austral Construcciones, que se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por temor a contraer coronavirus.

El fiscal también pidió para el arrepentido Leonardo Fariña una condena total de 5 años de cárcel, luego de aplicarle una reducción de tres años por su colaboración en el caso, y cuatro para el financista Federico Elaskar.

Para el fiscal, el empresario, sus cuatro hijos, Fariña y Elaskar fueron hallados responsables de haber construido una “compleja ingeniería transnacional” que lavó casi 60 millones de dólares. Mencionó cuentas en el exterior y maniobras a través de las que se sacó el dinero fuera del país.

El empresario ya acumulaba tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas.

En el caso de los tres hijos de Báez que están libres, Melina, Luciana, y Leandro, el fiscal les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años; 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente.

“Cuanto mayor fue la exposición pública de la causa, mayor fue su participación. Pasaron de ser beneficiarios de las cuentas a accionistas de las empresas”, explicó Córdoba.

El fiscal pidió, además, que sean condenados el abogado Jorge Chueco, actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez, a 8 años de cárcel.

El jueves pasado, Córdoba había considerado que el dueño de Austral Construcciones encabezó una “organización que se dedicó a mover dinero oculto” e hizo un extenso repaso de las irregularidades en la adjudicación de obras públicas a las empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz, lo que consideró el primer delito precedente.

En este sentido afirmó que “la fortuna (de Báez) se explica en las maniobras de la obra pública y la evasión impositiva”. Y continuó: “Para esta fiscalía, en la actualidad, los pronunciamientos judiciales que se desarrollaron en esas causas dan por acreditado ese tipo penal”.

En este contexto, Córdoba reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre de Báez; un avión a nombre de Top Air; 120 vehículos a nombre de Austral Construcciones; y las acciones de la mayoría de las sociedades involucradas, entre otros bienes.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez o bien si se le concede directamente la prisión domiciliaria.

El empresario Lázaro Báez apeló hoy el rechazo del arresto domiciliario ante la Cámara Federal de Casación Penal luego de que le ratificaran la caución de 632 millones de pesos.

Los abogados del dueño de Austral Construcciones reclaman la reducción del monto de la caución que le fijaron como condición para tener la prisión domiciliaria, beneficio que le fue otorgado pero que no se hizo efectivo ante el no pago de esa suma.

La domiciliaria fue otorgada en la causa conocida como M&P por presunto lavado de dinero y a raíz que lleva cuatro años y medio con prisión preventiva, cuando la ley no permite más de tres.

Previamente, Lázaro Báez había obtenido el cambio en las condiciones de detención en otra causa también por presunto lavado de dinero a raíz de la compra de un campo en Uruguay conocido como “El Entrevero” y la excarcelación en la causa conocida como “la Ruta del dinero K”.