El periodista deportivo Enrique "Quique" Felman fue liberado en las últimas horas tras permanecer demorado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

Según difundió la agencia NA, el periodista pudo aclarar, al menos en principio, su situación procesal en Estados Unidos y fue liberado. Tiene previsto regresar a la Argentina este domingo.

Todo se dio luego de que la Justicia estadounidense pusiera la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos como "promotor" de un casino en Las Vegas.

Se agregó que el abogado de Felman habría presentado la documentación respaldatoria para justificar los movimientos de dinero, lo que facilitó su rápida liberación.

Vale mencionar que la causa seguiría su curso administrativo, pero que el periodista no tendría impedimentos para abandonar el país norteamericano, por lo que llegaría a la Argentina este domingo. 

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 reclamó hoy que se ordene detener de manera inmediata a Fabián Rossi, ex marido de Iliana Calabró y otros cinco condenados en la "ruta del dinero K" cuyas penas quedaron firmes ayer con el rechazo de sus recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia.

“Solicito se ordenen sus inmediatas capturas y consecuentes alojamientos en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, requirió el fiscal federal Abel Córdoba, quien llevó adelante la acusación en el debate oral ante el TOF4.

Ante la decisión de la Corte, ahora el encargado de intervenir en la etapa de ejecución de las penas es el Tribunal que tuvo a cargo el juicio oral. Por ello Córdoba requirió que ordene detener a seis de los condenados por "lavado de activos" porque recibieron penas mayores a tres años y de cumplimiento efectivo.

En todos los casos permanecieron excarcelados porque no se consideraron firmes las condenas hasta que ayer se expidió el máximo tribunal del país. Rossi está condenado a cuatro años y seis meses de prisión en su rol de ex apoderado de la financiera SGI.

La Fiscalía pidió además apresar al ex presidente de "Austral Construcciones" Julio Mendoza, al ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, a un ex empleado de SGI César Fernández, al empresario Carlos Molinari y a otro condenado, Eduardo Castro, de 79 años.

En el caso de Rossi presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel. Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal.

Este miércoles, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por lavado de activos. Los procedimientos están vinculados a una organización narco que operaba desde 2023 y cuyo principal sospechoso es un santafesino que, tras dedicarse al tráfico de drogas, transformó su actividad en un negocio inmobiliario.

La investigación está encabezada por el fiscal Walter Rodríguez, quien coordina un equipo de la PFA proveniente de Buenos Aires. Según trascendió, el imputado utilizaba las ganancias obtenidas de la venta de estupefacientes para adquirir propiedades y vehículos. Las viviendas y locales comerciales eran luego puestos en alquiler, generando una fachada empresarial para ocultar el origen ilícito de los fondos.

El detenido es señalado como jefe de una organización narco que operaba principalmente en los barrios Centenario, Chalet, Arroyo Leyes, Fonavi y Santo Tomé.

En los allanamientos realizados, la Policía Federal logró identificar y secuestrar propiedades y vehículos. Se calcula que el acusado poseía al menos 17 inmuebles, entre casas y locales comerciales, muchos de ellos ubicados en la zona norte de la ciudad. También se registraron inmuebles en Santo Tomé y San José del Rincón.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en un domicilio de calle Doldán al 6700, donde los efectivos buscaron indicios vinculados a la causa.

Además, se realizaron operativos para localizar 11 vehículos, entre autos y camionetas, que presuntamente estaban siendo utilizados por la organización delictiva. No se descarta la existencia de más bienes de lujo, como lanchas, que también habrían sido adquiridas con dinero proveniente del narcotráfico.

La causa que motivó estos operativos tiene sus raíces en una detención realizada en 2023, cuando se incautaron 29 kilos de cocaína en un operativo en barrio Centenario, lo que permitió identificar al líder de la organización. Desde entonces, la investigación se ha centrado en rastrear los activos obtenidos por esta red criminal.

Un grupo de policías de Buenos Aires, son quienes estarían a cargo de coordinar la logística de los operativos policiales. El despliegue de las fuerzas federales en Santa Fe se realiza bajo la premisa de desarticular la red de lavado de dinero construida sobre el tráfico de drogas.

Las autoridades continúan investigando la magnitud del entramado financiero que sostenía la actividad narco del acusado, quien, según se presume, habría utilizado su red de propiedades como un mecanismo para blanquear las ganancias obtenidas del narcotráfico.

Inició el juicio por los "Papeles de Panamá", la histórica filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca, sobre el blanqueo global de capitales comenzó con una veintena de imputados expuestos a una pena máxima de 12 años.

Esta audiencia, a la que este lunes 8 de abril asistieron todos los defensores y la mayoría de los acusados, algunos de ellos vía plataformas digitales, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril próximo, la fecha alterna estipulada por el tribunal para el juicio, que debió comenzar en el 2021.

Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete, núcleo del escándalo que estalló en el 2016 al dejar al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.

"No soy responsable de tales actos", respondió Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al preguntarle si se consideraba responsable del cargo de blanqueo de capitales, una interrogante que se hizo a todos los acusados presentes en la audiencia. Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar hospitalizado, según explicó su defensa, que presentó una certificación médica.

No solo los socios fundadores, también están acusados antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca, que no sobrevivió al escándalo y cerró sus puertas en marzo de 2018, tras 40 años de operaciones en las que "nunca estuvo involucrada en actos ilícitos", como dijo en una carta pública entonces. "Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto", dijo Mossack a su llegada a la sede del tribunal en una muy breve declaración a los periodistas, ante los cuales dijo sentirse "muy optimista".

Los socios y exempleados de Mossack Fonseca han sido acusados de blanqueo de capitales por supuestamente haber incurrido en delitos precedentes dada la vinculación de clientes suyos con el caso en Alemania y Argentina, de acuerdo con la explicación de la defensa y del Ministerio Público.

La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, afirmó por su parte que el Ministerio Público ha presentado "pruebas testimoniales relevantes para la teoría del caso", cuya investigación consta de 528 tomos según los datos judiciales.

"El Ministerio Público pedirá una condena ejemplar", afirmó Soto sin más precisiones, aunque recordó que el delito de blanqueo de capitales tiene en Panamá una pena máxima de 12 años de prisión.

La fiscal señaló que en total fueron llamadas a juicio por el caso 32 personas, pero cuatro de ellas son extranjeros que no residen en Panamá y que fueron declarados en rebeldía, por lo que "su proceso se ha suspendido".

"Para el Ministerio Público estas cuatro personas han cometido el delito precedente, es decir, soborno internacional en Alemania y estafa calificada en Argentina", agregó la fiscal Soto.

Los 'Papeles de Panamá' representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.

En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países, y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.

Mossack y Fonseca también fueron procesado y aguardan sentencia por la trama 'Lava Jato' de Brasil, casos por el que esperan sentencia y que se ha acumulado en un mismo expediente con el caso 'Papeles de Panamá', dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó en las últimas horas 38 allanamientos en el marco de una investigación por fuga de divisas y contrabando, en un entramado en el cual se calcula que se perjudicó al Estado en una suma superior a US$ 200 millones.Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo de Adrián González Charvay y la Secretaría Penal N°3 a cargo de Felipe Scagliotti, informaron fuentes policiales a Télam.En los operativos se encontraron elementos de prueba que vinculan a empresas y personas físicas con maniobras de contrabando y lavado e activo.Tras analizar la información digital y financiera de 180 domicilios de empresas y personas físicas y realizar tareas de campo sobre los mismos, los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA lograron dar con una red de firmas y personas físicas vinculadas entre sí, las cuales se dedicaban a contrabandear mercadería declarada como ácido oleico.Posteriormente, esta red efectuaba una triangulación internacional del dinero obtenido con el objetivo de darle apariencia de licitud.

Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2021 a partir de una serie de denuncias por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).Ambos organismos informaron que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras firmas “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación de facturaciones.Con esta triangulación realizada con firmas radicadas en Estados Unidos se buscaba, por un lado, obtener un rédito económico mediante una diferencia del valor FOB entre la Aduana de Argentina y la de Chile y, por otro lado, darle apariencia lícita al dinero que era fruto del contrabando.La red estaba compuesta por, al menos, 48 personas y 19 empresas, según se indicó desde la Policía Federal.Algunas de las firmas que aparecían como exportadoras eran creadas con el único fin de generar facturación, siendo “empresas fantasmas” que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializaban.Los efectivos federales, en conjunto con la Aduana, individualizaron a todos los socios y profesionales involucrados en la red ilícita, desplegándose tareas investigativas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La organización criminal, que se dedicaba al lavado y al contrabando, también tenía ramificaciones en Chile y Estados Unidos.Tras vincular a los involucrados, la PFA solicitó a la justicia impulsar las medidas procesales pertinentes, a fin de obtener material de prueba para la imputación de las personas implicadas.En los allanamientos realizados en las últimas horas se logró identificar a una “gran cantidad” de las empresas y personas investigadas y se secuestraron “varios equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, como despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas”.De acuerdo con las autoridades judiciales, las empresas que forman parte de la organización habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los US$ 200.000.000, sin contar las multas que eventualmente aplicaría la Aduana.

María Eugenia Ritó publicó polémicos mensajes en su cuenta de X, la red social antiguamente conocida como Twitter, justo cuando Jésica Cirio estaba brindando una nota en El noticiero de la gente por Telefe.

Aunque no la nombró a la conductora, la coincidencia entre sus tweets, el momento en el que los hizo y el tono de los mensajes dejó pocas dudas respecto hacia quién estarían dirigidos.

"¿Cómo va? Viernes. ¡Qué lindo día! Buen finde", escribió la exvedette poco antes de las 13, el horario en el que estaba anunciada la entrevista a Cirio llevada adelante por Germán Paoloski, Milva Castellini y Mauro Szeta. Y luego, unas horas más tarde, arremetió con todo.

"¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa. Ja, ja, ja...", tuiteó María Eugenia Ritó a las 14.05, apenas terminó la entrevista a Cirio en Telefe.

Y, minutos más tarde, agregó: "Y parece que también se olvidan de dónde salieron. Ja, ja, ja...".

Los tweets de María Eugenia Ritó.

Los tweets de María Eugenia Ritó.

No es la primera vez que María Eugenia Ritó critica a Jésica Cirio. En 2020, en medio de la pandemia, la exvedette hizo una entrevista telefónica con Marcelo Polino, Amalia Granata y Yanina Latorre, y disparó sin filtro contra la modelo.

Ritó, quien ya era una figura consagrada cuando Jésica comenzó a trabajar como bailarina, aseguró que la actual conductora de La peña de Morfi (Telefe, domingos a las 11), se hizo famosa gracias a ella y a su exmarido, Marcelo Salinas.

"Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras!", lanzó en Polino auténtico (Radio Mitre).

Enemigas íntimas: Jésica Cirio y María Eugenia Ritó en tiempos del Bailando.

"Bueno, ella es mujer de un intendente...", expuso en ese momento el conductor.

Pero la entrevistada fue por más y señaló: "Y yo también fui la esposa de Marcelo Salinas”.

Al parecer, María Eugenia estaba ofendida porque reconoció que en varias oportunidades intentó ponerse en contacto con Cirio para pedirle que le de "una mano", pero ella la ignoró y sólo le respondió una vez.

“¿Sabés las veces que le escribí por Instagram y ni me respondió? Le tiré buena onda porque había tenido a la nena (fue mamá en el año 2017), la llamé para que me dé una mano y nada", explicó.

Y agregó: "Una vez me respondió y después nunca más. Me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de dónde vino y las cosas que hizo. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¿Ahora es la señora de quién?".

"Yo la llamé para hablar por teléfono, si te cortan el rostro me parece que está meando fuera del tarro. ¿Saben lo bueno de todo esto? Yo le mando un mensaje a Tinelli y me lo responde", concluyó. 

La vicepresidenta de la Nación compartió un tweet del senador nacional Oscar Parrilli donde refleja la nueva información sobre crecientes operaciones sospechosas, relacionadas al narcoráfico y lavado de dinero

Este lunes, un medio nacional informó que la banda de “Los Monos” seguía abriendo sociedades para lavar dinero desde la cárcel de Rosario. A raíz de esto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un tweet de Oscar Parrilli donde advierte sobre esta nueva información de crecientes operaciones sospechosas.

? Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.): los Monos o el “capital Emprendedor” del Macrismo.En el año 2017 el Gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizando como pantalla el “apoyo al capital emprendedor”. (abro hilo)

— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) March 8, 2023

A la par de la tasa de homicidios, que pasó de 18,5 a 22 casos cada 100.000 habitantes en el último año, crecen los reportes de operaciones sospechosas en Rosario. La tendencia la dio a conocer la Unidad de Información Financiera (UIF). El avance de los grupos criminales se da en conjunto con un entramado financiero que históricamente se dedicó a “blanquear” el dinero de las ventas ilegales de granos.

Las investigaciones avanzan, pero los empresarios involucrados no están en la cárcel. El insólito caso de los integrantes de “Los Monos” que seguían abriendo sociedades para lavar dinero desde la cárcel a través de una herramienta creada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Allanamiento en una sociedad de bolsa de Rosario: investigan presunta conexión de policías con narcos

Las crónicas policiales de los muertos por el narcotráfico en Rosario son también el resultado de una ecuación económica, un gran negocio ilegal que se naturalizó y extendió sus tentáculos. “Las plataformas que fueron utilizadas en las últimas décadas para lavar el dinero del comercio ilegal de granos, son las mismas que usan hoy las bandas criminales. Es un mercado que viene creciendo exponencialmente desde 2010”, explicó una calificada fuente que tuvo a cargo estas investigaciones.

En esa línea, detalló que bares, inmobiliarias y agencias de turismo son algunos de los rubros elegidos por los narcos para formalizar el dinero que consiguen con sus actividades ilícitas, aunque la fachada más eficiente se encuentra en el sector financiero, con la intermediación incluso de operadores reconocidos de la City rosarina. Lo hacen bajo la forma de mutuales, fideicomisos o sencillamente de mesas de dinero. En algunos casos, otorgan préstamos con tasas que ascienden hasta el 30% mensual, en otros, operan con la modalidad de descuento de cheques.

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Lejos de ser la solución a un problema infinitamente más grande, la instalación de una delegación de la UIF en la ciudad apunta a acelerar el trabajo que el organismo ya viene realizando. “En los últimos años, se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas realizadas en Rosario. En similar sentido, dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee”, dice en su argumento la resolución publicada en el boletín oficial.

LOS MONOS, “EMPRENDEDORES”

En octubre de 2021, Ámbito reveló que “Los Monos” inauguraron durante el año 2018 unas 40 empresas fantasma bajo el régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), una figura creada durante el gobierno de Macri para ser utilizada por emprendedores para registrar compañías en 24 horas, sin controles, sin capital inicial y sin necesidad de especificar un objeto claro. Con ese procedimiento, la banda narco emitió unas 12.000 facturas apócrifas y lavó más de $1.200 millones.

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La maniobra consta formalmente en una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ). Según la compulsa, cuando el grupo narco inscribió estas sociedades no existió ningún tipo de monitoreo ni pasó por la supervisión de personas humanas. El director de Sociedades de la IGJ, Darío De León, reveló que desde adentro de la cárcel los criminales seguían abriendo sociedades. “Una vez que ya estaban detenidas, estas mismas personas presentaban una SAS por semana y el sistema lo permitía porque era totalmente automático. Como se podía hacer de forma remota, alguien afuera se había quedado con las claves y seguían operando”, explicó el funcionario.

La IGJ decidió cambiar el sistema de inscripción para incrementar los controles. Lo hizo con datos sobre la mesa. “Una de cada seis SAS están sospechadas de emitir facturas apócrifas, no es un caso aislado”, dijo De León, quien agregó que “controlar a las personas jurídicas también es parte del combate contra el narcotráfico”.

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INVESTIGADOS, PERO EN CASA

Una serie de episodios vinculan al universo financiero rosarino con la actividad de los narcotraficantes. Uno de los más destacados es el que protagonizó Patricio Carey, titular de la firma Cofyrco que está instalada en pleno centro de Rosario. La historia data de septiembre de 2020, cuando el narco y barrabrava de Newell’s, Marcelo “Coto” Medrano, fue asesinado y en su teléfono fueron hallados mensajes que daban cuenta de que horas antes de ser ejecutado le había comprado de forma ilegal u$s17.000 al empresario.

Luego, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios vinculados a Carey. Allí, se encontraron al menos unos 174 documentos extraviados y robados que se utilizaron para comprar dólares al tipo de cambio oficial. Esas divisas luego se volcaban al mercado informal. “La cocaína en definitiva es como un commodity que se paga en dólares. Las bandas necesitan de alguien que se los venda”, dijo el fiscal federal Federico Reynares Solari en diálogo con la emisora local Sí 98.9.

A pesar de estar imputado por encubrimiento y lavado de activos, en noviembre del año pasado Carey viajó al mundial de Qatar para alentar a la selección Argentina. A comienzos de diciembre, luego de la coronación del equipo de Lionel Messi, el empresario volvió a Argentina pero fue inmediatamente detenido en Ezeiza, acusado de haber presionado a un testigo.

El paso por la cárcel del financista fue breve. El 6 de enero, el camarista Guillermo Llaudet, en plena feria judicial, decidió devolverle la libertad y remitir las actuaciones al fuero de excepción. Horas después, los medios gráficos rosarinos salieron a la calle con una publicidad de una empresa del grupo Carey promocionando la búsqueda de fondos para un fideicomiso destinado a la construcción de un hotel cinco estrellas en la ciudad.

En Rosario no es el único nombre de peso en el mundo empresarial que está bajo la lupa. El ex titular de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, también está acusado de integrar una estructura de narcotráfico por vender dólares de forma ilegal a los delincuentes. En medio de la fuerte devaluación que se produjo a mediados de 2019, los fiscales del caso reunieron comunicaciones con los narcos, que se mostraban preocupados por no quedar ‘descalzados’ con el salto en el tipo de cambio.

A la espera de una sentencia, el empresario se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria. Una fuente al tanto del proceso contó que para otorgarle este benefició “pesó el criterio de arraigo”. Es decir, los bienes que el hombre de negocios posee en el país. Curiosa contradicción, pues se investiga precisamente que esa fortuna fue adquirida por la conducta delictiva.

“Es fácil caerle a quienes los miembros del Poder Judicial no perciben como integrantes de su propia clase y perseguir delitos que se cometen en los barrios menos favorecidos de Rosario por personas que no forman parte de círculos sociales elevados”, dijo el fiscal Federico Reynares Solari, quien concluyó: “Pero la sangre de ese delito violento en zonas marginales es el dinero que se disputa en el centro de la ciudad por estructuras más complejas, que tienen abogados, contadores y empresarios”.

Rosa Natalí Capuano fue arrestada por Gendarmería en una investigación que llevan adelante la Fiscalía Federal 1 de Rosario y la Procunar

Está imputada por estar bajo sospecha de maniobras realizadas por la presunta organización de su ex esposo para blanquear dinero proveniente de la venta de droga

La ex pareja del presunto jefe narco Esteban Lindor Alvarado fue detenida por Gendarmería y este martes es indagada en el Juzgado Federal Nº 4 por lavado de activos. Se trata de Rosa Natalí Capuano, de 34 años, que ya está condenada por la Justicia provincial. Ahora está bajo sospecha por haber realizado presuntas maniobras para blanquear dinero proveniente de la venta de droga que realizaba la estructura delictiva de su ex esposo.

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La mujer está imputada en una extensa investigación –que comprende varias causas conexas desde la época donde era seguido por la Justicia el narco asesinado Luis Medina– llevada adelante por la Fiscalía Federal 1 de Rosario, a cargo de Javier Arzubi Calvo; la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco; y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), cuyo titular es Diego Iglesias.

Los fiscales federales la acusaron de haber hecho maniobras por más de 10 millones de pesos para darle apariencia lícita al dinero, aparentemente, proveniente del narcotráfico, de acuerdo al dictamen.

El Ministerio Público Fiscal pidió ante el juez federal Marcelo Bailaque la inhibición general de bienes y el bloqueo inmediato de cuentas bancarias de la ex pareja de Alvarado.

Capuano se encuentra condenada a tres años de prisión de ejecución condicional por la Justicia provincial como integrante de la asociación ilícita cuyo jefe es Alvarado, según los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada.

La ex pareja del presunto jefe narco además debió desembolsar 51,6 millones de pesos en concepto de multa, de acuerdo a la resolución de octubre del año pasado del juez provincial Ismael Manfrin, quien homologó un juicio abreviado entre la defensa y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Se presume que para pagar ese alto monto de dinerola muje debió liquidar una propiedad y siete vehículos (dos Scania, cuatro semiremolques y un Vento).

Alvarado se encuentra en dos juicios simultáneos. Por un lado, el provincial, en el que los fiscales Edery y Schiappa Pietra pidieron prisión perpetua por asociación ilícita, lavado, la instigación del crimen del prestamista Lucio Maldonado y balaceras contra edificios judiciales y contra la casa de una empleada del Ministerio Público de la Acusación.

Además, afronta un juicio federal por narcotráfico, donde está acusado de ser el propietario de un cargamento de casi 500 kilos de marihuana que fue incautado el 24 de noviembre en 2017 en General Roca, provincia de Río Negro.

Los Pandora Papers, el nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre paraísos fiscales, revelaron que Jorge Rial controló una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas que -según los formularios- se creó para operar cuentas bancarias y un “portfolio de inversiones”.

Entre mediados de 2012 y 2016, el periodista figuró como dueño y último controlante de la firma Noyante Trading Limited junto con sus dos hijas, Rocío y Morena. Y también sumó a su entonces amigo y socio, el periodista Luis Ventura, con un poder amplio para la toma de decisiones.

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Según publicó el diario La Nación, que participó de la investigación, Rial acudió al estudio Trident Trust para abrir la sociedad offshore. Narciso Muñoz, un empleado del banco Barclays de Miami, fue quien se encargó de firmar y completar el papeleo, cuyo trámite terminó el 1° noviembre de 2012.

En el documento figura su dirección en la calle La Pampa -de la Ciudad de Buenos Aires-, su fecha de nacimiento y se consignó que sus fondos provenían de su salario como conductor televisivo.

Por aquellos tiempos Rial ya estaba separado y en plena disputa pública con su todavía esposa, Silvia D’Auro, con quien se terminó de divorciar un año después, en octubre de 2013. De hecho, en aquel entonces comenzaba a mostrarse con su nueva pareja, la modelo Mariana “Loly” Antoniale.

Según los allegados al conductor, su operatoria offshore no debería asociarse a las negociaciones del divorcio. “Esa sociedad no tuvo que ver con la disputa con Silvia, ni fue para ocultarle nada. Ya estaba separado”, afirmaron desde su entorno, según publica La Nación.

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Consultados por el equipo argentino de ICIJ, allegados a Rial confirmaron que controló esa sociedad y que luego exteriorizó sus activos ante las autoridades argentinas. Fue parte del blanqueo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

“En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía la trajo con el blanqueo y no quedó nada afuera”, concluyeron.

En los 35 allanamientos realizados hoy en Rosario y otras cuatro localidades está bajo la lupa una organización criminal dedicada al lavado de activos. 20 personas y más de 100 bienes bajo la lupa, tras tres años de investigación

Los 35 allanamientos realizados este viernes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a pedido de una fiscal federal en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvarez, Acebal y la ciudad de Salta apunta a desarmar una organización criminal integrada por unas 20 personas, entre ellos varios empresarios, que se dedica al lavado de activos. Varias de esas personas fueron detenidas en estos operativos, en los que la PSA también incautó sumas cuantiosas de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.

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Los procedimientos son parte de una investigación que se inició hace tres años y es encabezada por la fiscal federal Adriana Saccone y tienen bajo la lupa una cantidad impresionante de bienes que al parecer eran utilizados por los sospechosos para blanquear dinero sucio e ingresarlo al circuito legal.

Tres allanamientos por delitos informáticos y presunta trata de personas

Entre esos bienes, que la Justicia Federal ordenó embargar, hay 19 inmuebles, dos embarcaciones e incluso posiblemente una tercera y al menos 79 vehículos, según un documento judicial al que tuvo acceso La Capital.

Los allanamientos ordenados por la Justicia Federal a pedido de Saccone incluyen 40 domicilios, buena parte de ellos en Rosario y en las otras tres localidades ubicadas en su zona metropolitana.

Por lo que pudo saber este diario, hasta hace un rato había cinco personas detenidas, unos 25 vehículos embargados, más de 70 teléfonos celulares incautados y entre 20 y 25 computadoras.

En el documento en el que solicita las órdenes de allanamiento la fiscal federal precisó con detalles cuáles fueron a su criterio las operaciones realizadas por esta organización criminal para poner en circulación el dinero ilícito en bienes y servicios, y también las operaciones de conversión de moneda extranjera y el gravamen de inmuebles.

En la investigación que disparó estos operativos habría incluso grabaciones en las que las personas sospechadas de integrar esta organización hablan de los bienes involucrados en estas operaciones delictivas.

La pesquisa tiene al menos dos informes técnicos en los que se describen las maniobras, uno de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal y otro de la División Apoyo Técnico Profesional de la Prefectura Naval Argentina.

También incluye varios informes realizados por la propia Policía de Seguridad Aeroportuaria, el organismo de seguridad encargado de realizar los operativos de este viernes en Rosario y otras cuatro localidades.

De acuerdo a la información obtenida por este diario, las personas bajo sospecha son 20. Al menos tres se distinguen por su condición de empresarios y si bien no todos cuentan con un patrimonio que pudiera despertar sospechas sobre su participación en operaciones de lavado de activos, los investigadores tienen evidencia de que integran la organización. Lo habrían hecho en calidad de intermediarios, un eslabón indispensable en la cadena de operaciones para lavar activos.

Entre los 20 sospechosos, varios de ellos ahora detenidos, destacan al menos dos: Norberto Carlos D. y Matías José Angel M., según se desprende de algunos documentos judiciales. De acuerdo a esos datos, son socios y amigos.

Son seis los procedimientos que lleva a cabo Gendarmería junto con personal de la Afip. Los operativos fueron ordenados por un juzgado en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires

Gendarmería Nacional y personal de la Afip llevan adelante seis allanamientos en distintos puntos de Rosario por una causa federal por contrabando y lavado de activos. Uno de los procedimientos se hace en un depósito fiscal ubicado en José María Rosa al 5600, en la zona de Circunvalación y Avellaneda. 

Los operativos fueron ordenados desde el Juzgado en lo Penal Económico Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, no se conocían detenciones, ya que el objetivo primario era el secuestro de documentación vinculada a importación de cigarrillos. 

Otro de los operativos que llamó la atención fue el que se realizó en avenida Cándido Carballo al 100, en Puerto Norte. 

El depósito fiscal allanado ya figura en investigaciones judiciales de relevancia nacional e internacional, ya que allí se encontró un cargamento de droga vinculado a la famosa causa “narcoarroz”.

La Justicia dio nuevos pasos en la investigación sobre el patrimonio del fiscal fallecido Alberto Nisman y su entorno. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi -que subroga el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio- ordenó el embargo de todos los bienes de la madre y la hermana de Nisman, del técnico informático Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.

Las medidas fueron ordenadas por Martínez De Giorgi el pasado 25 de noviembre, tras un fallo de la Cámara Federal que, en respuesta al planteo de uno de los acusados, le había ordenado acelerar el curso de la investigación.

Salud y economía, el doble golpe del Covid-19

Los imputados son investigados por supuestas maniobras de lavado de activos a través de la compra de propiedades, vehículos y de una cuenta bancaria radicada en el banco Merril Lynch en Estados Unidos.

“Ante la existencia de confusión económica y entrecruzamiento entre los imputados y las sociedades mencionadas en autos, a fin de cumplir con los objetivos y fines señalados (cfr. art. 193 del CPPN) habrá de procederse de conformidad con lo previsto por los arts. 23 y 305 del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de no haberse acreditado el cumplimiento de lo ordenado a fs.838/42, a ordenar el embargo preventivo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de las Sras. Sara Garfunkel, Sandra Ruth Nisman, Diego Angel Lagomarsino y Claudio Picón”, escribió Martínez De Giorgi en el fallo al que accedió LA NACION.

Y ordenó al Cuerpo de Peritos del Poder Judicial un peritaje sobre la situación patrimonial de los imputados “a fin de establecer una evolución económica histórica”. También pidió a la oficina de escuchas que depende de la Corte analizar los entrecruzamientos de llamados para determinar las comunicaciones entre todos ellos.

De Giorgi ordenó, también, la intervención de las firmas “Palermopack S.A.” Starpack S.A.” y “Easy Pack”, a nombre de las cuales estaban los seis vehículos secuestrados a Picón. Nisman conducía uno de los vehículos Audi que estaba a nombre de Palermopack S.A.

Inicialmente esta causa estuvo a cargo del exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral, que fue apartado por un pedido de la madre y la hermana de Nisman -defendidas por el abogado Pablo Lanusse- por las causales de “enemistad manifiesta” y “prejuzgamiento”, y entonces pasó a manos de Bonadio.

La Justicia los investiga además por lavado de activos. El jefe de la familia sería el autor material y su mujer e hijos, coautores de los delitos que están bajo la lupa de un fiscal.

Un matrimonio y sus dos hijos quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por la autoría de los delitos de lavado de activos y estafas por 122 millones de pesos a una empresa de transporte de cereales y algodón de Reconquista. La medida cautelar fue dispuesta por el juez Santiago Banegas a raíz del pedido formulado por el fiscal Leandro Mai en una audiencia que se realizó hace unos días en los tribunales de la ciudad del norte santafesino.

El magistrado también ordenó la inhibición general de los bienes y de las cuentas a nombre de los cuatro imputados y de una persona de existencia ideal que fue utilizada para cometer los delitos.

Los imputados son una pareja conformada por un hombre de 50 años cuyas iniciales son MDZ y una mujer de 51 años cuyas iniciales son SGM. Las otras dos personas investigadas son los hijos de la pareja que tienen 24 y 27 años y sus iniciales son SMZ y EDZ, respectivamente.

El hombre de 50 años fue imputado por el fiscal Mai como autor de los delitos de estafas y falsificación de cheques, ambos reiterados en varias oportunidades. También se le atribuyó la coautoría del delito de lavado de activos agravado (por realizarse con habitualidad y como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, utilizando para ello una persona de existencia ideal).

Por su parte, la mujer y los dos hijos de la pareja son investigados como coautores del delito de lavado de activos.

Estafas y falsificación

“Las estafas que investigamos son maniobras ilícitas cometidas desde enero del año pasado y hasta julio de este año”, precisó Mai. “El imputado trabajaba en una empresa de transporte de cereales y algodón ubicada en Reconquista y se valió de su cargo de empleado para desplegar su accionar delictivo”, informó.

“MDZ ingresó facturación apócrifa al circuito de pago de la firma. Lo hizo mediante operaciones ficticias que carecían de los códigos o documentos necesarios para acreditar el transporte de granos o algodón”, relató el funcionario del MPA. En la misma línea, agregó que “también emitía facturas de servicios de fletes no prestados”.

Mai se refirió al perjuicio económico causado a la empresa y detalló que “fue por la suma de 122.415.805,81 pesos”. Al respecto, señaló que “para perpetrar el engaño, las facturas fueron emitidas a nombre de personas humanas y jurídicas”.

Acerca del delito de falsificación de cheques, el funcionario del MPA explicó que “fue cometido desde enero de 2019 y hasta octubre de este año”. En este caso, “el imputado obtuvo de forma ilegítima cheques de pago diferido de la empresa y falsificó la grafía de las personas a las que habían sido asignados, como así también la rúbrica de alguno de ellos en favor de una empresa que había creado para fines ilícitos”.

Esposa e hijos

Con respecto al delito de lavado de activos, el funcionario del MPA precisó que “MDZ actuó en forma conjunta con su esposa e hijos para administrar y poner en circulación los bienes provenientes de ilícitos penales”. En tal sentido, indicó que “esta actividad, se desarrolló de forma habitual y sistemática hasta noviembre de este año, en el marco de una organización en la que también había allegados que actuaban como administradores y prestanombres”, sostuvo.

“Los imputados crearon una empresa con el fin de poner en circulación el dinero y los bienes procedentes de las estafas, de la falsificación de cheques y de otras maniobras que causaron un perjuicio patrimonial a la firma”, continuó explicando el fiscal. Y concluyó que “lo hicieron para que esos bienes adquieren la apariencia de un origen lícito”.

El fiscal Mai destacó que “las diligencias investigativas que ordenamos desde la Fiscalía en el marco de este legajo fueron llevadas a cabo por personal del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Región IV”.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó un recurso de las defensas de los profesionales y empresarios involucrados en la megacausa por fraude inmobiliario. Habrá juicio en 2020 y será también por ese delito, que prevé multas millonarias.

El máximo tribunal de Santa Fe declaró “inadmisible” un recurso de la abogados defensores de profesionales y empresarios involucrados en la “megacausa” por fraude inmobiliario y ratificó que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación son competentes para investigar lavado de activos.

La resolución, que tiene la opinión inicial por el rechazo del ministro Daniel Erbetta, responde a una presentación de los abogados que representan a distintos acusados, que buscaron llevar el debate al letargo de la Justicia Federal. Netri, Falistocco, Gastaldi, el presidente Gutiérrez y Spuler votaron en igual sentido que Erbetta.

Fuentes judiciales valoraron que el fallo “tiene una relevancia central en la política de persecución penal provincial”. Además, que “remueve un obstáculo insalvable si se quiere una persecución no selectiva, o mejor dicho selectiva de manera inversa”.

El delito de lavado había sido introducido por los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot desde la primera audiencia imputativa, que fue en octubre de 2016, cuando la investigación trascendió por los allanamientos y detenciones de los primeros involucrados.

Habrá juicio oral

A fines de diciembre, los jueces Gonzalo López Quintana, Héctor Núñez Cartelle y José Luis Suárez convalidaron la acusación de los fiscales Narvaja y Haurigot y finalmente más de una decena de profesionales y empresarios de alto perfil estarán sentados en el banquillo por delitos alrededor de maniobras de estafa con campos, lotes e inmuebles.

Así, 15 personas serán sometidas a juicio oral y público. Se exponen a penas que van desde los tres años y medio hasta los 18 años de cárcel, según lo que plantearon los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. Además, hay pedidos de multas que en determinados casos superan los 70 millones de pesos y de inhabilitaciones especiales para los profesionales implicados.

Entre los más comprometidos aparecen el escribano Eduardo Martín Torres, el empresario Juan Roberto Aymo, el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, el contador Marcelo Basilio Jaef y Leandro “Lelo” Pérez, ex novio de la vedette Vicky Xipolitaxis.

La acusación aceptada por los jueces incluye los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, estafa y lavado de dinero. Por esta última calificación es que los fiscales solicitan sanciones económicas por al menos tres veces el monto de las operaciones realizadas.

Es por los casos Lacava, Luppi, Marelli, Giménez, Coman y Achaga, que comprenden en su conjunto la compraventa fraudulenta de un campo de Villa Amelia –propiedad de viuda del un excamarista–, de inmuebles de Presidente Roca 8 y 20, Córdoba 7654, Virasoro 5390, el 50% de un terreno de Villa Amelia y al menos cuatro lotes en General Lagos y Arroyo Seco.