El juez de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Tomás Orso, resolvió absolver a Antonio Di Benedetto en la causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2” al declarar prescripta la acción penal en su contra. La medida deja sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa respecto a la prescripción de los delitos.

La resolución fue adoptada tras un extenso trámite judicial que comenzó con la imputación de Di Benedetto por múltiples hechos de estafa y falsedad ideológica supuestamente cometidos entre 2015 y 2017. La acusación original se formalizó en 2021 y una reimputación se realizó en marzo de 2024, momento en el que la defensa presentó un recurso solicitando que se declare la prescripción de la acción penal.

La posición de la defensa

Durante la audiencia de apelación, el Dr. Lucio Rossini, abogado defensor del imputado, sostuvo que los hechos imputados ocurrieron como máximo hasta mediados de 2017, por lo que el plazo de prescripción —de seis años para los delitos atribuidos— vencía en julio de 2023. Rossini afirmó que los cargos formulados en 2024 se hicieron fuera de ese plazo, pues constituyen nuevas imputaciones que no interrumpen la prescripción de los delitos atribuidos.

La postura de la fiscalía

Por su parte, la fiscal Dra. Vuletic argumentó que los hechos fueron imputados por primera vez en 2021, y que la acusación presentada en 2024 no constituía una nueva imputación sino una readecuación de los mismos hechos, por lo que correspondía considerar que la acción penal seguía vigente.

Fundamentos del fallo

En su fallo, el juez Orso precisó que las maniobras investigadas habrían ocurrido entre 2015 y febrero de 2018, y que el requerimiento acusatorio —primer acto interruptivo de la prescripción— se presentó recién en mayo de 2024. Al haber transcurrido más de seis años desde los hechos, el magistrado consideró que el plazo de prescripción se encontraba agotado para cualquiera de los delitos imputados, conforme a los artículos 59.3 y 62.2 del Código Penal.

Por ello, dispuso declarar prescripta la acción penal y absolver a Di Benedetto en relación a los cargos atribuidos, dejando sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa.

Contexto de la causa

Di Benedetto había sido señalado como presunto autor de múltiples maniobras de estafa y falsificación de documentos en operaciones inmobiliarias, que habrían causado un perjuicio millonario en Venado Tuerto y localidades cercanas. La causa, conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2”, se inició con denuncias presentadas en 2016 y motivó años de investigación

El ex participante de Cuestión de Peso pasó relató cómo afectó su salud las operaciones que se hizo con el cirujano.

El fallecimiento de Silvina Luna golpeó muy fuerte al mundo del espectáculo. 

De hecho, varias de las víctimas de Aníbal Lotocki salieron a hablar para pedir Justicia y contar las consecuencias que enfrentan actualmente tras haberse operado con él años atrás.

Entre los más afectados se encuentra Fran Mariano, recordó su paso por manos del profesional acusado de mala praxis.

Si bien contó que en la actualidad cuenta con un equipo médico que lo están “ayudando muchísimo” para poder sacarse el producto “de a poco” que le inyectaron en la cara, también aseguro que “en los glúteos es muy difícil”.

“No estoy preparado para someterme a tamaña cirugía como abrirme un glúteo entero y sacar todo eso, pero sí de cara me van a ver mejor porque me estoy tratando las cicatrices con láser”, aseguró sobre su actual estado de salud, en diálogo con el programa Buena Tarde.

Por otro lado, recordó que al médico lo conoció en el 2012 después de haber pasado por el reality Soñando por Bailar 2 y Cuestión de Peso, donde bajó 92 kilos, y fue de invitado al programa de Bien de Verano.

“El conductor era Ángel de Brito y me dice ‘si queres hacerte algo aprovechá y pedilo’.

En cámara dije “a ver Lotocki”, encima pronuncié mal su apellido porque ni sabía quién era, pero sí sabía que hacia esos cuerpos, esas colas divinas y ya estaba dando vueltas por todos los medios entonces, me dicen que si él acepta cubrimos la nota”, relató y sostuvo que cuando generó el contacto el profesional aceptó operarlo sin cobrarle y en ese momento comenzó su calvario.

Mariano recordó que cuando llegó a operarse estaba muy nervioso y Lotocki le daba entre una o dos pastillas para calmarlo y “cuando estaba muy somnoliento él me daba para firmar los consentimientos”. 

“Esto parece gracioso, pero no lo es: en ese estado llegué a escribir un poema de Neruda tras una de esas hojas porque estaba en mi mundo”, indicó.

El ex participante de Cuestión de Peso aseguró que primero fue luego de haber bajado 92 kilos quería sacarse los colgajos, sin embargo, también pidió “afinar la nariz un poco y el mentón” que eran cosas que le “molestaban un poquito”.

“Ahí trajo un fibrón y me marcó como si yo fuera un mapa y después me empezó a decir todo lo que iba a hacer de cosas que yo no quería y tanto él como su mujer me dijeron ‘esa grasa te la vamos a poner con biopolímeros’. 

Ellos sabían que estaban utilizando esto que es la silicona líquida”, agregó.

Tras su primera cirugía se dio cuenta que se había arruinado la cara: “Tenía la nariz que parecía el Greench, durante un año del mentón me salía gotitas de algo que me supuró un año. Tuve que volver a ir para que me vuelva a operar para que esas cicatrices cierren”.

Con el correr del tiempo ya no confiaba más en Lotocki y procedió a iniciarle un proceso penal. “Hay una denuncia penal, solamente, no le hice civilmente porque no quiero plata manchada con sangre, no me interesa, seguiré mi camino”.

“Yo solo quería estar mejor, verme bien, ser una persona sana y estar en este medio. 

Soñaba con un montón de cosas y nada de eso pasó y ahora estoy peor que antes: ahora no me puedo reír, me miro y no me gusta, estoy lleno de cicatrices que las maquillas, pero cuando me baño las veo”, concluyó entre lágrimas.

Se trata de Silvina Elisa M., acusada de intervenir en la relación entre una empresa crediticia y un deudor moroso. Quedó en libertad bajo caución

Silvina Elisa M., esposa de quien fuera un alto jefe de la policía rosarina hoy retirado, fue imputada este viernes por el fiscal Federico Rébola por los delitos de extorsión agravada por uso reiterado de arma de fuego en carácter de partícipe necesaria y junto a otras personas que aún no fueron identificadas por la investigación.

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Tras una extensa audiencia, el juez de primera instancia Hernán Postma decidió anoche otorgarle a la acusada la libertad con restricciones por el término de 60 días y le dictó una caución real de 50 mil pesos y personal de someterse al cuidado de su esposo además de reglas de conducta.

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La mujer bajo la lupa judicial está casada desde hace 28 años con Daniel Corbellini, ex director de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario y de la central operativa OJO, quien de acuerdo a la investigación no tiene ningún tipo de vínculo ni está nombrado en el caso por el cual fue allanada su casa la noche del miércoles y por lo que ayer fue imputada su esposa.

De acuerdo a la acusación, la mujer trabajaba en la oficina céntrica de una empresa que se dedica a dar préstamos personales y a la que le adjudican haberse valido de amenazas y ataques a tiros contra la casa de un cliente para cobrarle un crédito que había caído en mora. En ese marco al denunciante, que vive con su esposa y es padre de tres hijos, le balearon dos veces la casa que habitan en el barrio Bella Vista.

La casa del ex jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) y ex titular de la central operativa OJO, Daniel Corbellini, fue allanada este jueves, y fue detenida su esposa.

Tras recibir una serie de amenazas telefónicas y una balacera el 21 de mayo pasado contra su vivienda de calle Amenábar al 3700, Matías Lucas M., solicitante de dos préstamos por 50 mil pesos cada uno a una firma que tiene sus oficinas en el primer piso de la Galería Libertad de calle Sarmiento al 800, realizó la denuncia ante el fiscal Rébola.

Según el denunciante, sólo debía unos 6.600 pesos para saldar el primer crédito y unos 77 mil pesos para pagar los dos préstamos cuando en nombre de la empresa crediticia le exigieron que dejara su casa ante la mora. Como no lo pudo cumplir, luego le reclamaron como forma de pago la entrega de distintos vehículos (un Volkswagen Fox, un Renault Kangoo y un Fiat Mobi) y la suma de dos millones de pesos a saldar en un plazo de 24 horas. Si no lo hacía, le señalaron, matarían a su familia.

Entre los mensajes extorsivos que recibió Matías M. le enviaron fotos de la documentación que él había aportado a la hora de solicitar uno de los créditos en la oficina de calle Sarmiento. En esas circunstancias, cuando las víctimas vieron las imágenes que le enviaban los extorsionadores dedujeron: “Es Silvina” (por la acusada). Es que, según ellos, nunca le dieron esa documentación a otra persona que no fuera esta mujer.

Ante ello, siempre según los dichos de los denunciantes, contactaron a la acusada para preguntarle qué estaba pasando y se toparon con una respuesta impensada: “No puede ser, esa información está resguardada”. Sin embargo, horas más tarde Matías M. y su pareja volvieron a ser amenazados con un mensaje de texto. En el mismo les dijeron: “Maniana vamos a hablar con Silvina y le vamos a poner los puntos xq la deuda la agarro la mafia. Y nos vas a tener que pasar los dos Boras” (sic), en relación a autos que supuestamente tenía el deudor. Además le advirtieron que la deuda a partir de ese momento trepaba a 350 mil pesos en un pago de 100 mil y cinco cuotas de 50 mil pesos “porque en un año y cuatro meses el interés es alto”. Ante el aumento, Silvina les dijo: “Los confites están caros y el inversor tiene que arreglar con esta gente”.

Después de una serie de mensajes, el 31 de mayo la casa de Matías M. volvió a ser atacada a tiros. Y siete horas después de la balacera la pareja deudora recibió un nuevo mensaje: “Ei hoy fue el aviso los dos Bora con 08 firmado sino ya sabe te mato cualquiera en el negocio” (sic). Luego les exigieron la friolera suma de un millón de pesos y les advirtieron que si no tenían ese dinero, aceptaban 600 mil pesos en efectivo.

La cosa siguió así hasta que el 2 de junio Silvina Elisa M. llamó al deudor y le ofreció cancelar ella la deuda con los apretadores pagando 150 mil pesos. De esa manera todo quedaría en sus manos. La víctima, entre lo malo y lo peor, aceptó la propuesta y al otro día la mujer le dijo que ya había pagado 700 dólares “con el propósito de que no lo molesten más”. Pero a Matías M. lo siguieron extorsionando con pedidos de dinero o autos.

El cabildeo continuó durante al menos un mes, hasta aproximadamente el 19 de julio, día en que el hombre recibió un mensaje telefónico de quien dijo ser la contadora de Silvina y quedaron en encontrarse en un hotel de Puerto Norte para que Matías M. realizara un pago de 20 mil pesos. Lo cierto es que hasta ese momento la víctima ya había devuelto un total de 175 mil pesos de los cuales, plantea la acusación, 150 mil fueron entregados en mano a Silvina M.

El fiscal Federico Rébola entendió que la mujer era partícipe necesaria de una maniobra de extorsión agravada por el uso de arma de fuego. Y basó la acusación en documentación, registros de intercambios telefónicos, audios grabados y documentos remitidos por WhatsApp que aportaron las víctimas. Asimismo, el fiscal dijo que de la situación no sólo participó la mujer sino que hay involucradas otras personas que aún no fueron identificadas.

En el 2008 fue condenada por el homicidio de su pareja. En el 2016 fue absuelta por la Corte Suprema. Según la mujer, el asesino fue el cuñado de la víctima y jamás fue investigado.

En el año 2005, en la ciudad de Arequito, asesinaron al productor agropecuario Carlos Omar Bartorelli. Por el crimen, la Justicia santafesina condenó a prisión perpetua a su mujer llamada María Antonia Gauna, una docente correntina.

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María Antonia Gauna estuvo presa desde el año 2005 al 2016 y luego fue absuelta, tras apelar en la Corte Suprema de Justicia. Por esta condena injusta, la mujer le hizo un juicio a la provincia y Santa Fe deberá pagarlo 7 millones de pesos por los daños que le generó.

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María Antonia Gauna habló con LT10 y contó con lujos de detalles su versión de los hechos y afirmó que el asesino fue el cuñado de su marido, quien nunca fue investigado y se quedó con los campos de Bartorelli.

Gauna señaló que “la noche del crimen, volvimos de cenar, yo me bajé en mi casa y mi marido fue a guardar el auto a una cochera, a una cuadra. Cuando entré a mi casa me encontré con una persona encapuchada con un arma. Cuando me redujo, me di cuenta que era Pirulo, el cuñado de mi marido. El tipo me pedía plata; yo le di lo que tenía”.

Además, agregó que “cuando llegó mi marido, le abrí la puerta como pude (con los brazos atados) y le dije que estaba su cuñado. El tipo lo apuntó y lo obligó a entrar. Este sujeto nos pedía plata porque mi marido había retirado 25 mil pesos del banco días antes. Nos obligó a tomar algo y nos metió en la cama. Yo tomé todo y mi marido no. El sujeto llamó a alguien por celular y le dijo que si en 5 minutos no salía que entren. Yo me dormí y luego desperté en el sanatorio”.

Tras este crimen, la Justicia “investigó” y condenó a la mujer a cadena perpetua por asesinar a su marido con puñaladas de arma blanca.

“Gracias a las pericias científicas se comprobó que yo tenía los dos tendones cortados y era imposible que me lo hubiera hecho sola”, subrayó.

Finalmente, María Antonia Gauna remarcó que “jamás fue investigado el cuñado de mi marido (O.E.L) a pesar que siempre lo mencioné. Este sujeto está en arequito usurpando mi casa y explotando el campo de mi marido. Este fue el móvil del crimen. La impunidad de este caso es insólita”.   

Elida Mambrín fue condenada a 15 años de prisión. Dirigía la asociación civil No Me Olvides junto a su marido “Kilo” Vallejo, quien se suicidó tras un pedido de captura.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este lunes a 15 años de prisión a Élida Mambrín, viuda del dirigente social y puntero político del PJ Rolando “Kilo” Vallejos, por el delito de explotación sexual de cerca de 70 mujeres que llegaron a su asociación para recibir el plan de Fortalecimiento Comunitario (FOCO), que otorgaba el Gobierno provincial a través de organizaciones sociales. También fue condenada por dos hechos de abuso sexual, uno de ellos gravemente ultrajante.

En tanto, la secretaria de la organización, Lorena Quintana, recibió una pena de tres años en suspenso, como partícipe secundaria del delito de trata de personas agravado: las víctimas que declararon la ubicaban en varios hechos y situaciones denigrantes.

En otras palabras, las dos mujeres fueron acusadas de captar a las víctimas a través de la asociación civil y de exigirles que tuvieran estuviesen con hombres vinculados al poder chaqueño, a cambio del acceso a “becas” o planes pagos con dinero público de los que también se beneficiaban ellos.

“A nosotros nos quedó la satisfacción de que se resolvió en función a nuestro trabajo, en cuanto al reconocimiento de los hechos y la cantidad de pena solicitada para las dos imputadas”, afirmó ayer el fiscal Federico Carniel, en diálogo con Diario Chaco.

Los fundamentos se darán a conocer el próximo 13 de septiembre. A partir de esa fecha corre un plazo de 10 días en los que la defensa puede apelar y la causa pasaría a Casación donde se define si se confirma la pena o se la revoca. En el caso de que no recurran, la sentencia quedaría firme.

La causa se inició en marzo del año pasado y comprometió principalmente a “Kilo” Vallejo quien, a través de su fundación, obtuvo becas que después le ofrecían a mujeres jóvenes.

Una vez que reclutaba a las víctimas, las presionaba pidiendo a cambio de ese dinero diferentes “favores”, entre ellos que sean explotadas sexualmente bajo amenaza de perder la ayuda económica.

Tras la denuncia de un grupo de mujeres explotadas que disparó la investigación, “Kilo” Vallejo estuvo prófugo de la justicia durante más de dos meses y finalmente lo encontraron muerto en su casa de Barranqueras en mayo de ese mismo año, después de que decidiera quitarse la vida.

Así, el juicio recayó sobre dos personas, por un lado la viuda, Elida Mambrín, imputada como coautora del delito y la secretaria de la asociación civil, Lorena Quintana, como partícipe secundaria.

Ocurrió en Inglaterra. El acusado, de 74 años, fue hallado culpable del ataque sexual a una menor de 13 en los 70.

La justicia británica condenó el martes a un hombre de 74 años por la violación de una menor cometida hace más de 40 años, gracias a la “determinación” de su hija biológica, nacida de este crimen, que proporcionó su ADN.

Carvell Bennett, de 74 años, fue declarado culpable por un tribunal de Birmingham, en el centro de Inglaterra, de una violación cometida en la década de 1970 contra una menor de 13 años y condenado a 11 años de prisión. Después de la violación, la víctima quedó embarazada, dio a luz a una niña y la entregó en adopción.

Esta decisión fue posible gracias al “empeño y determinación” de la niña nacida de este crimen, que “buscó justicia en este caso para sí misma y para su madre”, destacó el juez Martin Hurst.

La demandante -que no puede ser identificada para proteger la identidad de su madre-, descubrió la verdad sobre su concepción al consultar su expediente de adopción, cuando cumplió 18 años.

Un descubrimiento “aterrador“, confió al tribunal, lamentándose de ser “la encarnación de una de las peores cosas que puede ocurrirle a alguien”.

“Escondido” por las autoridades en el momento de la infracción, según el juez, el caso no se reanudó hasta que la hija de la víctima hizo campaña para una reapertura de la investigación y convenció a su madre biológica de presentar una denuncia.

El análisis de su ADN permitió identificar a Carvell Bennett formalmente como padre, pese a que él siempre había negado su paternidad.

El acusado, que se negó a disculparse en el juicio, admitió la relación sexual, pero afirmó que la víctima había consentido y creía que tenía 16 años en el momento de los hechos. Una afirmación “ridícula” según el juez Hurst.

El “Rey de la carne” por ahora seguirá detenido en su casa de Ramos Mejía pero no podrá salir a trabajar.

El empresario de la industria cárnica Alberto Samid pidió disculpas al Poder Judicial y a las personas que se cruzaron recientemente con él en una parrilla, a pesar de estar cumpliendo prisión domiciliaria.

“Habiendo pasado varios días en una situación de mucho stress, se me produjo un síndrome confusional y en esa circunstancia me encontré en un lugar donde no debí haber estado”, dijo Samid, al hacer referencia a su presencia en la parrilla “Paja Rota”, ubicada en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, el 21 de junio último. Ese día, fue increpado por varias mujeres que le recordaron que estaba con prisión domiciliaria y le pedían que mostrara la pulsera electrónica con la que se controla a los presos.

Ahora, en su cuenta de Twitter, el empresario señaló: “A todos aquellos a los cuales mi presencia le ha molestado, a la señora que me filmó, a la gente de la parrilla y principalmente a la Justicia, quiero pedirles un sincero perdón”.

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Samid explicó que había ido a la parrilla a almorzar porque había recibido un pedido de mercadería, pero ese comercio desmintió. Luego, mediante un certificado médico, adujo haber tenido un “estado confusional”, por lo cual no comprendió lo que sucedía.

Este martes, el Tribunal en lo Penal Económico número 1 le revocó las salidas laborales que le había otorgado tras haberlo condenado por el delito de evasión impositiva, pero le mantuvo la prisión domiciliaria. De este modo, el empresario seguirá detenido en su casa de la Avenida de Mayo al 1000 en Ramos Mejía, pero no podrá salir a trabajar, algo que había logrado en noviembre de 2020.

La Justicia dispuso además que Samid deberá usar de aquí en mas una tobillera con GPS, ya que hasta ahora era controlado por un “dispositivo de vigilancia” diferente. El otrora “rey de la carne” tiene una condena a cuatro años de prisión por asociación ilícita, que está bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, desde junio de 2019 está en prisión domiciliaria y en noviembre pasado había sido autorizado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 para trabajar los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 13:00 en el Mercado Central.

El asalto tuvo lugar en octubre de 2020 mientras la pareja escalaba una montaña en la provincia de Jorasán Razaví, en el noreste de Irán.

Cuatro hombres conocidos en Irán como ‘las hienas de las montañas Fariman’ han sido ahorcados esta semana tras ser declarados culpables del secuestro de una pareja de montañistas y de la violación en grupo de la mujer delante de su marido, que fue atado y obligado a mirar el atroz crimen. 

El asalto tuvo lugar en octubre de 2020, mientras la pareja escalaba una montaña en la provincia de Jorasán Razaví, en el noreste de Irán, cerca de la frontera con Afganistán. 

Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini y Mohammad Watandoost fueron localizados por la Policía de Fariman, y las autoridades lanzaron una investigación policial y un proceso judicial. 

El Tribunal Penal de Jorasán Razaví remitió luego el caso al Tribunal Supremo, que condenó a los acusados a morir en la horca en la prisión central de Mashhad por cargos que incluyen violación, secuestro y amenazas, informan medios locales.

rán es uno de los siete países del mundo donde la violación puede ser castigada con la muerte. Según Amnistía Internacional, la República Islámica llevó a cabo un total de 250 ejecuciones en 2019 —el segundo mayor número en el mundo después de China—, de las que doce fueron por violación.

Por otro lado, las mujeres iraníes se encuentran con numerosos obstáculos a la hora de demostrar que han sido víctimas de violación, y a menudo pueden afrontar cargos por adulterio, indecencia o comportamiento inmoral después de denunciar una agresión sexual.

En enero, tras casi una década de trámites y preparativos, el Gobierno iraní aprobó un proyecto de ley denominado ‘Protección, dignidad y seguridad de las mujeres contra la violencia’, que pretende amparar a este grupo de población.

La medida cautelar busca evitar maniobras sospechadas de vaciamiento. Se da en el marco de la causa penal por presunta estafa.

La Justicia Penal de Rosario prohibió cualquier modificación de la composición accionaria de la Vicentin Saic y sus firmas vinculadas. También solicitó que se levante el secreto bancario, bursátil y fiscal sobre todo el grupo. La medida había sido reclamada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno, quien investiga por estafa a los dueños de la agroexportadora, y apunta a evitar maniobras de vaciamiento de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores tras cesar pagos por u$s 1.400 millones.

La prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria de la empresa que tomó el juez Nicolás Foppiani incluye a las firmas en las que Vicentin Saic tiene participación y a las sociedades que tienen a miembros de su cúpula como representantes legales. Al extenderla a todo el conglomerado, la Justicia Penal rosarina va un paso más allá que los tribunales federales porteños, donde se investigan los cuantiosos créditos otorgados por la anterior administración del Banco Nación a la agroexportadora.

“El juez federal Julián Ercolini había impedido algo similar propuesto por el fiscal Gerardo Pollicita”, subrayó el abogado Gustavo Feldman, quien como representante de uno de los acreedores de Vicentin presentó la denuncia penal por estafa que se sustancia en los tribunales locales. La medida, explicó, busca impedir que “se siga produciendo la fuga y el vaciamiento”.

De hecho, los antecedentes que cita el propios fiscal de la causa en el pedido al juez son la venta de Friar, la disposición de acciones de Renova y los movimientos de bienes realizados por integrantes del directorio para “reducir” su patrimonio.

Feldman resaltó la decisión de la Justicia local, porque “está emulando lo que se ha hecho en New York y en Asunción, que es intentar desbaratar esta arquitectura financiera que permitió la toma de deuda, diagramó el default bajo la falacia del estrés financiero y ahora pretende terminar de vaciar Vicentin”. Al mismo tiempo, insistió con la necesidad de prohibir la salida del país de los directivos de la firma. Y, de paso, volvió a criticar al juez que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores, Fabián Lorenzni. Advirtió que, si ese proceso termina en quiebra, “se abrirá otra investigación penal por insolvencia fraudulenta”.

Tras la denuncia presentada por el abogado, Moreno aceptó en julio abrir una investigación penal sobre los directivos de Vicentin. Es en ese marco que pidió al juez la prohibición de ovimientos que afecten el paquete accionario. En su solicitud se hizo eco de la información periodística sobre la venta de acciones de Vicentin en Friar y la venta del 16,67 por ciento del capital accionario de Renova a Glencore. También se apoyó en los informes presentados por las actuales autoridades del Banco Nación y la Unidad de Información Financiera (UFI) sobre “el desprendimiento de activos valiosos y sospechosos movimientos de dinero hacia el exterior”.

La medida incluye a las empresas Bos Co, Algodonera Avellaneda, Playa Puerto, Renova, Biogas Avellaneda, Río del Norte, Diferol, Friar, Oleaginosa San Lorenzo,Juviar, Buyanor, Emulgrain, Si Cotton,Terminal Puerto Rosario, La Porfia, Vicentin Desarrollos, Logística Río Arriba, Los Amores, Pedro Vicentin, Los Amores de Vista Flores, Servicios Fluviales y El Renuevo. También se ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal de estas empresas y las siguientes: Bioceres, Enav, Sottano, La Isabelina, Los Colombo, Sudeste textiles, Doña Rosa, Negu, Goldenuno, Industrias Colsa, Los Nenecos y Mercosol.

En la presentación que dio lugar a la medida, el fiscal recordó las denuncias de La Clementina y Cuatro Hojas, empresas a las que Vicentin compró y recibió granos hasta pocas horas antes de declararse en cesación de pagos. También la que realizó la firma Olzen contra la agroexportadora por “licuación del patrimonio empresarial, desvío de fondos hacia cuentas del exterior y la disminución de los patrimonios particulares de las personas físicas asociadas”.

Señaló que la investigación se enfocó en la actividad desarrollada por parte de los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, quienes “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”. Y, citando el informe que el director del Banco Nación Claudio Lozano presentó a la Justicia federal, subrayó que esa imposibilidad de pago se dio en una firma que “entre 2015 y 2018 no hizo más que expandir su facturación”. Por eso, busca determinar si hubo una “crisis autogenerada, a los efectos de no abonar las sumas adeudadas”.

En su escrito, Moreno recogió las presentaciones realizadas por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe en el proceso concursal que se tramita en Reconquista, y los fundamentos de la causa que se sigue en la Justicia federal porteña por el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación a Vicentin y Algodonera Avellaneda. De ese último expediente extrajo una presentación de la UIF que reporta indicios sobre una “simulación” del estado de cesación de pagos por parte Vicentin, que además “habría utilizado su estructura exterior y/o la de Glencore, para remitir sus ganancias al extranjero”.

También recordó el reporte en el que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) destaca “la tendencia de Vicentin a transferir capital accionario” dentro de las empresas del mismo grupo económico, y el informe en el que Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti describen a pedido del Banco Nación el detalle de estas operaciones. En ese trabajo se expone además el proceso de creación de filiales y holding en el exterior que fueron adquiriendo participaciones en firmas del grupo que antes estaban controladas por Vicentin Saic. Destaca también el entrecruzamiento de directores entre vinculadas. Y le suma los casos detectados de “desprendimiento de bienes” por parte de los directivos de la empresa, a través de donaciones, ventas y desprendimientos de cuotas sociales.

De ese modo, en base a “la evidencia colectada hasta la fecha, y teniendo en consideración la profusa investigación vinculada a la estructura de propiedad de Vicentin Saic y las distintas sociedades que la componen”, Moreno solicitó la medida cautelar sobre empresas y directivos para que no puedan “modificar su composición accionaria”.

Consideró que el requerimiento está justificado por la investigación preparatoria que llevó a cabo a partir de las denuncias recepcionadas, y que están relacionadas con “la criminalidad compleja” por la presunta comisión de los delitos de estafa, defraudación, asociación ilícita y lavado de activos. El pedido fue aceptado.