La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país.

Tapia, que este jueves se sometió a indagatoria en la causa donde se lo acusa de presunta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos, podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se realizará en Paraguay, según lo dictaminado por la Justicia en lo Penal Económico.

Luego de su indagatoria, Tapia había asegurado que la AFA “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”.

“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, expresó.

Luego se expresó en sus redes sociales, donde planteó: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

“Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, cerró.

El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque, muy cerca de la capital, que es Asunción.

Los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores serán Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que aquellos que dirán presente en la Sudamericana serán River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

La jueza federal subrogante de Reconquista, Zunilda Niremperger, volvió a emplazar a Vialidad Nacional respecto del estado de la Ruta Nacional 11, en el tramo Vera - Malabrigo.

Tras una resolución dictada el 18 de octubre en la que ordenó al organismo vial nacional a informar el plan de obras en ese trayecto y dispuso medidas preventivas de señalización y concientización para evitar accidentes, ahora la magistrada a cargo estableció un plazo de tres meses para ejecutar tareas de  bacheo y/o relleno de pozos existentes en el tramo comprendido entre el Kilómetro 724 al Kilómetro 752 (distritos Vera - Malabrigo).

Asimismo, mandó señalizar, mientras dure el tiempo de reparación, debidamente la ruta en el sector de intervención e insistió con realizar una campañaa informativa para evitar siniestros viales a los usuarios.

En tanto, impuso a los apoderados de Vialidad Nacional el deber de denunciar los datos filiatorios de los funcionarios y/o empleados dependientes de la repartición que se encuentren a cargo de cumplir y/o hacer cumplir las disposiciones que “tienen como finalidad primordial la protección de usuarios, transeúntes y residentes de la Ruta Nacional Nº 11 en el tramo motivo de la presente medida cautelar, en especial como medida de prevención de accidentes”.

Paralelamente, en un decisorio clave, determinó la fijación de una caución por parte de VN “a fin de responder por todas las costas, daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar”.

La medida de la Dra. Zunilda Niremperger es correlato de un acción de amparo presentada por el diputado provincial Dionisio Scarpin, exigiendo la reparación del deteriorado tramo. “La Justicia nos da una respuesta contundente. En tres meses, los trabajos de bacheo en este sector, uno de los más peligrosos, deberán completarse, lo que nos asegura un avance concreto”, destacó el legislador.

Cabe recordar que, días atrás, el Juzgado Federal de Reconquista había impuesto medidas transitorias, donde determinaba la presentación en cinco días de un plan de bacheo específico para este tramo de la ruta. Ahora, la Justicia fue más allá y fijó un plazo de tres meses para realizar las reparaciones completas, junto con la implementación de señalización de seguridad y desvíos en un máximo de tres días.

Dioinisio Scarpin destacó la relevancia de la acción judicial para poner freno a los incumplimientos del gobierno nacional y  abogó por el inicio inmediato de las obras: “Esta ruta es esencial para nuestra región, y no podemos permitir que siga en ese estado. Este fallo marca el camino hacia una solución que resguarde la vida de todos los santafesinos que transitamos la Ruta 11”.

Laudelina, acusada de ocultamiento y sustracción, ya está en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza. Según pudo conocerse la tía de Loan quedará alojada en una celda individual.

La Justicia ordenó su detención el viernes, luego de que declarara durante ocho horas en el Juzgado Federal de Goya. 

De esta manera, se suma a los seis detenidos que tiene el caso que están alojados en un penal Federal.

La imputación a la tía de Loan fue realizada por el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), quienes habían reiterado este jueves la solicitud de que se convoque a Laudelina a prestar declaración indagatoria.

“En esa presentación, ampliaron los fundamentos explicando que en el caso se han incorporado nuevos elementos de prueba que resultan cruciales para el avance de la causa, inclusive por fuera de la declaración prestada por la mujer en el fuero provincial, y que la ubican como una persona de especial interés para la investigación, con un claro rol activo”, detallaron.

Para la fiscalía “hay motivos suficientes para sospechar que la conducta imputada a Peña se corresponde, en principio, con su posible participación en una maniobra de sustracción y ocultamiento del niño, sin perder de vista que el hecho imputado podría haber sucedido en un contexto de criminalidad organizada o compleja, y como parte de un supuesto enmarcado en un delito federal”.

La causa judicial por la desaparición del pequeño Loan en Corrientes el pasado 13 de junio ingresó en un limbo judicial puesto que los fiscales que intervinieron desde el inicio se desprendieron del caso pero la Justicia Federal aún no aceptó la competencia.

La jueza Cristina Pozzer Penzo recibió en las últimas horas el expediente pero lo giró al fiscal federal Mariano Guzmán quien tendrá que dictaminar si para él existió una red de trata que pudo haber captado al menor y en función de eso si son o no competentes.

Luego de ello la jueza tendrá la palabra final sobre si aceptan o no la causa, de no hacerlo volverá a los fiscales que originalmente tenía la investigaron pero se trabará la competencia.

Todo hace suponer que la jueza va a aceptar el caso porque en las últimas horas se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le brindó su apoyo.

Bullrich tuvo tres encuentros ayer en Corrientes, el primero con las fuerzas federales y provinciales; el segundo con la jueza federal quien podría asumir la investigación y finalmente los fiscales provinciales que intervinieron hasta el momento y detuvieron a seis personas al considerar que Loan fue víctima de una red de trata de personas.

Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa luego de reunirse con la jefa federal y detalló que la investigación será confidencial para evitar entorpecer la causa.

Según precisó, la causa pasará a la Justicia Federal y, a partir de esto, trabajarán la Policía, Gendarmería y Prefectura.

"Vinimos a ordenar la investigación y los caminos de búsqueda de pruebas que vayan generando la consistencia de esta desaparición. Es un caso que preocupa a todos los argentinos. Esperemos que pueda llegar a una salida feliz", expresó la ministra de Seguridad.

En ese sentido, explicó: "Hemos decidido entre todos que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación. A esta altura, luego de 12 días de una primera investigación de la justicia provincial, cada dato que se haga público puede poner en peligro la situación".

Y agregó: "Van a ser días difíciles por la confidencialidad. Inclusive habrá sanciones a aquellos que difundan información que puedan poner en riesgo la vida de Loan".

Más allá de quien sigue con la causa la búsqueda de Loan sigue y se está pendiente del peritaje de teléfonos que se activaron y cuáles no el día de los hechos, en la casa de la abuela de Loan donde fue visto por última vez.

El 17 de mayo último en predios del Ejército Argentino, frente al Regimiento 14 de Paracaidistas de la ciudad de Córdoba, 35 soldados voluntarios fueron obligados a realizar un ritual de bautismo que terminó con todos intoxicados y algunos internados.

Este tipo de ceremonias están prohibidas por el Ministerio de Defensa de la Nación, después de la muerte de Matías Chirino en un evento similar en Paso de los libres, Corrientes.

En el episodio que está bajo investigación en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos Casas Nóblega, los obligaron a formar una fila y arrodillarse. Los superiores gritaban: “Paracaidistas” y los soldados debían responder “Siempre”. Aprovechando que para pronunciar esa palabra debían abrir la boca les arrojaban cal viva.

Esta ceremonia se realiza con un puñado de harina y sidra en la cabeza. Pero durante el hecho que ocurrido en mayo, en vez de harina les arrojaron cal viva.

A medida que les iba cayendo en sus rostros, algunos se desmoronaban en el piso y el resto se mofaba de la situación.

El abogado Jerónimo Argañaraz que asiste a las víctimas confirmó que todas resultaron intoxicadas con cuadros clínicos de diferente gravedad. El más afectado es un soldado con quemaduras en el estómago. El resto tuvo lesiones en los ojos, el esófago y los pulmones. Todos tienen entre 20 y 25 años de edad.

Lo peor es que, además de los sufrimientos físicos en un acto a los que los obligaron a asistir, posteriormente hubo encubrimiento. Técnicamente, Argañaraz lo tipifica como abuso de autoridad.

Al cabo de lo sucedido las autoridades del Ejército abrieron un sumario. “Hay una máxima que dice que la ropa sucia se lava adentro -señaló el abogado- por lo cual se labraron actas falsas con el objetivo de que no trascienda y se apliquen sanciones puertas adentro ”.

“Están aterrados, tienen miedo”, relató el letrado quien quiso aclarar que “acá no hubo un error, les fueron tirando cal uno por uno; cómo no se van a dar cuenta que no era harina”.

“En un acto posterior el Ejercito se comportó como una organización verticalista y clandestina al realizar un sumario con actas falsas”, advirtió.

En la Justicia Federal se abrió la investigación, se tomaron testimonios y se están llevando a cabo diferentes medidas. Aún no hay imputaciones.

La Justicia federal de Goya en la provincia de Corrientes abrió una nueva investigación en torno a la desaparición de Loan ante la posibilidad que haya sido secuestrado y no que se perdió.

La investigación es en paralelo a la que la Justicia provincial sigue respecto a abandono de persona. Esta causa paralela se anunció hasta el refuerzo de la hipótesis de un delito de trata de personas, el cual es de índole federal.

En las últimas horas, ya la unidad fiscal anti trata a cargo de Alejandra Mángano venía trabajando en las medidas de investigación en la búsqueda de Loan de manera informal.

Al tomar mayor fuerza la hipótesis de un secuestro, se abrió una causa en la Justicia Federal siguiendo esa hipótesis.

A cargo del juzgado federal de Goya está la jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal federal Flavio Ferrini.

Ello en función que la Justicia provincial ya venía investigando informalmente la posibilidad que Loan haya sido secuestrado pero de corroborarse la misma no son competentes y en función de ello es que se busca evitar futuras nulidades de los eventuales imputados.

La única pista que da pie a la hipótesis de un secuestro es que a ocho días el pequeño no aparece pese a haber rastrillado la zona donde fue visto por última vez y kilómetros a la redonda. 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, denunció este jueves por la tarde que delincuentes violentaron la puerta de un departamento que tiene en la ciudad de Santa Fe y que habitualmente utiliza para trabajar cuando se encuentra en la capital provincial.

No está claro si los malvivientes alcanzaron a llevarse objetos de valor o documentación de gran relevancia que el constitucionalista guarda en el inmueble, que está ubicado en un lugar que no fue dado a conocer por razones de seguridad.

Trascendió que para abrir la puerta del domicilio, fueron vulneradas dos cerraduras, una de ellas reforzada.

El gravísimo incidente está siendo investigado por el fiscal federal Walter Rodríguez, auxiliado por la Policía Federal local.

Se supo que en el edificio no hay cámaras de seguridad, pero los uniformados analizan imágenes de dispositivos públicos y privados de la zona para tratar de identificar a los responsables.

El caso pone en alerta a uno de los tres poderes del Estado, que ahora espera que rápidamente se determine si se trató de un robo común o de algo más complejo.

En esa "oficina", el doctor Rosatti tendría una biblioteca, un escritorio y apuntes sobre causas sensibles en las que interviene.

A mediados de abril de este año, un vecino de la ciudad de Gálvez (departamento San Jerónimo) fue secuestrado por una banda que luego llamó a sus padres para pedirles una fortuna como rescate. Por el hecho -que afortunadamente finalizó con la liberación de la víctima ilesa- cayeron arrestados tres hombres que fueron procesados y puestos en prisión preventiva por disposición de la Justicia Federal. El fiscal del caso, el doctor Gustavo Onel, ahora dio por terminada la investigación y solicitó la elevación a juicio.

Los presuntos autores del secuestro extorsivo son Martín Uriel Quevedo (de 36 años), su hermano Franco Lionel Quevedo (de 35) y Jonatan David Oscar Petri (de 40), cuñado de los dos anteriores (está casado con la hermana de ellos).

Según la hipótesis fiscal, a principios de año los hermanos Quevedo (que se ganaban la vida realizando trabajos vinculados a la construcción: pintura, revestimientos de interiores, plomería, etc.) y Petri (un agente civil del Ejercito Argentino que prestaba servicio en el Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán) decidieron capturar a Nicolás Pablo Marconeto, el hijo de una reconocida familia de comerciantes de la ciudad de Gálvez.

Justicia Federal  Marconeto, que padece una discapacidad y tiene diabetes Tipo 1, volvía en bicicleta a su casa luego de trabajar en un boliche.

Onel asegura que en calle Maipú, entre avenida República y Corrientes, de Gálvez, el joven fue interceptado por Franco Lionel Quevedo y Martín Uriel Quevedo, quienes se desplazaban en un rodado gris, marca "Ford", modelo "Focus". Uno de los nombrados descendió del auto, cubrió la cabeza de Marconeto con una bolsa y lo empujó en la parte trasera del vehículo.

Marconeto fue trasladado hasta una vivienda en construcción que habría sido aportada por Petri, ubicada en la calle Miguel Pafundi S/N, manzana 16, lote 38, de la localidad de Andino, a unos 90 kilómetros de Gálvez.

Allí, la víctima permaneció cautiva, con sus manos atadas y la cabeza tapada, hasta el mediodía. Corresponde consignar que la vivienda en cuestión se hallaba registrada a nombre de la esposa de Petri y la propia víctima reconoció luego el lugar.

Las diligencias practicadas permitieron establecer que Petri se habría hecho presente en el inmueble de cautiverio en la mañana. Su auto fue captado por cámaras de vigilancia de la zona.

A partir de la madrugada, los captores realizaron varias llamadas telefónicas a los padres de la víctima, pero ellos dormían y recién atendieron cerca de las 7 de la mañana. Desde entonces y hasta cerca del mediodía, cruzaron varias conversaciones para exigir una suma de dinero por el rescate.

Los secuestradores pidieron en un principio 200 mil dólares, pero fueron bajando sus pretensiones hasta llegar a 5 millones de pesos. Finalmente, liberaron a Nicolás sin recibir nada a cambio, evidentemente asustados.

El fiscal sostiene que los captores "amenazaron y agredieron constantemente a la víctima, a quien le propinaron golpes en su cuerpo, provocándole lesiones leves, consistentes en contusión facial, herida cortante en labio superior e inferior y equimosis en ambos antebrazos y pierna derecha".

Alrededor de las 11.30 de ese mismo día, los hermanos Quevedo llevaron a Marconetto hasta una zona rural cercana a la localidad de Aldao, donde lo liberaron. Un camionero lo recogió y lo llevó a una comisaría cercana.

Lo tiraron arriba de un colchón con olor a nafta. Le dijeron que iban a matar a su familia si no pagaban el rescate. Lo querían obligar a dormir, pero él no pudo… tampoco probó bocado alguno de comida ni bebió mientras estuvo retenido contra su voluntad.

El fiscal Onel aclaró que los hermanos Quevedo fueron procesados en carácter de coautores del secuestro extorsivo, mientras que su cuñado Petri fue partícipe necesario del hecho.

Los captores utilizaron el teléfono de la víctima para comunicarse con sus padres. Los investigadores lograron determinar que durante esos llamados, el aparato se encontraba en la misma zona que los de los hermanos Quevedo, en distintos puntos del sur provincial.

Por otra parte, Martín Quevedo es titular registral (50%) del Focus que habría sido utilizado para captar y luego trasladar a la víctima.

Se transcriben a continuación algunas de las comunicaciones entre los padres de la víctima y los delincuentes:

Secuestradores (S): "Hola, que me conseguiste?"

Madre (M): "5 millones, no puedo más, porque no puedo pedirle a nadie, escúchame una cosa, ustedes donde están".

(S): "Vos andá saliendo con la plata esa, 5 millones de qué?"

(M): "De pesos, no tengo más querido, te estoy dando todo lo que tengo".

(S): "No no, no pero a mí no me sirve, vos me estas boludeando.

(...)

(M): "Hola, hola…"

(S): "Hola Señora se le terminó el tiempo señora, yo se que tiene más de esa plata, así que no estemos con vueltas".

(M): "Te estoy diciendo que no tengo más, si vos no querés que no le diga a nadie, yo no tengo más, me decís que se termino el tiempo, cómo hago yo, recibime esto te lo pido por favor, ustedes donde están, nos encontramos en ruta si querés".

(...)

(M): "Hola, hola…"

(S): "Se acabó el tiempo señora, se empeñó mas en rastrear el celular que en encontrar a su hijo, que tenga suerte…".

(M): "Estoy saliendo, estoy saliendo…".

(...)

(Padre): Hola…

(S): "Hola, conocés el ACA que está por la autopista la estación de servicio que va para Rosario?"

(P): "Para el lado de Rosario sí".

(S): "Cuando este ahí yo te llamo…"

(P): "a mí no me interesa la plata yo quiero verlo al Nico, yo te dejo el bolso y me lo cargo y me vuelo, vos no te preocupes por la plata…"

(S): "vos quédate tranquilo que tu hijo esta perfectamente bien…"

(...)

(P): "Hola.."

(S): "Hola, nosotros estamos en movimiento por dónde andan?"

(P): "yo estoy en el kilómetro… ahí te digo, me parece que en el kilómetro 80, espera que veo el cartel"

(S): "cuánto te falta?"

(P): "20 minutos más o menos, estoy en Monje, justo pasando Monje…"

(S): "en 20 minutos te llamo, cuchame las alertas, no diste ningún alerta verdad…"

(P): "Pero no, estamos mi señora y yo, yo estoy desesperado por la insulina del nene, déjalo en el Automóvil Ckub y yo te dejo el bolso y devolvemelo y yo me disparo para Gálvez".

(S): "te llamo en 20 minutos y te digo dónde te lo dejo al pibe, primero quiero ver el tema de la plata, no quiero correr riesgos, si está todo en orden al pibe lo vas a ver…"

(...)

(P): "Hola.."

(S): "Hola…"

(P): "Estoy parado acá con la camioneta blanca…hace un rato"

(S): "Cuchame deja la plata tirada en el puente Carcarañá abajo hay una calle, dejala tirada ahí"

(P): "No se cuál es Carcarañá"

(S): "Hay carteles, Hay un puente de Carcarañá, tu hijo esta en Ricardone camino de tierra que va Aldao"

(P): "Pará pará que no conozco nada, yo voy por la autopista…"

(S): "En el puente Carcarañá, abajo hay una calle tirá la plata ahí….y tu hijo esta en Ricardone camino Aldao…"

(P): "y cómo hago yo, tengo que entrar en Ricardone?"

(S): "sí entra en Ricardone…está ahí sentado en una orilla…"

Ricardo Walter Piris, ya condenado por tráfico de estupefacientes por el Tribunal Oral de Corrientes luego de que lo detuvieran con nueve kilos de marihuana en 2008. Además, es yerno de Natividad “Roger” Terán, ex intendente de la localidad correntina, condenado como integrante de la asociación ilícita que traficaba 15 toneladas mensuales de marihuana desde de Paraguay.

El yerno del ex intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad “Roger” Terán, fue detenido en las últimas horas con más de 500 kilos de marihuana en la ciudad de Funes, Santa Fe, informaron fuentes oficiales. Además, fueron aprehendidos otros dos correntinos.

Cayó en Paraguay el capo narco argentino más buscado por la causa Itatí

Según señalaron medios locales, el operativo se realizó en un galpón y taller mecánico donde encontraron ladrillos de marihuana con un total de 567 kilos.

En el lugar, quedaron detenidas ocho personas, entre ellas tres correntinos. Y unos de ellos, yerno de un ex intendente condenado por asociación ilícita para comercio de drogas desbaratada en el llamado Operativo Sapucay.

El secuestro de la droga se produjo a la tarde, cuando a personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le llamó la atención el  ingreso de un hombre sospechoso aparentemente armado a un galpón  de Tucumán al 2000. En un procedimiento de flagrancia, lo detuvieron en el interior del predio.

Detuvieron al narco más buscado del país

Efectivamente, le secuestraron un arma de fuego, pero además se toparon con una sorpresa: gran cantidad de ladrillos verdes acondicionados en distintos sitios de la propiedad.

En el predio, había varios autos. Y otras personas a las que sorprendieron cuando acomodaban la carga de estupefacientes, que intentaron pero no pudieron escapar del lugar.

Como se trata de un hecho de narcotráfico, en el caso intervienen el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a cargo de la Fiscalía Federal de Rosario, y el titular del Juzgado Federal 3, Carlos Vera Barros.

El personal de la AIC apresó en e galpón y taller a ocho las personas: seis varones y dos mujeres. Además, en el sitio había dos niños.

Funes: hallaron más de 500 kg de marihuana en un taller mecánico

Tres de los detenidos son oriundos de Corrientes. Y uno de ellos es Ricardo Walter Piris, ya condenado por tráfico de estupefacientes por el Tribunal Oral de Corrientes luego de que lo detuvieran con nueve kilos de marihuana en 2008.

El hombre, además, es yerno de Natividad “Roger” Terán, ex intendente de la ciudad de Itatí, quien fue condenado como integrante de una asociación ilícita que traficaba unas 15 toneladas mensuales de marihuana proveniente de Paraguay.

En octubre de 2021, Terán fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de asociación ilícita, luego de que se homologara el juicio abreviado que él y otros 26 acusados firmaron en el marco del denominado “Operativo Sapucay”, procedimiento que en 2017 consiguió desbaratar una banda dedicada al narcotráfico internacional.

Las penas en esa causa alcanzaron a tres ex miembros de fuerzas de seguridad. El ex viceintendente de Itatí, Fabio Adrián Aquino, recibió tres años y ocho meses de cárcel por el delito de “asociación ilícita”, agravada por ser funcionario público y servirse de menores de 18 años de edad para los negocios delictivos.

En junio de 2017, mismo año del operativo Sapucay, pero por otra causa, fue condenado en Corrientes a seis años de prisión al ahora detenido en Rosario, Piris. Fue por droga que le secuestraron en 2008, cuando lo apresaron junto a la hija del “Patrón de Itatí”, Mariela Terán.

El fiscal federal Arrigó empezó este miércoles su alegato final en la causa donde se investiga el homicidio seguido de desaparición forzada del joven en Rosario, en octubre de 2014. Hay 19 imputados.

El fiscal federal Fernando Arrigó empezó su alegato final de acusación al grupo de 19 personas imputadas en distintos roles en la causa donde se investiga el homicidio seguido de desaparición forzada de Franco Casco en Rosario, el joven bonaerense de 22 años que en octubre de 2014 estuvo preso en la comisaría 7° y cuyo cuerpo fue encontrado 22 días después en aguas del río Paraná.

Detienen a 32 policías y al jefe de Asuntos Internos por la muerte de Franco Casco

La acusación refrendó los planteos previos del trámite. Arrigó sostuvo que Franco fue detenido ilegalmente, que no se registró su detención, que fue sometido a golpes y torturas en el penal de la comisaría 7°. Que en esa circunstancia advirtieron que le causaron la muerte por asfixia y que en consecuencia, al tener cuenta que hubo testigos, los autores esperaron el momento propicio para sacar el cuerpo. Fue durante un corte de luz. Luego arrojaron el cadáver al río Paraná.

Arrigó inició su alegato pasadas las 10.30 mientras allegados a Franco y agrupaciones sociales contra la violencia institucional se mantenían en la puerta de los Tribunales Federales en Oroño al 900. Antes de desplegar la prueba acusatoria, lo que se presume puede llevar dos jornadas enteras, Arrigó hizo dos resúmenes. En uno explicó qué pasó según la fiscalía en la comisaría. En otro quiénes estuvieron implicados y qué papel jugaron.

Dijo que en octubre de 2014 Franco Casco estaba en Rosario en casa de sus tíos. Extrañaba a sus padres y por eso decidió volver. En una tarde se dirigió a la estación de trenes. Terminó en la comisaría 7°. Adujo que fue identificado como grupo vulnerable para la violencia institucional. Los móviles de la comisaría cazaron a Franco y lo ingresaron a la seccional. No documentaron el ingreso para trabajar tranquilos y sin plazos. Lo torturaron, le hicieron firmar un acta del hecho, con fechas erradas. Luego lo siguieron torturando. Según los detenidos que fueron testigos “cayó en la guardia más jodida”. Le pegaron y Franco gritaba. Lo asfixiaron.

El fiscal federal reiteró que mientras lo observaban los policías presentes tomaron conciencia de lo que pasó esa noche. “Supieron que lo ocurrido con Franco no había pasado inadvertido para los demás en la comisaria porque él gritaba y había hablado con otros detenidos, que luego escucharon gritos desgarradores”.

Según planteó no pudieron hacerlo solo desaparecer, sino que necesitaban una coartada. Con ella se podía garantizar la impunidad. Se dedicaron entonces a sacar el cuerpo y limpiar la sangre del penal transitorio para que no quedaran huellas que pudieran ser vistas por los detenidos. El día siguiente al hecho, el 7 de octubre, era jornada de visita.

El acusador destacó que para concretar el plan de la desaparición requerían de un momento oportuno. Según el relato de un detenido hubo un momentáneo corte de luz. Entonces lo sacaron y lo tiraron al río. “Era la forma de borrar la prueba de la responsabilidad de los que habían participado”.

Un vecino de confianza de confianza del comisario Diego Álvarez, afirmó Arrigó, proporcionaría el motivo de una detención que según el fiscal era inmotivada. “El vecino cumplió. No había testigos. Un invento de resistencia a la autoridad era suficiente”. Esa persona está fue incorporada hace unas semanas a este juicio acusada por falso testimonio. Es Alberto Daniel Crespo, habitante del barrio Agote que llamó al jefe de la comisaría 7ª para dar cuenta de que un sospechoso merodeaba el barrio y que según la policía desembocó en el arresto de Casco.

Luego el fiscal entró en la segunda parte del planteo que englobó a los imputados, los roles que jugaron y sus acciones concretas. Sostuvo que el 6 de octubre entre 21.08 y 23.30 el personal salió a recorrer su jurisdicción. “En una de las patrullas iban Diego Alvarez y Romina Díaz. En el camino privaron de libertad a Franco Casco y lo ingresaron a la comisaría. No documentaron el procedimiento y no se dejó registro en la guardia. Franco fue alejado en un cuartito sin acceso a un baño denominado el freezer, la jaulita, el transitorio. Habitualmente alojaban ahí a las personas sin causas invocando averiguación de captura.

Caso Franco Casco: Repudian la libertad para policías

El fiscal delimitó primero los niveles de responsabilidad de Diego José Alvarez, Walter Eduardo Benitez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Rut Contino Silva y Franco Zorzoli. Sostuvo que no dieron aviso a la Justicia por la detención de Franco Casco.

“Sabían que si registraban como averiguación de identidad solo contaban con seis horas. Si registraban la detención de ese modo debían ponerlo a disposición del fiscal en un plazo que no excediera las seis horas. Sabían que no cumplirían los plazos legales y decidieron no registrarlo. Sabían a esa altura que el fiscal (provincial) de flagrancia era el doctor Alvaro Campos. Dijeron que no atendían llamadas. La circunstancia de omitir lo ocurrido les daba tiempo”.

Alvarez, Benítez, Blanco y Contino afrontan la imputación más grave que es autores de desaparición forzada agravada por muerte de la víctima y torturas. El destino en caso de condena es prisión perpetua.

Enrique Gianola Rocha, César Daniel Acosta, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández y Esteban Daniel Silva están imputados de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.

Los que participaron del delito principal, dijo el fiscal, fraguaron un documento público, hicieron un montaje para probar que Casco había sido detenido el 7 de octubre de 2014. La maniobra orquestada exigió que el vecino Alberto Crespo dijera que vieron a Casco intentando abrir las puertas de algunos domicilios en la calle de modo de justificar la detención.

Como partícipes secundarios de este delito son juzgados Romina Anahí Díaz, Belkis Elizabeth González, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortiz y Franco Luciano Zorzoli.

Finalmente los policías de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar están procesados por encubrimiento agravado. Arrigó dijo que estos omitieron informar al fiscal a cargo lo relatado por varios detenidos cuando los internos les manifestaron haber escuchado los tormentos. Dijeron que estos empleados de control trasladaron los relatos en forma genérica sin analizar los dichos de cada uno. Y que hicieron entrevistas en la propia comisaría donde estaban presos, un contexto impropio, sin resguardar a esos testigos en un ambiente libre de presión.

Respecto del momento del ataque físico a Franco Casco, el fiscal Arrigó sostuvo que una vez que se realizó la detención la víctima fue sometida a agresiones, malos tratos y asfixia. “Los presos relataron que se escuchaba que lo sacudían contra las paredes, se notaba que no era del ambiente, porque no sabía que tenía que dejar de gritar para que dejaran de pegarle”, sostuvo. Agregó que “el imputado Benitez le recitaba fragmentos de la Biblia y le decía: ‘arrepentite’. Durante la salvaje golpiza Franco gemía de dolor. Esto duró dos horas. Lo golpearon salvajemente”.

Luego de este primer momento, señaló Arrigó, le tomaron los datos personales, le sacaron fotografías, donde aparece golpeado y con la ropa mojada. Lo volvieron a golpear. En esa nueva paliza, dijo el fiscal, participaron Álvarez, Contino y Silva. “Se escuchó silencio total. Les dijeron que se les iba la mano. Un policía dijo: ‘no se mueve, no se mueve’. Murió por asfixia tal como lo explicó la doctora (forense Virginia) Kreimer”.

Un pasaje especialmente fuerte del fiscal fue cuando reseñó los testimonios de los detenidos en la comisaría 7ª que es una base de la acción violenta. Dijo por ejemplo que “el detenido Pablo Argüello vio a Franco a través de la hendija de la puerta. Dijo que estaba en una celdita enfrente. Vio la imagen de Franco por televisión luego y lo reconoció. Lo escuchó decir ‘no me peguen más, si ya me tienen detenido’. Le preguntaron el nombre y dijo Franco Casco. Y después nos enteramos que había muerto”.

Consignó que los testimonios de los presos coincidieron en que “Franco denotaba no ser del ambiente en el sentido que no estaba acostumbrado a sufrir detenciones por la forma en que gritaba como le pegaban y cómo se dirigía a las autoridades. Lloraba, se quería ir, y no aguantó que lo hubieran metido ahí adentro”. Sostuvo que Argüello dijo que el joven “no manejaba el lenguaje tumbero. No era como ellos porque sino se habría defendido de esa manera”.

También citó el testimonio de otro interno, Ariel Sosa, quien sostuvo: “Lo que pasaba siempre cuando traían a los que estaban incomunicados es que todos gritaban. Le pegaban un par de cachetadas y paraban. Pero Franco gritaba todo el tiempo que se quería ir”.

La iniciativa tuvo 214 votos a favor y 4 abstenciones, todas del Frente de Izquierda. Su implementación tendrá un costo fiscal anual que rondará los $7.500 millones

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Su objetivo es adecuar la estructura judicial para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y así hacer frente a la escalada de violencia narco. Obtuvo 214 votos a favor -del oficialismo y la oposición- y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. No hubo votos en contra.

La iniciativa, que fue elaborada por los 18 diputados de Santa Fe de diferentes fuerzas -Frente de Todos, PRO, UCR y Socialismo- había sido presentada originalmente en mayo del año pasado. Entre otras cosas, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución. Según los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las estructuras promedio de personal y los gastos estimados en salarios, insumos e infraestructura significarán un impacto fiscal anual de 7.500 millones de pesos.

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La creación de nuevos cargos de fiscales y jueces permitirá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial -como el que rige en Estados Unidos-, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve. Siguiendo las experiencias de estas provincias, tanto oficialistas como opositores señalaron que el tiempo de trámite de las causas podría reducirse a la mitad.

Al inicio del debate, el oficialista Roberto Mirabella señaló que en Santa Fe se tramitan el 20% de las causas de drogas de todo el país, al tiempo que la tasa de homicidios en Rosario cuadriplica la media nacional. El 80% de los asesinatos se relaciona con ajustes de cuentas entre bandas.

“Esto no va a estar en marcha mañana, pero es un gesto político importante. Estamos dando un paso importante para enfrentar la narcocriminalidad”, concluyó.

La importancia que la provincia atribuye a esta medida quedó plasmada en la presencia del gobernador Omar Perotti, quien siguió parte del debate desde el palco. “No tenemos la magnitud para enfrentar un delito de estas características. La necesidad de contar con más fuerzas es imprescindible”, dijo luego en conferencia de prensa.

El mandatario provincial también instó a los futuros candidatos presidenciales a “unificar una política común” para enfrentar el narcotráfico. “Fundamentalmente, cómo tener una política carcelaria que dé cuenta de la magnitud de lo que hay que enfrentar y que no pueden estar conviviendo los delitos comunes con delitos del narcotráfico y, particularmente, con los denominados de alto perfil. Necesariamente eso tiene que darse y el control tiene que estar”, detalló.

Uno de los impulsores de la norma sancionada fue el diputado Eduardo Toniolli, representante de la provincia de Santa Fe en la Cámara Baja e integrante del bloque Frente de Todos. “A Rosario la sacamos adelante entre todos, no haciendo turismo político o shows mediáticos”, disparó el santafesino.

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“En Rosario no se crea una fiscalía federal hace cuatro décadas, y sin embargo en ese mismo período alguno delitos complejos como el lavado de activos o el narcotráfico han mutado y crecido exponencialmente, de allí la importancia de este fortalecimiento”, explicó Toniolli.

Desde Juntos por el Cambio, que dejó de lado la estrategia de bloqueo y dio quórum, concentraron las críticas en la inacción del gobierno nacional y, particularmente, en la demora de la vicepresidenta Cristina Kirchner en constituir la comisión bicameral encargada de implementar el sistema acusatorio en Santa Fe y Mendoza.

“Ahora que pasó lo del supermercado de la familia Messi, decidieron avanzar”, chicaneó el diputado del PRO, Federico Angelini.

A su vez, reclamó a los gobiernos provincial y nacional que implementen medidas de corto plazo como, por ejemplo, restablecer la inteligencia penitenciaria, volver a los pabellones de presos de alto perfil, saturar las zonas calientes con fuerzas federales. “No lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes”, concluyó.

Por su parte, el socialista Enrique Estévez también apuntó contra la Vicepresidenta por frenar la designación de jueces y fiscales. “En la vieja estructura hay un 33% de cargos vacantes. No tenemos Procurador General de la Nación, lo mismo con el Defensor del Pueblo y un miembro de la Corte Suprema”, enumeró.

Diputados del Frente de Todos cuestionaron a la oposición por su oportunismo político. “Hipocresía es tirar este proyecto dentro de la grieta”, contestó Leonardo Grosso ante las críticas de la oposición.

En la misma línea, el camporista Marcos Cleri aseguró que “con la inseguridad no se especula, no hay que hacer turismo electoral, para que con el dolor de los que vivimos en Rosario alguno pueda caranchear una presencia en algún medio de comunicación”.

“El crecimiento de la tasa de homicidios en los últimos 15 años en Rosario es paralelo a la profundización del autogobierno policial y su imbricación con el delito, por lo tanto es hora de asumir que “algo hay que hacer”, agregó Toniolli.

También reclamaron por las Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas durante el gobierno de Cambiemos, que son utilizadas por los narcotraficantes para lavar el dinero que obtienen con la venta de droga.

“Una investigación de la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe demostró que un entramado de 40 SAS permitió lavar $1.200 millones por parte de la banda de Los Monos”, detalló Germán Martínez, jefe del bloque oficialista.

El proyecto ahora pasará al Senado, donde la oposición sospecha que será “freezado” por el kirchnerismo.

La Justicia Federal de Argentina emitió un fallo sin precedentes en el país. Debido a las actividades criminales de piratería audiovisual, ordenó el bloqueo judicial inmediato de treinta dominios de internet que transmiten contenidos en forma ilegal.

Se trata de sitios webs que retransmiten en forma ilegal partidos de fútbol y otros eventos deportivos, películas, series, documentales y TV en vivo. Mirá que sitios fueron cerrados.

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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal n° 2, secretaría N° 3, a cargo del juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos, dictaminó hacer lugar a una medida autosatisfactiva en el marco del expediente iniciado por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza), caratulado “DirecTV Argentina S.A. y Otros c/ Quien resulte responsable de los nombres de dominio s/ Medida Autosatisfactiva”.

El juez resolvió aceptar la solicitud y ordenó a todos los proveedores de acceso a internet registrados ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloqueen el acceso en el territorio argentino a tales sitios web. Se consideró que a través de los cuales se infringieron y defraudan los derechos de propiedad intelectual, derechos conexos y sobre la transmisión de señales televisivas y sobre contenidos audiovisuales de su propiedad.

La demanda contó con el apoyo estratégico de Alianza, entidad que designó como presidente para el 2023 al Gerente Regional Antipiratería de Vrio Corp, Jorge A. Bacaloni, en sucesión de Víctor Roldan, quien ahora se desempeña como Director Ejecutivo, y Supercanal S.A., uno de los operadores de TV paga y prestador de servicios de internet líder de Argentina.

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“Es un fallo histórico, un gran precedente que permitirá actualizar regularmente el listado de sitios ilegales a bloquear en Argentina, reduciendo la exposición de millones de personas a malware y robo de datos personales, entre otros delitos”, comentó Bacaloni, presidente de Alianza.

Asimismo, el experto consideró que “la sentencia permite alcanzar un proceso dinámico y ágil por la vía judicial para la lucha contra este flagelo, que no solo afecta a usuarios, autores, programadores y operadores que generan empleo, sino también a los gobiernos que dejan de percibir impuestos destinados al bienestar social”.

Bacaloni consideró que el fallo emitido por la Justicia de la Argentina es un paso correcto a los efectos de brindar seguridad jurídica y generar un terreno fértil para atraer mayores inversiones del sector audiovisual, que se traducen en más innovación y calidad de los servicios que contratan millones de personas en la región.

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Roldán, Director Ejecutivo de Alianza y líder legal de negocios en una compañía de medios audiovisuales, analizó que el fallo de Dos Santos “es un precedente judicial muy importante a nivel internacional, dado que la Justicia de la Argentina demuestra con un hecho concreto su preocupación por la protección de los derechos de propiedad intelectual”.

“Con este fallo, la Argentina se vuelve a poner a la vanguardia en materia de protección de derechos de propiedad intelectual respecto de muchos países de la región e incluso de países desarrollados donde actualmente están tratando de establecer iniciativas de bloqueo dinámico. En este caso, se protegen derechos sobre contenidos deportivos en línea, lo cual es muy importante porque el deporte -una herramienta sustancial para el desarrollo humano- necesita del apoyo de las compañías para desarrollarse en América Latina”, agregó Roldán.

Bacaloni añadió que uno de los objetivos es que Alianza crezca y se fortalezca con el ingreso de más empresas y la cooperación con el Estado para combatir a una actividad cien por ciento ilegal como es la piratería online. “Es necesario que toda la industria asuma que este es un desafío transversal, dado que hay una afectación directa sobre cientos de miles de empleos formales y de calidad. Es un delito que debe ser afrontado”, celebró Bacaloni.

Conforme datos proporcionados por BB Media -empresa de data science especializada en medios y entretenimiento-, la piratería en América Latina en sus modalidades online y tradicional genera pérdidas por más de 8 mil millones de dólares anuales a la industria, más de 1.700 millones de dólares en pérdidas impositivas, considerando el impuesto al valor agregado, únicamente, y más de 68 mil empleos perdidos.

El juez Dos Santos resolvió hacer lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenar a todos los proveedores de Internet registrados ante el ENACOM que bloqueen, de forma inmediata, el acceso desde el territorio argentino a los sitios web indicados en la lista de 30 dominios denunciados por transmisión ilegal de contenidos.

STREAMING ILEGAL: LOS SITIOS BLOQUEADOS

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Por Juliano Salierno

La familia Caraballo se hizo conocida en Santa Fe y todo el país, a mediados de 2020, cuando una patrulla de Gendarmería Nacional quiso llevarse al carpincho “Pancho”, la mascota de la casa que llevaba 5 años paseándose por el barrio San Martín, como si fuese un perro. Pancho fue una de las noticias virales de ese año y su historia recaló en los principales medios del país. Su muerte, presuntamente envenenado hacia fines del mismo 2020, no tuvo la misma trascendencia y menos aún lo ocurrido un año después, cuando en diciembre de 2021 el dueño de casa y varias veces entrevistado por el animalito, quedó detenido como integrante de un clan barrial dedicado a la venta de drogas.

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Este lunes, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Juan Eduardo Caraballo (46) a la pena de 1 años de prisión y multa de $ 2.000 por el delito de “tenencia simple de estupefacientes”. La misma pena recibió su hermana Noelia Gisel Caraballo (36), en un juicio abreviado alcanzado entre los imputados, sus abogados defensores -Agustín Tomás Márquez, Carlos Telleldín y Claudio Torres del Sel- y la fiscal auxiliar Jimena Caula.

La sentencia ordenada por el juez Luciano Lauría, tiene como principal responsable a Francisco Fabián Caraballo (45), a quien se le impuso la pena más alta -4 años de prisión y multa de 45 unidades fijas, equivalente a unos $ 600.000-, como autor del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Además de los tres hermanos Caraballo, merecieron condenas la esposa y uno de los hijos de Francisco Fabián Caraballo. Se trata de Rosalía de los Ángeles Amaro (41) y Mauro Francisco Caraballo (22). Madre e hijo fueron condenados a 2 años de prisión como partícipes secundarios de la tenencia de estupefacientes para la venta.

La investigación por tráfico de estupefacientes comenzó el 6 de agosto de 2021 a partir de las tareas de inteligencia desplegadas por la Agencia de Investigación Criminal de la policía provincial y fue luego delegada al fiscal Federal Nº 1, Gustavo Onel. Si bien en un principio se mencionaba un domicilio de la calle Aguado al 9800, la labor se ramificó hacia casi una decena de viviendas que fueron allanadas el 14 de diciembre de 2021.

Como resultado de los allanamientos se secuestraron 414 gramos de marihuana y 188,70 gramos de cocaína, la mayor parte fraccionado para la venta al menudeo. También se incautaron máquinas para contar billetes, dinero en moneda nacional y extranjera y teléfonos celulares, computadoras y dispositivos DVR. Y se produjeron las detenciones de la mayoría de los sindicados.

El clan familiar fue procesado, con confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y la causa fue elevada a juicio el 7 de junio pasado. Actualmente existe un sólo prófugo en dicho expediente, por lo cual el fiscal Onel pidió que se inicien actuaciones por separado hasta dar con la captura de Mariano Bruno A.

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Este 17 de noviembre estaba prevista la realización de un juicio oral, pero tanto imputados, defensas y fiscalía acordar terminar el conflicto por la vía del abreviado, cuya sentencia se conoció este lunes 28 e noviembre, a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

En los considerandos del fallo surge que uno de los allanamientos donde se halló parte de la droga era la casa de calle Hermanos Madeo al 7300, donde fue detenido Juan Caraballo, otrora entrevistado y protector del extinto carpincho “Pancho”.

Lo determinó un tribunal federal de Corrientes en un fallo de primera instancia, ante el reclamo de un productor ganadero

La Justicia Federal de Corrientes declaró -en un fallo de primera instancia- que el Impuesto a la Riqueza impulsado por el kirchnerismo es “inconstitucional”, asegurando que se trata de una medida impositiva “confiscatoria”.

El “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, impulsado por el bloque del oficialismo y principalmente por Carlos Heller (presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados) y sancionado con fuerza de ley a fines de 2020, fue cuestionado por el juez Gustavo del Corazón Fresneda por violar las “garantías y principios constitucionales”.

De esta forma, el magistrado hizo lugar a la acción promovida por Manuel Ulises Intra contra la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y precisó que la mencionada ley es “violatoria” del derecho de propiedad; principio de no confiscatoriedad; principio de razonabilidad y de capacidad contributiva.

Máximo Kirchner quiere crear el impuesto a las “grandes riquezas”

Alberto Fernández, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y el diputado nacional Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja Alberto Fernández, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y el diputado nacional Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja Fresneda remarcó que el Impuesto a la Riqueza se implementó como un tributo, no como un aporte. Y en sus fundamentos, analizó que la “alícuota efectiva” sobre la renta del perjudicado “sería de 118.658,78%”. Basándonos en una prueba pericial contable, Intra demostró que el pago del “aporte solidario” superaba de forma holgada la rentas que hubiera tenido que pagar el contribuyente en todo el año.

El Impuesto a la Riqueza provocaría una “manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló en el fallo.

“El examen minucioso de las constancias de la causa me conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada y afecta de manera inadmisible el principio de no confiscatoriedad, dado que quedó probado con la pericia y la documentación contable respaldatoria de modo concreto y categórico lo desmesurada que resulta la carga impuesta, y la misma restringiría de manera inadmisible su patrimonio y desnaturalizaría totalmente el derecho de propiedad del actor”, precisó el juez.

La “Ley de Aporte Solidario y Extraordinario” fue sancionada a fines de 2020 para paliar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y la consecuente cuarentena que rigió durante varios meses ese año. Durante aquel debate, los legisladores del oficialismo insistieron en reiteradas oportunidades que se cobraría “por única vez” a aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los $200 millones.

El Gobierno preveía recaudar alrededor de 400 mil millones de pesos, sin embargo, un año más tarde -en diciembre de 2021-, la AFIP informó que el fisco recolectó $237.300 millones, poco menos del 60% de lo esperado, abonado por más de 10.000 personas. La iniciativa desató una ola de acciones judiciales para evitar su cobro y provocó que empresas, profesionales y técnicos probaran suerte fuera de Argentina.

La mujer señalada manifestó telefónicamente que había dejado un explosivo casero en el aeropuerto de Ezeiza. Ahora deberá enfrentar una causa judicial.

Por Alan Vidaña

Luego de una serie de líneas investigativas, fue allanada la vivienda de la autora del audio intimidante, en la ciudad de Cañada de Gómez -departamento. Iriondo-. En el marco de un procedimiento realizado el pasado viernes, se decomisó el celular con la línea desde donde se había emitido la amenaza. “Hola Lucas.

Yo te la hago corta. En la terminal internacional acabo de dejar una bomba en una mochila. Una bomba casera hecha por mí en el baño. Estoy harta de este gobierno. Gobierno de mierda”, afirma la mujer que hizo la falsa llamada alertando sobre un explosivo.

Decidió dar una aviso de amenaza de bomba para que su pareja no perdiera el vuelo

Lo cierto es que la mujer deberá pagar 200 mil pesos de multa y también podría enfrentar una condena de 2 años y 6 meses de prisión.

Por orden judicial, se allanó la vivienda de la persona investigada, donde también se encontraba el hombre que había realizado el viaje. Por lo tanto, fue secuestrado el teléfono en cuestión, elemento que se sumó a la causa que instruye el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. Según fuentes oficiales, el novio de la mujer sería un médico matriculado.

Omar Perotti remarcó la necesidad de cubrir los cargos vacantes en la Justicia y crear una nueva estructura. “De esto se sale con más trabajo y mayor coordinación, colaborando entre todos los que tenemos responsabilidades”, dijo el gobernador.

GEl gobernador Omar Perotti presidió este jueves una reunión de trabajo con Jueces, Fiscales y Defensores Públicos de la Justicia Federal de Rosario, con la intención de coordinar esfuerzos y trabajar de manera conjunta para hacer frente a las problemáticas que enfrenta la seguridad en la ciudad.

Participaron de la actividad el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda; el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Roberto Falistocco; el ministro de Seguridad, Jorge Lagna; y el secretario de Justicia, Victor Somaglia, entre otras autoridades provinciales y de la Justicia Federal.

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Luego del encuentro, el gobernador destacó “la valía de este tipo de reuniones. Poder coordinar los esfuerzos es lo que estamos haciendo en esta primera reunión de trabajo. De esto se sale con más trabajo y mayor coordinación, colaborando entre todos los que tenemos responsabilidades”, señaló Perotti.

A continuación, se refirió a las falencias que posee la Justicia Federal: “Tenemos menos herramientas, menos posibilidades para dar esta batalla, si no tenemos una estructura Federal que nos acompañe. Para eso, se requiere la cobertura de vacantes”, describió. Y agregó: “Necesitamos una nueva estructura. Hay reclamos de nuevas estructuras en todo el país, pero no creo que haya urgencias o prioridades tan marcadas como las que los santafesinos sentimos que tiene nuestra provincia”, expresó el gobernador.

En ese sentido, Perotti explicó que el Poder Ejecutivo Nacional ya recibió el trabajo del Consejo de la Magistratura, con los postulantes para cubrir los cargos vacantes en la justicia Federal, que luego debe ser tratado en el Senado de la Nación. “Necesitamos, primero, cubrir las vacantes, porque estamos hablando de una estructura existente que es raquítica y sin la cobertura de esas vacantes. Esa es la prioridad”, detalló.

Finalmente, el gobernador remarcó que “sin dudas, este trabajo conjunto que empieza a dar resultados, es lo único que va a cambiar el humor social. No importa si depende del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, se requieren respuestas, de que cada uno de nosotros ponga lo mejor, los mayores niveles de colaboración y remover obstáculos, como la falta de equipamiento e infraestructura necesaria para un bien funcionamiento”, concluyó Perotti.

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Por su parte, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, destacó que “es la primera vez que un gobernador en funciones viene a una reunión de trabajo en la Justicia Federal, en más de 110 años”. Luego agregó que “también hago una autocrítica, y es que no pudimos poner en agenda las necesidades de la Justicia Federal, pero es el momento de trabajar en conjunto y aunar esfuerzos”, sostuvo.

“Está claro –continuó Pineda- que la Justicia Federal requiere muchas reformas, muchas transformaciones y fortalecimiento. Necesitamos el compromiso y el trabajo de los tres poderes en la provincia de Santa Fe, para que exijamos a nivel nacional la reforma”, finalizó.

Patricia Bullrich le envió un escrito a Martín Bava, juez que llamó a indagatoria a Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, y le pidió que no tome “decisiones apresuradas” ante la posibilidad de que el expresidente no concurra a la cita, prevista para este jueves a las 11, dado que se encuentra en el exterior.

ARA San Juan: citan a indagatoria a Mauricio Macri y le prohíben salir del país

“Tal como era de público y notorio conocimiento al momento de su resolución, el ingeniero Macri se encuentra fuera del país cumpliendo con compromisos internacionales, previendo su regreso para fines del corriente mes”, señaló la presidenta del PRO.

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Y continuó: “Por tal motivo, confío en que el señor juez sabrá comprender la situación que se ha generado con esta inminente convocatoria y que tendrá presente la permanente vocación de respeto y sometimiento a las instituciones republicanas que asume el expresidente Mauricio Macri, garantizando los derechos y garantías que lo amparan”.

En otras palabras, Bullrich adelantó que Macri desatenderá la citación al Juzgado Federal de Dolores. Y teme que Bava -subrogante en esa sede judicial- lo declare en rebeldía y pida su captura internacional, por lo que solicitó que el magistrado evite “cualquier decisión apresurada que solo aumente el estrépito mediático que ya ha generado su intempestiva citación”.

Hasta ahora, el juez obtuvo distintas direcciones aportadas por la Dirección Nacional de Migraciones, el sistema Nosis y la Cámara Nacional Electoral. A la dirección aportada por la Cámara Nacional Electoral ya concurrió una comitiva policial, pero el encargado del edificio señaló que Macri ya no vivía allí.

Ante esta situación, Bava pidió a la Policía Federal de Dolores que notifique a Macri de la audiencia en todos los domicilios informados.

El 1 de octubre, cuando se conoció la primera citación a Macri en calidad de imputado desde que dejó la Presidencia, Bullrich calificó como “muy sorprendente y nunca vista” la decisión del Juzgado Federal de Dolores.

“En este caso ha habido una causa abierta contra los titulares de la AFI en la que Mauricio Macri no estaba absolutamente involucrado. Y de no estar involucrado se pasa a tener una indagatoria con imposibilidad de salir del país sabiendo que está afuera”, consideró entonces la exministra de Seguridad.

“Las personas procesadas en esta causa son otras. No estaba procesado Macri y de golpe lo llaman a indagatoria en tres días en una causa que no conoce, con un juez subrogante, siendo que no esta en el país”, se quejó Bullrich.

El ex jefe de Drogas y Contrainteligencia de la Policía de Santa Fe, Alejandro Druetta, fue condenado este jueves en los Tribunales Federales de Rosario, a la pena de diez años de prisión, como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes.

También recibieron sentencia el narco Ignacio “Ojito” Actis Caporale y el ex policía Juan Ángel “Tiburón” Delmastro, entre otros investigados en esta causa del fuero federal. En los últimos días, Druetta cobró trascendencia por los audios que ventiló el ministro de Seguridad Marcelo Sain, con los legisladores Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico. También se registraron conversaciones de Druetta con Leandro Corti, ex ministro de Antonio Bonfatti y actual asesor del propio Sain.

El ex jefe de Drogas de Santa Fe, Alejandro Druetta, fue allanado por “confabulación”, llegó a juicio como “organizador” y finalmente condenado este jueves como “partícipe necesario” del delito de tráfico de estupefacientes. El Tribunal difirió fundamentos para el 18 de marzo.

Druetta escuchó su condena a 10 años de cárcel en el Tribunal de calle Oroño. (Alan Monzón/Rosario3)Alejandro Miguel Druetta fue condenado como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, doblemente agravado por haberse cometido mediante la concurrencia de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario público.

En ese contexto, se le impuso la pena de 10 años de prisión, multa de $23.000, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial por igual tiempo al de la condena. La sentencia fue dictada por los jueces Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Roberto Vásquez (Tribunal Oral Federal N°3).

El juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, determinó mediante una medida cautelar la “prohibición absoluta del uso de agroquímicos, plaguicidas y/o sustancias contaminantes de cualquier naturaleza” para tareas agrícolas dentro de las 250.000 hectáreas que abarca el archipiélago de las Lechiguanas, informaron hoy fuentes judiciales.

A su vez, el magistrado ordenó la prohibición de “la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción, modificación o mantenimiento de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”.

La demanda para proteger esa vasta zona de humedales fue interpuesta por las asociaciones civiles Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental contra Fabio Ernesto Di Fonzo, Juan Pedro Nazar y la empresa de su propiedad, Mapuche SRL. que se dedica a la explotación agrícola y ganadera.

Las 250.000 hectáreas del archipiélago de las islas Lechiguanas están ubicadas en la zona del Delta del departamento Gualeguay, en el sur de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, delimitadas por el río Paraná.

“Celebramos que un territorio tan abarcativo de humedales y tan lleno de biodiversidad haya quedado libre de agroquímicos”, dijo a Télam el abogado de la asociación civil Foro Medio Ambiental, Fabian Maggi.

“La zona de la que hablamos fue primero incendiada, sembrada y luego fumigada, por eso decimos que la utilización de agroquímicos agrega otro factor de gravedad a los ataques que sufre ese ecosistema de islas”, remarcó.

“El fallo tiene como signo distintivo que no establece distancias a respetar para la fumigación como es habitual, sino que prohíbe el uso de agroquímicos en todo el territorio de las islas Lechiguanas”, señaló.

“Esto es inédito”, consideró y explicó que “todos los fallos sobre el tema establecen distancias variadas respecto de poblaciones pero siempre permiten el uso de los agrotóxicos”.

“Además, no hubo vecinos implicados en la demanda, no se denunció que tal persona es víctima de agrotóxicos, que respira ese aire contaminado o que lo tiene en la sangre, sino que la prohibición fue dictada por el juez pura y exclusivamente en torno a la protección del ecosistema y la naturaleza como ente de derecho propio”, enfatizó.