El procurador general subrogante de La Pampa pidió hoy que una jueza de Familia y una asesora que le otorgaron la tutela de Lucio Dupuy, el niño asesinado en 2021 en La Pampa por su madre y la pareja de ésta, actualmente con prisión perpetua, sean condenadas por mal desempeño en sus funciones, en un alegato en el que destacó que el niño no fue escuchado y que presentaba indicadores de violencia y abuso sexual infantil.

El pedido fue formulado ante el jury por el fiscal general Guillermo Sancho para las dos acusadas, Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1; y Elisa Catán, a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2, ambos organismos de General Pico.

Las dos son juzgadas por su labor en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio, asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de esta, Abigail Páez.

Sancho acusó a las dos funcionarias por mal desempeño, según el artículo 22 de la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento y se remitió a los incisos 2) y 3) que se refieren al “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” y de “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.

Sancho acusó a las dos funcionarias de no haber escuchado a Lucio cuando ya tenía 4 años cuando existían exposiciones y denuncias cruzadas entre la madre y el tío y al respecto el fiscal dijo: “Fue una falta grave, más aún en el contexto en que se dio la homologación del acuerdo. En forma verbal, gestual o por dibujos el niño se pudo comunicar”, agregó.

Incluso remarcó que el artículo 654 del Código Civil y Comercial de la Nación, referido al cuidado personal, indica que “se debe tener en cuenta la opinión del niño y el mantenimiento de su centro de vida. Y, en este caso, más allá de que no hubo controversia y se homologó de común acuerdo, se incumplió con ese artículo ya que debió escuchárselo porque se estaba cambiando su centro de vida”.

Incluso recordó que, posteriormente, a Lucio se le hizo una pericia, a través de una producción gráfica, cuya conclusión fue que “se registraron signos de indicadores de situaciones de violencia y abuso sexual infantil a través de figuras representativas del entorno familiar próximo”.

Sancho aclaró que esa pericia no se hizo en el momento en que actuaron las funcionarias, pero acotó: “Solo quiero marcar que el niño pudo expresarse a través de sus dibujos”.

La audiencia de hoy se inició, tal como estaba previsto, con un careo entre Ramón Dupuy, abuelo de la víctima, y su abogada, Adriana Alizia Mascaró, en el que cada uno sostuvo su versión en torno al punto de discusión.

El abuelo de Lucio contrató en su momento a Mascaró para asesorar a la tía política del niño, Leticia Hidalgo, cuando firmó el acuerdo de cuidado personal en favor de Espósito Valenti.

Según declaró el abuelo, a Mascaró le mostraron "un montón de pruebas, fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian” (Dupuy, padre del nene) y que la abogada dijo que pese a todo eso la jueza había manifestado que el nene iba a estar mejor con la mamá.

En cambio, la abogada declaró que “jamás” le entregaron todo eso, que si hubiese sido así no hubiera firmado el acuerdo y solo recibió una foto donde la mamá le había hecho a Lucio “un corte de pelo raro” que no era para sospechar sobre una situación de riesgo.

En el momento más tenso del careo, que duró unos nueve minutos, el abuelo de Lucio exclamó: "Ah… ¿nosotros somos los asesinos de Lucio? ¡Ustedes tienen la culpa! Vos y ellas dos (señalando a la jueza Pérez Ballester y a la asesora Catán). Lo voy a seguir sosteniendo hasta el último día".

Por las defensas intervienen el abogado particular Pablo Rodríguez Salto (por Pérez Ballester) y la defensora general Carina Ganuza y la defensora oficial, Ana Carolina Díaz (por Catán).

El tribunal de enjuiciamiento está conformado por Fabricio Luis Losi, presidente del cuerpo y del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.

El jury comenzó el martes pasado y entre los primeros testigos declaró el padre de la víctima, quien aseguró que que a él "jamás" lo citaron en ninguno de los dos expedientes por el cuidado personal de su hijo y que "nunca" imaginó que el nene era maltratado porque, sino, "hubiera hecho algo" al respecto.

Tras los alegatos, el jury pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, que se dará a conocer el veredicto.ucio (5) fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con su madre y Páez.

El niño fue visto vivo por última vez a las 17.32 y entre esa hora y las 19.40 fue golpeado brutalmente, por lo que a las 21.30 fue llevado primero a un centro asistencial del barrio y luego al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Según determinó el tribunal de juicio al que fueron sometidas la madre de Lucio y su pareja, ambas participaron de la golpiza mortal al nene, quien recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez, el cual le provocó lesiones internas y un edema cerebral. 

El pasado 26 de septiembre, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de Santa Rosa confirmó las condenas a prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez por el homicidio de Lucio y le agregó a la primera de ellas, el delito de abuso sexual.

Continuará mañana martes el jury de enjuiciamiento contra la jueza de familia, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora Elisa Alejandra Catán, por el presunto mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021.

Por el homicidio, fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Durante esta jornada, se realizará un careo entre Ramón Dupuy, el abuelo paterno de Lucio, y su abogada Adriana Mascaró. El punto es que Dupuy señaló en audiencia que entregó en su momento documentación, “un montón de pruebas, fotos donde ellas (la madre del niño y su pareja) hacían cosas delante de Lucio, plantas de marihuana en macetas, chats agresivos con Christian, todo eso no sirvió de nada” y que “esas pruebas Mascaró se las llevó a Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá”.

Lo curioso es que ello fue desmentido por la propia abogada. En el expediente, tampoco consta ese material. Ya la defensora de Catán, Carolina Díaz, había pedido que se le dé vista del testimonio del abuelo a la fiscalía de turno por considerar que pudo existir un falso testimonio.

Finalmente, se harán los alegatos de las partes, después de haberse agotado la ronda de más de 30 testigos que pasaron por el recinto de la Legislatura provincial.  

Un Jurado de Enjuiciamiento suspendió este martes por presunto "mal desempeño de sus funciones" a la jueza y a la asesora que intervinieron en el expediente sobre el cuidado del niño Lucio Dupuy, ya que avalaron darle la tenencia a su madre, quien, junto a su pareja, lo asesinó el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. 

La medida, a la que se arribó por unanimidad, recayó sobre la magistrada Ana Clara Pérez Ballester y Elisa Alejandra Catán, quienes habían sido denunciadas ante el Jury por el procurador general de La Pampa, Mario Oscar Bongianino.

Recordemos que Magdalena Esposito Valenti y su pareja, Abigail Paez,  fueron condenadas a prisión perpetua por el aberrante crimen de Lucio, que tenía cinco años.

Pérez Ballester, hoy de 40 años, tiene un historial más extenso como abogada particular que como funcionaria del Estado. Según los registros laborales que consultó este medio, entre 2005 y 2007, cuando sólo tenía 20 años, trabajó en el estudio jurídico Mazzinghi en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Luego se desempeñó en otro bufete, ubicado en el centro porteño desde 2012 a 2013. Llegó a La Pampa en 2017.

Su padre también es juez. Se llama Alejandro Pérez Ballester y se desempeña como camarista civil. Cuenta sobre sus espaldas con una amplia trayectoria judicial que se inició como secretario de un juzgado civil. Es, en definitiva, un reconocido hombre judicial de La Pampa que, cuando el nombre de su hija se volvió público, tomó un rol activo defendiéndola de las críticas que recibió en redes sociales por el tema de la tenencia de Lucio.

Por medio de una resolución que lleva la firma del fiscal general Juan Carlos Carola, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) recomendó a los ministerios de Educación y de Salud que se investiguen eventuales responsabilidades de once empleados públicos en torno al caso Lucio.

A su vez, la FIA dictó una serie de recomendaciones en diversos ámbitos de la administración provincial con el objeto de prevenir y erradicar el maltrato infantil en La Pampa. Las mismas están dirigidas a las autoridades para que tomen medidas especiales en la Policía provincial y en los ministerios anteriormente mencionados.

Estas sugerencias fueron elaboradas a partir de informes informes técnicos sobre el accionar de las áreas de educación y salud que intervinieron en el caso, los cuales fueron realizados por especialistas, como la licenciada en Ciencias de la Educación Liliana Maltz e integrantes de la Sociedad Argentina de Pediatría. 

El jury de enjuiciamiento de La Pampa inició el proceso para investigar por posible mal desempeño en su cargo a la jueza de familia de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, quien otorgó la custodia del pequeño Lucio Dupuy a su mamá y la novia, quienes terminaron matándolo en 2021.

El crimen cometido el 26 de noviembre de 2021 por Valentina Espósito Valenti, la madre, y la pareja, Abigail Páez, fueron condenados a prisión perpetua por homicidio tristemente agravado, además de hechos de abuso sexual.

La confirmación de la condena se dio a conocer hace pocas horas por parte del Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

Ahora las sospechas están sobre la jueza de familia que había otorgado la guarda del niño a su mamá pese a las advertencias hechas por la familia del padre, quienes aseguraron que le bloqueaba el contacto a éste con el menor.

Esa decisión de la jueza fue en 2020 y el crimen cometido un año después. Si bien la familia paterna avaló esa resolución lo hizo porque la madre les hacía constantemente denuncias y conflictos por la pelea en la tenencia del niño de cinco años.

Pero el jury determinará si la jueza realizó alguna medida de prueba antes de tomar la decisión como ser el informe socio ambiental y si luego hubo un seguimiento de esa tenencia a la madre del menor, quien luego lo terminó matando.

Ahora ese cuerpo determinará si la jueza obró mal o no, y en caso de tomar la decisión más drástica podría comprender su destitución.

A Lucio, de cinco años, las dos mujeres lo mataron el 26 de noviembre de 2021, en la vivienda familiar que los tres compartían, al aplicarle una paliza.

Ante la Justicia, las acusadas justificaron que delincuentes ingresaron al domicilio a robar, pero gracias a los testimonios recogidos y al trabajo del perito forense Juan Carlos Toulouse, rápidamente se descubrió que los golpes venían de muchos días atrás.

La víctima sufrió un politraumatismo por golpes que le provocó la muerte.

Además, y de acuerdo con la autopsia, presentaba "lesiones en varias partes del cuerpo", entre ellas, "golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo".

Durante el juicio que tuvo lugar en La Pampa quedó expuesto que Lucio venía sufriendo maltratos, no sólo por lo que dijeron maestras del jardín, quienes lo vieron lastimado; sino también personal de salud a raíz que fue llevado previo al día del crimen.

Las abogadas María Natalia Gaccio y Silvina María salieron sorteadas hoy martes para formar parte, como miembros titulares, del jurado de enjuiciamiento que analizará las denuncias presentadas contra la jueza de familia, niñas, niños y adolescentes Ana Clara Pérez Ballester y la defensora oficial Elisa Alejandra Catán.

El abuelo de Lucio Dupuy apuntó contra los organismos de derechos humanos y el Gobierno

El sorteo se realizó en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia y estuvo encabezado por la presidenta del organismo, y a su vez titular del jurado, la ministra Elena Victoria Fresco. También asistieron las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, que integran el jury en condición de titulares.

Ramón Dupuy contó que recibe cien mensajes diarios por casos similares al de Lucio

Las abogadas sorteadas por la matrícula, Gaccio y Garro, son de Santa Rosa y surgieron de una lista entregada por el Colegio de Abogados al STJ, que estuvo conformadas por todos los abogados/as inscriptos en la matrícula con domicilio real permanente en La Pampa. Ahora ambas tienen un plazo legal para aceptar o rechazar las designaciones, ya que la ley 313 de Jurado de Enjuiciamiento prevé causales de excusación y recusación.

Por esa razón también se sortearon los abogados/as suplentes y allí las bolillas recayeron sobre Luis Albetro Tellería (hijo) y Yanina Paola Fornos Gioacchini, respectivamente. Ambos son de General Pico.

Al acto concurrieron además la presidenta del Colegio de Abogados, Susana Gemignani; la diputada del Frente Justicialista Pampeano, Valeria Estefanía Luján, en su condición de denunciante; los abogados patrocinantes Antonio Cena, por el bloque de legisladores del Frejupa; y Romina Andrea Ligaluppi y Hugo Alberto Vessoni en nombre de los integrantes del bloque Propuesta Federal (Martín Miguel Ardohain, Eduardo Antonio Pepa, Matías Francisco Traba y María Laura Trapaglia), quienes denunciaron a las funcionarias judiciales en calidad de ciudadanos y no de diputados; el abogado Pablo Rodríguez Salto y la secretaria legal del jurado de enjuiciamiento María Soledad Sallaberry.

Pérez Ballester y Catán fueron denunciadas por presunto mal desempeño en el caso Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado Lucio fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa. Por eso homicidio fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

PROCURACIÓN GENERAL s. ACTUACIONES CON MOTIVO DE NOTICIAS… (CUIJ 21-21551314-6) es la carátula de la investigación que podría correr a un juez de su función y así disciplinar a la magistratura judicial.

Por Pablo Benito

Nunca antes la remoción de un juez se había planteado desde la procuración de la Corte de este modo y no hay antecedentes que “versiones periodísticas” sean motivo de un proceso de semejante repercusión institucional.

Manipulación de la “opinión pública” La raíz adulterada del árbol comienza con la difusión de un material al que sólo se puede acceder desde dentro del sistema.

La doctrina jurídica del “fruto del árbol envenenado” hace que cierta evidencia sea inadmisible cuando la forma que se usó para llegar a ella fue ilegal, por lo que el fruto de aquella evidencia primaria será “tóxica”.

La edición de imágenes y audio, núcleo de la “versión periodística” que diera inicio a la investigación, refleja diez segundos –de una audiencia de tres horas- en que el Juez Mingarini, expresa “…no puedo relacionar ni entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima con ambas manos”, es decir, simultáneamente. Recordemos que la presunta víctima era una mujer de 46 años.

La “noticia” fue tomando dimensión nacional y generando mayor indignación, en su recorrido, llegando a los medios nacionales bajo el título: “Juez deja libre a presunto violador por usar preservativo”.

Mala Fe

Al día siguiente de producida la audiencia, el material fílmico de la misma, en rigor el Registro de Audio y Video -documento judicial-, fue retirado por personal del MPA de la Oficina General de Justicia (OGJ). Apenas unas horas después, imágenes de la Instrucción Penal Preparatoria, que son de carácter reservado, conocían la luz pública, recortados y editados. Esa filtración, no la publicación de la misma, es lo que “envenena” la raíz de la investigación, no sólo de la que realiza la Procuración contra Mingarini, sino que también afecta la legalidad del proceso en curso por el hecho del presunto abuso sexual y que, aún hoy, no ha culminado.

Es que la “versión periodística” viola la “Reserva de las actuaciones” en que “la investigación y su documentación serán secretos para quienes no sean parte en el procedimiento o no tuvieran expresa autorización para conocerlos”. (Art 250 CPP de Santa Fe)

La expresión correspondía, apenas, a una circunstancia aislada de una serie de actuaciones de varios capítulos. La línea argumentativa era la presentada por la defensa del acusado confrontando a la de la fiscal, María Celeste Minitti. El juez estaba intentando reconstruir en una secuencia, no la foto parcial de la colocación del preservativo, sino la escena que le presentaban las propias partes, tanto fiscalía como defensa. Recordemos que en el sistema santafesino los jueces no investigan, es función de los fiscales, y al legajo fiscal, solo acceden los defensores. Los jueces van en “crudo” a las audiencias.

Esto es lo que ocurrió, objetivamente, con la “versión periodística” que dio inicio a la investigación de la Procuración de la Corte contra el Juez, Rodolfo Mingarini y que adultera, desde un principio, la legalidad y formalidad del proceso de investigación terminando en un Jury de enjuiciamiento al magistrado.

Crónica de una operación anunciada La audiencia de referencia ocurrió el domingo 30 de mayo de 2021, el lunes 31 de mayo personal del MPA retira, de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), las grabaciones completas de la audiencia, el martes 1 de junio se hace público el recorte y el jueves 3 de junio un grupo de 20 diputadas realiza una denuncia, contra el Juez Mingarini, en razón de la publicación realizada horas antes.

La sincronía de la operatoria, que revela la premura del procedimiento político, pocas dudas dejan de la existencia de una estrategia con un fin claramente determinado previamente. Desde el ámbito institucional se extrae de la esfera reservada el material reservado a las partes del proceso. Una publicación periodística toma el material y lo reduce a lo que sería un escándalo. Inmediatamente, después, desde otro espacio institucional –un sector de la legislatura- se motoriza una denuncia, ante la Procuración de la Corte – ingresada menos de 48 horas después de la filtración indebida-.

La celeridad con la que las legisladoras deciden utilizar canales no institucionales propios, da indicios del apresuramiento por el que omitieron mensurar la procedencia de la prueba, en uno y otro sentido.

Todo esto sin tener acceso oficial a las pruebas, ni solicitarla por los canales formales con los que cuentan las legisladoras, a tal efecto, cuando las mismas son secretas para quienes fueran ajenos a las partes.

El poder legislativo “metió la cola”. No queda más que presuponer una operación política – mediática que revela detalles de una Investigación Penal Preparatoria que no hace más que poner en riesgo el debido proceso del acusado, pero principalmente perjudica a la víctima en su demanda de justicia y al imputado en su estado constitucional de inocencia, viciando el proceso pasible de nulidad por las irregularidades cometidas en su inicio.

En la escueta denuncia, las diputadas demuestran el desconocimiento de la causa, la parcial fundamentación de la misma y la recurrencia a citas de lo sucedido en la audiencia de pedido de prisión preventiva cuyo acceso es exclusivo a las partes en la etapa del proceso. Extraña la rapidez en que se ha efectivizado la comunicación al Procurador y el modo en que se llevó a cabo.

El género sin ideología Aquí, lo que se pone en debate – social y jurídico- es la tensión permanente entre los fines y los medios disputando la justificación de ambos.

Generalmente estas licencias morales parten de grupos ideológicos que mantienen una matriz del pensamiento compartida por su entorno. En este caso aparecen grupos de intereses particulares, para nada vulnerables, que son un factor de poder dentro de otro. No se trata de hombres y mujeres vulnerables de escasos recursos intelectuales o materiales.

Hablamos de fiscales, legisladores y miembros del poder ejecutivo que pueden usar la trampa como atajo hacia un objetivo que, en este caso, se concentró en “llevarse puesto un juez”. Poco importa si, para tal objetivo, es necesario acudir a la jugada oscura desde lo institucional.

En el caso del Juez Rodolfo Mingarini, el proceso de investigación está viciado desde su inicio y no por errores, sino por maniobras premeditadamente ilegales realizadas en la oscuridad del sistema judicial, del que forma parte la fiscalía.

No puede tener, este debate, la baja estatura de la inclusión de la “e” en el lenguaje cotidiano. Se trata de vidas, no es un partido de fútbol y la presión de la “tribuna” no debería condicionar la institucionalidad de la forma que lo viene haciendo. En nuestro sistema los jueces no producen legalidad como en el derecho anglosajón. No crean derecho.

No se trata de Mingarini El Juez Mingarini no es investigado por la ilegalidad de sus fallos o el procedimiento para llegar a ellos, sino por la hipotética identificación de un “patrón de pensamiento” que colisiona con una particular forma de comprender la “perspectiva de género” siendo el parámetro tan subjetivo como abstracto.

Está suerte de policía institucional del pensamiento inaugura un peligroso antecedente en los tribunales ordinarios e inicia un ámbito abstracto punitivista por fuera de la ley. El “escándalo” ignora un dato objetivo y es que el juez investigado determinó condenas en todos los casos de abuso en los que tuvo participación y que sus decisiones sobre prisión preventiva fueron todas confirmadas, excepto el caso que tomara estado público y publicado, estallando en polémica.

El caso del Juez Mingarini se transformó en botín de guerra, en castigo ejemplar y ejemplificador para todo el sistema que no teme a la falsa ideología de género sino a funcionarios con nombre y apellido que se autoperciben representantes de una bandera y actúan violentamente desde el seno mismo del poder institucional.

La ley orgánica de tribunales penales y gestión judicial, N° 13.018 de 2009, reparó sobre los elementos de presión que pesaban, cada vez más, sobre las decisiones de los magistrados y reforzó el principio de imparcialidad e independencia de los jueces denotando que “…El juez debe ejercer su función libre de interferencias y rechazar cualquier intento de influencia política, social, económica, por amistad, por grupos de presión, por el clamor público, por el miedo a la crítica, por consideraciones de popularidad o notoriedad.” Art. 3

No en vano en las apertura de los últimos años judiciales la Corte Suprema destacó este objetivo de independencia de poderes cómo principio principal de “impermeabilidad” a los factores de poder, entre ellos, la parcial composición del “clamor popular” o el “miedo a la crítica”.

Los senadores Alcides Calvo (PJ) y Lisandro Enrico (UCR) presentarán un proyecto para que se analice la constitución de un Tribunal de Enjuiciamiento, comúnmente llamado «jury» que evalúe la actuación del juez de la Investigación Penal Preparatoria de Rafaela, Dr. Osvaldo Carlos.

El proyecto sería el primer paso de una ofensiva destinada a destituir al magistrado, que el martes dictó una resolución en la que dejó libres, con la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, a los imputados por el caso en el que se investiga la muerte de Gonzalo Glaría.

El proyecto suena polémico, aunque todavía no fue presentado y por lo tanto no se conocen los fundamentos del mismo. Pero se trata de una decisión política muy fuerte, toda vez que Calvo es un hombre del riñón político del gobernador Omar Perotti, cuya casa fue blanco de un escrache en la manifestación del jueves pasado. Resulta imposible pensar que el proyecto de Calvo no cuente con el visto bueno de Perotti.

Pero además hay otros condimentos. Todavía no se conocen los fundamentos técnicos del Dr. Carlos para ordenar la excarcelación de los imputados. Y en todo caso el «jury» sería por el cuestionamiento a una resolución judicial que puede ser revisada por la propia Justicia, a través de los canales jurisdiccionales correspondientes.

En todo caso, la iniciativa parece ser un fuerte mensaje del poder político a la Justicia, avalado por el propio gobernador, en un momento en que la gestión provincial está tratando de hacer gestos de fuerza que le permitan dar un golpe de timón en la lucha contra la inseguridad. Habrá que ver como es interpretado este gesto por parte de los principales actores del Poder Judicial santafesino, incluso de la propia Corte Suprema provincial.