Yanina Latorre opinó al respecto del comunicado que saco por Instagram Andrea del Boca tras el juicio que tendrá que afrontar, y la panelista en diálogo con Pía Shaw destrozó a la actriz pidiéndole que devolviera la plata que se robó.

"Ahí te das cuenta... cuando no tienen nada que decir y contestan así están sucias", comenzó. “Eso se lo escribió (Juan Pablo) Fioribello, que tampoco es ninguna cosita santa después de lo que hizo con Fabiola (Yañez) y Alberto (Fernández)”, sostuvo.

Por su parte, Yanina continuó: “Y ahora... ¿'va a dar luz'? Nosotros necesitamos luz para saber dónde está ese material grabado, por qué laburo, por qué la contrataron y toda la guita que ganó".

Hay que resaltar que Andrea del Boca se enfrentará el próximo 6 de marzo por la serie que realizó y obtuvo financiamiento del Estado, pero nunca salió al aire. En conclusión a esto, Yanina Latorre fue lapidaria: "¿Va a devolver toda la guita que se afanó y que le dio (Julio) De Vido".

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¿Qué dijo Andrea del boca en su comunicado?

Andrea del Boca comunicó a través de un descargo en la red cuándo enfrentará el juicio por defraudación al Estado por una novela que recibió fondos públicos y nunca se emitió.

"Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025", escribió la actriz a través de sus historias de Instagram.

"Si, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia", concluyó Andrea del Boca.

Por qué Andrea del Boca irá a juicio

Andrea del Boca irá a juicio en 2025 por la novela "Mamá Corazón", que fue filmada con fondos del Estado, pero nunca se emitió.

La denuncia realizada por Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, también involucra al ex ministro Julio De Vido, otros funcionarios kirchneristas y a la Universidad Nacional de San Martín (UNSM). El juicio será el jueves 6 de marzo de 2025.

La victoria legal de Susana Giménez sobre la AFIP se produjo tras un proceso legal que se inició cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos la acusó de evadir alrededor de 50 millones de pesos en Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al ejercicio fiscal de 2019. 

La denuncia inicial generó un proceso judicial que llevó al primer fallo a favor de la conductora en octubre de 2022, el cual fue apelado por la AFIP.

La Cámara de Casación confirmó este segundo fallo a favor de Susana Giménez, respaldando la decisión original de que no había cometido fraude fiscal. Los jueces destacaron que Giménez no realizó ninguna acción engañosa o ardidosa, sino que simplemente ejerció su derecho a reclamar ante las autoridades tributarias.

Este caso pone de relieve la importancia de la correcta interpretación de la ley tributaria y constitucional, así como la necesidad de que los contribuyentes puedan ejercer sus derechos legales de manera justa y equitativa.

Después de ser acusada de evadir alrededor de 50 millones de pesos en Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al año 2019, el juez en lo penal económico Diego Amarante decidió cerrar la causa contra Susana Giménez. 

Esta determinación se produjo luego de que la animadora fuera absuelta de toda culpa, al considerar el juez que no había realizado ninguna conducta pasible de ser considerada "engañosa o ardidosa" según lo establecido por la ley penal. Este hecho marcó el fin de un proceso judicial que había comenzado con la denuncia de la AFIP en agosto de 2022.

Bogotá registró una nueva muerte violenta durante la primera semana de septiembre, luego de que un hombre de aproximadamente 30 años fuera asesinado en un bici taxi, en la localidad de Bosa.

Así lo dieron a conocer las autoridades tras recibir una llamada de emergencia, desde el barrio Brasilia, en el suroccidente de la capital, con la que habitantes del sector reportaban un breve, pero intenso tiroteo.

El incidente ocurrió sobre las 10:30 p. m. del martes 5 de septiembre, cuando al vehículo de transporte informal se acercó un grupo de motorizados, de manera sospechosa.

Sin mediar palabra, abrieron fuego en contra del bici taxi e impactaron la cabina de pasajeros en donde se encontraba una persona, que murió antes de poder recibir atención médica, por cuenta de sus heridas.

Impotentes, algunos testigos del hecho se quedaron observando mientras los motorizados huían con dirección al barrio Bosa Santa Fe, tal y como la Policía logró constatar al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

De momento, la identidad de la víctima es desconocida, pero, podría tratarse de un reciclador, a quien habrían asesinado en un ajuste de cuentas: 

“Lamentablemente se nos presenta un hecho de sangre, en la jurisdicción de Bosa Brasilia, las primeras investigaciones de campo indican que es un ajuste de cuentas”, indicó para el medio citado el coronel Alejandro Rodríguez, oficial de inspección de la metropolitana de Bogotá.

Además de su trabajo como primer eslabón en la cadena de reciclaje, el hombre de nacionalidad extranjera estaría involucrado en actividades como el tráfico de estupefacientes. 

Lo que, según el coronel Rodríguez, pudo haberle ocasionado problemas con bandas de microtráfico en la zona:

“Al parecer este ciudadano extranjero con, aproximadamente, 32 años de edad, comercializaba estupefacientes. Posiblemente fue por este hecho que generaron estas lesiones que ocasionaron su deceso”, puntualizó.

¿Quiénes está detrás del aumento en los casos de homicidio en Bogotá?

De acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, desde el 1 de enero y hasta el 11 de julio fueron registrados 529 homicidios violentos en la capital, de los cuales, al menos 252 estaba relacionados con el sicariato.

Es decir que, casi la mitad de los asesinatos que figuran en las bases de datos de la Policía fueron cometidos por encargo, a través de un trabajo de seguimiento e identificación de las victimas.

Un fenómeno que ha seguido una tendencia al alza que se traduce en un incremento del 11,1%, con respecto al mismo periodo del 2022, cuando fueron registrados 53 casos de homicidio menos, para un total de 476 personas asesinadas.

Dicho incremento, según dijo el experto en seguridad, Daniel Mejía, en entrevista Colombia, responde al incremento de grupos armados con presencia en Bogotá, luego de que migraran de las regiones al centro económico y político del país.

Además, el creciente poderío de los grupos armados, que han sembrado temor entre los habitantes de distintas regiones, ha influido en que las cifras de sicariato se incrementen en la ciudad. 

Lo que, sumado a que ha sido un tema sobre el que las autoridades locales no parecen haberse enfocado los últimos meses, desemboca en un mar de sangre.

Su tesis, se sustenta en descubrimientos de carteles y vallas alusivas a organizaciones armadas de carácter nacional, como las AGC, el ELN, las disidencias y Los Paisas, y carácter internacional, como el Tren de Aragua y Los Maracuchos, cuya presencia en la capital ha sido denunciada en campaña por candidatos como Rodrigo Lara y el general en retiro Jorge Luis Vargas.

La medida fue ordenada por el juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró, y el objetivo del procedimiento es identificar nueve cuerpos que se encuentran enterrados como NN en el cementerio de Villa Paranacito.

La Justicia Federal de Entre Ríos dispuso que entre este lunes y el martes se realice un operativo para llevar a cabo exhumaciones en el cementerio de la localidad de Villa Paranacito, en el marco de la causa que se instruye por “los vuelos de muerte” que se realizaron en esa provincia durante la última dictadura cívico militar.

https://notife.com/805515-condenas-por-los-delitos-de-lesa-humanidad-en-laguna-paiva/

La medida fue ordenada por el juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró, y el objetivo del procedimiento es identificar nueve cuerpos que se encuentran enterrados como NN en esa necrópolis en tiempos de la represión ilegal.

https://notife.com/760992-neuquen-comienza-el-septimo-juicio-por-delitos-de-lesa-humanidad/

En ese procedimiento intervendrán integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, que llevará a cabo la exhumaciones y extraerá muestras de esos cuerpos para cotejarlas con su banco de datos genéticos, y establecer si se trata de víctimas que pudieron ser arrojadas desde aviones o helicópteros a las aguas del Paraná, como parte de los denominados “vuelos de la muerte” que se llevaron a cabo en esa zona.

La decisión de llevar a cabo estas tareas de remoción en el cementerio surge tras la declaración que el pasado 2 de marzo de este año brindó ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Román Venancio, un trabajador que durante la última dictadura se desempeñó como sepulturero.

Venancio contó que en distintos intervalos, efectivos de la Prefectura que se desplazaban en lanchas por esa zona del delta del Paraná, en el sur de Entre Ríos, trasladaron al campo santo en bolsas de nylon y que los enterraron en distintos sectores como NN.

Los cuerpos habrían sido encontrados flotando en el río, y en un caso recordó que los prefectos le contaron que uno de ellos había estado colgado de un árbol.

El testigo asegura haber visto una mujer entre las víctimas, otra que tenía un disparo en la cabeza y un cuerpo que según le contaron “se había ahogado” en las aguas del río Paraná.

“Estas exhumaciones pueden ser un punto central para avanzar con esta causa. Creemos que si logramos identificar a esos cuerpos como el de alguna persona que está desaparecida y pasó por algún centro de detención ilegal podemos avanzar con imputaciones”, señaló en diálogo con Telám la fiscal federal de Concepción del Uruguay Josefina Minatta, que instruye en esta causa.

Además de estas exhumaciones que comienzan este lunes, la Justicia federal ordenó señalizar tumbas en el cementerio de Ibicuy, donde podría haber más víctimas de los vuelos de la muerte enterrados como NN.

Los testimonios de los pobladores de Villa Paranacito, en Entre Ríos, que fueron relevados por un trabajo periodístico tras años de silencio, resultaron determinantes para impulsar el avance de la investigación judicial sobre “los vuelos de la muerte” en esa zona del sur de Entre Ríos.

Con la derogación de las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos, un testigo de identidad reservada se presentó en 2003 ante un juzgado de instrucción de Gualeguaychú y contó un hecho relacionado con lo que sucedía en esa zona, ubicada en las islas del Ibicuy.

Fuentes allegadas a la causa contaron que se trataba de un policía (hoy retirado) que por esos días estaba de novio con una chica, cuyos padres le contaron que habían enterrado un cuerpo que había aparecido dentro de un barril metálico de 200 litros, relleno de cemento, y que presumiblemente había sido arrojado desde un avión.

La justicia no pudo avanzar con el testimonio de este efectivo -y prefiere no dar a conocer su identidad- porque su novia de entonces negó los hechos cuando se la convocó a declarar, y se supo que la mujer está casada con un integrante de la Prefectura Naval que revista en la localidad de bonaerense de Zárate.

El declarante decidió contar su historia y le reveló los hechos al periodista Fabián Magnotta, quien en base a ese relato comenzó una investigación sobre casos similares que durante décadas habían sido silenciados en esa parte del Delta del Paraná.

“Nos encontramos un día en una plaza de Gualeguaychú. Me contó lo que sabía y en base a esa historia empecé a recolectar otras historias similares. Era gente que había visto cuerpos flotando y vio bultos que caían desde aviones. Es un lugar donde los vuelos de la muerte tuvieron testigos”, señaló Magnotta en diálogo con Télam.

Con los testimonios de lancheros, hacheros, obreros rurales y docentes, Magnotta compuso el libro “Un lugar perfecto”, que se publicó en 2012 y que devela historias que durante años estuvieron “silenciadas por el miedo de los pobladores”.

“Estamos hablando de un lugar en el cual la presencia de la Prefectura –entonces una fuerza que dependía de la Marina- era muy fuerte en la zona, al igual que la policía. Los vecinos tenían miedo de hablar, de contar lo que habían visto”, afirmó Magnotta.

En esa zona se dan una serie de características geográficas que propician que ese lugar fuese “perfecto” para desaparecer a las víctimas del terrorismo de Estado.

“Hay mucha vegetación, inundaciones, movimientos de tierra y está cerca de la conjunción del Paraná con el Uruguay, donde hay una profundidad muy grande. Era como un patio trasero para la represión ilegal”, explicó Magnotta.

El periodista aseguró que hay testimonios que van desde 1976 hasta 1980, y que durante el Mundial de Fútbol se registró una gran actividad de vuelos en esa zona de Ibicuy.

“Está totalmente probado que existieron los vuelos de la muerte en la zona por testimonios de gente que vio cómo se tiraban cuerpos al agua. Ahora debemos establecer de dónde venían las víctimas, en qué centros clandestinos de detención habían estado”, explicó Minatta a Télam.

La fiscal consignó que en la causa se verifican dos tipos de hallazgos de cuerpos en base a las declaraciones de los isleños:”Uno son los barriles rellenos de cemento con los cuerpos adentro y el otro son cadáveres envueltos en frazadas con las manos atadas con alambres que aparecían flotando en el agua”.

Una etapa parece cerrarse en la puja por la sucesión de Maradona. En las últimas horas, Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, apoderado del astro durante los últimos ocho años, le entregó a la Justicia todo lo que el juez subrogante, Alfredo Aníbal Villata, le había pedido a instancias de Sebastián Baglietto, administrador de la herencia.

El juez había otorgado diez días hábiles de plazo a Morla para “brindar información tendiente a conocer: 1°) la totalidad de procesos judiciales y/o extrajudiciales o de mediación o arbitraje que tanto como actor y/o demandado del causante se encuentren tramitando en el fuero nacional e internacional y, si es factible, el estado de actuación en los mismos; 2°) las cuentas bancarias existentes en el país y en el exterior, denunciando banco, sucursal y número de cuentas; 3°) la participación del causante en sociedades nacionales e internacionales, cuentas de inversión, títulos y acciones. 4°) los bienes propiedad del causante: inmuebles, automóviles o muebles registrables situados en el país y en el exterior, señalando el lugar de radicación de los mismos; debiendo adjuntar, de encontrarse en su poder, los respectivos títulos de propiedad; 5°) el detalle de los contratos vigentes o en curso de ejecución suscriptos por y a nombre del causante, tanto en el país como en el exterior, acompañando copia de los mismos para su reserva en Secretaría; 6°) las deudas de carácter impositivo que se encuentren sujetas a convenio, moratoria, etc, o bien en vía judicial; 7°) la documentación que acredite la existencia de donaciones o anticipos de herencia realizados por el causante”.

Al mismo tiempo, había librado exhortos a cinco países (Cuba, Venezuela, Bielorrusia, Estados Unidos y México) con el objetivo de dilucidar qué poseía en cada país. Pues bien, según aseguran cerca del letrado, el Juzgado ya posee el listado de contratos que quedaron vigentes y que tienen regalías para los herederos. Ahí se destacan, por no ser tan conocidos en la comentada herencia de Pelusa, un café en Dubai (por el que además de las ganancias tiene un porcentaje en la futura venta), un contrato con una empresa que hará merchandising de Maradona y el tan mentado vínculo con Venezuela. Además ofreció la documentación de todas las donaciones que Diego hizo en vida a familiares, ex parejas y allegados. Las donaciones más importantes fueron hechas ante escribana pública y existen registros de cada una.

Los procesos judiciales abiertos, precisamente, es uno de los ítems que inquieta al círculo íntimo: la información también se halla en manos del juez. Son más de 40 las causas relacionadas con Pelusa. Desde juicios laborales iniciados por ex empleados, pasando por las batallas legales que tenía con su ex, Claudia Villafañe. En el Juzgado penal y económico numero 9 hay un juicio por defraudación por retención indebida; en el fuero civil aún está abierta la causa por las camisetas, como así también un juicio civil contra Cecilia Ergueta y Franco Giorgiutti, dos ex socios de Claudia.

Pero dentro de ese paquete de causas hay procesos de todo tipo y color. Hay otros juicios menos conocidos o mediáticos, como el que data desde el 2011: lo inició Carlos Mac Allister luego de que Diego dijera públicamente que “cobraba cometas” para acercar jugadores. El ex árbitro Ángel Sánchez también supo denunciarlo por calumnias e injurias, como así también el Diez enfrentaba un reclamo civil de los reporteros que en 1994 recibieron los balinazos del ex futbolista en la quinta de Moreno.

Uno de los juicios más onerosos es el que le inició el fisco italiano a raíz de impuestos impagos y posteriores intereses que Maradona contrajo en su época de futbolista del Napoli entre 1984 y 1991. La deuda está calculada en 26 millones de euros. Desde que se conoció la sentencia el abogado de Maradona en Italia, Angelo Pisani, e inclusive el propio Matías Morla intentaron suspender la medida y dilatar el pago, algo que lograron parcialmente en 2017.

En una resolución de la Comisión Tributaria Regional de Napoli del 28 de febrero de ese año, se les hacía saber a Maradona y a su letrado la suspensión de la sentencia del juicio y, por lo tanto, el pago. Sin embargo, esa situación fue apelada por el fisco y habría sido revocada en 2018, por lo que la condena volvió a quedar vigente o estaría a punto de reactivarse por decisión de la instancia superior italiana.

Resta saber si el juez Alfredo Aníbal Villata y el administrador Baglietto requieren documentación extra a la aportada por D’Alessandro-Morla o la juzgan suficiente para avanzar en la sucesión, que por el momento tiene cinco herederos (Dalma, Gianinna, Jana, Diego junior y Dieguito Fernando), pero que al mismo tiempo acarrea pedidos de paternidad por resolverse.

En esta nueva etapa, falta dilucidar cuál será la estrategia por parte de cada una de las partes y sus letrados. Según subrayan cerca suyo, Morla tiene la voluntad de llegar a un acuerdo, de bajar los decibeles en cuanto a la confrontación. Y estaría dispuesto a “sentarse a una mesa sin chicanas ni insultos y sí buscando la solución de los conflictos”. ¿Podrán los herederos que más roces públicos tuvieron con Morla edificar una relación de consenso, similar a la que, por ejemplo, las hermanas de Diego tuvieron con él?

Un punto de acuerdo podría, por caso, encontrarle un horizonte claro a cuestiones como la cuenta en Suiza, que tendría alrededor de 3 millones de dólares. En esa cuenta el abogado es cotitular. O resolver el destino de la casa que Fidel Castro le cedió para su usufructo en vida en Cuba. El juzgado libró un exhorto para interiorizarse respecto de la propiedad y otros negocios de la leyenda en Cuba, como la participación en un hotel. Tony Castro, hijo de Fidel, se comunicó con Morla para advertirlo de la existencia de la vivienda y hasta sugerir la idea de un museo. Y podría tender un puente. ¿Será posible o no hay vuelta atrás?

El fiscal Maximiliano Hairabedian solicitó condenas para 16 de 18 imputados en el marco del juicio por las causas unificadas denominadas “Diedrichs-Herrera” por crímenes de lesa humanidad cometidos en el excentro clandestino de detención de La Perla, durante la última dictadura cívico-militar.

En su alegato en el debate que se realiza en los tribunales federales de Córdoba, el fiscal Hairabedian consideró que, con los fundamentos de los 11 juicios anteriores, ya había quedado “acreditado” el “plan sistemático de exterminio del terrorismo de Estado” que había montado la estructura dictatorial.

Por lo tanto, centró sus alegatos en sostener y consolidar los elementos probatorios de cada uno de los hechos de la causa, tanto documentales como las testimoniales que aportaron los 48 testigos durante las audiencias.

En ese sentido, solicitó al tribunal que se aplique “prisión perpetua” a los militares acusados Ernesto Barreiro, Jorge Acosta, Alberto Díaz, Luis Diedrichs, José Herrera, Héctor Vergez; el policía Ricardo Lardone y el personal civil de inteligencia, Arnoldo López y Emilio Morard.

Asimismo pidió penas de 18 años de cárcel para los policías Calixto Flores, Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Juan Molina, Alberto Lucero y Carlos Yanicelli, en tanto para Fernando Rocha solicitó cuatro años.

Para los militares Carlos Meira y Arturo Grandinetti, el fiscal consideró que corresponden las “absoluciones”.

Las semana pasada ya habían alegado los abogados querellantes, Lylian Luque y Claudio Orosz, en representación de los organismos de derechos humanos y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, con pedido de prisión perpetua por los hechos de las que fueron víctimas Hugo Donenberg, Claudio Román, Miguel Ángel Arias y Sebastián Soulier.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), integrado por Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci.

Mañana jueves y el lunes 21 continuarán los alegatos con los abogados defensores.

Son 43 las víctimas entre ambas causas, que abarcan hechos ocurridos entre el 26 de marzo y el 10 de septiembre de 1976.